SURCOS comparte la siguiente convocatoria:
«Compañeros (as): bendiciones. Convocatoria urgente a todos los líderes de todas las organizaciones civiles, comunales, sindicales, estudiantes, religiosos.
Este lunes 24 de octubre a las 5 pm en el edificio de Sintrajap.
Es urgente unirnos por la defensa de la institucionalidad de Costa Rica, dado el rumbo injusto y equivocado que marcan para Limón.
Este lunes 24 entonces 5 pm en SINTRAJAP.
FETRAL».
Freddy Pacheco León, biólogo
Dice en un audio un señor abogado (no identificado) que la Sala IV no tenía que haber emitido el fallo sobre el cierre del Parque Viva, porque eso correspondía a un tribunal de menor jerarquía. Sentimos que el caballero desdeña la gran importancia que encierra el derecho a la libertad de prensa y de expresión, al expresar que, por verse limitado indirectamente no debe ser visto por la Sala Constitucional.
Para nosotros es esencial el papel que juega la libertad de expresión (y de prensa) en el mantenimiento de nuestra sociedad democrática. Sin el debido respeto, directo e indirecto, a esas libertades, cuan amplias son, la democracia se erosiona, y de ese suelo degradado podrían brotar hierbas que peligrosamente limitarían el crecimiento del respeto al pluralismo y la tolerancia, y por ende, los medios de denuncia y control ciudadanos llegarían a ser inoperantes. Se avanzaría así, hacia sistemas políticos autoritarios, como ha sucedido en países hermanos del continente. Por ello, la Sala Constitucional nos reafirma responsablemente, su disposición a proteger la libertad de prensa y de expresión, aún ante amenazas indirectas como en el presente caso.
Razonablemente, no se puede dudar que el cierre de actividades del Parque Viva, reconocido públicamente como un elemento estructural de la empresa que publica el diario La Nación, tendría y seguramente tuvo, un efecto económico que eventualmente amenazaría con restringir por esa vía indirecta, la libre circulación de las ideas. Con el fallo de los señores magistrados de la Sala Constitucional, se sanciona un peligroso paso que pone obstáculos en el camino por el que habrá de avanzarse hacia el fortalecimiento de la libertad de prensa, vital como el de libertad de expresión, para la consolidación de la democracia. Somos testigos como en otros países se ha restringido la libre expresión por vías indirectas, por ejemplo obstaculizando el acceso al papel y otros materiales y equipos, o, muy evidente en nuestro país, discriminando a diversos medios de prensa con la contratación de espacios para la divulgación de comunicados oficiales. O por otros medios como el que motivó el presente caso.
Quiero dedicar estas palabras a mi Alma Mater, la Universidad de Costa Rica. Tengo plena conciencia de lo que las Universidades Públicas, y particularmente mi universidad, la Universidad de Costa Rica, significa para el destino de nuestro pueblo; como instancia del pensamiento académico, de laicidad, de libertad de conciencia. Es la madre que nos ha nutrido, que nos ha hecho fuertes para que a la vez nosotros llevemos su luz a nuestro pueblo.
¿Lo estamos haciendo?
¿Lo estamos haciendo?
En el momento presente la Universidad debe tomar la palabra, y lo hará a través de nosotros, sus hijos.
Levantemos esa honrosa carga. Pongamos a la Universidad en el centro de los grandes debates, en los que se sortea el destino de nuestras instituciones. Es hora de que hagamos retroceder la insolencia de los oportunistas y los ignorantes.
Expondré mi asunto en tres secciones
Una brevísima introducción histórica general a partir de la Independencia Patria en el contexto mundial.
Exposición de algunos aspectos político-económicos del País y del Mundo en el Siglo XX,
Consideraciones acerca de la función de Garantía que corresponde al Poder Judicial dentro del Estado.
A.- En el primer decenio del siglo XIX en que se gesta la independencia de América Latina, el Imperio Napoleónico está en momentos de auge y España tiene un Rey francés. Una revolución industrial basada en la máquina de vapor y la mecanización de la industria y los transportes ha tomado cuerpo en Inglaterra y pronto pasará a Estados Unidos y al norte de Europa Occidental.
En los decenios siguientes el Imperio napoleónico ha desaparecido, la monarquía francesa ha retomado el poder; y los reinos europeos firman la Santa Alianza para emprender una restauración anti-iluminista; mientras la industrialización iniciada en Inglaterra prospera rápidamente en Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Francia, los Principados Alemanes y el Imperio Austro-Húngaro, cuyas economías se expanden a costa de la clase obrera: es la época del Capitalismo Salvaje.
Por su parte, las flamantes Repúblicas Latinoamericanas pronto se ensarzan en luchas caudillistas y caen en manos de los banqueros, primero europeos, después norteamericanos. Su ingreso al mercado mundial se configura en la forma de productores de materias primas; mientras el Primer Mundo prospera, ellos no acceden a la industrialización ni al desarrollo económico; soportan el extractivismo de grandes enclaves empresariales extranjeros; y cada vez más frecuentemente presentan formas dictatoriales de gobierno. Europa transmite los ideales de la Cultura greco-latina a las elites criollas, pero sus banqueros cobran puntualmente los intereses de la deuda.
La rivalidad entre las potencias conduce a la Primera Guerra Mundial, que produce 7 millones de muertos y más del doble de heridos; y la crisis político-económica de uno de los beligerantes: la Rusia Zarista, hace posible el triunfo de la Revolución Bolchevique y la fundación de la Unión Soviética, cuya sola existencia va a modificar durante más de 70 años la actitud de los Estados capitalistas con respecto de sus obreros en todo el Mundo.
La iniquidad con la que se trató en Versailles a los vencidos de la Primera Guerra, produjo muchos de los gérmenes que condujeron a la Segunda, en la que una Alemania engrandecida y fanatizada por el Nazismo causó la mayor parte de los cincuenta millones de muertos, trágico saldo de dicha conflagración.
El final de la Segunda Guerra produjo la Organización de las Naciones Unidas y su antídoto: la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética que terminaría 45 años más tarde con el colapso de ésta y del Socialismo de Europa Oriental.
En el ínterin, la ‘empresa de negocios’ creció en la forma de gigantescos monopolios que se liberaron de los Estados nacionales y que, liderados por los grandes bancos, sometieron la Política a la dictadura de la Economía Financiera; y se dispararon en una competencia feroz que ha deteriorado el ambiente y ha producido el cambio climático que amenaza gravísimamente al Planeta.
El Neoliberalismo es la ideología de este movimiento, y sus brazos seculares son los sempiternos cancerberos reciclados: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que acosan al Tercer Mundo y le imponen la reducción al mínimo de los Estados nacionales.
Hasta ahora las expectativas que tenían nuestras jóvenes Repúblicas de llegar a constituir Estados prósperos y democráticos se han visto frustradas por sus propias debilidades y por la codicia y la mala fe las Naciones del Primer Mundo con las que nos tocó en suerte relacionarnos. Pero la Historia no ha llegado a su fin, como algunos sostenían, de modo que aún podremos aprender de los golpes recibidos y enderezar muchos entuertos que hemos venido padeciendo.
B.- Me refiero seguidamente a Costa Rica en los años de la Independencia. Una República paupérrima que padece de la casi inexistencia de instituciones educativas. Se estima en un 95% el analfabetismo. En 1821 sólo hay 1 abogado en toda Costa Rica: don Rafael Barroeta y Castilla, que fue miembro de la Primera Junta Gubernativa y muy probablemente, el principal redactor del Pacto de Concordia.
