Ir al contenido principal

Autor: Hector Ferlini Salazar

Organización Interseccional Pro Derechos Humanos pide declaración de emergencia ante la grave situación en China Kichá y Guatuso

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

La grave situación que por décadas han venido sufriendo nuestros pueblos originarios por causa del despojo de sus tierras ha sobrevenido en una peligrosa situación que ha llegado al grado de asesinato de líderes y hasta quema de sus posesiones. Inaceptable realidad que, a pesar de existir una ley favorable a las posesiones de las personas indígenas, no se ha respetado por personas no indígenas que, incluso de mala fe, han acaparado esas tierras.

            Consideramos que el anuncio del Gobierno de que ha dispuesto una reserva económica en el INDER para pagar la tierra a terratenientes no indígenas de buena fe, aunque es buena iniciativa, no han logrado evitar la violencia, el despojo y maltrato de nuestros pueblos originarios, que cada día se tornan en más violencia, y que más bien no dudamos de tildar de terrorismo.

            Las excusas de la Fuerza Pública de no poder evitar la violencia por no contar con una orden judicial que les permita ingresar a los predios nos parece absurda, insostenible jurídicamente pues ante la comisión de un delito la policía está legitimada a ingresar, sin necesidad de una orden judicial.

            Ante estos factores, y para una pronta y eficaz solución del conflicto y que las personas propietarias recuperen sus predios, pedimos que el Poder Ejecutivo haga una declaratoria de emergencia ante el conflicto y así pueda resolverlo más con más eficiencia, eficacia, energía y a la brevedad posible.

            Los derechos deben respetarse, los pueblos originarios deben recuperar sus tierras. Recordemos que la vida y la paz deben prevalecer, para que nadie se quede atrás.

San José, 12 de agosto de 2020.
Marco Castillo Rojas. Presidente
Linford Patterson Regato. Vicepresidente

La educación como herramienta para el desarrollo inclusivo – este viernes

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Alianza por una Vida Digna le invita al encuentro de confluencia popular La educación como herramienta para el desarrollo inclusivo.

Este viernes 14 de agosto a las 6 de la tarde conoceremos las experiencias siguientes:

Carlos Brenes (presidente del Consejo de Administración de COOPEJOVO, Cartago).

Eulin Chacón Gamboa, directora de la Escuela Cooperativa San Francisco de Peñas Blancas, Zona Norte.

Irma Arguedas Negrini, docente de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica.

Junior Fernández Segura, director de la Escuela Unidocente Swakbli, en circuito 03, Talamanca.

Kemly Camacho Jiménez, coordinadora general de la Cooperativa Sulá Batsú.

Yenis Medina Romero, experiencia de la junta de educación de la Escuela Palmitos Dos, La Rita, Pococí.

Analizan situación de personas migrantes y transfronterizas de la Zona Norte en conversatorio internacional sobre inmovilidades cartográficas por COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

12 de agosto del 2020

Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica. Analizan situación actual de personas migrantes y transfronterizas de la Zona Norte de Costa Rica en conversatorio internacional sobre inmovilidades cartográficas por COVID-19

El pasado lunes 10 de agosto se llevó a cabo el VII conversatorio virtual “(In)movilidades cartográficas en tiempos de Covid-19: fronteras, trazos y narrativas espaciales”, organizado por FLACSO-Guatemala y por Ecosur-México. La actividad planteó como interrogantes ¿Qué relación hay entre los mapas y las migraciones? ¿Cómo contribuye la ciencia de la cartografía al estudio de las movilidades humanas? ¿Cómo se han transformado los territorios durante la pandemia? ¿Cómo se vislumbra el panorama post pandemia? Las personas invitadas trataron de contestar a estas preguntas en un ambiente tipo conversatorio, donde se fueron tejiendo distintos temas alrededor de la cartografía, la migración-movilidad y sobre todo de este contexto actual de pandemia que estamos viviendo de forma muy impactante en América Latina.

