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Autor: Hector Ferlini Salazar

Proyecto de ley sobre datos crediticios abre “portillo estructural” para mercantilizar información personal, advierte OMERCON

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) alertó que el Proyecto de Ley N.° 24.374 sobre información de interés crediticio, pese a su lenguaje técnico y garantista, abre un “portillo estructural” que permitiría la mercantilización de los datos personales financieros de la población, con riesgos significativos para la privacidad, la seguridad y la equidad social.

En un pronunciamiento técnico dirigido a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la organización sostiene que el texto sustitutivo del proyecto incurre en una contradicción de fondo: mientras afirma proteger los datos personales, en la práctica legitima su circulación en el ámbito privado sin contar con mecanismos institucionales suficientes para garantizar esa protección efectiva.

Datos personales como mercancía

Uno de los principales cuestionamientos del documento es que la iniciativa legal transforma la información crediticia en un activo gestionable por actores privados, lo que abre la puerta a la creación de mercados de datos financieros. Esto incluye la recopilación, procesamiento y circulación ampliada de información sensible sin un sistema robusto de trazabilidad que permita controlar su uso.

OMERCON advierte que esta lógica contradice estándares internacionales en materia de protección de datos, donde se ha establecido que la información personal no debe ser tratada como mercancía.

Riesgos para la seguridad y la privacidad

El pronunciamiento subraya que el historial crediticio revela aspectos profundamente sensibles de la vida económica de las personas, como su nivel de ingresos, endeudamiento, relaciones financieras y vulnerabilidades económicas.

En un contexto nacional marcado por el crecimiento de la criminalidad organizada, la circulación de estos datos en múltiples plataformas privadas incrementa los puntos de vulnerabilidad y podría facilitar delitos como extorsión, fraude o secuestro, al convertir esta información en un insumo de alto valor estratégico.

Sistema público existente y falta de justificación

El documento señala que Costa Rica ya cuenta con un sistema público funcional para la gestión de información crediticia, a través del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, que opera bajo supervisión estatal y principios constitucionales.

Según OMERCON, el proyecto no presenta evidencia empírica que demuestre fallas estructurales en este sistema ni que justifique la creación de un modelo privado, lo que sugiere que la propuesta responde más a intereses económicos específicos que a una necesidad pública real.

Impactos regresivos para la ciudadanía

Entre los efectos señalados se encuentran:

  • Mayor carga administrativa para las personas, que tendrían que corregir errores en múltiples bases de datos privadas
  • Amplificación del daño reputacional por difusión de información incorrecta
  • Reproducción del sobreendeudamiento al no responsabilizar a entidades crediticias por prácticas de otorgamiento irresponsable

Además, el proyecto generaría una asimetría institucional al limitar el uso de datos por parte del Estado mientras amplía el acceso para actores privados con menor capacidad de fiscalización.

Experiencia internacional: más control público, no privatización

El análisis comparado incluido en el pronunciamiento muestra que los sistemas más avanzados en protección de datos, como los de la Unión Europea o Finlandia, refuerzan el control público sobre la información crediticia en lugar de privatizarla, estableciendo límites estrictos a su uso y comercialización.

Llamado a rechazar el proyecto

Como conclusión, OMERCON plantea que el proyecto implica un cambio estructural innecesario y potencialmente perjudicial para la ciudadanía, por lo que recomienda su rechazo.

En su lugar, propone fortalecer el sistema público existente, endurecer las sanciones por uso indebido de datos, regular el crédito irresponsable y avanzar en legislación específica de protección al consumidor financiero.

Le invitamos a descargar y leer el pronunciamiento completo para conocer en detalle los argumentos y propuestas planteadas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/OM059-2026_Pronunciamiento_24374.pdf

Balance del Primero de Mayo

Vladimir de la Cruz

El Primero de Mayo, con fecha conmemorativa y festivo nacional se debe a la rendición de William Walker, el 1º de mayo de 1857. El presidente Juan Rafael Mora con ese motivo lo decretó para que a partir de 1858 se siguiera recordando y festejando esa fecha gloriosa. Desde entonces se celebra en Costa Rica, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor pasión, con mayor o menor conocimiento del origen histórico y glorioso de haber derrotado a los filibusteros estadounidenses, que actuaban con la intención de someter a las repúblicas independientes centroamericanas en estados asociados a los estados sureños de los Estados Unidos, y de someter a los pueblos de Centroamérica en pueblos esclavos de la Unión Americana, como muchas veces se exalta a los Estados Unidos.

La rendición de William Walker impidió en la realidad y en la práctica que pudiera someter al pueblo costarricense ni a la esclavitud ni permitió que Costa Rica perdiera su Independencia, su Libertad y su Soberanía.

La rendición de Walker no impidió que intentara volver a Centroamérica, con iguales afanes, en varias ocasione, hasta que en setiembre de 1860, fue capturado en Honduras y allí, donde todavía reposan sus restos, fue fusilado.

Se le atribuye a Walker decir que lo que no pudieron sus fusiles lo harían los dólares.

