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Autor: Hector Ferlini Salazar

Gabe Abrahams y su caminata de 1.000 millas por Aragón (de Monzón a Sariñena)

Gabe Abrahams

Del 20 de abril al 22 de mayo de 2018, caminé 1.000 millas por Aragón. Más allá de conseguir la plusmarca mundial de la distancia de Caminata Rápida (Speed Walking), disfruté mucho conociendo lugares y viendo paisajes de gran belleza.

Para completar las 1.000 millas, recorrí en cinco ocasiones un circuito de 320 km que iba desde Monzón a Zaragoza y de Zaragoza a Monzón.

Siguiendo el recorrido de Monzón a Zaragoza, el presente artículo y otro posterior describen aquellos lugares que conocí y que más me impactaron.

De Monzón a la Línea del Cinca

La ciudad de Monzón era el punto de partida del circuito que utilicé para recorrer 1.000 millas por Aragón en el año 2018. Monzón pertenece a la provincia de Huesca y es la capital de la comarca del Cinca Medio. Cuenta con unos 17.000 habitantes. La ciudad se encuentra situada bajo un castillo de origen árabe y en una zona de cerros. El río Sosa atraviesa su centro y el río Cinca transcurre por su territorio.

El circuito de las 1.000 millas empezaba en la plaza Mayor de Monzón, la cual tiene la sede de su ayuntamiento, un bonito palacio de arquitectura renacentista de los siglos XVI y XVII. Y, tras partir de la plaza Mayor, daba una pequeña vuelta por la zona medieval de la ciudad, recorriendo las calles San Antonio y Joaquín Costa hasta la plaza Santa María y la calle de Arriba.

En esa zona medieval de Monzón, se encuentran su castillo de origen árabe en las alturas, la catedral y una parte de la judería. La judería de Monzón está ubicada en las faldas del castillo, entre las plazas de Santa María y San Juan. En su apogeo, contó con 700 hebreos y, desde 2015, está señalizada con tótems informativos y placas, para que los visitantes sepan los lugares donde se ubicaron la sinagoga, la escuela, el cementerio y el mercado, así como el barrio hebreo en su conjunto.

Tras abandonar la zona medieval de Monzón por la calle Juan de Lanuza y el puente sobre el río Sosa, el circuito recorría el paseo de San Juan Bosco, el cual se transforma en la carretera N-240 en dirección a Selgua.

El paseo San Juan Bosco vertebra una zona de Monzón que guarda relación con tiempos más actuales. El paseo tiene grandes edificios en un lado y el Parque de la Azucarera en el otro. Desde mitad del siglo XIX, Monzón creció y se industrializó, en parte gracias a su azucarera, la cual se encontraba en los terrenos que ocupa el parque.

Tras salir de Monzón, el circuito recorría la carretera A-1223, una carretera solitaria y propia de mediados del siglo XX como tantas y tantas de Aragón, pasaba por Selgua y llegaba hasta el cruce situado en las afueras de Ilche, para continuar por una carretera comarcal camino de Barbastro.

La carretera A-1223 tiene en ese tramo los restos republicanos de la Línea del Cinca, una línea de resistencia republicana de la Guerra Civil Española (1936-1939). Recuerdo haber visto en una de las varias ocasiones que pasé por la carretera durante la caminata un autocar situado a un lado de la misma y un grupo de personas que acudían a visitar los restos de la Línea del Cinca. De lejos, me sorprendió ver al grupo, porque en las solitarias carreteras de Aragón no se ve prácticamente a nadie, salvo algún coche o tractor de vez en cuando.

De Barbastro a Sariñena

Una vez llegaba el circuito a Barbastro, se adentraba hasta el paseo del Coso, la calle Romero, la calle General Ricardos y la calle Corona de Aragón. Finalmente, el circuito daba media vuelta y deshacía el camino, regresando a Ilche y a la carretera A-1223. ¿Qué decir de Barbastro?

Barbastro pertenece a la provincia de Huesca y es la capital de la comarca del Somontano de Barbastro. Al igual que Monzón, cuenta con una población de unos 17.000 habitantes.

A poca distancia del paseo del Coso de Barbastro por el que pasaba el circuito, se encuentra la catedral de la ciudad, la denominada Catedral de Santa María de la Asunción. Y a pocos metros de ésta, el Palacio Episcopal de Barbastro y el Palacio de los Argensola, una casa solariega de los siglos XVI y XVII.

La calle Romero, por la que transcurría después el circuito, cruzaba la plaza del Mercado, plaza porticada con unos edificios dignos de la mayor atención.

La calle General Ricardos, la siguiente calle del circuito, llevaba a la zona más bella de Barbastro. Esta calle destaca por sus edificios, algo similares a los de la plaza del Mercado, y por su emblemática cafetería El Cortés. Esta cafetería es una maravilla. Pertenece a otro tiempo. Está decorada en su interior como lo estaban los cafés de principios del siglo XX. Repleta de imágenes antiguas, uno puede conocer el viejo Aragón de primera mano. Barbastro tiene un encanto decadente.

Tras regresar a Ilche desde Barbastro y retomar la carretera A-1223, recuerdo que la carretera permitía ver desde la lejanía la siguiente población por la que pasaba el circuito: Berbegal. Sobre una atalaya de más de 500 metros de altura, de día bajo el sol y de noche bajo la luna y el cielo aragonés repleto de estrellas, Berbegal me impactaba.

A pesar de ser una pequeña población de unos 300 habitantes, Berbegal cuenta con una serie de monumentos y restos de interés: la Iglesia de Santa María la Blanca, la Ermita de San Gregorio, la Ermita de Santa Águeda, restos de la calzada romana… Por Berbegal, pasaron los íberos, los romanos, los musulmanes, el Cid Campeador.