Y así. Por varios decenios continuamos padeciendo de un bajísimo nivel de instrucción general: todavía en 1864, a poco más de 40 años de la Independencia, a pesar de los esfuerzos de Castro Madriz y de la Universidad de Santo Tomás, el analfabetismo es del 75%
Un producto de lo anterior son las graves deficiencias en la preparación de los juristas nacionales durante el Siglo XIX y buena parte del XX; lo cual se revela claramente, entre otros aspectos, en su incapacidad de redactar leyes originales:
Otra muestra es que durante los primeros 20 años de vida independiente, la exProvincia de Costa Rica continuó aplicando la Legislación Colonial Española, incluyendo la Ley de Vagos del rey Fernando VII, que es de 1828, es decir, cuando ya llevábamos 7 años de independencia de España.
A partir de 1840 la legislación patria que se promulga fue copiada literalmente de leyes extranjeras: el caso es que nuestros tatarabuelos no tenían otra salida.
El Código General de Carrillo de 1841 es copia de los Códigos del General Santa Cruz (Bolivia)
El Código de Comercio de 1853 es copia literal del español de 1829.
La Legislación sobre Hipotecas y Quiebras de 1865 es una traducción que hizo el jurista alemán Fernando Streber de sendas leyes del Reino de Prusia.
El Código Penal de 1880 es en gran medida copiado del Código Penal Chileno.
El Código Civil de 1887 es copiado en gran medida del Proyecto que elaboró don Florencio García Goyena para España.
El Código de Procedimientos Civiles de 1887 es copia, algo abreviada, de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881.
El Código de Procedimientos Penales de 1910 está también copiado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española de 1872; etc.
Esta situación de dependencia, que fue el resultado objetivo de las debilidades que nos aquejaban en materia jurídica, se prolonga durante gran parte del siglo XX, con algunas honrosas excepciones, como la Ley General de la Administración Pública, la Ley de la Jurisdicción Constitucional y algunas más. Pero, en general, la situación imperante es reveladora de carencias importantes de nuestra formación jurídica que aún tenemos que corregir.
Todos requete-sabemos que el producto de exportación que introdujo a Costa Rica en la red del Comercio Mundial fue el café. Desde los años 30 del siglo XIX los exportadores costarricenses de café en grano empiezan a recibir divisas extranjeras y eso constituye un motor que potencia el mercado interno, las finanzas y las obras públicas, la banca, el consumo y la inversión.
Un grupo pequeño de cafetaleros se enriqueció notablemente en la segunda mitad del Siglo XIX y comienzos del XX, al combinar la producción del grano, el beneficiado, la exportación y la banca; y los gobiernos de entonces, controlados por ellos mismos, no quisieron ni pudieron gravar sus cuantiosas ganancias con impuestos adecuados, que habrían formado la base de una sólida estructura tributaria a futuro. Cuando lo intenta don Alfredo González Flores en 1916, es tumbado por un golpe de Estado proveniente de la oligarquía cafetalera a la que él mismo pertenecía. Y desde entonces hasta la fecha, Costa Rica ha carecido de aquella estructura redistributiva que fue el soporte del desarrollo de muchos Estados del Primer Mundo.
Gracias a lo que nuestros historiadores han llamado ‘la expansión de la cultura impresa’, provocada por la importación de pequeñas imprentas a partir de los años 30s del siglo XIX, la clase trabajadora nacional llegó a saber acerca de los progresos de la lucha proletaria de Europa y Estados Unidos y del pensamiento de izquierda, anarquista y socialista; hasta el punto de que en 1920, caída la Dictadura de los Tinoco, una huelga general que se riega por casi todas las ciudades del País, consigue que el Gobierno acepte la jornada máxima de 8 horas y un aumento salarial general del 20% .
Con vista del triunfo huelguista, la clase trabajadora inició una etapa caracterizada por una fuerte tendencia a organizarse en sindicatos y otras formas asociativas, aunque no hubiera ninguna ley que regulara esas organizaciones. La tendencia fue luego exacerbada durante la Crisis Económica Mundial, y ampliamente aprovechada por el Partido Comunista que se fundó en 1931 para estimular el desarrollo sindical y político de izquierda, y divulgar el pensamiento marxista; de manera que en el 43, cuando se promulgan las garantías Sociales y el Código de Trabajo, hay una clase trabajadora organizada en más de 200 sindicatos en la Meseta Central, que respalda con fuerza dicha legislación, la cual, en efecto, viene promulgada, a pesar de la furibunda oposición de la Oligarquía nacional.
Pero estamos ya en 1945: termina la 2ª Guerra Mundial y empieza la Guerra Fría.
A partir de ese momento los EEUU se proponen borrar de América Latina todos los gobiernos, los partidos y los sindicatos que, de cualquier modo, signifiquen ayuda o ventaja para el crecimiento de la influencia Soviética en nuestro Subcontinente y en el Mundo.
De modo que cuando estalla en Costa Rica el conflicto por la anulación de las elecciones del 48 y el levantamiento en armas de José Figueres, la Oligarquía criolla y el Departamento de Estado observan con complacencia el progreso de la insurrección, porque coinciden en el mismo deseo: arrojar del gobierno al trío Teodoro Picado, Calderón Guardia y Manuel Mora:
Por el lado de la oligarquía, el objetivo final es que desaparezcan el Código de Trabajo y las Garantías Sociales;
Por el lado del Departamento de Estado, el objetivo final es borrar el Comunismo de Costa Rica.
Ambos coincidían también en aceptar que sus objetivos fueran alcanzados mediante la toma del poder por parte de Figueres y su grupo.
Ahora bien, el resultado final que vino con el triunfo de Figueres, defraudó a la oligarquía: porque el Código de Trabajo y las Garantías Sociales se quedaron; pero complació al Departamento de Estado: porque el Partido Vanguardia Popular fue diezmado y proscrito durante 25 años; y durante ese mismo plazo nadie de izquierda pudo postularse para un puesto de elección popular; y el sindicalismo comunista fue, de ahí en adelante, borrado y perseguido implacablemente durante varios decenios hasta quedar eliminado en la Meseta Central.
Ahora bien, aunque es cierto que el Código de Trabajo y las Garantías Sociales permanecieron vigentes, de hecho sus potenciales efectos fueron minimizados,
a rechazar toda idea o proyecto proveniente de organizaciones sospechosamente comunistas
a renunciar a organizarse en sindicatos, y a no firmar convenios colectivos, ni promover conflictos y huelgas.
A odiar a sus hermanos trabajadores del sector público, porque éstos sí tenían sindicatos, firmaban convenciones colectivas y hacían huelgas, gozando por ello de un nivel salarial superior y mejores prestaciones laborales.
Porque lo cierto es que, con la sola excepción de los trabajadores bananeros, cuya historia es muy particular, tenemos que por más de 50 años, al no contar con sindicatos que los defendieran, al no contar con los convenios colectivos y el arma disuasiva de la huelga, los asalariados de los empleos y de las empresas privadas quedaron indefensos frente a los patronos: carecían de medios idóneos para defender sus intereses individual y colectivamente (POR EJEMPLO, no pudieron sostener una lucha eficaz por un aumento adecuado del salario, por la reducción de la jornada laboral, prestaciones familiares, educativas, etc.), de modo que la condición social y el nivel económico de ese sector mayoritario de los costarricenses fueron perdiendo terreno en general, y por contraste con lo que estaba ocurriendo con los trabajadores del sector público.
Pues, en efecto, gracias sobre todo a la institución del Servicio Civil, en Costa Rica el Estado/Patrono no puede aplicar el despido inmediato al empleado público, sino que debe justificarlo mediante un procedimiento administrativo cuya decisión final puede ser impugnada en vía judicial, etc., etc.
