Ir al contenido principal

Autor: Hector Ferlini Salazar

Comentarios de domingo 1 ante el comunicado de prensa de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley de empleo público

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Rosaura Chinchilla-Calderón. Profesora universitaria.

1.- En primer lugar, es digno de resaltar que la Sala Constitucional sesione en sábado, en medio de un feriado largo y que dé a conocer su resolución a avanzadas horas de la noche de ese día, en vísperas de que la atleta costarricense Andrea Vargas (en quien el país tenía centrada su atención) compitiera en la madrugada.

2.- En segundo término, que el rediseño del Estado establecido por los constituyentes de 1949 solo puede modificarse por reforma constitucional y que el proyecto viola las autonomías universitarias, municipales, de las instituciones autónomas indicadas en la Constitución Política y la independencia de poderes (judicial y TSE) era una obviedad jurídica del tamaño de una catedral, aunque en medio s incorporaran argumentos de “privilegios” negociaciones con el FMI y otras yerbas aromáticas. Pero sabemos que, en estos tiempos, no basta tener razón, sino que es necesario que se la quieran dar. Por ello hay que dar gracias a los y las magistradas constitucionales ANTERIORES que, al construir precedentes constantes sobre esta materia, han impedido “interpretaciones novedosas” y que la Sala Constitucional actual se muerda la cola acabando consigo misma… porque si el intérprete no respeta el texto de la norma que lo creó se destruye a sí mismo. Es la imagen de ouróboros en el antiguo Egipto, aunque no con la simbología que se usaba allí.

3.- Sin embargo, quiero resaltar tres aspectos que no son cosa menor:

a) Se evade la inconstitucionalidad del trámite. Recordemos que hubo oposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y votación del proyecto, en primer debate, menor a 38 votos. En la Facultad siempre nos enseñan que el derecho procesal es instrumental, es decir, es la vía para declarar el derecho de fondo. Por eso, el proceso siempre debe ser correcto para poder declarar el derecho de fondo porque, de lo contrario, hay que subsanarlo. En orden lógico, primero se analiza la forma y luego el fondo. ¿Por qué eso es importante? Porque si se hubiera declarado inconstitucional el trámite legislativo, el proyecto muere…no era “rescatable” nada (artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional). Por el fondo, lo que sucede es que los temas pueden ser enmendados (en este caso difícilmente para las instituciones involucradas, pero sí podrían suprimirse las referencias a municipalidades, TSE, Poder Judicial, CCSS y universidades y seguirse adelante con lo que queda…por ejemplo, para el Poder Ejecutivo y otros entes no regulados de modo diferente por el constituyente).

b) Se evade la inconstitucionalidad del trámite no evacuando, por mayoría de 5 magistraturas (punto 4 del comunicado), la consulta histórica de la Corte Suprema de Justicia…y otras de diputaciones por “no estar suficientemente fundamentada” (puntos 10, 13, 26, 29). Aparentemente, porque no se tiene la resolución completa, para ello se crean, por jurisprudencia, requisitos que la Ley de la Jurisdicción Constitucional no prevé. La ley exigen fundamentación…¿qué es lo “suficientemente” motivado? No lo dice la ley y lo crean las personas intérpretes y es altamente subjetivo pues lo que para unos lo es, para otros no. Un principio general del derecho es que las personas intérpretes no podemos crear requisitos para imponer sanciones, aún procesales, que la ley no establece. Se trata de materia odiosa, que debe ser interpretada restrictivamente. La LJC sobre este tema es escueta y, en apariencia, lo que prevé se contempló en la consulta formulada, pese a lo cual no se evacúa por 5 votos. Una de dos: o las 22 magistraturas de la CSJ que la suscribieron se equivocaron (en realidad 22+2 que salvaron el voto) o…se equivocaron los 5 que la rechazaron. Tratándose de los “máximos” juristas del país, en cualquier escenario la respuesta es preocupante. Y esa no evacuación tiene como efecto el no pronunciarse sobre el trámite…y rescatar “algo” del texto.

c) A ese “algo” que podría quedar subsistente (empleo público para el Poder Ejecutivo y otros entes no excluidos en la Constitución Política) se determina que puede aplicar la objeción de conciencia (punto 54) tal y como lo prevé el proyecto. En este sentido la Sala parece aplicar lo que ya había dicho al respecto en un voto precedente (2020-1619), pero esto denota que la actual integración de la Sala Constitucional no tiene la menor idea de qué es la objeción de conciencia en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cabe aclarar que este punto se decidió con 3 votos (2 abstenciones que no son propias del sistema de votación escalonada y que podrían sugerir una desintegración del órgano constitucional en este punto; 1 voto parcialmente salvado de la magistrada Hernández y 1 voto concurrente, pero con razones diferentes del magistrado Rueda). Este tema es sumamente delicado pues podría implicar que, de seguirse adelante con el trámite para otras instituciones no excluidas por el voto de la Sala (Poder Ejecutivo y otros entes no mencionados por el constituyente tales como sector de educación y policial), se constitucionalice la “licencia para discriminar” que enmascarada de “objeción de conciencia” es lo que contempla el proyecto de ley. No dudo que a la Sala Constitucional (una vez más) le será enmendada la plana por tribunales internacionales en este tema.

4.- Respecto al tema de la negociación colectiva (puntos 55, 56) deberá revisarse lo resuelto por la Sala frente a lo estipulado por la Corte IDH en la opinión consultiva OC27/21. No es la primera vez que el tribunal constitucional interno (que debe velar por el respeto de los derechos humanos) desatiende lo dicho por la Corte IDH, en una actuación muy parecida a la de otros tribunales constitucionales de la región, cuando debería existir sintonía entre todos los órganos de verificación. No será la primera vez que se le enmiende la plana (derecho al recurso penal, FIV, prisión preventiva, matrimonio igualitario).

Sala Constitucional resuelve consultas legislativas sobre proyecto de ley de empleo público

Escrito en . Publicado en Derechos, Sin categoría, Trabajo.

SURCOS comparte el documento con la resolución de la Sala Constitucional en relación con las consultas presentadas en torno al Proyecto de Ley de Empleo Público. Asimismo compartimos las declaraciones del presidente del alto tribunal.

El documento de 20 páginas indica en su presentación:

«La Sala Constitucional, después de una larga deliberación que se prolongó durante seis días en doble audiencia, y en sesión extraordinaria este sábado 31 de julio, resolvió dentro del plazo establecido por ley, las consultas legislativas formuladas por un grupo de diputados y diputadas sobre el proyecto de ley de empleo público».

Sala-Constitucional-resuelve-consultas-legislativas-sobre-proyecto-de-ley-de-empleo-públicoDescarga

Puede leerlo en línea en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/08/Sala-Constitucional-resuelve-consultas-legislativas-sobre-proyecto-de-ley-de-empleo-público-1.pdf

Fernando Castillo Viquez, presidente de la Sala Constitucional

Desafíos de las Bases del Movimiento Social para la Construcción de la Unidad Popular en la Región de Occidente

Escrito en . Publicado en Comunidad, Coyuntura.

San Ramón, 27 de julio de 2021

En el contexto que da inicio al siglo XXI, las nuevas generaciones encuentran 4 eventos de trascendente repercusión nacional, como ecos de un proyecto político-económico elaborado por los grupos del poder mundial, que agrupa a los países más ricos del orbe (G-7). Dicho proyecto puesto en marcha amparado al Consenso de Washington, pretende la destrucción del Estado Social de Derecho y Servicios Públicos.

