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Autor: Hector Ferlini Salazar

“Se declara abierto concurso en fase de liquidación de … ALDESA”

Escrito en . Publicado en Derechos.

“Se declara CON LUGAR la SOLICITUD DE INSUBSISTENCIA DE CONVENIO PREVENTIVO incoado por el Lic. Ronny García González en su condición de apoderado especial judicial de las legalizantes, Brenda Grissel González Aguilar, y Osmunda S.A. contra el convenio preventivo promovido por el grupo de interés económico denominado ALDESA. Se ORDENA la conversión del presente proceso de convenio preventivo a un proceso concursal en etapa de liquidación, en consecuencia, se DECLARA ABIERTO CONCURSO EN FASE DE LIQUIDACIÓN las siguientes empresas que forman parte del grupo de interés económico denominado ALDESA, a saber:…”

Así dice el por tanto del JUZGADO CONCURSAL y firmado por la doctora- Jennifer Arroyo Chacon, Jueza.

Osmunda SA, -heredada por Flora Fernández Amón luego del fallecimiento de su madre y fundadora de esa sociedad-, fue una de las empresas afectadas por ALDESA, ante lo cual, doña Flora pidió la quiebra.

SURCOS comparte el documento del juzgado enviado a este medio por Flora Fernández Amón .

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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO – Acerca de la visita de la Defensora de los Habitantes al Territorio Indígena de Salitre, Cantón de Buenos Aires ¿Inconsistencia o cambio de posición de la Defensoría?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

21 de julio del 2022

Los abajo firmantes, investigadoras e investigadores de las universidades públicas, expresamos nuestra preocupación por las opiniones emitidas por parte de la señora Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho a raíz de la visita que realizó al territorio Indígena de Salitre. Dicho evento, fue publicado por un diario nacional que la difunde bajo los titulares: “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve” (8 de julio del 2022) y “Funcionarios de Defensoría ocultaron lamento indígena” (11 de julio del 2022)1. Posteriormente, esta acción fue objeto de otras publicaciones en la prensa nacional: “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas” (11 de julio del 2022) y “Defensora de los Habitantes califica de ilegales las recuperaciones de los territorios indígenas” 2; el sindicato de la Defensoría también manifestó inquietud por las declaraciones de la señora Crespo3, así como varias organizaciones indígenas cuestionaron en diferentes publicaciones las declaraciones de la señora Defensora4. Luego, el diario vocero de esa visita, agregó un nuevo titular: “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”5 en la que se consignan denuncias hacia personas específicas de esa institución, según se afirma, por parte de la propia señora Defensora, apoyada en las acusaciones realizadas por las personas participantes en la reunión referida.

Ante esta situación consideramos imprescindible manifestarnos y señalar lo siguiente:

1. Los propios pueblos indígenas, los organismos internacionales, diferentes organizaciones no gubernamentales, y la Defensoría de los Habitantes han documentado y denunciado durante décadas y en repetidas ocasiones, la grave violación a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país, la cual ha venido escalando y agudizando a vista y paciencia de la institucionalidad pública y de las autoridades de todos los poderes de la República. Hay avances formales y normativos pero no hay resultados efectivos, ni en la solución de las situaciones urgentes, como lo son la recuperación de sus tierras y la legítima auto representación política, ni en los problemas estructurales e históricos de esta población.

La Ley Indígena 6172 de 1977, la firma del Convenio 169 de la OIT por parte de nuestro país, el voto a favor de la Declaración de la Naciones Unidad sobre el Derechos Indígenas adoptada en 2007 entre otras normativas han sido obviadas en nuestro país. Las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido seguidas eficientemente por el Estado y ni siquiera la legislación general para las y los ciudadanos costarricense se aplica de la misma manera cuando se trata de personas indígenas.6

Hay en esta acción continuada, más que una desaplicación de la ley, una negación persistente de la condición de sujetos históricos y de sujetos de derechos de las personas y de los pueblos indígenas, que es en extremo preocupante.

2. En el caso de las recuperaciones de tierras en Salitre, es necesario considerar la insistencia y gestión indígena durante decenas de años para reclamar sus tierras por todas las vías legales posibles. Desde los años noventa los indígenas venían planteando procesos judiciales agrarios de reivindicación, que en algunos casos tardaban hasta 8 o 10 años en ser fallados en favor de la comunidad indígena. Luego sucedía que las órdenes de desalojo no se concretaban por múltiples razones de tipo administrativo y hasta político.

Las recuperaciones de tierras son acciones desesperadas que tienen una justificación en la desidia institucional, en la negación de acceso a la justicia, y en la presión histórica que los usurpadores no indígenas ejercieron para dominar en todas las esferas, y apropiarse de estas tierras impunemente. 

Después de una década de las primeras recuperaciones que se dan en el 2012 en Salitre, la intervención estatal ante este hecho continúa pendiente. El Plan RTI (Plan Nacional de Recuperación de Tierras Indígenas) elaborado por el INDER (Instituto de Desarrollo Rural) para atender esta problemática es todavía un documento que está en etapa de campo y no ha logrado hacer efectiva ninguna devolución territorial, después de más de 6 años de haberse iniciado.

De manera tal, que ni las acciones administrativas, ni las acciones legales emprendidas por los pueblos indígenas han tenido resultados contundentes, por lo que las recuperaciones territoriales se mantienen en el horizonte como la única posibilidad de resarcimiento de sus derechos territoriales, aunque esto signifique asumir riesgos contra la integridad de las personas indígenas. En consecuencia, las reacciones violentas de quienes ocupan ilegalmente el territorio, mientras permanezcan impunes, seguirán abonando a la profundización y extensión del conflicto, que lamentablemente ya ha cobrado la vida de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera.

3. Según la ley – y lo han reiterado los tribunales de justicia en todas las jurisdicciones- los no indígenas no tienen derechos sobre las tierras indígenas, por eso el papel de un procurador de derechos de la ciudadanía, no es el de ponerse en favor de los usurpadores de tierras, sino en favor de quienes han reclamado por todos los medios, y no les ha quedado más que dirigir sus propias acciones para reivindicar sus derechos.

4. La Defensoría de los Habitantes ha sostenido hasta ahora una posición muy clara en ese sentido, haciéndoles ver a los habitantes no indígenas, que si tienen documentos de propiedad anteriores a 1977 tienen derecho a una indemnización, si por el contrario, adquirieron los terrenos después de 1977, estarían en condición de ilegalidad según la ley y lo que corresponde es el desalojo sin indemnización. Esta explicación la misma señora Defensora la comunicó a la señora Thais Vidal en el año 2020 bajo el oficio: DH-DIND-0176-2020, de manera que dos años después no es posible alegar asombro, ni desconocimiento de una situación que ya conocía y ante la cual había emitido un criterio institucional.