Así las cosas, los sindicatos públicos han podido en general resistir las arremetidas de los gobiernos. Lo cual, en la práctica, se ha traducido para ellos en estabilidad y permanencia en el empleo como situaciones normales. Lo cual ha permitido a los empleados públicos, en ejercicio de sus derechos legales y constitucionales, consolidar una experiencia sindical de lucha y negociación que dura ya varios decenios: que ha consistido precisamente en discutir y firmar convenciones colectivas para mejorar sus salarios, su seguridad laboral, sus vacaciones, su régimen de pensiones, etc., o recurrir al instrumento legítimo de la huelga como medida de presión.
Habiendo sido ésta la realidad laboral costarricense, el resultado en lo que ha correspondido a los empleados, los obreros y los trabajadores agrícolas del sector privado, es que los mismos han sufrido, por varias generaciones, un inicuo despojo en sus derechos sociales, económicos y culturales cuyas desastrosas consecuencias son inconmensurables, al cual me he referido extensamente en otras sedes.
La actual brecha económica existente entre ricos y pobres en Costa Rica, es un claro espejo que nos permite ver a dónde fueron a parar los recursos que, durante decenios, fueron escatimados a la clase trabajadora del sector privado, por no haber podido ejercitar oportunamente sus derechos y garantías laborales. Pero, naturalmente, el daño sufrido no se detiene allí, según lo que ahora voy a decir.
Mi tesis, basada en la experiencia histórica de otros países, es la siguiente: los trabajadores que están sindicalizados y han alcanzado seguridad, estabilidad, capacitaciones, promociones, mejoras, y más conciencia de sus derechos por medio del ejercicio de sus instrumentos de lucha: la huelga y las convenciones colectivas, están más motivados y mejor preparados para participar activamente en los procesos políticos nacionales y locales en defensa de sus intereses de clase.
Y viceversa: los trabajadores aislados, que carecen de protección sindical, que son explotados y no pueden ejercitar aquellos instrumentos de lucha, de modo que su estabilidad y sus condiciones de trabajo dependen de la voluntad unilateral de los patronos, suelen carecer de conciencia y motivación de clase, de modo que sus opciones políticas son inauténticas y oscilan al vaivén de la propaganda de las campañas electorales.
Lo anterior se confirma aquí, en la Meseta Central, con sólo comparar la actitud y las trayectorias del sector laboral público, sindicalizado, politizado y combativo, con las del sector laboral privado, ausente de la palestra político-social, invisibilizado e inerte. El primero, protagonista de históricas luchas cívicas y suscriptor de convenios colectivos que acarrearon bienestar y seguridad a sus trabajadores; el segundo disperso, soportando impotente despidos arbitrarios, fijaciones salariales por debajo del costo de vida y otros abusos semejantes, con un costo trágico para la gran mayoría de sus miembros, que forman parte del quintil más numeroso y más pobre en la estratificación económica del País.
Recapitulemos: lo que ocurrió es que la generación de los trabajadores del sector privado que protagonizaron la Huelga de 1920 y que formaron cientos de sindicatos en la década de los 40, son los padres de los trabajadores que a partir de 1948 sufrieron represión, persecuciones por ser sindicalistas, y la cancelación arbitraria de sus sindicatos; y son los abuelos y bisabuelos de los trabajadores del sector privado que, desde las décadas finales del Siglo XX y en lo que va del Siglo presente ya no participan en ninguna lucha y más bien dicen odiar los sindicatos.
Recordemos que a partir de 1948 los trabajadores costarricenses estuvieron, en su gran mayoría y por más de seis períodos electorales, privados de su legítimo derecho de optar por candidatos de la izquierda; y sometidos a la disyuntiva de no votar, o de hacerlo por alguno de los candidatos disponibles: los conservadores del Partido Unión Nacional o los socialdemócratas del Partido Liberación Nacional. De manera que, aparte de un alto porcentaje que se abstuvo, los restantes terminaron por inclinarse hacia Liberación Nacional, tal vez por ser aparentemente el más progresista de los dos (lo cual se manifestaba en el acelerado desarrollo de las empresas e instituciones públicas en el programa de dicho Partido, durante las administraciones de Figueres, Orlich y Oduber); y posteriormente por la opción Social Cristiana (o ‘Calderonista’) que reaparece con la candidatura del liberal José Joaquín Trejos Fernández.
Aquella masa amorfa de trabajadores a los que se les había cercenado su derecho a sindicalizarse, que nunca, durante más de 50 años participó en una huelga o firmó un convenio colectivo, en el plano de la política nacional aportó la materia prima de ese electorado costarricense mayoritario que conocemos, propio de la época del Bipartidismo, que no se expresa, que no protagoniza un rol propio en la esfera de lo público; que entonces oscilaba mecánicamente cada cuatro años, contribuyendo involuntariamente a conformar la elogiada “alternabilidad en el poder” que caracterizó un tiempo a la Democracia costarricense, según algunos panegiristas.
Si aquellos trabajadores, herederos de una honrosa tradición de lucha, no hubieran sido acosados durante tres generaciones hasta obligarlos a renegar de los derechos a la sindicalización y a la huelga (que eran y siguen siendo sus derechos legítimos); si no se les hubiera limitado su opción de voto durante 25 años; si no les hubieran llenado la mente de odios y temores, muy probablemente el panorama nacional de partidos, diputaciones y gobiernos hubiera sido muy diferente de lo que ha sido.
Al repasar el devenir político de ese período nos parece inexplicable, irrazonable que el electorado costarricense, formado mayoritariamente por las clases pobres, a partir de la Administración Monge Alvarez y hasta la fecha haya votado siempre por candidatos neoliberales que, usando alternativamente distintas etiquetas, siempre lo han defraudado; hasta que al fin entendimos que durante ese largo período, los pobres del campo y de las ciudades han sido adiestrados para optar por lo irrazonable.
El grupo de intelectuales que fundó en 1940 el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales: Rodrigo y Gonzalo Facio, Fernando Fournier, Carlos Monge, Isaac Felipe Azofeifa, Daniel Oduber, Jorge Rossi, Alberto Cañas y otros constituyó, junto con estudiosos como Emilio Valverde Vega y Alberto Martén, la base teórico-ideológica en que se fundó José Figueres y el Partido Liberación Nacional para consolidar los fundamentos normativos e institucionales del Estado Social de Derecho en Costa Rica, apoyándose para ello en los valiosos aportes de don Alfredo González Flores (Banco Nacional), de don Ricardo Jiménez (Instituto Nacional de Seguros) y de Rafael Angel Calderón Guardia (Universidad de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro Social), en asocio con Monseñor Sanabria y Manuel Mora (Garantías Sociales, Código de Trabajo); para no hablar de la precursora Fábrica Nacional de Licores, fundada por Juanito Mora en 1853. Entre todas estas instituciones destaca la Caja Costarricense de Seguro Social que en 1973, en la última administración de don Pepe Figueres, llegó a la universalización de sus servicios en beneficio de los más necesitados, y a mantener un ritmo creciente de expansión de sus servicios que sólo se detuvo por obra de los presidentes neoliberales a partir de Oscar Arias.
Aquel nuevo modelo del Wellfare State estaba constituido institucionalmente por la Banca nacionalizada (cinco bancos) y otras muchas instituciones y empresas de propiedad del Estado que cubrían una amplia gama de bienes y servicios: además de la Caja, el INS y FANAL ya mencionadas, estaban el ICE, CODESA, Acueductos y Alcantarillado, el Consejo Nacional de Producción, Fertica, Alcorsa, Cempasa, Incofer, Recope y otras. Era el Estado Empresario y Paternalista que permitió el protagonismo político y económico de las capas medias y el acceso general a los servicios públicos, pero continuó durante decenios alentando la persecución sindical y la neutralización ideológica y política de la clase trabajadora.
