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Autor: Hector Ferlini Salazar

Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Coyuntura.

SURCOS recibió este documento de parte del
Grupo Economía Pluralista

20 de agosto de 2020

Sra. Epsy Alejandra Campbell Barr
Primera vicepresidenta de la República
Sr. Marvin Rodríguez Cordero
Segundo vicepresidente de la República

Estimada señor vicepresidenta, estimado señor vicepresidente:

En atención a su nota de fecha 14 de agosto (PV-M-2020-238 DSV-299-2020), y a la convocatoria “Costa Rica escucha, propone y dialoga” formulada por el gobierno de don Carlos Alvarado, adjuntamos nuestros aportes, como integrantes del Grupo Economía Pluralista, en el documento que hemos titulado: “La crisis del Covid-19: Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos. Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República ‘Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga’”. Aclaramos que este documento ofrece un abordaje integral, en el cual se incorporan las facetas, estrechamente interconectas, de la reactivación, la creación de empleos y las finanzas públicas.

Atentamente

Luis Paulino Vargas Solís, Fernando Rodríguez Garro, Daniel Vartanián Alarcón, Ana Rosa Ruiz Fernández, Edwin Zamora Bolaños, Jeannette Cordero Gamboa, Luis Carlos Olivares Martínez, Henry Mora Jiménez , Martín Gerardo Murillo Córdoba, Welmer Ramos González,, María Leonela Artavia Jiménez, Rosberly Rojas Campos, Bernardo Aguilar González, Montserrat Ruiz Guevara, Osvaldo Ureña Jiménez, Pablo Abarca González,, María Fernanda Vega Solano, Jorge Arturo Chaves Ortiz, Hugo Cascante Mico, Mario Devandas Brenes, Greivin Salazar Álvarez, Giovanni Beluche Velásquez, Renzo Céspedes Vargas, Eugenio Trejos Benavides, Gustavo Mena Vargas

La crisis del Covid-19:
Momento para refundar la estrategia de desarrollo y recuperar la Costa Rica justa e inclusiva a la que aspiramos.
Acerca de la convocatoria del Gobierno de la República
“Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga”
GRUPO ECONOMÍA PLURALISTA

  1. Es un solo problema, no tres problemas sumados

Esta convocatoria lanzada por el gobierno de Carlos Alvarado, diferencia tres aspectos, solicitando respecto de cada uno de éstos, los aportes por parte de la ciudadanía. Los tres apartados, así diferenciados, son:

a) Finanzas públicas y acuerdo con el FMI

b) Reactivación económica

c) Creación y protección de empleos

Se comprende que para hacer operativa y viable la convocatoria, se hace necesario introducir algún ordenamiento conceptual y, por lo tanto, la definición de determinadas categorías de análisis. No obstante lo cual, advertimos que esta forma de plantear las cosas conllevan un riesgo importante, ya que, para todo efecto relevante, tanto desde el punto de vista político, como desde una perspectiva teórica y empírica, los tres aspectos forman parte de una sola problemática. No son tres cuestiones que se suman o superponen, ni tres cuestiones que discurren la una paralela a las otras, cada una por su propio cauce. Son tres facetas de una sola realidad compleja, entrelazadas e interrelacionadas a profundidad.

Las definiciones que se adopten en materia de finanzas públicas, inevitablemente afectarán –para bien o para mal– los esfuerzos en cada uno de los otros dos ámbitos. Los logros o ausencia de logros, en materia de reactivación y empleo, tendrán consecuencias importantes para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Reactivación y empleo, por su parte, son caras de una misma moneda, puesto que resultaría desatinado tratar de reactivar la economía sin poner un énfasis explícito muy potente, en la creación de muchos empleos. Vale decir: crecimiento de la economía con débil creación de empleos, es una opción que debe ser descartada ad-portas, sobre todo si el objetivo principal de todo esto es no solo superar la crisis económica, sino hacerlo de forma que avancemos hacia una sociedad más inclusiva y democrática, capaz de proporcionar bienestar, calidad de vida y paz a sus habitantes.

Teniendo presente lo antes indicado, en este documento proponemos un abordaje integral, que se esfuerza por generar respuestas, coherentes y complementarias entre sí, en relación con las tres problemáticas que el gobierno ha planteado.

  1. Acuerdo con el FMI

En reiteradas apariciones ante la prensa, algunas autoridades económicas –en especial Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central– han hecho públicas las que, al parecer, son las propuestas que el gobierno de Costa Rica está presentando ante ese organismo. Se ha dado a entender que es algo ya definido, sobre lo que no hay margen de negociación.

En primera instancia, es obligatorio que el gobierno aclare con total franqueza, si eso es efectivamente así, porque de ser ese el caso, o sea, si ya hay un paquete de políticas que, en forma opaca y  de espaldas a la ciudadanía, ha sido definido y no admite cambios, el ejercicio de diálogo propuesto pierde todo sentido. Sería una grave falta de respeto hacia la ciudadanía costarricense.

Al respecto, debe quedar claro lo siguiente:

