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Autor: Hector Ferlini Salazar

Posicionamiento político ADI Keköldi ante la propuesta del Plan Regulador Costero Distrito Cahuita de la Municipalidad de Talamanca

Resumen de hechos:

La Municipalidad de Talamanca ha elaborado una Propuesta do Plan Regulador Costero, afectando al Pueblo Indígena Bribri de Kekoldi violentando nuestros derechos sobre la tierra y la consulta bajo el Principio del Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI), ambos aspectos tutelados por el convenio 169 de OIT, la Declaración de Pueblos indígenas de las Naciones Unidas (DPI-ONU). fallos de la sala IV y resolución N’ 04507-2019 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia sobre la tierra en Cocles. Hemos iniciado la defensa de nuestros derechos con la presentación de un recurso de amparo bajo el expediente No. 23- 016449-000–CO el cual fue acogido por la Sala IV.

Afectación:

Al no ser consultado el Plan Regulador a nuestro territorio visualizamos las siguientes afectaciones.

  1. El desconocimiento u otorgamiento de derechos a favor de terceros y planes de desarrollo para las tierras de Kekoldi, que la Sala Primera a ordenado al Estado devolverlas al Pueblo de Keköldi, agudizará la problemática jurídica, social, cultural y ambiental de estas tierras.
  2. Al ser aplicado un Plan Regulador en el Distrito de Cahuita donde está nuestro Territorio io planteado en dicho plan tiene implicación directa en el derecho de nuestro pueblo en definir nuestro propio desarrollo, (Art#3 DPI-ONU).
  3. Al afectar el Plan Regulador los ecosistemas de Manglares de la Costa, y teniendo muy cerca la desembocadura del río Sixaola, que se alimenta de los ríos Yorkin, Uren Lari, Coen y Telire todos ellos fuente vital de los medios de vida los indígenas Bodrio y Cabécares de Alta Talamanca, el potencial desequilibrio de este ecosistema, pondrá en peligro los micro ecosistemas de estos ríos teniendo una afectación directa al pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca a quienes también deberían consultarles.
  4. La Municipalidad al querer aprobar el Plan Regulador, sin el más mínimo criterio de consulta al Pueblo Bribri de Kekoldi y eventualmente a los de Alta Talamanca ha violentado el derecho fundamental de nuestros pueblos de una consulta bajo el principio del CPLI.

Demandamos:

Que se anule todo lo actuado y trabajado para este Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca y se construya un verdadero proceso con los y las afectadas especialmente con el Territorio Indígena de Kekoldi, bajo el principio del CPLI. El principio del CPLI implica y se reconoce internacionalmente los siguientes aspectos a trabajar.

  • Derecho a conocer y comprender todos los estudios técnicos para el plan regulador, el cual debe ser expuesto en nuestra lengua indígena y la utilización de mediadores culturales, en este apartado tenemos el derecho como Pueblo de elaborar nuestros propios estudios técnicos o solicitar asesoría especializada a profesionales de nuestra confianza.
  • Realizar la consulta a la comunidad indígena bajo nuestro procedimiento de diálogo Siwá Pakók (Dialogando sobre conocimiento) con el derecho que nos ampara de elegir mediadores culturales que logren interpretar el sentir de la población con relación a lo propuesta del Plan Regulador.
  • Que los tiempos culturales indígenas no son los tiempos de ley, por lo tanto, tenernos el derecho a analizar hasta que logremos comprender y emitir un criterio positivo. negativo o de solicitar más información o estudios sobre lo consultado.
  • La ADI Kekoldi como autoridad representativa del Pueblo indígena de Keköldi, demandamos a la Municipalidad de Talamanca, iniciar el proceso de consulta bajo las condiciones aquí planteadas, elaborar junto a nosotros un plan de consulta a la comunidad indígena de Keköldi.

Llamado a la Solidaridad Indígena:

Hermanos y hermanas del Pueblo Bribri y Cabécar de Alta Talamanca, del Caribe y todos los 24 territorios indígenas del País, hacemos un llamado a solidarizarse con nuestra lucha una lucha por nuestras tierras, por nuestros derechos al desarrollo propio a la protección de Iriria la madre tierra y la protección de las futuras generaciones de nuestros pueblos.

Territorio Indígena de Keköldi Talamanca, 22 de julio 2023

Atentamente:

Signia Villanueva Morales
Presidenta ADI Keköldi

Posicionamiento político de Talamanca Siempre Verde ante la propuesta del Plan Regulador Costero

El Colectivo comunitario Talamanca Siempre Verde es un colectivo de índole socio-ambiental de la sociedad civil del distrito de Cahuita.

Nos posicionamos en defensa y solidaridad, tanto con nuestras hermanas y hermanos de los pueblos originarios Kéköldi, Bribri, y Cabécar de Talamanca, nuestra yàmi̱pa, como con la Comunidad Tribal Afro de los pueblos del Caribe Sur, además de la biodiversidad del Patrimonio Natural del Estado, ante las flagrantes amenazas a la autonomía, la subsistencia, y la realidad sociocultural y ambiental de los mismos, expuestas en la recién desvelada propuesta de Plan Regulador Costero, elaborado y presentado por la Municipalidad de Talamanca ante la sociedad civil a mediados del mes pasado (junio 2023).

Solicitamos:

La suspensión de la Audiencia Pública prevista para el 4 de agosto de 2023 hasta que se cumpla con los requisitos de participación ciudadana.

La creación de grupos de trabajo en conjunto con referentes de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y sociedad civil hasta la elaboración de un ordenamiento territorial vinculado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ratificados con la ONU, siguiendo los lineamientos de la guía realizada por Mideplan y el IFAM junto con las Naciones Unidas.

El respeto y cumplimiento de las leyes territoriales e internacionales, junto a la investigación de parte del Poder judicial sobre casos de corrupción, irregularidades en permisos de construcción y conflictos de intereses.

La Constitución Política de Costa Rica reza, en su primer artículo, que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”. El artículo 9 nos indica que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejerce el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí.” El artículo 50 nos garantiza que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” Nos garantiza este mismo artículo que “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.” Además, que “El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.” Por último, pero no por ello de menor importancia, el artículo 89 nos indica que “Entre los fines culturales de la República están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación…” a lo que le agregamos la protección y la conservación de la riqueza cultural de los diferentes pueblos originarios y las comunidades tribales afro.

Reconocemos y apoyamos la urgente necesidad de un ordenamiento territorial.

Sin embargo, la propuesta de zonificación presentada por la Municipalidad de Talamanca presenta serias fallas legales y graves riesgos para las poblaciones del Caribe Sur, los ecosistemas y la biodiversidad característica de la zona.