Modelo que a la larga mostró grandes deficiencias, no por aquello de que “el Estado es el problema” como decía el loro de Reagan siguiendo los dogmas neoliberales, sino porque la corrupción del poder y el burocratismo invadieron el Bipartido que acaparó el poder; y porque, por miedo al viejo fantasma del Comunismo, el proyecto nunca incorporó activamente a la clase trabajadora del sector privado, cuya productividad se mantuvo constantemente a la baja.
Al iniciar los años 80s tocaron a la puerta de los países del Tercer Mundo los filántropos del FMI y el Banco Mundial, dispuestos a salvarnos si adoptábamos sus Planes de Ajuste Estructural. En primera estancia salieron expulsados de Costa Rica por el Presidente Rodrigo Carazo, Presidente de la Dignidad, cuyo gesto le costó al País la revancha imperialista de una severa crisis económica, y a Carazo le costó la pulverización de su carrera política.
Pero Carazo tenía razón: los planes de ajuste estructural y luego los TLC con Estados Unidos no nos ahorraron las crisis económicas ni nos libraron de la deuda, que continuó creciendo, ni contribuyeron a sacar a los trabajadores del umbral de la pobreza; sólo sirvieron para engordar los bolsillos de las oligarquías nacionales y transnacionales y aumentar la dependencia de nuestros países.
El ajuste estructural del Estado costarricense empezó con Luis Alberto Monge (que pasó de joven sindicalista a viejo neoliberal) y siguió avanzando a ritmos variados con todos los demás presidentes que hemos tenido, hasta la fecha.
En el camino recorrido desde entonces, hemos visto el constante acoso y el paulatino desmantelamiento de nuestro Estado Social de Derecho: apertura del servicio bancario y cierre del Anglo y del Crédito Agrícola; las ventas de Fertica y Cempasa: empresas pujantes; la apertura de los seguros y la privatización del INS; apertura de la educación superior y acoso de las universidades públicas; el cierre de Incofer; apertura de la telefonía celular y acoso y desfinanciamiento del Ice; desfinanciamiento de la Caja y fuerte favorecimiento de los hospitales privados, que en pocos años se hicieron gigantescos; etc.
En particular, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad son sendos ejemplos, paradigmáticos de instituciones poderosas que fueron expresamente debilitadas y desmanteladas por Gobiernos y juntas directivas en los que predominaba el propósito final de suprimirlas, suplantando sus servicios por los de la empresa privada.
Por su parte, el TLC con los Estados Unidos significó, entre muchos otros inconvenientes, la perdida de la ‘soberanía jurisdiccional’ de los Estados Centroamericanos y la República Dominicana. Me explico: desde hacía más de un siglo nuestra Constitución (como todas las de Latinoamérica) disponía que los inversionistas extranjeros debían ventilar sus diferencias patrimoniales ante los jueces del País; ahora, por disposición del TLC, esos inversionistas pueden demandar al Estado ante paneles arbitrales internacionales; lo cual, de hecho, ha significado una inicua sangría en la económica de nuestros países y un grave debilitamiento para los Estados afectados.
Como quiera que sea, es notorio que el ajuste estructural que las citadas agencias financieras internacionales pretendieron empezar a implementar en Costa Rica durante la Administración Carazo, hace más de 40 años, no avanzó con la rapidez esperada por ellos y todavía se encuentra a medias. Eso tuvo que producir, en cierto momento, una reacción de parte de los ‘directores del proyecto’. ¿Qué pasa en Costa Rica? ¿Por qué la vigencia plena del TLC duró más de 4 años en completarse, e incluso estuvo a punto de naufragar, cuando en los demás países suscriptores tardó algo más de un año como promedio? ¿Por qué cada paso adelante del ajuste intentado por cada gobierno de turno en Costa Rica despierta reacciones populares que van desde marchas y bloqueos de carreteras hasta huelgas prolongadas de parte de maestros y escolares, transportistas, empleados públicos, estudiantes y profesores universitarios, etc?
Vino la reacción neoliberal: se tomaron algunas medidas: se endurecieron algunas leyes, se criminalizó la protesta callejera; menudearon las acusaciones, las detenciones y los juicios contra estudiantes y trabajadores. Pero como la cosa seguía, alguien propuso atacar directamente las fuentes de la resistencia, es decir: los empleados públicos, con sus sindicatos y sus fueros; y especialmente los maestros y profesores de escuelas y colegios públicos, así como las universidades públicas y su autonomía jurídica y financiera.
Porque, en efecto, quienes en estos tiempos neoliberales han defendido eficazmente a las instituciones autónomas no fueron sus juntas directivas; han sido los sindicatos del sector público, los estudiantes y profesores y sectores de población que responden al llamado de los partidos de izquierda.
Entonces pareció necesario que los gobiernos respondieran destruyendo aquellos focos de resistencia con sendas medidas puntuales, y las respuestas puntuales han aparecido en los dos últimos Gobiernos.
Porque, en efecto, podemos ver que, invocando maliciosamente una gravísima crisis fiscal, a partir del 2018 durante el Gobierno Alvarado se aprueban leyes dirigidas a centralizar poder en el Ejecutivo, y a debilitar instituciones como los órganos judiciales y las universidades públicas; a socavar los sindicatos públicos, derogar las convenciones colectivas, reformar las leyes laborales y desvirtuar la huelga como arma de lucha de los trabajadores.
Y respecto al Gobierno Chaves Robles, aunque apenas comienza, ya mostró el Presidente su talante autoritario frente al Poder Judicial, así como sus intenciones con respecto al FEES y al Banco de Costa Rica, lo que parece un claro indicio de continuidad de la línea seguida por el Gobierno anterior.
También se ha rebelado necesario en la política de ajuste estructural poner al servicio de la causa o, en todo caso, neutralizar toda instancia institucional de control jurídico que pudiera poner reparos; lo cual ya había sido advertido por las cúpulas políticas con respecto al Poder Judicial desde hace ya algunas décadas. De ello me ocuparé seguidamente.
3.- La función de garantía del Poder Judicial
Lo que hemos dicho de la situación del País en el Siglo XIX: su bajo nivel de educación en general; y lo que hemos dicho en particular de la Universidad de Santo Tomás en materia jurídica, ayuda a entender los problemas de la Justicia causados básicamente por la inopia de jueces y abogados y su deficiente formación.
Esto se refleja fuertemente en el diseño y la redacción de las Constituciones y la organización de la Justicia, generalmente adaptados o copiados de manera más o menos literal de modelos extranjeros. Así, a la pregunta que más nos interesa:
¿quién nombra a los jueces, conjueces o magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Las respuestas en Costa Rica oscilaron entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero, en todo caso, la solución que prevaleció y se mantiene hasta la fecha es básicamente la que ofrece la Constitución de 1859 en su artículo 69, inciso 3º:
“…Artículo 69.-Ambas Cámaras se reunirán en Congreso presidido por el Presidente de la de Senadores, para ejercer las atribuciones siguientes:
1ª.- (…)
2ª.- (…)
3ª.-Nombrar los Magistrados de la Cortes Suprema de Justicia y los Conjueces de que habla el artículo 132, sección 2ª, título 9º de esta Constitución: recibir a aquellos y al Presidente de la República el juramento constitucional: admitir o no las renuncias de todos los individuos de los Supremos Poderes; y resolver las dudas que ocurran en el caso de incapacidad física o moral del Presidente de la República, declarando si debe o no procederse a nueva elección…”
Con algunas variaciones, esa fórmula fue reproducida en la Constitución de 1871.
