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Autor: Hector Ferlini Salazar

A Dios rogando y con el mazo dando

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Por José Luis Callaci

El reciente condenable atentado contra la vicepresidente argentina, felizmente fallido, constituye un hecho que no debería verse como algo fortuito, sino como el resultado de esa habitual permisibilidad que existe en la sociedad argentina con las personas que incitan al odio y la violencia.

Viene al caso recordar un lamentable episodio ocurrido durante el diálogo con el chofer de un taxi. Cuando se tocó el tema de los desaparecidos durante la dictadura, esta persona con la mayor naturalidad del mundo nos dijo que había que matar a otros 30 mil, o mejor 60 mil. Cuando comentamos con tono crítico y un tanto alterado dicho episodio sentimos que nuestra reacción les pareció a nuestros interlocutores un tanto exagerada y no faltó quien soltara ese “bueno, es una opinión”.

Fue en ese momento en que nos aventuramos en señalar que tal comportamiento no se considera, al menos en muchas sociedades, que se jactan de ser democráticas, una simple opinión política sino algo muy grave y distinto.

Traemos a colación el popular refrán a Dios rogando y con el mazo dando, porque consideramos que el reciente lamentable hecho abre un espacio de oportunidad y un momento privilegiado para que la sociedad argentina se aboque a una profunda reflexión sobre este tipo de reprochables conductas, públicas y no públicas.

No bastan los llamados a la cordura, la tolerancia y el respeto a la opinión ajena. Algo está faltando y ese algo debería ser motivo de encuentros para llegar a amplios acuerdos que conlleven sanciones ejemplares para quienes incurren en comportamientos de tal naturaleza. La incitación al odio y la violencia contra un oponente, -fuere del color político que fuere, no cabe en la práctica cotidiana de la democracia.

En cuanto a los enunciados de buenas intenciones si solo se quedan ahí, sin remontarlos a acciones efectivas, todo seguirá igual, y aún peor, lo que puede desencadenar enfrentamientos no deseados y de tal magnitud que amenacen esa tan proclamada y ansiada paz social que los unos y los otros manifiestan en el discurso oficial.

Magistrada Julia Varela Araya solicita votación pública para elegir presidencia de la Corte

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La magistrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Julia Varela Araya solicita, mediante una carta que llegó a la redacción de SURCOS, votación pública para elegir a la presidencia de la Corte.

Compartimos el documento:

Señores y señoras Magistrados Corte Suprema de Justicia

Estimados compañeros y compañeras Magistrados.

Me dirijo a usted de forma respetuosa para exponerles algunas reflexiones y solicitud, sobre el tema de la votación para elegir a la persona que asumirá, durante los próximos cuatro años, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Estamos viviendo momentos de cambio importantes no solo en el país sino también al interno del Poder Judicial.

Este Poder de la República, en los dos últimos años ha logrado reconocimiento en el tema de la transparencia. Obtuvo el primer lugar en transparencia con relación a otras instituciones y órganos del sector público.

Desde el año 2017, un grupo de Magistrados y Magistradas de esta Corte enviamos a la Asamblea Legislativa una solicitud para que se procediera a eliminar las normas que establecían las votaciones secretas para el nombramiento en puesto de la Magistratura, entre otros supuestos.

Recientemente la Asamblea Legislativa hizo una modificación al Reglamento Interno que rige su accionar, para lograr que las y los futuros Magistrados de esta Corte sean electos bajo la votación pública. Esa decisión responde a los principios de transparencia, publicidad, dando al ciudadano la garantía de que los actos de ese órgano respondan, con mayor precisión y transparencia a los intereses del país, el que merece tener en la más alta jerarquía de lo jurisdiccional a personas que garanticen la independencia, la objetividad en todas las decisiones que deben tornar, el compromiso real en la mejora de la administración de justicia para cumplir con el principio constitucional de justicia pronta y cumplida y así lograr el aumento de la credibilidad en el Poder Judicial.

Convencida de que el Poder Judicial, en aplicación directa del derecho de la constitución que registra, entre otros, los principios constitucionales de transparencia y publicidad, reiterados por la Sala Constitucional en el voto 4182-2014, puede separarse de la literalidad de la forma prevista en el artículo 59 inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en lo de interés, dispone “… Designar, en votación secreta, al Presidente al Vicepresidente de la Corte, …”. Esto es así, porque, corno bien se colige del citado voto, “Los principios de publicidad y transparencia son consustanciales al Estado Constitucional de Derecho”.

Y si alguna duda quedara en que fa votación programada para el próximo 5 de setiembre pueda hacerse de forma pública y debidamente razonado el voto, esa duda desaparece en mi caso, porque en aplicación directa de la Constitución Política y sus principios de publicidad y transparencia, no puede caber el alegado delito de prevaricato, porque la designación, que es el acto administrativo en si (art. 59. inciso 6. De la LOPJ), no depende para su validez de hacerlo de forma secreta: pues no está sancionado con nulidad si no se hace de esa forma (quedando esa formalidad en una ritualidad desfazada a la fecha). En consecuencia, si la designación no está sancionada con nulidad si no se cumple con la formalidad de hacerla de forma secreta, no parece lógico que pueda encuadrar en un delito de prevaricato si se cambia una simple formalidad que no afecta el resultado del acto administrativo de nombramiento.