Entre sus personajes ilustres, hay uno especial. Su nombre: Mariano Bielsa y Latre, el Chistavín de Berbegal. Corredor pedestre y pionero del deporte, consiguió derrotar en 1882, en la plaza de toros de Zaragoza, al campeón italiano Achilles Bargossi. Tras vencerle, Chistavín se convirtió en un héroe de su época.

Tras dejar atrás Berbegal, el circuito retomaba una vez más la carretera A-1223, camino de Peralta de Alcofea, Venta de Ballerías, San Lorenzo del Flumen y Sariñena. La llegada a Sariñena se producía por una carretera de otro tiempo, una carretera de asfalto antiguo y gastado, de postes eléctricos de madera, con unas vistas irrepetibles del lejano Pirineo. No la olvidaré jamás.

Sariñena, capital de la comarca de los Monegros (Huesca), supera los 4.000 habitantes. El topónimo proviene de la voz iberovasca tza-ara-agan-en-na (Saragnena) que significa “la que tiene más cantidad de tierras de cultivo de panizo”.

Ya en el núcleo urbano de Sariñena, el circuito transcurría por la carretera A-131 (llamada avenida de Huesca y de Fraga en su recorrido urbano), la calle Eduardo Dato, la calle Ugarte, la plaza El Salvador y la Ronda San Francisco, saliendo de la población finalmente por la carretera A-230 rumbo a San Juan del Flumen.

La carretera A-131 que recorre Sariñena destaca por sus cafeterías, restaurantes y hoteles, los cuales son apropiados para hacer una parada. Recuerdo que durante la caminata pasé por esa carretera con sol, lluvia, niebla, viento, es decir cierzo. Una muestra del tiempo cambiante de esa zona de Aragón.

Del resto del recorrido del circuito por Sariñena, no puedo dejar de mencionar la plaza de San Salvador por su Iglesia de San Salvador y la Casa Penén-Paraled.

La Iglesia de San Salvador es un importante templo neoclásico de inicios del siglo XIX. La Casa Penén-Paraled es una casa señorial construida en el siglo XVIII que presenta elementos clasicistas de gran belleza. Durante la Guerra Civil Española, la casa fue un hospital militar republicano, porque Sariñena fue el centro de las comunicaciones y de las operaciones del ejército republicano en Aragón.

Tras salir de Sariñena, el circuito seguía por la carretera A-230 camino de San Juan del Flumen, dando la vuelta a la imponente Laguna de Sariñena.

En ese emblemático pueblo de colonos, quedamos citados para el segundo artículo dedicado a las 1.000 millas por Aragón de 2018.

Carta pública de Jubilados en Acción al Presidente de la República

Carta pública de la Asociación Jubilados en Acción al Dr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República

Estimado Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted respetuosamente, como organización formal de jubilados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional (RTR), debidamente inscrita en el Registro Nacional, para solicitarle, la aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace tres años.

Somos, en este régimen de pensionados, 44 mil jubilados, adultos mayores quienes hemos visto socavados y violentados nuestros justos derechos por el Estado Costarricense.

Como es ampliamente conocido el 98.95% de los jubilados en este Régimen tienen pensiones que oscilan entre 100.000 colones y 4 millones de colones mensuales nominales; de los cuales, 35.000 jubilados tienen un monto menor a 1,5 millones de colones nominales. Sin embargo, esos montos nominales tienen cargas impositivas que se acercan al 50%, las que corresponden al impuesto de renta, una cuota básica, una segunda cuota solidaria (que puede llegar al 75% en las más altas), la cuota a la CCSS de salud y maternidad, la póliza de vida obligatoria, más una cuota del 5/1000 para la administración del régimen de JUPEMA.

Como puede verse en este resumen de la documentación que hemos hecho públicas desde hace meses atrás, nada menos que el 98.95% de los jubilados del RTR está dentro de los parámetros generalmente aceptados como UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más). Muy distinto a lo que falsamente insisten los medios de comunicación y que ha influenciado erróneamente a la opinión pública.

Además, a este sector de jubilados, se les ha esquilmado las cuotas de su jubilación, desde el origen del Régimen, monto que hoy equivaldrían a más de CINCO BILLONES DE COLONES (11,5% respecto al Producto Interno Bruto) si el Estado hubiera creado el Fondo que nos correspondía y para el cual cotizamos, en un inicio, en 1958, con un 5% de los salarios docentes, más tarde con porcentajes crecientes y de hasta un 16% a partir de 1992. Ahora a pesar de haber sido víctimas de un desfalco, hemos tenido que soportar por DOS años, desde el mes de julio del 2020, el congelamiento de las pensiones.

Está ampliamente demostrado que la inflación durante ese periodo es de un 10%, de acuerdo al Índice de Precios del INEC. Con solo observar el incremento en el precio de los combustibles, el tipo de cambio y todo lo que eso conlleva, son suficientes ejemplos para demostrar el empobrecimiento real de la mayor parte de quienes pertenecemos al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

EN VISTA DE LO ANTERIOR, RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE SOLICITAMOS A USTED:

Se aplique de FORMA INMEDIATA lo estipulado en el Título IV, Capítulo II, Artículo 13, inciso “a”, de la Ley 9635 (conocida como ley de ajuste fiscal), que, si bien establece la prohibición del ajuste a las pensiones, explícitamente estipula en forma clara y contundente: “EXCEPTO EN LO QUE CORRESPONDE A COSTO DE VIDA”.

Lo anterior, pone en evidencia una violación más a nuestros derechos, que estamos seguros usted no querrá seguir cohonestando en su Presidencia y conforme a su estilo de gobierno, dará las instrucciones pertinentes a quien corresponde, para que ese incremento que está AUTORIZADO POR LEY, se aplique sin dilaciones.

Atentamente,
M.Sc. Yamilette Jenkins A.
Presidenta
Asociación Jubilados en Acción
Cédula Jurídica 3-002-794-493

El silencio de los inocentes

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Pudo más la discusión de élites sobre el cierre de un complejo de entretenimiento, la defensa de cierta libertad de expresión que no asume la libertad de expresión completa y el pulso que, en palabras de Serrat, procuraba medir el tamaño no del cerebro, sino de otro órgano con el que se demuestra virilidad.