Participamos en esta actividad representantes del colectivo Raya-Montaña de Monterrey, México, del CIIECRe, CESMECA-UNICACH, CONACYT y ECOSUR de Chiapas, México, de Cartografías de los Bosques del Pueblo de Panamá, de FLACSO-Guatemala y del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de Costa Rica. Cada una de las participaciones fue exponiendo de dónde surgió su interés por la cartografía, cómo definen el trabajo cartográfico que realizan en sus organizaciones o colectivos, cuáles son los actuales retos para el territorio o territorios donde trabajan en este contexto y cómo incorporan los conocimientos y experiencias territoriales de las personas que lo habitan y transitan.

Para el caso de Costa Rica, expusieron dos docentes del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. El conversatorio contaba con dos bloques de participación, en el primero Kioscos contó del trabajo que ha realizado utilizando Cartografía Participativa desde el año 2013 en varias comunidades como el territorio bribri de Talamanca, Paraíso de Sixaola, las Fincas de Palmar Sur de Osa y los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles de la Zona Norte. Para el segundo bloque, desde Kioscos se analizó la situación actual que están viviendo las personas migrantes y transfronterizas trabajadoras de plantaciones (de piña, yuca y cítricos) en la Zona Norte del país, ya que estas personas se ven afectadas por violación de sus derechos laborales, marginalización, estigmatización por xenofobia y racismo y finalmente por empobrecimiento de sus condiciones materiales, al estar sometidas a lógicas de flexibilización del trabajo bajo condiciones bastante cuestionables.

Desde el Programa Kioscos, el reto está en seguir acompañando a estas comunidades de la Zona Norte del país en este contexto actual de pandemia, ya que las condiciones actuales aún no permiten un acercamiento con estas personas. Es necesario ir pensando en otras formas de vinculación con las comunidades rurales en un momento tan delicado como este. La construcción de redes nacionales e internacionales son una excelente forma de ir pensando estos nuevos retos de forma colectiva.

Pueden ver el conversatorio en este enlace:

https://www.facebook.com/watch/?v=1433192946882063

FRENASS logra que tema de IVM de la CCSS sea discutido de forma participativa

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) promoverá un proceso participativo para discutir y proponer, desde los movimientos sociales y movimiento sindical, propuestas para atender la situación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS. Esto, gracias a la petición de FRENASS y al impulso y trabajo del representante de las trabajadoras y los trabajadores, Mario Devandas Brenes, en la junta directiva de la institución.

SURCOS recibió este comunicado:

FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL

El 10 de agosto del 2020, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, dispuso mediante acuerdo unánime promover un proceso de diálogo con los diversos sectores sociales, en torno a de las reformas propuestas al régimen de invalidez vejez y muerte, según manifestó el director, Dr. Mario Devandas.

Saludamos con entusiasmo la disposición de las autoridades de la Caja, cuya génesis se encuentra en las acciones promovidas por FRENASS y apoyadas por las diversas organizaciones que se encuentran integradas a nuestro frente, así como por la ciudadanía en general, que ha exigido un diálogo nacional, dado que las reformas propuestas nos afectan a todos y todas.

Entendemos la delicada situación financiera que está enfrentando la Caja. No obstante, las reformas al Régimen del IVM, no pueden recaer exclusivamente en la población costarricense, empobreciéndola aún más, dado que las propuestas disminuyen la calidad de vida y el poder adquisitivo de los adultos mayores y deja a los sectores más vulnerables de la población en un abandono aún mayor que el que ya tienen.

Exigimos de este proceso, de conformidad con el Artículo 9 de nuestra Constitución Política, una verdadera vocación democrática, que garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones, dado nuestro aporte en la sostenibilidad del régimen, el que recae en nuestras espaldas.

Se ha abierto un espacio democrático, las fuerzas populares, sindicatos, cooperativas, asociaciones, ciudadanía en general, estamos en la obligación de forjar un frente común en defensa de nuestros derechos y en defensa de la seguridad social.

Desde Frenass, hacemos un llamado a la Unidad en defensa de la Seguridad Social y de la Caja Costarricense del Seguro Social en particular.

San José, 12 de agosto del 2020.

