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Autor: Hector Ferlini Salazar

Representantes del sector laboral en junta directiva de la CCSS desmienten que institución esté quebrada

Representantes Sector Social laboral en la Junta Directiva de la CCSS hoy martes 20 de setiembre, en conferencia de prensa convocada en respuesta a las diversas inconsistencias informativas generadas a la opinión pública y manifestaciones no precisas del presidente Rodrigo Chaves y gobierno en los últimos días.

Se detallan aspectos técnicos de legalidad y presupuesto para la ejecución del reajuste salarial aprobado, así como la situación real económica de la CCSS.

Directores afirman la total gestión de legalidad del acuerdo de reajuste salarial a los trabajadores y desmienten categóricamente que la CCSS esté quebrada como lo señaló erróneamente y con muy mala intención el presidente.

Miembros participantes de Junta Directiva:

● Martha Elena Rodríguez González. Representante sector sindical. 
● Maritza Jiménez Aguilar. Sector Solidarista. 
● Jose Luis Loría Chaves. Sector Cooperativo.

Información de Martín Rodríguez Espinoza

Por el voto público en la Corte Suprema de Justicia – con firmas

Nosotros, ciudadanos costarricenses, nos unimos al llamado proveniente de muchos sectores de nuestra comunidad, para pedir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en la elección de su Presidente adopten el voto público.

Hemos venido observando, con creciente preocupación, la muda contienda que se prolonga semana tras semana sin ostentar credenciales o argumentos persuasivos por una u otra de las partes: un pulso silencioso que hace adivinar una intensa y afanosa refriega entre bambalinas a quién ofrece más, a quién exhibe mayores poderes o influencias, presiona más, amenaza más o menos veladamente. Un trasfondo indigno de la más alta instancia de Justicia.

La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que revestir la prestancia de un acto de ejemplar civilidad. La defensa de las respectivas candidaturas debe transcurrir ordenada y públicamente, fundamentada sobre la base de las virtudes, la excelencia moral e intelectual, el impecable desempeño del trabajo de cada candidato.  La votación secreta debe reservarse para situaciones realmente excepcionales, en las que la publicidad del voto ponga en peligro la vida o la integridad de las personas.

Es tiempo de que la Corte Plena abandone el mecanismo del voto secreto, una práctica que la desprestigia ante la Nación y ante el Mundo, para dar lugar a un debate leal y transparente que culmine en una votación de viva voz.

San José, 22 de setiembre de 2022.