El proceso de consulta ciudadana no ha cumplido con los requisitos legales para reconocerlo bajo el principio de consentimiento previo, libre e informado (CPLI). No se cumplió con el derecho a conocer y comprender todos los estudios técnicos para la elaboración del PRC.

Se está negando el principio constitucional de participación ciudadana en la elaboración y la validación del PRC. Las charlas informativas en la fase final no pueden ser reconocidas como participativas. Se han realizado peticiones y recursos de amparo solicitando suspender la fecha de la Audiencia del 4 de agosto de 2023 hasta que no se cumpla con el derecho de participación ciudadana.

No respeta el tratado internacional RAMSAR suscrito por Costa Rica y la UNESCO sobre la protección de los humedales. Para la realización de la propuesta del PRC, se utilizaron mapas incorrectos reconociendo solo 2 humedales en lugar de los más de 15 que se encuentran en la zona de afectación.

No se ha consultado con los pueblos indígenas (Kéköldi) tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, además que no se puede brindar información exacta sobre los límites del territorio, que ni han sido establecidos.

Ignora la decisión de la Sala sobre los límites del Refugio Silvestre Gandoca-Manzanillo que declaró la ley Céspedes como inconstitucional.

Hay una falacia flagrante sobre los recursos básicos como el agua, y sobre la gestión de los residuos sólidos/líquidos en la cual la Municipalidad niega escasez, cuando hace varios años el pueblo está frecuentemente sin agua, y con una gestión precaria de los residuos (por ejemplo en el cantón de Talamanca, la Municipalidad no ofrece desde hace meses la gestión de los residuos revalorizables).

Se está engañando a la comunidad ofreciendo una falsa seguridad jurídica cuando en realidad plantea las herramientas legales para poder manipular los derechos de tierra hacia el mejor postor. Los habitantes de la ZMT tendrán que conformarse con las nuevas características de la zonificación según el PRC, bajo riesgo de demolición y afectación de su concesión a otro. Los cánones podrán aumentar cada 5 años, creando una fragilidad financiera para los habitantes, a favor de grandes inversionistas.

La intención de este ordenamiento territorial apunta claramente hacia el desarrollo turístico a gran escala y forma parte de planes ya hablados entre el gobierno corrupto e inversionistas turísticos. Esto generará una gentrificación, es decir, una pérdida de la identidad cultural de la zona, alta dependencia de los habitantes hacia el sector turismo y un irrespeto a los frágiles ecosistemas.

Los índices de fragilidad ambientales están descuidados en la propuesta de zonificación, autorizando densidades de construcción hasta el 70%, sin ninguna mención de medios de conservación del medioambiente. Fragilizando nuestra barrera natural contra los efectos climáticos, y resultando en la destrucción de la belleza biológica del Caribe Sur.

Defienda la cultura y biodiversidad del Caribe Sur

Posicionamiento político del Movimiento Cahuita Unida ante la propuesta del Plan Regulador Costero

Movimiento Cahuita Unida

Posicionamiento político del Movimiento Cahuita Unida ante la propuesta del Plan Regulador Costero (PRC) para el distrito de Cahuita de la Municipalidad de Talamanca 2023

ANTECEDENTES:

Las costas de Cahuita han sido habitadas por más de doscientos años por nuestros antepasados, quienes tuvieron que soportar grandes dificultades para acomodarse en armonía a las condiciones salvajes de esas tierras, solos, sin más ayuda que su ingenio propio. Es en estas tierras donde aquellos habitantes construyeron su hogar, conformaron sus familias, desarrollaron su cultura y nuestro ambiente habitable.

La Propuesta del Reglamento y Zonificación del Plan Regulador Costero (PRC) del Distrito de Cahuita, impulsado por la Municipalidad de Talamanca atenta contra nuestra cultura, desarrollo y seguridad territorial del pueblo tribal afrodescendiente, al pretender imponernos un Modelo de Desarrollo Costero Nacional, ignorando el convenio N° 169 de OIT donde los pueblos tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de los pueblos costeros de Talamanca.

Con esta propuesta pretenden despojarnos de lo que hemos poseído por tradición natural, de forma armónica, pública, pacífica e ininterrumpida a título de dueños, al amparo de la Ley 35 del año 1915, (Creación del Poblado de Cahuita) norma compensatoria de un desarraigo forzoso de Playa Blanca de Cahuita (hoy Parque Nacional) y la Ley 166 del año 1935 que destina en el lugar de Puerto Viejo la Costa Sur de la provincia de Limón para cuadrante de la población denominada Puerto Viejo.

AFECTACIONES:

  1. Contradice a la Constitución Política y su artículo 49, así como los principios constitucionales y los Convenios Internacionales.
  2. No se cumple con el criterio constitucional de participación ciudadana, no se contemplan aportes ajustados a la realidad y a las necesidades de los habitantes costeros.
  3. Desconoce de oficio un ordenamiento territorial urbano existente desde 1915 y 1935, originado por dos leyes (la ley 35 y la 166, respectivamente) las cuales fueron acatadas en su momento por los habitantes de ambos poblados (ciudades) y por las propias autoridades municipales hasta el día de hoy.
  4. Contempla reubicaciones, demoliciones y la pérdida progresiva de nuestras casas y negocios, encubiertas en el Manual para la Elaboración de Planes Reguladores Costeros del ICT.
  5. Las propiedades con escritura y uso de suelo pasarán de inmediato al Patrimonio Nacional de ZMT, y sus poseedores tendrán que pagar un canon confiscatorio por la vía de la Concesión Municipal.
  6. La municipalidad niega la escasez de agua para abastecer el desarrollo turístico de alta gama (alto impacto) propuesto en el reglamento del PRC.
  7. Es una amenaza ambiental que promete arruinar la barrera natural coralina contra la erosión, las tormentas, sin olvidar la destrucción de los humedales, la flora y la fauna costera.
  8. Este PRC promete ser un medio de exterminio de una cultura y de un pueblo tribal a través de su desarraigo territorial.

PETICIÓN:

Detener la propuesta del PRC y que se suspenda la audiencia pública convocada para el día 4 de agosto del 2023 a la 1:00 pm en la cancha de fútbol de Hone Creek hasta tanto no se cumpla con el criterio constitucional de participación ciudadana y respeto al derecho ancestral de los pobladores costeros.

Que se pueda crear un modelo de desarrollo regenerativo, social y ambientalmente justo para Cahuita mediante el fortalecimiento del legado cultural de los afrodescendientes y con la participación activa, el involucramiento de los adultos mayores, la juventud, la ciudadanía y habitantes en general.