  1. Sabemos que un acuerdo de “Derecho de giro” o “stand-by” con el FMI, como el que presuntamente está siendo negociado, conlleva metas cuantitativas pero también compromisos de política. Cada una de estos detalles deben ser explicados con absoluta transparencia, y deben incorporar y respetar los criterios que emanen de la propia ciudadanía. De otra manera, la negociación será inaceptable e ilegítima.
  2. No es aceptable que se aprovechen las conversaciones con el FMI para colar por la puerta de la cocina una agenda de privatizaciones. Previo a cualquier decisión sobre cualquier posible privatización, es indispensable un debate por aparte, bajo condiciones muy participativas, abiertas y equitativas. Mucho más que asuntos de técnica económica, son cuestiones que conllevan complejas facetas políticas e ideológicas, relacionadas con el tipo de sociedad a la que aspiramos y nuestros objetivos de desarrollo a mediano y largo plazo. Son asuntos muy polémicos, pero, sobre todo, terriblemente divisivos.
  3. Pero, además, en su faceta presuntamente “técnica”, las privatizaciones no resuelven absolutamente nada. Los datos que los propios promotores de la idea aportan, muestran claramente que tan solo se le dará un insignificante mordisco a la deuda pública, al costo de agudizar las divisiones sociales y la polarización, y tan solo para favorecer algo que, claramente, es una muy inoportuna ocurrencia ideológica.
  4. Se ha dicho que, además, la negociación con el FMI podría contemplar un incremento del IVA al 15%. Solicitamos que, de forma transparente, se le aclare a la ciudadanía si esto es cierto. Agregamos lo siguiente: en primera instancia, esto nos remite a un imperativo ético y político ineludible: por el carácter regresivo e injusto que le es intrínseco, es desde todo punto de vista inaceptable plantear posibles incrementos al IVA, sin antes plantear y avanzar en propuestas tributarias de índole claramente progresiva, que garanticen que cada quien aporte según sus posibilidades, y sin que, al mismo tiempo, se ofrezca una estrategia enérgica y precisa, así como un calendario de ejecución viable pero muy claro, para lograr dos cosas de primerísima importancia: la eliminación de todas aquellas exoneraciones que no respondan a objetivos sociales muy claros y deseables; y el más vigoroso combate a la evasión y la elusión tributaria.
  5. Desde el punto de vista económico, y en el contexto de la profunda recesión que sufre la economía costarricense, el IVA sería el impuesto menos aconsejable, porque inevitablemente succiona poder de compra de los sectores de ingresos bajos y medios, lo que limitará su capacidad de consumo y, por lo tanto, agregará fuerzas depresivas en momentos en que, todo lo contrario, requerimos poner en marcha, fuerzas que den un empujón ascendente a la economía.
  6. En cambio, impuestos de carácter progresivo, que canalicen recursos desde sectores de altos ingresos con elevados coeficientes de ahorro, hacia sectores carenciados que requieren urgentemente mejorar su consumo personal y familiar, y hacia necesidades que la propia crisis ha agravado, y que demandan por parte del sector público una atención urgente y prioritaria, contribuirían a atenuar la recesión económica, y aliviar las consecuencias humanas y sociales de la crisis.
  7. Es igualmente desafortunada la idea de que el financiamiento externo que se obtenga, incluso el que provenga del FMI, deba refinanciar la deuda pública, cambiando deuda interna “cara”, por deuda externa “barata”.
  8. En primera instancia, ello pierde de vista que el endeudamiento en moneda extranjera, disminuye los ya restringidos márgenes de soberanía monetaria de que disponemos, y agudiza las posibilidades de que el país sufra presiones externas por parte de los inversionistas, y de desestabilización del tipo de cambio, con las muy negativas consecuencias que ello provoca.
  9. En segundo lugar, se insiste en no reconocer, con apego a una ortodoxia anticuada y descontextualizada, que el Banco Central posee las herramientas técnicas y de política que le permitirían reducir las tasas de interés sobre las emisiones de deuda interna, a fin de propiciar de esa forma una reducción de los pagos por intereses. Es irracional que se sigan pagando tasas de interés del orden del 8% sobre los bonos de deuda pública, y que esa situación sea observada desde lejos, con pasividad e indiferencia, por el Banco Central. Es su deber ineludible actuar, y no seguir propiciando una crisis fiscal cuyo detonante principal gira alrededor de los pagos por intereses a sectores rentistas.
  10. Es igualmente necesario que el Banco Central ponga a punto, para su uso en caso necesario, mecanismos eficaces y expeditos de financiamiento del sector público, a bajas tasas de interés, que prevengan e impidan cualquier posible episodio de asfixia financiera y desestabilización de la institucionalidad pública. Traer a colación el peligro inflacionario es por completo desatinado: en un contexto de profunda recesión, con problemas del empleo extremadamente graves y fuerzas deflacionarias en pleno desenvolvimiento, lo que debería preocupar es precisamente la deflación –con su efecto de agravamiento de las deudas públicas y privadas existentes y, en consecuencia, de agravamiento de la recesión– y de ninguna manera la inflación.

3. Hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas

Hemos dicho que esta convocatoria al diálogo, parte de una concepción errónea, al fragmentar en tres partes, lo que claramente son distintas facetas de una sola problemática. Por ello mismo resulta imposible hablar de sostenibilidad de las finanzas públicas, sin al mismo tiempo hacerlo de reactivación de la economía y creación de empleos. Y si se pretende negociar con el FMI sin tener esto presente, festinando plazos y procesos, las consecuencias para la recuperación de la economía y el empleo, pueden resultar muy negativas.

  1. Cualquier programa que se diseñe con el fin de mejorar la situación fiscal, lo mismo en relación con las medidas que se tomen del lado del gasto, tanto como las que se adopten del lado de los ingresos, debe graduarse para hacerlo compatible, por un lado con la urgente atención de las necesidades derivadas de la crisis sanitaria y económica, y por otro con los esfuerzos orientados a aminorar la severidad de la recesión y a propiciar la recuperación de la economía y los empleos.
  2. En concordancia con lo anterior, enfatizamos que las políticas de austeridad, de inspiración estrechamente contable, son dañinas al menos desde tres puntos de vista: primero, porque mutilan la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública frente a una crisis que multiplica las necesidades que deben atenderse; segundo, porque cercenan la capacidad de liderazgo que el sector público debe ejercer para llevar adelante un exitoso programa de recuperación de la economía y creación de empleos; tercero, porque, en sí mismas, las políticas de austeridad agravan las tendencias recesivas de la economía.
  3. La crisis multiplica y complejiza las demandas y necesidades que el sector público debe atender. Es un desafío que éste debe asumir a plenitud y con máxima convicción. Es tiempo, entonces, para avanzar en todas aquellas reformas que supriman gastos superfluos, y que permitan superar ineficiencias y entrabamientos burocráticos. Requerimos con urgencia, avanzar dialógica y respetuosamente hacia una reforma que, respetando los derechos laborales y la dignidad de las personas trabajadoras del sector público, eleve la eficiencia y productividad de los servicios públicos, y, sobre todo, la calidad de tales servicios.
  4. Al país le urge una reforma tributaria progresiva, así como la supresión de cualquier exención tributaria que no esté claramente justificada por razones de equidad social, y la ejecución de un programa vigoroso de combate a la evasión y elusión tributaria.
  5. La reforma tributaria debería diseñarse de forma que se minimicen sus posibles efectos sobre la inversión productiva generadora de empleos. Por lo tanto, debería recaer prioritariamente y de forma muy progresiva, sobre ingresos y patrimonios personales y familiares y sobre actividades que tienen dañinos efectos sociales y ambientales. Salarios, ganancias empresariales y dividendos, rentas y ganancias de capital, patrimonios físicos y financieros, formas suntuosas de consumo, herencias y sucesiones, actividades de carácter especulativo o que son ambientalmente contaminantes o depredadoras, deben tributar sobre una base muy progresiva. La tributación tiene que funcionar entonces como mecanismo para fortalecer el Estado social, lograr mayor equidad social y romper los mecanismos de perpetuación intergeneracional de las desigualdades.
  6. Debe avanzarse efectivamente en la aprobación e implementación de los principios de renta mundial o universal y renta global.
  7. Debe realizarse una revisión exhaustiva de las exoneraciones existentes, y suprimir todas aquellas que no tengan una clara y sólida justificación social. En particular, es importante revisar las exoneraciones de zona franca, por diversas razones: primero, en vista del muy dudoso balance de costos y beneficios que esas exoneraciones plantean; segundo, porque el país debe avanzar hacia una estrategia de desarrollo sustentada en altos niveles de productividad, no en estímulos espurios como la concesión de privilegios fiscales a favor de reducidos grupos de interés; tercero, porque se acumula evidencia que sugiere que las zonas francas están siendo utilizadas como mecanismo de evitación del pago de tributos, por parte de firmas que fundamentalmente producen para el mercado interno.
  8. Es necesario establecer un calendario preciso, con objetivos y metas bien definidas, para avanzar, de forma enérgica y con resultados efectivos, en el combate a la evasión y elusión tributaria. Debe reconocerse que es un problema muy complejo, que, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de muy amplios alcances, cuyos frutos se verán gradualmente a lo largo de los años. Se requieren reformas legales, mejor infraestructura tecnológica y equipos humanos altamente calificados, pero, sobre todo, se requiere valentía, voluntad y decisión política.
  9. Como parte del esfuerzo en procura de avanzar hacia un sistema tributario moderno, justo y progresivo, debe contemplarse un decidido esfuerzo de cooperación internacional, para el intercambio de información, inclusive el máximo y más eficaz aprovechamiento de los acuerdos de intercambio de información ya vigentes. Debe también fortalecerse la cooperación con el fin de logar la supresión de los paraísos fiscales y el combate a todas las redes transnacionalizadas de ocultación de la riqueza y evitación de impuestos. Es urgente frenar la competencia ruinosa entre los Estados y gobiernos, que les induce a reducir tributos para atraer inversión extranjera, con todas las múltiples consecuencias negativas que esto tiene para el cumplimiento de objetivos de inclusión, equidad social, y bienestar y calidad de vida para la población. Con ese fin, los gobiernos y estados del mundo deben avanzar hacia el establecimiento de estándares mínimos en materia de tributación, que uniformicen las obligaciones de las corporaciones transnacionales y de cualquier inversor, en cualquier localización alrededor del mundo. La ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés), proporciona indicios de hacia dónde deben encaminarse esos esfuerzos.