  1. Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático jubilado
  2. Alvar Antillón Salazar, escritor, exembajador
  3. Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado
  4. Mirta González Suárez, profesora, novelista
  5. Manuel Antonio Solís Avendaño, sociólogo, docente e investigador
  6. Sergio Reuben Soto, economista, catedrático
  7. Eric Alfredo Chirino Sánchez, abogado, catedrático
  8. Gilberto de Castro Lopes, periodista, profesor universitario
  9. Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada
  10. Francisca Raventós Vorst, socióloga, docente e investigadora
  11. Isabel Montero Mora, abogada, profesora universitaria
  12. Elizabeth Odio Benito, abogada, profesora emérita, jueza internacional
  13. Daniel Flores Mora, psicólogo, profesor emérito
  14. Isabel Duca Durán, filóloga, profesora universitaria
  15. Jorge Rovira Mas, investigador, catedrático
  16. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
  17. José Joaquín Ureña Salazar, abogado penalista
  18. M.Sc. Ana Elena Obando M., abogada feminista de derechos humanos
  19. Paula Ximena Dobles, socióloga, docente universitaria
  20. José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor Emérito Universidad de Costa Rica
  21. Rafael González Ballar, Director del Posgrado de Derecho de la Universidad de Costa Rica
  22. Lic. Benjamín Sevilla García, abogado
  23. Viviana Rovira Maruri, psicóloga social y activista Derechos Humanos
  24. Larissa Arroyo Navarrete, experta en derechos humanos
  25. Nia Salas Gómez, Colectivo Profesionales para la Ciudadanía
  26. Sonia Navarro Solano, abogada
  27. Patricia Howell Aguilar, cineasta y activista feminista
  28. José Pablo Cascante Suárez, abogado
  29. José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado
  30. Luis Guillermo Herrera Castro, profesor pensionado de derecho UCR
  31. Flora Fernández Amón, empresaria
  32. José Molleda Pernas, comerciante
  33. Alexander Jiménez Matarrita, filósofo
  34. Guillermo Antonio Arroyo Gutiérrez, ingeniero civil
  35. Marta Eugenia González Madriz, pensionada Ministerio de Justicia, máster Educación en Derechos Humanos
  36. Hernán Rodrigo Salazar Salazar, ex juez penal
  37. Ana Eugenia Sáenz Fernández, abogada
  38. Juan Carlos Esquivel Favareto, abogado/notario
  39. Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, catedrático UCR jubilado
  40. Melania Monge Rodríguez, profesora UCR jubilada
  41. Erika Linares Orozco, abogada y activista por los Derechos Humanos
  42. Neddy Zamora Chacón, socióloga pensionada
  43. Jaime Robleto Gutiérrez, juez de Apelación de Sentencias Penales
  44. Jorge Delgado Salazar
  45. Blenda Ivette Solano, pensionada CCSS
  46. Patricia Salgado Muñoz, jubilada
  47. Margarita Bolaños Arquín, antropóloga
  48. Omar Contreras, administrador de empresas con énfasis en Banca y Finanzas
  49. Emilia Molina Cruz, exdiputada
  50. Habib Succar Guzmán
  51. José Manuel Ortiz Durman, abogado y notario público
  52. Mario Alberto Sáenz Rojas, profesor universitario
  53. AnaLucia Hernández D
  54. Johana Castro Zamora, jubilada Jupema
  55. Marta Muñoz Cascante
  56. Olman Montero Salazar
  57. Ivannia Monge Naranjo, abogada y feminista
  58. Rita Méndez Villalobos, regidora municipal
  59. Otto Luis Castro Ríos, pensionado
  60. Paquita Cruz Villalobos
  61. Gonzalo Chacón Segura – empresario
  62. María Elena López Núñez
  63. Rosa Lía Guerrero Rojas, pensionada
  64. Hannia Franceschi Barraza, profesora universitaria jubilada
  65. Eric Gutiérrez Rojas, abogado
  66. José María Tijerino Pacheco
  67. Erick Gatgens Gómez, abogado
  68. Giselle Boza, periodista y abogada, profesora universitaria
  69. Marcial Rodríguez Garro, topógrafo
  70. Manuel Rojas Salas, abogado y docente universitario
  71. Cristina Rojas Rodríguez,exvicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, ex Jueza Superior Penal y coordinadora de la Oficina de Cooperación y Relaciones del Poder Judicial, jubilada
  72. María de los Ángeles Salvadó Sánchez, administradora de negocios
  73. Guillermo Enrique Molina Araya
  74. Nora Garita Bonilla, socióloga
  75. Roberto Salom Echeverría, sociólogo, jubilado
  76. Flor Vargas Hernández, bibliotecaria
  77. Gisele Rivera Chacón, abogada
  78. Henry Mora Jiménez
  79. Ana Carter Fonseca, jubilada
  80. Carlos Arguedas Ramírez
  81. Patricia Carrillo Valverde, pensionada
  82. Vilma B. Mesén Madrigal, abogada y notaria
  83. Sandra Madriz Muñoz, abogada
  84. Virginia Acuña Montero, licenciada en Educación
  85. Carlos Brenes Castillo, sociólogo
  86. Wesley Valenciano Solano, abogado
  87. Alexánder Sánchez Mora, filólogo, profesor universitario
  88. Alberto Coto T., administrador de empresas, licenciado en contaduría, licenciado en finanzas
  89. MSc. Maribel Gutiérrez Villalobos, máster en administración de justicia penal
  90. Edwin Alfaro Quesada