Como puede notarse, esa norma no dice que lo resuelto de forma contraria sea causal de nulidad. No podría serlo porque solo se trata de una formalidad que no vicia el acto y por contrario, lesiona el principio de responsabilidad in eligiendo, porque si se llegara a nombrar a una persona que no garantice el interés público y los altos intereses de la institución (Poder Judicial), esa formalidad del secreto impide a quien esté legitimado para exigir responsabilidad por una mala elección, para pedirle cuentas por daños al interés público por eventuales hechos de la persona a la que se le dio el voto, pues imposibilita la identificación de la decisión del votante.

No se ve la razón por la cual ese tipo de formalidad deba cumplirse, cuando se trata de una decisión tan importante, donde los pares de la persona que deba asumir la Presidencia de la Corte, tienen responsabilidad en la decisión. Esto es, que si la persona designada afecta a la institución, en sus diversos ámbitos y más aún en la imagen y credibilidad, los ciudadanos no solo le pueden pedir cuentas y exigir responsabilidad para mantener el reconocimiento público del Poder Judicial, de estar ante una institución con alto porcentaje de transparencia, sino que, para mantener esa credibilidad se necesita que esta Corte tome la decisión de realizar el nuevo proceso de votación de forma pública, pues el anterior se agotó sin lograr el objetivo (elección de la persona que asumirá la Presidencia de la Corto Suprema de Justicia).

En aplicación de los principios constitucionales antes citados (publicidad y transparencia),que están sobre la formalidad establecida en el artículo 59, inciso 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por tratarse de una norma desfasada en relación con los principios contenidos en la Carta Magna de transparencia y publicidad, solicito que se proceda a realizar de forma pública la votación, para elegir a la persona que ostentará La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que estoy pidiendo tiene el sustento legal antes indicado y además, en este momento histórico la exigencia de hacer el nombramiento de la autoridad que debe liderar el Poder Judicial (Presidencia), de forma pública no es solo de la ciudadanía externa al Poder Judicial, sino que a ese clamor ciudadano se han unido grupos organizados que representan a gran parte de las personas que laboran en este Poder de la República; quienes tienen cuestionada dicha norma ante la Sala Constitucional. Esto tiene un sentido de lógica y sentido jurídico, pues si se motiva el voto para elegir en esos puestos, nadie puede evadir la responsabilidad in eligendo si toma una decisión que luego le depare perjuicios a la Institución y desmejore la credibilidad en el Poder Judicial. Debernos merecer credibilidad y para ello se hace necesario transparentar la motivación y asumir la responsabilidad por la emisión de un voto de tanto interés para el Poder Judicial y para el País.

A mayor abundamiento de razones para no temer la aplicación de los principios supra citados en contra de la forma establecida en el numeral 59 de la LOPJ, conviene traer a colación lo que la penalista Rosaura Chinchilla en su artículo publicado en el periódico La Nación el 29 de agosto del año en curso, titulado «Votación Pública también en la Corte Suprema de Justicia», indicó: «Si bien comete este delito (se refiere al de prevaricato) quien dicta resoluciones contrarias a la ley (artículo 357 del Código Penal), en el derecho penal existen causas de justificación, y una de ellas es el cumplimiento de un deber jurídico y la colisión de deberes. (artículo 25 del Código Penal). Si una norma impone algo (cumplir la ley, votación privada, etc.) y otra de mayor jerarquía impone lo contrario (acatar el derecho de la Constitución, publicidad), al votar de forma pública no se incurre en delito cuando se elige una de las imposiciones normativas, y menos la de mayor valor, puesto que a ello compromete el juramento constitucional (artículo 194 de la Constitución Política). Además, las magistraturas, como simples depositarias de un poder de la nación (artículo 11 de la Constitución Política), son responsables, en forma personal, incluso con su patrimonio, si la designación efectuada no es idónea y si el nombrado o la nombrada incurre en actos indebidos o ilícitos que al momento de la elección podían preverse razonablemente. Se trata de una responsabilidad in eligendo, surgida ante un hecho ajeno…Por lo anterior, resulta esencial que cada magistratura vote, en todos los casos sometidos a su conocimiento en su labor de gobierno o administrativa, en forma pública y fundamentada. No solo porque es lo que jurídicamente procede…, sino también porque es la única forma de liberarse de una posible responsabilidad personal por un hecho ajeno, derivada de su actuación in eligendo … “.

De ese criterio experto se extrae, sin ninguna dubitación, que no se configura el delito de prevaricato cuando en la emisión de una resolución (en este caso de un acto administrativo de nombramiento); se atienden principios de rango superior a una formalidad contenida en la norma legal, como es el caso de cambiar la formalidad del voto secreto por el voto público.