4. Reactivación de la economía y generación de empleos

Se hace preciso diferenciar dos momentos, los cuales, sin embargo, están estrechamente vinculados: el esfuerzo más inmediato en procura de aliviar la recesión y atenuar sus efectos sociales y humanos; y el esfuerzo, más extendido en el tiempo, orientado a recuperar la economía y los empleos. Enfatizamos que es un solo proceso: lo primero no solo anticipa, sino que debe preparar el camino para lo segundo.

a. Aliviar la recesión de la economía y sus consecuencias, comporta al menos dos facetas igualmente importantes, interrelacionadas entre sí:

    1. Garantizar que, en lo posible, sobrevivan a la crisis las micro, pequeña y medianas empresas, así como los emprendimientos de la economía social, solidaria, cooperativa y de base comunal, que son el tipo de empresas más amenazadas por la crisis, y las cuales son fundamentales para la generación de empleos, la más democrática distribución del ingreso y la riqueza, el cuido de la naturaleza y el logro de un desarrollo regional equilibrado. Todo lo cual es crítico, a fin de restaurador el tejido social y económico de nuestra sociedad. Desde luego, y paralelamente, deben darse el apoyo que pudiesen requerir empresas más grandes afectadas seriamente por la crisis. Un instrumento necesario, posiblemente el más importante pero no el único, para lograr esto, es poner a funcionar un fondo de avales y garantías, algo que debió estar en operación desde hace meses, y que solo recientemente fue anunciado por el gobierno. Es indispensable que este fondo privilegie el tipo de empresas que anteriormente mencionamos, y que incluya disponibilidad inmediata de créditos para capital de trabajo, y, asimismo, amplios procesos de reestructuración de deudas, con reducción significativa de las tasas de interés y ampliación de plazos. Deberían también concederse períodos de gracias de amplitud apropiada, y beneficiar lo mismo a empresas formales e informales.
    2. Debe fortalecerse y ampliarse el programa del Bono Proteger, concebido como un esquema de subsidios altamente progresivos. Los montos que se entreguen a las personas en necesidad deberían duplicarse, o, cuanto menos, llegar a un monto equivalente al salario mínimo. Asimismo, es necesario mantener el programa todo el tiempo que sea necesario, hasta tanto la situación sanitaria no se estabilice, la recesión económica no empiece a ceder y la creación de empleos no mejore de forma significativa. Un subsidio progresivo de esta naturaleza, permitirá atenuar la recesión de la economía, al poner capacidad de consumo en manos de quienes más urgentemente la necesitan, lo cual también aliviará las consecuencias humanas y sociales de la crisis. La mejor, y posiblemente la única forma de sostener financieramente este esquema temporal de subsidios es por medio de un impuesto progresivo, igualmente temporal, sobre los ingresos más altos, tanto del sector público como del privado, y tanto si son ingresos del trabajo como si provienen del capital, incluyendo las rentas, el cual podría complementarse con un impuesto generalizado sobre los patrimonios, incluidos los de tipo financiero, y sobre las transacciones financieras. Debe contemplarse seriamente la posibilidad de que el Bono Proteger sea un primer paso hacia el establecimiento de una Renta Básica Universal.

b. Diseñar un programa de reactivación de la economía, centrado en la generación de muchos empleos en el plazo más corto posible, el cual debe diseñarse desde una agenda progresista, por lo tanto equitativa, inclusiva y ambientalmente responsable, animada por una visión de mediano y largo plazo propicia a la construcción de una economía de alta productividad, justa e inclusiva, y ambientalmente muy respetuosa y responsable:

    1. Por lo tanto, no son aceptables de ninguna manera, las propuestas conducentes a deteriorar la calidad del empleo, lo mismo si se las pretende aplicar en el sector privado o en el público. Así como la ampliación de la jornada laboral a 12 horas implica un retroceso en los derechos laborales de las personas trabajadoras del sector privado, con implicaciones especialmente negativas para las mujeres, la pretensión de reducir las jornadas en el sector público es un completo disparate que, lejos de dar ningún aporte positivo, vendrá a agravar la crisis. Claramente se trata de propuestas que intentan recuperar la competitividad empresarial mediante medidas de “dumping social”, o, si se prefiere designarlas así, de “devaluación interna”, cuyas repercusiones son negativas desde todo punto de vista: porque redundan en menor productividad de la economía y las cuales, por su carácter regresivo e inequitativo, deterioran las bases indispensables para sostener la paz social. Si desde el punto de vista ético y moral es deplorable que se quiera aprovechar la crisis para empujar agendas regresivas como estas, debemos asimismo enfatizar que son propuestas políticamente torpes y económicamente erróneas.
    2. Consideramos positivas todas las propuestas encaminadas a simplificar trámites y aligerar los tiempos de respuesta de las instituciones públicas. Advertimos que esto debe hacerse desde una posición muy vigilante y rigurosa: los trámites deben ser más simples y expeditos, pero no a costa de la trasparencia, el interés público, los derechos humanos ni el cuido del ambiente. Consideramos, sin embargo, que las mejoras que puedan introducirse en esta materia, a lo sumo podrían ser elementos coadyuvantes dentro del esfuerzo de reactivación de la economía y los empleos. Sería muy iluso suponer que este tipo de medidas, puedan, por sí solas, dar resultados significativos.
    3. Mejorar la empleabilidad de las personas a través de la capacitación permanente, la formación técnica y profesional y, en general, una educación de muy alto nivel, es absolutamente deseable y necesario. Sin embargo, conviene no olvidar que las personas, incluso si mejoran su calificación, no conseguirán empleo si los empleos no existen. Es necesario crear las condiciones para que la economía aporte esos empleos.
    4. Por razones políticas, culturales y de estabilidad política y paz social, resulta necesario recuperar las nociones de soberanía y seguridad alimentarias, e incorporarlas como componente de gran importancia, dentro de nuestras estrategias de política económica. Debemos garantizarnos la provisión, segura y a precios razonables, de los alimentos básicos de nuestra dieta popular, de forma que, al tiempo que nos garanticemos una alimentación saludable, fortalezcamos la capacidad productiva, la eficiencia y productividad de nuestras agricultoras y agricultores, y hagamos de la producción de alimentos una ocupación que garantice calidad de vida a quienes la realizan. Para ello es muy necesario definir un Plan Nacional de Producción de Alimentos, que incorpore y calendarice medidas de corto plazo y aplicación urgente, a la par de otras con proyección de mediano y largo plazo. Crédito, tecnología, capacitación técnica, mercadeo y fortalecimiento organizacional, son elementos necesarios dentro de esa agenda.
    5. La reactivación de la economía y de los empleos requiere, asimismo, de la disponibilidad de crédito, en condiciones de tasas de interés y plazos lo más favorables posible. A corto plazo es necesario una actuación más enérgica por parte de las entidades reguladoras, empezando por el propio Banco Central, a fin de propiciar un más fácil acceso al crédito, priorizando aquel que impulse la inversión productiva y la creación de empleos, pero sin olvidar que el crédito se mueve a partir de la demanda, y que en el contexto de una economía deprimida, difícilmente habrá demanda de crédito. Es decir, el crédito generador de producción y empleo, cobrará mayor importancia cuando un apropiado programa de reactivación ponga en movimiento de nuevo a la economía, y genere los estímulos necesarios para que las empresas inviertan y expandan la producción y la contratación de más personal. A mediano y largo plazo al país le urge un replanteamiento fundamental en las formas de regulación de su sistema financiero, y en las orientaciones y énfasis del trabajo que éste realiza. Ha quedado en evidencia, y la crisis del Covid-19 simplemente ha venido a ratificarlo, que ese sistema no solo no tiene la eficiencia deseable, sino, y quizá más importante, no contribuye apropiadamente a la construcción de una economía más productiva y con mayor capacidad de generación de empleos, que asimismo promueva una sociedad realmente equitativa e inclusiva, y un desarrollo regional más equilibrado. En todos estos aspectos el sistema financiero de Costa Rica acumula múltiples déficits que es urgente corregir.

c. El esfuerzo de reactivación de la economía y recuperación de los empleos, debe incorporar, como elemento central clave, un amplio y ambicioso programa de inversión pública. En vista de la severidad de la recesión, la gravedad excepcional de los problemas del empleo, y el ambiente general de gran incertidumbre y temor, la única forma de darle un impulso a la economía, que la rescate del sopor que la paraliza y la lance en un movimiento ascendente, de recuperación sostenida y autoalimentada, es mediante una vigorosa acción impulsada desde el sector público a través de la inversión pública. Este programa debería incorporar las siguientes orientaciones o énfasis principales:

    1. Un componente de corto plazo, de fácil y rápida ejecución y planificado para generar muchos empleos en el menor tiempo posible. Ello podría incluir acciones como las siguientes: reparación, mejora y ampliación de instalaciones educativas, de atención sanitaria, de cuido, deportivas, artísticas y comunales; parques y espacios públicos; reparación de caminos; obras de infraestructura urbana como aceras y alcantarillas, etc. De forma explícita deben incorporarse, como mínimo, los siguientes criterios y orientaciones: creación de muchos empleos para las mujeres y beneficio directo a las barriadas urbanas empobrecidas y marginalizadas, y a las regiones periféricas del país.
    2. En el mediano y largo plazo, los programas de inversión pública deberían priorizar la transición hacia energías limpias, tecnologías verdes, vivienda accesible a clases medias y populares, transporte público, acueductos y tratamiento de aguas residuales; infraestructura y equipamiento para los servicios educativos, sanitarios y de cuido; la consolidación de encadenamientos productivos, incorporación de conocimiento y valor agregado a la producción y elevación de la productividad; el desarrollo urbano ordenado; el desarrollo regional equilibrado, con especial atención a las regiones periféricas más rezagadas y empobrecidas; inversión en investigación científica e innovación tecnológica; consolidación de condiciones que propicien una mayor calidad de vida y bienestar, un ambiente más limpio y espacios de convivencia social más saludables y disfrutables.
    3. Teniendo presente que con motivo de los anuncios sobre políticas de reactivación que el gobierno de Carlos Alvarado hizo públicos el 4 de mayo de 2020, se dijo que se disponía de financiamiento por un monto superior a los dos billones de colones, esto, más los recursos provenientes de fondos proveídos en condiciones ventajosas por diversos organismos multilaterales, deben orientarse hacia el financiamiento de estos programas de inversión pública, con una mirada prospectiva que contemple planes al menos a cinco años plazo, los cuales podrán llevarse adelante sin afectar el déficit fiscal. Además, todo ello permitirá crear condiciones para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al dinamizar la economía, elevar la productividad y generar muchos empleos.
    4. Nuestra economía arrastra un problema de dualismo estructural a nivel productivo, que dificulta seriamente las posibilidades de construir una economía más sólida, inclusiva y ambientalmente responsable. Existen sectores muy dinámicos y competitivos ligados al mercado externo, que tan solo tienen muy débiles vínculos con la economía nacional, los cuales están amparados a regímenes especiales que les conceden generosos subsidios. Tal es el caso de la Zonas Francas.  En este grupo se ubican algunas grandes empresas nacionales y, sobre todo, corporaciones transnacionales.  El resto de la economía es el que proporciona la mayor parte del empleo y, asimismo, la mayor parte de los ingresos tributarios que permiten sostener los servicios públicos. Es, en gran parte, un tejido productivo conformado por micros, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos de la economía social y solidaria. Este sector está vinculado principalmente al mercado interno, y ha sido pospuesto, y en muchos sentidos olvidado, por las políticas de los gobiernos. Su productividad y competitividad se ven perjudicadas por el escaso acceso a la innovación tecnológica a todo nivel, el crédito y a la capacitación técnica, y asimismo se les dificulta incorporarse en cadenas internacionales de mercancías, puesto que, de hecho, tampoco a lo interno se han logrado desarrollar encadenamientos productivos que permitan optimizar el uso de la dotación de recursos de que el país dispone. Bajo las actuales condiciones de crisis, este sector se ha visto duramente afectado, por lo que los procesos posteriores de recuperación de la economía, deberán incorporar un esfuerzo muy serio por reconstruir, sobre bases renovadas, ese tejido productivo.
    5. El impulso a las exportaciones y la atracción de inversiones destinadas principalmente a zonas francas, se han visto históricamente beneficiados por las políticas de promoción desarrolladas desde COMEX-PROCOMER, las cuales incluyen la activa implicación de CINDE, una agencia privada que, sin embargo, tiene a cargo la ejecución de importantes políticas públicas. Se ha carecido de una institucionalidad similar que promueva e impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas y los emprendimientos social-solidarios. Debe pensarse en la creación de una agencia que coordine los esfuerzos orientados a ese fin, y en un sistema, flexible, eficiente y expedito, que articule las diversas políticas e instituciones que deberían coopera en ese cometido, y el cual debería también establecer mecanismos muy transparentes y participativos de coordinación con el sector privado.