La historia económica de la región, de la que no escapa Costa Rica, ha demostrado justamente esa dependencia, haciendo que nuestros países, sean literalmente independientes pero sujetos a cadenas económicas con Estados Unidos, que le dan poder de doblegar a sectores gobernantes y dirigentes políticos, haciendo que algunos de ellos se comporten como vasallos, como siervos coloniales y como esclavos mentales, carentes de todo sentido patriótico, nacional y soberano y haciendo, por ese motivo, de nuestros países y regiones simplemente Repúblicas Alquiladas y en algunos casos por las directrices que les imponen a los gobernantes Protectorados políticos y económicos.

El 1º de Mayo de esta forma no se celebra, no se recuerda. Ni siquiera se menciona en los discursos oficiales que ese día se proclaman, se dicen urbe et orbi en estrados oficiales en el país.

Desde 1913 a esta fecha nacional, se le vinculó la internacional, relacionada con las luchas de los trabajadores en el siglo XIX por lograr la jornada de 8 horas de trabajo diario y de 48 semanales. Esta lucha había surgido en a segunda mitad del siglo XIX con fuerza gracias al desarrollo de los sindicatos y surgimiento de organizaciones obreras y partidos políticos obreros, que hicieron de las demandas de los trabajadores su banderas políticas de lucha por alcanzar el poder político para lograr darle un cause a los gobiernos a favor de las grandes mayorías y de las clases trabajadoras y populares. Los grupos reivindicativos y los partidos obreros, socialistas, comunistas, anarquistas, reformistas de distinto tipo, los partidos obreros social demócratas, como se llamaron muchos de estos partidos, junto a los movimientos socialcristianos, surgidos después de la Encíclica Rerum Novarum de 1891, fueron parte de este torrente masas populares y trabajadoras organizadas por un mundo mejor.

La lucha por las 8 horas se logró en 1886, en Chicago, Estados Unidos, resultado de un movimiento de lucha de varios años y de una lucha intensiva y extensa de huelgas, en Europa y Estados Unidos, especialmente desde 1880. Habiendo logrado la jornada en 1886 más del 80% de los trabajadores movilizados en 1886, se volvieron a preparar para el 1º de mayo de 1890. Para ese año los Congresos Obreros de París acordaron sumarse de nuevo a esa lucha internacional. El Congreso reunido en la Sala Petrelle, en París, acordó que a partir de ese 1º de Mayo, de 1890, todos los años, a escala internacional, se siguiera saliendo a las calles a luchar por la jornada de 8 horas diarias y por otras demandas salariales y de beneficios sociales. Así fue creciendo esta celebración y movilización universal de trabajadores en lucha.

Así empezó a celebrarse en Costa Rica desde el 1º de Mayo de 1913, organizada en aquel año por la primera Confederación General de Trabajadores, que existió en el país, fundada ese mismo año, en enero, por impulso del Centro de Estudios Sociales Germinal, que agrupaba a una serie de intelectuales contestatarios del sistema liberal existente, entre ellos Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes, proclives a la exaltación del Trabajo como la fuente de la riqueza producida por las trabajadores.

El discurso de Joaquín García Monge aquel día vinculó ambas fechas, la de la rendición de Walker y la de la lucha de los trabajadores por su jornada de trabajo de 8 horas.

El 1º de Mayo surgió así, como un día de balance de luchas realizadas entre el 1 de mayo del año transcurrido y el 30 de abril del año siguiente, al mismo tiempo que ese día era para plantear una plataforma de luchas y metas por obtener en el año venidero. Así, el 1 de Mayo es un día de lucha, no de fiesta. Es un día de balance de las luchas realizadas y un día para conocer una plataforma de luchas para el año que inicia el 1º de mayo.

En Costa Rica no hemos sabido combinar estas dos fechas gloriosas. La rendición de Walker pasa muy desapercibida en los aspectos que hay que celebrarla. La del 1º de Mayo muchas veces se concentró atendiendo las denuncias de las luchas sociales del momento, sin una plataforma articulada de las luchas a realizar en el año venidero. Muchas veces terminó en la sesión oficial de cambio de Directorio Legislativo para entregar un pliego de peticiones a diputados que se acercaban a los sectores sociales en marcha, que se concentraban frente a la Asamblea Legislativa, especialmente después de 1970, donde los diputados no les ponían atención, porque lo más importante para ellos era, y sigue siendo, la elección de Directorio Legislativo.

La desarticulación y la división sindical, inducida en varias centrales sindicales impedía unificar esas luchas, debilitando así la organización obrera, sindical y popular, lo que no impidió grandes luchas y grandes huelgas, en este mismo período desde 1970, así como en el período de la postguerra civil, desde 1949 hasta 1970.

Contribuía en aquellos años que los partidos políticos tenían sindicatos dirigidos por ellos, por sus dirigentes obreros o sindicales. Ninguno de los partidos con diputados tiene actualmente sindicatos con dirigentes suyos y con sus banderas como identificación política.