5. Es decir, la Defensoría no solo tiene conocimiento pleno de lo que sucede en los territorios indígenas, de los conflictos, los intereses en juego, las distintas informaciones y desinformaciones circundantes, sino también de los asesinatos, hostigamientos, criminalizaciones y las constantes amenazas de muerte que líderes y lideresas indígenas por parte de finqueros no indígenas, de personas contratadas por ellos o bien, de personas indígenas afines a sus intereses. La señora Defensora ha expresado públicamente que conoce bien esta la situación de los territorios.

6. La Defensoría de los Habitantes ha gozado del respeto y la confianza de lideresas y líderes comunitarios y de la población indígena, gracias al profesionalismo, objetividad, transparencia y coherencia con la que han actuado el personal especializado en derechos indígenas y algunos Defensores y Defensoras a la hora de emitir criterios, informes, alertas, recomendaciones, solicitudes y recordatorios a las instituciones públicas. Estas acciones las han realizado sobre la base de hechos ocurridos en los territorios, datos concretos y observaciones directas. Sin duda, su participación ha sido fundamental en varios momentos críticos en defensa de los derechos indígenas, labor, por cierto, claramente disminuida en los últimos cuatro años.

7.Es ante lo anteriormente expuesto, que nos desconcierta conocer que la señora Defensora emita criterios inconsecuentes y contradictorios con el accionar previo, producto de una reunión en el Territorio Indígena de Salitre donde participaron personas no indígenas que tienen posesiones ilegales en tierras indígenas, cuyas acciones y reacciones organizadas, han desatado violencia, manifestaciones de odio, racismo y sufrimiento. Hostigan e incitan a la violencia, utilizando las redes sociales y algunos medios de prensa para desinformar a la población. Afirmar en ese contexto que las recuperaciones son ilegales es avalar a los usurpadores, revictimizar a quienes han sido agredidos y criminalizar a los defensores de los derechos indígenas.

En particular llama la atención que una de las personas activamente participante -según se dice en la noticia – fuera la señora Thais Vidal, quien fue condenada a tres años de cárcel por usurpación de tierras en Salitre (No. 2016-0321)7 – como es de conocimiento público – llegando al punto de declararse indígena “pluriétnica”8, para obtener su propósito. Dos peritajes culturales llegaron a las mismas conclusiones sobre la falta de legitimidad de documentos aportados por la señora Vidal, acerca de su identidad como indígena bribri y posteriormente la ADI de Ujarrás declaró que tampoco es cabécar. ( Véase Resolución de la Sala Constitucional N°20139-2014 que declara sin lugar Recurso de Amparo). En esas ocasiones, la señora Vidal cuestionó a los profesionales responsables porque sus dictámenes no la favorecen, incluyendo su apelación a la sentencia mediante recurso de casación, el cual la Sala III declaró sin lugar ( R 2017-000585).

Considerando los criterios antes expuestos, con todo respeto solicitamos a la señora Defensora de los Habitantes, que:

  • La Defensoría de los Habitantes conforme a su misión de tutelar los derechos en general y de los pueblos indígenas en particular y en su agenda como Defensora, se mantenga la acción consecuente que la ha caracterizado en la defensa y restitución de derechos de los Pueblos Indígenas, retomando con fortaleza las acciones que estén a su alcance para que se agilice el Plan RTI y todas las acciones institucionales necesarias para garantizar el saneamiento y la seguridad de los territorios indígenas. Así como se ejecuten acciones específicas para garantizar el acatamiento de la normativa nacional e internacional en materia indígena, un papel fundamental de la Defensoría.
  • Aclare la posición de la Defensoría de los Habitantes ante las dudas generadas por sus declaraciones, y en caso de que haya variaciones con el criterio histórico que ha mantenido la institución-, muestre los argumentos y datos que fundamentan un cambio tan importante.
  • En ese mismo sentido, respetuosamente le hacemos un llamado para que el conflicto que viven los pueblos y territorios indígenas por la violación de sus derechos, no sea utilizado para dirimir diferencias institucionales internas, que como es de dominio público, se vienen dando dentro de la Defensoría.

Nombre / Institución:

1. Xinia Zúñiga Muñoz. Investigadora. CICDE – UNED / Proyecto Conflictos Territoriales UCREA-UCR.

2. Denia Román Solano. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Antropología. CIAN UCR.

3. David Solís Aguilar. ProCultura, CICDE-UNED / FLACSO Guatemala.

4. Mauricio Alvarez Mora. Docente en las Escuelas de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y IDELA-UNA.

5. Jeffrey Peytrequín Gómez. Esc. Antropología UCR.

6. Rebeca Arguedas Ramírez. Académica UNED.

7. Andrea Cuenca Botey, Cátedra de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades UNED.

8. Juan Antonio Gutiérrez Slon, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

9. Patricia Mora Castellanos. Escuela de Estudios Generales UCR.

10. Alberto Gutiérrez Arguedas, Sede de Occidente y CIEP, UCR.

11.Ma. del Carmen Araya Jiménez, CIAN-UCR.

12. Jorge Arturo Lobo Segura. Escuela de Biología, UCR.

13. Helga Arroyo Araya. Proyecto Conflictos Territoriales. UCREA / Esc. Psicología.

14. Alejandro Alvarado Alcázar, Escuela de Sociología, UCR.

15. Onésimo Rodríguez Aguilar, director, Centro de Investigaciones Antropológicas.

16. María E. Bozzoli Vargas, Proyecto Conflictos Territoriales UCREA/Esc.Antropop. CIAN. UCR.

17. Ana Lucía Calderón Saravia, asesora curricular, Centro de Evaluación Académica, UCR.

18. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.

19. Maritza Marín Herrera, Académica de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

20. Vernon Soto Lugo. Docente de Ciencias biológicas en la Escuela de Estudios Generales, UCR.

21. Macarena Barahona Riera. Docente e investigadora de Escuela de Estudios Generales.

22. Sylvia Elena Solano Ulate. Docente de la Escuela de Estudios Generales, UCR.

23. María José Chaves Groh. Docente de la Escuela de Estudios Generales e investigadora en el CIEM, UCR.

24. Ángela Ramírez Guerrero. Docente en la Escuela de Estudios Generales, de la Universidad de Costa Rica.

25. Geanina Amaya Rodríguez. Docente de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.

26. César Moya Aburto, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

27. Carmen María Camacho Rodríguez, académica e investigadora jubilada (UNA, UCR, ICAP).

28. Verónica Jerez Brenes, docente, Escuela Estudios Generales, UCR.

29. Ernesto Cortes Amador, docente, Escuela de Antropología, UCR.

30. Silvia Rojas Herrera, académica, Escuela de Sociología, UNA.

31. Catalina Carrillo Vargas, académica IDESPO y Sede Brunca, UNA.

32. Mariana Porras Montero, docente de la Escuela de Trabajo Social, UCR.

33. Celia Barrantes Jiménez, docente interina Escuela de Antropología, UCR.

34. Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR/Proyecto Pueblos Originarios-Universidades Públicas-CONARE.

