SURCOS recibió una carta enviada al presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, en la cual exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes indican que “la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar …el Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio”. El escrito precisa: “… preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos”.
Esta es la carta:
San José 9 de agosto de 2020 Lic. Eduardo Cruickshank Smith Presidente Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica S.D. Estimado señor:
Quienes suscribimos, exfuncionarias y exfuncionarios de la Defensoría de los Habitantes de la República, nos dirigimos a usted para comunicarle nuestra profunda inquietud por la delicada situación que atraviesa esta querida institución, en la que tuvimos el honor de trabajar durante décadas, en muchos casos.
Sin excepción alguna, siempre nos hemos mantenido al tanto del acontecer institucional y con frecuencia se nos ha solicitado consejo sobre los temas en los que nos especializamos, motivo por el cual sentimos la obligación de referirnos a la peor crisis de liderazgo, gobernabilidad e imagen que ha enfrentado la Defensoría de los Habitantes desde que abrió sus puertas en 1993.
Los pormenores y alcances de esta grave crisis han sido ventilados de manera abundante tanto en la Asamblea Legislativa como en los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que no consideramos necesario comentarlos aquí.
Sin embargo, la decisión de la señora defensora Catalina Crespo Sancho, de modificar en días pasados los artículos 29 y 29 bis del Estatuto Autónomo de Organización de la Defensoría, tiene consecuencias tan serias e indeseables, que nos resulta imposible permanecer en silencio.
La reforma estatutaria, vertiginosa e inconsulta, que ha llevado a cabo la señora Crespo Sancho, no solo arroja dudas sobre su motivación y pertinencia, sino que dolosamente elimina el espacio más importante de deliberación técnica, indispensable para propiciar el clima de control interno y la coordinación adecuada para la toma de decisiones.
Nos preocupa sobremanera que esta modificación en la práctica significa la eliminación del Consejo de Directores y Directoras, entronizando con ello un modelo de gestión vertical, patriarcal y autoritario, nunca visto en las culturas institucionales de derechos humanos.
Hay sobradas razones para pensar que estos cambios normativos se alinean con la actitud hostil y amenazadora que ha mostrado la señora Catalina Crespo Sancho hacia los funcionarios y funcionarias de la institución que han llamado la atención sobre sus yerros.
Las reflexiones que traemos a su consideración, señor Presidente, tienen como fin recordar que el propósito fundamental que anima el trabajo de la Defensoría de los Habitantes, según su ley de creación, se encuentra en peligro ante la ausencia de credibilidad de la jerarca y esta es una circunstancia que también pone en entredicho la reputación del país en materia de derechos humanos, que con tanto orgullo nos distingue en la comunidad internacional.
Además, las actuaciones de la defensora Catalina Crespo Sancho, contradicen los principios de independencia y pluralismo que ordenan los Principios de París relativos al estatuto de las instituciones nacionales de derechos humanos (adoptados por la Asamblea General de la ONU en la resolución A/RES/48/134, de 20 de diciembre de 1993) y violentan frontalmente la resolución A/HRC/RES/39/17 (del 28 setiembre 2018) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la resolución A/RES/74/156 de la Asamblea General de la ONU (de 18 Diciembre de 2019), en las que claramente se destaca que las instituciones nacionales de derechos humanos y su personal no deberían afrontar ninguna forma de represalia o intimidación como resultado de actividades llevadas a cabo de conformidad con sus mandatos respectivos.
Es lamentable constatar que, en este caso, los actos de intimidación provienen de la misma jerarca institucional, lo cual constituye una violación inaceptable a sus obligaciones básicas y una afrenta inexcusable a la dignidad del cargo que se le confió.
Al igual que fue planteado por el personal de la institución el pasado 4 de agosto, solicitamos al señor Presidente instalar la comisión investigadora que permita dilucidar las responsabilidades correspondientes.
A la espera de su respuesta, lo saludamos con consideración,
Vernor Muñoz Villalobos, documento de identificación 105640548 Alba Pascua Vargas, documento de identificación 104980209 Ligia Martín Salazar, documento de identificación 104090849 Álvaro Mendieta Vargas, documento de identificación 106370607 Olga Goldenberg Guevara, documento de identificación 102870168 Lorelly Trejos Salas, documento de identificación 401300696 Joaquín B. Rodríguez Badilla, documento de identificación 104010475 Juan Fernando Cerdas Albertazzi, documento de identificación 104160903 María de los Ángeles Barahona Israel, documento de identificación 103991433 Luisa Paz Jiménez, documento de identificación 801080229 Rita Susana Maxera Herrera, documento de identificación 10320008601 Marco Antonio Sáenz Zúñiga, documento de identificación 10124100397 Irene Pacheco Alfaro, documento de identificación 104630491 Fernando Mayorga Castro, documento de identificación 302850485 Argentina Artavia Medrano, documento de identificación 107090127 Guillermo Solís Sandí, documento de identificación 104010182 Freddy Valverde Rumoroso, documento de identificación 1010100056 Mario Alberto Víquez Jiménez, documento de identificación 104161051 Juanita Lee Cerdas, documento de identificación 601050234 Lilliana Zeledón Cambronero, documento de identificación 103060456 Flor Moya Álvarez, documento de identificación 202920949 Rodney Lazo Murillo, documento de identificación 900470695 Mario Céspedes Ávalos, documento de identificación 700730509 Juan Carlos Mora Montero, documento de identificación 108040947 Ana Lucía Díaz Venegas, documento de identificación 104320606 Tony Umaña Méndez, documento de identificación 106290234 Édgar Lisac Vélez, documento de identificación 106130102 Ana Cecilia Vargas, documento de identificación 104760894 Manuel Gerardo Zúñiga Flores, documento de identificación 302260823 Roxana María Chavarría Rodríguez, documento de identificación 113490494 Yanis Lucrecia Quesada Chanto, documento de identificación 107520531 Bernal Castro González, documento de identificación 106660377 Odir Rafael Garro Pérez, documento de identificación 602840687 Martha González Madriz, documento de identificación 104460350 Floribeth González Chavarría, documento de identificación 114640052 Lilliana Arrieta Quesada, documento de identificación 105630331 Anna Theresa Esquivel Zamora, documento de identificación 400950437 Evelyn Silva Peralta, documento de identificación 800800702 Bernal Guevara Monge, documento de identificación 106800490 Liana Berman Gutowski, documento de identificación 108530228 Carlos Loría Chaves, documento de identificación 302530983 Allan Moreira Gutiérrez, documento de identificación 108630504 José Rodolfo Rivera Collazo, documento de identificación 8083271 Alejandra Vargas Garbanzo, documento de identificación 108780584
Dr. Vernor Muñoz Villalobos Firma responsable
Copia: Dip. Luis Fernando Chacón Monge Jefe de Fracción Partido Liberación Nacional Correo electrónico lchacon@asamblea.go.cr Dip. Xiomara Rodríguez Hernández Jefa de Fracción Partido Restauración Nacional Correo Electrónico xiomara.rodriguez@asamblea.go.cr Dip. Enrique Sánchez Carballo Jefe de Fracción Partido Acción Ciudadana Correo Electrónico enrique.sanchez@asamblea.go.cr Dip. Rodolfo Peña María Jefe Fracción Correo Electrónico Partido Acción Social Cristiana rodolfo.pena@asamblea.go.cr Dip. Silvia Patricia Villegas Álvarez Jefa de Fracción Partido Republicano Social Cristiano Correo electrónico sylvia.villegas@asamblea.go.cr Dip. Otto Roberto Vargas Víquez Jefe de Fracción Partido Republicano Social Cristiano Correo Electrónico otto.vargas@asamblea.go.cr Diputado Jose María Villalta Flores-Estrada Jefe de Fracción Partido Frente Amplio Correo Electrónico: jose.villalta@asamblea.go.cr Dip. Carmen Irene Chan Mora Jefa de Fracción Partido Nueva República Correo Electrónico carmen.chan@asamblea.go.cr Dip. Eric Rodríguez Steller Correo Electrónico eric.rodriguez@asamblea.go.cr Dip. Zoila Rosa Volio Pacheco Correo electrónico eric.rodriguez@asamblea.go.cr Sr. Augusto Jordán Rodas Andrade Presidente de la Federación Interamericana del Ombudsman Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala pdh@pdh.org.gt Sra. Carmen Comas-Mata Mira Secretaria Técnica de la FIO secretaria.tecnica@portafolio.org Consejo Centroamericano de Derechos Humanos Secretaria.tecnica accppdh@gmail.com
El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.
Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.
Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.
Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.
El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.
Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.
En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.
En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.
En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.
El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.
Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.
En palacio están contra la pared. Hay personas ocupando puestos, con salarios que paga la pobreza de la ciudadanía, pero la ciudadanía percibe que no hay gobierno. La percepción es realidad, es una máxima política.
Ante la convocatoria que hemos hecho a un Nuevo Pacto Social, un Nuevo Pacto de Concordia, la ciudadanía ha respondido con entusiasmo.
Toda persona decente y deseosa de rescatar y reconstruir este hermoso país, ha dicho y sigue diciendo: ¡¡¡Presente!!!
Jóvenes, adultos, mujeres, hombres, funcionarios públicos, empresarios pequeños y medianos, profesionales, académicos, han abarrotado las sesiones virtuales que se han convocado y están pendientes de las buenas nuevas, pues la esperanza radica en las manos, saberes, conocimientos, experiencia, probidad, transparencia, de una ciudadanía que constitucionalmente se descubre como El Soberano, que ha vencido el miedo y se ha descubierto dueño de un país, que le habían arrebatado. Con decisión de ejercer el poder que constitucionalmente le pertenece.
El país debemos reconstruirlo. Es la tarea que nos toca ante las terribles condiciones en que el régimen y la facción “progre” que lo representa lo están dejando. Así lo exige nuestra responsabilidad constitucional. Ellos caminan ilusionados hacia los destellos que un Horizonte Positivo y la Alianza de Empresarios para el Desarrollo les alumbran, imponiendo el autoritarismo, dejando que prevalezca la corrupción y la impunidad, así como la violación al ejercicio del derecho humano fundamental, el ejercicio de los derechos políticos.
Nosotros debemos caminar hacia la paz y reconstruir la fractura social estructural que precipitaron irresponsablemente. Lanzarnos a reconstruir la economía en nuestras manos, con encadenamientos de comercialización y de producción; darles prioridad a las pymes, el trabajo, la agricultura y la soberanía alimentaria; el buen vivir, las oportunidades, la solidaridad, la responsabilidad, el deber; la transparencia, la probidad, la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la toma de decisiones. Reconstruir la institucionalidad que nos pertenece.
Ya el presidente lo había dicho, él escogería con quien hablar. Hoy, el título de su propuesta debe ser coherente con su gestión. Debe ser más que una consulta por las páginas del cuestionado “gobierno abierto”. El mecanismo de la consulta que anuncia llega demasiado tarde y por sí sola no es precisamente diálogo.
El gobierno tiene que vencer el miedo al diálogo respetuoso y sincero con la ciudadanía. Tiene que dejar de prestar oídos a quienes lo mal aconsejan y volver al pueblo, quien le legitimó para que representara al país.
Debe ser un diálogo sincero, responsable. Comenzar diciendo que suspenderá la agenda parlamentaria leonina que ha planteado y que ya negoció en la oscuridad de la noche con sus acólitos parlamentarios.
Es el momento de hacer, de cambiar de actitud. El diálogo es consenso, que nace de los disensos. Es para transformar.
Nos toca a la ciudadanía tomar el timón y llevar a Costa Rica a buen puerto. Así lo manda la Constitución Política, no dejarnos derrotar ni confundir. Con paso firme avanzar en construir el diálogo y el encuentro, para Un Nuevo Pacto Social, un Nuevo Pacto de Concordia.
El ejemplo lo puso la Comisión Costarricense de Técnicos en Belleza, Cuidado e Imagen Personal, que agrupa 50.000 Pymes. Convocaron al gobierno para demostrar que podían elaborar con total responsabilidad y profesionalismo –a la altura de los estándares internacionales-, los protocolos de bioseguridad necesarios para reabrir sus negocios y reconstruir sus empresas. Quitaron de en medio hasta un reglamento espurio –que un gobierno irresponsable décadas atrás estableció- para que empresarios corruptos cobraran membresía a través de cada municipalidad, a toda persona empresaria del sector que quería trabajar.
Cumplido esto, Yorleny Córdoba su Coordinadora, informó al gobierno, de frente, sin miedo, que reabrirían, pues habían cumplido, no había excusas. El gobierno, consciente del trabajo conjunto, anunció que procedieran a abrir, cumpliendo con responsabilidad los protocolos.
Resultaron más eficientes y eficaces, que muchos alcaldes que todavía no entienden para que fueron electos en sus cantones, aunque con una escuálida votación. Como si los movieran otros intereses que no fueran los de los habitantes de su cantón.
Estamos reuniéndonos para proceder en todo el país. Debemos organizarnos con mucha responsabilidad, cumpliendo a cabalidad las normas sanitarias, demostrando que somos capaces de encontrarnos en el diálogo, sin miedo y con decisión.
Todos debemos colaborar difundiendo las convocatorias que se harán por este medio y el Facebook de Territorios Seguros, además de cumplir las tareas que emergen de cada encuentro.
Sabiendo que tenemos enormes disensos, pero nos une como se ha demostrado a lo largo de nuestra historia, la capacidad de sentarnos responsablemente a construir soluciones para tener el mejor país del mundo, donde prevalezcan el trabajo y la paz.
La crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19 se superpone a una crisis que ya existía, relacionada con el modelo de desarrollo impulsado en nuestro país en las últimas décadas. El bicentenario de la Independencia de Costa Rica llega en un momento crítico del devenir nacional.
Las políticas dominantes en el país han favorecido un inaceptable aumento de la exclusión y la inequidad. Presenciamos una actitud depredadora del ambiente y destructora de las riquezas naturales que son parte de nuestros bienes comunes. Se concibe la vida misma desde una óptica individualista y mercantil. Este escenario de exclusión, inequidad y deterioro ambiental se ha agravado con la pandemia de COVID-19.
La creciente desigualdad ha debilitado seriamente el tejido social. El espacio para la deliberación y el diálogo se ha estrechado significativamente. Nos encontramos en una disyuntiva entre la profundización de tendencias autoritarias o la ampliación de la participación ciudadana y popular.