Ahora bien, en la época en que vivimos, en razón de los avances de la teoría política y la doctrina constitucionalista, sabemos que poner el destino de los llamados a juzgar en manos de los que serían juzgados por ellos es UNA PÉSIMA SOLUCIÓN; pero nuestros tatarabuelos no se percataron, debido a su impreparación jurídica y al atraso general de la doctrina de la época en materia constitucional.
Sin embargo, muchas concepciones jurídicas operantes en ese mismo tiempo, como el trato vejatorio dado a los llamados “hijos naturales”, la prisión por deudas, los delitos de adulterio y de sodomía, las penas de mutilación corporal, etc., ahora son rechazadas por bárbaras o simplemente anticuadas y fueron derogadas de todos los códigos civilizados.
¿Por qué sigue vigente entre nosotros aquella antigualla del nombramiento de los magistrados por parte del cuerpo legislativo, que quedó consagrada en el artículo 158 de la Constitución ( que dice literalmente:
“…ARTÍCULO 158.-Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por un período de ocho años y por los votos de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. En el desempeño de sus funciones, deberán actuar con eficiencia y se considerarán reelegidos para períodos iguales, salvo que en votación no menor de dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa se acuerde lo contrario. Las vacantes serán llenadas para períodos completos de ocho años…”)?
Porque creó redes de poder institucional a las cuales sus titulares (aparentes y ocultos) están fuertemente apegados.
Este sistema de nombramiento de los magistrados de la Corte había sido denunciado en 1907 por don Antonio Zambrana, jurisconsulto cubano que ejerció una benéfica influencia sobre la flamante intelectualidad costarricense de fines del siglo XIX y comienzos del XX.
Apuntaba certeramente Zambrana que dicha forma de nombramiento introduciría la política en la administración de la Justicia; y muchas pruebas elocuentes de ello fueron aportadas por varios diputados procedentes de distintos partidos, en los debates de la Asamblea Constituyente de 1949.
Leyendo las actas respectivas se comprueba que todos los diputados que intervinieron en la polémica alrededor de la propuesta de la Fracción Social-Demócrata, estaban de acuerdo en que el sistema de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa había dado pésimos resultados en lo que iba del siglo; que durante la vigencia de dicho sistema se habían registrado abusos y humillaciones contra magistrados que habían sido intachables, como don Alfonso Barrantes, el presidente don Luis Dávila y otros.
Sin embargo, no hubo acuerdo en la Constituyente sobre los cambios a implementar, y al final ocurrió lo increíble: quedó aprobada una versión del viejo e impresentable sistema de las Constituciones del 59 y del 71, que todos criticaron y nadie defendía.
Así las cosas, después del 49 los gobiernos liberacionistas ejercieron por mucho tiempo un discreto dominio sobre la Corte Suprema, que se notaba sobre todo en los mayoritarios rechazos de los recursos de Hábeas Corpus y de Inconstitucionalidad, y en un crecimiento de la impunidad en delitos de cuello blanco.
Una sana reacción de la Justicia contra la impunidad no provino entonces de la Corte, sino de los fiscales y jueces garantistas de primera instancia y de apelación, a través de un proceso gradual:
Figueres Ferrer y Oduber, con claros episodios de corrupción, nunca fueron molestados; Monge fue procesado y absuelto al final; no así su Secretaria, que resultó condenada. Poco después los nuevos jueces, fiscales y defensores hicieron el cambio a partir del cual muchos de aquellos delitos de cuello blanco fueron condenados; dos expresidentes fueron a la cárcel y un tercero se alejó preventivamente del País. En esa etapa nuestros jóvenes garantistas emularon a los magistrati italianos de la llamada ‘Operación Manos Limpias’, que a fines del Siglo XX escribieron una página gloriosa en la historia judicial del Mundo.
Entre tanto, la corrupción política había penetrado de nuevo por aquella brecha que ofrecía el nombramiento/enganche de los magistrados por parte de los políticos, lo cual quedó claro en el conocido affaire de la reelección presidencial, así como en la promulgación del TLC y sus leyes complementarias. Y después vinieron otros casos que todos recordamos, y que nos han permitido comprobar que el blanco preferente de los ataques ha sido la Sala Penal y la Sala Constitucional, pero que la Corte entera se encuentra en asedio.
Por esa razón está creciendo en el seno de la Judicatura toda, la exigencia de un cambio radical en la estructura de la Institución Judicial, que aleje de sus mandos todo tutelaje proveniente de las cúpulas políticas y de los poderes de facto. Es preciso que la Corte misma, y la propia Asamblea Legislativa, reaccionen en esa dirección, aunque ello signifique renunciar a prácticas de poder que halagan vanidades personales, pero que son fatales para la institucionalidad del País. La majestad de la Justicia debe ser restaurada por el camino de la independencia y la dignidad de sus sacerdotes.
Aunque está en sus inicios, el actual Gobierno muestra respecto del anterior una continuidad que nos permite percibir, por encima de ambos, la intensificación de la conducción superior del Fondo Monetario y del Banco Mundial, dispuestos a acabar con las resistencias locales (sindicatos, universidades públicas, partidos de izquierda) que estorban y retardan precisamente el proceso de ‘ajuste final’ del Plan de Ajuste Estructural.
Y al cabo da uno en pensar que quizás el Presidente Chaves Robles no ha dejado del todo el Banco Mundial, sino que siente a Costa Rica como un nuevo destino en su carrera proconsular: de ahí su tono, no de un presidente constitucional, sino de un mandarín, habitual quizás durante los años de su mandato asiático. Pero no hay que confundir: Indonesia, hasta hace relativamente poco tiempo, estuvo sometida al dominio plurisecular de una potencia colonial.
Debemos tener fe en las reservas democráticas de nuestro Pueblo, que no sin sacrificio conseguirá finalmente sacudirse las rémoras del fanatismo y la irracionalidad que acechan desde las tiendas de algunas organizaciones advenedizas. La movilización de la clase trabajadora que crece y se integra bajo renovadas agrupaciones sindicales, y la conciencia de los alumnos y los profesores de nuestra Alma Mater y otras universidades y corporaciones cívicas, feministas, indígenas, deben constituirse en la alternativa humanista y democrática contra los abanderados del ‘ajuste’ que, agitando las sinrazones financieras de la oligarquía transnacional, pretenden reducir y vanificar el Estado Social y Constitucional de Derecho, transformando la comunidad ciudadana en un puñado de “recursos humanos”, y en mercancía el sagrado territorio.
Esto es un llamado a renovarnos, agruparnos y luchar. Otro mundo es posible.
Nota editorial: Puede descargar el PDF para imprimir y compartir.
SURCOS comparte la transcripción de las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la presentación a la prensa nacional y extranjera, de la actualización del informe nacional en virtud de la resolución 75/289 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. (Período agosto 2021- febrero 2022).
Agradezco su presencia.
El 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará por trigésima ocasión el tema de la agenda titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.
Esto ocurrirá en un contexto especial, marcado por los efectos devastadores del huracán Ian, por los efectos de una crisis global multidimensional que incluye una crisis económica internacional y una amenaza inminente de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, crisis de salud, y otras. En un contexto también de recrudecimiento, sin precedentes del bloqueo contra Cuba, que viene de la segunda mitad del 2019, a partir de una política del Gobierno Republicano precedente de los Estados Unidos, de asfixia económica, de guerra económica, de buscar deliberadamente el colapso de la economía cubana y del país, sin medir las graves consecuencias humanitarias ni los impactos de ese objetivo, que nunca se cumplirá, pero que provocaría, sin lugar a dudas, consecuencias impredecibles.
El Informe, del cual disponen ya ustedes en línea, on-line, y dispone nuestro pueblo, nuestro país, y el Cuerpo Diplomático acreditado en La Habana, revela estos impactos.