FRENASS comparte la carta en la cual se comunica que su petición sería conocida en la junta directiva de la CCSS:

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SJD-1349-2020
07 de agosto de 2020

Señores (a)
Licda. Antonieta Fernández Quirós
MSc. Rafael López Alfaro
Sr. Deivis Ovares Morales
FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS
Notificaciones: Correo electrónico: frenass14@gmail.com

Estimados señores:
Estimada señora:

Asunto: Comunicación de lo acordado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto del año 2020.

Me permito hacer de su conocimiento lo resuelto por la Junta Directiva de la Caja en el artículo 12° de la sesión N° 9116, celebrada el 06 de agosto de 2020, que literalmente dice: “ARTICULO 12º: Por tanto, Se conoce oficio 366507-2020, con fecha 29 de Julio de 2020, suscrito por la Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y el Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, dirigido a la Junta Directiva. Asunto: Solicitud de convocatoria amplia y participativa para abordar el Tema del IVM y de la problemática de Recursos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social.

El citado oficio se resume así: Los suscritos se refieren a la decisión de los miembros de Junta Directiva de la CCSS de discutir e incluso modificar unilateralmente el Régimen del IVM, sin tomar en cuenta la participación activa y efectiva de los sectores sociales, ni de la ciudadanía, que conforma múltiples y diferentes frentes para la Defensa, el Fortalecimiento y el Mejoramiento constantes de la Caja y fundamentados en el artículo No. 9 de la Constitución Política, que establece y garantiza la participación activa, amplia y democrática en la toma de decisiones políticas que vayan a afectar a la ciudadanía.

Por lo anterior, solicitan lo siguiente:

  1. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social detenga de forma inmediata, cualquier tipo de discusión respecto al futuro del régimen del IVM, así como del modelo de atención en Salud que brinda la CCSS, hasta tanto y con sentido democrático, se garantice a la población la más activa y efectiva participación en la toma de decisiones.
  2. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en pleno uso de sus facultades y autonomía, se convierta en la impulsora y organizadora de estos espacios de participación democrática, y se convoque a todos los sectores que interesados en la defensa y el fortalecimiento de la Caja, para garantizar que todas las voces y las propuestas sean escuchadas y tomadas en cuenta en la toma de decisiones, consecuente con lo establecido en el artículo nueve de la Constitución Política.
  3. Que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, garantice el respeto al precepto constitucional y democrático establecido en el artículo constitucional mencionado, dado que la Caja no está exenta de las obligaciones estipuladas en la Constitución Política, específicamente respecto de la rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal de los integrantes de su Junta Directiva.

Finalmente, solicitan respuesta pronta y oportuna, amparados en el derecho de petición y respuesta consagrado en el numeral 27 de la Carta Magna., la Junta Directiva

ACUERDA: ACUERDO PRIMERO: Comunicar a los señores Licda. Antonieta Fernández Quirós, MSc. Rafael López Alfaro y Sr. Deivis Ovares Morales, FRENTE NACIONAL POR LA SEGURIDAD SOCIAL – FRENASS, que su solicitud será considerada en la sesión del 10 de agosto del 2020 y se les informará oportunamente.

La indicación se hará extensiva a las notas que ingresen en la correspondencia para ser conocida el lunes 10 de agosto 2020.

ACUERDO FIRME”

Suscribe atentamente,
SECRETARÍA DE JUNTA DIRECTIVA
Ing. Carolina Arguedas Vargas, jefa

Imagen: Semanario Universidad.

Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Kioscos Socio-ambientales

Este miércoles estaremos presentando al público un proyecto nuevo que nace de la alianza entre Programa Kioscos Socio-ambientales UCR y el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP UCR. Se trata del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra. Un espacio que pretende generar información oportuna y vínculos de articulación para evidenciar el estado de los bienes comunes en Costa Rica. Conozcan más de este proyecto en Voces y Política, a las 5pm por Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.

Organizaciones ciudadanas piden transparencia en transmisión de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Organizaciones ciudadanas piden garantizar transparencia en transmisión de sesiones de Corte Plena y Consejo Superior. El Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta llaman a jerarcas a tomar acciones que garanticen la transparencia, reconocida como un derecho de la ciudadanía.