  91. Silvia Rodríguez Cervantes, profesora emérita UNA
  92. Xinia Zúñiga Muñoz, trabajadora social
  93. Blanca Durán Quinteros
  94. Juan José Hernández, odontólogo
  95. Roxana Abarca Ramírez, teóloga UNA, UNED
  96. Eugenio Solano Calderón, abogado laboralista, jubilado
  97. Maricel Salas Torres, psicóloga
  98. Alicia Monge Fallas, abogada penalista
  99. Isabel Araya
  100. José Luis Murillo Alfaro, contador privado
  101. Mag. Carmen María Marín González, trabajadora social
  102. Guido González Méndez, psicólogo
  103. Licda Berenice Retana Ureña
  104. Emilia Ureña Solís, abogada
  105. Marcela Echandi Gurdián, profesora de Filosofia y abogada
  106. Olga Guzmán Mora, psicopedagoga, docente de la UCR
  107. Jorge Eduardo Cartín Elizondo, químico, abogado
  108. MSc. Myrna Alvarado Roldán, abogada y notaria
  109. Fleyken Cerdas Hernández, abogada
  110. Yadira Matarrita Brenes, editora pensionada
  111. Carlos Manavella, decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad para la Cooperación Internacional
  112. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica
  113. Juan Agustín Salas Rojas
  114. John Brenes Rodríguez, abogado litigante
  115. Jorge Luis Morales García, juez de apelación de sentencia penal
  116. Carlos Acuña Montero, biólogo, jubilado
  117. Ana María Botey Sobrado
  118. Carlos Francisco Echeverría Salgado, jubilado
  119. Tathiana Flores Acuña, experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario
  120. Salvador Morales Navarro
  121. Yamilé Salas Sanz, jubilada
  122. Ana Ruth Quesada Bonilla, terapeuta en adicciones, promotora de derechos humanos de las personas con dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas en pobreza extrema
  123. Beleida Alfaro Quesada, administradora de empresas
  124. Sonia Sandí Zúñiga, abogada, secretaria general adjunta sindicato Sitrajud
  125. Rosibel Rios Carvajal, defensora de derechos, Justicia Paz e Integridad de la Creación Claret de C.R.
  126. Alice Ramírez Ramírez
  127. Juan José Vargas León, secretario técnico Foro de Justicia
  128. Emilia Trigueros Flores
  129. Denia Pacheco Moreira, abogada y notaría pública
  130. Ignacio Rodríguez Sancho
  131. Casta Arana, pensionada
  132. Esteban Araya Vargas, computación
  133. Rita Maxera Herrera, abogada, profesora
  134. Manuel Araya Incera, catedrático UCR jubilado
  135. Ma. Catarina Goldoni Ruiz, profesora jubilada
  136. Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo de ANEP
  137. Marcia Aguiluz Soto, abogada y defensora de derechos humanos
  138. Evelyn Salas Sanz, jubilada
  139. Carolina Hidalgo Herrera, abogada y expresidenta de la Asamblea Legislativa
  140. Antonio Ortega Vindas, abogado, ex-juez de juicio, jubilado
  141. Juan José Vásquez  Vargas, economista
  142. Ana Helena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República
  143. Saray Córdoba González, profesora jubilada
  144. Isabel Trejos Trejos, educadora
  145. Ronaldo Hirsch Keibel, profesor emérito UCR
  146. Gina Araya Araujo, abogada e internacionalista
  147. Carlos Bonilla Avendaño, abogado
  148. Dr Juan Boza Cordero, matemático jubilado, investigador CIMPA – UCR
  149. Alejandra Manavella Suárez, abogada defensora de derechos humanos
  150. Marjorie Moreno Salas, psicóloga clínica
  151. Marcela Guerrero Campos, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta Ejecutiva IFAM, exdiputada
  152. Marisa Batalla Chacón, periodista especializada en derechos humanos y género
  153. Walter Antillón Montealegre, abogado y profesor emérito
  154. Myriam Jinesta Moreira
  155. Lic Coralia Pacheco Moreira, educadora
  156. Carmen María Muñoz Quesada, periodista, exdiputada y ex viceministra de Gobernación y Policía
  157. Ivette Carranza Cambronero, jueza
  158. Laura Guido Pérez, politóloga y exdiputada
  159. Ana Carcedo Cabañas, físico matemática
  160. Víctor Hugo Cordero Murillo, jubilado
  161. José Pablo Carballo Chavarría, estudiante de Derecho e Ingeniería Química
  162. Adán Carmona Pérez, abogado y profesor universitario
  163. Roy Rojas Estrada, abogado
  164. Dra. Sara Sharratt, psicóloga clínica
  165. Freddy Calderón Chaves, abogado
  166. Marta Eugenia Odio Benito, trabajadora social, abogada especialista en Derecho Internacional Público, catedrática de la UCR
  167. Bernal Herrera Montero, profesor emérito UCR
  168. Alex Guevara Meza, trabajador social, estudiante de Derecho
  169. Guillermo Vargas, jubilado del Magisterio Nacional
  170. Ermila Rojas Umaña, MQC
  171. Olga Acuña Jarquín, pensionada
  172. María Lorena Molina M, catedrática emérita UCR
  173. Francisco Zamora Vargas, pensionado
  174. Claudio Camacho Monge, pensionado régimen IVM
  175. Dra. Maria Pérez Yglesias, catedrática
  176. Alfredo Antillón, profesor pensionado
  177. Vera Cristina Salazar Cabezas, geógrafa, jubilada
  178. Sary Montero