Esta solicitud también la formulo tomando en cuenta que todos los postulantes dijeron, el lunes 29 de agosto, que están de acuerdo en promover cambios para que los nombramientos de interés dentro del Poder Judicial, entre los que está el que nos convoca, sean hechos bajo los principios de transparencia y publicidad, esta es la oportunidad para hacerlo, demostrando al país el verdadero compromiso con los principios constitucionales antes citados, pues como lo indiqué antes, hay normas de rango superior al artículo 59 de la LOPJ que lo exigen, de manera que. en mi criterio no hay excusa válida para no proceder a la elección mediante el voto público. Y, si alguna duda les asalta (la que yo no tengo), les invito a que emitamos un voto suspendiendo la votación prevista para el lunes 5 de setiembre y hacer la consulta a la Sala Constitucional sobre el tema.

Esperando respuesta afirmativa a esta solicitud, suscribe de ustedes con toda consideración y estima,

Julia Varela Araya
Magistrada Sala Segunda
Corte Suprema de Justicia

Puede descargar el documento original:

Solicitud-para-votacion-publica-para-elegir-presidencia-de-la-CorteDescarga

Mensaje para el Señor Presidente por Limón y por Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Lic. Antonio Wells Medina
Secretario General de SINTRAJAP

Deroguen la directriz donde Méndez Mata obliga a los exportadores e importadores a pagar tarifas 3 veces más caras en comparación de lo que se cobra en JAPDEVA, derogando esa directriz ayudan a los ciudadanos a que en el producto final que se compra en la importación paguen menos, cual es el problema en competir en igualdad de condiciones, en estos momentos JAPDEVA tiene las tarifas más bajas del mundo. En estos momentos JAPDEVA tiene más de 20 años sin ajustes de tarifa. Con solo permitirle a los exportadores venir a JAPDEVA se les reduce la tarifa hasta en un 300%, este asunto ES UNA TOMA DE DECISIONES, este problema no tiene que ir a la Asamblea Legislativa, esto es una decisión política. ¿Chaves hará que paren esos abusos, el prometió comprarse la bronca?

Igualmente, decir claramente que no tomar acción es seguir afectando el interés público. Por los puertos de Limón y Moín pasa el 80% de la economía nacional y en ese porcentaje afectamos a los ciudadanos, porque la importación y la exportación elevó sus costos a más de un 300%, que es la diferencia entre el puerto de JAPDEVA vrs el de APM. El interés social igualmente está afectado, ya llevamos más de 7mil desempleados entre empresas que cerraron y otras que redujeron su personal, entre ellas podemos citar (transportistas, estibadoras, predios, JAPDEVA, etc. etc.), más el daño colateral a la economía y comercio local.

Un 63% se unió en Limón, voto por Chaves y dijo no más de lo mismo. porque todas las decisiones han sido nefastas para Limón durante más de 40 años.  Hoy solicitamos y reclamos esos cambios para que permitan que los empresarios y los ciudadanos paguen menos, permitiéndole a JAPDEVA atender los barcos que esperan en bahía.

Una cosa es ser pobres por falta de recursos y otra cosa es ser pobres por sistemas perversos excluyentes como lo fue el cierre del ferrocarril, apertura de las estibas y recientemente APMT que pretende saquear al país, estas decisiones nos tienen sumidos en la pobreza. Ironías del destino, Limón tiene los 3 medios de transporte agua, aire y tierra, por aquí pasa el 80% de la economía del país, por eso no es de recibo que manejemos los primeros estándares de todos los males sociales (desempleo, pobreza, prostitución, drogadicción).

Se entiende claramente sin ambigüedades de ningún tipo que cuando se afecta el interés público, el interés social y el interés económico, el gobierno puede unilateralmente tomar decisiones, en el pasado reciente se tomaron y fueron decisiones en contra de Costa Rica, ¡ahora en el presente en el gobierno de Chaves no tomar decisiones, no hacerlo es haberle mentido a Costa Rica!

Informe de José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el documento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas relativo al informe del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay. En el resumen se indica:

“En el informe se examina la situación de los pueblos indígenas en Costa Rica con base en la información recibida por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Calí Tzay, durante su visita del 6 al 17 de diciembre de 2021.

El Relator Especial toma nota de la apertura hacia el diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas y los diversos avances normativos. Sin embargo, es imperativo que el Gobierno dé prioridad a abordar los problemas estructurales, en particular garantizando los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, el respeto a sus autoridades propias, la adecuada operacionalización de la consulta y la implementación de sus derechos económicos, sociales y culturales. El Relator Especial expresa preocupación por el racismo estructural que permea, en particular, los niveles locales del poder judicial, y la falta de medidas efectivas para tutelar a las personas defensoras de los derechos humanos y la impunidad por los crímenes cometidos contra las personas defensoras de la tierra”.

Este es el documento para descargar:

A-HRC-51-28-Add-1-Recomendaciones-PI-Relator-2022_220831_155207Descarga

Desprendámonos de la sociedad del desatino

Escrito en . Publicado en Análisis, Comunidad.

Lorena Rodríguez. Filóloga, máster en lingüística y en educación.