35. Vania Solano Laclé, docente de la Escuela de Antropología y coordinadora del proyecto EC-581 Observatorio para la acción contra el racismo, CIAN-UCR.

36. Francisco Javier Mojica Mendieta, Antropólogo Proyecto Pueblos Originarios-U Públicas-CONARE; docente posgrado en Antropología-UCR; Director de Revista Trama, ITCR.

37. Giovanni Beluche Velasquez. Coordinador del Programa de Humanidades de la UTN.

38. Zuiri Méndez Benavides, docente Escuela de Sociología y Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

39. Luis Andrés Sanabria Zaniboni. Proyecto EC-518 Observatorio Bienes Comunes. Programa Kioscos Socioambientales, UCR.

40. José Antonio Mora Calderón. Docente Sede de Occidente y Coordinador de Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, UCR.

41. Nathalia Vargas Umaña. Trabajadora Social, Gestora Sociocultural y activista feminista.

42. Mar Fournier Pereira. Docente Escuela de Psicología, UCR

43. Mariana R. Mora. Docente Escuela de Sociología UCR

44. Daniel Solano Ulate. Docente Escuela de Danza, Escuela de Música, UNA.

45. Marcelo Valverde Morales. Académico IDELA, UNA.

46. Luis Paulino Vargas Solís, investigador CICDE-UNED.

47. Ali García Segura. Bribri Talamanca. Investigador Facultad Ciencias y Letras UCR.

48. Paulo E. Coto Murillo, Investigador y docente, CICDE-UNED/ Posgrado de Sociología, UCR.

49. Mariano Saenz Vega, Investigador docente Ad-Honorem, UCR.

50. Anacristina Rossi, Profesora de Estudios Generales. Universidad de Costa Rica.

51. Priscilla Carballo Villagra, investigadora, CICDE-UNED.

52. Pablo Arturo Díaz González, investigador, CICDE-UNED.

53. David Arias Hidalgo, profesor-investigador ITCR-

54. Héctor Ferlini-Salazar, director de SURCOS, docente UCR.

55. Raquel Lafuente Chryssopoulos, profesora-investigadora Escuela de ingeniería en producción industrial, integrante del Consejo Institucional ITCR.

56. Evelyn Hernández Solís, Estadística de la Oficina de Planificación, ITCR.

57. Noemy Quirós Bustos, Coordinadora Centro de Investigación CEQIATEC, profesora-investigadora Escuela de Química, ITCR.

58. Roberto Cortés Morales, Director Escuela de Ingeniería en Computación, ITCR.

59. Isabel Ducca Durán, catedrática jubilada de la Universidad Nacional.

60. Carolina Quesada Cordero, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica.

61. Nora Garita Bonilla, catedrática jubilada, Universidad de Costa Rica.

Siguen más firmas…

1 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479409/defensora-visita-salitre-y-se-espanta-con-lo-que-ve. y https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479557/funcionarios-de-defensor-a-ocultaron-lamento-ind-gena

2 https://semanariouniversidad.com/pais/defensora-visita-salitre-guiada-por-abogada-condenada-a-carcel-por-usurpar-tierras-indigenas/ y https://delfino.cr/2022/07/defensora-de-los-habitantes-califica-de-ilegales-las-recuperaciones-de-territorios-indigenas

3 https://delfino.cr/2022/07/sindicato-de-la-defensoria-senala-a-catalina-crespo-por-reunirse-con-usurpadores-de-tierras-indigenas?s=09.

4 https://www.facebook.com/111882987093775/posts/555428809405855/

5 https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/479926/denuncian-a-funcionarios-de-la-defensor-a-de-los-habitantes

6 La Comisión impuso a Costa Rica la Medida Cautelar 321-12 desde el 2015 vigente hasta el momento. https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp. El país ha recibido la visita de dos Defensores de Derechos Indígenas, James Anaya (2011) y Francisco Cali Tzay (2020) quienes en sendos informes han expresado su preocupación por múltiples violaciones de derechos indígenas en nuestro país. Para mayor información véase https://www.sciencespo.fr/opalc/content/pueblos-indigenas-en-salitre-las-medidas-cautelares-solicitadas-costa-rica-por-la-cidh.html#:~:text=Las%20medidas%20cautelares%20constituyen%2C%20como,de%20la%20CIDH%3A%20la%20violencia

7Dictada a las 11 horas 56 minutos, del 20 de mayo de 2016, por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Primera. Sentencia de cárcel para Thais Vidal https://www.youtube.com/watch?v=DUF9jcySHBc). La señora Vidal, abogada de profesión, obtuvo ejecución condicional de la pena, lo mismo que su pareja el señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez agrario quienes compran ilegalmente una parcela en Cebror de Salitre a una persona que no era indígena bribrí, pero que de buena voluntad la comunidad indígena la había dejado habitar en el Territorio.

8 ADI de Ujarrás niega identidad indígena a Thais Vidal https://www.tvsur.co.cr/etiqueta/thais-vidal-salitre/

Respuesta de recuperadores y recuperadoras, defensores de derechos humanos a las últimas declaraciones de la Señora Defensora de los Habitantes

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Compartido por SURCOS por Pablo Sibar Sibar. 

Respuesta dirigida a la Defensora de los Habitantes Catalina Sancho Crespo, sobre sus últimas declaraciones presentadas a la prensa, se indica que contradice las labores de su cargo e ignora las posiciones que anteriormente ha defendido respecto a la problemática en los territorios de los pueblos indígenas del sur, donde los finqueros y usurpadores han provocado con anterioridad la muerte de líderes indígenas. Se cuestiona la reunión de la Defensora con personas que han usurpado y ejercido violencia en territorios indígenas, sabiendo de primera mano, la buena voluntad con la cual las comunidades indígenas afectadas han tratado el tema de la usurpación de sus tierras frente a las instituciones estatales y las leyes de este país a fin de lograr una solución pacífica. 

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Defensoría de los Habitantes

Señora
Catalina Sancho Crespo
Defensora de los Habitantes de Costa Rica

REF: Respuesta de recuperadores y recuperadoras, defensores de derechos humanos a las últimas declaraciones de la Señora Defensora de los Habitantes.

Le saludo cordialmente en nombre de las recuperadoras y los recuperadores de territorios indígenas, defensores de nuestros derechos humanos. La presente se debe a sus fuertes afirmaciones en el diario La Extra (1), por la gravedad de estas (2), me veo en la obligación de contarle sobre nuestro proceso de recuperaciones.