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Ahorros que se pagan con tragedias

Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Investigador CICDE-UNED

Innumerables veces he tratado de explicar, por qué el abordaje del problema fiscal desde una propuesta de austeridad y recorte, es un grave error. Ello genera deudas incomparablemente mayores que las deudas que se trataba de saldar. Y, pasados los años, las facturas nos llegan, con intereses muchísimo más altos.

Yo sé que eso desafía el “sentido común doméstico” -o sea: la idea de que las finanzas públicas deberían manejarse como las finanzas hogareñas- como también comprendo que siempre se preguntará: ¿y de dónde saldrá el dinero? La primera objeción es simplemente errónea, y la segunda tiene respuestas viables, la cuales, sin embargo, ha sido deliberadamente ignoradas.

Discúlpenme si omito referirme de momento a esas cuestiones. Lo que aquí quiero resaltar es otra cosa: las dolorosísimas tragedias que, como en avalancha, se nos vinieron entre viernes y sábado (y que ya se habían anunciado en numerosos episodios previos), son, seguramente, el resultado de diversos factores adversos, pero, en particular, son manifestación de una cosa: los “ahorros” hechos en el pasado -bajo la guía del “sentido común doméstico”- los estamos pagando ahora, a un precio muchísimo más alto.

Invariablemente son hogares pobres o de bajos ingresos, los que han resultado afectados. Ahí se ponen de manifiesto no solo las limitaciones impuestas a las políticas de atención a la pobreza, pero, sobre todo, y mucho más importante, la renuncia a políticas de desarrollo que garanticen empleos de calidad para toda la población.

Se visibilizan, también, las grandes falencias en materia de planificación urbana y uso de los suelos, las insuficiencias en materia de políticas de vivienda y urbanismo, pero, asimismo, las fatales omisiones en cuanto a inversión pública que garantice que las cuencas hidrográficas, no solo se mantengan limpias y llenas de vida, sino que asimismo dejen de representar un peligro para la población.

La tragedia de ayer en Cambronero es dolorosísimo testimonio de lo que ha significado “ahorrar” en infraestructura vial. Tan terrible acontecimiento jamás debió darse. Y si se ha dado, es porque por años de años se dejó de invertir lo necesario para darle cuido y mantenimiento a la carretera. Pero, por favor, tengamos presente: una desgracia similar puede darse en cualquier momento en muchas otras carreteras, inclusive la 27, que está en menos de una transnacional que, literalmente, nos saca la sangre todos los días (es inconcebible que, en medio de tanto dolor, la concesionaria se negase a abrir los peajes).

Los “ahorros” del pasado nos resultan hoy infinitamente más caros. Los “ahorros” que hoy, tercamente, se insiste en hacer, pasarán onerísimas facturas al cabo de unos años.

Breve instructivo del arribista

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Si no se tiene una formación jurídica sólida ni una carrera ejemplar; si  tus sentencias no han aportado nada  y no se conocen, ni se citan; si ha tenido que intervenir el régimen disciplinario no una, sino varias veces, por tus negligencias, atrasos, alteraciones de datos; si no se tiene el más mínimo reconocimiento, estima o auténtico respeto entre los compañeros de trabajo, entonces… la pregunta íntima, última y existencialmente radical es: ¿cómo se puede ascender?, ¿cómo se puede escalar y llegar hasta arriba-arriba?