Derecho de conocer y comprender los estudios técnicos en el idioma inglés, lengua materna del pueblo tribal afrodescendiente, asimismo tenemos el derecho de tener nuestra propia asesoría técnica y legal para comprender la propuesta del PRC.

Que se convoque y establezca un grupo de trabajo que contemple, de manera justa y balanceada, a todos los sectores de la sociedad civil con el fin de revisar a fondo la propuesta planteada y tener voz en los procesos de toma de decisiones públicas que tengan repercusión en nuestras vidas, lo cual constituye un eje sustantivo para el desarrollo de una mejor democracia.

UNIÓN DEL PUEBLO

Las personas habitantes de Talamanca se han unido bajo el criterio de pertenencia y soberanía ciudadana en la búsqueda de seguridad jurídica y justicia en el derecho de tenencia de las tierras.

En respuesta a las amenazas que enfrentamos debemos unirnos y exigir el derecho a la tierra, la cultura, la protección del ambiente y los recursos naturales, que como soberanos nos pertenecen.

El pueblo debe ser dueño de su trabajo. Movimiento Cahuita Unida, 24 de julio de 2023.

Andrea Mora Villegas
Coordinadora Comisión Central
Movimiento Cahuita Unida

10 cosas que tal vez usted no sepa de las U Públicas (y le sorprenderá)

César Toruño

Durante las últimas semanas, el Gobierno de la República con su granja de troles han difundido mentiras sobre las universidades públicas en redes sociales. La repetición masiva de la mentira hace que sectores del país y el magisterio puedan asumir como verdad esas mentiras.

Y ante las mentiras y la desinformación, las personas críticas e inteligentes deben responder con datos y con verdad, por eso les comparto estas 10 verdades que el gobierno no quiere que usted sepa.

1. De los colegios públicos. Una de las mentiras más extendidas es que la mayoría de estudiantes de las universidades públicas proviene colegios privados. FALSO.

El 82% de los estudiantes de las universidades públicas proviene de colegios públicos y el 66% provienen de familias donde sus padres no tienen títulos universitarios.

DATO A RECORDAR: 82% de estudiantes de las U Públicas proviene de Colegios Públicos

 2. Las Universidades Públicas han alcanzado, en el 2022, la mayor cantidad. de estudiantes matriculados en la historia del país. 140 600 estudiantes inscritos en 659 ofertas académicas y 1 035 oportunidades de estudio.

DATO A RECORDAR: 140 600 estudiantes

3. Las U Públicas tenían, en 2022, 59 717 estudiantes con beca socioeconómica y 12 000 con otro tipo de becas como excelencia académica, deportiva, etc. En total, 71 717 estudiantes tienen beca en la U.

DATO A RECORDAR: 71 717 estudiantes con beca.

4. El 70% de las becas se otorga en las sedes regionales. Es decir, 7 de cada 10 becas se le otorga a estudiantes matriculados en sedes de las universidades, o lo que es lo mismo, 50 201 estudiantes de las sedes reciben becas.

DATO A RECORDAR: 70% de estudiantes con beca proviene de las sedes.

5. El incremento del FEES para 2023 fue de 5 591 millones de colones (el año en que el gobierno intentó quebrar a las universidades públicas).

DATO A RECORDAR: En 2022 el incremento del FEES fue de 5591 millones.

6. En 2023, las Universidades aumentaron el presupuesto de becas de 59 717 millones a 63 924 millones, es decir, EL PRESUPUESTO DE BECAS CRECIÓ EN 3889 MILLONES.

DATO A RECORDAR: Este año el FEES creció 5 591 millones y las becas crecieron 3889 millones, es decir, un 70% del incremento del FEES se invirtió en becas.

7. En 2022, las universidades invirtieron 71 031 millones en proyectos de investigación. Esas investigaciones han sido claves para el desarrollo del país, desde estudios de población hasta el desarrollo de sueros o estudios de materiales para carreteras.

DATO A RECORDAR: 71 031 millones del FEES se invierte en proyectos de investigación.

8. Desde 2020, se presenta una reducción en la partida de salarios en las universidades públicas. La reducción es casi de 10 mil millones y continuaría su disminución durante los próximos años.

DATO A RECORDAR: Desde 2020, los salarios en las U Públicas vienen disminuyendo su peso en el presupuesto.

9. Las U Públicas rinden cuentas. Cada año, las universidades entregan cuentas de sus inversiones y proyectos a la Contraloría General de la República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Contabilidad Nacional.

DATO A RECORDAR: Las Universidades Públicas sí rinden cuentas ante diversas instancias

10. El FEES (como porcentaje del PIB) del 2023 es el más bajo desde 2011. Es decir, en la práctica se está recortando el presupuesto.

DATO A RECORDAR: Estamos con el FEES más pequeño, en relación con el PIB, en 12 años.

** Todos los datos obtenidos de los informes auditados de las Universidades Públicas.

Es importante que la comunidad nacional comprenda estos datos puesto que la manipulación y el engaño del gobierno puede hacer cometer severos errores de apreciación.

Frente a las mentiras del gobierno, los datos nos permiten concluir que: el presupuesto del FEES se ha reducido enormemente y aún así las universidades invierten más en BECAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA. Así mismo, nos permite comprender la importancia de la defensa del aumento del presupuesto para seguir apostando por una educación pública superior que promueva la igualdad de oportunidades y siga construyendo un fuerte Estado Social de Derecho y Bienestar para todas las personas.

Foto: Karla Richmond.

Las batallas del Presidente Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

Múltiples frentes para desmantelar las conquistas sociales en Costa Rica

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, se incorporó a la política nacional, después de haber sido funcionario del Banco Mundial y haber estado ausente del país, por casi 35 años, como ministro de Hacienda, por un brevísimo período, al terminar el gobierno de Carlos Alvarado, 2018-2022.

Saboreó las mieles del poder y buscó posibilidades de participar en las elecciones nacionales, de febrero del 2022, con partidos pequeños, nuevos, sin experiencia política y electoral. Con éxito se incrustó como candidato del Partido Progreso Social Democrático, recién fundado y sin ninguna participación ni ideario político electoral anterior.

La campaña la asumió colocándose como candidato que enfrentaba a todos los partidos que habían gobernado anteriormente, acusándolos de la ingobernabilidad que esos mismos partidos decían que sufría el país, así como de los males de la corrupción nacional y el abandono de la población, especialmente rural y pobre, por prácticas institucionales.