Las jornadas patrióticas contra el Combo del ICE (2000-2002), contra TLC (2006-2007), contra el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Combo fiscal, 2018) y contra la ley de (des)Empleo Público (2020-2021), sitúan el panorama opaco que recibe a las nuevas generaciones llamadas a dar un rumbo digno, soberano, patriótico, justo, en igualdad y equidad.

En este contexto, nuestra generación y la de relevo tienen la palabra y la facultad de decidir y adquirir un compromiso en pro de nuestra patria y nuestra región.

Dado que no existe un proyecto político de Unidad Popular para articular a los sectores sociales en la Región de Occidente y ante la imperiosa necesidad de crear el sujeto político capaz de unificar esfuerzos para enfrentar la maquinaria derechista neoliberal que liberará todo su arsenal ante la campaña electoral que ya nos invadió, nos interesa conocer la posición de plataformas cívicas y políticas presentes en la Región Occidente, sobre cuáles son los principales desafíos que enfrentamos para alcanzar la unidad, y qué propuestas se plantea para resolver tales desafíos.

Un grupo de Occidente, conformado por personas procedente de diferentes organizaciones y cantones de la Región (Alajuela, Grecia, Naranjo, Atenas, San Ramón y Zarcero), nos hemos unido en una Comisión Organizadora para realizar este FORO.

Los objetivos que se propone son los siguientes:

Objetivo General

Elaborar una estrategia de Unidad Popular con actores de los movimientos sociales y políticos de la zona de Occidente, en el contexto del proceso electoral 2021-2022 y de la lucha y resistencia contra el modelo capitalista neoliberal.

Objetivos Específicos

  1. Analizar la coyuntura país como preámbulo de las demás acciones.
  2. Avanzar en la conformación de una instancia regional de lucha y resistencia contra el modelo capitalista neoliberal.
  3. Discutir las opciones político-electorales en el ámbito nacional y regional y los desafíos que tienen los movimientos sociales en la zona de Occidente, para valorar su pertinencia, efectividad y posibilidades reales en el proceso electoral 2021-2022.
  4. Definir una serie de propuestas y compromisos de parte de los actores sociales participantes para enfrentarse al proceso electoral 2021-2022 de forma crítica, reflexiva y consciente.

Este FORO contará con exposiciones de ponentes invitados e invitadas que representan plataformas de organizaciones sociales, políticas y de carácter popular, presentes en la Región Occidente; así como invitados especiales que nos aportarán sus comentarios finales.

Reciban un fraternal saludo,

Por Comisión Organizadora FORO-TALLER:
Juan José Soto Morales,
Raúl Venegas Castro,
Dayana Ureña Solís,
Enid Cruz Ramírez,
Mainier Barboza Soto,
Mario Cabrera Burgos.

¿Bicentenario De Los Plagios o Simplemente Un Artí-culo Suicida?

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Macv Chávez

Esta mañana el pueblo peruano se despertó al son de la victoria de los reprimidos, enardeciendo con alegría la bandera nacional, al saber que a partir de mañana ya no habrá más pobres en un país de ricos; algo que la masa busca mesiánico celebra con vítores y gloria, al punto de que uno comienza a escuchar a las trompetas de los jinetes del apocalipsis, solo porque no tiene plata para fugarse al extranjero como ya lo hizo más de un fan de Tongo, quienes afirman que tomaron la decisión de irse del país porque tuvieron una epifanía gracias a la banda de rock: Los Prisioneros, cuyo nombre del grupo les conduce a un Deja Vu, afirmaría en sus pensamientos un pituco que no quiso comer chicharrón y que ya se fugó.

Según los pitonisos de los memes se puede decir que las premoniciones de la ira del pueblo se vieron reflejado en el primer discurso del sombrero con personalidad presidencial, el flagrante presidente Castillo, quien al parecer está con todas las hormonas revolucionarias de la adolescencia, tanto que espero que no se proclame el segundo Ramón Castilla, y solo espero que sea liberador y no saqueador, aunque luego de la juramentación de sus primeros ministros parece que se convirtió en este último, porque la cornucopia quedó como el bolsillo del pueblo en todo gobierno dictador, aunque bueno, quizás ese acto fue culpa del sujeto que vino de España y que ocupa un título que no debería existir para los tiempos de tanta dizque evolución humana.

Luego de hacer algunas indagaciones sobre el flagrante presidente del Perú puedo decir que los peruanos tienen al presidente que se merecen, al más mediocre y miserable que han tenido, y lo digo por el doble discurso que representa su palabra y acción, esas que no compaginan y que el incapacitado pueblo peruano no es capaz de ver, solo porque anda lleno de miseria, la misma miseria que los condujo a quedarse de brazos cruzados ante la obligatoriedad de elegir entre dos miserables en segunda vuelta, solo porque así demanda la constitución y porque el lobo disfrazado de oveja, más conocido como el títere de Cerrón, les planteaba la idea de una revolución, la misma que el pueblo había sufrido el 14N del 2020, cuando los dizque revolucionarios de las hormonas salieron a gritar no a la dictadura para defender a un genocida y colocar a un cojudo más.

El flagrante presidente indica casi al inicio de su discurso presidencial: “no más trabajos precarios”, para plasmar cerca del final del mismo: “no gobernaré desde la casa de Pizarro, porque creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigente por tantos años, cederemos este palacio al nuevo ministerio de las culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad”, idea que terminó siendo precaria y copia barata de una dictadura y también de otro presidente, porque como lo manifestaría la exdirectora del Museo de Arte de Lima: Natalia Majluf: “Es un proyecto centralista (…). Ignora que se acaba de inaugurar un museo de 88 mil metros (…) y no hay ni recursos humanos ni materiales. [Porque además ignora que] (…) el edificio de palacio de gobierno es un horror arquitectónico y no tiene las condiciones para exhibir obras. [O sea] costaría una fortuna adecuarlo. [Y finalmente termina diciendo:] Pensar que es un gesto descolonial es un absurdo”, cosa que me lleva a pensar que en definitiva existe un doble discurso: porque habla de que hay millones de familias con problemas de salubridad y decide invertir todo ese dinero “innecesario” en un innecesario museo para el desarrollo y la dignidad del hombre, cosa que me lleva a decir que lo de la precariedad no fue más que floro barato para contentar a un pueblo mediocre, porque en otra parte también menciona: “si un proyecto no tiene rentabilidad social no va”, cosa que me lleva a decir que el Museo no tendría rentabilidad social en absoluto, porque si quieres descolonializar a un pueblo no debería andar con pendejadas iguales de centralismo, porque las colonias eran centralistas y malgastaban el dinero en más de una tontería o cojudez; y sobre todo cuando el problema principal de la desconolización no es no tener un museo, sino no tener una educación que enseñe a su población a pensar por sí mismos y con dignidad, verdadera dignidad, no con la que mostraron en segunda vuelta al votar por Keiko Sofía o Pedro Castillo.