Mucho hemos escuchado la frase: “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, sin embargo, me atrevo a replantearla así: “en cada época, los pueblos tendrán el gobierno propio de su momento histórico”.

Ajenos, como solemos estar la enorme mayoría de los ciudadanos, de los constructos y los grandes movimientos sociológicos generadores de cambio, especularé un poco al respecto. En Costa Rica, hoy, en pleno siglo XXI, momento hacia el que se dirigían anhelantes nuestras miradas desamparadas de la centuria anterior, después de haberse desangrado en dos penosas guerras mundiales, enormes conflictos políticos e impensables cambios socioeconómicos, fue como llegamos a una meseta colmada de desatinos, y en el caso que me ocupa, tal desatino desembocó en la elección del actual gobierno. Es entonces cuando delibero sobre una época en la que tenemos un grupo gobernante propio de este momento histórico, un momento y un lugar en el cual nos encontramos en el desamparo ideológico, hijo, no solo de la demagogia sino de lo que bien se ha denominado por los estudiosos “el ilusionismo mental”, nefasto para cualquier sociedad.

Hemos hecho oídos sordos, a través de muchos años, de profesionales de alto nivel que han hecho gala de su claro menosprecio hacia temas éticos fundamentales y nos hemos reído de ello, como si se tratara de una comedia que se acaba al caer el telón.

Hemos sido testigos de la caída libre del crecimiento intelectual por generaciones, las cuales han crecido y se han desarrollado sin la dirección exacta de una auténtica formación en el campo del saber como tal, engreídas todas por la posesión de una cantidad cada vez más abrumadora de simple información. El conocimiento, al cual se accede por el duro camino de la reflexión y la profundización de las cuestiones fundamentales y decisivas de la vida, ha sido sustituido por la instrucción y el entusiasmo por la expresión personal que los convierten en verdaderos intrusos en el campo del discernimiento, y se lanzan, cual aves enceguecidas y empoderadas, al vacío. Hoy obtenemos una clase gobernante a la medida de nuestras banalidades.

Producto de este declive bochornoso en la formación ética y religiosa, jóvenes y no tanto, se adueñan de las redes sociales que, cual serpiente que se come la cola, es fuente y receptáculo de incontables despropósitos. Ahí declaran todo tipo de opiniones con fuertes deficiencias de conocimiento histórico, económico y político, aferrados a una intuición espontánea e instintiva, creyéndose dueños de un poder que en realidad no tienen y sin reconocerse víctimas de una manipulación continuada. De esta manera, se construyen argumentaciones falaces, aceptadas y repetidas por otros, incapaces de reconocerlas; se normalizan las conductas inmorales por una supuesta existencia común; se copian y se reproducen escenarios delictivos al ser presentados como resultado de pensamientos audaces y voluntades férreas; se aborrece a los intensos que muevan a la reflexión y a todo escrutinio que requiera tiempo y dedicación, ya que “después de la pandemia”, lo que antes era pereza, hoy es “espacio personal”.

Entonces, ¿qué esperar de unos gobernantes cuyas ocurrencias son aclamadas por una multitud de frívolos, cuya triste estulticia es producto directo del descuido intelectual de sus mayores? ¿Qué esperar de quienes, por miedo al micrófono, lo ceden a quien, por sus años de experiencia usándolo, se adueña, a su vez, de una voz que hace resonar como LA voz? No, muy triste, pero debo subrayar que este es el resultado de décadas de abandono en la educación, de intentos fallidos y replanteamientos a través de los cuáles se introdujeron cambios interesantes como el estudio de la Lógica (la cual pocos entendieron), para luego eliminarlos. Hoy, ya exhaustos, nos abandonamos a programas foráneos que buscan la construcción de una identidad multinacional, cuando en realidad significa borrar los Estudios Sociales y la Cívica, sendos pilares de la significación y el cuidado de lo nuestro.

Todo esto se trata, pues, de una culpa colectiva y, por lo tanto, no existen inocentes.

Los que estamos no podemos decir que no hemos estado y, para no faltar a la verdad, debo decir que también muchos dilectos costarricenses se han alejado de nuestras fronteras por estas y otras razones. Gran parte de ellos han forjado carreras exitosas en el extranjero, producto en su mayoría de una universidad sencilla, nacida del regazo de Santo Tomás y que ha ido creciendo vigorosa, para situarse entre las mejores de Latinoamérica: la Universidad de Costa Rica. Ahora, estos necios descendientes del infortunio, hijos de la inmediatez y hoy llegados al poder, buscan cercenarla. En la búsqueda de nuevos horizontes, sin embargo otros que también se fueron y volvieron, no vieron nuestra gloria, sino que aprendieron a despreciar la robustez de una democracia que, fácilmente, puede declararse descendiente dilecta de la época de oro de Pericles, a quien debemos la frase “Decídanse, porque la felicidad depende de ser libres y la libertad depende de ser valientes”. Entiendo que, en estos momentos, hasta citar esta frase resulte peligroso. Sin el debido entendimiento, cualquiera puede adueñarse de ella para justificar sus desatinos y disfrazarlos de valentía, por eso, ojo, compatriotas, el camino fácil nunca conduce a buenos lugares. Es hora de ponerse serios para que la comodidad de nuestros sitios de trabajo y de nuestros hogares no se convierta en los asientos de platea desde los cuales observamos cómo nuestra institucionalidad y nuestros derechos son lanzados a los leones por una simple señal del dedo pulgar desde la silla presidencial.