Foto: Voces Nuestras

Personas expositoras dialogan sobre sus trabajos en taller de educación popular y territorios comunitarios

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo, Formación.

Oscar Jara del CEP Alforja, Maurizia D’Antoni de la UCR y Silvia Regina de Lima del DEI fueron las personas invitadas al Taller de Educación Popular y Territorios Comunitarios

José Antonio Mora y Omar Mejía*

En el marco del Taller de Educación Popular y Territorios Comunitarios, realizado por la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, han sido invitadas tres personas con amplia experiencia, las cuales han compartido parte de sus trabajos vinculados con la Educación Popular y procesos grupales.

Los aportes de Oscar Jara, del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, Maurizia D’Antoni de la Universidad de Costa Rica y Silvia Regina De Lima Silva del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) han sido fundamentales en este taller, del cual participan docentes y estudiantes de la Universidad de Costa Rica y quienes tienen además un gran interés en profundizar sus experiencias de trabajo con grupos y comunidades, desde un posicionamiento ético-político comprometido.

Las reflexiones que estas tres personas le han aportado al taller, permiten reconocer distintas aristas de la Educación Popular y su aplicación concreta en procesos comunitarios y grupales, en la búsqueda por la defensa territorial, los derechos humanos y la reivindicación política de grupos de personas históricamente oprimidas.

Los aportes de Paulo Freire, la vinculación de la Educación Popular con la Psicología Educativa, la pedagogía de la desobediencia, en un contexto educativo de represión y control hacia las personas, la pertinencia de la Investigación-Acción Participante para la transformación social, así como la importancia de las teologías de la liberación, afro y feministas y la vinculación de los movimientos sociales con las comunidades eclesiales, han sido parte de las discusiones y reflexiones que estas tres personas invitadas llevaron al grupo, en cada una de las sesiones semanales de este taller, el cual culmina el próximo 26 de agosto.

Algunos de los temas tratados en este espacio han sido los principios básicos de la Educación Popular, sus referentes y contexto histórico-geográfico, la importancia de la mediación pedagógica y la facilitación en grupos comunitarios, la pertinencia de distinguir las diversas técnicas participativas que existen para trabajar desde el paradigma de la Educación Popular y algunos dilemas ético-políticos de hacer Educación Popular desde las Universidades públicas, en un contexto de ataques y recortes a la educación superior pública.

Se espera que este sea el primero de más espacios que permitan la articulación de personas interesadas con los procesos comunitarios y la transformación. Ahora el mayor reto es vincular este trabajo con los procesos concretos en comunidades rurales, el grupo de participantes de este taller se ha planteado como pregunta ¿cómo se continúan los procesos de Educación Popular en las comunidades en un contexto de pandemia?

19 de agosto del 2020

* Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria

Políticas de austericidio

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Óscar Madrigal

El Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la CCSS recibió ¢52.000 millones MENOS en ingresos corrientes en este primer semestre comparado con el de 2019, según la Contraloría.

El Gobierno debía transferirle a la Caja 146.000 millones, pero solo le pasó 91.400, es decir, 54.600 millones de colones MENOS. Esto, aducen, se debe a la situación fiscal.

Como se observa, las políticas de austeridad no se detienen ni siquiera respecto a las instituciones que están enfrentando la emergencia sanitaria.

Por un lado, el Gobierno informa que trasferirá ¢28.000 para saldar la deuda de la CCSS, pero por otro le deja de pagar más de ¢54.000 millones.

Producto de las políticas de austeridad se está dejando sin el financiamiento debido a la Caja en momentos que más requiere del apoyo financiero. Por ello a estas políticas más que de austeridad les llaman de austericidio.

Comunicado de recuperadores finca Crun Shurin

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL

Desde el jueves 13 de agosto del 2020 circula en redes sociales un video publicado por Ariel Alfonso Mora Fallas desde la cuenta Facebook “Profe Ariel C.R”. En el video se muestra a Hilda Valentina del Carmen Granados Solís, quien desde hace años ocupa ilegítimamente territorio indígena en Térraba. En dicho video, Hilda se representa desde un rol de víctima y emite una serie de afirmaciones FALSAS que buscan desacreditar nuestra causa y que incentivan el odio racista, ya de por si existente en contra de nosotros(as) como personas indígenas recuperantes y defensoras de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

En el video Hilda MIENTE A LA POBLACION indicando: “Me casé en el 73 y desde entonces vivo acá en este pedacito de tierra, aquí tuve a mis tres hijos… me casé con un indígena…” (Minuto 1:13). “Yo me siento una más de este Territorio, mis hijas son hijas de un indígena…” (Minuto 7:53). No obstante, y como puede ser verificado por cualquier persona, en el Registro Civil consta un único matrimonio de Hilda, mismo que se registró con Gerardo Enrique Duran Azofeifa hijo de Rafael Ángel Durán y Carmen Azofeifa Delgado; NINGUNA de estas personas es indígena Térraba/Brörán. Desde agosto del año 2019 se oficializó Decreto Ejecutivo N°41903 para uso de la Administración Pública, la Base de Datos de Personas Térraba/Brörán, esta Base la posee el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones como mecanismo de consulta y verificación de las personas indígenas Térrabas/Brörán. La Base está compuesta por 12 troncos genealógicos, DE NINGUNO DE ELLOS es Hilda ni se deriva que con quien Hilda estuvo casada sea una persona indígena Térraba/Brörán. Por lo tanto, son FALSAS las afirmaciones que Hilda estuviera casada con un indígena de este Territorio.

También, aclaramos que no es “un pedacito de tierra” el que ilegítimamente ocupa Hilda, como lo dice en el video ella misma “hoy en día tengo este negocio que gracias a Dios es amplio con mucho espacio…” (Minuto 4:29). También hacemos notar y denunciamos que Hilda no sólo ocupa ilegítimamente esta tierra, sino que su negocio Bar-Restaurante cuenta con la autorización de la Municipalidad de Buenos Aires y según indica ella misma “…pago mis impuestos a la Municipalidad, a Tributación…” (Minuto 6:00). DENUNCIAMOS el cinismo de Hilda, pero también el de la Municipalidad de Buenos Aires al otorgar esta patente desconociendo abiertamente la Ley Indígena N°6172 que en su Artículo 6 establece que los establecimientos comerciales en Territorios Indígenas sólo podrán ser administrados por indígenas y PROHIBE la posesión y concesión de patentes para la venta de bebidas alcohólicas dentro de los Territorios Indígenas. Denunciamos el actuar irregular, fuera de derecho de la Municipalidad de Buenos Aires y hacemos una solitud expresa para que este hecho sea debidamente investigado y sancionado por las autoridades correspondientes.

