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Autor: Hector Ferlini Salazar

Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales ante el proceso electoral – infografía

Comunicado

Presentamos los Aportes para la Plataforma de la Ciudadanía y los Movimientos Sociales Ante el Proceso Electoral 2022.

Este es un esfuerzo que continuará con nuevas propuestas de más personas, movimientos y organizaciones pues se trata de un esfuerzo continuado de educación popular y ciudadana, al cual invitan el Foro Confluencia Solidaria, el TCU666-UCR Dialogando el Presente, y las personas y agrupaciones que aparecen en la página de agradecimientos.

Le invitamos a descargar, leer y compartir el documento:

https://confluenciasolidaria.org/wp-content/uploads/2022/02/Aportes-plataforma-de-la-ciudadania-y-movimientos-sociales1.pdf

Colectivas feministas denuncian el encubrimiento de las acusaciones por acoso sexual contra Rodrigo Chaves Robles

Comunicado

Desde diferentes colectivas feministas denunciamos el abordaje que se le ha dado a la candidatura de Rodrigo Chaves Robles por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), en donde se ha encubierto de manera solapada las diferentes denuncias por acoso sexual presentadas en su contra, mientras trabajó para el Banco Mundial (organismo internacional).

A lo largo de su campaña electoral Chaves se dejó decir que dichas denuncias eran falsas, sin embargo, en el debate del día viernes 04 de febrero transmitido por Teletica canal 7, el candidato dijo:

“Don José María (Villalta) habla de invitarlas a hacer una orgía con seis especies de animales diferentes; eso fue un chiste y a ellas les molestó, así como le molestó a una que yo dijera ‘amor de lejos, felices los cuatro’, porque ella consideró que, al tener ella un novio en Europa, yo estaba insinuando algo”.

Le recordamos a Rodrigo Chaves y al equipo que lo respalda, que realizar insinuaciones de carácter sexual, es acoso. Asimismo, le recordamos que el Banco Mundial sí sancionó su accionar, después de abrir un procedimiento administrativo por acoso sexual y ambiente laboral hostil en su contra, el cual terminaría en una degradación de su puesto, imposibilidad de ascenso y congelamiento de salario; dictamen por el que usted renunció y luego sería recibido en el país como ministro de Hacienda en el 2019.

En el debate de Canal 7 Chaves señaló que tres instancias judiciales determinaron que sus conductas no fueron acoso sexual, insistiendo en que las dos colegas denunciantes habían dicho que las situaciones fueron “comportamientos de carácter subjetivo”. Además, Chaves agregó: “Lamento muchísimo lo que pasó; me hubiera encantado que alguna de ellas se hubiera quejado”, sin embargo, en la Decisión 649 del Banco Mundial, en el punto 223 referente a las conductas de Chaves se señala claramente que: “Las denunciantes demostraron un inmenso coraje al presentarse a denunciar la conducta de un miembro del personal que se encontraba en una posición de poder sobre sus carreras”.

A su vez le recordamos a Chaves y a su partido que las acusaciones por acoso sexual, especialmente cuando este se encuentra mediado por puestos de poder, son un proceso complejo de llevar a cabo para las personas denunciantes, especialmente cuando dichos comportamientos suceden de manera repetida.

Finalmente, repudiamos la violencia política con la que se ha encarado a la candidata a la presidencia Lineth Saborío Chaverri (PUSC), en los dos debates desarrollados el día jueves 03 de febrero y viernes 04 de febrero en televisora nacional, de parte de los candidatos José María Figueres Olsen (PLN) y Rodrigo Chaves Robles (PPSD), en donde además de hacer muecas en las intervenciones de Saborío, Chaves a la hora de responderle a su pregunta sobre las acusaciones de acoso sexual, mencionó que Lineth “debería tener la ´capacidad intelectual´ para leer las respuestas a resoluciones judiciales”, comentario que además de fuera lugar, permite visualizar la misoginia internalizada del candidato Rodrigo Chaves.

Adjuntamos el documento oficial del Banco Mundial.