Señora Defensora, justo donde usted se reunió en el Territorio Bribri de Salitre con la Señora Thais Vidal (3) fue donde la violencia en los territorios indígenas se exacerbó a partir del año 2012. La causa inmediata fue precisamente, que la Señora Vidal, siendo abogada y quien dice ser indígena pluriétnica, en aquel momento con su esposo Señor Carlos Gutiérrez Alpízar, abogado y exjuez Agrario, compraron ilegalmente una parcela en la comunidad de Cebror de Salitre a una persona no indígena, que de buena voluntad la comunidad había permitido habitar el área. Sobra señalar que como profesionales en derecho e incluso como Juez Agrario ambas personas (Señor Gutiérrez y Señora Vidal) conocían sobre la ilegalidad de comprar tierras dentro de un territorio indígena.

Además de la compra y posesión ilícita, estas dos personas demarcaron con cercas violentando los linderos de la parcela, hecho por el cual la Asociación de Desarrollo finalmente realizó gestiones para su desalojo. Desde entonces, esta pareja organizó un movimiento de muchos finqueros los cuales usurpan nuestros territorios, donde imponen violencia en contra de nuestros pueblos sembrando el miedo y terror.

Todo este contexto fue la razón por la que se conformó una mesa de diálogo mediada por la Defensoría de los Habitantes, el PNUD, Gobiernos de Pueblos indígenas del sur Buenos Aires y Pérez Zeledón. De esta forma se logró demostrar que ni la Señora Vidal ni el Señor Gutiérrez son indígenas ni tienen derecho alguno de posesión, por lo que posteriormente se logra su desalojo.

Además, ambos tuvieron causas abiertas por la Fiscalía donde fueron condenados por el delito de usurpación, condena que fue confirmada incluso por la Sala Tercera.

Señora Defensora, los pueblos indígenas siempre hemos contado con el acompañamiento técnico de la Dirección de Igualdad y no Discriminación, particularmente resaltamos la gran labor del Señor Álvaro Paniagua y la Señora Marjorie Herrera así como otras y otros funcionarios. Incluso, durante el inicio de su mandato, cuando usted respetaba el criterio técnico de dicha oficina, usted misma ha estado presionando al Ejecutivo para que asuma correctamente la situación sobre el proceso de saneamiento territorial mediante la expropiación y el desalojo de las personas no indígenas que tienen tierras o viven dentro de nuestros territorios. La Defensoría ya ha manifestado su preocupación pues en los últimos años, que ha estado en “marcha” el Plan RTI a cargo del INDER, no se ha retirado a ninguna persona no indígena de ninguna finca dentro de ningún territorio. También es un hecho conocido y validado por esta Defensoría que desde la “Arrastrada” en el 2010, no nos quedó otra opción que recurrir a las recuperaciones pacíficas por la vía de hecho y derecho, exponiendo nuestras vidas.

Es contradictorio lo que usted ahora manifiesta en prensa Señora Defensora, “que estamos olvidados”, pues como dije anteriormente, la Defensoría de los Habitantes ha sostenido una posición técnica clara con los habitantes no indígenas, haciéndoles ver que si tienen documentos de propiedad anterior a la ley del 1977 tienen derechos a la expropiación pero si los adquirieron después solo les corresponde el desalojo simple, sin ninguna indemnización. Todo esto consta en el Informe Anual de Labores 2020-2021 de la Defensoría de los Habitantes, de particular atención la página 96.

Le pregunto por qué la Señora Defensora de los Habitantes acude a una reunión con personas que las y los habitantes indígenas hemos denunciado por agresiones, amenazas, discriminación, usurpación, y otros delitos. Denuncias que no se reciben en muchas ocasiones o se tramitan discriminatoriamente en todas las oficinas judiciales, ahora incluso atentado por una persona que ostentando el cargo de Diputada de la República, la Señora Sonia Rojas, afirma ser indígena cuando no es reconocida como tal en ningún por ningún pueblo indígena. Siempre hemos reclamado el respeto a nuestro derecho de acceso a la justicia y la Defensoría de los Habitantes siempre dio acompañamiento a estos tratos discriminatorios.

Señora Defensora, usted le dio cobertura mediática incluso con fotografías en el sitio de la visita, dejando en claro su interés figurativo más allá de la resolución real del problema o incluso dejando de lado el análisis de riesgo de violencia que dicha acción podía provocar.

Usted miente al afirmar desconocimiento de la situación real de tierras e incluso de problemas internos que enfrentamos los territorios del sur, porque usted si ha tenido reuniones con nosotras y nosotros. En la Asamblea Legislativa usted reconoció que fue a darle las condolencias a la Madre de Jehry, y ahora se alía con quienes provocaron el contexto de su muerte. Usted está propiciando la violencia en contra de nuestros territorios al reunirse con el sector reconocido por propiciar agresiones armadas incitar a la violencia creando más odio y racismo contra nuestros pueblos (4).

En su visita a Salitre, Diario La Extra afirma que en dichas reuniones se conversó sobre separar de su cargo e incluso iniciar investigaciones contra funcionarios como la Señora Marjorie Herrera y el Señor Álvaro Paniagua. Es lamentable escuchar que la persona que ostenta el cargo de Defensora de los Habitantes, lejos de querer fortalecer la institución y respetar su investidura, busca al contrario alejar a las únicas personas dentro de la Defensoría con la capacidad técnica y la experiencia suficiente para conocer realmente la situación de los derechos indígenas. A ambos tengo muchos años de conocerlos y solo sé que son defensores de los derechos indígenas. Derechos, que como usted sabe, han sido olvidados, pisoteados y violentados por los que tienen la autoridad para garantizarlo.

Se hace absolutamente necesario conocer con la profundidad y dimensión adecuada, la situación de nuestros pueblos y los problemas que afrontamos. Siempre he abogado por nuestra autodeterminación y he dicho que los problemas nuestros los arreglamos nosotros, respeten nuestro derecho de autodeterminación y déjennos solucionar nuestras diferencias, porque mientras los de la Capital sigan sembrando nuestras diferencias será muy difícil encontrar una solución.

Señora Defensora, su rol es buscar la solución y mediar para que se nos devuelvan las tierras, por favor haga todo lo que esté a su alcance en esa ciudad que a nosotras y nosotros se nos hace tan difícil llegar. Yo le garantizo que si las tierras fueran nuestras y se respetaran todos nuestros derechos, donde nosotros tengamos nuestra propia autonomía, los problemas serían menores porque uno de los grandes problemas que enfrentamos es la intromisión desde afuera queriendo ser los salvadores, pero esa práctica discriminatoria lo único que logra es fomentar más el odio y racismo.