En Costa Rica se ha venido sufriendo un ataque constante, desde hace muchos años, contra la política, los políticos, los partidos políticos, malos gobiernos; acusándolos de corrupción, desapego a las soluciones de los grandes problemas nacionales que sufre la población, entrabazón institucional para resolver problemas y para incentivar nuevos procesos de emprendedurismo. También, el ataque ha sido dirigido a los poderes públicos, especialmente a la Asamblea Legislativa y los diputados o legisladores, de los partidos allí representados; a la Corte Suprema de Justicia en sus diversas instancias judiciales, especialmente a su Sala Constitucional, y a los medios de comunicación. Esto ha provocado un desencanto de la democracia como sistema político que se expresa en un alto índice de abstencionismo creciente en los últimos procesos electorales nacionales. En cierta forma ha estimulado la simpatía por la llegada de hombres fuertes al ejercicio del gobierno.

El crecimiento de la pobreza, de la extrema pobreza, el desarrollo de asentamientos humanos de estos sectores cada vez más visibles en la geografía nacional; el desempleo creciente, que tiene más de 400.000 personas en condición de desempleados; el aumento de más de 100.000 mujeres cabezas de familia, consideradas el principal ingreso de sus hogares aunque tengan esposo o compañero, desocupadas; la expulsión forzada en el contexto de la pandemia de 120.000 jóvenes del proceso escolar; la agudización de la pobreza en las zonas marginales y rurales del país, el abandono de políticas institucionales en esas regiones; la imposibilidad de poder ofrecer salidas, oportunidades y posibilidades, educativas y de trabajo, a miles de jóvenes, lo que ha llevado a que el trabajo informal ronde el 60%; el congelamiento nacional de salarios desde hace cuatro años, con un crecimiento constante de pagos de servicios públicos y de los precios de alimentos de la canasta básica; y, un estrujamiento de las clases medias urbanas y rurales, con congelamiento también de sus ingresos y de las pensiones; con alto grado de evasión y elusión fiscal, por grupos económicos poderosos, ha ido marcando una gran división social y económica del país.

Dos Costa Rica se viven simultáneamente en el país. La de los que tienen todas las posibilidades de vivir satisfaciendo sus principales necesidades, manteniendo sus hijos en escuelas y colegios privados, con todas las condiciones para recibir una buena educación; viviendo en residenciales o condominios privados, con altos niveles de seguridad personal y social; con capacidad de pagar educación privada, servicios de salud y de seguros de salud privados, que les evita sufrir los atrasos de citas médicas en la seguridad social pública. Y, la Costa Rica de la gran masa de población que sufre los problemas de escuelas y colegios públicos deficientes, más de 1000 de ellos con sanciones sanitarias; con deficiencias tecnológicas de estudio, institucionales y personales, con deficiencias en la enseñanza de idiomas como segundas lenguas, requisito importante para la obtención de nuevos empleos; de una población que paga cargas sociales e impuestos y no ven ni reciben satisfactoriamente sus beneficios.

Así arribó Rodrigo Chaves Robles a la Presidencia de la República el 8 de mayo del 2022, sin experiencia política nacional, sin partido con experiencia histórica y política nacional, sin ideología política que lo identifique a él y a su partido gobernante, sin contar con equipos de colaboradores con experiencia política y de ejercicio gubernativo; con una postura populista y autoritaria.

Sus funcionarios y colaboradores inmediatos, los miembros de su Gabinete de Gobierno, los escogió, y así lo sigue haciendo, por ternas que le ofrece una empresa de acuerdo con los perfiles profesionales que él solicita, lo que le ha creado un grave problema de cambios constantes en su propio gabinete y en las oficinas institucionales del Estado y del Gobierno. En sus 14 meses de gobierno ha tenido 34 cambios, entre despidos y renuncias que ha provocado su inexperiencia y su manera autoritaria de gobernar con sus subalternos, como si la dirección del Estado y del Gobierno operara como una alta gerencia de una empresa, o como si fuera el director de programas del Banco Mundial, acostumbrado a dar órdenes con base a metas, objetivos y resultados.

Los cambios en cascada del Gabinete frenan cualquier iniciativa de los ministros y funcionarios que las impulsaron, y provocan improvisación de los nuevos que los sustituyen, dejando al mismo presidente al garete, a la deriva, sin gobierno real y efectivo, sujeto a las acciones y determinaciones improvisadas del conjunto que él comanda, provocando con ello un maltrato público, en mesas de prensa, de sus propios subalternos, y desarrollando un teatro de estratégicas batallas de la guerra que él ha provocado.

Desde su campaña dijo que él se compraría las broncas. Señaló y trazó su camino de riñas, de discusiones o alusiones fuertes y violentas de él contra el mundo político costarricense. En esto se ha distinguido como ningún otro presidente del país, ruidoso, agresivo, como una de las partes en disputa, destilando rabia, enojo, disgusto contra sus molinos de viento.

Su teatralidad de la guerra lo lleva al drama de su gobierno, entre comedia y tragedia, a manifestarse en varios actos o libretos, más como monólogos que como diálogos, para sus escenarios o batallas de radio y televisión, con los guiones finamente articulados y escritos para provocar sus barrabasadas, disparates y vómitos mentales con el grave perjuicio para la democracia nacional y la búsqueda de consensos políticos, que es lo que le debiera interesar por el bien del país.

Las batallas de su teatro las tiene claras. Es el poder por el poder.

La batalla política contra todo lo que signifique partidos políticos y políticos nacionales; contra los que han ejercido el gobierno y contra los que han estado presentes en la Asamblea Legislativa. Les dice que su ingobernabilidad no existe; que lo que ha existido es la falta de gobernantes, y qué él es un gobernante y llegó para gobernar…a la fuerza si es necesario, para lo cual trata de preparar el terreno. Se trata en su discurso de acabar con las instituciones partidarias, especialmente las tradicionales. En el caso político parlamentario la tiene especialmente contra el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, como las fuerzas más opositoras; a Liberación porque es el partido que más oposición le puede dar y el que mejor respuesta puede brindar, si así lo quisiera, a sus malas políticas de gobierno; al Frente Amplio, por el distinguido papel parlamentario que tienen sus jóvenes diputados, que le constituyen un clavo en sus zapatos.

La batalla política más importante que lleva a cabo es contra los poderes públicos. Poder Legislativo porque con 10 diputados no puede hacer nada, contra la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados y jueces, desacreditándolos porque tiene la posibilidad de juzgarlo, por acusaciones que se han presentado para su debido trámite, contra la Sala Constitucional porque sigue siendo el reducto más importante de la defensa del Estado de Derecho y todavía del Estado Social de Derecho, que le puede enmendar la plana cada vez que se parte de la constitucionalidad y del régimen constitucional y legal que juró respetar y cumplir al asumir el Gobierno. Dentro de la estructura judicial el presidente ha actuado contra el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, olvidando la división de poderes e intimidando a sus principales funcionarios.