Desempleo de personas con discapacidad: La norma más que la excepción

Luis Fernando Astorga Gatjens

En estos días, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó la preocupante situación del empleo que actualmente enfrenta el país: La tasa de desempleo cerró al finalizar el año 2021, en 13,7 %. De acuerdo al INEC, el país tiene a 333 mil personas sin empleo y, por tanto, sin ingreso alguno. Mientras tanto el subempleo alcanza un 13, 1 % y hay casi un millón de personas dentro de la informalidad. Otro dato que también debe generar preocupación es que 217 mil personas tuvieron reducción de su salario o ingresos asociados a suspensión o reducción de jornada, o bien tuvieron que suspender la actividad propia o negocio durante la pandemia. Este sector afectado por esta situación alcanza el 10,3% de la fuerza laboral.

Como se puede apreciar, se trata de datos nada halagüeños en un contexto donde el gobierno hace malabares con las cifras para mostrarnos un crecimiento económico, que tiene como base de referencia la estrepitosa caída de la economía en 4,1 % que se dio en el pandémico 2020. Ese crecimiento económico relativo lo disfrutan, entonces, algunos sectores de la sociedad; no así los miles de personas que están desempleadas, subempleadas, tienen ingresos reducidos o padecen las limitaciones económicas y en derechos propios de la informalidad laboral.

Es muy probable que la cifra de desempleo sea un poco mayor, ya que hay un sector de la población en edad productiva que no está, debidamente, considerada en la investigación estadística, por la particularidad de ser personas con discapacidad. Se trata de un sector invisibilizado en muchos aspectos.

En sentido general, la metodología para determinar la Población Económica Activa (PEA), se hace indagando si la persona está trabajando en alguna actividad remunerada y, en caso que no lo esté, preguntando si ha realizado alguna gestión de empleo en las últimas cinco semanas. Si esa persona responde que afirmativamente, se considera que forma parte de la PEA pero está desempleada.

En caso de responder que no ha realizado gestiones de búsqueda de empleo en el lapso indicado, se coloca dentro de la Población Ecomómicamente Inactiva (PEI). Valga precisar que la PEI es el grupo de personas en edad de trabajar que no participan en el mercado laboral; es decir, que no realizan ni buscan desarrollar alguna actividad económica.

Aquí habría que considerar a las personas económicamente desalentadas o desanimadas. Y ahí, en primerísimo lugar se deben colocar a las personas con discapacidad en edad productiva, que no han realizado una gestión de empleo en las últimas cinco (o cuatro semanas, como fija el INEC), no porque no aspiren a conseguir un empleo sino porque han realizado múltiples gestiones –o conocen gestiones de otras personas con discapacidad–, con resultados reiteradamente negativos. Obviamente que tal experiencia termina por desanimarlas para seguir realizando gestiones de búsqueda de empleo. El estar chocando contra una pared que les dice que “no”, las persuade a que no realicen más gestiones.

El desempleo asociado a discapacidad tiene varias causas a considerar, siendo la principal la subvaloración y los prejuicios existentes que la mayoría de empleadores asocian con discapacidad. Los modelos prevalecientes en nuestro entorno socio-cultural tienden a subvalorar a las personas con discapacidad, en general y, más aún, cuando se trata de su independencia, su autonomía y su capacidad productiva y laboral. Otro factor que limita o impide la contratación de personas con discapacidad son las múltiples barreras de acceso físico, informativo y comunicacional, que se presentan en la gran mayoría de centros de trabajo. Dentro de esta misma barrera se puede incluir las condiciones ergonómicas inapropiadas que presentan muebles y equipos, que complican su accesibilidad para personas con discapacidad. En la suma de limitaciones se debe incluir asimismo la accesibilidad en el transporte público. En este rubro aunque podemos reconocer algunos avances, es más lo que sigue pendiente.

Hay otro valladar que también complica el acceso al empleo de las personas con discapacidad. Es la calidad de mano de obra que ofrece el sector. El limitado acceso a la educación y a la formación técnica que enfrentan las personas con discapacidad, les impide aprovechar las escasas oportunidades laborales que se han presentado en los últimos tiempos.

Se podría pensar que la otra opción laboral es a través del auto-empleo propio de pequeños emprendimientos productivos. Sin embargo, con tan escaso apoyo del Estado y con tantas obligaciones y requisitos, es una actividad casi vedada para las personas con discapacidad.