Imagen: culturacolectiva.com

¿Quiénes financiaron a Rodrigo Chaves – Campaña electoral 2022

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte el siguiente documento que llegó a nuestra redacción con esta nota informativa:

¿Quiénes financiaron a Chaves?

Nota: Este informe tiene carácter inicial en la medida en que no se ha divulgado la liquidación final de gastos de la campaña electoral 2022 del PPSD y el TSE ha dicho que su investigación sobre las estructuras paralelas es preliminar. Las fuentes de información son los informes presentados al TSE por el PPSD sobre estados financieros, donaciones voluntarias y tenedores de certificados de cesión de la eventual contribución estatal, que se encuentran en la página web www.tse.go.cr, el Informe No. IDI-DFPP-001-2022 del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, la información disponible en el Registro Civil del TSE, así como información pública recolectada en la red Internet a través del buscador de Google.

Quienes-financiaron-a-Chaves-PPDescarga

La impunidad que permanece

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

José Luis Pacheco Murillo

¿Cuántos funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción han sido juzgados y condenados? A lo largo de la historia la justicia pronta y cumplida que exige la Constitución Política se ha aplicado solamente contra los que al final resultan como los “chivos expiatorios”, los pobres a los que se les “pegan las pulgas” y que no tienen los medios económicos para hacerle frente a las acusaciones.

Casos tan donados como “la trocha”, en donde fueron miles de miles de millones de colones los que desaparecieron como por arte de magia y al final, los que tenían injerencia en contratos y manejos directos de dinero, tranquilos y sin novedad y otros pagaron los platos rotos.

Y se pueden seguir enumerando casos de casos en los que al final o prescriben o no se logra probar la comisión de los delitos y punto, aparece el santo protector de la delincuencia organizada y de la delincuencia de “cuello blanco”: SAN SE ACABÓ.

Y ante esa impunidad, los sectores que se supone deberían de ser insistentes en que se castigue a los responsables de esos robos, de esas apropiaciones, de esas estafas, de esos malos manejos, han distraído silencio o porque hay millones en publicidad o millones en contratos para “obras” o contratos de adjudicación de compras por parte del Estado.

Muchas cosas deben cambiar, especialmente en el Poder Judicial en donde la situación de nombramientos casi que de por vida de jueces y magistrados hacen que la justicia tenga como sus representantes a hombres y mujeres que están en una zona de confort que no les preocupa el sentido de responsabilidad social para con el orden y la limpieza de la delincuencia.

Dios quiera que casos como “cochinilla”, “diamante”, “Yamber”, “ALDESA”, y otros como el pago veloz y sin mucho análisis de 35 millones de dólares a la constructora OAS por no hacer nada y nadie dijo nada, puedan ser juzgados y se den las condenas contra quienes en realidad sean responsables de causar tanto daño a las finanzas y a la confianza del país.

Presupuestos universitarios (el FEES): el acuerdo firmado

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Investigador CICDE-UNED

Primero: ¿qué dice la Constitución de Costa Rica?

Básicamente interesan los siguientes artículos:

  • Artículo 77: textualmente indica que la “educación pública” está conformada por “sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”. Por ningún lado se admite que el INA, los CEN-CINAI y “alrededor de 50 instituciones” (Müller dixit) sean parte del sistema educativo.
  • Artículo 78: establece que el presupuesto destinado a la educación será un monto equivalente al 8% del PIB. Siendo que esa reforma constitucional fue aprobada en 2011, se daba tiempo hasta 2014 para cumplir con el mandato. Después de ese año, el presupuesto anual debía ser del 8%. Hoy, sin embargo, está en un 6%.
  • Artículo 84: entre otras cosas, igualmente importantes, este artículo ordena que: “El Estado las dotará [a las universidades] de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.
  • Artículo 85: es un artículo muy largo, que contiene disposiciones muy importantes, entre las cuales corresponde destacar las siguientes: el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades; las “rentas” asignadas a las universidades “no podrán ser abolidas ni disminuidas”, excepto si se las sustituye por otras mejores; los presupuestos, asignados según un plan quinquenal (que las universidades SIEMPRE han presentado) se ajustarán “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.

Segundo: lo acordado

Los principales elementos del acuerdo son los siguientes: el presupuesto de la UTN se suma como parte del FEES; se toma como base el presupuesto de 2022 (un poco más de ₡559 mil millones, incluida la UTN); se concede un ajuste del 1% “por inflación”. Presupuesto total acordado para 2023: ₡564.791 millones.