         Si no se tienen virtudes, lo que corresponde es cultivar vicios, pero claro está, los indicados. Lo primero que hay que buscarse es un buen padrino. Ojalá un padrino en desgracia, que necesite, con urgencia, una importante influencia en al más alto nivel, con  juezas y jueces dispuestos a reescribir la historia, a borrar con el codo lo que la Justicia ha hecho con mano recta y firme. Este “contacto” facilitará todo lo demás. Se puede intentar sacar a la fuerza a un alto juez incómodo para abrir el espacio requerido. Si esta maniobra falla, entonces habrá que esperar un poco, pacientemente. Esta oportunidad vendrá cuando haya sobre la mesa la elección de dos vacantes simultáneamente, en el tribunal ansiado. No habrá necesidad de concursar: ¿para qué?  Esos procesos son, casi siempre, comedias burlescas  para ingenuos. Además, costará mucho justificar lo evidente, las limitaciones profesionales y personales, las sanciones recibidas. Así que si el bando de enfrente está apuntado con una buena candidata, la condición será apoyarla si, a cambio, se acepta la imposición de tu nombre, sin concurso, sin currículum, y con poca vergüenza. “Pa´ eso tenemos la mayoría”.

         Otro factor decisivo será parecer bueno. Aquí no hay nada tan efectivo como convertirse en “un hombre de Dios”, con vínculos, eso sí,  muy cercanos en la Curia Metropolitana, la misma que prohija, tutela, protege y esconde a sus peores agentes, los abusadores de niños. Esa Iglesia, también necesita influencias en lo más alto, no del Cielo, sino de la cúpula judicial. Quien quita si ahí, por arte de birlibirloque puede aparecer una prescripción, una casación o una revisión favorables.

         Lo tercero, pero no menos importante, es desarrollar una personalidad “encantadora”, hasta donde se pueda y con quienes se pueda, por supuesto. Habrá que convertirse en todo un “chavalazo”. Habrá que cultivar contactos no sólo en el sector del padrino venido a menos. Hay otros señores feudales a los que se les puede convencer de tu simpaticura, disponibilidad, amistad y utilidad en la transmisión de información reservada. Además, eso de tener una ideología y ciertos principios es también cosa de ingenuos. Lo mejor será ser amigo de todos los poderosos e influyentes, del partido que sea, estén donde estén.

         Una vez acomodado en el sillón, de lo que se trata es de dedicarse al “lobby” y a la intriga palaciega. En esto no faltará algún maestro, que te alimentará con todas sus enseñanzas, que como puede verse, dan abundantes y luengos resultados. La jurisprudencia y el gobierno judicial son para otros, los terceros ingenuos de esta historia. Aquí de lo que se trata es de que, cada vez que haya una vacante, apostar por la promoción de alguna o algún cercano y hacerle creer que sin tu apoyo no logrará el acceso a la cima. Esta estrategia neutralizará tu carencia de méritos profesionales, personales o de auténtico respeto. No te respetarán, pero te temerán, a vos y sobre todo a tus amigos de Cuesta de Moras y Zapote. Eso, tarde o temprano, te ayudará a sumar los votos necesarios para todo tipo de causas.

         El lado oscuro del viejo Maquiavelo se estará frotando las manos, donde quiera que esté, satisfecho de que, más allá de los principados monárquicos renacentistas y las recetas para conservar el mando, se ha filtrado, intacta, en los regímenes republicanos contemporáneos, o mejor dicho, en las pseudo-democracias de nuestros días, la lógica de un poder por el poder mismo.

         Lo que sí considero indispensable advertirte es que se viene lo que ya conocemos. Alcanzar una posición para la que no se tiene las mínimas condiciones, sólo exhibirá sin pudor, en la vitrina pública,  las desnudas carencias que se padecen. Y el final podrá ser, una vez más, la salida penosa, por la puerta trasera, pagándose un precio muy alto en esta extenuada democracia.