Aunque, el muy iluminado salvador de los “peruanos” indicó que “declararemos la educación pública en estado de emergencia”, indicando -después o antes de ello- que el ingreso a las universidades sería libre, cosa que me parece descarado, cínico, descabellado, pero sobre todo absurdo y tonto, porque si la educación está en emergencia es porque estamos pésimos en muchas cosas, y entre ellos en el nivel intelectual de los estudiantes, profesores, universidades y hasta en nuestros intelectuales, razón por la cual me parece un absurdo el ingreso libre a las universidades, porque si con exigencias de un examen de admisión tenemos mayoría de profesionales mediocres, como él mismo podría comprender si tan solo se pusiera a razonar un poco, pero como no, puedo pensar que dicho cosa lo hace por un resentimiento, porque quizás le costó ingresar a ella. Pienso que lo que en sí necesitamos es reformar la educación, desde la básica hasta la superior, más que un ingreso libre a la universidad, porque la básica debe servir para aprender a vivir como persona y también para descubrir nuestras capacidades humanas, para que saliendo de ellas sepamos en qué áreas, ambientes o aspectos de la vida diaria podemos desempeñarnos como ciudadanos responsables y dignos, motivo por el cual considero una paja mental la idea de educación que tiene este dizque presidente, la misma que suele tener Mario Vargas Llosa cada vez que llegamos a segunda vuelta, hasta terminar jodiéndola por completo, es decir, apostando por cualquier basura humana.

Pienso que en estos dos días que Castillo lleva en el poder solo está demostrando cómo descaradamente se ha burlado del pueblo, de ese pueblo que tuvo la esperanza de haber encontrado un salvador, razón por la cual, lo más honesto de su discurso fue el aparente error de lectura, donde estuvo presente el que ni portero iba a ser y donde decía: “Y nada a nada hacia eso apuntamos, porque queremos construir un país más próspero, más justo, un país donde una mayor generación de riqueza y bienestar se distribuya de manera equitativa entre todos los peruanos. Este es el compromiso que 28 de julio, en este bicentenario asumo, asume nuestro gobierno.”, cosa que creo que es absolutamente verdad, cuando dice “y a nada a nada hacia eso apuntamos”, simplemente porque están en nada, puesto que su objetivo es llegar a que la riqueza “se distribuirá de manera equitativa, tal y como lo han hecho los gobiernos comunistas de Cuba, Venezuela, Bolivia entre otros del mismo pensamiento saqueador y burlesco del pueblo. Y por eso creo que el Perú se encuentra ante el peor panorama de gobierno y que quizás pronto nos tocará vivir una guerra civil, como ya lo tuvo Colombia, Chile, entre otros países, porque finalmente Castillo o el gobierno del lápiz no es más que un miserable grupo de oportunistas que llegaron al poder para saquear al país con una dictadura, la misma que pudimos haber tenido con Keiko, aunque desde otra perspectiva de mercado, porque esta es una más saqueadora y descabellada, una que se puede contemplar desde ya, impidiendo el ingreso de la prensa, pero sobre todo con el análisis de las casi últimas palabras que leyó en su dizque discurso, ese que decía que “debemos dejar de lado las diferencias ideológicas, las posiciones políticas e intereses personales para poder arrancar a nuestra patria de la grave crisis que la gobierna”, junto a su designación de sus primeros ministros, los que en nos recuerdan a la canción de Los Nosequién y Nosecuántos que dice así: “un terrorista, dos terrorista, un guerrillero emerretista”.

Honestamente, no espero que este sea un gobierno con dignidad, porque tengo el peor de los presentimientos, pero… al menos espero que deje un mejor cimiento en la educación de la que dejó Ollanta, quien también fue ladrón que quiso saquear a la nación pintándose con ideas radicales que beneficiarían al pueblo y que terminó embarrado hasta la historia, aunque finalmente siempre terminó siendo el más acérrimo fans de la princesita Sally y que de seguro hoy anda cantando a viva voz: “Pisao, pisao, pisao, me tienen pisao”. Aunque tengo mis dudas, porque no creo que un sujeto del nivel mental de Castillo pueda dejar mejor la educación, porque lo siento incapaz de razonar, incapaz de salirse de su libreto, y muestra de ello es que es un borrego, cosa que pude ver en el video que anda circulando de su juramentación, donde su patrón, el que no iba a ser ni portero, porque era imposible que lo sea, puesto que es su patrón: Vladimir Ladrón le dije “avanza, avanza, avanza”.

Por otro lado, pienso que si los peruanos quieren un verdadero cambio deben comprender que la culpa de esta realidad política no solo es de los políticos que nos terminaron robando año tras años, ni tampoco solo de los que terminaron votando por Castillo, porque están cansados de los políticos de la gran ciudad, sino también de quienes hemos sido cómplices de las porquerías de los diversos gobiernos que ha inspirado y motivado a la mayoría de los peruanos a buscar ese mesías o salvador en varias elecciones, del cual somos culpables todos, absolutamente todos, todos los que jamás concordamos o los que solo simpatizamos con las ideas radicales o prometedoras de la izquierda, derecha, centro o sus variantes, simplemente porque somos incapaces de ver también la dignidad de los demás, sencillamente porque solo nos interesa nuestro propio bienestar, ese que obtenemos con la ideología de turno que nos beneficia o que no nos jode los bolsillos, algo que ha servido para aumentar las diferencias sociales hasta llevarlas al odio y resentimiento social, porque penosamente esa gente que votó esperanzado en un salvador y que no tiene ni puta idea de la política en sí misma se ha dejado llevar por el odio y resentimiento social, al punto de darse de revolucionarios como quisieron darse de salvadores de la democracia los que terminaron votando por Keiko, viendo que ambos bandos eran perjudiciales para el país.

Podría decir que estaría demás decir que la realidad política vivida en el Perú demuestra que los peruanos somos unos mediocre, un término que a muchos no le gustará, pero que calzaría perfectamente tanto a pobres como a ricos, a intelectuales como iletrados, porque lastimosa y penosamente la mediocridad no nos permite contemplar mejor el ser y la sociedad, y por eso es que se da la gente de bruces con la doble moral: esa que quiere un país libre de corrupción, pero termina eligiendo directa o indirectamente a un corrupto, como lo fue en el caso de Keiko, a quienes eligieron directamente, y a Cerrón que lo eligieron indirectamente, porque apostaron por el partido de un corrupto que es el lápiz, ese que está bajo la imagen del hoy flagrante presidente, cosa que para muchos es difícil de ver, pero creo que un psicólogo podría comprender mejor este asunto, porque una persona no solo es la persona en sí, sino también es lo que hay detrás de él: la familia y su sociedad, porque son sujetos que influencian en su ser, en su pensar y actuar, directa o indirectamente, según el grado de apreciación que exista entre el sujeto y los otros. Por eso, era indiscutible pensar que Keiko iba a ser demócrata, porque iba a ser dictadora también, así como también era indiscutible de que Cerrón tendría el poder sobre el oportunista de Castillo, porque en el fondo quedaba bien en claro que Vladimir Ladrón era su mentor, porque Castillo era el caballo de troya para que el pueblo lo reciba con los brazos abiertos, muestra de ello el video donde Cerrón le dice: “Avanza, Pedro, Avanza”.