Pudo más ese escenario mediático y espectacularizado, que la peligrosa instalación en las últimas dos semanas de un núcleo recesivo en materia de poblaciones migrantes.

Pasó hace unos días en Guanacaste. Concretamente en la comunidad de El Silencio en Huacas de Santa Cruz. Una mujer, dos de sus hijos, un sobrino de esta y el cuñado de uno de los hombres, fueron acribillados a balazos.

Las autoridades dirían entonces que al parecer se trató de una equivocación en un ajuste de cuentas dirigido a personas que vivían anteriormente en la vivienda donde fueron cometidos los asesinatos. Tres de los hombres tenían un poco más de una semana de haber llegado de Nicaragua en busca de trabajo.

En medio del barullo de élites que todo lo ha copado, esta noticia pasó prácticamente desapercibida, como anecdótica fue la acción de discriminación que experimentó el jugador nicaragüense Byron Bonilla al negársele a salir con la bandera de su país a recibir su medalla de campeón del torneo de fútbol de primera división costarricense. La acción fue reparada, pero quedó marcada en la epidermis de Bonilla: “llevo la bandera de mi país adonde vaya”, respondería entonces el jugador al agravio.

Este escenario complejo para las relaciones de convivencia en un país que desde hace tiempo perdió su locus horizontal, tiene su correlato, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en la producción y distribución de discursos que alimentan odios exacerbados y nacionalismos decimonónicos que asumen la defensa de una patria pétrea, descartando a quienes no son “ciudadanos legítimos”.

Pasó por alto el crimen de la familia nicaragüense en medio de la escaramuza interburguesa (acepción que tomo prestada de colegas con más experiencia que la nuestra en el análisis social), pero quizá lo más impactante haya sido el silencio colectivo sobre este hecho, una forma de desinteresarse por esos otros cuerpos que no importan.

Los núcleos duros de conservadurismo instalados ya en la sociedad costarricense deben ser contrarrestados con el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, somos importantes para el desarrollo del país. Ya no más el silencio como política, ya no más inocentes en la primera línea de fuego.

Desastre minero en Abangares: una muestra de la inviabilidad de la minería a cielo abierto en ecosistemas tropicales

-El deslave tóxico se da en vísperas de una anunciada visita de Rodrigo Chaves a Crucitas

(FECON, 16/07/2022) Toneladas de desperdicios mineros contaminan el rio Santa Lucía en Abangares de Guanacaste este viernes 15 de julio. En horas de la tarde los vecinos y vecinas del lugar alertaron de la matanza de la fauna silvestre en la zona cuando se rompió una de las paredes de un depósito dónde se acumulaban lobos tóxicos, posiblemente residuos de metales pesados, mercurio y cianuro. Estos desechos bajaron por el río Santa Lucía, para luego llegar al río Abangares, el cual desemboca en el Golfo de Nicoya.

La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares emitió una advertencia a la población sobre el deslave. La UCADA recomendó “no se acérquese a los ríos, debido a que, aparentemente, se habría roto una pila que contenía cianuro, material que habría llegado a los afluentes”.

Según el medio Elpaís.cr los terrenos donde se encuentra la laguna de lixiviación eran propiedad de la minera canadiense MCC Minning. Empresa que en 2011 ya operaba con grandes cuestionamientos y que el 19 de agosto de ese año, la Dirección de Geología y Minas solicitara el cierre de la planta de beneficiado de oro.

La minería metálica a cielo abierto en las zona tropicales conllevan riesgos inaceptables. En lugares donde las precipitaciones son abundantes, los daños ambientales son profundos y por si fuera poco, tardan décadas en ser remediados. Pero además su mitigación es muy difícil. En Costa Rica la vulnerabilidad ambiental ante la minería de metálica se suma otra vulnerabilidad: la institucionalidad minera obsoleta, escueta y con escasas herramientas de control y auditoría ambiental, como ha quedado manifiesto en esta caso.

Esto es más que suficiente para mantener la prohibición minera y no aventurarse nuevamente en la irresponsable explotación minera.
El presidente Rodrigo Chaves visitará Crucitas, en Cutris de San Carlos, sólo un día después del desastre en Abangares de Guanacaste. Sería irresponsable de parte del mandatario y su ministro de ambiente, Franz Tattenbach, que viendo lo sucedido hoy en el río Santa Lucia, piensen siquiera en explotar Crucitas.

Tardaran décadas enteras antes de que la cuenca del río Abangates se recupere. Se ha generado un daño irreversible en las fuentes de agua de la zona y sus ecosistemas ripiarios. Las personas que viven en la zona y las poblaciones de animales silvestres se enfrentan a toneladas de lodos tóxicos que contaminarán incluso gran parte del Golfo de Nicoya y su vida marina. Es tarde para evitar el desastre ambiental en el río Abangares, pero estamos a tiempo de evitar que Crucitas siga el mismo camino.

Más imágenes aportadas por FECON:

Resolución 2022-0952 que anula condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez

SURCOS comparte la Resolución 2022-0952 del TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA PENAL del Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, emitida a las dieciséis horas veinte minutos, del cuatro de julio de dos mil veintidós con la cual se anula la condena a Carlos Andrés Pérez Sánchez que había sido por un tribunal penal anterior y «se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde». El documento fue remitido a este medio por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU). Puede descargar el PDF en el enlace que aparece abajo.