         También debe quedarte claro que en toda esta caída al abismo habrá, además del protagonista, otros dos responsables principales. Los políticos que, para protegerse de sus corruptelas apuestan por colocar amigos como jueces en puestos estratégicos, por si llegado el momento, haya que sacar las castañas del fuego. Y en segundo lugar, los compañeros de cúpula, sobre todo los que creen, a veces con razón, deberle el puesto a alguien verdaderamente temible.

Asociación Americana de Juristas – Rama Costa Rica pide suspender elección de presidencia de la Corte Suprema de Justicia

La Asociación Americana de Juristas, Rama Costarricense, se une a la petición de los sindicatos y de otras organizaciones y grupos cívicos, dirigida a la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que suspenda el procedimiento de elección de su presidencia, hasta que sean resueltos los recursos de amparo en los que se sostiene la necesidad de publicidad y transparencia en las correspondientes votaciones.

Como sustento de lo anterior, los miembros de la Asociación han considerado que, en primer lugar, dicha suspensión se impone ex lege, como efecto directo de la admisión de los recursos por parte de la Sala Constitucional; y en segundo lugar, que la misma es adecuada en la medida en que es funcional a los principios de transparencia y juego limpio que deben regir en certámenes de la importancia de una elección presidencial en el seno de la Corte Suprema de Justicia.

El poder Judicial es el baluarte de la institucionalidad y uno de los pilares de la Democracia en nuestro País; asegura la primacía del orden jurídico e inspira la confianza y la rectitud entre los ciudadanos.

Dada en San José, el 19 de setiembre de 2022.

Arturo Fournier Facio. Vicepresidente

Martín Rodríguez Miranda. Fiscal

Ante destitución de Ramos, representante del Gobierno renuncia a junta directiva de la Caja

El representante del Gobierno, Guillermo Hernández Ramírez, renunció a la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Su decisión se da luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles destituyera al presidente ejecutivo de la CCSS Álvaro Ramos. Con esta renuncia el órgano director queda sin cuórum.

Hernández Ramírez señala en su carta de renuncia que aceptó “la invitación de don Álvaro Ramos Chaves a ser parte de su proyecto de Seguridad Social, orientado a impactar los elementos sustanciales de la Caja. Hoy el corte de manera súbita de su nombramiento como Presidente Ejecutivo de la CCSS no me permite continuar como miembro de la Junta Directiva, pues no sería consecuente con mi motivación inicial”.

SURCOS comparte la carta de Guillermo Hernández Ramírez:

Información compartida con SURCOS por Adiana Laclé.

Presidente RODRIGO CHAVES ROBLES consolida su alto nivel de demagogo

Comunicación política SIFUPCR

Mentiras para desinformar y distorsionar

Mentira 1:

Caja esta quebrada y 15 días atrás ofreció un nuevo hospital para Limón.

Mentira 2:

Destituí a don Álvaro Ramos porque no me informó del acuerdo de Junta Directiva para pagar deuda salarial y además estaba en desarrollo un diálogo con el FMI.

Mentira 3:

Don Álvaro Ramos, es un detractor de lo público.

Mentira 4:

Ese pago de la Caja y lo que puede generar en varias instituciones, pone en peligro las finanzas del Estado.

UNDECA llama a defender la autonomía de la CCSS y demanda pago inmediato de ajuste salarial acordado

Costa Rica atraviesa una crisis política, social e institucional sin precedentes, que tiene la democracia al borde del precipicio.

No obstante, que el señor Álvaro Ramos Chaves no fue un funcionario sospechoso de ser amigo de trabajadores o sindicatos, tenemos que reconocerle que fue respetuoso del Estado de Derecho; pero su compromiso con el principio de legalidad constitucional, lo llevó a tener controversias por los comportamientos autoritarios del Gobierno de Rodrigo Chaves, la última, por su posición respetuosa de la legalidad del ajuste salarial adeudado a las personas trabajadoras de la CCSS.

La dignidad de don Álvaro y apego a los principios democráticos y científicos, demostró que estuvo muy por encima de la conducta sumisa que esperaba su implacable verdugo, y en definitiva, le costaron que el Presidente de la República y su obediente Consejo de Gobierno, cuyos salarios se incrementaron en más de un millón de colones, ordenaran su destitución inmediata.