De esta manera, de ese 18, 2 % de personas con discapacidad en edad adulta dentro de la población nacional (ENADIS, 2018, INEC-CONAPDIS), un porcentaje reducido es el que tiene acceso al trabajo. Con ello, el desempleo es más la norma que la excepción.

Consecuentemente, el derecho al trabajo contemplado en la Ley 7600 (artículo 23) y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (artículo 27), por ahora son más expectativa que realidad concreta, para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del país.

Desafortunadamente, en esta campaña electoral que ya llegó a su fin (por lo menos, en su primera ronda), la situación de discriminación y exclusión social que padecen las personas con discapacidad, no ha estado presente, en la urgencia y profundidad necesaria, ni en el diagnóstico, ni en los programas, ni en las intervenciones de los candidatos presidenciales. Y este debería ser un tema importante, tanto por el peso del sector poblacional como por el agravamiento de su situación general como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

En un deteriorado Estado Social de Derecho como el nuestro, las esperanzas de mejora en inclusión laboral para las personas con discapacidad están marcadas por la incertidumbre. Para revertir tal situación habrá que apostar a la movilización y la lucha de las personas con discapacidad y sus aliados, guiados por la consigna inevitable: ¡Sin acción, no hay derechos!

A ESTA HORA, OTRO PAÍS

Por Memo Acuña (escritor y sociólogo costarricense)

Costa Rica se enfrenta a su segunda disyuntiva de este siglo. Debe escoger un proyecto, seleccionar unos planos de construcción para levantar su edificio con distintos materiales, que pueden fortalecerlo o llevarlo a perder los cimientos que durante décadas se han levantado para garantizar inclusión, igualdad, oportunidades.

El primer momento clave fue en 2007 cuando hubo de dirimir también entre dos tesis que partieron en dos el mapa de las culturas políticas locales. El referéndum para decidir la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significó no sólo un resultado, sino la escogencia de una ruta que a la vuelta de lo años ha implicado polarización, polifonía, incertidumbre. La imposibilidad de vernos y hablarnos entre diferentes: el diálogo truncado.

Son estos juegos electorales, los sextos del presente siglo. Los primeros de la era pandémica, los que inauguran una nueva posibilidad civilizatoria. Los que marcan la continuidad de las votaciones de la diáspora costarricense que algunos medios comerciales utilizan como anécdota, pero que en lo profundo implica reconocer qué hay gente que se ha ido y se ha alejado del paraíso costarricense por distintas razones.

Serán estos los primeros comicios donde la idea de franquicia ha pulverizado de una vez y para siempre el significado de los partidos políticos en su sentido amplio, como organizaciones intermediarias entre los sujetos y la sociedad.

Si bien se presentan a si mismos como la oportunidad de elegir entre 25 opciones, la cantidad no implica diversidad en un espectro ideológico que tiende a correrse en su amplia mayoría del centro a la derecha, con muy pocas, poquísimas alternativas hacia el otro lado.

Los juegos del hambre electoral no resuelven las profundas fracturas de un país sin proyecto común, sin comunidad amplia, sin ruta integradora hacia el futuro. En su lugar, la idea del consumidor político ha sustituido a la de ciudadano que elige. Por ello la “burguerización” del espectáculo electoral, la hamburguerización del debate, la sensación de superficialidad en la discusión, la confirmación de que el principal partido existente en todas las encuestas de intención de voto sigue siendo el indeciso.

A esta hora otro país espera y aguarda. Estaremos a punto de decidir o ya habremos decidido. En la novela Cruz de Olvido del escritor costarricense Carlos Cortés el personaje central comenta “En Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang”.

En efecto, habremos de haber pasado de nuevo por una hora clave y probablemente el estupor y la cacofonía de las redes sociales disputarán para si el sentido de la discusión profunda y necesaria.

Otra vez, de nuevo, temas como la desigualdad, la pobreza, la desterritorialización de los pueblos originarios, la violencia, la fragmentación territorial, cederán a la lectura epidérmica y con ello la memoria irá de plano dando paso a la urgencia del presente.

Muchas veces hemos dicho en esta columna la necesidad de recomponernos como comunidad, ampliada e imaginada. No para homogenizarnos. Sino para salvarnos.