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia que condenaba a Carlos Andrés Pérez Sánchez

A la opinión pública nacional e internacional: anulada la sentencia
que condenaba a
Carlos Andrés Pérez Sánchez
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Las organizaciones sociales, populares y sindicales manifestamos con satisfacción que en el pasado 15 de julio se dictamina la ANULACIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DEL JOVEN OBRERO CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, víctima de la sistemática política de criminalización y judicialización de quienes ejercen el DERECHO HUMANO A LA PROTESTA SOCIAL en Costa Rica, quien fue detenido en el contexto de la Huelga contra el Combo Fiscal (2018). Sentencia que fue dictada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, el pasado 22 de marzo de 2022, condenado por el supuesto “delito de atentado contra planta, conductores de energía y de comunicaciones, en perjuicio de la seguridad común.”

Este logro es fruto de la articulación de diversos sectores, actoras y actores sociales, populares y sindicalistas quienes, a nivel nacional e internacional que tenemos la total convicción sobre LA INOCENCIA DE CARLOS ANDRÉS; así nos unimos a él y a su familia incondicionalmente, desde el 2018 cuando fue detenido arbitrariamente 100 días en el centro penitenciario Sandoval, Limón.

Destacamos el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña en contra de la sentencia N°200-2022. Ante el cual, el Tribunal de Apelación dictamina lo siguiente:

(…) que cumple con los presupuestos necesarios para su adecuado conocimiento en orden al examen integral del fallo, tal y como lo exige el numeral 8.2h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (…) Así las cosas, en virtud de todo lo expuesto, esta Cámara de Apelaciones considera que el fallo recurrido no se ajusta a los parámetros normativos establecidos en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política, ni a lo estipulado en los artículos 1, 9, 142, 180, 182, 184 y 363 del Código Procesal Penal, siendo palpable un defecto formal en su fundamento fáctico, intelectivo y jurídico, lo que implica la ilegalidad de la condenatoria impuesta al imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su condición de abogado defensor del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez, por lo que se anula en su totalidad la sentencia impugnada, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que, con distinta integración, proceda a resolver lo que en Derecho corresponde.

POR TANTO:

Se declara con lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado José Miguel Villalobos Umaña, en su calidad de abogado particular del imputado Carlos Andrés Pérez Sánchez. En consecuencia, se anula en su totalidad el fallo recurrido, y se ordena el reenvío de la causa ante el Tribunal Penal de origen, para que con distinta integración proceda a resolver lo que legalmente corresponde. NOTIFÍQUESE. –”

(Firmada por el juez y juezas del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Edwin Esteban Jiménez González, Rosa María Acón y Laura Gabriela Murillo Mora. Expediente: 18-000244-1130-PE(12). Imputado: Carlos Andrés Pérez Sánchez. Ofendido: Refinadora Costarricense de Petróleo y otro. Delito: Atentado plantas conductoras de energía y comunicaciones. 17-07-2022)

Esta Anulación da fuerza para continuar junto a Carlos Andrés y su familia. A su vez, hacemos un llamado a todas las personas y organizaciones solidarias en lucha, a nivel nacional e internacional, recordando que este proceso judicial no ha concluido. SEGUIMOS EN ALERTA PERMANENTE vigilantes porque se garanticen los Derechos Humanos en Costa Rica y JUSTICIA PARA CARLOS ANDRÉS Y TODAS LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL EN COSTA RICA.

SEGUIMOS EN PIE DE LUCHA PORQUE ESTE PROCESO JUDICIAL CONTINÚA
CARLOS ANDRÉS ES INOCENTE

Anulada sentencia y condena contra Carlos Andrés Pérez Sánchez

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos.
ACODEHU

Informamos a la Opinión Pública Nacional e Internacional:

Sobre la nulidad de la Sentencia y la Condena, injustas contra el trabajador Carlos Andrés Pérez, de la Empresa RECOPE en Costa Rica.

Felicitamos a Carlos Andrés Pérez Sánchez, y a su abogado defensor, por esta merecida noticia y quedamos a la espera de la resolución del Tribunal de Apelación que aplicó la justicia para este obrero sindicalista, que recibió dos sentencias y condenas totalmente injustas en su condición de luchador social, por haber participado activamente en la HUELGA NACIONAL, aprobada en el mes de setiembre del año 2018, en la que el movimiento sindical y social Costarricense, se movilizó contra el Proyecto de Ley conocido como el Combo Fiscal. Proyecto nefasto, de contenido neoliberal, con serias repercusiones para la clase trabajadora y sectores empobrecidos del País.

El movimiento social, las y los defensores de Derechos Humanos, la prensa alternativa y el sindicalismo que hizo causa común en la defensa de Carlos Andrés Pérez Sánchez, debe asumir esta resolución como un triunfo a favor de la protesta social y una afrenta a la criminalización de ese derecho humano fundamental que nos pertenece.

LA PROTESTA SOCIAL ES UN DERECHO HUMANO, NO UN DELITO”

JUNTA DIRECTIVA DE ACODEHU

San José, 15 julio 2022.

Nuevo “combo” atiza privatización del ICE

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

El gobierno del presidente Chaves Robles ha retomado proyectos de ley de las administraciones anteriores contra el ICE.  Uno de ésos es el expediente legislativo N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”. Este proyecto, sumado a otros 6 conocidos en diferentes momentos, son un nuevo “combo” contra el ICE, porque pondría en manos del reducido grupo de directivos nombrados políticamente que conforman el Concejo Directivo del ICE, la decisión de debilitar, reducir, vender y hasta desaparecer, si lo desean, una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.

Argumentar y usar las deudas del ICE como justificantes para deshacerse de los activos del ente estatal, es decir, para privatizarlo, es desleal con el Estado social costarricense.  En ese aspecto el proyecto de ley resulta completamente contrario a la realidad integral con que se debe analizar el problema. Dice el proyecto de ley que “Reducir las deudas del ICE es una necesidad urgente y por ello las decisiones de ventas de activos es una acción que el ICE tiene que considerar para lo cual se quiere ratificar que se puede proceder con un acuerdo del propio Concejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 7).   Esta pretensión se expone en concreto así: “Artículo 3- El Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.  La venta de acciones de cualquier empresa del ICE deberá ser autorizada mediante Acuerdo el Concejo Directivo del ICE, el cual deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno.  La venta de activos de cualquier empresa del ICE se podrá autorizar mediante Acuerdo el Consejo Directivo del ICE” (Expediente n° 21.670, p. 9). Sólo este artículo debería movilizar a la sociedad costarricense para frenar este proyecto. 