En nuestras recuperaciones hay vida, esperanza y espiritualidad se siente un buen vivir para vivir bien y esto lo que garantiza la vida para las siguientes generaciones, que no sufran todos los atropellos que hemos vivido nosotros.

Esperando su respuesta, se despide un recuperador de hecho muy orgulloso y defensor de los derechos indígenas.

Pablo Sibar Sibar
Indígena Brörán del Territorio Indígena Térraba
Beneficiario MC 321/12 CIDH

CC:

-Naciones Unidas
Señor Francisco Cali Tzai, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Señora Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
Señora Ana Maria Upegui, OHCHR Costa Rica.

-Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Comisionada Esmeralda Arosema de Troitiño, Relatora para Pueblos Indígenas.
Comisionado Carlos Bernal Pulido, Relator para Costa Rica.
Sra. Fernanda Alves dos Anjos, Coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales.

-Autoridades Estatales
Señora Natalia Díaz, Ministra de la Presidencia de la República.
Señor Ricardo Sossa, Comisionado de Inclusión Social de la Presidencia de la República.
Señora Diputada, Presidenta Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos Asamblea Legislativa.

-Forest Peoples Programme.

-Front Line Defenders.

Notas:

1 Diario La Extra, “Defensora visita Salitre y se espanta con lo que ve”, nota del 8 de julio del 2022.

2 Delfino CR, “Defensora de los habitantes califica de «ilegales» las recuperaciones de territorios indígenas”, nota del 11 de julio 2022.

3 Semanario Universidad, “Defensora visita Salitre guiada por abogada condenada a cárcel por usurpar tierras indígenas”, nota del 12 de julio 2022.

4 Semanario Universidad, “Sindicato de la Defensoría de los Habitantes reclama a Defensora por avivar conflicto en Salitre exponiendo a indígenas y luego salir del país”, nota del 15 de julio 2022.

5 Diario La Extra, “Denuncian a funcionarios de la Defensoría de los Habitantes”, nota del 18 julio 2022.

Las llamadas “Verdades alternativas” o declaraciones engañosas – programa este lunes 18

Escrito en . Publicado en Análisis, Cultura.

El podcast “La Telaraña” les invita a sintonizar su nuevo programa llamado “Verdades Alternativas” el cual será transmitido el próximo 18 de julio de 2022, a las 7am vía 95.5 FM.

El título brindado a este programa responde al término que surgió en la era de Trump, como una referencia a las declaraciones engañosas que se hacen desde los gobiernos. Por ende, se plantea que este será un espacio para conversar sobre las responsabilidades del científico, el artista y el ciudadano en este panorama, sobre simulacros, noticias falsas y teorías de la conspiración. 

Verdades Alternativas será facilitado por el biólogo celular Felipe Mora y el artista visual Manuel Zumbado. Asimismo, el programa podrá ser disfrutado posteriormente a su transmisión en el perfil de Spotify de La Telaraña aunque no se disponga de cuenta en la aplicación. 

Si desea más información acerca de este programa, puede consultar la imagen adjunta.

Compartido con SURCOS por  Sergio Mora Castro.

Entre dos fuegos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Oscar Madrigal

Los sectores populares se encuentran en medio del fuego cruzado entre dos sectores de la derecha a cual más reaccionario y conservador. Por un lado el Gobierno encabezado por el presidente Chaves que desea conducir el país disparado hacia el autoritarismo, promoviendo la centralización del Estado a costa de la participación ciudadana, la desaparición de la producción nacional, junto al ataque a La Nación, a otros grupos reaccionarios de la derecha. Es un gobierno que fundamentado en un mensaje de eficiencia impulsa políticas muy de derecha que se orientan a acabar con los rescoldos democráticos que dejó el gobierno de Alvarado.

El gobierno de Chaves propone rebajar el precio del arroz a costa de la desaparición de los pequeños productores de arroz y cambiar a los poderosos industriales del arroz por los poderosos importadores de arroz.

Propone acabar con Setena y otros órganos ambientales para convertirlos en apéndices del Ministro del ramo y con ello debilitar las políticas ambientales a cambio -supuestamente- de mayor inversión.

Propone adherirse a la Alianza del Pacífico para terminar de abrir las fronteras a los productos agrícolas y acabar con lo poco que queda del campesinado nacional.

Ataca a La Nación, cerrando una empresa de su grupo económico, justificado en potenciales emergencias, aunque eso signifique ahogar más a esa empresa y dificultar aún más la recuperación de las inversiones hechas por la Caja y otras instituciones.

La izquierda defiende la libertad de expresión y de prensa, aunque sabe que ninguno de esos grupos, el de Chaves o La Nación, representan esa libertad. Simplemente debe desenmascarar ese juego sabiendo que ninguna de esas fuerzas vendrá en auxilio de la auténtica defensa de la libertad de expresión, en especial de la izquierda.

La izquierda está en medio de esos dos fuegos, de grupos ambos reaccionarios y antipopulares.

Sin embargo, no puede desinteresarse del asunto y ver el pleito desde el palco o el balcón.

En ese pleito las fuerzas populares deberían levantar sus propias banderas para no quedar encerradas en la disyuntiva planteada por los grupos reaccionarios. Levantar una tercera vía, una alternativa clara, en especial por parte de la organizaciones populares, sindicatos, ambientalistas, organizaciones campesinas, de vivienda, federaciones de estudiantes, para no quedar encerrados en disyuntivas falsas y contrarias a los intereses populares.

Por ejemplo, si el sistema de producción de arroz es injusto con el consumidor, es necesario construir uno que combine esa aspiración con la defensa de la producción nacional.

A nivel ambiental hay que oponerse radicalmente a los intentos de secuestrar los avances ambientales en función de los egoístas intereses económicos. Al igual hay que defender a los pequeños propietarios de la amenaza de la Alianza del Pacífico creando soluciones y alternativas.

Hay que defender la libertad de prensa amenazada por el Gobierno aunque eso no represente una defensa de las políticas reaccionarias que ha defendido a lo largo de la historia La Nación.

El Gobierno de Chaves da signos de avanzar hacia el autoritarismo estilo Bukele en El Salvador, para beneficiar esencialmente a grupos oligárquicos poderosos.

Hay que pasar a la ofensiva, aunque noto una gran pasividad, como que estamos paralizados. Espero equivocarme.

El Momento Social y Acciones que Abren el Futuro

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Surcos los invita a escuchar este domingo 17 de julio a la 1 pm de Costa Rica, el conversatorio titulado “El Momento Social y Acciones que Abren el Futuro”, con un mensaje dirigido a toda hispanoamérica. 