El balance político del 1º de Mayo hoy debe concentrarse en el papel de los diputados electos, a partir de este año, en el balance político que hay que hacer del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, que muere el 8 de mayo. Es quizá el peor gobierno, que se ha dado en el período de la Segunda República, desde 1949 hasta hay, de los 20 que ha habido. Es el más regresivo, el más conservador, el más antidemocrático, el más proclive al autoritarismo, a la dictadura, a la tiranía, a la represión, a la disminución de beneficios sociales, a la reducción de los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores, el que más se ha preocupado por restablecer jornadas de 12 horas de trabajo diarias, sin pagos extraordinarios, con reducción real de salarios, el que más se ha preocupado y actuado en acabar con el Estado Social de Derecho y con el mismo Estado de Derecho, debilitando los poderes públicos, tratando de eliminar los controles administrativos estatales y judiciales constitucionales sobre el quehacer de las autoridades de gobierno, el que más se ha comprometido con las organizaciones narco criminales haciendo de Costa Rica la bodega de droga más importante de la región con proyección a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, como es bien conocido por los decomisos que se hacen en esas regiones de la droga despachada desde Costa Rica, y por la desarticulación y demolición administrativa que se hizo en este gobierno de los mecanismos de lucha contra este tipo de organizaciones.

Es también el gobierno que más ha golpeado a las clases sociales medias, la que la ha puesto techo en posibilidades y oportunidades de movilidad social a todas las familias del millón de niños y adolescentes de poder estudiar en centros de educación pública sin posibilidad real de llegar a la Universidad pública. Es el gobierno que ha tratado hasta sus últimos días de enterrar y acabar con el sistema universitario público. Es el gobierno que más ha golpeado la realidad de los derechos humanos en el país, los derechos de igualdad de la mujer, el que más ha protegido a acosadores y agresores de mujeres, el que se ha negado a reconocer un mísero aumento de pensiones para personas, que por sus bajos ingresos seguramente encantados por shows de los miércoles votaron por la continuidad de sus políticas.

Si lo anterior es válido para una ligera mirada de lo que ha dejado el gobierno de Rodrigo Chaves, es también un pincelada de las tareas y luchas inmediatas que hay que emprender ante el nuevo gobierno de Laura Fernández.

Esta es la tarea política más importante que hay que emprender. El asalto democrático a la Asamblea Legislativa que logró con 31 diputados, lo envalentonó para anunciar que sigue el asalto a la Corte Suprema de Justicia por la elección o reelección que viene de un buen número de magistrados del Poder Judicial. Ya le metieron su primer zarpazo, saboteando la elección de los magistrados suplentes.

La lucha, en este sentido, por el Poder Judicial, va a constituir la lucha por la Democracia Costarricense, por la estabilidad política, por la defensa de las Garantías Individuales y los Derechos Sociales. Va a ser la lucha real y efectiva por mantener la Democrática Corte Suprema de Justicia que tenemos. Los Magistrados y Jueces del Poder Judicial están siendo gravemente amenazados, de muchas formas, incluso personales, para que especialmente aquellos que pueden reelegirse no lo hagan. El primer pulso se va a dar en esta lucha, justamente en la reelección o no de los magistrados que tienen derecho a reelegirse. Convencerlos de la reelección es una tarea moral, legal, patriótica, por la democracia. El segundo pulso se va a dar es en la postulación de los candidatos del autoritarismo institucional y político, que van a ser postulados por la canalla de los diputados de oficialismo. El tercer pulso que se va a dar es en la campaña tenebrosa y odiosa que se desatará contra los magistrados, que valientemente opten por la reelección tratando de desprestigiarlos al máximo posible, y contra quienes los apoyen, partidos o personas. El cuarto pulso que se va a dar es a nivel legislativo, en el intento de “comprar” diputados, como literalmente lo dijo el presidente Chaves, acompañándole Laura Fernández diciendo que “van por todo”, señalando también que sus diputados van la “línea que les trace el gobierno”.

Este balance político aún no se ha hecho. Tampoco hay a la vista un balance de lo social, de los sectores sociales organizados, de su situación en estos cuatro años transcurridos y de lo que se propone para el inicio del gobierno de Laura Fernández. Al menos está claro que le dará continuidad a todo lo anterior. Y en lo social inmediato van por la jornada esclavista de 12 horas y la liquidación de las universidades públicas. Estos dos objetivos por lo menos tienen la posibilidad de lucharse con mayor conciencia en las calles, con movilizaciones populares, de trabajadores, de pensionados, de estudiantes universitarios, y de secundaria, como se hizo en ALCOA, en 1970, en el COMBO, en el 2000 y en la lucha contra el TLC en el 2006 y 2007, y en cierta forma en la segunda ronda de las elecciones del 2018.

No hay que olvidar que la lucha de las universidades debe pelearse en alianza con los estudiantes de secundaria y primaria, con sus familias.

Hay que ganarse a los padres de familia enseñándoles y haciéndoles entender que en la defensa de las universidades está el futuro educativo de sus hijos, y el futuro de Costa Rica.