Tercero: evolución del poder adquisitivo real del FEES

Si comparamos el dato para el año 2021, con respecto a 2017, veremos que, en términos de su poder adquisitivo real (descontada la inflación), el monto real del FEES tuvo, durante esos cuatro años, un pequeñísimo incremento de menos del 1% (un 0,95% para ser exacto).

Por su parte, una vez que consideramos la inflación, el FEES para 2022, sufre, de forma inevitable, una considerable contracción, tanto respecto del año 2017, como en relación con el año 2021. Podríamos hacer la estimación de formas diversas: suponiendo que la tendencia de la inflación observada a julio 2022, se mantiene igual para el resto del año, o imaginar diversas hipótesis, más o menos optimistas, que supongan una relativa moderación del ritmo inflacionario. En cualquier caso, la reducción real del FEES de 2022 oscilaría entre -6,3% y -7,9%, al comparar con los años 2017 y 2021.

Igualmente puede hacerse la estimación con respecto al valor adquisitivo real (descotada la inflación) del presupuesto acordado para 2023. El valor que obtengamos varía, dependiendo de los supuestos que asumamos, tanto respecto de la inflación para el resto de este año 2022, como los que establezcamos en relación con la inflación para 2023. Hice un ejercicio, imaginando que la inflación para el próximo año se modera (un 6% de inflación anual). En tal caso, obtengo estimaciones que, al comparar con 2017 y con 2021, muestran reducciones que oscilan entre -12,9% y -15,7%.

Comportamiento del FEES con respecto al PIB

Si comparamos el FEES con el PIB, sin incluir a la UTN (lo que esta agregaría sería aproximadamente un 0,85% del PIB), el porcentaje respectivo disminuye de un 1,39% en 2017 a 1,19% en 2022 (1,27% incluyendo la UTN). Lo acordado para 2023 implica que ese porcentaje disminuye a 1,11% (1,19% incluyendo la UTN), lo anterior con base en el dato del PIB que el Banco Central estima para 2023.

Conclusiones

  1. Claramente ha quedado configurada una ruta que conduce al desmantelamiento de las universidades públicas.
  2. Claramente la Constitución de Costa Rica está siendo convertida en papel higiénico, y sus mandatos están siendo sistemáticamente violentados.

“Generaciones Perdidas” en Uruguay y Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

En un reciente programa de Alto Voltaje de Radio CRC 89.1, la exministra de Cultura señora Mimi Prado y el analista político don Fausto Amador hicieron una referencia comparativa al estilo de desarrollo de Uruguay y Costa Rica, mostrando que, para la década de 1980, mientras en Costa Rica el índice de pobreza era de 20%, en Uruguay era de 39%, y que actualmente Uruguay lo ha reducido a un 8% mientras Costa Rica lo ha incrementado en más del 20%.

Por otra parte, destacaron que en Costa Rica se inició un programa de capacitación en informática educativa y acceso a computadoras 15 años antes que Uruguay, bajo un convenio entre la Fundación “Omar Dengo” y el Ministerio de Educación Pública, sin embargo, hoy Uruguay la ha superado al contar con cobertura total de internet para estudiantes de primaria y secundaria, así como acceso a computadoras, facilitadas por el Estado, gratuitamente, a estudiantes y profesores. Efectivamente, en Uruguay ya para el año 2009 el 100% de sus estudiantes de colegios públicos poseía un dispositivo para conectarse gratis a internet desde su centro educativo. Un primer logro del plan Ceibal, una política de Estado que puso a Uruguay a la delantera en virtualidad, de tal manera que lo sembrado durante trece años evitó que la emergencia por el COVID 19 tuviese un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes (https://www.elespectador.com/educacion/el-secreto-de-uruguay-para-ser-el-lider-en-educacion-virtual-en-a-latina-en-cuarentena-article/).

A finales de la década de 1980, Uruguay mostraba una población con un rostro de adultos y adultos mayores; había emigrado, a diferentes países, casi toda una generación relativamente joven -“generación perdida”-, debido a la persecución, represión y tortura a que se vieron expuestos desde la década de 1970 por los regímenes dictatoriales represivos que adherían a la denominada doctrina de seguridad nacional, y que devastaron la institucionalidad democrática de la mayoría de países de Suramérica. Por su parte, Costa Rica mostraba una “generación perdida” de estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios, lo que contribuyó a incrementar el índice de pobreza, debido a otra forma de represión: el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían el derrotero neoliberal de menos Estado y más Mercado, cifrando esperanzas en un mercado globalizado, donde la copa del crecimiento económico una vez llena se derramaría para “bendición” de los pobres.

A diferencia de Uruguay, para los analistas citados, Costa Rica perdió el rumbo, precisamente por haber apostado a un estilo de desarrollo donde no se ha logrado articular el crecimiento económico con la integración y cohesión social, la equidad. Hoy, después del comprobado fracaso de ese estilo de desarrollo, se continúa priorizando el crecimiento económico, apelando al viejo cuento de que “no se puede hacer chocolate sin cacao”, cuando lo que sucede es que el cacao está en manos de una minoría, y así la mayoría está destinada quedarse sin chocolate.