No es un diseño nuevo el del bloqueo, pero si ha sido quirúrgicamente mejor diseñado, tomando como blanco cada uno de los principales ingresos del país, buscando con saña incrementar el impacto en la vida cotidiana de nuestra población, sobre la base de la mejor expresión de esa política que es el Memorandum del Subsecretario Lester Mallory de abril de 1960, que reconoce que el objetivo del bloqueo es deprimir los salarios nominales y reales, provocar hambre, desesperación, sufrimiento y el derrocamiento del Gobierno. La Ley Helms Burton de 1996 codifica esa misma política. Y en las medidas de máxima presión contra Cuba, las más de 200 sanciones adicionales de bloqueo aplicadas por el presidente Donald Trump, se buscan esos mismos y crueles objetivos.
Voy a dar un dato nuevo. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3 mil 806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un período reducido como el de estos siete meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según datos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana, en 4,5% en ese periodo, de no haberse aplicado esas medidas.
Durante los 14 primeros meses del gobierno de Biden los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6 mil 364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios, en daños y perjuicios.
En seis décadas, a precios corrientes, los daños acumulados suman 154 mil 217 millones de dólares. Cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular, subdesarrollada, como la cubana. Pero al valor del oro, es decir a la onza de oro, tomando en cuenta las depreciaciones, los perjuicios acumulados alcanzan la cifra enorme de 1 billón 391 mil 111 millones de dólares. Es decir, un millón de millones más 391 mil millones de dólares. Imaginen ustedes, imagine nuestro pueblo, lo que habría podido hacer Cuba disponiendo de esos recursos. Cómo sería Cuba hoy si el país habría dispuesto de esos recursos.
El bloqueo económico es el elemento central que define la naturaleza de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Fue fortalecido a niveles sin precedentes bajo el gobierno del presidente Trump.
Hoy la política del presidente Joseph Biden contra Cuba es lamentable e inercialmente la misma política republicana. No se han introducido cambios en esa política.
Se mantiene, y es tema de cada día, el diseño quirúrgico que persigue cada ingreso, cada fuente de financiamiento y de suministro del país. Son las regulaciones vigentes y es la conducta práctica actual de las autoridades estadounidenses.
El impacto tiene por tanto una dimensión mayor y desde el punto de vista humanitario más perversa y dañina.
El bloqueo ha pasado a una calidad agresiva que no había tenido en el pasado.
Pese a los anuncios positivos, en la dimensión correcta, pero extremadamente limitados, y prácticamente inaplicables, de mayo de 2016 por parte de las autoridades estadounidenses, el bloqueo no ha modificado en lo absoluto ni su alcance ni su profundidad.
El desempeño de la economía cubana en los últimos dos años ha estado marcado de una manera inevitable por la coincidencia de esos impactos con los de la propia pandemia de Covid-19, los gastos exorbitantes a los que obligó a nuestro país, y las consecuencias de las crisis internacionales incluyendo la escalada de precios de alimentos y combustibles más recientes.
Es una realidad inocultable la existencia del bloqueo. Nadie podría seria o sanamente afirmar que el bloqueo no existe o es un mero pretexto.
Es totalmente tangible y alcanza y daña a cada familia cubana, a los cubanos que residen en Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses y a las personas y empresas de todo el planeta.
Está dirigido a provocar la incapacidad del país para atender las necesidades fundamentales de la población.
El bloqueo provoca daños directos extremos por el engranaje integral de sus medidas, pero al mismo tiempo tiene el propósito cruel y práctico de privar al país de los ingresos financieros que resultan indispensables para adquirir suministros, equipamientos, partes y piezas, tecnología, software, y provoca entonces daños también en ese sentido. Es el caso por ejemplo de los alimentos, en medio de la situación de carencias, desabastecimiento, largas colas, ansiedad, en la población ante las dificultades incluso para asegurar la canasta básica, que requiere un esfuerzo de gran eficacia del Gobierno y las entidades, o para asegurar la vida cotidiana de las personas.
Es cierto que Cuba puede adquirir alimentos en otros mercados, y es cierto que adquiere alimentos incluso en los Estados Unidos. Pero el bloqueo priva a Cuba de los recursos financieros indispensables para hacer esas compras en los Estados Unidos o para hacer compras similares en terceros mercados. Volveré a ese tema.
El sistema electro-energético nacional atraviesa una situación extremadamente grave, que es resultado de serias limitaciones, de falta de combustible en algún caso y medida, pero sobre todo de obstáculos para adquirir piezas de repuesto y otros recursos, al privar al país de los financiamientos indispensables para hacerlo, más allá de que el bloqueo impide utilizar tecnologías estadounidenses, comprar en el mercado estadounidense. Es decir, es un efecto dual el del bloqueo, que hay necesariamente que tomar en cuenta.
No es solo bilateral, es extraterritorial. Es directo y al mismo tiempo priva al país de los recursos financieros en áreas en las que no hay prohibiciones específicas de compras en terceros mercados.
Cuba no puede adquirir, en ningún lugar, de ninguna manera, tecnologías, equipos, partes, piezas, tecnologías digitales o software, que tengan un 10% de componentes estadounidenses, lo cual es un impacto directo, tan grave como el de la carencia de divisas para garantizar suministros.
Las medidas de persecución directa, financiera, física, de extorsión, el efecto de intimidación, el efecto del elevado riesgo país resultado de esas acciones, persigue cada una de nuestras transacciones comerciales, de inversión o financiera, a partir de que coloca en graves dilemas a las compañías suministradoras.
Es el caso de las relaciones bancario-financieras. Decenas y decenas de bancos niegan servicios a Cuba ante el miedo a multas estadounidenses. Otras se ven obligadas a llegar a acuerdos a partir de acciones ilegales, extraterritoriales del gobierno de los Estados Unidos, para evitar esas multas. Y provoca un daño a una presencia natural del sistema financiero cubano en el similar internacional.
La persecución directa a productores, a transportadores, transportistas, a las navieras, a las aseguradoras y compañías reaseguradoras, dificulta gravemente y encarece en más de un tercio, y a veces hasta la mitad, nuestras compras de combustible.
Claro que esta situación ha habido que enfrentarla con medidas de emergencia, y nuestro pueblo comprende y acompaña las dificultades cotidianas que todos sufrimos, y al mismo tiempo asiste, contribuye a las inversiones y medidas paleativos que el Gobierno, en condiciones de atención de emergencia al sistema electro-energético y otras necesidades, cumple rigurosa y eficientemente. Es el caso, por ejemplo, de los apagones.
Entre enero de 2021, un dato nuevo, y febrero de 2022, se reportaron un total de 642 acciones directas por parte de bancos extranjeros que, ante la amenaza del sistema financiero estadounidense, se negaron a prestar servicios al país. En ese lapso reducido, 642 acciones contra bancos extranjeros. Acciones unilaterales, coercitivas, e ilegales, desde el punto de vista del derecho internacional de la ley nacional que rige la conducta de estos bancos, desde el punto de vista de las normas universalmente aceptadas del sistema financiero internacional.
Decenas de misiones diplomáticas, de embajadas cubanas hoy carecen de servicios bancarios.
En diversas latitudes, un ciudadano cubano particular, una persona jurídica natural, es privada de abrir cuentas personales por solo el hecho de ser un nacional cubano, lo que es profundamente discriminatorio.
La capacidad de producción de medicamentos del país se ha afectado gravemente por estos conceptos, como ya mencioné. Cuba produce el 60% de los medicamentos que necesita en lo fundamental. Pero para producir esos medicamentos necesita no solo algunas materias primas, partes y piezas, algunos componentes, sino necesita obviamente financiamiento, que la aplicación opresiva e integral del bloqueo impide llegar a nuestro país.