A esta hora, otro país que no necesariamente sea el de la bullaranga electoral, aguarda por lo segundo.

Elecciones en Costa Rica, la izquierda en la encrucijada

Organización Política Carmen Lyra, Costa Rica, 2022

La tradición democrática costarricense posee un secreto a voces: la proscripción, invisibilización y exclusión de la izquierda durante 25 años posteriores a la guerra civil de 1948. Dicho accionar de marginación y exclusión, instaurado en el artículo 98 de la Constitución Política del 49, y reiterado por el Parlamento en diversas ocasiones a vista y paciencia del Tribunal Supremo de Elecciones, fue modificado apenas en la década de 1970. Esta condición ha provocado, sin lugar a dudas, un impacto importante sobre la percepción de la izquierda en la población costarricense, así como en la organización misma de la izquierda costarricense.

Para los años 80, el panorama centroamericano de diversos conflictos armados y la firma de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe tuvieron repercusiones sobre Costa Rica y sobre la organización de la izquierda. La escisión del Partido Vanguardia Popular en los ochentas es producto tanto de los factores internos como externos del país; y en el marco de esta escisión surgen diferentes corrientes que hasta el día de hoy continúan por caminos “distintos”, que sin embargo parecen coincidir en diversos aspectos programáticos claves.

En este contexto de escisión los movimientos sociales y la sociedad costarricense han tenido que enfrentar, desde inicios de siglo, los embates del proyecto neoliberal que ha buscado de forma permanente el rompimiento con el modelo del Estado Social de Derecho. Primero fue la lucha contra el COMBO ICE (2000), que se logró detener en las calles; después, en 2003 inició la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y su agenda complementaria, que finalmente fue aprobado con fraude electoral el 7 de octubre de 2007, en el primer referéndum dentro de la II República; por último, la aprobación del nefasto COMBO fiscal de 2018, a pesar de haber tenido las manifestaciones más grandes del siglo.

Hoy se presentan al proceso electoral costarricense 25 organizaciones partidarias diferentes, lo cual refleja la descomposición política existente y un aparente pluralismo político nunca antes visto en la historia del país. En el marco de reflexionar el papel de la izquierda en este proceso electoral, la OPCL (Organización Política Carmen Lyra) presenta a continuación un balance de los tres partidos de izquierda: Partido Pueblo Unido, Partido Frente Amplio y Partido de los Trabajadores; los tres con participación en el proceso electoral del 2022 a escala nacional y provincial.

Partido Pueblo Unido

El Partido Pueblo Unido (PU), consolidado en 2018, es una formación política que busca rescatar el nombre del Partido Pueblo Unido fundado en 1978 como una coalición entre los partidos de izquierda Partido Vanguardia Popular, el Partido Socialista Costarricense (refundado en 1973) y el Movimiento Revolucionario del Pueblo (1974). En la elección de 1982, cuando el país se encontraba en una aguda crisis económica y social, llegó a conseguir 4 diputaciones en la Asamblea Legislativa. Nótese que, pese a haber vuelto a la legalidad apenas tres años antes, ya la izquierda costarricense se había dividido en, al menos, 3 partidos, lo cual requirió que, para esas elecciones de 1978 tuviera que acudir a la figura de la coalición.

PU presenta un plan de gobierno titulado “Por una vida digna 2022-2026” en un total de veinte páginas, lo que antaño podríamos llamar el “programa mínimo”. El plan se divide en tres ejes: 1. El Estado al servicio del pueblo, 2. Desarrollo social y cultural: Salud, Seguridad Social, educación, inclusión y violencia social; 3. Economía, producción y trabajo en armonía con la naturaleza: Una economía centrada en el bienestar del pueblo.

A lo largo del plan se identifica un componente preponderante para el Fortalecimiento del Estado social de derecho, donde se pretende invertir en las instituciones públicas y se apuesta a la creación de empresas estatales para el mejoramiento de la economía y productividad del país, poniendo el bien común en el centro.