¿Qué dice la normativa sobre el “collareo” de árboles? Claves legales y responsabilidades en Costa Rica

La reciente denuncia sobre el posible “collareo” o anillado de un árbol en Escazú vuelve a poner sobre la mesa una práctica poco visible pero de alto impacto ambiental. Este método, que consiste en remover la corteza alrededor del tronco para provocar la muerte del árbol, no suele estar regulado de forma explícita con ese nombre, pero sí puede encuadrarse dentro de distintas normas de protección ambiental y urbana.

Una práctica que puede constituir daño ambiental

En Costa Rica, la Ley Forestal N.º 7575 establece la protección de los recursos forestales y regula la corta de árboles, especialmente en áreas protegidas o cuando se trata de especies de interés. Aunque el collareo no siempre aparece mencionado de forma directa, provocar la muerte de un árbol sin autorización puede interpretarse como una forma indirecta de tala ilegal.

Asimismo, la normativa ambiental reconoce el principio de prevención del daño, por lo que acciones que deterioren progresivamente un árbol podrían ser sujetas a investigación por parte de autoridades competentes.

Competencias municipales y gestión del arbolado urbano

En zonas urbanas, como el caso señalado en Escazú, la gestión del arbolado suele recaer en las municipalidades. Gobiernos locales como la Municipalidad de Escazú cuentan con reglamentos específicos sobre poda, corta y mantenimiento de árboles en espacios públicos y privados.

Estos reglamentos generalmente exigen permisos para intervenir árboles, especialmente si se trata de ejemplares de gran tamaño o ubicados en áreas visibles o de tránsito.

Riesgo para la seguridad y responsabilidad civil

Más allá del daño ambiental, el debilitamiento inducido de un árbol puede generar riesgos para la seguridad pública. Si un árbol intervenido de esta forma pierde estabilidad y causa daños a personas o bienes, podría derivarse responsabilidad civil para quienes realizaron o permitieron la intervención.

Este aspecto es clave en contextos urbanos, donde la caída de ramas o del árbol completo puede afectar viviendas, vehículos o peatones.

¿Qué pueden hacer las personas ante una sospecha?

Ante situaciones como el presunto collareo, la ciudadanía puede:

  • Presentar denuncias ante la municipalidad correspondiente
  • Acudir al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
  • Informar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC)
  • Solicitar inspecciones técnicas para valorar el estado del árbol

Estas acciones permiten activar procesos de verificación que determinen si existe una afectación ambiental o una infracción normativa.

Un tema que requiere mayor visibilidad

El caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación ambiental y la vigilancia ciudadana en torno al arbolado urbano. Prácticas como el collareo, aunque menos visibles que la tala directa, pueden tener efectos igualmente graves sobre el entorno y la seguridad comunitaria.

Denuncian posible “collareo” de árbol en Escazú: práctica provoca muerte lenta y genera riesgos

Una persona vecina denunció la aparente aplicación de “collareo” o anillado a un árbol ubicado en Guachipelín Norte de Escazú, una práctica que consiste en remover la corteza alrededor del tronco para interrumpir el flujo de nutrientes y provocar su muerte progresiva.

Las imágenes compartidas evidencian una franja amplia sin corteza en la base del árbol, característica de este método, el cual es señalado por su impacto ambiental y por los riesgos que puede generar en zonas urbanas.

Muerte inducida y riesgo para la comunidad

De acuerdo con la denuncia, el collareo se utiliza en algunos casos para evitar procesos formales de tala, dejando que el árbol muera de forma gradual. Esta condición lo debilita estructuralmente, lo que podría derivar en la caída de ramas de gran tamaño, representando un peligro para personas, viviendas y otros bienes.

Además del riesgo físico, la práctica implica la pérdida de un elemento clave del entorno urbano, con efectos sobre la biodiversidad, la regulación térmica y la calidad ambiental del espacio.

Llamado a atención institucional y ciudadana

La persona denunciante indicó desconocer las razones específicas detrás de esta acción, pero hizo un llamado a la vigilancia comunitaria y a la intervención de las autoridades competentes, ante una práctica que podría estar ocurriendo sin control ni supervisión.

El caso abre nuevamente la discusión sobre la protección del arbolado urbano y la necesidad de fortalecer mecanismos de denuncia, inspección y sanción frente a acciones que atenten contra el ambiente.

Movimiento estudiantil de la UNA exige cuentas al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias

En el marco del V Congreso Universitario, los estudiantes de la Universidad Nacional (UNA) dieron a conocer un manifiesto, que fue aprobado por la Asamblea Universitaria. En el escrito, recuerdan el papel de las universidades públicas de Costa Rica, lo que representan para las familias y comunidades del país, denuncian la violencia estructural de la que son objeto, las implicaciones de su desfinanciamiento e invocan al diálogo. El documento presenta una petitoria de nuevo puntos.

Se reproduce textualmente el manifiesto.