Entonces, considero que el reto más grande de los peruanos no va a ser salir del deseo de dictadura que ha manifestado descaradamente Vladimir Ladrón, perdón, Cerrón, padrino y mentor del hoy flagrante presidente del Perú: Pedro Castillo, sino de salir de la mediocridad que alberga al pueblo peruano, porque es la mediocridad la que viene colocando años tras año a un presidente peor que el otro, simplemente porque su mediocridad lo incapacita para tener ética y moral intachable, indestructible, indomable, haciéndole caer en la doble moral, en la moral del miedo, del oportunismo, de la resignación, del conformista, del oprimido, del paupérrimo, del pobre ignorante, cuando en sí es un pobre mediocre, con esa mediocridad que coge a todos, ricos, pobres, iletrados e intelectuales, desde Mario Vargas Llosa hasta César Hildebran, desde el trabajador explotado de la ciudad hasta el explotado del lugar más recóndito del país, simplemente porque no se comprende que mientras aceptemos los malos menores como representantes de la nación seguiremos girando en la misma basura política de siempre, porque simplemente vivimos eligiendo atados de manos: votar porque si no tenemos que pagar una multa, votar por alguien porque si no apoyamos al ganador, y ese ganador podría ser Castillo o Keiko, ambas porquerías humanas, hambrientos del poder, perjudicial para el país, logrando obtener una vez más la misma miserable historia política de siempre, solo que esta vez peor que en otras ocasiones, porque al parecer nos destruirán el país y nos quitarán la libertad, simplemente porque los que han llegado al poder han dicho descaradamente que han venido para quedarse, porque creen en las dictaduras que llaman socialismo y que pintan de beneficiosas para el pueblo, misma ideologías del siglo XXI que solo sirven para demostrar que el ser humano sigue siendo un animal doméstico o de costumbres y no un animal racional, simplemente porque no ha aprendido a ser persona, y por ende, busca aferrarse a un tipo de pensamiento que le permita sobrevivir, y no a crecer y vivir en dignidad, en igualdad y equidad a todos por ser simplemente persona y no cosa; razón por la cual creo que esta celebración del bicentenario será solo un saludo político a la bandera, si es que el pueblo no manifiesta tajantemente su rechazo a la clase ladrona: desde los políticos hasta los malnacidos grupos de poder, porque una revolución se hace con ideas para acabar con la corrupción desde la raíz, pero sin caer en injusticias sociales, sino en justicia, porque ya no es tiempo de revoluciones de armas, sino de ideas.

República Independiente de Arequipa, 30 de julio de 2021 a las 15:38 horas

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social – (Parte 8)

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC avalado por PLN, PAC y PRN pide garrote para la insigne institución.

Se tramita en la corriente legislativa un proyecto de Ley bajo el expediente 21.522 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES” presentado por los diputados del PUSC, entre ellos Pedro Miguel Muñoz Fonseca, el 31 de julio de 2019, el cual pretende condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la CCSS y las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral creados por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983. (Ver https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/EXPEDIENTE-N.°-21.522.pdf).

Preocupa no solo la afectación que tendrá la CCSS, sus asegurados y los trabajadores con cuentas individuales obligatorias, sino también el desestimulo y el mensaje erróneo que le envían a los patronos y trabajadores independientes honrados que pagan puntualmente sus obligaciones con la seguridad social. Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores independientes y sus seguros en la CCSS requieren de una solución urgente. La motivación del proyecto es deficiente y no presenta los datos completos de la morosidad con la CCSS y nada sobre la morosidad con la Ley N° 7983. Únicamente dice “Al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ₡71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones”, lo cual, como veremos, oculta la realidad.

Recientemente el diputado Pedro Muñoz -cacique del PUSC- presentó un texto sustituto del proyecto 21.522, en el cual excluye las condonaciones de adeudos a las cuentas individuales (Ley 7983; a lo mejor doña Rocío Aguilar Montoya hizo lobby!), a cambio de condonaciones de rubros en mora con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Ver http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2021/Junio/Texto_sustitutivo_Condonacion_CCSS.pdf). Como dice el dicho, el hilo se revienta por la parte más delgada, a pesar de que se autodenominan “socialcristianos”. Después los veremos con el puñal escondido pidiendo el voto a los más pobres. La nueva versión “fue votada por nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el diputado independiente Erick Rodríguez”, informa La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451968/avanza-amnist-a-para-trabajadores-independientes-). Para fortuna del PUSC ya no estará solo escondiendo el puñal cuando esté buscando el apoyo popular el próximo año. Por supuesto que los jerarcas de la CCSS hacen la pantomima o el show de que se oponen al mismo (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-se-opone-a-condonar-deudas/). Saben que con eso ganan publicidad gratuita. ¿Quién le creerá a Macaya lo que dice en esa publicación, cuando el desvío de fondos y los maquillajes actuariales son lo cotidiano que ocurre en la CCSS, con la bendición de él y de la Junta Directiva de esa institución?:

“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”. “Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, dice Macaya en esa fuente.

¿Será que la cantidad de filtros que tienen la Constitución y las leyes actuales sobre el seguro social y la seguridad social no le permiten a Macaya y demás autoridades y Directivos de la CCSS ver lo que en ellas dice? ¿O será que la Constitución y las leyes actuales no tienen los filtros que Macaya exige? ¿O sería que a Macaya lo asesoró el nuevo trío “López, Picado, Alfaro” que asesoró a doña Rocío Sáenz pocos años atrás? En la época de doña Ileana Balmaceda -cuando quebraron el seguro de salud- el trío era distinto (era el trío “López, Guardia, González”); el nuevo trío tiene dos miembros renovados, con más músculo, bendición y poder para que todo sea como Macaya lo exige, con “pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado”. Los tres componentes idóneos: el jurídico, el financiero-económico y el actuarial. Por eso en el nuevo trío un miembro -el de mayor experiencia- domina la técnica actuarial al dedillo y es capaz de encontrar superávits donde hay pérdidas, otro maneja con gran sabiduría, rentabilidad y seguridad la platilla que aún le queda a la CCSS, en particular, el anémico IVM, su gran experiencia mató la necesidad de exigirle un título de maestría para nombrarlo en el puesto, por lo que ese requisito se cambió a “deseable” como antiguos y viejos conocidos ¿quién lo cambió?, y el tercero es experto en ciencias jurídicas para que le diga al oído al resto del equipo -incluido Macaya y los 8 caballeros y damas restantes de Junta Directiva- lo que es justo, legal y lo que no; también cuenta con gran experiencia. Si así fue, sin duda que Macaya y compañia está en todas como decimos los Ticos ¿Quién pondría en duda la experiencia, formación profesional y la ética de este RENOVADO Y FORATELECIDO trío? Aunque no faltaría quien lo dude y diga: “pobre el IVM y sus asegurados, lo que les espera”.

La cifra de ₡71.445 millones de morosidad patronal que menciona Pedro Muñoz en su proyecto, no solo está desactualizada, sino que oculta la verdad a la sociedad. El monto de la deuda morosa con la CCSS al año 2020 asciende a casi ₡840 mil millones, sin incluir la deuda estatal; pero recordemos que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, como son super cuates, compadres y camaradas de los otros políticos de Zapote y Hacienda, le tienen contabilizada al Estado una deuda bien bajita de solamente ₡2.2 billones. Más de la mitad de esos ₡840 mil millones corresponden a casos inactivos, muchos de los cuales son pura sinvergüenzada para no honrar las obligaciones. (Ver el Cuadro 1).