La batalla económica contra los grupos económicos que han sido aliados de los partidos y grupos políticos que han ejercido el gobierno. Se trata de desplazar, por la vía de los negocios y políticas públicas, a esos grupos económicos para que entren y actúen otros, como los importadores, otros grupos bancarios financieros, el grupo de Calixto Chaves, los financistas chinos de su campaña electoral, especialmente contra el grupo financiero donde hay presencia del capital y familias de origen judío, ¡cuidado con el neonazismo! ¡Cuidado!, también se podrían mover a su alrededor grupos mafiosos de distinto pelaje.

La batalla institucional contra las instituciones del Estado, que en su visión operan mal, y hay que eliminar si fuera posible, o corregir de tal manera que se reestructuren precarizando o privatizando parte de sus servicios, o haciéndolas desaparecer al estilo de las políticas de la Escuela de Chicago en el Chile de Pinochet. Cuando se empeña en vender el Banco de Costa Rica, no es porque no sirva y hay que cerrarlo, sino porque es un negocio su venta para un grupo de sus amigos interesado en comprarlo.

Igual con las otras instituciones del Estado que quiere someter a procesos de privatización. En otra dirección, como la Caja Costarricense del Seguro Social, emblema nacional de la seguridad y paz social, es por la política de reducirla y fortalecer el sector privado de la salud. En la educación es igual, reducir el espacio educativo popular, reducir la matrícula eliminando los apoyos sociales, becas, trasporte estudiantil, comedores estudiantiles, no arreglando las 1000 escuelas que están con sanciones sanitarias, no dotándolas de las capacidades instrumentales y de la infraestructura necesaria, lanzando a los estudiantes a la deserción escolar y al trabajo informal que ya alcanza el 60%. O, el negocio de intentar cerrar del toda la Fundación Omar Dengo, por lo que significa su capacidad económica, para impulsar aprovechando esos fondos, los préstamos educativos hacia la educación privada y no pública, como es la estrategia de lo que tienen diseñado en este sentido. O, la venta de la Fábrica Nacional de Licores, por iguales razones, no morales, sino de gran negocio para grupos privados de hacerse con la producción de licores, pero especialmente del alcohol que produce la Fábrica, especialmente del alcohol industrial.

En su batalla contra las instituciones las presenta como que no han servido para los ricos, pero tampoco para los pobres.

En el plano de la cultura y educativo su batalla es contra la memoria histórica, contra la identidad nacional, contra las instituciones formadoras de conciencia nacional y de valores nacionales, por reducir hasta donde pueda el alcance vital de las universidades públicas, por asfixiarlas económicamente.

La batalla social de enfrentar a los grupos marginados, desclasados, pobres y de la extrema pobreza, empobrecidos de las clases medias, de los que ni trabajan ni estudian, contra el Estado y los gobiernos que los han desatendido, que los han llevado a esa situación social de exclusión, marginalidad y empobrecimiento, presentándose el Presidente Chaves como el Salvador, el que está identificado con esos sectores, como el que los reivindicará social y políticamente, haciendo ver que solo en él y lo que él representa los puede salvar, y sacar del hoyo en que se encuentran.

La batalla comunicacional que tiene declarada contra los medios de comunicación, escritos, radiales o televisivos; de redes sociales, que acusa de “canallas” y de “sicarios”, a los que les manda mensajes de que contra el gobierno no se debe escribir ni criticar, presionando por la exclusión y eliminación de articulistas y comentaristas de esos medios; utilizando baterías de troles desde el país y desde el extranjero contra cualquier crítico; presionando medios de prensa para que saquen de sus planillas asesores legales o comunicacionales, y amenazando, y pasando a los hechos, con el aparato del Ministerio de Hacienda, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguros Social sobre empresas y personas investigándolas en el cumplimiento de sus deberes tributarios y cargas sociales. Mientras esto hace no actúa contra los grandes evasores y elusores fiscales, que fue una de sus promesas de campaña electoral.

La batalla comunicacional tiene también el frente de la intimidación; de provocar el miedo reverencial, del temor al gobernante; del bajonazo de piso al interlocutor, de la falta de respeto al periodista, de la agresión verbal a los medios de comunicación y provocar la desconfianza de sus informaciones e investigaciones periodísticas. La lucha pública que mantiene contra Extra, antes de su cierre, hace unas semanas, Canal 7, CRhoy y, en menor medida, pero sin descuidarlo, el Semanario Universidad.

Con una ignorancia política profunda y costarricense, pero alardeando de conceptos que ni siquiera maneja correctamente, el presidente se mete en el lenguaje y dialéctica de la vieja guerra fría, 1945-1991, del anticomunismo hoy trasnochado, atacando opositores políticos de “comunistas”, atacando al Frente Amplio de comunista, desconociendo que el Partido Comunista de Costa Rica, que todavía existe, se llama Vanguardia Popular.

En estos escenarios de sus batallas Rodrigo Chaves se alimenta del descontento popular acumulado, de esos sectores que no ven frutos del Estado ni del gobierno, aunque paguen impuestos y cargas sociales, que sienten que las instituciones del Estado estorban, que las élites políticas y económicas que han participado de esto hay que quitarlas.

La esencia de toda esta estrategia es que los grupos que han servido al Estado y al gobierno, y se han servido del Estado y del Gobierno, hay que desplazarlos porque viene otro grupo, representado por el Presidente Rodrigo Chaves, que es otra élite política, al ejercicio del Gobierno, a servir y a servirse del Estado y del Gobierno…ya lo estamos viendo.

Publicado en https://www.meer.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

«Maíz pujagua: innovación tecnológica de un alimento ancestral” – invitación para ver el documental este 25 de julio

Este documental tiene una duración de 40 minutos, producido en alta definición y con música original.

Se estrena en el marco de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya el martes 25 de julio a las 7:00 de la noche por Canal QUINCE UCR, y su repetición es el 29 de julio, también a las 7 de la noche.

Con la producción del documental sobre este alimento olvidado y sus potencialidades para la salud humana, el Sistema Universitario de televisión, QUINCE UCR, cumple con la finalidad de producir televisión con sentido, según reza el lema de este medio de comunicación.