COMUNICADO: San José, 11 de agosto 2020- Transmisiones que se cortan alegando “información confidencial”, presentaciones en pantalla que no se comparten al público y documentos de referencia que no están en línea, son algunas de las carencias que el Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta señalan a la jerarquía del Poder Judicial, en una misiva enviada en días pasados.

El Foro de Justicia de Costa Rica y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta, organizaciones de sociedad civil preocupadas por la independencia judicial y el acceso a la justicia, celebraron en su momento la decisión de transmitir por streaming las sesiones de la Corte Plena y del Consejo Superior, en tanto esto marcó un salto cualitativo en términos de transparencia.

Sin embargo, en la carta enviada señalan que “tras años de observar dichas sesiones, hemos identificado una serie de aspectos que se deben mejorar para que la ciudadanía pueda seguir, conocer, entender y en última instancia participar y supervisar, las decisiones del máximo órgano de toma de decisiones del conglomerado judicial”. Frente a estas prácticas que obstaculizan la transparencia, las organizaciones ofrecen su disposición para colaborar y plantean una serie de propuestas.

Buenas prácticas para fortalecer la transparencia

Uno de los aspectos que destaca es que la Dirección Jurídica y la Comisión de Transparencia del Poder Judicial deben definir los criterios para clasificar temas como “información privada o confidencial”, pues este argumento es la justificación para detener el streaming, sin que se hagan públicos los motivos o se den justificaciones. “La definición previa debe dejar muy clara la posibilidad de solicitar que se apague el streaming, pero esta no debe ser una potestad arbitraria o discrecional de confidencialidad de temas que, aunque sensibles, por su naturaleza son información pública”, señala la carta.

Otro aspecto por mejorar es el compartir junto con el enlace al streaming, la agenda de cada sesión, de manera que el público interesado conozca el momento en que van a tratarse los asuntos de su interés. Esta agenda debe ser a su vez explícita o auto explicable. “Actualmente es común que durante una sesión se señale, a modo de ejemplo, que: las propuestas van del punto 2 al 6 y se aprueban sin debate. Esto implica que quienes observan la sesión, no tienen posibilidad alguna de conocer cuáles eran dichas propuestas y qué se aprobó en cada punto”

También es necesario que toda la documentación vinculada al desarrollo de la sesión (informes, documentos de cada punto y correspondencia) sea pública y accesible. “En este momento las actas -que se publican un mes después- solamente mencionan los números de los documentos de referencia, pero no los incluye. Se sugiere su colocación como anexos, o bien, establecer un link para su acceso en Nexus”.

De igual manera, las pantallas utilizadas dentro de las sesiones también deben ser proyectadas en el streaming, de modo que la información que contienen sea accesible al público al mismo tiempo que la conocen las magistradas y magistrados.

Las organizaciones señalan que, dado que se cuenta con un sistema de votación electrónico, es posible avanzar hacia la sistematización de las votaciones individualizadas, que den cuenta en tiempo real para cada acuerdo, cómo votó cada uno de los integrantes de la Corte Plena. “Esta sería una herramienta automatizada, que se genere al mismo tiempo que se vota y no requiere una labor adicional”.

Finalmente, la carta recuerda a los magistrados y magistradas que en octubre de 2019 se aprobó una ley para hacer públicas y transmitir las sesiones del Consejo Superior, así como realizar el levantamiento de actas literales; sin que a la fecha se tenga conocimiento de alguna acción para cumplir con la citada ley.

En esta misiva, tanto el Foro de Justicia como la Mesa de Justicia Abierta le recuerdan a los magistrados y magistradas que la Constitución Política de Costa Rica establece el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos; y que al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones”.

El Foro de Justicia y la Mesa de Trabajo por una Justicia Abierta son organizaciones de distintas orientaciones y disciplinas, cuyo objetivo consiste en proponer reformas para lograr una justicia independiente, pronta, cumplida e igual para todos y todas.