Podrá seguir la transmisión en el Facebook de P.Humanista.

https://www.facebook.com/102399328948305/posts/pfbid02sjRhEN6ZTVWTMwHDfVxkCuNi3DjXhtKsqEXMHDtrFZ4CcbcxY4ht1MvJ6eJNUydwl/

Página oficial del Partido Humanista:

https://www.internationalhumanistparty.org/es

Un siglo en el olvido; una década esperando

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

M.Sc. Rodolfo Quesada Quesada Lic.
Coordinador Foro Agenda Verde
Región Sur, Península de Nicoya

Esa es la realidad que vivimos los habitantes de los distritos de Lepanto, Paquera, Cóbano Isla Chira y demás Islas del Golfo de Nicoya. El 18 de octubre de 1915 en la administración de don Alfredo González Flores, al promulgarse el decreto ejecutivo número 20, nos congelaron en el tiempo.

Este decreto se considera ilegal, porque en Costa Rica la división territorial administrativa tiene reserva legal. Mediante éste, se dio en administración a la provincia de Puntarenas esta Región, perteneciente a la provincia de Guanacaste al cantón de Nicoya.

Con el mismo, se laceró el contenido histórico, cultural, social, político y legal de la Región y de Costa Rica, al incidir negativamente en el proceso de desarrollo y los derechos de los habitantes de esta Región. Además, mutiló la historia patria, al ser este territorio parte del Partido de Nicoya que se unió a Costa Rica en 1824 y que siempre ha pertenecido a la provincia de Guanacaste.

Urgimos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, para que se pronuncie con respecto al recurso legal planteado por la Municipalidad de Nicoya y aceptado por dicho Tribunal el 16 de julio del 2012, expediente 12- 003638-1027-CA. En el mismo, se solicita la anulación del decreto de marras aduciendo falta de sustento legal.

Con más de un siglo de inseguridad jurídica, una generación entera ha experimentado el sabor amargo del abandono y la falta de respeto por sus derechos inalienables, garantizados en nuestra carta magna. Los esfuerzos legales para recuperar nuestra identidad, han tropezado con el muro de la desidia y falta de interés y por supuesto, la brecha generacional intrínseca.

Todos los años se celebra la Anexión del Partido de Nicoya, procurando enmascarar el atropello de 1915, dándole bajo perfil al tema de la desmembración ilegal que sufriera la provincia de Guanacaste y más aún, del subdesarrollo en que quedó inmersa la población de la Región Sur, Península de Nicoya.

Hace un año, el 24 de julio del 2021 en vísperas de la celebración del 197 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, las autoridades políticas, legales y sociales de la provincia de Guanacaste, hicieron la declaración histórica de esta Región, como un TERRITORIO IRREDENTO de dicha provincia.

Este hecho reivindicativo se llevó a cabo en el Cabildo de Nicoya en el mismo recinto donde en 1824 se celebró la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica. Este evento quedará para la posteridad, como un ejemplo de patriotismo y confianza en la democracia y sus instituciones.

El mismo fue y sigue siendo, una coadyuvancia social multitudinaria que trasciende en el tiempo. No se ve limitada por el sistema de la administración de justicia, puesto que, no está formateada bajo la rigurosidad legal, sino más bien, sobre la conciencia ciudadana. Jamás se ha visto en ningún proceso legal en la historia de Costa Rica, que todo un pueblo, coadyuve una acción legal y permanezca de pie esperando la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

Esta década de tardanza del Tribunal Contencioso Administrativo para pronunciarse sobre dicho decreto, deja ver las grietas que tiene la administración de la justicia. Como pueblo, hemos estado expuestos por una década, a la vituperación de nuestros derechos por la lentitud del Poder Judicial, en temas tan cruciales como éste, es como negarle el salario del cual vive, a un trabajador o trabajadora por 10 años.

De ninguna manera la amnesia social, legal e histórica de un siglo como herramienta para el olvido, tendrá efecto en nosotros. Día tras día, vamos a estar recordándole y exigiendo al Poder Judicial, que seguimos esperando una acción legal resolutiva. La carencia de un repunte en la definición de una sentencia al respecto, atenta contra la credibilidad en el Poder Judicial, pero de manera superlativa, sobre la democracia costarricense.

La permanencia en nuestro status centenario como zona de rezago social, en gran medida se debe a la falta de acción del Poder Judicial, al negarse a realizar una acción legal decidida, para aclarar la situación de pertenencia provincial de la Región Sur, Península de Nicoya, planteada en el recurso contencioso del 2012.

Al darle largas a esta resolución sin sopesar las consecuencias negativas en el pan de cada día de miles de personas, se reafirma el irrespeto a los derechos promulgados por la Revolución Francesa de 1789 con la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” haciendo énfasis en que: “la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”.

Señores y Señoras jueces/juezas del Tribunal Contencioso Administrativo, 10 años para resolver el expediente 12-003638-1027-CA, ya no son de recibo para el pueblo de la Región Sur, Península de Nicoya. Les hacemos notoria la necesidad de utilizar una sostenibilidad legal referida a la temporalidad del ser humano, para enmarcar sus deliberaciones y decisiones. Los plazos sin límites de tiempo para resolver asuntos legales, solo propician escondrijos oscuros, donde se pueden ocultar los detractores de la justicia.

Aplicando el principio bíblico (Isaías 32-17), la obra de la justicia que Ustedes ejercen es la paz y los frutos de esa justicia en la población son: la tranquilidad y seguridad. Eso es precisamente de lo que nos ha despojado esa parsimonia del Poder Judicial, ante la falta de acción para resolver sobre el expediente supra mencionado.

Como pueblo patrón, les solicitamos que interpongan sus buenos oficios y no den más largas a la resolución de este conflicto que tiene en vilo los derechos de tantísimas buenas personas y ciudadanos ejemplares, pero indignados. “Justicia pronta y cumplida” una frase llena de contenido democrático, que se volvió retórica hueca.

El Poder Judicial debe revisar su mística y responsabilidad, mostrando un interés genuino por la administración de la justicia; dando un paso al frente, trabajando con responsabilidad y respeto por el pueblo a quien juraron servir.

No más subterfugios embelesadores, necesitamos que resuelvan el Pueblo se los pide.

Gabe Abrahams y su caminata de 1.000 millas por Aragón (de Monzón a Sariñena)

Escrito en . Publicado en Comunidad, Cultura.

Gabe Abrahams

Del 20 de abril al 22 de mayo de 2018, caminé 1.000 millas por Aragón. Más allá de conseguir la plusmarca mundial de la distancia de Caminata Rápida (Speed Walking), disfruté mucho conociendo lugares y viendo paisajes de gran belleza.

Para completar las 1.000 millas, recorrí en cinco ocasiones un circuito de 320 km que iba desde Monzón a Zaragoza y de Zaragoza a Monzón.