La historia se enmarca en un contexto en el que se reconoce los valores de una sociedad diversa y multicultural. Es una producción del Canal Quince UCR en la cual se relata la problemática de los agricultores en la región norte del país, se describe lo que es el maíz pujagua, un alimento desconocido para la gran mayoría de habitantes de Costa Rica. Se describe el trabajo científico de un grupo de especialistas sobre un alimento que tradicionalmente se ha sembrado, producido y consumido en la región Chorotega de Costa Rica. Es el rescate de un alimento ancestral en que se emplean tecnologías de ingeniería de alimentos, pero a la vez, es un trabajo interdisciplinario que inició con el proceso de recopilación de semillas en varios cantones de Guanacaste.

Los agricultores se han visto amenazados por diferentes factores y la Universidad de Costa Rica intervino para ofrecer soluciones a los productores con la participación del sector privado. La microempresa CURUBANDA buscó la colaboración de Centro Nacional de Ciencias y Tecnologías de Alimentos, CITA para innovar con nuevos productos elaborados a base de maíz pujagua.

Es un proyecto del CITA inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, que se denomina “Fomento del consumo del maíz pujagua cultivado en Guanacaste, un alimento ancestral de alto valor nutricional, y de sus usos tradicionales”. La coordinadora del proyecto es la científica ingeniera en tecnología de alimentos, la Dra. Ana Mercedes Pérez Carvajal, con una gran experiencia en estudios que llevan al aprovechamiento y rescate de alimentos originarios de Costa Rica. Ella logró conformar un equipo que le ha permitido impulsar diversas acciones como un recetario, un calendario recetario y el documental que se estrena el 25 de julio por Canal QUINCE UCR.

El documental retrata las acciones del proyecto, el cual propone el desarrollo de productos de valor agregado derivados de este tipo de maíz para el fomento de la cadena de valor y la promoción de las familias y comunidades involucradas en los cantones de interés: Nicoya, Santa Cruz, Carrillo y La Cruz.

El equipo de producción grabó en algunos de esos cantones y pudo captar las situaciones apremiantes de los agricultores de maíz pujagua. También se entrecruza con la recopilación de recetas a base de maíz morado, y la promoción de esos nuevos productos.

Es una alianza de la empresa privada con la academia, con la investigación y se emplea el Canal universitario como herramienta para ofrecer la transferencia del conocimiento, al emplear la producción audiovisual para llegar a una mayor audiencia. El propósito es expandir el conocimiento sobre la situación que atraviesan los pequeños agricultores, el peligro de perder un alimento con grandes beneficios para la salud y a la vez, dejar en el olvido una parte importante de la identidad nacional.

Productora: Alejandra Fernández Bonilla

Productora de televisión y periodista en el Canal Quince UCR por más de 25 años. Gran parte de la labor profesional la ha dedicado a la difusión de temas de ciencia y tecnología.

Premios y distinciones: premio de periodismo en ciencia y tecnología del CONICIT 1996, Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené 2003, el Premio René Picado Esquivel de la comunicación en producción audiovisual en el 2017 y en 2018, Premio del 1er Festival Internacional del Audiovisual Educativo y Cultural en la categoría de ciencia y tecnología.

Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva, Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva, ambos títulos de la UCR y Magister en Administración de Medios de Comunicación con énfasis en Tecnologías de la información y de la comunicación, UNED.

Alejandra Fernández Bonilla, productora del documental durante la presentación inicial en la UCR.

Ficha técnica:

  • Producción y guion: Alejandra Fernández Bonilla
  • Edición: Laura Mora Rodríguez
  • Cámaras: Enrique Vega Méndez, Freddy Quesada Carvajal, Max Arce Mora, Víctor Calderón Zeledón, William Rojas Rodríguez
  • Música original: Luis Diego Solórzano Boza y Alonso Torres Matarrita
  • Edición de sonido y mezcla final de sonido: Eduardo Solano Valverde
  • Canal QUINCE UCR

“La desaparición del maíz morado podría privar a los ticos, no solo de sabores y tradiciones, sino también de grandes beneficios para la salud.

Desde el 2018, científicas de ingeniería de alimentos y otras disciplinas de la Universidad de Costa Rica trabajan en el reconocimiento de las propiedades nutricionales y funcionales del maíz morado, uno de los grandes olvidados de la dieta costarricense. Al mismo tiempo, recopilan información cultural, gastronómica, social y las limitaciones que tiene la siembra de este cultivo”.

Extracto del guion, Alejandra Fernández Bonilla.

Aumenta tensión en el territorio cabécar de China Kichá

COMUNICADO PÚBLICO

– Tres incidentes de seguridad fueron registrados entre el sábado y el día de hoy. Los responsables: integrantes de la familia Rivera; agresores ampliamente reconocidos por las personas recuperadoras y las autoridades policiales y de justicia.

– Fuerza Pública no se ha hecho presente en el lugar de los hechos.

Lunes 24 de julio de 2023. La tensión aumenta en el Territorio Cabécar de China Kichá, entre el fin de semana y el día de hoy fueron registrados 3 incidentes de seguridad, entre los que destacan amenazas de muerte contra el recuperador cabécar de Kono Jú y Yuwi Senaglö, Greivin Fernández.

El primero de los hechos ocurrió el pasado 22 de julio, cuando alrededor de las 5:30 p.m. Cristóbal Rivera Fernández y su yerno, Antonio López (de nacionalidad nicaragüense, conocido como “italiano”) se apersonaron al Territorio Cabécar de China Kichá y frente a la recuperación “Sibü siwei” detonaron un arma de fuego, disparando al aire en varias ocasiones. Mientras disparaban, Cristóbal gritó que él ya había matado antes y que no le costaba matar a un indígena.

El segundo incidente, ocurrió el día de ayer (domingo 23 de julio), cuando alrededor de las 2 p.m. el recuperador Greivin Fernández se encontraba en la plaza de deportes del Territorio Cabécar de China Kichá y en ese momento Leandro Rivera Venegas pasó cerca de él en moto y le dijo “pele el ojo, porque te vas a morir”. Después de amenazar de muerte, Leandro se retiró del lugar.

El tercer incidente fue registrado el día de hoy, alrededor de las 10 a.m. Leandro Rivera se apersonó al Territorio y en medio de las recuperaciones de Yuwi Senaglö y Kalpögö disparó al aire en cuatro ocasiones con un revólver. Posterior a ello, Leandro ingresó al Territorio Cabécar y al ser la 1 p.m. no ha salido del Territorio.

Cristóbal Rivera es el padre de Leandro y demás hermanos y hermanas Rivera Venegas. Las recuperadoras cabécares han señalado que él ha intentado abusar sexualmente de ellas, pero se abstienen de denunciarlo por miedo a las represalias que puedan sufrir. Leandro Rivera es reconocido agresor de las personas recuperadoras cabécares, incluso es el responsable del intento de homicidio contra Greivin Fernández el 25 de febrero del 2022 y contra Darío Ríos Ríos el 30 de abril también del 2022.