Un ejemplo de este equivocado derrotero salta a la vista en la negociación del Fondo Especial para La Educación Superior (FEES). En un conversatorio propiciado por La Revista, el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, señalaba que un presupuesto de gobierno expresa las prioridades del mismo; y llamaba la atención sobre la necesidad de poner a la educación en primer plano, ante el desafío que representan los acelerados procesos de cambio. Por su parte, el jurista constitucional, don Rubén Hernández, destacaba que independientemente de cuál fuese el nuevo gobierno su expectativa era que este tendría que prestarle atención especial y urgente a la educación; el “apagón educativo” sería una prioridad.

El país puede pretender jugar en primeras en calidad de vida y bienestar social. Tenemos condiciones para hacerlo, precisamente, gracias a la apuesta decidida y valiente que hicieron nuestros grandes estadistas, particularmente en el siglo pasado, por la salud y la educación, dos pilares esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Eso sí, se requiere retomar el rumbo fortaleciendo el régimen de seguridad social en salud y revolucionando el sistema educativo, invirtiendo más y mejor en todos sus niveles. Es decir, poner de nuevo a la educación como prioridad de una política de Estado.

Para ello, hay que renovar el pacto social ciudadano por la equidad y la solidaridad, buscar mecanismos para renegociar la deuda pública, impulsar una verdadera reforma fiscal que ponga a tributar a las grandes empresas nacionales y extranjeras y dejar de golpear el bolsillo de la clase media y de los pobres. No se debe continuar raspando la olla de estos sectores, como se pretende ahora, poniéndole impuestos al aguinaldo y al salario escolar, mientras se continúa llenando la olla de los que más tienen.

Es tiempo de dejar atrás el discurso populista de quienes llegan al poder hablando a favor de los pobres para luego gobernar a favor de los ricos. Necesitamos un gobierno de mayorías y para las mayorías. Estas mayorías están apoyando y cifrando sus esperanzas en el gobierno actual. Se le ofrece, así, una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a este país. Urge hacerlo para bien de la democracia y la paz social.

Ya no es posible recuperar a la “generación perdida” de los años 1980, pero sí es posible crear condiciones para no perder a una nueva generación, fuertemente golpeada por la pandemia sanitaria y las pandemias de la pobreza y la desigualdad.

Los cantoncillos de a mentirillas – Lepanto-Paquera-Cóbano

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada. Lic.
Coord. Foro Político Filosófico Agenda Verde.

En tiempo prehispánicos la Península de Nicoya (desde el cantón de Carrillo hasta el distrito de Cóbano), estaba habitado por la etnia Chorotega.  En la época colonial y hasta 1824 formó lo que se conoce como el Partido de Nicoya (Liberia, Santa Cruz y Nicoya), que se une a Costa Rica.  En ese entonces no existían los cantones de La Cruz, Carrillo, Hojancha ni Nandayure.  Los distritos de la Región Sur de la Península de Nicoya, formaban parte de Nicoya.

En 1909 se crea la provincia de Puntarenas con su capital en el puerto franco.  En 1915, el 18 de octubre, la administración de Alfredo González Flores, emite el decreto número 20 y entrega en administración a Puntarenas, el territorio que hoy conocemos como Lepanto, Paquera, Cóbano y las islas del Golfo de Nicoya.

A partir de 1915 se inicia un proceso en la Región Sur Península de Nicoya, cuyo resultado hasta nuestros días, ha sido el rezago social, reconocido institucionalmente en el quehacer de la ley 9036.  Este escenario se ha convertido en campo de batalla para la política partidista de Puntarenas para lograr poder político a nivel nacional y muy recientemente con la creación de los Concejos Municipales de Distrito (2001), se han empezado a consolidar las castas locales supeditadas, con fines netamente salariales, porque han encontrado en ello, un modo atrayente de sobrevivir.

El problema más grave de esta forma sesgada de mirar la realidad de la Región, es que, esos pequeños grupos de poder partidista uniendo sus escasas voces, pretenden hacer creer a la población, que no es conveniente la creación de un solo cantón y propalan a diestra y siniestra el “contonitis” como una solución.

Acabamos de tener una correría en la Región de la Comisión Puntarenas de la Asamblea Legislativa, integrada por diputados de Liberación, Unidad Social Cristiana, Nueva República y Frente Amplio, la cual pagamos todos los contribuyentes.  Han venido a ofrecer en cada distrito un cantón, que promueven y respaldan los intendentes y que, por demás, son de a mentirillas.  El hecho de que la división territorial administrativa está judicializada en la Región, no ha sido obstáculo para estos personajes, para hacer esos ofrecimientos, carentes de veracidad.

Las voces del “cantonitis” tienen como argumento favorito, que, si los distritos se convierten en cantones, podrían utilizar sus recursos propios y no dependerían de la municipalidad del cantón Central de Puntarenas.  Por otro lado, las voces de la discordia y la división (diputados), que quieren mantener concentrado el poder político provincial apresuran el “cantonitis” en la Región, disque inscribiendo cantones, a sabiendas que no es posible dado que el tema está judicializado.  Esto quiere decir que, hasta tanto no se resuelva el recurso legal de pertenencia provincial, planteado por Nicoya en el 2012 ante el Tribunal contencioso, no tiene valor legal alguno, presentar iniciativas para crear cantones, entonces, falsear la realidad se convierte en un arma para dividir y confundir con inventos a la población.