Según la Ley Indígena N°6172, en caso de que Hilda (persona no indígena) demuestre ser poseedora de buena fe, tiene derecho a la correspondiente indemnización. Desde diciembre del 2019, el Comité de Recuperantes de la Finca Crun Shurin, le entregó notificación informando que su ocupación en estas tierras es ilegal, y que acudiera a la vía judicial a reclamar una posible indemnización, sin embargo ha hecho caso omiso y más bien ha emprendido una cadena de acciones violentas en nuestros derechos. El hecho más reciente se dio el pasado 27 de Julio del 2020 cuando invadió la finca bajo posesión de Vinicio Navas, recuperador de Crun Shurin. Como es sabido, producto de esa invasión, Hilda en participación de otras personas usurpadoras no indígenas, introdujo maquinaria pesada en la finca causando grandes daños a un sitio arqueológico: una aldea precolombina, también uno de sus acompañantes amenazó de muerte a dos compañeros recuperantes incluso alardeando que por causar la muerte del compañero Pablo Sibar recibiría recompensa. En esa ocasión, la salida de Hilda y sus acompañantes de la finca invadida, solo fue posible ante el llamado de la policía. En ese momento, se le pidió el retiro de mangueras porque las mismas se encontraban conectadas a una naciente de la misma finca.

Denunciamos que el rol de “víctima” representado por Hilda en este video, genera más violencia de la que ya venimos viviendo las personas recuperantes. Nuestras luchas son pacíficas, y las convertimos en Acciones Directas No Violentas. Desmentimos el supuesto acoso que Hilda dice recibir por parte de nosotros(as). Rechazamos rotundamente haberle amenazado con quemar el restaurante, no luchamos por una estructura, nuestra lucha es por recuperar las tierras que nos corresponden según la Ley. Constantemente nos dicen oportunistas, que queremos beneficiarnos de tierras “ya trabajadas”, esto es falso. Para nosotros(as) recuperar la tierra lleva dentro de los compromisos trabajarla y trabajarla significa para nosotros(as) sembrar, volver a llenar estas tierras de las plantas y árboles que durante tanto tiempo han sido arrancados para hacer negocios y con ello han destrozado el habitad de tantos animales.

Mientras que para las personas usurpadoras, trabajar la tierra significa dejarlas “peladas” para dedicar el suelo al pasto de ganado, monocultivos o llenarlos de cemento al levantar amplias estructuras y negocios, para nosotros(as) eso solo significa destrucción. Al recuperar nuestras tierras tenemos claridad que hay mucho trabajo para intentar reparar todos los daños causados. La tierra es nuestra Madre y es hermana de caminada cultural. A quienes pretenden hacernos ver como “oportunistas y vagos”, les dejamos en claro que al recuperar nuestras tierras, trabajo es lo que más tenemos, no por casualidad es que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante su Convenio 169, establece los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales y las responsabilidades de los gobiernos de proteger estos derechos, convenio suscrito y ratificado por el Estado Costarricense desde 1992.

Dado que el video que mencionamos fue promovido desde una cuenta pública de Ariel Alfonso Mora Fallas, (“Profe Ariel C.R”) y a la fecha dicho contenido con falsedades y mentiras, ha sido compartido muchas veces, generando muchos comentarios de odio racista solo en la publicación principal, -sin mencionar las reacciones violentas surgidas en otras redes sociales-, siendo que esta publicación ha motivado fuertes comentarios de odio racista hacia nosotros(as) como por ejemplo: “indios vividores”, “reguero de inútiles”, “Hps pendejos”, “imbéciles”, “ratas sin escrúpulos”, “indios vagos terroristas”, “indígenas mal nacidos”, “malditos”, “vagos buenos para nada”, “delincuentes”, “Chuzma zurda”, “Chanchos políticos”, “absurdos inmorales”, “los indígenas lo que saben es estropear lo que los blancos sí trabajan”, “…ojala y nos amarremos los pantalones y para el próximo gobierno pongamos a alguien con los pantalones para darles cacería y sacarlos de nuestro país de una vez por todas”; en aras de nuestro derecho de respuesta ante las falsedades emitidas por Hilda e inicialmente reproducidas y difundidas por Ariel Alfonso Mora Fallas, solicitamos que este Comunicado sea difundido de manera pública en la misma cuenta y condiciones que fue publicado el video de Hilda Granados Solís. Nos reservamos el derecho de accionar otras instancias para denunciar la incitación al odio racista que esta publicación ha generado en nuestra contra.

17 de agosto 2020, Recuperantes de la Finca Crun Shurín, Térraba, Costa Rica.

Enviado a SURCOS por Pablo Sibar

Movimientos sociales tendrán reunión con el gerente de Pensiones de la CCSS

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Derechos.

El representante de las trabajadoras y los trabajadores en la junta directiva de la CCSS, Mario Devandas Brenes, está organizando una reunión con el gerente de Pensiones de la CCSS para que explique las propuestas que ha llevado a ese órgano director.

El objetivo es recibir la información y aclarar dudas; no es para debatir ni para plantear posiciones. Está actividad virtual será este martes 18 de agosto a las 5 de la tarde.

Después de esa sesión, “cada organización enviará sus dudas y una vez respondidas se podrá elaborar propuestas para ser analizadas en otra sesión para procurar consensuar” entre las organizaciones del movimiento social, explicó Mario Devandas. “Hecho este trabajo entre nosotros, coordinaremos otra sesión con el gerente de pensiones para entregar nuestras propuestas”, dijo.

Quienes tengan interés de participar de esta primera sesión informativa deben completar este formulario:

https://forms.gle/oCqouQVTj675Rs8m6

Las evidencias de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La pandemia que nos toca vivir y padecer en la presente coyuntura, ha puesto en evidencia la confluencia de distintos procesos. No solo ha permitido hacer transparente la existencia de una estructura social inequitativa y contradictoria, que no es posible ocultar por la creciente pobreza y desigualdad, que son visibles y cotidianas, también hace posible constatar el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad. Procesos que no fueron creados por el Covid-19, ya eran tendencias en la globalidad de la economía contemporánea, que polarizaba abismalmente las sociedades del mundo, como profundizaba las brechas sociales en los espacios nacionales, producto de la mayor concentración y centralización de la riqueza.

Crece la pobreza y la riqueza entre los pueblos y sectores polarizados estructuralmente, pero no como un resultado de la crisis económica, sino por el despotismo político que crea, propicia y apoya la mayor explotación del trabajo, la destrucción de la seguridad social y la institucionalidad pública. La globalización de la pobreza y de la riqueza son resultados de la mayor productividad del trabajo y una menor absorción laboral o, dicho de otro modo, mayor apropiación de los excedentes generados colectivamente y una significativa disminución de los salarios. Esto es, la pandemia ha hecho transparente la quiebra de algunos negocios, al no haber consumidores ni trabajadores ante las previsiones sanitarias y la menor capacidad adquisitiva.