El proyecto se fundamenta en un secuencia expositiva muy elemental, según la cual “el costo de la energía eléctrica ha venido aumentando de forma significativa en lo que llevamos de este Siglo XXI generando un impacto económico en las familias, comercios e industrias…” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Señala el texto que “La disminución del consumo eléctrico genera disminución de ingresos, pero no conlleva una disminución de costos, dado que la mayoría de costos del ICE en dicha área son costos fijos que tiene que seguirse pagando” (Expediente n° 21.670, p. 2).  Indica también que “…el aumento de tarifa reduce el consumo, la reducción del consumo reduce los ingresos, la reducción de los ingresos hace que el pago de los costos fijos genere un aumento de la tarifa, lo que termina nuevamente bajando el consumo y los ingresos del ICE”. (Expediente n° 21.670, p. 3).  

La respuesta a esa “espiral” de variables de economía de manual, es elevar exponencialmente la participación privada en el mercado eléctrico, olvidando, o negando, lo que está demostrado por entidades nacionales como la Contraloría General de la República, e internacionales, como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe: que los costos de la electricidad privada generada en Costa Rica son muchísimo más elevados que los del ICE, y que Costa Rica no tiene los precios de venta más altos de la región; 2 falacias que insistentemente repiten quienes pujan por privatizar el mercado eléctrico nacional y que más adelante detallamos.  En resumen, el proyecto de ley utiliza argumentos que los datos de entidades reconocidas desmienten.

En la justificación se dice que los proyectos BOT (Construir, Operar y Transferir) “…se crearon en el Capítulo II de la Ley 7200 como un mecanismo especial de financiamiento del ICE”, lo cual es absolutamente falso y crea confusión, pues como está más que demostrado, los pagos a los privados siempre fueron una sangría para el ICE y la sociedad costarricense:  23.9 millones de dólares sólo entre 2017 y 2019 fueron el exceso pagado a los privados, y en general US$ 3.141 millones entre 1989 y 2021.  Lejos de orientar al ICE a su recuperación y fortalecimiento real de sus finanzas, el proyecto de ley profundiza los problemas pidiendo doblar el plazo de vigencia de estos proyectos privados de 20 a 40 años.  En el artículo 4 propone una reforma al artículo 22 de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, ley 7200, del 18 de octubre de 1990, que en adelante diría: “Artículo 22- Vigencia de los contratos.  Los contratos de compraventa de electricidad podrán tener una vigencia de hasta cuarenta años, definiéndose el plazo del contrato en función de la vida útil de tipo de generación de que se trate, y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”. (Expediente n° 21.670, p. 10).

No existe relación directa entre un plazo de 40 años en favor de los privados y la posibilidad real de bajar los costos de generación y las tarifas para los consumidores finales.  Y ya dijimos que tampoco es cierto que la electricidad privada de Costa Rica es más barata que la pública, y que la electricidad en general es la más cara en la región centroamericana.  Hay contundente información que demuestra que el ICE es la empresa con costos más bajos en el negocio de la generación de electricidad en el país.  Ni siquiera las empresas con formato legal de cooperativa son más baratas que el ICE.  Coopesantos, por ejemplo, es la tercera empresa más cara en el país, sólo superada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y la JASEC.  Estos datos son más que reveladores, porque demuestran que esas empresas son incluso más costosas que cada uno de los 41 proyectos privados amparados en las leyes 7.200 y 7.508, que fueron analizados por la Contraloría General de la República en 2019.   Argumentar en general que el precio de la electricidad es alto, sin exponer estos datos y sin revisar con detalle el costo de todas las empresas privadas de todo tipo, frente a los costos de producción del ICE, equivale a negar información sin la cual no se pueden adoptar medidas que realmente permitan bajar el costo de la electricidad.

Es indispensable recordar además que otro factor que juega en favor de los nunca demostrados precios más bajos de los privados, es que las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”, servicios que “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”.  Por tanto “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad”, como lo ha reiterado la Contraloría General de la Repúbica.

La inclusión de ARESEP en el proyecto de ley para favorecer a los privados, únicamente reitera que ponen al lobo a cuidar las cabritas o al ratón a cuidar el queso.  El proyecto de ley confía a ARESEP cambios para favorecer el control y hasta eventual exportación privada de electricidad,  cuando ARESEP ha sido una entidad negligente en tanto que no ha hecho caso de las recomendaciones de la CGR de revisar, cambiar y ajustar las tarifas de renovación de contratos y compra a los generadores privados, con el fin de “resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”. 

El único transitorio del proyecto ordena que “La ARESEP deberá modificar en un plazo de seis meses a partir de la vigencia de ésta Ley, las metodologías tarifarias de energía eléctrica, a efectos de que el aumento de los plazos de financiamiento de los activos tenga un efecto en las tarifas de electricidad en beneficio de los usuarios (Expediente n° 21.670, p. 10).  El texto del proyecto resulta necio argumentando el “beneficio de los usuarios”, pero sin precisar cómo se logrará.  No cabe duda que reducir tarifas en general, pero en particular para la gente de menos ingresos, sería de total beneficio, pero es claro que doblando el plazo de vigencia de los contratos BOT, más bien se se refuerza régimen de pagos obligados a los generadores privados por parte del ICE y toda la sociedad. 