Manifiesto del movimiento estudiantil (FEUNA) en el V Congreso de la Universidad Nacional

Universidades públicas: raíz, memoria viva y lucha por el presente y el futuro de Costa Rica

VIOLAR LA LEY DEL IMPERIO ES DEFENDER LOS DERECHOS DEL PUEBLO

Reunidos en el Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, de la Universidad Nacional, Heredia, el 24 de abril, 2026, las personas estudiantes señalamos que el V Congreso evidencia la fortaleza de la universidad pública costarricense, basada en el diálogo y la construcción de conocimiento, en colaboración con la sociedad y el estado, que procura contribuir a la atención de las demandas de los sectores y comunidades vulnerabilizadas por el sistema económico, social, político y cultural vigente. En consecuencia, sometimos al apoyo de las y los congresistas el presente pronunciamiento con el beneplácito mayoritario que hacemos de conocimiento público.

Las universidades públicas de Costa Rica no son cifras aisladas ni instituciones desconectadas entre sí; constituyen, en conjunto, una red viva que expresa una identidad compartida como país. Desde la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Técnica Nacional no solo se forman profesionales, se forma ciudadanía. En nuestras aulas convergen personas provenientes de distintos territorios, realidades y contextos, que aprenden no solo contenidos académicos, sino también a convivir, debatir y construir colectivamente. Esa experiencia compartida va tejiendo un profundo sentido de pertenencia que trasciende lo individual y que fortalece un proyecto común de país.

En nuestras aulas, cada estudiante que accede a la educación superior pública encarna una historia colectiva: la de familias que depositan esperanza, comunidades que proyectan desarrollo y territorios que encuentran en la universidad una presencia transformadora. La universidad pública representa, para muchas personas, la posibilidad real de movilidad social, de romper ciclos de exclusión y de generar nuevas oportunidades donde antes no las había. Lo que una persona aprende en la universidad no permanece únicamente en el aula, se comparte, se multiplica y se traduce en desarrollo local, liderazgo comunitario y mejores condiciones de vida.

Esta identidad común se sostiene, además, en una convicción histórica: el conocimiento es un bien público y un derecho, no un privilegio. Por eso, el impacto de las universidades públicas no se mide únicamente en indicadores, sino en las trayectorias de vida que logran transformar. Cada beca otorgada, cada sede regional fortalecida y cada proyecto de investigación vinculado con la realidad nacional representan una apuesta concreta por un país más equitativo, más cohesionado y con mayor capacidad de construir su propio futuro.

En ese esfuerzo por democratizar el acceso al conocimiento, la Universidad Nacional ha desarrollado históricamente un compromiso particular con la regionalización, entendida no solo como presencia territorial, sino como una apuesta ética por la equidad. A través de sus sedes regionales, sus carreras itinerantes y un sistema de admisión que reconoce las desigualdades estructurales del país, la universidad ha impulsado mecanismos que permiten discriminar positivamente en favor de quienes provienen de contextos con mayores barreras de acceso. Este modelo no responde únicamente a criterios académicos, sino a una comprensión profunda de las brechas históricas entre el centro y las regiones, y al deber institucional de generar oportunidades reales donde más se necesitan.

Hoy, más que nunca, en un mundo atravesado por guerras, autoritarismos y múltiples formas de violencia estructural que generan crisis complejas en la geopolítica global, las universidades tienen la obligación ética y social de sostener y defender los valores democráticos, el pensamiento crítico y el bien común. Esto implica asumir con claridad la responsabilidad que nos corresponde como espacios de reflexión, de producción de conocimiento y de formación de una ciudadanía comprometida con la justicia social.

Las universidades no pueden limitarse únicamente a transmitir saberes técnicos o profesionales; deben ser también territorios de debate, de cuestionamiento y de construcción colectiva de alternativas frente a los desafíos de nuestro tiempo. En ellas se cultiva la capacidad de pensar críticamente el mundo, de imaginar otros futuros posibles y de formar personas con sensibilidad social, capaces de intervenir de manera responsable en la vida pública.

En este contexto, la amenaza de un presupuesto de crecimiento cero no es una cifra abstracta: tiene rostro humano. Es el de las personas estudiantes de zonas rurales, de territorios costeros, de comunidades históricamente excluidas, que ven en la universidad pública una posibilidad real de transformación. Un 0% no impacta únicamente en estructuras institucionales; impacta directamente en trayectorias de vida, en oportunidades que se reducen y en brechas que se profundizan.

Reconocemos, además, que la universidad pública no es una institución perfecta. Se encuentra en un proceso constante de revisión, adaptación y mejora frente a las nuevas realidades y desafíos del país. Como comunidad, asumimos la responsabilidad de cuestionar nuestras propias estructuras, de identificar nuestras limitaciones y de trabajar activamente para garantizar una formación cada vez más pertinente, inclusiva y de excelencia.

Un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Por ello, quienes habitamos la universidad tenemos la responsabilidad histórica de contribuir activamente a la construcción de ese futuro. Defender la educación pública no es únicamente proteger una institución, es resguardar una de las herramientas más poderosas para la igualdad, la movilidad social y el desarrollo humano.