Siguiendo el recorrido de Monzón a Zaragoza, el presente artículo y otro posterior describen aquellos lugares que conocí y que más me impactaron.

De Monzón a la Línea del Cinca

La ciudad de Monzón era el punto de partida del circuito que utilicé para recorrer 1.000 millas por Aragón en el año 2018. Monzón pertenece a la provincia de Huesca y es la capital de la comarca del Cinca Medio. Cuenta con unos 17.000 habitantes. La ciudad se encuentra situada bajo un castillo de origen árabe y en una zona de cerros. El río Sosa atraviesa su centro y el río Cinca transcurre por su territorio.

El circuito de las 1.000 millas empezaba en la plaza Mayor de Monzón, la cual tiene la sede de su ayuntamiento, un bonito palacio de arquitectura renacentista de los siglos XVI y XVII. Y, tras partir de la plaza Mayor, daba una pequeña vuelta por la zona medieval de la ciudad, recorriendo las calles San Antonio y Joaquín Costa hasta la plaza Santa María y la calle de Arriba.

En esa zona medieval de Monzón, se encuentran su castillo de origen árabe en las alturas, la catedral y una parte de la judería. La judería de Monzón está ubicada en las faldas del castillo, entre las plazas de Santa María y San Juan. En su apogeo, contó con 700 hebreos y, desde 2015, está señalizada con tótems informativos y placas, para que los visitantes sepan los lugares donde se ubicaron la sinagoga, la escuela, el cementerio y el mercado, así como el barrio hebreo en su conjunto.

Tras abandonar la zona medieval de Monzón por la calle Juan de Lanuza y el puente sobre el río Sosa, el circuito recorría el paseo de San Juan Bosco, el cual se transforma en la carretera N-240 en dirección a Selgua.

El paseo San Juan Bosco vertebra una zona de Monzón que guarda relación con tiempos más actuales. El paseo tiene grandes edificios en un lado y el Parque de la Azucarera en el otro. Desde mitad del siglo XIX, Monzón creció y se industrializó, en parte gracias a su azucarera, la cual se encontraba en los terrenos que ocupa el parque.

Tras salir de Monzón, el circuito recorría la carretera A-1223, una carretera solitaria y propia de mediados del siglo XX como tantas y tantas de Aragón, pasaba por Selgua y llegaba hasta el cruce situado en las afueras de Ilche, para continuar por una carretera comarcal camino de Barbastro.

La carretera A-1223 tiene en ese tramo los restos republicanos de la Línea del Cinca, una línea de resistencia republicana de la Guerra Civil Española (1936-1939). Recuerdo haber visto en una de las varias ocasiones que pasé por la carretera durante la caminata un autocar situado a un lado de la misma y un grupo de personas que acudían a visitar los restos de la Línea del Cinca. De lejos, me sorprendió ver al grupo, porque en las solitarias carreteras de Aragón no se ve prácticamente a nadie, salvo algún coche o tractor de vez en cuando.

De Barbastro a Sariñena

Una vez llegaba el circuito a Barbastro, se adentraba hasta el paseo del Coso, la calle Romero, la calle General Ricardos y la calle Corona de Aragón. Finalmente, el circuito daba media vuelta y deshacía el camino, regresando a Ilche y a la carretera A-1223. ¿Qué decir de Barbastro?

Barbastro pertenece a la provincia de Huesca y es la capital de la comarca del Somontano de Barbastro. Al igual que Monzón, cuenta con una población de unos 17.000 habitantes.

A poca distancia del paseo del Coso de Barbastro por el que pasaba el circuito, se encuentra la catedral de la ciudad, la denominada Catedral de Santa María de la Asunción. Y a pocos metros de ésta, el Palacio Episcopal de Barbastro y el Palacio de los Argensola, una casa solariega de los siglos XVI y XVII.

La calle Romero, por la que transcurría después el circuito, cruzaba la plaza del Mercado, plaza porticada con unos edificios dignos de la mayor atención.

La calle General Ricardos, la siguiente calle del circuito, llevaba a la zona más bella de Barbastro. Esta calle destaca por sus edificios, algo similares a los de la plaza del Mercado, y por su emblemática cafetería El Cortés. Esta cafetería es una maravilla. Pertenece a otro tiempo. Está decorada en su interior como lo estaban los cafés de principios del siglo XX. Repleta de imágenes antiguas, uno puede conocer el viejo Aragón de primera mano. Barbastro tiene un encanto decadente.

Tras regresar a Ilche desde Barbastro y retomar la carretera A-1223, recuerdo que la carretera permitía ver desde la lejanía la siguiente población por la que pasaba el circuito: Berbegal. Sobre una atalaya de más de 500 metros de altura, de día bajo el sol y de noche bajo la luna y el cielo aragonés repleto de estrellas, Berbegal me impactaba.

A pesar de ser una pequeña población de unos 300 habitantes, Berbegal cuenta con una serie de monumentos y restos de interés: la Iglesia de Santa María la Blanca, la Ermita de San Gregorio, la Ermita de Santa Águeda, restos de la calzada romana… Por Berbegal, pasaron los íberos, los romanos, los musulmanes, el Cid Campeador.

Entre sus personajes ilustres, hay uno especial. Su nombre: Mariano Bielsa y Latre, el Chistavín de Berbegal. Corredor pedestre y pionero del deporte, consiguió derrotar en 1882, en la plaza de toros de Zaragoza, al campeón italiano Achilles Bargossi. Tras vencerle, Chistavín se convirtió en un héroe de su época.

Tras dejar atrás Berbegal, el circuito retomaba una vez más la carretera A-1223, camino de Peralta de Alcofea, Venta de Ballerías, San Lorenzo del Flumen y Sariñena. La llegada a Sariñena se producía por una carretera de otro tiempo, una carretera de asfalto antiguo y gastado, de postes eléctricos de madera, con unas vistas irrepetibles del lejano Pirineo. No la olvidaré jamás.

Sariñena, capital de la comarca de los Monegros (Huesca), supera los 4.000 habitantes. El topónimo proviene de la voz iberovasca tza-ara-agan-en-na (Saragnena) que significa “la que tiene más cantidad de tierras de cultivo de panizo”.

Ya en el núcleo urbano de Sariñena, el circuito transcurría por la carretera A-131 (llamada avenida de Huesca y de Fraga en su recorrido urbano), la calle Eduardo Dato, la calle Ugarte, la plaza El Salvador y la Ronda San Francisco, saliendo de la población finalmente por la carretera A-230 rumbo a San Juan del Flumen.

La carretera A-131 que recorre Sariñena destaca por sus cafeterías, restaurantes y hoteles, los cuales son apropiados para hacer una parada. Recuerdo que durante la caminata pasé por esa carretera con sol, lluvia, niebla, viento, es decir cierzo. Una muestra del tiempo cambiante de esa zona de Aragón.