Información de CEJIL.

Defensora modifica Estatuto y elimina Consejo interno – piden investigar

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

SURCOS recibió una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, en la cual exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes indican que “la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar …el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio”. El escrito precisa: “… preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos”.

Esta es la carta:

San José 9 de agosto de 2020
Lic. Eduardo Cruickshank Smith
Presidente
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
S.D.
Estimado señor:

Quienes suscribimos, exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, nos dirigimos a usted para comunicarle nuestra profunda inquietud por la delicada situación que atraviesa esta querida institución, en la que tuvimos el honor de trabajar durante décadas, en muchos casos.

Sin excepción alguna, siempre nos hemos mantenido al tanto del acontecer institucional y con frecuencia se nos ha solicitado consejo sobre los temas en los que nos especializamos, motivo por el cual sentimos la obligación de referirnos a la peor crisis de liderazgo, gobernabilidad e imagen que ha enfrentado la Defensoría de los Habitantes desde que abrió sus puertas en 1993.

Los pormenores y alcances de esta grave crisis han sido ventilados de manera abundante tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que no consideramos necesario comentarlos aquí.

Sin embargo, la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar en días pasados los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio.

La reforma estatutaria, vertiginosa e inconsulta, que ha llevado a cabo la señora Crespo Sancho, no solo arroja dudas sobre su motivación y pertinencia, sino que dolosamente elimina el espacio más importante de deliberación técnica, indispensable para propiciar el clima de control interno y la coordinación adecuada para la toma de decisiones.

Nos preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos.

Hay sobradas razones para pensar que estos cambios normativos se alinean con la actitud hostil y amenazadora que ha mostrado la señora Catalina Crespo Sancho hacia los funcionarios y funcionarias de la institución que han llamado la atención sobre sus yerros.

Las reflexiones que traemos a su consideración, señor Presidente, tienen como fin recordar que el propósito fundamental que anima el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, según su ley de creación, se encuentra en peligro ante la ausencia de credibilidad de la jerarca y esta es una circunstancia que también pone en entredicho la reputación del país en materia de derechos humanos, que con tanto orgullo nos distingue en la comunidad internacional.

Además, las actuaciones de la defensora Catalina Crespo Sancho, contradicen los principios de independencia y pluralismo que ordenan los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de derechos humanos (adoptados por la Asamblea General de la ONU en la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993) y violentan frontalmente la resolución A/HRC/RES/39/17 (del 28 setiembre 2018) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la resolución A/RES/74/156 de la Asamblea General de la ONU (de 18 Diciembre de 2019), en las que claramente se destaca que las instituciones nacionales de derechos humanos y su personal no deberían afrontar ninguna forma de represalia o intimidación como resultado de actividades llevadas a cabo de conformidad con sus mandatos respectivos.

Es lamentable constatar que, en este caso, los actos de intimidación provienen de la misma jerarca institucional, lo cual constituye una violación inaceptable a sus obligaciones básicas y una afrenta inexcusable a la dignidad del cargo que se le confió.

Al igual que fue planteado por el personal de la institución el pasado 4 de agosto, solicitamos al señor Presidente instalar la comisión investigadora que permita dilucidar las responsabilidades correspondientes.