En https://www.elpais.cr/2020/02/05/ccss-rechaza-proyecto-legislativo-de-amnistia-para-recaudar-cargas-sociales/ se informa: “Luis Diego Calderón, Gerente Financiero de la Caja respondió que el dato histórico en el sector patronal es de cerca de 250 mil millones de colones, que de estos 76 mil millones corresponden a patronos activos y el monto restante corresponde a patronos inactivos, la estimación de lo adeudado representa menos del uno por ciento de la facturación de la Caja al año”, por lo que al comparar esas cifras con las del Cuadro 1 -suministradas por la CCSS a FECTASALUD y ANEP- se observa que presuntamente no se ajustan a la verdad completa; además de que el Gerente minimiza su importancia al decir “representa menos del uno por ciento”.

El proyecto de ley de Pedro (ahora del PUSC, PLN, PAC, PRN y Erick Rodríguez) no solo es omiso en mostrar la información sobre morosidad de los patronos y trabajadores independientes inactivos, sino que omite la morosidad superior a los ₡281 mil millones que tienen los trabajadores independientes y el análisis de las causas fundamentales por las cuales esta morosidad es tan elevada en este sector de trabajadores.

Sin lugar a dudas los gobiernos y las autoridades de la CCSS, principalmente la Junta Directiva, son los responsables directos de la situación preocupante que afronta, no solo este sector de trabajadores independientes, sino los regímenes de salud y pensiones que se han visto afectados por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos a quienes no les importa el futuro de los trabajadores, sean asalariados o no asalariados, como lo he venido mostrando y seguiremos viendo.

La Ley 7983 dispuso en su transitorio XVIII lo siguiente: “La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.” ¿Dónde están esos planes de la CCSS y las evaluaciones del ministerio candidato a Mega Ministerio? ¿Alguien los conoce para que me los muestre? Y si eso no existe ¿cómo iban a lograr la universalización de los seguros a los trabajadores independientes, ordenada en el Transitorio XII de esa misma ley? La respuesta los políticos la tenían clara, seguir desviando fondos de los trabajadores asalariados, tal como lo he venido mostrando.

Precisamente la Ley 7983 dispuso en el artículo 78 fondos adicionales para financiar dicha universalización (el seguro para los independientes). Pero ¿recuerdan lo que sucedió con esos recursos? ¿Le llegaron a la CCSS? ¿Le llegan hoy completos a la CCSS?: “Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Se establece una contribución del quince por ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en régimen de competencia o no. Lo anterior, calculado de conformidad con los estados financieros auditados anualmente, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza” dice el garroteado artículo 78. ¡Viva Maripepa! Recuerden que la vedette quería ser primera dama en Tiquicia, lo que atrajo la atención de los medios mucho más que los dineros que le esconden a la Caja.

La misma ley adicionó al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 el párrafo siguiente -por aquello de que los recursos del artículo 78 no fueran suficientes-: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.” ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hizo la Junta Directiva de la CCSS para tener esos fondos? ¿Quién está en la cárcel? ¿Dónde está el Ministerio Público defendiendo a los asegurados? ¿Qué hacen la Contraloría General de la Repúblicas y las Auditorías Internas? ¿Y los diputados, al menos uno de los 57? Bueno, para ser honrado, reconozco el esfuerzo del diputado José María Villalta, no solo con esos fondos del artículo 78, sino también por la recuperación -en alas de cucaracha- de aquel mega chorizo del artículo 9 de la Ley 7374, superior a los ₡6 billones que obviamente no aparecen como deuda estatal en los estados financieros avalados por la Junta Directiva de la CCSS -solo los ₡2,2 billoncillos-. ¡Así es el trato entre compadres, no faltaba más! Por mera “coincidencia” ese texto adicionado al artículo 74 de la Ley 17 se parece al texto del artículo 9 de la Ley 7374. El texto más reciente supera al más antiguo principalmente porque “amenaza con cárcel”, por lo que seguro de ahí saldrá un mega salchichón mayor que el mega chorizo de ₡6 billones que nació del artículo 9 de la Ley 7374. Cuando alguien lo intente medir seguro no va a poder porque estará demasiado hediondo.

La Ley 7983 también agregó al artículo 3 de la Ley 17 lo siguiente: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. ¿Qué hizo al respecto la Junta Directiva de la CCSS? ¿Alguien sabe cuándo crearon el “programa”? ¿Quién lo creó, los diputados? No lo localizo.

Y para cerrar con boche de oro la misma Ley 7983 le adicionó el siguiente texto al artículo 1 de la Ley N° 17: “La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. “La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.” Es decir, le ordena a la CCSS no usar las cuotas de los asalariados para esa universalización del seguro al sector no asalariado. No obstante, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS parece que padecían o aún padecen dislexia, pues leyeron que los autorizaban a desviar fondos de las cuotas aportadas por los patronos y por los trabajadores asalariados, como ya lo venían haciendo desde antes del año 2000. Como tantearon que los trabajadores asalariados aguantaban o no sabían que les desviaban aportes, en el año 2007 la Junta Directiva de la CCSS aumentó las cuotas a los trabajadores independientes a tal grado que los asfixió, le quitó responsabilidades al Estado y dejó la base mínima contributiva lo más bajita que pudo para que los favores a los gobiernos fueran bien altos, creyendo los miembros de esa Junta Directiva que el Estado era lo mismo que el Consejo de Gobierno que los nombra cada cuatro años. ¡Muy agradecidos los compadres!

Regresando al proyecto de Pedro ¿será que los diputados del PUSC -acuerpados ahora por otros partidos- realmente están pensando en ayudarle a los patronos y trabajadores independientes que por las malas decisiones de los políticos incluidos ellos, están hoy en una situación muy complicada, o será que desean ayudarle a grupos poderosos de ambos sectores? La respuesta a esta interrogante no está disponible, habría que preguntarle a Pedro y compañía; sin embargo, algunos datos ponen a meditar a medio mundo. Según la información proporcionada por la CCSS para construir el Cuadro 1, existen al menos 38 patronos que le adeudan a esa institución ₡35,985 millones en forma conjunta. La deuda individual de cada uno varía desde los ₡500 millones hasta los ₡3,461 millones. Diez de ellos adeudan cada uno más de ₡1,000 millones. Algunos ya cerraron la empresa. Veinte trabajadores independientes tienen deudas con la CCSS que varían de los ₡100 millones hasta los ₡319 millones y una deuda total de ₡2,867 millones, sin descartar que estos montos estén más que duplicados por las escalas aprobadas en el año 2007. Me pregunto si Pedro Muñoz estará al tanto de ello o si solicitará a la CCSS que le aporte la información completa y detallada, incluyendo multas e intereses, nombres, apellidos, cédulas físicas y jurídicas. ¿Publicará Pedrito esos datos en los medios?

Supongamos que el proyecto de Pedro es aprobado -espero que no-. ¿Quién tapará el hueco que quedaría en las finanzas de la CCSS -salud y pensiones- por esa creación o maquillaje de los políticos de la CCSS y los gobiernos iniciada en el año 2000 con la Ley 7983? Los asalariados obviamente. El proyecto de reforma a IVM les quedará como anillo al dedo; más adelante doña Rocío Aguilar Montoya les ofrecerá una atractiva cuenta individual. Unas décadas después llamarán al cierre del IVM y posteriormente la CCSS.