Pese a atentar contra la vida de Greivin y Darío, Leandro sigue en libertad. Incluso, luego de que intentara cortar el cuello de Darío, el agresor fue protegido por la Fuerza Pública pues, la policía únicamente lo trasladó al salón comunal del Territorio. Salón que fue prestado por buena fé por la comunidad y la Asociación de Desarrollo Integral de China Kichá para que los oficiales pudieran ir al baño y descansar mientras mantenían un puesto policial permanente en la entrada del Territorio.

La Fuerza Pública fue contactada luego de los distintos incidentes de este fin de semana y no se hizo presente. Sobre ello, es importante destacar que alrededor de 2 meses atrás el puesto policial fue retirado del Territorio sin ninguna consulta o aviso a la comunidad, a la ADI o a las personas recuperadoras cabécares.

Ante ello, es URGENTE que se atiendan las demandas a:

– La Fuerza Pública que se haga presente en el Territorio y permanezca de forma permanente como lo hizo desde finales del 2020 hasta hace unos meses atrás. Para ello, resulta fundamental que los oficiales que permanezcan en el lugar sean neutrales y cumplan con lo que les es demandado por la ley. Ello implicaría que no protegieran de ninguna forma a los constantes agresores (integrantes de la familia Rivera Venegas) de las personas recuperadoras cabécares.

– A la Fuerza Pública que decomise las armas de fuego en posesión de la familia Rivera Venegas, por la amenaza latente en contra de las personas recuperadoras cabécares.

– La Fiscalía Indígena se haga presente en el Territorio y tome todas las denuncias de los incidentes que han venido ocurriendo en el Territorio desde el pasado miércoles 19 de julio cuando fue incendiada la casa de la mayora María Esther y que el recuperador cabécar, Greivin Fernández fue víctima de intento de homicidio.

– Al Poder Judicial y a los operadores de justicia, a que realicen todas las pesquisas necesarias contra la familia Rivera Venegas. Que realice su labor y garantice el acceso a la justicia del Pueblo Cabécar de China Kichá.

Cualquier otra agresión y atentados contra la vida de las personas recuperadoras cabécares es responsabilidad del Estado por omisión y acción, al no procesar judicialmente a los agresores.

La tensión existente en el Territorio Cabécar de China Kichá, además de la constante incidencia delictiva por parte de integrantes de la familia Rivera Venegas es altamente conocida por los entes a cargo. Ante una posible escalada de violencia es urgente que las autoridades actúen.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.

– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglö.

– Recuperadoras/es Cabécar de Seglö Kaskä.

– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglö.

– Recuperadoras/es Cabécar de Kalpögö.

– Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Los resultados de las pruebas estandarizadas reportados por el MEP carecen de utilidad diagnóstica y educativa

Pronunciamiento

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, comunican:

Que la información oficial suministrada públicamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, donde se clasifica a las personas estudiantes en tres niveles, llamados Básico, Intermedio y Avanzado, habiéndose evaluado cada asignatura con un máximo de ocho ítems de selección única, y sin ninguna explicación sobre la metodología utilizada, imposibilita cualquier intento de generar, en forma válida, interpretaciones útiles y confiables para diagnosticar el logro educativo, por parte del estudiantado. A todas luces, lo que puede evaluarse con un número tan escaso de ítems, es solo un fragmento muy reducido del conjunto de aprendizajes meta establecidos en los programas de estudio vigentes.

Tampoco se ha explicado la justificación para los nombres, tan contundentes, dados a estos niveles de desempeño, pues la denominación de básico, intermedio o avanzado en una disciplina de estudio particular, no debe ser arbitraria y debe basarse en un sólido marco de referencia. Asimismo, la analogía, pueril y simplista, brindada por las autoridades del MEP para explicar su significado por medio de los tres colores de un semáforo, solo contribuye a reforzar su ausencia de utilidad educativa y rigurosidad científica.

Aunado a lo anterior, el reportar únicamente los resultados agregados a nivel del centro educativo y no por estudiante, impide que las personas docentes, y el mismo estudiantado, puedan valorar y atender de manera individual el desempeño estudiantil, con el propósito de mejorar sus aprendizajes.

Más aún, la escasa cantidad de ítems de selección única utilizados para evaluar cada asignatura, muy probablemente está provocando que una parte relevante de los resultados estén afectados por el mero azar, al existir, para cada pregunta, una probabilidad de respuesta correcta de un tercio, cuando se elige una de las tres opciones al azar, es decir adivinando.

Así las cosas, los resultados reportados pueden conducir a conclusiones equivocadas, dejando a la imaginación de cada persona lectora su posible significado. A partir de esta situación es posible prever la generación de consecuencias negativas para el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones de política educativa.

Debe recordarse, además, que estas pruebas tampoco contaron previamente con una tabla de especificaciones, que incluyera los contenidos y los procesos a evaluar, así como la ponderación o puntuación para cada ítem, ejercicio o pregunta.

En comunicados anteriores nuestros equipos ya habían alertado sobre las deficiencias técnicas de estos exámenes y lo presentado hasta ahora confirma nuestras valoraciones iniciales.

En esas comunicaciones previas, también indicamos que las descripciones sustantivas de desempeño, generadas con la necesaria rigurosidad técnico-científica, son uno de los elementos esenciales con que debe contar una prueba estandarizada educativa.

Así, la prueba estandarizada educativa debe proveer, además de la nota numérica, una descripción cualitativa, válida y confiable, de lo que representan esos puntajes numéricos en términos del desempeño estudiantil, es decir, contestar a la pregunta, ¿qué puede o no hacer la persona examinada de acuerdo con el puntaje obtenido? Evidentemente tales descripciones son relevantes para la toma de decisiones sobre las personas examinadas y para las autoridades responsables de la política educativa.

Especialmente si se trata de fines diagnósticos, tal como era el alegado propósito de estas pruebas, se requiere que la prueba contenga un número suficiente de ítems o preguntas para representar adecuadamente los niveles de desempeño que se pretenden interpretar, máxime si se trata de contenidos curriculares que abarcan ciclos lectivos completos.

Además, es importante que, para el análisis de los resultados se empleen modelos de medición que permitan generar esas descripciones de manera confiable y científicamente defendible, como por ejemplo el modelo de Rasch.

Para ilustrar, en el caso de las pruebas PISA para el área de Alfabetización Científica, se definen seis niveles de desempeño que claramente describen las competencias específicas requeridas para ubicar allí a una persona examinada. Por ejemplo, se indica que las personas en el nivel 4 “trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología, y vinculan estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Las personas estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica[1].”