La Contraloría General de la República en su “INFORME N.° DFOE-AE-IF-00009-2019. Informe de Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 16 de setiembre, 2019”, dio a conocer con detalle las pérdidas cargadas al ICE por sobrepagos a los generadores privados, pero además, giró una serie de órdenes a diferentes entidades, incluida la ARESEP, pidiéndole “proponer las acciones que permitan resarcir los montos determinados y remitirlas a la Junta Directiva para lo de su competencia. Enviar a la Contraloría General una certificación en la cual consten los montos determinados y el envío de la propuesta de acciones para el resarcimiento de estos montos a la Junta Directiva, a más tardar el 29 de noviembre de 2019; así como, dos informes de avance semestrales acerca de la implementación de las acciones a partir del día hábil siguiente a la formalización de estas por parte de la Junta Directiva”.  Si hasta ahora las órdenes de la Contraloría han sido desatendidas por el ente regulador, por qué el proyecto de ley pide que “…ARESEP ajuste sus metodologías tarifarias, a efectos de que el aumento en los plazos de los financiamientos de los activos, genere un beneficio tarifario a los usuarios…” (Expediente n° 21.670, p. 8). En otras palabras, el historial de ARESEP se ha inclinado a favorecer a los generadores privados y la pretensión del proyecto es reafirmar esa tendencia.

Por décadas se le ha mentido a la gente al no darle la información completa sobre el “subsidio” del ICE a los privados, lo cual constituye una de las razones del supuesto menor costo de la electricidad privada.  El proyecto de ley N° 21.670, reitera esa condición de falacia, pues únicamente se detiene a exponer sobre la crisis financiera del ICE, pero sin exponer sus causas, una de las cuales es, precisamente, tener que soportar, por las leyes 7.200 y 7.508, los millonarios pagos a los generadores privados.

En cuanto al costo comparado de la electricidad en la región centroamericana, los datos oficiales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Caribe,  en diciembre de 2017, colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana”, como lo hemos explicado con detalle en texto previos:  “Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62.   Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil”.

Adicionalmente, este proyecto de ley retoma de manera acrítica el discurso sobre la electricidad como energía limpia.  Indica el texto que “El segundo aspecto sobre la matriz eléctrica renovable, en Costa Rica se genera la electricidad a partir de fuentes renovables en un 98,60%. Se trata de un logro ambiental motivo de orgullo y debemos agradecerlo a quienes desde los orígenes del ICE tuvieron la visión de construir fuentes de generación renovable aprovechando las riquezas de nuestros recursos naturales”. (Expediente n° 21.670, p. 2).  Insiste, como todos los discursos oficiales y el cabildeo corporativo transnacional, en presentar la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible” haciendo caso omiso de la evidencia científica que lo desdice.  Con esto se “ajustan” a los estándares definidos en las cumbres climáticas cuyos diagnósticos no se han traducido en acciones contundentes para frenar las causas que corresponden a los sistemas de crecimiento económico ilimitado y la destrucción de los ecosistemas.  Ya se han realizado 26 cumbres climáticas, incluida la última de Glasgow 2021, y éstas no pasan de ser un escaparate para el mundo corporativo y los gobiernos que remozan sus diagnósticos y no se obligan a acciones contundentes.  A esto se suma que su concepto de “sostenible” es perfectamente compatible con la creciente exclusión social en todo el planeta.

En resumen, el Expediente N° 21.670 “Ley para el rescate de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas”, no debe ser aprobado porque:

  1. reafirma que el nuevo gobierno tiene la misma visión mercantilista de la electricidad que los anteriores, ya que retoma un proyecto que es un paso más en el proceso de privatización de ese servicio social.
  2. La ampliación de los contratos BOT de 20 a 40 años permitiría que un reducido grupo empresarial se siga beneficiando gracias a la obligatoriedad de que el ICE compre la electricidad que generan de acuerdo con la legislación vigente, pero además abre nuevas opciones de exportación.
  3. Permitirá la venta de activos del ICE, es decir del patrimonio público de la institución, con un simple acuerdo del Concejo directivo, lo cual constituye una vía rápida de privatización. Como ya indicamos, esto es gravísimo en tanto que se le da a un grupo de mandos altos, nombrados políticamente, decidir sobre una de las instituciones más importantes para el bienestar colectivo de la sociedad costarricense.
  4. Reafirma la falacia de la hidroelectricidad como “energía renovable” o “sostenible”, lo cual ya resulta un lugar común y una irresponsabilidad en todo el mundo, en tanto que desconocen u ocultan deliberadamente todas la evidencias que certifican lo contrario.
  5. Se aleja completamente del objetivo que hemos formulado desde hace décadas organizaciones comunitarias y ecologistas de muchísimos países, de revisar, reconstruir, crear e implementar matrices energéticas y, en particular modelos de electricidad, que respeten a la gente y a las comunidades, y sobre todo a los pueblos originarios asediados, desplazados y hasta masacrados por miles de hidroeléctricas en todo el mundo. En la “Movida global” realizada en Costa Rica en el segundo semestre del 2021, explicamos desde muchos países y con todo detalle, los letales impactos de las hidroeléctricas.
  6. Finalmente, decimos que se trata de un nuevo “combo” contra el ICE porque este proyecto se une a otros 6 que han desfilado por la Asamblea Legislativa; como parte de un conjunto de cambios legales propuestos para desestatizar, privatizar y desnacionalizar el servicio eléctrico.   Los otros proyectos son:
  • expediente legislativo n° 22.601 “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, 
  • expediente n.° 21.606 “Proyecto de ley para una efectiva integración de Costa Rica al   mercado   eléctrico   regional” (archivado), 
  • expediente n.° 22.989 “Proyecto de ley modificación al artículo 2 de la ley 10.086 promoción y regulación de los recursos energéticos distribuidos”, 
  • expediente nº 22.561. Ley para la autorización a los generadores de electricidad para la venta de excedentes de energía en el mercado eléctrico regional,
  • expediente nº 22701. Ley de fortalecimiento en la venta y exportación de electricidad a asociaciones cooperativas, empresas distribuidoras y de servicios públicos municipales, y,
  • expediente n° 23.071. Ley del centro nacional de control de energía eléctrica (CENCE) para generar prosperidad para todos y una mejora en la competitividad del país

Asegurar flujos permanentes de recursos del ICE a los generadores privados jamás será un mecanismo que permita “contribuir a que las tarifas no sigan subiendo y proteger el patrimonio del ICE” (Expediente n° p. 8).  Por el contrario, de aprobarse este proyecto de ley la sociedad costarricense deberá seguir subsidiando y agrandando la fortuna de un grupo de empresas privadas que no contribuyen al bienestar social por cuando su negocio no es imprescindible para el país.