¿Qué dice el máximo órgano constitucional sobre el desvío de fondos de los seguros sociales en la CCSS? Es un asunto que no les compete, sentenció hace una década el máximo órgano (Ver [1] y [2]):

“No le compete a esta Sala revisar si lo actuado por las autoridades accionadas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

Chistosamente los juristas me mandaron a la CCSS -la autoridad recurrida- la que desvía los fondos . Más adelante les contaré lo que sucedió cuando se lo envié a la Fiscala General doña Emilia Navas Aparicio, cuando movía las redes sociales de la esperanza.

¿Qué dice la Sala sobre estos maquillajes de la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos iniciada contra los trabajadores independientes en el año 2007 y las omisiones o el incumplimiento de partes fundamentales de la Ley 7983 indicadas anteriormente? Nada aún, a pesar de que desde el año 2017 tienen en el escritorio una acción de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos. Ni la misma Procuraduría General de la República (PGR) -siendo abogado del Estado- se pudo tragar el cuento. ¡Me pregunto si don Gilberth Alfaro Morales observó pasar el ELEFANTE, o si será que forma parte del grupo de los camaradas y compadres!. La PGR concluyó (Ver [3]):

“CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados, dictados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, son parcialmente inconstitucionales en cuanto han creado una escala contributiva que exime al Estado de contribuir, para efectos de ajustar la ausencia de la cuota patronal, con el seguro social de los Trabajadores Independientes de mayor ingreso, específicamente aquellos ubicados en las categorías 4 y 5, lo cual violenta los principios constitucionales de razonabilidad, solidaridad social, justicia social y igualdad. ” (Destacados no son del original)

Aunque me temo que el asunto es más serio que eso. Posiblemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional están muy tranquilos y frescos en el fondo de pensiones al que ellos pertenecen, que si es el del Poder Judicial se financia con una cuota que es casi tres veces la que la Junta Directiva de la CCSS le traslada a IVM, muy flaquita debido al 7,5% sobre los salarios que le desvían desde hace décadas. Presuntamente más tranquilos estarán los llamados a “impartir justicia” sabiendo que si suben la cuota del Estado en IVM también sube la cuota del 29% que se cotiza para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. ¿Quiénes pagan la cuota del 29% sobre los salarios de ese fondo de pensiones? Hasta los más pobres de Costa Rica con los impuestos que recauda el Gobierno y por supuesto todos los cotizantes de IVM que ahora quieren leñatear.

[1] https://drive.google.com/file/d/14RXzD83l6G8JzqzEnF93P52gxZUsTWdv/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/1KJudBrL0vjDq18CM0eyVjLGjFo3WdKa1/view?usp=sharing

[3] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=17-011922-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1

De mal en peor

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

José Manuel Arroyo Gutiérrez. Exmagistrado y profesor catedrático UCR

            Cada proceso de nombramientos en la Asamblea Legislativa, pone al desnudo un sistema colmado de vicios y falencias. Al país le urge un rediseño integral que asegure un mínimo de objetividad y credibilidad en la escogencia de magistraturas y otras jerarquías, competencia del parlamento. Hay que emitir un reglamento único y estable que fije con alguna seguridad las reglas del juego; encontrar un mecanismo de pre-selección para que la Asamblea tenga por obligación que escoger entre los mejores aspirantes, calificados con estricto criterio técnico por parte de expertos en la materia; hay que hacer públicos los procesos para saber con toda transparencia las razones por las cuales se escoge a una persona y no a otra; exigir la fundamentación de las decisiones; potenciar los criterios objetivos y reducir a su mínima expresión, ojalá eliminar por completo, las variables arbitrarias. Los diputados (as) no tienen, en la mayoría de los casos, la formación especializada para saber quién puede ser un buen juez. Es imprescindible erradicar la “información informal” –por no llamarla incultura del chisme- acerca de las eventuales ventajas o desventajas de un candidato o candidata. No podemos seguir sometiendo a las personas a procesos complejísimos plagados de requisitos, para al final nombrar al último de la nómina o sacarse un conejo del sombrero que ni siquiera ha participado en el certamen. Tampoco es admisible la burla de reservarse un alto porcentaje para una entrevista, con calificación totalmente subjetiva, que sólo ha servido para promover a los mediocres y castigar a los mejores que, sin embargo, no gozan de la “confianza” o el “ambiente” políticos.

            El último capítulo de este desdichado tema ha sido la confesión del diputado Fonseca del PLN afirmando que no nombran en la magistratura a la Dra. Patricia Vargas González porque es conocida o tiene cercanía con el autor de estas líneas. El daño que se le hace a la persona mejor calificada, y con ello al sistema de nombramientos, al Poder Judicial y al país, es de tales dimensiones, que no puedo menos que intentar analizar esta injusticia apartando, en lo posible, todo ingrediente personal.

            La candidata Vargas González no sólo ha obtenido un 96 en la calificación general del concurso. Es también una mujer sobresaliente por su inteligencia, preparación académica –con doctorado en España y con el sacrificio que eso significa, en esta sociedad, para una mujer con familia- y exhibe, además, un desempeño profesional excepcional. Como si todo eso no fuera suficiente, Patricia es una persona de gran calidad humana. Puede que todas esas virtudes les resulten a algunos, imposibles de soportar. De manera que atar su carrera a la relación laboral que tuviera conmigo cuando me correspondió ser magistrado integrante y Presidente de la Sala Tercera es no sólo una repugnante injusticia sino un acto de machismo incalificable. Resulta también inaudito que la trayectoria impecable, los atestados, méritos y logros de una profesional, se tiren al caño frente a un hecho más bien anecdótico y circunstancial, como la cercanía con otra persona.

            Por lo demás, en lo que a mí respecta, – y si ese es otro pretexto implícito en este despropósito-, decidí integrar el Grupo de Garantes de la gestión del Presidente Alvarado, –ad honorem y sin ningún interés personal-, después de analizar, como ciudadano fuera ya de la función pública, el riesgo inminente que existió en el 2018, de que figuras autoritarias o fanáticas religiosas, llegaran a conducir los destinos de esta maltrecha democracia. Esta decisión personalísima no tiene tampoco por qué alcanzar a personas que trabajaron conmigo.

            Por eso creo que la (sin) razón que están alegando la mayoría de parlamentarios es un mero pretexto. A lo que le tienen fobia es a la excelencia y a la independencia de criterio. Peor si se trata de la excelencia y autonomía de una mujer.

            La comunidad nacional tiene que saber que estos “inexplicables” asuntos son réplicas de la crisis que sufrió la Corte a mediados de 2017, cuando tráficos indebidos entre diputados y magistrados nos estallaron en la cara. Quienes tuvieron que salir por la puerta trasera con sanciones disciplinarias, o se quedaron con obstinación digna de mejor causa, siguen manejando los hilos del destino de este Poder Judicial. Dejaron colocados en las listas de elegibles a actuales propietarios y suplentes, y siguen manejando por debajo, entre González Lahman y Cuesta de Moras, quién si y quién no accede a las magistraturas.

            Todo este turbio fenómeno no es nada nuevo. Ya van generaciones enteras de juristas destacados a los que se les cierra la puerta con todo tipo de artimañas y con justa razón renuncian a someterse a estos procedimientos espurios. Una democracia no puede soportar por mucho tiempo esta sangría de talento, sólo porque no existe una clase política que sepa valorar responsablemente el poder que se le ha concedido.