En el primer eje, se hace énfasis en rescatar el Estado Social de Derecho para convertirlo en un instrumento al servicio del pueblo. Se enfocan en la seguridad jurídica, nacional y ciudadana; así como en la revisión de la legislación pertinente a los medios de comunicación. Este eje también incluye un apartado de movilidad para mejorar la productividad, en el cual se propone la mejoría del sistema de transporte público por medio de fuentes energéticas renovables, aunque sin mencionar cuáles serían esas fuentes, así como la derogación de la Ley de Concesión de Obra Pública. El último aspecto de este eje es el de Conservación y Protección Ambiental, el cual se enfoca en la prohibición de la explotación petrolera y minera a gran escala, sin embargo, no se plantea claridad en torno a los tipos de minería que se vetarían, o qué se haría con las actividades actualmente en desarrollo. También se hace un llamado a respetar los acuerdos internacionales que Costa Rica ha firmado en materia de pesticidas y agroquímicos. Finalmente prometen continuar con los esfuerzos que han hecho los recientes gobiernos para alcanzar la carbono neutralidad.

El segundo eje aborda la temática de la Salud, la Educación y la Cultura, el deporte, la Recreación y el Arte, la Inclusión y la Salud Animal. Para la niñez y la juventud proponen principalmente fortalecer el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) con más personal y los programas de cuido. No existe un despliegue sobre de dónde o cómo se hará este fortalecimiento, así como tampoco propuestas concretas en torno a proyectos de ley nuevos para la modificación o la modernización de leyes actuales.

El último y tercer eje contiene apartados para la transformación de la matriz productiva mediante la sustitución del modelo Neoliberal que actualmente rige al país, por un modelo Económico Social Inclusivo; sin embargo, queda pendiente la definición de lo que se entiende por este modelo Económico Social Inclusivo. Además, abogan por una Reforma Agraria y Pesquera para garantizar la soberanía alimentaria. Como organización entendemos la importancia de esta propuesta, no obstante, en el plan no se proponen acciones concretas para este fin. También se abordan temáticas de economía social, política fiscal, empleo, la inversión extranjera directa, entre otros.

Es importante mencionar que los ejes que se abordan más ampliamente tienen que ver con las aspiraciones sociales y económicas. Sin embargo, se muestra un débil planteamiento en materia de medio ambiente, ya que no se abordan las temáticas que tienen que ver con el recurso hídrico (ley de aguas y tratamiento de las aguas residuales o planes hídricos nacionales). A pesar de que hablan sobre el fortalecimiento de distintos ministerios e instituciones, no se hace mención sobre la figura del SINAC y el MINAE, que, como entes administradores de los Parques Nacionales, actualmente presentan grandes falencias presupuestarias. Los recursos marino-costeros y su ley respectiva se dejan de lado, así como la problemática de la ausencia de una rectoría clara en el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental en general en Costa Rica.

Se encuentra otra carencia importante en el tema de género, no se visualizan propuestas reales para la igualdad de género y los retos que afrontan las mujeres en el campo político, económico y social. Además, a pesar de que se habla del apoyo al Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, no se plantea nada con respecto a las otras minorías poblacionales del país, como la LGTBIQ+ y las afrodescendientes.

Partido Frente Amplio (FA).

Fundado en 2004 con una trayectoria de 4 campañas electorales, históricamente ha mantenido una presencia principalmente en la asamblea legislativa con un diputado, siendo la excepción el año 2014 donde logró el posicionamiento de 9 diputados, teniendo 6 curules masculinos y 3 curules femeninos.

De los tres planes de gobierno analizados, la propuesta frenteamplista es la que brinda mayor estructura y diversidad de temas, lo que refleja una madurez política en torno a una posible conducción del gobierno nacional. Ausente de discursos claros en torno a la lucha de clases o la conflictividad del modelo económico vigente, el FA plantea una propuesta moderada.

Este plan cuenta con un abordaje de 25 ejes de trabajo entre los que rescatamos los siguientes: Política económica, Política Social, Derechos de las Mujeres, Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y de inmigrantes, Vivienda, Trabajo Digno, Medio Ambiente, Lucha contra la corrupción, Políticas culturales, Ciencia y tecnología, Protección Animal.Se logran propuestas concretas para la atención de aspectos determinantes en la economía actual, una diversidad de propuestas encaminadas a la reactivación económica y un fortalecimiento del Estado Social de Derecho. A diferencia de las otras tendencias de izquierda costarricense analizadas anteriormente, el FA posee un amplio bagaje en propuestas vinculadas al ordenamiento territorial y el medio ambiente, teniendo dentro de su plan una muestra clara de hacia dónde apuntar políticas para una mayor sustentabilidad en el desarrollo del país.