A la espera de su respuesta, lo saludamos con consideración,

Vernor Muñoz Villalobos, documento de identificación 105640548
Alba Pascua Vargas, documento de identificación 104980209
Ligia Martín Salazar, documento de identificación 104090849
Álvaro Mendieta Vargas, documento de identificación 106370607
Olga Goldenberg Guevara, documento de identificación 102870168
Lorelly Trejos Salas, documento de identificación 401300696
Joaquín B. Rodríguez Badilla, documento de identificación 104010475
Juan Fernando Cerdas Albertazzi, documento de identificación 104160903
María de los Ángeles Barahona Israel, documento de identificación 103991433
Luisa Paz Jiménez, documento de identificación 801080229
Rita Susana Maxera Herrera, documento de identificación 10320008601
Marco Antonio Sáenz Zúñiga, documento de identificación 10124100397
Irene Pacheco Alfaro, documento de identificación 104630491
Fernando Mayorga Castro, documento de identificación 302850485
Argentina Artavia Medrano, documento de identificación 107090127
Guillermo Solís Sandí, documento de identificación 104010182
Freddy Valverde Rumoroso, documento de identificación 1010100056
Mario Alberto Víquez Jiménez, documento de identificación 104161051
Juanita Lee Cerdas, documento de identificación 601050234
Lilliana Zeledón Cambronero, documento de identificación 103060456
Flor Moya Álvarez, documento de identificación 202920949
Rodney Lazo Murillo, documento de identificación 900470695
Mario Céspedes Ávalos, documento de identificación 700730509
Juan Carlos Mora Montero, documento de identificación 108040947
Ana Lucía Díaz Venegas, documento de identificación 104320606
Tony Umaña Méndez, documento de identificación 106290234
Édgar Lisac Vélez, documento de identificación 106130102
Ana Cecilia Vargas, documento de identificación 104760894
Manuel Gerardo Zúñiga Flores, documento de identificación 302260823
Roxana María Chavarría Rodríguez, documento de identificación 113490494
Yanis Lucrecia Quesada Chanto, documento de identificación 107520531
Bernal Castro González, documento de identificación 106660377
Odir Rafael Garro Pérez, documento de identificación 602840687
Martha González Madriz, documento de identificación 104460350
Floribeth González Chavarría, documento de identificación 114640052
Lilliana Arrieta Quesada, documento de identificación 105630331
Anna Theresa Esquivel Zamora, documento de identificación 400950437
Evelyn Silva Peralta, documento de identificación 800800702
Bernal Guevara Monge, documento de identificación 106800490
Liana Berman Gutowski, documento de identificación 108530228
Carlos Loría Chaves, documento de identificación 302530983
Allan Moreira Gutiérrez, documento de identificación 108630504
José Rodolfo Rivera Collazo, documento de identificación 8083271
Alejandra Vargas Garbanzo, documento de identificación 108780584

Dr. Vernor Muñoz Villalobos
Firma responsable

Copia:
Dip. Luis Fernando Chacón Monge
Jefe de Fracción
Partido Liberación Nacional
Correo electrónico
lchacon@asamblea.go.cr
Dip. Xiomara Rodríguez Hernández
Jefa de Fracción
Partido Restauración Nacional
Correo Electrónico
xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Enrique Sánchez Carballo
Jefe de Fracción
Partido Acción Ciudadana
Correo Electrónico
enrique.sanchez@asamblea.go.cr
Dip. Rodolfo Peña María
Jefe Fracción
Correo Electrónico
Partido Acción Social Cristiana
rodolfo.pena@asamblea.go.cr
Dip. Silvia Patricia Villegas Álvarez
Jefa de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo electrónico
sylvia.villegas@asamblea.go.cr
Dip. Otto Roberto Vargas Víquez
Jefe de Fracción
Partido Republicano Social Cristiano
Correo Electrónico
otto.vargas@asamblea.go.cr
Diputado Jose María Villalta Flores-Estrada
Jefe de Fracción
Partido Frente Amplio
Correo Electrónico:
jose.villalta@asamblea.go.cr
Dip. Carmen Irene Chan Mora
Jefa de Fracción
Partido Nueva República
Correo Electrónico
carmen.chan@asamblea.go.cr
Dip. Eric Rodríguez Steller
Correo Electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Dip. Zoila Rosa Volio Pacheco
Correo electrónico
eric.rodriguez@asamblea.go.cr
Sr. Augusto Jordán Rodas Andrade
Presidente de la Federación Interamericana del Ombudsman
Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala
pdh@pdh.org.gt
Sra. Carmen Comas-Mata Mira
Secretaria Técnica de la FIO
secretaria.tecnica@portafolio.org
Consejo Centroamericano de Derechos Humanos
Secretaria.tecnica
accppdh@gmail.com

El diálogo que se propone

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.

Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.

Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.

Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.

El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.

Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.

En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.

En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.

El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.

Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.