            En medio de tantísima ignorancia, los políticos en ejercicio creen asegurarse eventuales tropiezos en sus intereses y trayectorias poniendo a jueces de su confianza y coincidencia ideológica. Se equivocan estrepitosamente. Primero, porque los siervos de hoy pueden convertirse, con facilidad, en los verdugos de mañana, cuando las mayorías partidarias cambien; y segundo, porque la mediocridad y la falta de preparación resultan una amenaza y un peligro para todos los habitantes de la República, incluidos los políticos, cuando tengan que buscar el amparo del debido proceso, la tutela de las garantías y derechos fundamentales y la sabiduría profunda de jueces y juezas que además, no le deban el puesto a nadie.

Sobreseimiento definitivo para estudiantes que se movilizaron en defensa de educación superior pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

A finales del año 2019, estudiantes de universidades públicas se movilizaron en defensa de la educación pública y contra las políticas neoliberales.

Las protestas fueron reprimidas por la Fuerza Pública. De aquellas manifestaciones, varias personas resultaron detenidas y procesadas en vía judicial.

SURCOS recibió la noticia de que el grupo de estudiantes recibieron el sobreseimiento.

El POR TANTO dice:

“De conformidad con lo expuesto y artículos 311 y 312 del Código Procesal Penal, se ordena el sobreseimiento definitivo de NATALIA TAPIA ALVAREZ, MARIA SILENY VÁSQUEZ OROZCO, ABRAHAM CISNEROS QUESADA, ANTONIO MORA CASTRO, JAVIER CARVAJAL MONTERREY, IXMUCANE HERNÁNDEZ MORALES y ANDRÉS SOLÍS APONTE, por INCENDIO Y OTRO, en perjuicio de LA SEGURIDAD COMÚN Y OTRO. Se ordena el levantamiento de cualquier medida cautelar que se le hubiere impuesto a los imputados, a las sociedades o sus bienes materiales, de existir alguna y si otra causa no lo impide. Se resuelve sin especial condenatoria en costas. Se ordena al Ministerio Público disponer de la evidencia secuestrada, de haberla. En caso de que deba ser destruida y/o devuelta, se le previene a la Fiscalía proceder con su ejecución e informar a este despacho una vez hecho lo que corresponda legalmente con ella. NOTIFÍQUESE.- José Pablo León. Juez Penal”

El proyecto Ley Marco de Empleo Público violenta la opinión consultiva de la CORTEIDH OC-27/21

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos, Trabajo.

Manuel Hernández

A finales de julio de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitó a la Corte Interamericana (CORTEIDH), una opinión consultiva acerca del alcance de las obligaciones de los Estados, en el sistema interamericano, sobre las garantías de libertad sindical, su relación con otros derechos y su aplicación desde una perspectiva de género.

La CORTEIDH admitió la solicitud, la audiencia se realizó en julio del año pasado y la cuestión se deliberó a finales de abril de este año.

1.- La Opinión Consultiva OC-27/21 en materia de negociación colectiva en la función pública

La Opinión de la CORTEIDH aborda ampliamente los asuntos que fueron debatidos, haciendo un examen acerca de las obligaciones que tienen los Estados en materia de Libertad Sindical, comprendiendo el derecho de asociación sindical, negociación colectiva, huelga, su relación con los derechos de libertad de expresión, reunión y el derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, además, con una perspectiva de género.

Tendremos tiempo de realizar un profundo análisis de este importante pronunciamiento, pero, por ahora, sólo por una cuestión de oportunidad y sentido de urgencia, de frente al trámite del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, me interesa comentar, de manera muy breve, las observaciones de la CORTEIDH, sobre el derecho de negociación colectiva, particularmente en la Administración Pública.

La Opinión recuerda que el derecho de negociación colectiva está contemplado en los Convenios N° 98 y 154 OIT, destacando que está reconocido “de forma específica a favor de las organizaciones de trabajadores y la administración pública en el Convenio 151 de la OIT.”

Después de un repaso de estos instrumentos internacionales, que forman parte del corpus iuris del derecho internacional del trabajo, la Corte comenta “que el derecho a la negociación colectiva constituye un componente esencial de la libertad sindical, en tanto comprende los medios necesarios para que los trabajadores y trabajadoras se encuentren en condiciones de defender y promover sus intereses”.

El Tribunal acotó que “la intervención del Estado para limitar la negociación colectiva violenta el derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y formular su programa.”

Particularmente, en lo concerniente al derecho de negociación colectiva en la Administración Pública, la CORTEIDH determinó “que el Estado debe dar prioridad a la negociación colectiva como medio para solucionar conflictos respecto de la determinación de condiciones de empleo en la administración pública”, destacando que las organizaciones de los y las trabajadoras deben participar “plenamente y de manera significativa en la determinación de las negociaciones.”

Y luego puntualmente, refiriéndose a las remuneraciones de los funcionarios públicos, advirtió, que en contextos de estabilización económica, los Estados “deben (…) privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público.”

Así fuera de clara y contunde fue la Opinión de la Corte, la cual tiene una significativa importancia de cara a la suerte del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

2.- El Proyecto de empleo público violenta la Opinión Consultiva

Desde luego que este pronunciamiento viene como anillo al dedo, a propósito de las impresentables disposiciones del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, aprobado en primer debate y que fue a consultado a la Sala Constitucional.

Por contrario, a este pronunciamiento de la CORTEIDH, este proyecto de ley, en lugar de fomentar y privilegiar la negociación colectiva en la Administración Pública, como lo subrayó la Opinión Consultiva, por una parte, prohibió, de manera tácita, la negociación de un conjunto de componentes de la relación de empleo: el reclutamiento, la selección de personal, los concursos, la evaluación de desempeño; materias que quedan sustraídas del ámbito de la negociación colectiva y sometidas a la regulación totalitaria del emergente Leviatán: MIDEPLAN.

Por otra parte, el proyecto prohibió, de manera expresa, la negociación colectiva de las remuneraciones, incentivos, sobresueldos y cualquier gasto que comprometa los recursos de los Presupuestos del Estado o las instituciones públicas.

El proyecto de ley no solo limita las remuneraciones de los y las funcionarias públicas, cómo lo reprendió la Opinión Consultiva, sino que, además, contiene una política extrema de devaluación de las remuneraciones, que se mantendrán estancadas durante muchos años, en un horizonte temporal a largo plazo.

Este prolongando estancamiento de los salarios, se producirá a raíz de la potente y perversa combinación de dos herramientas normativas: por un lado, el salario único global, los transitorios XI y XII y la prohibición de la negociación colectiva, impuestos en el proyecto, y por otro lado, la aplicación de la regla fiscal extraordinaria, contemplada en el artículo 11.d) de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esta regulación heterónoma y autoritaria, deja en un encierro a los sindicatos y enerva el derecho de negociación colectiva en la función pública, a contrapelo de esta Opinión Consultiva de la CORTEIDH.

Los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, no pueden dejar pasar inadvertida esta Opinión Consultiva del Tribunal del sistema interamericano de derechos humanos, que viene a configurar parte del bloque de juridicidad y convencionalidad aplicable, la cual precisa las obligaciones preceptivas que tienen los Estados en materia de Libertad Sindical, de cuyas obligaciones el Estado costarricense no se puede sustraer de su estricto cumplimiento.

20/07/2021

Sigue manipulación política de altos tribunales – Renuncia candidata mejor calificada

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

SURCOS comparte la carta de renuncia a su candidatura a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la doctora en derecho Patricia Vargas González, la mejor calificada en el concurso. Ante la confesión de que hay razones políticas para no elegirla por encima de los merecimientos, la jurista deja el concurso. Varios organismos como el Foro de Justicia y otros sectores han venido denunciando las imposiciones políticas a la hora de elegir magistraturas.