La carencia y la precariedad de trabajo remunerado tampoco es algo nuevo, Peter Drucker, el teórico de la gerencia privada, demostraba que hacía un siglo la productividad de los trabajadores había aumentado significativamente, por cambios en las formas organizativas del trabajo en las organizaciones y las renovaciones tecnológicas. De este modo, las técnicas administrativas como la reingeniería, control total de calidad, downsizing-rightsizing, benchmarking, planificación estratégica, etc., lograban sus propósitos, así como, la imaginación y creatividad de los trabajadores y las condiciones de cada época permitían el aumento de la productividad y la innovación productiva. Así, desde la primera revolución industrial tecnológica de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actual cuarta revolución o industria 4.0, las técnicas se han incorporado masiva e intensivamente en gran parte de los procesos de trabajo, que modificaban las formas técnicas de producción que incrementaba el volumen de mercancías en menor tiempo y con menos trabajadores. Tendencia que no se eliminará con el fin de la pandemia, por el contrario, están muy extendidas y son inherentes a la economía capitalista. El uso masivo de las técnicas en los procesos laborales en la actualidad hace posible el teletrabajo, el cual ha significado para los propietarios una reducción de los costos operativos de los servicios básicos como en electricidad, agua, alquiler de instalaciones, limpieza, etc., a la vez que exigen a los trabajadores usar sus equipos personales para conservar sus empleos. Así, los empresarios se benefician al prolongar las jornadas de trabajo más allá de las establecidas legalmente, así como, modifican contratos que implican recargos laborales con reducidos salarios.

Esto es, las restricciones sanitarias, la reducción de compradores y la pérdida del dinamismo mercantil de las empresas, no inciden por igual en todas las actividades económicas de las empresas, algunas se han visto beneficiadas obteniendo plus ganancias, por la prolongación de la jornada laboral y mayor intensidad laboral a sus trabajadores y disminución de gastos y el aumento de precios a sus compradores. Mientras que, los pobres en su lucha por la sobrevivencia, recurren a la solidaridad familiar y la cooperación en los espacios de vida comunitaria para la satisfacción de sus necesidades.

La aparente omnipotencia de los empresarios queda reducida a la oposición a las autoridades de salud y del gobierno, que no pueden revertir las consecuencias de las tendencias y contradicciones prevalecientes. Aun cuando se consiga doblegar al gobierno para poner el fin de las restricciones sanitarias, que limitan el colapso del sistema de salud, no se restablecerá el dinamismo económico, sin vacunas ni tratamientos eficaces, lo cual generará muchos fallecimientos en los pobres e incluso en las propias filas empresariales, así como, tampoco podrán evitar que sus negocios y privilegios se liberen de la espada de Damocles que penden sobre sus intereses.

Asimismo, la insolidaridad de los empresarios con la sociedad, con los trabajadores y entre los propios empresarios, es otra muestra que ha sido puesta de manifiesto por la crisis sanitaria. Ellos están convencidos que sobrevivirán y están dispuestos a sacrificar a los otros, los trabajadores y pobres. El maltusianismo liberal de los empresarios se encarna en la expresión de un directivo de la Cámara de Comercio chileno “¡Que mueran los que tengan que morir!”, que replica el Presidente de la Cámara Nacional de Pymes de Costa Rica. Esas manifestaciones de los representantes empresariales ante la posibilidad de un destino crítico, son reacciones desesperadas e impotentes contra enemigos imaginarios. La provocación, el miedo y la violencia son recursos de la dominación, como actos amenazantes para la perpetuación del poder, pero también encubren sus propios miedos y vulnerabilidades creadas por ejercicio social, político y económico de los poderes prevalecientes. La oligofrenia narcisista de los empresarios les impide comprender, en su falsa conciencia y superficial existencia, que ellos también fenecerán y que, en una nueva época ellos no serán sus conductores ni dominadores.

Esta pandemia también ha permitido evidenciar que el desarrollo científico e investigativo son actividades destacadas de pocas sociedades y universidades del mundo y Costa Rica entre ellas, gracias al compromiso con la sociedad, ciencia, la investigación de las universidades públicas. Así, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica además de haber creado y proporcionado suero antiofídico, que ha salvado la vida de miles de personas en el mundo, en la actualidad desarrolla la fase final de soluciones alternativas contra el virus pandémico Covid-19 que afecta a la sociedad mundial. De este y muchos modos la Universidad de Costa Rica muestra ser una institución emblemática para el desarrollo y bienestar nacional, la cual es amenazada con ser liquidada económica y políticamente, como una evidencia adicional de la torpeza de propietarios y gobernantes y de los medios que les sirven.

Esto es, creer que ser poseedores de riqueza monetaria los hace omnipotentes a sus poseedores, a la vez que los libera de cualquier adversidad, no puede calificarse de ignorancia, es ESTUPIDEZ, pues no solo perjudican a otros, también se perjudican a sí mismos, así como creen que, destruyendo a los otros, se defienden y están protegidos. El pensamiento único, así como la única alternativa de acción, es estúpido. Los griegos calificaron de idiotas a quienes juzgan y valoran a los otros desde su propia perspectiva y reductivo pensamiento.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Una invitación a conversar: Por una mejor Costa Rica pos-pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Instituto de Investigaciones Sociales – UCR

Costa Rica destaca en el mundo por una extremada y crecientemente desigualdad (OCDE,2020; CEPAL, 2020) y la pandemia del COVID-19 no ha hecho sino acrecentar las brechas económicas entre los habitantes del país. El futuro post pandemia y el país requieren de un mayor estudio y debate de la estructura tributaria actual, sobre las políticas aprobadas, sus consecuencias y sobre nuevas propuestas fiscales para el largo plazo.

Como han señalado diversos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (2020) o el Instituto Centroamericanos de Estudios Fiscales (2020), Costa Rica y la mayoría de los países en el mundo requieren un nuevo pacto fiscal, que ayude a los Estados a solventar las consecuencias de la crisis, mejorar sus fuentes de ingreso y a promover horizontes compartidos.

Como Universidad, es nuestra responsabilidad contribuir a ese propósito. El Instituto de

Investigaciones Sociales, desde ya hace más de 15 años, ha abierto foros, debates y discusiones sobre las consecuencias, causas y posibles soluciones de los problemas relacionados con la desigualdad social y la distribución del ingreso.

En días recientes, ha circulado una nota informativa desde la plataforma Desde la U de la UCR, elaborada como vídeo por la ODI, con información sobre desigualdad y tributación en Costa Rica, basada en hallazgos preliminares de una investigación en curso en el IIS. La nota analiza información pública del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la revista especializada en negocios y riqueza FORBES Centroamérica (2019). Esa publicación ha dado lugar a diferentes reacciones, unas positivas y otras que pretenden poner en duda la validez del análisis.