Dentro de los aspectos que se podrían considerar falencias se encuentra la poca o nula conflictividad con el modelo “democrático” costarricense, que como ya vimos se suele inclinar en contra de los intereses populares, así como baja conflictividad con las clases dominantes. Consideramos que este partido ha perdido mucha de la conexión con sus bases y se ha enfocado en la labor legislativa, lo cual se evidencia en el discurso político de su candidato. El FA como partido de izquierda promulga un trabajo en donde el escenario político legislativo toma un papel más importante que un discurso consecuente de izquierda. Como partido electorero el FA propone más un continuismo progresista que un verdadero cambio revolucionario.

Partido de los Trabajadores

Esta formación política se conformó en el 2012 producto de una evolución política que inició en el Movimiento al Socialismo, resultado de las disidencias del Movimiento de Trabajadores y Campesinos. Desarrolló su primera participación en elecciones nacionales en el año 2014, y en adelante ha participado en elecciones municipales y nacionales, sin obtener, a la fecha, ninguna representación en un puesto de elección popular.

El programa que presenta el PT se divide en 7 ejes principales, cada uno de ellos muestra un fuerte componente ideológico de carácter clasista, revolucionario y anticapitalista. En este sentido existe un enfoque claro de no apuntar a un trabajo político de diálogo entre sectores, ni entre la izquierda, sino de confrontación directa con la burguesía y los grupos de poder económico, además de un rompimiento con el modelo político y económico actual, para abogar por una refundación en la mayoría de los ámbitos de la sociedad.

Al hacer una revisión de la estructura que posee la propuesta de Plan de Gobierno, se puede determinar que los componentes más fortalecidos se ubican dentro de aspectos como el empleo y el salario, con más de 36 propuestas concretas entre las que destacamos: la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el aumento del salario mínimo y el reconocimiento por parte de patronos de todos los trabajadores de plataformas digitales. El segundo componente de peso es lo referente a servicios como salud y educación. Varias de las medidas propuestas por el PT se encuentran dentro de un abanico de luchas que el movimiento sindical y social ha venido dando en las últimas décadas como son aumento del presupuesto en educación pública, congelamiento del precio de los alquileres o garantizar el financiamiento de la salud pública sin endeudamientos. No queda claro cuál sería el sustento económico de esas reformas.

Es importante hacer énfasis en que los puntos más débiles que posee el plan planteado por el PT se vincula a los temas ambientales, de donde no se pueden extraer con claridad las propuestas a nivel ambiental, qué se hará con la ley de aguas, qué se plantea trabajar o reformar entorno a instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), o medidas para la protección de riquezas naturales terrestres y marinas del país. Situación similar sucede con lo vinculado al ordenamiento territorial, concepto ausente dentro del plan, dado que si bien dentro del plan se plantean “agresivos planes” de infraestructura en obra pública, no hay una claridad en torno a cómo plantean disminuir o compensar los impactos de dicho desarrollismo, u ordenar la situación a nivel nacional en este tema.

Reflexión final

Las propuestas de la izquierda para este proceso electoral 2022 coinciden de forma plena en los siguientes 10 puntos:

  1. Detener el proceso de tercerización y privatización de las entidades públicas
  2. Reconocer los derechos plenos de las personas trabajadoras de los sectores digitales (como DiDi, UbeEats, Uber, Pedidos Ya!)
  3. Desarrollar las fuerzas productivas del país con sostenibilidad, soberanía, responsabilidad y distribución de la riqueza
  4. Mejorar el sistema educativo vigente con énfasis en condiciones de infraestructura y laborales
  5. Desarrollar políticas agresivas de inclusión y promoción de trabajo para las mujeres
  6. Reactivación económica a partir de una reforma fiscal progresiva
  7. Mejorar las condiciones laborales aumentando el salario de las personas trabajadoras
  8. Respetar y buscar garantizar la autonomía de los pueblos indígenas
  9. Fortalecimiento de las instituciones de seguridad social
  10. Un Estado laico