En las últimas décadas se ha consolidado un bloque de poder político y económico alrededor de una propuesta conservadora y regresiva decidido a desarticular la institucionalidad pública gestada en el marco del estado social de derecho. Más de cuatro décadas de evidencia incuestionable demuestran que el camino propuesto por estos grupos solo llevaría a hacer más profunda la situación dramática que ya viven amplios sectores de nuestra población.
Esta crisis de largo aliento ha obligado a reflexionar a escala global sobre los conceptos de desarrollo, progreso y bienestar. Surgen cuestionamientos sobre el destino de las sociedades y las formas de construir entornos que permitan el desarrollo pleno de todas las personas en un contexto de cuidado del ambiente y procura del bien común. Nos encontramos en una encrucijada en la que se están definiendo aspectos esenciales de la vida futura.
En la base del tejido social costarricense y de las organizaciones de la sociedad civil, la actual pandemia ha permitido fortalecer procesos colectivos y comunitarios centrados en visiones generosas y solidarias para la convivencia, el bienestar general, el desarrollo espiritual, y el cuidado de la vida, en armonía con el ambiente. Son estos sectores y estos procesos los que están llamados a marcar nuevos rumbos a nuestro país.
Es necesario que toda esta energía creativa y solidaria lleve a confluencias para posibilitar propuestas en ámbitos muy variados de la vida, las cuales deben venir de
procesos democráticos participativos, construidos desde una amplia base social. En este contexto ha surgido el Foro Confluencia Solidaria.
¿Qué es el Foro Confluencia Solidaria?
Este Foro constituye un espacio amplio para reflexionar y analizar la situación del país, y para gestar opciones dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad que esté marcada por la solidaridad, la equidad, la amplia participación ciudadana, el respeto a la diversidad, la armonía en nuestra relación con el ambiente, la vivencia ecuménica, la dignidad de las personas y, en general, el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Confluencia Solidaria no pretende convertirse en un partido político. Es un espacio para debatir, dialogar, reflexionar, encontrar coincidencias e imaginar el país que necesitamos. Para ello, se propone trabajar, entre otros, en los siguientes ejes temáticos:
(1) Fomento de una auténtica democracia participativa, desde lo local a lo nacional, y con procesos transparentes de permanente diálogo social, en los que participen todos los sectores de la ciudadanía, para definir los rumbos del país. Constitucionalmente Costa Rica es una democracia participativa. El control ciudadano de las autoridades del Estado, conforme al artículo 9 de la Constitución Política, debe ser permanente porque el Pueblo es el Soberano.
(2) Gestación de un sistema tributario justo y progresivo, que garantice que quienes más tienen contribuyan más al bienestar colectivo y elimine la evasión y la elusión fiscales, Para asegurar condiciones de vida digna sin exclusiones de ningún tipo
(3) Protección, defensa y fortalecimiento de la institucionalidad pública y del estado social de derecho, así como de los bienes comunes.
(4) Estímulo al desarrollo de un tejido económico justo, con amplia participación comunitaria en la producción de riqueza en todas las regiones del país, basado en el trabajo digno, procurando la autosuficiencia nacional y la soberanía alimentaria. La economía debe estar subordinada a la ética del bien común.
(5) Defensa del ambiente y gestación de formas armoniosas y equilibradas de relación con el medio natural en el cual se desenvuelve la sociedad, bajo el paradigma del cuidado, en beneficio de las actuales y las futuras generaciones.
(6) Lucha permanente por los derechos de las mujeres, y por su plena igualdad en la vida política, social, económica y cultural del país.
(7) Reconocimiento y valoración del papel social y económico de las actividades y trabajos relacionados con los cuidados de las personas en espacios diversos de la sociedad, haciendo énfasis en el rol central de las mujeres en los mismos.
(8) Consolidación, apoyo y promoción de una cultura centrada en un respeto profundo a la dignidad de todas las personas, basada en la inclusión y el reconocimiento y valoración de la amplia diversidad cultural que caracteriza a Costa Rica.
¿Cuál es la base ética del Foro Confluencia Solidaria?
Confluencia Solidaria se basa en una plataforma ética centrada en la dignidad de las personas y el derecho al desarrollo de sus potencialidades -en un marco de equidad, solidaridad, honestidad, creatividad y cuidado de la vida- como valores esenciales de la sociedad. Es decir, una convivencia social donde los bienes materiales, culturales y espirituales estén al servicio de la satisfacción de las necesidades fundamentales, para la reproducción de la vida humana en comunión con la naturaleza.
Confluencia Solidaria busca catalizar procesos mediante los cuales las diversas iniciativas surgidas desde la base social puedan fortalecerse, relacionarse y cooperar con miras a la gestación de esa sociedad marcada por dichos valores. No pretende cooptar las iniciativas surgidas desde la base social, comunitaria e institucional, sino constituirse en un espacio de profundo respeto a la diversidad de estos procesos y a las propuestas que de ellos surjan. El diálogo fructífero y horizontal, así como la búsqueda de espacios de encuentro en ese marco de respeto, deberán marcar la pauta de esta iniciativa.
Las propuestas, iniciativas y actividades que sean facilitadas por Confluencia Solidaria serán de carácter público y procurarán beneficiar a los sectores, personas y organizaciones que quieran utilizarlas en sus espacios de trabajo, de organización y de reflexión.
Llamado a la construcción de una sociedad justa y solidaria
Las urgencias del presente convocan el acercamiento y la participación de sectores amplios y diversos, los cuales, desde la heterogeneidad de sus experiencias, perspectivas y campos de acción, encuentren caminos para una sociedad justa, digna, solidaria y próspera. Este es el gran reto de las fuerzas vivas y democráticas de la sociedad costarricense. Que la pluralidad de voces de nuestra sociedad se haga escuchar para lograr un nuevo pacto social justo, marcado por la dignidad y la procura del bien común.
En la víspera de la celebración del bicentenario de la Independencia de Costa Rica, invitamos a las ciudadanas y los ciudadanos, y a los sectores y grupos organizados de la sociedad que comparten esta visión de país, para que nos apropiemos de este Foro, y entre todas y todos construyamos una convivencia justa, digna y solidaria.
Este 9 de agosto se cumplieron 10 años de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa por estar reclamando que el proyecto de Autonomía lo pusieran en la corriente de debates, bien fuera para la aprobación o el rechazo.
Sin embargo, lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo cerrándonos los servicios, dejarnos sin luz a las dos de la mañana, fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle donde con frio insoportable vimos con impotencia cómo actuaban. Así nos trataron solo por defender nuestros derechos. Afuera gran cantidad de ANTIMOTINES estaban listos como si fuéramos seres peligrosos.
Con mi hermano Sergio llevábamos muchos años de lucha desde FRENAPI trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento. Magdalena dijo: “Nada tenemos que buscar en estos peladeros, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren”.
Fue ahí cuando definimos comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho ya que en los tres poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que nos pertenecen. Así, en el 2011 empezó Salitre con las recuperaciones por la vía de hecho y hoy esa lucha se a extendido a Cabagra, Rey Curre, China Kicha, Térraba, Maleku y todos los pueblos que conforman el Frente Nacional de Pueblos Indígenas.