En atención a lo anterior, damos a conocer las siguientes aclaraciones y precisiones sobre las fuentes, la metodología y los objetivos del video difundido:

*Sobre el cálculo de la riqueza:

En el video se menciona a las tres personas con mayores ingresos en Costa Rica, según una fuente secundaria, ampliamente utilizada por medios de comunicación y la academia: la Revista Forbes del 21 de mayo del 2019, páginas de la 68 a la 73. FORBES Centroamérica realiza sus cálculos con base al valor de las ventas de las empresas o de sus inversiones. En su reporte global FORBES Centroamérica por ejemplo, calcula los ingresos de Jeff Bezos o Bill Gates, en parte según valor de mercado de Amazon o Microsoft.

La Revista señala que “el listado de los empresarios [Centroamericanos] fue elaborado con información de sus empresas, y negocios disponibles en medios impresos, electrónicos y digitales, así como en los informes anuales de FORBES 2017 y 2018 (…) En los primeros 20 lugares del listado aparecen los hombres de negocios más importantes de la región y aunque no se tengan cifras consistentes en algunos casos, en los primeros puestos figuran los empresarios más ricos de Centroamérica y República Dominicana” (p.68).

Esa estimación conlleva una limitación metodológica de la cual somos conscientes. Todas las metodologías de investigación científica tienen fortalezas y debilidades; su rasgo distintivo es que son tan inevitables como perfectibles. Sin embargo, la limitación de los datos empleados, lejos de mostrar que no debe usarse una fuente secundaria como Forbes, muestra la urgencia de contar con información oficial, pública, fidedigna y oportuna.

La falta de información pública de los ingresos más altos es un rasgo que distingue a nuestra región y limita la posibilidad de estudiar con precisión la distribución del ingreso. Sortear ese obstáculo es un reto, pues a pesar de vivir en la era de la información, los gobiernos han fallado en recolectar y publicar información sobre la distribución de los ingresos del 1% más alto de la población.

*Sobre los impuestos a utilidades:

En el video se consignan cinco empresas que forman parte del conglomerado de empresas de la Florida Ice and Farm Co. (FIFCO), a saber: Reserva Conchal, Ecodesarrollo Papagayo Limitada, Florida Inmobiliaria, Desarrollos Hoteleros Guanacaste S.A., Florida Ice and Farm Company S.A. Los datos utilizados son del Ministerio de Hacienda y corresponden al Listado de Grandes Contribuyentes Nacionales que autoliquidaron cero en el impuesto sobre las utilidades  y al Oficio del Ministerio de Hacienda DM-0247-2020.

Se analizaron estas empresas porque aparecen entre las 20 primeras enlistadas con más años reportando cero utilidades. En el video no se afirma que estas empresas no pagan impuestos: se señala que en un período de 10 años no han pagado el impuesto a las utilidades, porque declararon cero utilidades.

De manera imprecisa, se consignó que entre 2009 y 2018, todas esas empresas declararon cero utilidades. En realidad, solo Reserva Conchal declaró cero utilidades los 10 años completos. Ecodesarrollo Papagayo declaró cero utilidades en 8 años, Florida Inmobiliaria en 7 años, Desarrollos Hoteleros Guanacaste en 6 años y Florida Ice and Farm Company en 6 años (ver tabla adjunta 1).

Tabla 1
Listado de Obligados que declararon Impuesto Cero
en el Impuesto sobre las Utilidades 2008 a 2018

Fuente: Listado de Obligados que declararon Impuesto Cero en el Impuesto sobre las Utilidades 2008 a 2018, Ministerio de Hacienda y oficio DM-0247-2020.
X: significa año en que reportaron cero utilidades
* Dejó de ser propiedad de Florida Ice and Farm Co. en 2012.

Sobre la Amnistía Fiscal:

La amnistía fiscal es un producto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Una de las empresas que se acogió a la amnistía fiscal es el grupo FIFCO y sus empresas, pagando sólo el principal de lo reclamado por el Ministerio de Hacienda. Según datos de Hacienda aportados en el oficio DM-0796-2019 y utilizados para la elaboración del video mencionado, el monto pagado por el grupo FIFCO y sus empresas por ese concepto corresponde a 3,275,227,751 colones, el equivalente a 5.6 millones de dólares (ver tabla 2).

Tabla 2,
Impuestos pagados por las empresas durante la Amnistía Tributaria 2019
(montos en millones de colones)

Fuente: DM-0796-2019

Una invitación al diálogo

Como Universidad comprometida con el bien común, la justicia social y el debate constructivo, consideramos que el análisis de la información pública utilizada constituye un insumo importante para avanzar en la discusión sobre las posibles soluciones a la situación apremiante por la que atraviesa el país. Es fundamental sumar a este diálogo los aportes de las personas y de las organizaciones, tanto del sector público como del sector privado.

El trabajo del IIS pretende contribuir al debate público y transparente sobre la desigualdad social, la distribución del ingreso y la justicia tributaria. De ninguna manera tienen como propósito dividir al país, ni atacar a personas o a empresas, sino más bien abrir espacios de conversación y de mejora en torno a esquemas tributarios y fiscales más justos y oportunos, para hacer frente a esas problemáticas, agravadas por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

La empresa privada y el sector público son interdependientes y la Costa Rica post-pandemia requiere de ambos sectores su mejor esfuerzo, trabajo, conocimiento y colaboración. Con tal motivo, invitamos a los distintos sectores de la sociedad costarricense a dialogar y así contribuir colectivamente a construir un nuevo pacto social, que reduzca la desigualdad social, mejore la distribución del ingreso y defina mecanismos eficientes para avanzar en la justicia fiscal. Esta sería la mejor forma de ser consecuentes con los compromisos sociales que ha tipificado la historia de Costa Rica desde mediados del siglo XX.

Consejo Científico Instituto de Investigaciones Sociales – UCR

Referencias Bibliográficas

CEPAL, N. (2020). El desafío social en tiempos del COVID-19. Disponible en:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
CEPAL, N. (2020). América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/45337
Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (abril, 2020). Centroamérica: Análisis sobre posibles impactos económicos y fiscales de la crisis potenciada por el Covid-19 Elementos para la reflexión. Disponible en:
http://icefi.org/sites/default/files/icefi_-_presentacion_-_covid_19_-_analisis_de_las_consecuencias_economicas_y_fiscales.pdf
Jiménez, I., y Ramírez, M. (mayo, 2019). Los empresarios más ricos de la región 2019. Forbes, 67-77. Disponible en: https://issuu.com/forbeslatam/docs/forbes_ca_mayo_2019
Ministerio de Hacienda. (2018). Listado de grandes contribuyentes nacionales que autoliquidaron cero en el impuesto sobre las utilidades (2008-2017). Disponible en:
https://www.hacienda.go.cr/docs/5c126cb71828b_Lista%20Grandes%20Contribuyentes%20Nacionales-%20Impuesto%20Cero%20%20modificada%206%20dic%202018.pdf
Ministerio de Hacienda. (2019). Pagos realizados en amnistía: Oficio DM-0796-2019 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1y-MqCJM2ZcQr9YdYxpf7zm4Ak-WrpVSi/view?usp=sharing
OECD (2020), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020, OECD Publishing, Paris, Disponible en: https://doi.org/10.1787/84cbb575-es.