El modelo electoral costarricense posee una serie de sesgos, por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas a diputaciones, que permiten únicamente votar por listas de personas aspirantes de los partidos políticos y sin la posibilidad de cambiarse o modificar su orden, así como no permite candidatos únicos; además el método del subcociente como barrera legal para la participación por plazas en el ámbito de las elecciones parlamentarias provoca distorsiones en el comportamiento del voto, que no aportan ni ayudan a tener una representación más plural de ideas, sino todo lo contrario, ayudan a que el poder se concentre en algunas fuerzas políticas, que, como es tradición, ya han logrado amasar un flujo de votos y presupuestos que convierte las contiendas electorales en un escenario imposible para pequeñas o medianas fuerzas políticas.

A estos sesgos político-electorales de carácter nacional, se suma la manipulación de opinión a través de los medios de comunicación hegemónicos y las redes sociales. Actualmente muchas de las campañas políticas se basan en la imagen e interacciones en redes sociales, lo cual puede estar incluyendo sobre todo en el voto joven. Las autoridades electorales no poseen controles en redes sociales, ni sobre la veracidad de la información ni de los perfiles o seguidores de cierta afiliación política. Así mismo, la información que se distribuye a través de redes sociales, al igual que en los principales medios de comunicación tradicionales, tiene mucho que ver con el capital económico del partido político, resultando en una exclusión ex profeso de otras corrientes políticas con menos capital.

Bajo este escenario de “tradición democrática”, consideramos que la izquierda costarricense no ha logrado hacer una lectura dialéctica del contexto. Debilitada por un vicio de atomización, cada una de sus fracciones hace un nicho propio de lucha que, ante un escenario electoral, no queda claro cuáles y dónde están las fuerzas vivas que sostienen o canalizan el descontento ante el evidente fracaso del modelo neoliberal; cayendo y reproduciendo lo que el enemigo estructural quiere: dividir y vencer cualquier oposición. En este sentido, observamos que la única forma de vencer el modelo económico neoliberal es la unión de las corrientes de izquierda en el país, de manera que podamos continuar avanzando en la reconquista de las garantías sociales, políticas y ambientales del estado y la sociedad.

Pese a que en los úlitmos 25 años ha habido un descontento popular frente a las políticas neoliberales, los partidos de izquierda no han sabido canalizar ese decontento y ofrecer un frente permanente suficientemente robusto como para que se refleje en los procesos electorales. Ese descontento ha sido absorbido por una propuesta de centro izquierda que no vacila en invocar el anticomunismo cuando se habla de reformas sociales más profundas o que prioricen a la clase trabajadora o al sector público. No hay voto que logre salvar el panorama; a pesar de que existen propuestas concretas y amplias como las del FA, aunque exista un espíritu combativo y claro antisistema por parte del PT, o PU que nos presenta un romántico plan de volver al desarrollo del capitalismo con rostro humano del siglo XX y a intención del programa mínimo.

La única forma de poder ganar espacio en la contienda electoral es bajo una coalición de la izquierda, una coalición que bajo un programa mínimo de consignas se unifique y trabaje de forma conjunta con equidad representativa. Sin embargo, esta coalición debe gestarse y operar más allá de lo meramente electoral y surgir del intercambio de experiencias con las luchas y necesidades de las fuerzas vivas, comunales, sindicales, gremiales y estudiantiles.

Condenamos los actos de espionaje contra activistas sociales

– Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos

FECON (04/02/2022) | El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”

Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.

Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Neotrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de Excel. Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que, existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.

Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.

Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.

Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Neotrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.

 Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición la DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?

Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.

La soga en la casa del ahorcado

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

Confusión al votar

Freddy Pacheco León

1. Pocos, muy pocos votantes vinculan el nombre del partido político con su respectiva bandera.

2. Pocos, muy pocos son capaces de recordar el diseño (incluyendo los colores) del partido en que ¡sin nombre alguno! van sus candidatos a diputados preferidos.

3. Pocos, muy pocos, de nuestro «club de Ciudadanos de Oro», gozan de una visión 20/20 para al instante ubicar en la ensalada criolla, la casilla donde marcar la X.

4. Pocos, muy pocos, van a poder realizar ese ejercicio único, no solo en la gran papeleta de diputaciones, sino también en la gran hoja para el voto presidencial.