Seguimos en lucha y solicitamos a todos los costarricenses que no nos olviden, que no nos miren como los malos por los procesos de recuperación que llevamos, ya que es la única forma que el Gobierno nos ha dejado. No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que se miran muy bonitas, pero yo quiero decirles para mí son solo papeles. Como un Brörán que llevo 40 años de lucha lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas, quisiera que todos los ticos exijan a los Gobiernos que nos den nuestras tierras libres para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos, que nuestros territorios, que nuestros hijos, nietos, no sigan llevando el miedo como ese miedo del covid 19 que es lo que vivimos los pueblo indígenas por los terratenientes hace mmmuuucho tiempo.
A pesar de haber perdido a Sergio Rojas en el año 2019 y Yeri en 2020, las recuperaciones continuarán. Yo esperaría que ya no haya más asesinatos de nuestros hermanos, yo quiero seguir viviendo, pero sintiéndome libre sin persecuciones, sintiendo que el Poder Ejecutivo nos devuelva las tierras, que el Poder Judicial nos reconocerá nuestros derechos y que no nos negara más, que se cumplan nuestras leyes y que la Asamblea haga que se cumpla las leyes que hay se han aprobado.
Seguro soy un indígena ignorante pero los tres poderes deberían conjuntamente abordar el tema indígena para que juntos busquen la solución. Quisiera morir viendo que esos poderes han solucionado nuestras luchas y si esto pasara de seguro no seriamos más asesinados.
Solo reclamo que se haga justicia para nuestros pueblos.
El Comité de Personas Interinas de la Universidad de Costa Rica realiza una campaña de solidaridad con un compañero que fue cesado. Este es el llamado que recibió SURCOS:
Este 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se cumplen 10 años de “La arrastrada”, evento denominado así por los protagonistas indígenas porque describe elocuentemente lo que sucedió ese día y en la madrugada del día siguiente del año 2010, en la Asamblea Legislativa, experiencia que constituye un hecho histórico en la memoria de las luchas indígenas, como acto de violencia y punto de inflexión en su relación con el Estado costarricense.
“La arrastrada” es un suceso concreto, cargado tanto de materialidad como de simbolismo, pues se produjo dentro de las instalaciones del Primer Poder de la República, en el Salón de Beneméritos de la Patria, donde un grupo de líderes y lideresas indígenas, al finalizar una actividad relativa a esa fecha, decidieron permanecer de manera pacífica en el lugar, solicitando la presencia de las autoridades legislativas y demandando la votación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, que en ese momento tenía 17 años de estar en la corriente legislativa sin ser votado.
La respuesta de las autoridades del Congreso no podría haber sido más irónica: ordenaron su desalojo por la fuerza y no votaron el proyecto ni en ese, ni en la siguiente legislatura, para ser finalmente desechado sin justificación clara ni alternativa alguna, a los pocos meses del actual período legislativo (2018-2022).
Con esta experiencia como detonante, se agota para los indígenas la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas, cuya consecuencia inmediata fue la decisión de varios de estos líderes comunitarios y sus familias de iniciar acciones para reivindicar, por la vía de hecho, sus derechos sobre sus propios territorios, mediante las llamadas “recuperaciones”. Estas acciones empezaron a darse poco tiempo después en Salitre, luego en Térraba, Cabagra y Curré, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, para continuar después en el territorio de China Kichá, perteneciente a Pérez Zeledón, y recientemente también por parte de los maleku, en el cantón de Guatuso, en la zona norte del país.
La “arrastrada”, como acto de agresión, y el menosprecio dl Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo ―a pesar del amplio proceso de construcción y consulta que tuvo este proyecto entre los pueblos indígenas― se suman a otras experiencias violatorias, como la incursión realizada por el Instituto Costarricense de Electricidad ( ICE ) con el proyecto PH Diquis en el territorio de Térraba, declarado por la Administración Arias Sánchez (2008) como “un proyecto de Conveniencia Nacional e Interés Público”, sin realizar el debido proceso de consulta, el cual es uno de los principales derechos reconocidos mediante el Convenio 169 sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT-1989), ratificado por Costa Rica en 1993.
También hay que agregar los conflictos y divisiones en el interior de los territorios indígenas, provocados por la imposición estatal de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) como gobiernos locales, por la vía del Reglamento a la Ley Indígena (1977) y por el Voto 14545 del 29 de septiembre del 2006 de la Sala Constitucional, argumentando que estos pueblos carecen de una estructura de gobierno propio, lo cual justificaría la necesidad de esas asociaciones. Esto riñe claramente con el derecho a la Autonomía establecido en el mencionado Convenio de la OIT, instrumento que la Sala Constitucional ha interpretado y aplicado de diferentes formas en los últimos 25 años, mostrando en varias de sus argumentaciones jurídicas las contradicciones de una visión integracionista de larga data en el país, que se extiende a la administración de justicia y es una de las causas estructurales del abandono gubernamental y la ausencia de legislación nacional para implementar, como corresponde, los derechos de los pueblos indígenas.
El incumplimiento de la Ley indígena sobre la devolución de los territorios a sus legítimos propietarios, la ausencia de control de la usurpación en los territorios, así como la falta de atención oportuna y eficaz de las autoridades de gobierno al conflicto planteado por las “recuperaciones”, aumentó el estado de vulnerabilidad y desprotección de las personas indígenas. Estas han sufrido las consecuencias derivadas de una violenta reacción por parte de los finqueros no indígenas, quienes, con el apoyo o complicidad de un importante sector de la prensa, las autoridades locales, y utilizando intensamente las redes sociales y sus influencias políticas, han protagonizado, desde entonces, y hasta el momento, múltiples agresiones, balaceras, amenazas de muerte, intimidaciones, impedimentos de circulación, quemas de viviendas y cultivos. La escalada de violencia ha llegado hasta el asesinato de dos de sus líderes, Sergio Rojas Ortiz, del territorio de Salitre, y Jehry Rivera Rivera, del territorio de Térraba, a lo cual hay que sumar las constantes amenazas de muerte, el atentado contra el líder bröran Pablo Sibar Sibar y varios intentos de asesinato del líder bribri Minor Ortiz Delgado, entre otras personas agredidas. Hasta la fecha, nadie ha sido detenido por ninguno de estos hechos. Tal grado de impunidad incentiva el aumento en la frecuencia y la virulencia de los ataques contra estas personas, los cuales se siguen dando incluso en el contexto de la actual pandemia del Covid-19.
Todos los sucesos, incumplimientos, agresiones y violaciones de distinta naturaleza han sido denunciados una y otra vez por los propios indígenas, mediante todas las vías a su disposición en nuestra bicentenaria república, las cuales en realidad son pocas, incluyendo la penal. Son hechos que se encuentran documentados en repetidos informes y notas institucionales de la Defensoría de los Habitantes, pronunciamientos de los Consejos de Mayores Bröran y Ditsö Iriria Ajkönuk Wapa, del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN) y otras organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora de Lucha Sur Sur y Forest Peoples Programme. También por parte de las universidades públicas mediante diferentes estudios y pronunciamientos, y de la propia Oficina de Naciones Unidas en Costa Rica. Nada de esto ha encontrado eco ni solución por parte de las autoridades responsables. Entretanto, el conflicto se profundiza y extiende.
En abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, ante la gravedad de los hechos denunciados por peticionarios bribris y bröran, impuso a Costa Rica Medidas Cautelares (MC 321-12) en favor de líderes, recuperadores y familias de los territorios Salitre y Térraba del cantón de Buenos Aires, recordándole al Estado los derechos de los pueblos indígenas y su obligación de adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios y protegerlos de actos de violencia. Esto obligó al gobierno a establecer un protocolo de implementación, cuya elaboración tardó dos años (hasta febrero del 2017). Mediante este protocolo, se definieron acciones especiales para ambos territorios por parte de los Ministerios de Justicia y de Seguridad Pública, para ejecutar procesos aprobados y pendientes de desalojo administrativo, prevenir y atender eficazmente incidentes de violencia en los territorios, desarrollar la coordinación interinstitucional y monitorear el cumplimiento del protocolo con participación de los propios peticionarios.
El Instituto de Desarrollo Agrario (INDER) se responsabilizó de la implementación del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI), que se formuló desde la Administración Solís Rivera en febrero del 2016, para la delimitación y “saneamiento territorial”.
El Poder Judicial también se vio emplazado a atender y mejorar sus procedimientos de acceso a la justicia, y para acelerar los procesos agrarios y penales relacionados con los conflictos por la tierra y las agresiones.
A nadie ha sorprendido, aunque sí causado gran desazón, el hecho de que este protocolo y los compromisos asumidos por parte de las diferentes instancias del Estado se quedaron en el papel, abandonados en su ejecución durante los siguientes dos años, hasta el asesinato de Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo del 2019. Es entonces cuando el actual gobierno se vio obligado a retomarlos. Al día de hoy, año y medio después, la situación no ha cambiado sustancialmente, las agresiones hacia las familias recuperadoras continúan en los territorios, los procesos agrarios y penales se han estancados o avanzan lentamente, y las muertes de sus líderes permanecen impunes.
Las proyecciones de ejecución del Plan RTI, una vez más, se han quedado rezagadas en el tiempo. Hay serias dudas acerca de sus alcances reales, la metodología empleada, las fuentes de información utilizadas para distinguir quién es indígena de quién no lo es, aspecto de vital importancia para determinar la condición de “buena o mala fe” que, desde el punto de vista jurídico, y según la Ley Indígena, determina el pago de indemnizaciones. Por lo mismo, algunas de las personas no indígenas contra quienes se han realizado denuncias de agresión o solicitado órdenes de desalojo, han decidido utilizar como otra de sus estrategias la auto identificación como indígenas para dilatar, o evitar, procesos de desalojo en su contra.
En ese contexto debe comprenderse el hecho de que, el pasado 2 de julio del 2020 (Informe 167/20, Petición 448-12), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), admitiera para su estudio por el fondo, la petición contra el Estado costarricense presentada desde el 2012 por el pueblo bröran. Esta decisión es significativa pues, a pesar de las varias audiencias, informes y argumentos presentados por el Estado durante ocho años, intentando invalidar la solicitud de los indígenas, la Comisión encontró que los peticionarios efectivamente agotaron los recursos internos, que las alegaciones presentadas “no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos podrían caracterizar violaciones” a diferentes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
Vale decir que las violaciones alegadas por los bröran están referidas a la falta de reconocimiento del territorio ancestral del pueblo Teribe, la limitación a la participación efectiva y razonable en la toma de decisiones y administración del territorio tradicional, el desconocimiento de sus propias instituciones y autoridades indígenas, la falta de consulta sobre proyectos en sus territorios y la ausencia de recursos efectivos y adecuados, entre otras.
En sintonía con esta posición de la CIDH, se encuentran repetidos llamados de atención y solicitudes de aclaración del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD – ONU), de las Relatorías Especiales de Derechos Humanos y de Defensores de los Derechos Humanos de la ONU (Anaya 2011, Lawlor y Calí Tzay 2020) y del Comité de Derechos Humanos de la ONU (117° período de Sesiones e informe de seguimiento del pasado 27 de Julio del 2020) que en su conjunto demuestran que el Estado costarricense enfrenta graves cuestionamientos por la falta de cumplimiento de sus obligaciones hacia sus propios pueblos indígenas y de sus compromisos internacionales.
Estamos en presencia de un problema histórico y estructural, no ante episodios aislados ni transitorios de violencia y despojo. Por otra parte, la violación de derechos, la usurpación de territorios y la violencia sistemática se lleva a cabo por parte de diversos actores, entre los cuales destacan las personas no indígenas que se encuentran ilegalmente en los territorios, así como los medios de comunicación que, con pocas excepciones, informan de manera descontextualizada, ignoran las voces de líderes comunitarios y desconocen los derechos colectivos de estos pueblos, abonando desde su podio los conflictos interétnicos. También el propio Estado costarricense que, por acción o por omisión, mantiene no solo la ya conocida brecha de implementación de los derechos indígenas, sino también una perversa articulación de raigambre colonial, que persiste en la institucionalidad y en todos los poderes de la República.
La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en este 2020 está teñida de sangre por los asesinatos de líderes comunitarios: dos en menos de un año (marzo 2019-febrero 2020). Estos crímenes tuvieron lugar a pesar de que ambos líderes se encontraban bajo la supuesta protección de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH a Costa Rica desde el 2015, lo que sin duda aumenta la indignación y la gravedad de estos hechos.
Es la primera vez que esto ocurre en nuestro país y es también la primera vez en nuestra historia que Costa Rica recibe, de manera reiterada, llamados de atención de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas y de la misma CIDH, exigiéndole remediar esta situación de violencia e impunidad que sufren las comunidades indígenas. Todo esto configura una grave anomalía, tratándose de un país que posee un sólido estado de derecho y que se presenta como abanderado de los derechos humanos. Inevitablemente esto mancha nuestra imagen internacional.
Por otra parte, a pesar de las bondades que observamos en la mayoría de la normativa reciente, como son el Protocolo de Consulta, la Ley de Acceso a la Justicia y la Construcción de la Política Pública Intercultural, incluyendo la modificación del artículo 1º de nuestra Constitución Política, los avances en esta materia parecen agotarse en lo meramente retórico.
Sin duda, las últimas tres administraciones de gobierno han invertido gran cantidad de tiempo y recursos desplazando funcionarios de distinto rango a los territorios indígenas; seguramente son muchas las reuniones técnicas, políticas y comunitarias que se han realizado durante toda una década. Por eso es injustificable que en 10 años no haya verdaderos avances en la resolución del conflicto por las tierras ni en la aplicación de los derechos indígenas, y que la inseguridad, la zozobra, las agresiones y la impunidad persistan.
También es notoria la profunda desconfianza de las comunidades indígenas en las autoridades estatales, la cual se ha profundizado, en particular hacia policías, fiscales y jueces, al persistir la situación de indefensión e impunidad, y puesto que se siguen ignorando los reclamos de los Consejos de Mayores bribri y bröran, no se vislumbra a corto y mediano plazo ninguna iniciativa seria y consistente de las autoridades durante la actual Aministración Alvarado Quesada, para intentar remediar este profundo distanciamiento con la dirigencia indígena, y restablecer condiciones que viabilicen el diálogo.