El ajuste salarial acordado por la Junta Directiva de la CCSS estuvo sustentado en criterios técnicos, jurídicos y constitucionales, en el Código de Trabajo, la autonomía constitucionalmente atribuida a esa institución y pronunciamientos de MIDEPLAN.

Este ajuste salarial se aprobó e hizo efectivo en una gran cantidad de instituciones: Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Junta de Protección Social, Poder Judicial y varias municipalidades, entre otros.

Es más, tenemos, que destacar que la misma Contraloría General de la República, órgano constitucional que le corresponde la fiscalización superior de la Hacienda Pública, desde el año pasado, mediante resolución suscrita por la señora Marta Acosta, Contralora General, hizo efectivo ese ajuste salarial.

Advertimos a los y las trabajadoras de la benemérita CCSS, emblemática del Estado Social y Democrático, garante de la salud de la población, que nuestra querida institución está en un gravísimo riesgo, por una parte, por la exorbitante intervención política del Gobierno, y por otra parte, por los espurios intereses mercantilistas y privatizadores.

UNDECA llama a todos y todas las trabajadoras de la CCSS a pronunciarse y salir a defender enérgicamente la autonomía institucional y demanda el pago inmediato del ajuste salarial.

¡Detengamos la hostilidad política contra las personas que laboran en la CCSS, que más que merecido tienen este ajuste! La CCSS no está quebrada, el gobierno le debe más de 3 billones de colones y tampoco le paga.

El Bloque Sindical de Salud: UNDECA, UMN, SIPROCIMECA, ANPE, SINASSASS Y SINAME, informa que nos estaremos reuniendo a primera hora el próximo martes.

San José, 18 de setiembre de 2022

Diferenciar lo financiero de lo actuarial

Comunicación política SIFUPCR

Juan Carlos Durán Castro.

18 setiembre 2022

El corazón de la respuesta a esta narrativa de miedo del presidente radica en diferenciar lo financiero, de lo actuarial

Las finanzas de la caja están sanas para enfrentar los retos inmediatos, el reto actuarial tiene que ver con las brechas de demanda: para cerrar la brecha de demanda futura, los ingresos previstos parecen ser un poco débiles en razón de los cambios del mundo del trabajo y otros factores estructurales y tecnológicos, pero eso no significa que la Caja esté quebrada o quebrará.

Simplemente lo cierto es que no tendrá toda la capacidad para ofrecer los servicios que la población demanda y merece, pero esa es el debate estratégico, que permite darle luz a esa táctica desinformativa y oscura del presidente que aspira a meter miedo en el marco del momento histórico por el cual transita el país, que reiteramos tiene como un punto visible la deuda salarial, legal y justa, que merece la primera línea de atención contra el covid-19.

Así las cosas, resulta también relevante poner como ejemplo, que hace apenas 15 días, el presidente estaba ofreciendo un nuevo hospital en Limón.

Entonces de dónde pensaba sacar los USD 300m que cuesta construirlo más todo lo que costará operarlo.

Pareciera que esta es una salida típica y bastante rara del que parece ir retratando la verdadera lógica de dictadorzuelo que podría tener don Rodrigo Chaves Robles.

El presidente camina hacia un posible segundo acto dictatorial

COMUNICACIÓN POLÍTICA DE SIFUPCR

18 setiembre 2022

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

No tenemos la menor duda de que se avecina una semana histórica para el país y su institucionalidad, hecho que coloca a una de las instituciones más emblemáticas en el centro de un proceso que definirá la ruta de lo que conocemos como Estado Social de derecho.

Decimos lo anterior pues la parte visible del tema de la deuda salarial en la CCSS esconde un escenario paralelo altamente riesgoso para el país en su conjunto.

Es decir, más allá del tema salarial, lo cierto es que el presidente a nuestro juicio, ya ejecuto un primer acto dictatorial al destituir al respetable Don Álvaro Ramos Chaves.

Decimos esto porque la familia laboral de la Caja y el país en su conjunto tienen derecho saber y a entender que el tema de la deuda salarial en la Caja, aparte de ser legal, no implica un nuevo gasto y que además en términos reales esa deuda talvez alcance a ser posiblemente de un 1%, mientras la inflación ha llegado arriba del 11 %.