5. Pocos, muy pocos, conocen siquiera el nombre y la bandera de la mayoría de los partidos que esperan su voto.

6. Pocos, muy pocos, no tendrán aunque fuere un aumento de su adrenalina, que se les manifestará con cierto nerviosismo a la hora de votar.

Y

7. Todo lo anteriormente puntualizado, forma parte de un acto secreto, muy personal, de gran trascendencia, que los ciudadanos, aún los analfabetos por desuso, ¡TENDRÁN QUE EJECUTAR EN MINUTO Y MEDIO!, con el riesgo de que su voto sea ANULADO por excederse ilegalmente en su tiempo.

Cómo se reparte el queque

Oscar Madrigal

El Banco Central anunció con gran satisfacción que el PIB, la producción de bienes y servicios del país, creció el año pasado un 7,6%, el más alto de los últimos años. Recibimos la noticia con una gran sonrisa porque eso significa que la riqueza en Costa Rica aumentó considerablemente en el 2021. El pastel o el queque creció y ahora es mucho más grande que hace un año, lo cual debería convertirse en mejores condiciones para toda la sociedad.

En otras palabras, de ese pastel que creció tanto, a los diversos sectores sociales debería corresponderle una tajada mayor o más grande.

Sin embargo, las estadísticas oficiales señalan que el desempleo el año pasado fue del 15% y que antes, en el 2019, era del 12,2%; somos el segundo país con mayor número de desempleados de Latinoamérica. La sonrisa se empieza a desdibujar.

La parte del pastel que corresponde a salarios no crece y según un estudio del grupo neoliberal Academia de Centroamérica, es que TODOS los salarios disminuyeron durante la pandemia, es decir, la tajada del queque que les correspondería a los trabajadores, especialmente de la empresa privada, es más pequeña. El aumento de la riqueza no se vio reflejada en mejores salarios. La sonrisa ya desapareció.

Y definitivamente desaparece la sonrisa al saber que el 26% de nuestros compatriotas en 2021 vive en pobreza y que casi 400.000 HOGARES viven en pobreza y 6.3% en extrema pobreza. La pobreza en el 2021 (año del 7,6% del PIB) es la segunda más alta desde que se hacen esos estudios en el país. La tajada del queque de la riqueza nacional producida en ese año es trasparente para este grupo de compatriotas.

Como puede deducirse, la riqueza creada por todos nosotros (los obreros que producen la piña o el banano, los trabajadores de las zonas francas que producen los instrumentos médicos, los consumidores que requieren de los productos, los que invierten, etc.) no se distribuye con equidad y en beneficio de todos los sectores. Las tajadas en las cuales se parte el queque son muy desiguales.

La economía, se deduce del dato del crecimiento del PIB, se ha reactivado. Los candidatos a presidente se refieren con mucha frecuencia a que, por ejemplo, para reducir el desempleo, primero hay que reactivar la economía. Sin embargo, los hechos indican que eso no es suficiente. Es necesario cambiar la forma en que se reparte el queque, la forma en cómo se distribuye la riqueza creada por todos.

Las teorías del derrame, -que parecen pregonar la casi totalidad de candidatos-, no alcanza a los que más necesitan en justicia. Es necesario introducir algunos cambios en la redistribución del PIB, de la riqueza generada. No estamos ni a nivel de la teoría del goteo porque los salarios están prácticamente congelados y las trasferencias sociales absolutamente desfinanciadas.

José María Villalta, el candidato del Frente Amplio, propone en su programa una serie de medidas para cambiar radicalmente la forma en que se reparte el queque, para que cada una de esas tajadas se redistribuya de manera que se vayan rompiendo las grandes brechas sociales que hoy nos hacen ser uno de los países más desiguales del mundo.

En una reunión con los empresarios ha insistido en que es necesario que los sectores que se dejan una parte muy grande del pastel, como las zonas francas, contribuyan con la sociedad a través del pago de un impuesto del 15% sobre las utilidades. Esta propuesta no genera desocupación ni salida de empresas porque hacia esa meta avanza el mundo, tal y como piden EEUU y la OCDE.

Esta y otras propuestas es lo que necesita el país para crear riqueza con una justa distribución.