Hoy, más que nunca, las universidades deben asumir su papel como actores fundamentales en la sostenibilidad de una sociedad viable, digna y profundamente humana. Esto significa fortalecer los vínculos con las comunidades, dialogar con las distintas fuerzas sociales y colocar el conocimiento al servicio del bienestar colectivo, de la democracia y de la vida en común.

PETITORIA

En consecuencia, como comunidad estudiantil universitaria, exigimos al gobierno, al CONARE y a las comunidades universitarias en lo que corresponda:

  1. Garantizar un financiamiento digno y sostenido para la educación superior pública, en cumplimiento del marco constitucional.
  2. Reconocer la educación como eje estratégico para la movilidad social, la equidad territorial y el desarrollo nacional.
  3. Fortalecer las sedes regionales y los programas que amplían el acceso a poblaciones históricamente excluidas.
  4. Reafirmar el papel de la cultura como componente esencial en los procesos educativos y en la construcción de ciudadanía crítica.
  5. Defender el carácter público del conocimiento frente a lógicas que buscan reducirlo a un bien de mercado.
  6. Incremento anual real atado al costo de la vida, la inflación y el crecimiento del PIB, con un piso mínimo de crecimiento nominal que impida cualquier deterioro en el poder adquisitivo universitario.
  7. Volver a las negociaciones quinquenales, garantizado por un mínimo de cinco años, que asegure la ampliación de sedes regionales, el fortalecimiento del régimen de becas, el mantenimiento de infraestructura y la continuidad de proyectos de investigación y extensión universitaria.
  8. Cláusula de revisión y compensación automática si los recursos aprobados no se transfieren en tiempo y esto provocara la imposibilidad de su ejecución, por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
  9. Garantizar la participación vinculante y efectiva de las representaciones estudiantiles en los espacios de toma de decisión, particularmente en la mesa de negociación de la Comisión de Enlace y en la Comisión de Asuntos Hacendarios, reconociendo su legitimidad como actor clave en la defensa, definición y fiscalización del financiamiento de la educación pública.

Porque cuando una estudiante cruza la puerta de una universidad pública, no lo hace sola. Entra con ella su historia, su familia, su comunidad y, en muchos sentidos, el país entero. Y en ese acto, aparentemente individual, se juega también el destino colectivo de Costa Rica.

Heredia, Centro Universitario Emilia Prieto Tugores, UNA: 24 de abril de 2026

Estudiante Myriam Jara Watson
Vicepresidenta del Directorio
V Congreso Universitario de la Universidad Nacional

Panoramas SURCOS | 30 de abril de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de los temas de hoy y navegar en SURCOS:

🔹 1 de Mayo por los derechos de la gente y la naturaleza – Una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social. FECON
https://wp.me/p6rfbZ-yPC

🔹 La Caja es nuestra” convoca a manifestación este 1° de Mayo en defensa de la salud pública
https://wp.me/p6rfbZ-yPE

🔹 Manifiesto por el honor, la responsabilidad y el compromiso público. Mujeres por Costa Rica
https://wp.me/p6rfbZ-yPc

🔹 IEM-UNA: Impunidad y omisión institucional también representan violencia contra las mujeres
https://wp.me/p6rfbZ-yPy

🔹 Defensoría resuelve caso a favor de mujer a partir del derecho al cuidado
https://wp.me/p6rfbZ-yPw

🔹 Bombardeo con nubes químicas sobre el sur del Valle Central de Costa Rica
Sergio Boza Villarreal
https://wp.me/p6rfbZ-yPr

🔹 Haig Patigian: el escultor armenio
Gabe Abrahams
https://wp.me/p6rfbZ-yPe

🔹 Sostenibilidad SURCOS
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Gracias por acompañarnos y fortalecer la información crítica, plural y ciudadana.

“La Caja es nuestra” convoca a manifestación este 1° de Mayo en defensa de la salud pública

En el marco del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, el Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra” convoca a una manifestación este viernes 1° de mayo de 2026 a las 9:00 a.m., con salida desde la Iglesia La Merced, en Avenida Segunda, en defensa del derecho a la salud y del carácter público de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La convocatoria llama a trabajadores, familias y personas pensionadas a unirse en defensa de una institución que consideran debe mantenerse autónoma, universal y solidaria, con servicios de calidad tanto técnica como humana.

Defensa del derecho a la salud

El mensaje central de la actividad plantea la necesidad de resguardar el sistema de seguridad social como un derecho fundamental, en un contexto en el que distintos sectores han manifestado preocupación por el rumbo de la CCSS.

El movimiento enfatiza que la movilización busca fortalecer la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud pública, así como promover la participación ciudadana en su defensa.

Convocatoria abierta a la ciudadanía

La invitación es abierta y promueve la participación activa de la ciudadanía, incluyendo la posibilidad de llevar consignas propias. Asimismo, se sugiere a las personas participantes identificarse en la marcha buscando las sombrillas azules del movimiento como punto de encuentro.