Desde nuestra posición en el ejercicio académico y de investigación, es nuestra obligación generar conocimiento riguroso, útil para las propias comunidades y para las instituciones públicas involucradas. Nos esforzamos por aportar evidencia sólida que deje en claro las deudas históricas y los pendientes no resueltos con los pueblos indígenas. Procuramos, así, contribuir a la superación de prejuicios y el al pleno ejercicio de la ciudadanía, en un contexto democrático respetuoso de las diversidades culturales, y abierto al diálogo y a una pacífica convivencia intercultural.
Por eso afirmamos que la grave situación en los territorios indígenas es injusta, insoportable e, insostenible, muestra una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas de esas comunidades, la inacción e inoperancia estatal y la complacencia con los agresores, todo lo cual comporta responsabilidades muy serias que deben ser asumidas por toda la sociedad costarricense, pero especialmente por las autoridades tanto políticas como técnicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, a quienes planteamos con respetuosa vehemencia lo siguiente:
Que el estado de pandemia por COVID 19 que vive el país no sea utilizada como excusa para aletargar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones institucionales ni las soluciones y atenciones que los pueblos indígenas demandan, incluyendo la urgente protección real y atención efectiva a estas poblaciones, dada la actual coyuntura de emergencia sanitaria.
Que se atiendan, con energía y decisión, las recomendaciones y solicitudes específicas de la Defensoría de los Habitantes y organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos en relación con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado costarricense en materia de derechos indígenas.
Que se dé contenido político y operativo a la implementación de todos los derechos de los pueblos indígenas, con especial atención a los derechos territoriales y de autonomía, lesionados histórica y sistemáticamente en nuestro país.
Que se condene a los perpetradores materiales e intelectuales de los asesinatos e intentos de asesinato, y a los agresores de defensores de derechos indígenas, y se repare como corresponde a los familiares de las víctimas.
Que se tomen las decisiones, se asignen los recursos y se ejecuten las acciones concretas, inmediatas y eficaces, para garantizar la seguridad y protección de los defensores de los derechos indígenas y de sus familias.
Que se garantice el espacio político y la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo autónomo de los pueblos indígenas costarricenses.
Que se reconozcan las instancias de decisión propias, cuya definición y legitimidad deriva de la tradición y la libre voluntad de las poblaciones indígenas en sus propios territorios. Tal como se han constituidos los Consejos de Mayores en Salitre y Térraba.
Que se abran los espacios institucionales para que se denuncien las organizaciones que falsamente se auto proponen como “autoridades”, sin un debido reconocimiento comunitario, las cuales se adjudican a sí mismas, de forma indebida, la potestad de emitir e incluso vender certificaciones sobre quién es “indígena”.
Que se garantice la implementación de todos los instrumentos jurídicos, directrices, normativas y procedimientos institucionales existentes, para atender y resolver, conforme a los derechos indígenas, las denuncias, demandas, procesos judiciales y administrativos pendientes, así como la definición de mecanismos de monitoreo y control al más alto nivel político y comunitario, que contribuyan a reducir radicalmente los tiempos de respuesta y aumentar el acceso a la justicia de la población indígena, así como a la información clara, completa y culturalmente pertinente de todos los asuntos de su interés.
Que se ejecute, en el corto plazo, el “saneamiento” de los territorios indígenas agilizando sin más preludios los mecanismos correspondientes, tomando las decisiones y actuaciones necesarias sobre los alcances, la ejecución y la rendición de cuentas del Plan RTI, y de cualquiera otra vía o procedimiento para resolver la posesión de los territorios indígenas.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo Universidad Estatal a Distancia (UNED)
Dr. Marcos Guevara Berger, en representación de equipo de investigación, proyecto “Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires. Aportes Interdisciplinarios para su resolución”. Estudios Avanzados, Universidad de Costa Rica.
Las agrupaciones y personas abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y otras universidades públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, preocupados por la situación de la pandemia que afecta al país, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, así como a empresas y personas involucradas, para que se priorice el respeto a la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso real a todos los derechos los de las personas indígenas, migrantes y trabajadoras en las colectas de café que se avecinan.
Durante las últimas semanas ha habido un aumento significativo en la cantidad de casos positivos de Covid-19. Una gran parte de estas personas afectadas trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, en plantaciones de monocultivos y en el sector de construcción, entre otros trabajos, donde históricamente ha habido denuncias por la falta de inspección laboral y cumplimiento de garantías laborales y que en ocasiones condiciona a las personas a vivir en cuarterías o baches. Esto deja en evidencia que el riesgo de contagio se encuentra relacionado con personas en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido y conociendo lo sucedido en otras plantaciones con respecto a las condiciones de las personas trabajadoras y el número de contagios, es que en este momento, genera preocupación la situación que podría acercarse con respecto a las personas trabajadoras de las cosechas de café, quienes son principalmente personas indígenas panameñas, que migran con sus grupos familiares para estas temporadas, además de la migración interna de costarricenses y la migración de personas nicaragüenses.
Según datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en el 2019, en el país, el café es el tercer producto agrícola de mayor exportación y genera 285 millones de dólares en divisas, por otra parte, se ha visto beneficiado en términos económicos por la pandemia, teniendo un incremento del 12% en el valor de sus colocaciones.
Datos publicados por el Semanario Universidad mencionan que se espera un ingreso de alrededor de 12 mil personas para la cosecha de café en la Zona de los Santos y en San Vito. Según un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes el 15 de mayo del 2020, se estima la siguiente temporada de cosecha para finales de julio, habiendo una mayor demanda de personas en los meses de agosto y setiembre. Por otra parte, Guiselle Guzmán, jefa del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social mencionó que en los siguientes meses el virus podría moverse a sectores vulnerables, como centros de cuido de personas adultas mayores, cárceles y población recolectora de café.
Es importante destacar que el pasado 20 de noviembre del año 2019, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio para el aseguramiento de las personas recolectoras de café. Este es un paso fundamental para el reconocimiento de la relación laboral entre estas personas y los propietarios de las fincas productoras de café, relación que durante muchos años no fue reconocida. Asimismo, beneficia a uno de los eslabones de la cadena más débiles, en particular cuando son trabajadores ocasionales migrantes indígenas.
Gran parte de las actividades agrícolas y cafetaleras de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo la legislación nacional y compromisos internacionales asumidos por el país. Las condiciones laborales de las personas panameñas indígenas ngöbe-buglé, han sido denunciadas anteriormente, como por ejemplo, el pago por destajo, la exposición a mordeduras de serpientes, picaduras de avispas u otros insectos, lesiones en la espalda o cintura por la cantidad de peso que trasladan en los canastos, el no pago de las pólizas de riesgo por trabajo, se ha denunciado también, el trabajo infantil de niñas y niños que acompañan a sus papás y mamás al campo en el momento de la recolección y además, las condiciones insalubres de los galerones en los cuales viven las personas durante estas temporadas. Estas personas son explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.