23.991.456 millones de dólares entre 2017 y 2019 como exceso por falta de regulaciones y controles eficientes y en general US$3.141 millones entre 1989 y 2021 pagados a los privados, son cifras que deberían obligar a la Administración del ICE a rendir cuentas sobre los negocios realizados con los generadores privados y, de manera urgente, exigir que ARESEP responda por sus deficientes actuaciones, en lugar de confiarle un nuevo capítulo del negocio de la electricidad privada que inició el 18 de octubre de 1990 con la ley N° 7200.  El ICE, aún con sus debilidades, sigue siendo una empresa estatal de muy buen desempeño,  y si la evaluamos por su aporte a la calidad de vida como parte del Estado social, es sin duda mucho mejor.

Mujeres Mano de Tigre invita a defensora a no «alarmarse» y actuar

SURCOS comparte la carta enviada por Elides Rivera Navas, presidenta de la organización de Térraba Mujeres Mano de Tigre a la jerarca de la Defensoría de los Habitantes Catalina Crespo Sancho. En la nota se invita a la funcionaria «… a no alarmarse, sino a actuar y abrir diálogo propositivo y efectivo en busca de la paz y el respeto a la diferencia étnica que corresponde a los pueblos indígenas, que también tienen derechos humanos y territoriales… «.

Esta es la nota enviada:

Térraba 10 de julio 2022

Señora Catalina Crespo Sancho
Defensora de los Habitantes de Costa Rica

Le extiendo un fraternal saludo de parte de la Organización de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Orcuó-Dbón) del Territorio Indígena Térraba.

Con suma preocupación hemos hecho de nuestro conocimiento los reportajes del medio informativo La Extra, donde su persona se ha reunido únicamente con personas de la parte conocida por sus intereses como foráneos o no indígenas, en el territorio hermano de Salitre, personas que buscan legitimar sus conveniencias de posicionarse de las tierras indígenas; dicho medio informativo, señala que su persona se «espanta» de la situación y que además ve con gran preocupación el conflicto en los territorios del Sur.

Señora defensora, la situación empieza desde 1977 cuando se aprueba la ley indígena 6172, donde se delimitan los territorios y se reducen a pequeñas áreas que oficializa el catastro nacional, pero desde ese entonces ningún gobierno o institución encargada de velar el cumplimento de la misma se interesara por hacerlo realidad.

Los tres poderes del Estado han optado por hacer su mirada a otra dirección y se ha generado lo que hoy se mira como conflicto, los mismos grupos de siempre que han explotado las tierras indígenas y a sus pueblos en su favor hoy denuncian e invocan no objetividad de funcionarios de la defensoría y otras instancias nacionales e internacionales, porque estos no se han rendido a sus mentiras y manipulaciones.

Me refiero de manera enfática a la señora Maryuri Herrera Castro y al señor Álvaro Paniagua, actual director del departamento de la niñez y adolescencia de la DDH, los cuales son mencionados en discursos llenos de mala fe con el fin de menoscabar sus capacidades en el tema de Derechos Humanos, cuando su reputación como profesionales ha sido siempre intachable e integra.

Desde hace 10 años enfrentamos los brotes de violencia en el cantón de Buenos Aires por el grupo de personas que se reunió con su persona en Salitre, dirigidos (en parte) por Thais Vidal, y como efecto de dichas acciones hemos enfrentado los asesinatos de dos compañeros defensores de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas, así como un sin fin de situaciones que se encuentran en los juzgados que corresponden, este grupo organizado que se mueve en todos los territorios indígenas del cantón de Buenos Aires, todas estas denuncias han llegado a la defensoría a su despacho donde ha podido constatar la información de hechos de violencia, abusos, y la criminalización de la defensa indígena.

Hacemos de su conocimiento que la señora Vidal no es indígena como ella aduce, ya que en los tribunales quedó demostrado a través de un peritaje cultural, además fue desalojada del territorio de Salitre por usurpar tierras indígenas.

Señora Catalina Crespo; señora Defensora, la invitamos a no alarmarse, sino a actuar y abrir diálogo propositivo y efectivo en busca de la paz y el respeto a la diferencia étnica que corresponde a los pueblos indígenas, que también tiene derechos humanos y territoriales en las instituciones gubernamentales, que la asamblea legislativa apruebe presupuesto para que se liquide a quién corresponden las indemnizaciones y con el Ministerio de Seguridad Pública ejecutar los desalojos que corresponden, con el instituto Mixto de Ayuda Socia ly el Instituto de Desarrollo Rural, para que las familias que no ostenten indemnización y lo ameriten, puedan ser atendidos como corresponde como seres pertenecientes a la sociedad costarricense.

Con el más profundo respeto exhortamos a su persona desde su investidura para que actúe cumpliendo los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y apegados a la justicia como primer pilar de la democracia.

Atentamente:

Elides Rivera Navas
Presidenta de Mujeres Mano de Tigre

Información compartida con SURCOS por Pablo Sibar.

La obtención del 4to. Campeonato del Club Sport Cartaginés: un hecho histórico y un fenómeno social

German Masís

Ha ocurrido el hecho deportivo, han caído los mitos, se ha quebrado la hietatura, se han alineado los astros o simplemente se han dado las circunstancias, Cartaginés es campeón de futbol por 4ta. ocasión en su historia, después de 81 años y poco más de seis meses de no lograrlo, pero este acontecimiento, no tiene únicamente explicaciones futbolísticas, también tiene explicaciones sociales y culturales, como un hecho histórico y un fenómeno social que trasciende el deporte.