Bajo el lema “La Caja es nuestra”, la actividad se suma a las tradicionales movilizaciones del 1° de mayo, integrando la defensa de la seguridad social dentro de las reivindicaciones históricas del movimiento laboral.

Datos de la convocatoria

  • Fecha: Viernes 1° de mayo de 2026
  • Hora: 9:00 a.m.
  • Lugar de salida: Iglesia La Merced, Avenida Segunda

Convoca: Movimiento Ciudadano “La Caja es Nuestra”

1 de Mayo por los derechos de la gente y la naturaleza – Una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social

  • La destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizará en el nuevo gobierno
  • Más organización es indispensable para proteger la naturaleza y la vida

Desde hace años en Costa Rica se está afianzando un modelo autoritario de gobierno, se están reduciendo los espacios de participación, se siguen debilitando la salud, la educación, los derechos laborales y la seguridad social, se persigue a las personas que discrepan de la creciente concentración del poder, y los ecosistemas están sufriendo una embestida de destrucción como nunca.

La naturaleza es víctima de la expansión de monocultivos, minería, deforestación, uso ilimitado de venenos, turismo de enclave sin ningún beneficio duradero para las comunidades expulsadas, y otras formas de explotación, que impactan directa y negativamente en los territorios y las comunidades, ya que destruyen mares, bosques, suelos, aire y reducen la diversidad genética, debilitan los sistemas locales de protección, conservación y uso de semillas y debilitan los saberes vinculados a la tierra y la soberanía alimentaria. Ese es un modelo económico y social que destruye ecosistemas para fortalecer el libre comercio que únicamente beneficia a empresas transnacionales y sus socios locales.

La administración Chaves inició y terminó con innumerables acciones violentas e irresponsables contra los ecosistemas y las personas que los protegen, y no tenemos ningún indicio de que esto vaya a cambiar con el “continuismo”. Todo indica que el nuevo gobierno nos alejará más del cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza y que nos distanciará más de una posible transición energética justa, solidaria y equitativa. En resumen, la destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizarán.

Ante ese panorama, FECON considera que las redes de trabajo entre organizaciones de todo tipo y desde las comunidades y los territorios, es indispensable para protegernos colectivamente y proteger los ecosistemas y los derechos que nos quedan. Por eso, esperamos fortalecer todas las vías posibles de acción colectiva y solidaria con las poblaciones históricamente más atacadas como los pueblos campesinos e indígenas, las mujeres, los sindicatos y otros gremios. Es urgente unirnos con muchísimas comunidades del país que enfrentan todo tipo de amenazas cuando cuidan sus territorios, ríos, agua, cultivos, culturas, turismo, negocios, comercio y otras formas de economías locales para sobrevivir y evitar su expulsión y desaparición.

La protección de los ecosistemas y la Tierra no es posible sin la protección de los derechos humanos, culturales, económicos, sociales y de la vida misma, y por eso nos sumamos a todas las voces que condenan enérgicamente las acciones del gobierno de Costa Rica en favor del genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel y rechazamos la firma de un tratado de libre comercio con ese país. Asimismo, rechazamos el trato inhumano y la criminalización de las personas migrantes que ejecuta el gobierno de Estados Unidos con el apoyo indigno de Costa Rica.

Este 1 de Mayo, “Día Internacional del trabajo”, es el día para unificarnos con toda la gente que trabaja para tener una vida digna y feliz. Es el día para fortalecernos, movilizarnos, indignarnos, organizarnos, resistir, ejercer derechos y sostener la esperanza activa que nace con la gente que cuida la naturaleza, la vida y nuestro planeta.

IEM-UNA: Impunidad y omisión institucional también representan violencia contra las mujeres

Pronunciamiento del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) en el caso de la denuncia por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado

UNA Comunica. OC-116-2026. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda indignación y preocupación ante los hechos recientes relacionados con el caso de denuncia por hostigamiento sexual presentado por la exdiputada Marulin Azofeifa, particularmente, la negativa de la Asamblea Legislativa de conocer y votar la posible sanción ética correspondiente, producto de ausencias deliberadas que impidieron el cuórum requerido.

Este hecho no constituye un simple trámite no realizado. Por el contrario, representa una omisión institucional gravísima que trasciende el caso individual y tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y la garantía de los derechos de las mujeres.

Tal como señalamos en nuestro pronunciamiento anterior, la violencia contra las mujeres en espacios de poder no es un fenómeno aislado, sino estructural e histórico. Lo ocurrido en el cierre del período legislativo evidencia una vez más cómo las dinámicas políticas pueden operar como mecanismos de disuasión o neutralización de las denuncias, particularmente cuando involucran a figuras de poder.

El hecho de que no se haya tomado una decisión, independientemente de su resultado, ya causó un daño institucional y social profundo. El haberse negado a analizar si era necesaria una sanción envió un mensaje a la sociedad, y en particular, a las mujeres: aunque tengan el valor de denunciar, no se garantiza el acceso a la justicia e incluso habrá un precio qué pagar personalmente.