Desde el año 2001 con la promulgación de la Ley 8173 Ley general de Concejos Municipales de Distrito, éstos han pasado a tener todas las potestades de una municipalidad con la única salvedad, que no tienen la ley que los constituyen en municipalidades en sí.  Podemos decir entonces, que los CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, SON MUNICIPALIDADES OPERATIVAS QUE LO ÚNICO QUE LES FALTA PARA SER MUNICIPALIDADES ES LA LEY.

Según la Sala Constitucional en su voto Nº 4530-00 de las 14,51 horas del 31 de mayo del 2000 estableció: “la finalidad de trasladar una especifica función a un órgano desconcentrado es justamente el encargarle con carácter exclusivo y excluyente una determinada competencia, que debe ejercerla sin injerencias, aún de la propia administración a la que se encuentra adscrito.»  Este es el caso de los Concejos Municipales de distrito de la Región y de cualquier lugar del país.

Al analizar esta ley, podemos encontrar que son órganos independientes de las municipalidades que los crean y que son autónomos.  El análisis del articulado de la ley, pone en evidencia que en la actualidad los concejos municipales de distrito son MUNICIPALIDADES OPERATIVAS AUTÓNOMAS, veamos:

El Artículo 1, son órganos con AUTONOMÍA FUNCIONAL PROPIA, no están supeditados a las municipalidades que los crean.  Artículo 3 TODA LA NORMATIVA REFERENTE A LAS MUNICIPALIDADES SERÁ APLICABLE A LOS CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO la ley los considera municipalidades operativas.  Artículo 9 LAS TASAS Y LOS PRECIOS POR LOS SERVICIOS DISTRITALES, EN TANTO ESTOS SEAN ASUMIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO, SERÁN PERCIBIDOS DIRECTAMENTE POR DICHO CONCEJO.  Tienen total independencia para recibir y usar los ingresos del distrito.  Artículo 10. LOS IMPUESTOS DE PATENTES APLICABLES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL DISTRITO, SERÁN IGUALMENTE PERCIBIDOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.  Perciben los ingresos y los pueden usar en las obras del distrito.  Artículo 11. TODA PARTIDA ESPECÍFICA O TRANSFERENCIA PÚBLICA DE FONDOS PARA OBRAS O PROYECTOS DEL DISTRITO, DEBERÁ GIRARSE DIRECTAMENTE AL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO.

Por razones obvias de su pequeñez, al no tener las instancias requeridas para brindar los servicios y deban recurrir a la municipalidad a la cual está adscritos, dependerán de ésta.  Esta situación es consecuencia de la poca capacidad que tienen para lograr transformación, achacando a la municipalidad a la cual están adscritos, los problemas que son propios de los Concejos Municipales de Distrito y no de la municipalidad.

Lo anterior deja en claro que los Concejos Municipales de Lepanto, Paquera y Cóbano, han sido municipalidades operativas durante 21 años.  Si en ese tiempo no han encontrado las respuestas satisfactorias para el desarrollo y siguen atribuyendo mediante falsa premisa el subdesarrollo a la dependencia de la municipalidad del Cantón Central de Puntarenas, queda en evidencia el cálculo conveniente y tardo en comprender la realidad de la Región Sur, Península de Nicoya. 

Con la segmentación mediante la creación de cantones en los distritos de la Región, se busca la consolidación de poder político de los partidos en la Asamblea Legislativa y de estas castas en lo local por salarios.  Se proponen a sí mismas, como una réplica idéntica de la política partidista nacional, en donde los puestos de elección popular tienen como dueño familias o grupos de allegados, que buscan sin reparos de ninguna clase, un poder político partidista circular para mantener salarios y beneficios, cuyos resultados y efectos van en contra de la democracia y del desarrollo de la Región.

Es muy evidente que los concejos municipales de distrito o municipalidades operativas que existen en la Región Sur, Península de Nicoya, por su visión segmentada y su poco poder de transformación, no son la respuesta al desarrollo que busca la mayoría sin voz, de la población regional.

El Foro Agenda Verde hace esfuerzos para darle voz al pueblo llano, donde se encuentra el capital humano estudioso, honesto y comprometido, en el desarrollo sustentable de la Región, para ofrecer a las familias, las empresas y la biodiversidad, los mejores escenarios para su integración, en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

El frío no está en las cobijas, podemos caer en un camino de autodestrucción del desarrollo local, si permanecemos desinteresados ante la situación actual de la Región.  Debemos luchar por la unión para potenciar nuestro desarrollo con un solo cantón.  Veintiún de experimentación y bajos resultados como municipalidades operativas, debe ser suficiente para entender, que el poder de transformación está en la unión de todos los distritos en UN SOLO CANTÓN y una sola municipalidad.