Frente a estas adversidades, frente a la hostilidad del gobierno de los EEUU, nuestro país no se detiene ni deja de renovarse.
Cuba cambia todos los días, y seguirá cambiando. Cuba se renueva todo el tiempo. Lo que no cambia, lo que no se renueva, lo que está anclado en el pasado, es la política de bloqueo.
Superamos la Covid con nuestras propias vacunas. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos, en el pico de la pandemia, aplicó exenciones, es decir, aplicó a decenas de países bajo medidas coercitivas o unilaterales, que estas fueran condonadas, flexibilizadas temporalmente, por razones humanitarias. Y se permitió a esos países bajo regímenes de sanciones, adquirir vacunas, adquirir oxígeno medicinal, adquirir ventiladores pulmonares.
¿Por qué no se incluyó a Cuba entre los países a los que se aplicaron esas exenciones temporales? Fue un acto deliberadamente cruel. Es el reconocimiento de que el bloqueo también asfixia y mata.
El gobierno de los Estados Unidos obstaculizó la adquisición de oxígeno medicinal en terceros países, cuando se produjo el fallo de nuestra planta principal que ocasionó una crisis en el país; que no produjo pérdidas de vidas gracias a un extraordinario y eficaz esfuerzo de nuestro pueblo, de las instituciones armadas, del sistema de salud y del Gobierno.
El bloqueo impidió la adquisición de ventiladores pulmonares. No nos detuvimos. Produjimos nuestros propios ventiladores pulmonares con prototipos cubanos.
La economía cubana atraviesa momentos de gran dificultad. No se han detenido las transformaciones, la creciente autonomía y desarrollo de la empresa estatal socialista. La expansión y el registro de miles de nuevas micro, pequeñas y medianas compañías, tanto estatales como privadas, fundamentalmente privadas. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la gestión de gobierno y de las transformaciones que aseguran los progresos de nuestro modelo socialista.
El referendo del Código de las Familias, recientemente concluido en medio de las dificultades que muestra un consenso mayoritario. Las transformaciones que aplica el país en todos sus ámbitos, sobre la base del principio de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de avanzar hacia un socialismo más justo, más humano, más democrático para todo nuestro pueblo.
Realizamos un esfuerzo sobrehumano hoy todos para rescatar los niveles de actividad económica que han sido gravemente afectados por las circunstancias que expliqué.
Se trabaja muy activamente para diversificando la matriz productiva. Hay una creciente participación de emprendimiento, como se les llama, de empresas estatales y no estatales en estos empeños y han aumentado las oportunidades para la inversión extranjera dentro de nuestras políticas de desarrollo.
El bloqueo sigue limitando estos esfuerzos, no renunciaremos nunca a nuestro proyecto de justicia social.
El rechazo al bloqueo fue uno de los temas más abordados en los discursos de los Jefes de Estado y Gobierno en el reciente período de sesiones de Alto Nivel de la Asamblea General a fines de septiembre. Cuarenta de ellos reclamaron de viva voz el cese de esta política. Algunos reclamaron la salida de Cuba de la lista arbitraria, e injusta, caprichosa, inmoral e ilegal del gobierno de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Otros agradecieron la cooperación, sobre todo la cooperación médica internacional, que Cuba brinda de manera modesta y callada.
Este debate general mostró fehacientemente que la política de bloqueo solo causa aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos, que tiene la oposición de la mayoría de estadounidenses, la mayoría de los cubanos que residen en los EEUU y en otros países, que recibe el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional y que ha de ser levantado a partir de que el mundo ha cambiado y algún gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacerlo.
Es universal el repudio a una política criminal que ni ha derrotado, ni ha alcanzado los objetivos que se propuso aunque provoca mucho daño humano, provoca sufrimiento todos los días en cada comida cuando la familia cubana se reúne en la noche en apagón, cuando hay dificultades para garantizar medicamentos para un enfermo, nuestro pueblo sufre.
Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin Bloqueo, mejor sin Bloqueo. Todos estarían mejor sin Bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin Bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin el Bloqueo a Cuba.
Muchas gracias.
Héctor Ferlini-Salazar
En mi libro La ruta de la democracia participativa: entre riscos y planicies agradezco a mi papá y a mi mamá porque “con sus prácticas piadosas dejaron en mi la tierra fértil en la cual luego germinó el valor de la solidaridad”. Y ese valor, la solidaridad, marcó el esfuerzo formativo con el cual Ale y yo vimos crecer a nuestras hijas e hijos.
Ahora, con la necesidad del tratamiento para Ale en Cuba y la urgencia de sufragar su costo, hemos vivido la experiencia de la solidaridad en nuestra piel, y esa vibración, como la que sentimos durante la Velada Solidaria, o con los aportes por distintas vías es algo imposible de explicar con palabras, más bien, se puede comprender solo con la sensación a flor de piel y con los frecuentes nudos en la garganta.
Gracias, muchas gracias a las personas que nos acompañan en esta lucha solidaria, tanto quienes han podido aportar, como quienes por distintas circunstancias no pueden hacerlo, pero nos envían sus vibras sanadoras.
El sueño es vivir nuevamente la energía poderosa que Ale ha regalado al mundo durante toda su vida, pero lo mínimo ha sido… nunca, nunca dar la lucha por perdida. Gracias entonces, nuevamente, por la solidaridad.
Gracias por la Velada Solidaria impulsada por Alejandra Espinoza, amiga de tantos años, y por Marco Palma, amigo/hermano. Gracias por las rifas solidarias de mis hermanas Ligia y Daphné junto a sus familias. Gracias a Nena, Víctor y Rafa, hermana y hermanos de Ale por el acompañamiento y convicción en este proceso. Gracias por todos los aportes solidarios y las palabras que los fecundan.
Otro amigo entrañable: Juanca Cruz, me comentó que pervive la solidaridad en nuestra generación. Creo que eso es cierto y lo vivimos y sentimos en la Velada Solidaria, aunque dichosamente la presencia y compromiso de tanta gente joven, nos hace sostener la convicción de que la solidaridad será la medicina necesaria para construir un mundo con vida digna.
Gracias, gracias.
Imagen: https://blog.oxfamintermon.org
Comunicado:
Aunque no dieron las conclusiones y sentencia a Orlando Barrantes, como se tenía proyectado para este lunes 17, personas de Upala, Pérez Zeledón, Puntarenas, San José, Limón, entre otros sectores, se concentraron frente a los Tribunales de Justicia de Guápiles para exigir la absolutoria para Orlando Barrantes.
La lectura de la sentencia se reprogramó para el miércoles 26 de octubre, en los Tribunales de Guápiles.
Se reporta que a la concentración llegaron más de 150 personas procedentes de Puntarenas, Pérez Zeledón, Limón, Siquirres, Upala, Río Jiménez, Cariari, Guápiles en general, proyectos de vivienda de la GAM, PRT, MTC, Bloque de Vivienda, estudiantes, representantes de ACODEHU, CONATRAP y de otras organizaciones y comunidades.
¡Ni un paso atrás!
¡Todas y todos somos Orlando Barrantes!
¡Absolutoria definitiva para Orlando!
La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (ACAN) eligió junta directiva para los próximos dos años:
Presidente: Juan Ml. Yglesias
Vicepresidente: Roberto Moraga
Tesorera: Carmen Obando
Secretario: Minor Ayales
Vocal: Luis Bogantes
Fiscal: Francisco Chavarría
El comunicado expresa: “Además de ponernos a la orden, manifestamos nuestra solidaridad con don Orlando Barrantes, optimistas de que se hará justicia y el 26 estaremos pendientes”.