Esta es la carta de la doctora Vargas González:

“19 de julio de 2021

Señora Silvia Hernández Sánchez
Presidenta de la Asamblea Legislativa
Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. Con estupor el día de hoy, a través del diario La Nación, en noticia titulada “Diputados bloquean a candidatos mejor calificados para máximo tribunal penal” me he enterado que la mayoría de diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en palabras del señor diputado Jorge Luis Fonseca, tiene reservas en cuanto a mi persona porque soy “conocida” de don José Manuel Arroyo Gutiérrez.

Según la noticia, con pesar el señor Fonseca indicó que pese a mis calificaciones (la más alta de este concurso) ha prevalecido el criterio político pues la mayor parte de sus compañeros y compañeras diputadas me “cobran” la cercanía con el señor Arroyo Gutiérrez.

Además de agradecer al diputado Fonseca el haber transparentado la situación, de mi parte solo puedo indicar lo siguiente:

Durante alrededor de ocho años fui letrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y en tal condición conocí a don José Manuel Arroyo Gutiérrez, quien fue presidente de ese tribunal y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Trabajé con él como letrada, como también lo hice con muchos otros magistrados y magistradas, incluso antes de la llegada del señor Arroyo Gutiérrez a ese despacho, por ejemplo, con don Daniel González Álvarez, don Mario Houed Vega, o don Alfonso Chaves Ramírez (q.D.g.). Me parece simplemente atroz que no sean mis atestados, mi formación académica o profesional, mi honradez o mi trabajo lo que determine si soy apta o no para el puesto que he concursado, sino el hecho de haber trabajado con alguien que no es del agrado de los y las diputadas por razones que no me atañen de ninguna manera.

Esta es la quinta vez que en esta legislatura someto mi nombre a consideración del congreso para el cargo de magistrada: una vez para ocupar una plaza como propietaria de la Sala Constitucional; tres para hacerlo como propietaria de la Sala Tercera y ahora para ocupar el cargo de magistrada suplente del órgano de casación, siempre obteniendo en la evaluación de atestados la calificación más alta. Entiendo perfectamente que la selección de magistraturas tiene un componente político pues son los diputados quienes eligen y está bien que sea de esa manera. Sin embargo, es lamentable que, dada la opacidad del proceso, se permita la entrada de especulaciones que no tienen nada que ver con las condiciones de las personas candidatas para desempeñar el cargo y sobre las cuales estas ni son interrogadas, ni se les permite dar explicaciones, bastando lo anterior para ser descalificadas.

Respeto profundamente a las personas que han concursado también y han sido seleccionadas. No obstante, luego de estas cinco experiencias y de lo expuesto tanto por el diputado Fonseca como por el diputado Pablo Heriberto Abarca (quien en la nota periodística en cuestión afirmó, sin dar razones, que yo “no tengo ambiente”) concluyo que en mi caso han sido aspectos ajenos a mí los que han sido tomados en cuenta. De nuevo, no tener la confianza del parlamento por “la cercanía” a un exmagistrado —como si yo no fuese una persona que se ha formado durante décadas para desempeñar un cargo; que ha dado muestras de independencia en lo personal y en lo laboral y que ha tenido (para aquellos diputados y diputadas a quienes les preocupa esto solamente) cercanía, como letrada, con otros magistrados y magistradas además del señor Arroyo Gutiérrez— es inaceptable desde todo punto de vista.

Así las cosas, una vez alcanzada la certeza de que mantener mi nombre para las próximas designaciones de magistrados y magistradas suplentes de la Sala Tercera que tiene pendiente de realizar esta Asamblea Legislativa carece de todo sentido y supone legitimar un trámite que es imperativo corregir, con todo respeto le pido ser excluida del concurso que está en marcha.

Mantengo la esperanza, eso sí, de que en un futuro próximo la Asamblea Legislativa y sus miembros puedan avanzar hacia un proceso de selección del gobierno judicial que esté sometido a los más altos estándares de objetividad, transparencia y escrutinio público.

Cordialmente,
Dra. Patricia Vargas González”

Crónica – El Grande

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Publicado en redes sociales el 30 de marzo de 2011,
un día después del partido Argentina-Costa Rica en el nuevo Estadio Nacional, en San José

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Transcurridos dos minutos de partido, un jugador tico levanta por los aires a un colega argentino.

La Tribuna se enardece y grita eufórica; mi padre recuerda, como si fuera ayer, que así sonó el estadio cuando empezando el partido él mismo le quita un balón al mítico Garrincha. Lo que dice, como me lo dice, donde me lo dice, para mi vale más que el barullo mediático, la estría boba y sosa de un sistema institucional deportivo que gatea en las artes del negocio transnacional que significa ahora el futbol en el planeta.

A partir de allí, el escenario adquiere para mi otra dimensión. Me dedico a recordar los incontables momentos en los que mi padre y yo asistimos en comunión a los partidos en el viejo estadio nacional. El ritual de la preparación, las madrugadas viajando de Heredia a La Sabana, los sanguches solidarios con el termo de café para aguantar la jornada. Esta vez, no fue una bolsa entera, pero si un par para cada uno, como correspondía. Para la ocasión.

Me reviste una emoción profunda estar sentado con una persona que vivió momentos de gloria al tocar cada balón, al ser ovacionado cuando venció a la legendaria araña negra, cuando se paseó junto con Carlos Alvarado, Juan José Gámez y Marvin Rodríguez por varias canchas en el mundo. Para él, y para mí, daba lo mismo que fuera Argentina, Brasil o Islas Guadalupe. Era un encuentro con la historia, con su historia personal que en cierto momento fue de todos también.

Ajenos al bullicio romano sobre si jugaba o no jugaba el ídolo de barro, nos concentramos cada uno, en silencio, en recordar lo que valía la pena recordar. Minutos antes, como siempre fue, nos abrazamos para cantar ese himno que he visto tantas veces mancillado por intereses espurios y pueriles; pero lo cantamos como se debe cantar una canción profunda y sincera para renovarnos los votos de compromiso con este país que se nos cae a pedazos; pero también, lo escuché cantar respetuosamente el himno de Argentina, desde la A a la Z; «es que antes, la educación era otra, eran otros los valores y nos enseñaban los himnos de varios países». En ese momento mi padre era un argentino más. Y yo lo escuché en silencio.

Luego todo transcurrió en cámara lenta, en super 8, en celuloide; la euforia, el ritus de la entrada, el miedo escénico de una selección desconocida jugando contra otra selección desconocida. Y los recuerdos fluyeron. Hablar de fútbol con alguien que sabe de fútbol es exquisito y yo lo tenía a la par, conmigo, entre tanta bullaranga comercial.

Caí en la cuenta de que el partido era lo menos que me interesaba. El pequeño ídolo de barro hizo su show, ayudado por los medios de comunicación deportivos y por unos cuantos jugadores ticos que escogieron un mal momento para saludar a su ídolo; pero el grande, el ídolo de verdad, estaba a menos de un metro de distancia, recordando, con agua en sus ojos, los momentos de gloria que no se olvidarán jamás.

El pequeño es una máquina de hacer millones; el grande, es una máquina de hacer sueños. Y el mío ya se cumplió.