Esto sin dejar de decir, que el poder adquisitivo real de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tuvo una pérdida en los dos últimos años del 12% para el sector no profesional, mientras que el sector profesional arribo a una pérdida del 37%. (Esto último aunado a la reforma del régimen del IVM, según datos oficiales, ha generado el retiro de al menos 200 profesionales de la CCSS y se espera un mayor boom de deserción).

Así las cosas, hay que tener claridad meridiana que el verdadero problema de fondo para el Gobierno en ejercicio y los partidos políticos que aspiran llegar al Ejecutivo radica en la fisura que genera el acuerdo de pago en la Caja a la lógica fundamentalista de la ley 9635 y su cuadrada regla fiscal, cuadratura que hasta el mismo presidente desea cambiar, al punto de haber presentado un proyecto de ley para modificarla, claro con la excepción hecha del tema salarial.

En esa línea el caso de la Caja acarrea un riesgo de efecto domino en una buena cantidad de instituciones, lo cual dinamitaría aún más la ley 9635 y su regla fiscal en el tema de los salarios y eso no puede, ni debe suceder.

Es por estas y posiblemente otras razones, que parece estar en desarrollo un acoplamiento político ideológico de Eli Feinzaig, Rodrigo Arias Sánchez y otras fracciones legislativas cristianas y evangélicas, para chantajear a Rodrigo Chaves Robles, que ocupa platica para gastar y mantener su populismo en la cima, aunque los cambios estructurales que le urgen al país no caminen nada y se siga acumulando un estallido social.

 En esta lógica cobra sentido mayúsculo frenar a toda costa y revertir el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para pagar la deuda salarial a cambio de dar los votos para los eurobonos que necesita el presidente, ya sea en un solo monto o a poquitos.

Es así como el presidente podría entrar en una lógica que lo conduzca a valorar las rutas políticas y «legales» que posiblemente contengan las características de un segundo acto Presidencial con rasgos dictatoriales.

A nuestro entender los escenarios que indicaremos al final pueden ayudar a visualizar esas rutas y dependiendo de cómo avancen los acontecimientos la próxima semana, los riesgos para el país son enormes, pues la fisonomía dictatorial que está en desarrollo cuenta con arquitectos e ingenieros, que la están construyendo a partir de posibles argucias legales, conjuntadas claro está, con una narrativa mediática y de redes para asestar un golpe furibundo a la institucionalidad, que sin duda va más allá del tema salarial de la Caja.

Así, las cosas nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS, tenga claridad de que lo que está por definirse a partir del próximo Martes 20 de setiembre 2022 tiene una parte visible en lo del pago denla deuda, pero que en caso de tener que desarrollar un movimiento de lucha, al menos es menester dejar claro previamente que esta pelea de la Caja tiene repercusiones gigantescas para el país en su conjunto, es decir, estamos a las puertas de una huelga política por la defensa de la institucionalidad denla Patria, que además rompe con la lógica dogmática de la ley 9635 ( » ley de fortalecimiento de las finanzas públicas» y su regla fiscal).

Tenemos entonces que el desarrollo de los acontecimientos para la próxima semana podría estar consolidando un segundo acto de características dictatoriales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y en ese sentido la familia laboral de la Caja y la población en general debe ser bien informada de los riesgos país que encierra la parte visible del tema de la deuda salarial al personal de la Caja.

Escenarios:

 1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical. (Fuente: Información filtrada de una opinión vertida por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo), ahora presidenta ejecutiva de la CCSS).

Este escenario implicaría un acuerdo de Junta que tiene dos posibilidades:

A- Revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020, con criterios jurídicos sacados de la manga.

B- O buscar un acuerdo de la Directiva de la CCSS, en la línea de suspender el acuerdo de pago del aumento o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.

Ahora bien, si la Junta no la acuerpa, el gobierno posiblemente (Entiéndase Rodrigo Chaves Robles), tomará medidas radicales para «LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS».

En esa línea se hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.

A.- Inventar un debido proceso con una Medida cautelar de separación de directores.

B. Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS, acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural (sin un miembro la Junta no puede legalmente sesionar), y hacer y deshacer como quieran.

C- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento, pero todo se puede esperar.

Juan Carlos Durán Castro SIFUPCR