Observatorio Ciudadano del Agua, Río Cañas
Una historia repetida, que sucede en decenas de miles de lugares en Aserrí y el país, durante cada estación lluviosa. Varias décadas de ingobernabilidad y/o de gobiernos con «cochinillas y cochinotas».
Un puente vehicular y peatonal más, único y directo paso de tránsito para todo vehículo y personas que comunica hacia el centro de Salitrillos, con Aserrí centro y San José. La estructura de 1932 (¡¡¡90 años!!!) terminó desplomándose.
Desde entonces, este puente nunca se renovó ni se reforzaron sus bases siquiera.
Situación muchas veces denunciada por este Observatorio Ciudadano del Agua al Municipio de Aserrí desde años atrás.
Se dio la consecuencia lamentable por negligencia. La mayor cuota de responsabilidad de lo sucedido es de las autoridades gubernamentales que escogemos cada cuatro años.
Pero también somos muy responsables todas las personas por convertir ríos y cauces en basureros y hacer alteraciones diarias de la ribera, a gusto de muchos y muchas. Desorden del planeamiento territorial en este y prácticamente todos los municipios del país.
Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
16 octubre 2022
Las señales que analizábamos previo al proceso de elecciones nacionales, tanto en la primera, como en la segunda ronda se han venido confirmando y estamos viendo un estilo de autoritarismo, de populismo y de manejo del escenario mediático y de redes muy atinado por parte del Presidente Rodrigo Chaves Robles, manejo que más allá de este calificativo no por lo cual deviene el mismo en sano para la democracia nacional.
Ese estilo que aun goza de una mirada de aceptación de la gente y que se refleja en las encuestas, sin duda representa (para decirlo en términos coloquiales), un buen tanque de oxígeno, que al menos en ciertos escenarios ya empezó a agotarse y está generando una variedad de procesos sociales muy interesantes.
Dicho esto, así grosso modo, nos parece que está en desarrollo un fenómeno social de unidad coyuntural al cual debemos ponerle atención y potenciarlo para que tenga una brújula adecuada, mismo que posiblemente parece rescatar o por lo menos debemos por mandato político impregnarle todos los ingredientes para imprimirle una mayor estructuralidad, soñando hacer florecer un sentimiento altamente patriótico que emule el abanico colorido del NO AL TLC.
En tal orientación es una tarea política de primer orden aspirar a tener como eje central la defensa de la institucionalidad y el restablecimiento con enfoque democrático y humanístico del Estado Social de derecho heredado de la Constitución Política establecida a partir de 1949, cuyos postulados esenciales han venido siendo dinamitados desde la alborada de neoliberal iniciada desde el primer plan de ajuste estructural en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).
Sin duda alguna ese enfoque ideológico de demonizar lo público y ensalzar lo privado ha provocado momentos clímax en las luchas desarrolladas desde los distintos movimientos de corte más progresistas y solo para ubicarlos, vale la pena solo citarlos, en su orden histórico, tenemos entonces: ALCOA, Combo ICE, No al
TLC y más recientemente la huelga contra el denominado combo fiscal en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.
Esos puntos de inflexión supra cuyos efectos e impactos se inscriben en la lógica política del proyecto conservador tienen el objetivo de vaciar de contenido la Constitución Política de 1949 y en esa hoja de ruta los sectores de la derecha nacional más rancia se inscribe la ley 9635 denominada de «fortalecimiento de las finanzas públicas», que incluye curiosamente dos títulos novedosos en tratándose de un cuerpo normativo de corte fiscal, uno capítulo referido al empleo público y otro sobre la conocida regla fiscal.
Así las cosas, después de haber ganado la batalla de la ley 9635, aprovechando los yerros tácticos y estratégicos de los movimientos sociales en general y en particular los del movimiento sindical del sector público, los sectores más conservadores del país logran consolidar la ley 9808 y la ley marco de empleo público, ley 10.159, que forman parte del proyecto de debilitamiento de la carta política superior, lo cual es a nuestro juicio el riesgo superior en debate en este momento.
Esta seguidilla de involuciones sociales y laborales que solamente citamos, son el reflejo a nuestro juicio de cómo está realmente el panorama y en tal sentido como hemos dicho las señales en pleno desarrollo que tienen como protagonista estrella al Presidente de la Republica están produciendo acoplamientos interesantes que a nuestro entender colocan nuevamente a los movimientos sociales, sindicales y socio productivos de distinto tipo ante un nuevo predicado histórico nacional.
De ahí que los eventos ya convocados por los sectores representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), en conjunto con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), para el 05 de noviembre 2022, con cuatro ejes de diálogo social: Educación, Seguridad Social, ambiente y energía y economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto de la Alianza Pacífico.
Y la convocatoria realizada desde la Rectoría de la Universidad de Costa, por parte de su Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta (oficio R-6882-2022, fechado 13 de octubre de los corrientes), dirigido a los distintos movimientos sociales y que denota una preocupación central, actual y válida, sobre los riesgos en desarrollo que presenta el pais en tres ejes específicos de la vida política nacional, como lo son: la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, devienen en una alerta sin precedentes en la historia reciente.
Riesgos que a la luz de nuestra lectura del momento compartimos plenamente y sin duda requieren del concurso urgente de los movimientos sociales, todo con la mirada puesta en el impulso de un urgente movimiento patriótico que aspire a descarrilar el tren neoliberal y coloque al país en la verdadera ruta de la inclusión social, el desarrollo nacional y la reactivación económica.
En tal sentido estos dos eventos convocados desde tan importantes casas de estudio nacional, resultan ser dos enormes oportunidades, dos luces que tintinean al final del túnel y que deben ser aprovechadas al máximo por los liderazgos actuales, es decir, este nuevo punto de encuentro de los movimientos sociales que parece estar en desarrollo tiene particularidades históricas que reducen casi a cero los márgenes de error de los líderes y lideresas que pensamos van a estar al frente de los acontecimientos que van tener lugar en el corto plazo.
En tal sentido las decisiones que se vayan a tomar próximamente requieren ser articulados y dirigidos con sentido estratégico y patriótico, actitud inclusiva y con un alto componente democratizador que incorpore la realidad de la gente (hombres y mujeres de los distintos sectores), que conocen su realidad y lideran en los territorios y en las estructuras.
De igual forma, a nuestro modesto modo de ver las cosas, el reto esencial del sindicalismo del sector público es descorporativizarse, desfetichizarce y convertirse en un actor político que potencie las condiciones de un proceso informativo – educativo de amplio espectro que permita apuntar a ganar la batalla informativa en las redes, en los sectores y en los territorios, dicho en sencillo, acabar con el deslumbramiento que tiene la gente sobre el Presidente, desnudándolo y sin victimizarlo.
En esencia debe convertirse el movimiento sindical en un articulador democrático que auspicie un nuevo gran movimiento patriótico nacional, esto resulta ser así, pues está en desarrollo un nuevo punto de inflexión y de cómo se conduzca este, las decisiones que se tomen y el desenlace que resulte, dependerá el futuro del país para los próximos 50 años, de eso estamos hablando.
MTC: Se extiende invitación para el próximo lunes 17 de octubre a partir de las 8:00 am, para asistir al Tribunal de Juicio de Guápiles a apoyar a Orlando Barrantes por la lucha en defensa del pueblo trabajador.
Recordemos que Orlando Barrantes es una persona que ha tenido que resistir 22 años de procesos judiciales. Estos abiertos por el Ministerio Público de Costa Rica, por hechos que no cometió, siendo este el caso de persecución política más extenso de la historia de nuestro país.
Orlando ha dedicado su vida a apoyar las luchas por conseguir condiciones de vida y de trabajo dignas.