Este tipo de desenlaces contribuye a reforzar la desconfianza en los mecanismos de denuncia y alimenta la denominada “cifra invisible” de la violencia sexual, en la que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados debido a los altos costos personales, sociales y políticos que enfrentan las mujeres.

Asimismo, resulta necesario advertir que la exposición pública de este caso ha reproducido patrones ampliamente documentados: la puesta en duda del relato de la denunciante, la politización de la denuncia y el desplazamiento del foco desde la conducta denunciada hacia la persona denunciante, generando procesos de revictimización y desgaste que afectan no solo a quien denuncia, sino a todas las mujeres que observan estos procesos.

El argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo. Las denuncias de violencia sexual en espacios de poder requieren respuestas institucionales contundentes e inmediatas, orientadas a garantizar todos los espacios como libres de violencia.

El Estado costarricense, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de actuar conforme al principio de debida diligencia reforzada, lo que implica no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger, reparar el daño a las denunciantes y evitar la repetición de estos hechos.

La falta de acción oportuna no es neutral. La omisión también produce efectos concretos: valida la violencia, debilita los mecanismos de protección y envía un mensaje de permisividad frente a conductas de hostigamiento sexual.

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteramos que la forma en que las instituciones responden a este tipo de denuncias constituye una prueba del compromiso real con los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia.

Costa Rica no puede permitirse normalizar la impunidad en casos de violencia sexual, particularmente cuando involucran a personas en posiciones de poder. La democracia se debilita cuando las instituciones fallan en garantizar condiciones básicas de justicia, protección y dignidad para las mujeres.

El IEM reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y hace un llamado a cumplir la normativa vigente y fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar que ninguna denuncia de violencia sexual quede sin respuesta.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Defensoría resuelve caso a favor de mujer a partir del derecho al cuidado

La Defensoría de los Habitantes aplicó los estándares contenidos en la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el derecho al cuidado, luego de conocer el caso de una mujer quien fue excluida, de manera automática de un beneficio social, a pesar que acreditó verse obligada a ausentarse de un proceso de formación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por situaciones médicas propias y de su hija menor de edad.

Para la Defensoría, ese rechazo del beneficio sin considerar la condición de mujer cuidadora exclusiva, en contexto de pobreza y con una persona menor de edad enferma a su cargo, que depende de ella para su cuidado, evidencia una aplicación formalista del principio de igualdad que, lejos de garantizar derechos, reproduce una discriminación indirecta por omisión de trato diferenciado.

“La Corte IDH ha establecido el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo y fundamental para la sostenibilidad de la vida, por lo cual el IMAS debió haber realizado una valoración material, integral y contextualizada de dichas justificaciones; así como ponderar la existencia de una causa de fuerza mayor que permitiera una excepción razonable y proporcional a la regla de asistencia. La falta de dichas valoraciones evidencia una aplicación meramente formal de la normativa, carente de análisis del caso concreto y de consideración de los derechos involucrados”, dijo la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

La Corte IDH ha señalado que el cuidado constituye una necesidad humana universal y una condición indispensable para una existencia digna, y que su tratamiento fragmentado o secundario dentro de las políticas públicas resulta incompatible con la protección efectiva de los derechos humanos. En consecuencia, los Estados están obligados a adoptar medidas administrativas y de política pública que eviten que las responsabilidades de cuido se traduzcan en sanciones, exclusiones o pérdida de derechos, particularmente para las mujeres.

Para la Defensoría la omisión de valoración del cuido como factor determinante en la conducta de la usuaria implica un desconocimiento directo del derecho a cuidar, así como del derecho a ser cuidado de la persona menor de edad, cuyo bienestar también se ve afectado por la suspensión del subsidio. Además, resulta incompatible con los principios de igualdad sustantiva, razonabilidad y proporcionalidad, así como con los estándares interamericanos vigentes.

Debe recordarse que los programas del IMAS no tienen naturaleza sancionatoria, sino protectora. Su finalidad es garantizar condiciones mínimas de subsistencia, autonomía y desarrollo a personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, mediante políticas públicas orientadas a corregir desigualdades estructurales.

“En este caso, la exclusión automática del beneficio, sin acompañamiento institucional, sin valoración del contexto y sin medidas de mitigación, constituye una forma de violencia institucional por omisión, que revictimiza a la persona usuaria y profundiza su situación de vulnerabilidad, en lugar de garantizarle una protección efectiva. Por tal motivo hemos recomendado al IMAS valorar a la mayor brevedad posible, la restitución del beneficio económico a la usuaria”, agregó la Defensora.

Asimismo, se le indicó al IMAS la necesidad que incorpore de manera explícita el derecho al cuidado como criterio relevante en la toma de decisiones administrativas, en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-31/25, particularmente en los casos en que las personas usuarias asumen responsabilidades de cuido exclusivas o intensificadas, entre otras recomendaciones.