Entonces, según se infiere de la información que se ha hecho pública, es preocupante que de los escasos recursos destinados a la educación se haya gastado una cantidad considerable en la construcción y aplicación de pruebas que no brindan evidencia de utilidad sustantiva para la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes del estudiantado, y que más bien pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre estos. De igual manera, lamentamos todo el tiempo y esfuerzo empleados en la aplicación de estas pruebas, con tantas deficiencias técnicas, cuando se pudieron dedicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, canalizando recursos para elaborar planes, debidamente fundamentados, que orienten la recuperación educativa.

En este contexto, algunos de los principales cuestionamientos que el MEP y el Consejo Superior de Educación están obligados a responder ante la sociedad costarricense son:

1- ¿Qué evidencia de validez puede proveer para justificar una evaluación diagnóstica de cada estudiante, con únicamente entre 6 y 8 ítems de selección única por asignatura, y cubriendo los aprendizajes correspondientes a ciclos lectivos completos?

2- ¿Qué metodología se siguió para la creación de los tres niveles de desempeño que se reportan y cuál es su validez técnico-científica?

3- ¿Qué justificación técnico-científica fundamenta la decisión de nombrar esos tres niveles de desempeño como Básico, Intermedio y Avanzado?

4- ¿Qué evidencia existe sobre el grado de validez de contenido de estas pruebas?, es decir ¿en qué medida cubren apropiadamente los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, los cuales están diseñados según habilidades?

5- ¿Cuál es la justificación para definir únicamente tres niveles de desempeño cuando la mayoría de las pruebas estandarizadas educativas a nivel internacional utilizan al menos cinco niveles, con el propósito de arrojar información más precisa?

6- ¿Qué uso y qué utilidad se espera que den los centros educativos y las personas docentes a los resultados reportados de las pruebas?

7- ¿De qué forma el MEP y el Consejo Superior de Educación utilizarán los resultados reportados de las pruebas para realimentar las políticas educativas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sistema educativo?

8- Estas pruebas solo evaluaron, en cada estudiante, fragmentos muy reducidos de todos los aprendizajes propuestos en los programas de estudio. ¿De qué forma se va a obtener información, válida y confiable, sobre el logro de esos otros aprendizajes, que son la gran mayoría, y no están representados en estos exámenes? Dichos aprendizajes no solo incluyen dimensiones cognitivas sino también actitudinales.

9- ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?

Hacemos un llamado a la opinión pública, especialmente a docentes, estudiantes, padres y madres de familia, para que, asumiendo su legítimo derecho a una educación de calidad, exijan al MEP y al Consejo Superior de Educación, evaluaciones educativas estandarizadas con rigurosidad científica y equidad, que permitan mejorar los aprendizajes del estudiantado de manera integral, y que no perjudiquen sus posibilidades de promoción en la educación regular, considerando las grandes desigualdades en sus oportunidades de aprender.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez. Doctora en Educación, máster académica en Evaluación Educativa

María Julieta Solórzano Salas. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas. Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa, administrativa-docente

Sandra Zúñiga Arrieta. Máster en Evaluación Educativa, educadora

Allen Quesada Pacheco. Doctor en Currículo e Instrucción, M.Sc. en Tecnología Educativa, Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras (ELM)

Katalina Perera Hernández. Docente e investigadora, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

M.Sc. María del Rocío Ramírez González. Analista curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM), educador pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro. Psicóloga, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera. Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla. Profesora, máster académica en Evaluación Educativa

Luis Miguel Rojas Torres. Doctor en Educación, máster en Estadística, Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica

Laura Jiménez Umaña. Máster en Evaluación Educativa, investigadora y evaluadora

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Dra. Tania E. Moreira Mora

M.Ed. Melania Monge Rodríguez

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 24 de julio de 2023.


[1] Tomado de “El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve.” https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

La comunidad de Cartagena, en Guanacaste, se prepara para la instalación de un Punto de Lectura

Hace aproximadamente un año que la comunidad de Cartagena se organizó bajo un Comité de Lectura. El año pasado el Bibliobús visitó durante dos días, diferentes centros educativos de la comunidad.

Después de la visita del Bibliobús del SINABI (Sistema Nacional de Bibliotecas), nos informaron que se seleccionó a la comunidad de Cartagena, para instalar un Punto de Lectura, el que se inaugurará el 27 de julio a las 10 de la mañana y estará ubicado en el parque central de la comunidad.

El mismo es una colaboración de Ministerio de Cultura, Sistema Nacional de Bibliotecas y el patrocinador de la infraestructura es la empresa que tiene a cargo el Aeropuerto Juan Santamaría, más la Editorial Costa Rica que donó la mayoría de los libros.

Esta es una hermosa oportunidad de acercamiento a la información y a la educación para Cartagena.

Información compartida con SURCOS por Gretel Miranda Fallas y Édison Valverde Araya.

Una industria de muerte en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Con apenas algunas horas de diferencia se conoció de dos incidentes que involucraron personas migrantes en zonas alejadas del centro del país.

En el primer caso, un transporte irregular se accidentó dejando varias personas heridas y tres fallecidas (2 mujeres y 1 hombre), todas de nacionalidad venezolana.

En el segundo incidente, un autobús de una empresa privada contratado y costeado por las mismas personas migrantes para trasladarlos a zona de frontera, volcó dejando varias personas en estado delicado.

Ambos casos exponen las condiciones en que las personas migrantes realizan el tránsito, particularmente en zonas alejadas al centro del país.

Sin embargo, el incidente donde fallecieron tres personas debería llamar la atención sobre el funcionamiento en el país de una industria migratoria (Nyberg Sorensen y Gammeltoft, 2012; López Sala, 2020) impulsada por actores privados.

Fuera de la lógica del estado, actores, procesos y actividades de esa industria buscan el lucro a partir de las necesidades de las personas migrantes. Es conocido como la actuación de esta industria en el eje migratorio norte de la región produce acciones de riesgo y vulnerabilidad constantes para las migraciones centroamericanas.

El fallecimiento de una sola persona en contextos migratorios nos debe alertar respecto al valor de la vida y aquellos que se proponen el dejarlos morir desde sus espurios intereses.

El estado costarricense, que prepara una nueva política migratoria para implementar a partir de 2024 debe accionar fuertemente sobre estos actores que un día sí y otro también comprometen la vida de los migrantes en tránsito.

Un país que se pasea en estrados internacionales hablando sobre derechos humanos, debería empezar a reconocer sus fallas en materia migratoria. Que ni una persona migrante más fallezca ni sea vulnerabilizada en nuestro territorio.

Ese es el desafío.