El pasado 6 de junio del presente año, el Ministerio de Salud emitió la circular: “LS-CS-015. Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por (COVID-19)”, relacionada con los requisitos específicos que se le está solicitando al personal de salud, productores y a instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública para la preparación de medidas para la llegada de personas indígenas ngöbe-buglé ante la cosecha de café.
En estos lineamientos, se menciona como requerimientos la regularización migratoria de todas las personas con el carnet de binacionalidad, una cuarentena de 14 días y un reporte diario de salud, entre otros. Sin embargo, no se menciona la forma operativa en la cual estos se va a cumplir, lo que deja un escenario de incertidumbre para el acceso real a recursos y las formas en que se va a velar por el cumplimiento por parte de los patronos. Por otra parte, se da la solicitud expresa para los productores de “no recibir personas indocumentadas”, y además, según la reforma al decreto ejecutivo reforma N° 42406 se multará a las empresas agrícolas que contraten mano de obra irregular, con multas que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”, sin embargo, la reforma firmada el día 15 de julio, empezará a regir a partir del 23 de setiembre. Esto, deja por este tiempo, un escenario de incertidumbre para las personas trabajadoras, a quienes, una vez más, se les estará asignando la responsabilidad de su regularización. A su vez, el 16 de junio de este año se firmó el decreto 42406-MAG-MGP, impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de personas migrantes que demuestren arraigo en el país, el mismo ha presentado cuestionamientos, ya que desde el año pasado existe un mecanismo de regularización que solo 22 personas trabajadoras agrícolas solicitaron.
En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos atender las siguientes demandas:
Que se garanticen las condiciones sanitarias, de acceso a salud, cumplimiento de derechos laborales y respeto cultural a todas las personas que vayan a participar en las cosechas de café, por parte de las instituciones y de las empresas.
Que se garanticen las condiciones dignas y necesarias para el cuido y protección de las personas menores de edad, así como de las mujeres que se encuentran con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas.
Que el Estado cumpla con su responsabilidad, según el Convenio Nº 169 de la OIT, de realizar supervisiones en las regiones donde hay mayor concentración de personas trabajadoras indígenas, para asegurar que se les da un trato adecuado.
Que se generen materiales de comunicación o intervenciones comunitarias para prevenir las manifestaciones de violencia u odio, como el racismo y la xenofobia.
Que se proceda a implementar, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. En este orden de ideas, instamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que realice labores de inspección en estos centros de trabajo.
Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción. Para tal efecto es necesaria una regulación de las cadenas de valor, de manera que se responsabilice a toda la cadena de valor de los derechos laborales de las personas recolectoras de café, sean estos permanentes, de temporada u ocasionales, ya que todas estas personas son esenciales para la existencia y funcionamiento de esa cadena de valor.
Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral
En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.
Programa Kioscos Socio ambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica.
2. Centro Demostrativo de Sostenibilidad, organización sin fines de lucro.
3. Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica, asociación sin ánimos de lucro.
4. Debate Feminista Costa Rica.
5. Hablemos de Derechos Humanos
6. Red de arte y gestión cultural comunitaria GuanaRED.
7. Cátedra Autónoma de Filosofía Política.
8. Programa Pueblos indígenas Agroecología y Buen Vivir, UNA.
9. La Cadejos, Comunicación Feminista.
10. Asociación COMUNIDADES, organización comunitaria sin fines de lucro.
11. Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
12. Fundación Laberinto.
13. Comisión Política del Partido Frente Amplio.
14. MAIZ Movimiento Alternativa de Izquierdas.
15. Jaime E. García González, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
16. Mauricio Álvarez Mora, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
17. Bruno de Jesús Coto Barboza, secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Confederación Unitaria de Trabajadores (C.U.T.)
18. Francis Leonardo Cordero Mojica, Alianza de comunidades por la defensa del agua Puntarenas.
19. Marvin Amador Guzmán, TC635 UCR, Docente, coordinador del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC635, UCR.
20. Marcos Guevara Berger – Proyecto 839B8358, Centro de Investigaciones Antropológicas, UCR.
21. Valeria Montoya Tabash, docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
22. Renier Canales Medina, asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
23. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica.
24. Melissa Salas. Directora Clínica de migración y refugio, UCR.
25. Ali García Segura. Proyecto 839B8358, UCR.
26. Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor».
27. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
28. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
29. Denia Román Solano, proyecto Conflicto Territoriales (UCREA), UCR.
30. Guadalupe Urbina Juárez, música y gestión cultural.
31. Ana Catalina Chaves Arias, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
32. Yoel Buitrago País, Talamanca por vida y por la tierra.
33. Carmen Caamaño Morúa, docente de la Universidad de Costa Rica.
34. Héctor Ferlini-Salazar, docente UCR, Sede del Pacífico.
35. Handmaids Costa Rica
36. María José Chaves Groh, CEFEMINA.
37. Rafael Cuevas Molina, IDELA-UNA.
38. Daniel Torres Sandí, Frente Amplio Moravia.
39. Milagro Solís Aguilar, Consultora en Derechos de Niñez y Adolescencia.
40. Carlos Cruz Chaves, Sede Regional Chorotega-UNA.
41. Lucía Solis Hidalgo, Gestora de los Recursos Naturales-Zona de los Santos.
42. Amilcar Castañeda Cortez, Funcionario de la UNED.
43. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
44. Maritza Marín Herrera, Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
45. Mariano Sáenz Vega, docente e investigador adjunto del proyecto de investigación de UCREA. Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN).
46. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
47. Mariela González Chaves.
48. María Fernanda Rojas, tutora UNED.
49. Carolina Arias, Botánica Subversiva.
50. Isabel Ducca Durán, Alianza por una Vida Digna.
51. María Pérez Yglesias, escritora.
52. Andrés Dinartes Bogantes, Profesor, Universidad de Costa Rica.
53. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
54. Helga Arroyo Araya, Docente Universidad de Costa Rica.
55. José Manuel Arroyo Gutiérrez, profesor universitario.
56. Jorge Arturo Lobo Segura, profesor UCR.
57. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
58. David Selva.
59. Anel Sancho Kenjekeeva.
60. Laura Rivera Alfaro.
61. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
62. María José Cabezas Castro, psicóloga.
63. Silvia Rodriguez Cervantes, Red de Coordinación en Biodiversidad.
64. Edna julia Rodríguez Alvarado, Emprendedora, San Luis, Santo Domingo.
65. Isaac Rojas, miembro de COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica.
66. Pablo Chaverri Chaves, INEINA-UNA.
67. Vaniah Lee Foglesong Villa, Docente y politóloga.
68. Zuiri Méndez Benavides, docente Programa Kioscos Socioambientales.
69. Gustavo Gatica López, Investigador del Centro de investigación en Cultura y Desarrollo UNED.
70. Marcelo Valverde M. IDELA – UNA.
71. Santiago Navarro Cerdas, Docente Universidad de Costa Rica.
72. Suray Carrillo Guevara, FEDEAGUA.
73. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
74. Mariela Andrea Zamora Rey, Comisión política de Frente Amplio.
75. Fabián Campos Boulanger, Sociólogo.
76. Alexander Barquero-Rodríguez, Internacionalista.
77. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo ITCR. Asoc. PROAL-FECON.