Del resto del recorrido del circuito por Sariñena, no puedo dejar de mencionar la plaza de San Salvador por su Iglesia de San Salvador y la Casa Penén-Paraled.

La Iglesia de San Salvador es un importante templo neoclásico de inicios del siglo XIX. La Casa Penén-Paraled es una casa señorial construida en el siglo XVIII que presenta elementos clasicistas de gran belleza. Durante la Guerra Civil Española, la casa fue un hospital militar republicano, porque Sariñena fue el centro de las comunicaciones y de las operaciones del ejército republicano en Aragón.

Tras salir de Sariñena, el circuito seguía por la carretera A-230 camino de San Juan del Flumen, dando la vuelta a la imponente Laguna de Sariñena.

En ese emblemático pueblo de colonos, quedamos citados para el segundo artículo dedicado a las 1.000 millas por Aragón de 2018.

Carta pública de Jubilados en Acción al Presidente de la República

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Carta pública de la Asociación Jubilados en Acción al Dr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República

Estimado Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted respetuosamente, como organización formal de jubilados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional (RTR), debidamente inscrita en el Registro Nacional, para solicitarle, la aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace tres años.

Somos, en este régimen de pensionados, 44 mil jubilados, adultos mayores quienes hemos visto socavados y violentados nuestros justos derechos por el Estado Costarricense.

Como es ampliamente conocido el 98.95% de los jubilados en este Régimen tienen pensiones que oscilan entre 100.000 colones y 4 millones de colones mensuales nominales; de los cuales, 35.000 jubilados tienen un monto menor a 1,5 millones de colones nominales. Sin embargo, esos montos nominales tienen cargas impositivas que se acercan al 50%, las que corresponden al impuesto de renta, una cuota básica, una segunda cuota solidaria (que puede llegar al 75% en las más altas), la cuota a la CCSS de salud y maternidad, la póliza de vida obligatoria, más una cuota del 5/1000 para la administración del régimen de JUPEMA.

Como puede verse en este resumen de la documentación que hemos hecho públicas desde hace meses atrás, nada menos que el 98.95% de los jubilados del RTR está dentro de los parámetros generalmente aceptados como UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más). Muy distinto a lo que falsamente insisten los medios de comunicación y que ha influenciado erróneamente a la opinión pública.

Además, a este sector de jubilados, se les ha esquilmado las cuotas de su jubilación, desde el origen del Régimen, monto que hoy equivaldrían a más de CINCO BILLONES DE COLONES (11,5% respecto al Producto Interno Bruto) si el Estado hubiera creado el Fondo que nos correspondía y para el cual cotizamos, en un inicio, en 1958, con un 5% de los salarios docentes, más tarde con porcentajes crecientes y de hasta un 16% a partir de 1992. Ahora a pesar de haber sido víctimas de un desfalco, hemos tenido que soportar por DOS años, desde el mes de julio del 2020, el congelamiento de las pensiones.

Está ampliamente demostrado que la inflación durante ese periodo es de un 10%, de acuerdo al Índice de Precios del INEC. Con solo observar el incremento en el precio de los combustibles, el tipo de cambio y todo lo que eso conlleva, son suficientes ejemplos para demostrar el empobrecimiento real de la mayor parte de quienes pertenecemos al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

EN VISTA DE LO ANTERIOR, RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE SOLICITAMOS A USTED:

Se aplique de FORMA INMEDIATA lo estipulado en el Título IV, Capítulo II, Artículo 13, inciso “a”, de la Ley 9635 (conocida como ley de ajuste fiscal), que, si bien establece la prohibición del ajuste a las pensiones, explícitamente estipula en forma clara y contundente: “EXCEPTO EN LO QUE CORRESPONDE A COSTO DE VIDA”.

Lo anterior, pone en evidencia una violación más a nuestros derechos, que estamos seguros usted no querrá seguir cohonestando en su Presidencia y conforme a su estilo de gobierno, dará las instrucciones pertinentes a quien corresponde, para que ese incremento que está AUTORIZADO POR LEY, se aplique sin dilaciones.

Atentamente,
M.Sc. Yamilette Jenkins A.
Presidenta
Asociación Jubilados en Acción
Cédula Jurídica 3-002-794-493

El silencio de los inocentes

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Pudo más la discusión de élites sobre el cierre de un complejo de entretenimiento, la defensa de cierta libertad de expresión que no asume la libertad de expresión completa y el pulso que, en palabras de Serrat, procuraba medir el tamaño no del cerebro, sino de otro órgano con el que se demuestra virilidad.

Pudo más ese escenario mediático y espectacularizado, que la peligrosa instalación en las últimas dos semanas de un núcleo recesivo en materia de poblaciones migrantes.

Pasó hace unos días en Guanacaste. Concretamente en la comunidad de El Silencio en Huacas de Santa Cruz. Una mujer, dos de sus hijos, un sobrino de esta y el cuñado de uno de los hombres, fueron acribillados a balazos.

Las autoridades dirían entonces que al parecer se trató de una equivocación en un ajuste de cuentas dirigido a personas que vivían anteriormente en la vivienda donde fueron cometidos los asesinatos. Tres de los hombres tenían un poco más de una semana de haber llegado de Nicaragua en busca de trabajo.

En medio del barullo de élites que todo lo ha copado, esta noticia pasó prácticamente desapercibida, como anecdótica fue la acción de discriminación que experimentó el jugador nicaragüense Byron Bonilla al negársele a salir con la bandera de su país a recibir su medalla de campeón del torneo de fútbol de primera división costarricense. La acción fue reparada, pero quedó marcada en la epidermis de Bonilla: “llevo la bandera de mi país adonde vaya”, respondería entonces el jugador al agravio.

Este escenario complejo para las relaciones de convivencia en un país que desde hace tiempo perdió su locus horizontal, tiene su correlato, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en la producción y distribución de discursos que alimentan odios exacerbados y nacionalismos decimonónicos que asumen la defensa de una patria pétrea, descartando a quienes no son “ciudadanos legítimos”.

Pasó por alto el crimen de la familia nicaragüense en medio de la escaramuza interburguesa (acepción que tomo prestada de colegas con más experiencia que la nuestra en el análisis social), pero quizá lo más impactante haya sido el silencio colectivo sobre este hecho, una forma de desinteresarse por esos otros cuerpos que no importan.

Los núcleos duros de conservadurismo instalados ya en la sociedad costarricense deben ser contrarrestados con el reconocimiento de que todos, absolutamente todos, somos importantes para el desarrollo del país. Ya no más el silencio como política, ya no más inocentes en la primera línea de fuego.