Algunos comentaristas y periodistas deportivos ligados a los medios de comunicación han analizado en las últimas horas los factores que pudieron estar presentes en el triunfo del Club Sport Cartaginés y en la obtención del 4to campeonato desde su fundación en el año 1906.

Sin embargo, mencionar que la conformación de un cuerpo técnico fuerte y la participación de una defensa y un portero sólidos, de jugadores de experiencia y liderazgo, de delanteros rápidos y acuciosos, pueden haber facilitado los resultados obtenidos en las dos series contra la Liga Deportiva Alajuelense y podrían ser los factores que expliquen el logro del título, pero son insuficientes para explicar este acontecimiento futbolístico, ya que posee connotaciones históricas y sociales que es necesario esclarecer.

En primer lugar es un acontecimiento histórico, que marca un hito en la historia del equipo cartaginés, como un hecho relevante que quedará en la memoria histórica, supone un punto de inflexión, pues es un quiebre y un giro importante en la historia de la institución y convierte a los diversos actores que intervinieron y a los lugares en que se realizó, en sujetos históricos, que propiciaron y serán testigos de excepción de la gesta histórica.

En segundo lugar, la consecución del campeonato por parte del CS Cartaginés, es un fenómeno social (y probablemente sociológico), ya que involucra a una organización social y se efectúa en un entorno social, la provincia de Cartago y en circunstancias muy particulares que pudieron haber favorecido el éxito alcanzado.

Pese a los mitos y leyendas existentes sobre la no obtención del título en ocasiones anteriores (la celebración en la Basílica en 1941 y los caballos que ingresaron a ella), en realidad no haberlo logrado en momentos como la época del Ballet Azul, la posibilidad en 1973, la pérdida de las finales de 1987, 1996 y el 2013 y hasta el descenso a segunda división, se debe única y exclusivamente a circunstancias deportivas desfavorables internas y externas, regulares e irregulares (incluyendo los fallos arbitrales) que no lo hicieron posible.

Los mitos y prejuicios que se generaron en la misma provincia y fuera de ella, sobre una supuesta maldición y sobre el carácter perdedor del equipo, lo que generó con el tiempo fue una cierta mentalidad colectiva con tintes negativos, que en algún momento pudo haber afectado las decisiones de los dirigentes y el potencial del grupo de futbol (técnico y jugadores) , pero que de ninguna manera determinó que el equipo nunca volvería a ser campeón y que si se dieran las circunstancias propicias podría volver a lograrlo.

En esa mentalidad colectiva y en ese ambiente negativo que ha rodeado al Club durante varias décadas, ha sido notable el papel de los medios de comunicación en su papel de reiterar y generar noticia a partir de los fracasos futbolísticos, de algunos dirigentes nacionales de otros equipos que han aprovechado para desprestigiar al CSC y llevar agua a sus molinos y también de los dirigentes locales, que no supieron manejar la institución, impulsar una mentalidad ganadora y no generaron las condiciones adecuadas para el éxito deportivo.

No obstante, es bueno señalar que los mitos y leyendas, los prejuicios y los fracasos deportivos del pasado, no generaron únicamente una mentalidad colectiva con rasgos negativos, también generó una mentalidad positiva, que se expresa en una afición con una de las mayores identidades con su equipo y su provincia, dirigentes sanos dispuestos a aceptar el desafío, además de un sueño colectivo que ha permeado incluso a los aficionados de otros equipos: que Cartago volviera a ser campeón.

De esta manera, lo único que se requería para volver a lograrlo, era que se diera las circunstancias propicias y en este año 2022 se dieron. Unos dirigentes comprometidos con el proyecto de conseguir un nuevo campeonato, dedicados y entregados a esa noble causa. Un cuerpo técnico humilde y trabajador con capacidad de convencimiento a cada uno de los jugadores de que con esfuerzo y sacrificio se pueden lograr las metas, pero también abierto y dispuesto a corregir el rumbo, una mezcla de jugadores de experiencia y juventud que dejaran de lado sus intereses personales y conformaran un grupo cohesionado y fuerte mentalmente.

Junto a lo anterior, una afición fiel y apasionada que nuevamente creyó en el equipo y en sus dirigentes, acompañó y apoyó en todo momento, sabiendo que esta podría ser la ocasión esperada para dar el golpe y cambiar la historia. La afición es la fuerza y el respaldo, del movimiento social que siempre estuvo ahí y que de la manera más impredecible ha crecido entre las nuevas generaciones, evidenciando que se puede creer en los sueños y que se puede cambiar la realidad teniendo los actores y las circunstancias correctas.

No puede pasar desapercibido, el valor de la organización y la administración actual del club, en manos de Leonardo Vargas y su hijo, quienes han estado al frente de la toma de decisiones y de la gestión operativa de la institución, conduciendo el desarrollo del equipo, con inteligencia, aplomo y buen criterio y que en las series finales estuvieron atentos a todos los detalles de la preparación para los partidos finales, como los fogueos, la alimentación y la concentración del grupo, elementos que fueron decisivos.

Podríamos decir que en esta oportunidad se dieron las circunstancias apropiadas, convergieron una serie de aspectos organizativos, de grupo humano, de mentalidad, de nivel competitivo, de cultura deportiva e incluso ese toque de suerte, que en el pasado posiblemente no se dieron o solo se dieron parcialmente y que ahora tuvieron una expresión integral y consistente.

Debemos agradecer a quienes lo hicieron posible, el reconocimiento a la afición por la celebración apoteósica y ejemplar y la dedicación a quienes tuvimos la fortuna de ser parte de este hecho histórico y también a quienes ya no están, que fueron la inspiración y que hoy banderines azul y blanco en las bóvedas del cementerio los recuerdan por haber sido parte de este sueño.