En una nota enviada por la Defensora Catalina Crespo Sancho al presidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Cruz Castro, se solicita atender las denuncias formuladas por procedimientos y actitudes discriminatorias contra personas de los pueblos indígenas. El escrito de la Defensoría indica que “la tramitación de este asunto está a cargo de la Master Marjorie Herrera Castro.
El documento que llegó a SURCOS señala:
“Asunto: SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
La Defensoría de los Habitantes de la República mantiene en monitoreo la implementación por parte del Estado costarricense de la Medida Cautelar N° 321-12 emitida por la CIDH en favor de los pueblos indígenas Térraba y Salitre, así como la ejecución del Plan RTI (Recuperación de Tierras Indígenas), que desarrolla el Instituto de Desarrollo Rural.
En este marco, de manera consistente desde el año 2015, se ha mantenido comunicación con organizaciones y personas indígenas de los territorios beneficiarios de la Medida, así como de los territorios de Cabagra y China Kichá, en los cuales se han venido realizando, recientemente, procesos de recuperación de tierras indígenas.
Durante estos años, también se ha tenido conocimiento del creciente número de asuntos relacionados con estos procesos reivindicativos de derechos que se han judicializado con la esperanza de encontrar en el sistema, justicia pronta y cumplida. No obstante, por el contrario, cada vez y con más frecuencia, se recibe información de los pueblos indígenas sobre las barreras e incluso la discriminación que enfrentan para lograr un acceso real y efectivo a la justicia.
En virtud de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes estima necesario remitir para su conocimiento y consideración la siguiente información, que resume las principales situaciones expuestas ante esta institución por personas y organizaciones indígenas:
1- En una reunión realizada en Buenos Aires de Puntarenas, el 24 de agosto del 2018, la ex Magistrada Carmen María Escoto Fernández, recibió un sinnúmero de denuncias contra diferentes instancias judiciales por discriminación contra personas indígenas en el trato, atención y trámite de múltiples causas. Según informó posteriormente la Sra. Escoto, todas las denuncias fueron remitidas al Tribunal de la Inspección Judicial; sin embargo, tiempo después, informalmente se indicó que habían sido archivadas y tras el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, que habían sido desarchivadas. Con el propósito de dar seguimiento a la atención de dichos asuntos, la Defensoría de los Habitantes solicitó al Tribunal de la Inspección Judicial información sobre el estado de dichas investigaciones pero la información no fue proporcionada.
2- Mediante oficio N° FGR 298-2018, la Sra. Emilia Navas Aparicio, Fiscala General de la República, en relación con los cuestionamientos que se le han realizado al Juez Jean Carlos Céspedes Mora, indicó que se estaban realizando investigaciones a nivel penal y administrativo, por lo que se trasladaban a la Inspección Judicial las irregularidades señaladas; sin embargo, sobre las investigaciones internas, la Inspección remitió a la Defensoría de los Habitantes un archivo en Excel denominado “Causas Disciplinarias de Pueblos Indígenas”, en el que se incluyen 6 denuncias (una del año 2016, una del 2018 y cuatro del 2019) todas desestimadas y archivadas.
Pese a los reiterados cuestionamientos de los pueblos indígenas por las actuaciones en su contra, y a los vínculos del Sr. Céspedes con personas no-indígenas que ocupan propiedades dentro de los Territorios Indígenas, se ha alegado que por el principio de independencia de los jueces, no puede ser removido o trasladado, ni impedírsele que conozca y resuelva causas indígenas.
Una situación similar ha sido denunciada recientemente en China Kicha, contra la actuación de una jueza, quien –según los comunicados recibidos- acogió un interdicto de posesión dentro de un territorio indígena para pretender desalojar a los indígenas recuperadores de una finca. Con indignación, los habitantes indígenas reclaman el por qué todas las causas agrarias que se mantienen pendientes de resolución no son tramitadas con esa misma diligencia que sí se utiliza en su contra.
3- En varias ocasiones la Defensoría de los Habitantes ha tenido que coordinar con la Contraloría de Servicios del Poder Judicial para que se atienda a habitantes indígenas, como si se tratara de solicitar un favor, porque se han presentado a diferentes despachos judiciales en Buenos Aires y se les ha negado la atención, o los envían de un despacho a otro, sin que exista en la región una instancia judicial imparcial y efectiva donde puedan denunciar estos abusos discriminatorios.
4- Se acusa impunidad judicial, ya que en decenas de denuncias presentadas por agresiones y amenazas contra la integridad y la vida de líderes y lideresas indígenas, no se han realizado detenciones ni se han emitido sanciones contra los autores y partícipes.
Asimismo, pese al tiempo transcurrido, se acusa ausencia de información -incluso a los familiares más cercanos- sobre el avance de las investigaciones de los asesinatos de los líderes indígenas Sr. Sergio Rojas y Sr. Jerhy Rivera, alegando siempre la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones.
5- Algunas instancias judiciales carecen de procedimientos que reconozcan y respeten la identidad cultural de los pueblos indígenas y brinden abordajes interculturales; ejemplo de ello ha sido la protección ofrecida a líderes indígenas amenazados de muerte, a quienes les indican que para protegerlos tiene que abandonar su territorio. Pese a que se han señalado estas deficiencias, no se han tomado medidas para rectificarlas.
6- De manera particular, la Organización Ditsö ha remitido reiteradas gestiones vía correo electrónico a la coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Magistrada Damaris Vargas, pero únicamente ha recibido su comunicación de que fueron trasladadas a las instancias correspondientes, no habiendo ninguna respuesta de fondo, ni seguimiento a la gestión.
Téngase como ejemplo los correos de fechas 24 de marzo y 16 de abril del 2020, mediante los cuales se informa sobre las denuncias por amenazas de muerte contra cuatro líderes de pueblos originarios y se solicita la atención prioritaria a éstas, sin que se conozcan las gestiones judiciales de atención a los hechos denunciados.
Asimismo, la Licda. Vanessa Jiménez, abogada representante de las personas peticionarias ante la CIDH, ha remitido varias gestiones al Poder Judicial y ha señalado que más allá de la intervención de la Magistrada Damaris Vargas remitiendo la información a las instancias respectivas, hay pocas respuestas de fondo. Por ejemplo, en un correo de fecha 19 de febrero del 2020, solicita que se informe ¿cómo los 20 ejes aprobados por el Consejo Superior han impactado positivamente en la protección a la vida e integridad física de los bribri y brörán?
7- Pese a la gran cantidad de disposiciones y circulares tendientes a que se les garantice el acceso a la justicia, las personas y organizaciones indígenas denuncian insistentemente los incumplimientos a dichas medidas, sin que se conozcan esfuerzos del Poder Judicial tendientes a verificar y evaluar su cumplimiento y eficacia.
En esa misma línea, el accionar de la Subcomisión de Acceso a la Justicia ha sido insuficiente en la emisión de observaciones o recomendaciones a las instancias judiciales correspondientes para que se generen las acciones o correcciones necesarias que incidan efectivamente en el mejoramiento del acceso a la justicia. Esto último obliga a revisar las funciones y el alcance de esta subcomisión y, de paso las de otras similares, para fortalecerlas y garantizar así un acceso real a la justicia a todas las personas discriminadas por su condición o situación.
Si bien desde la Subcomisión se han generado procesos de capacitación a funcionarios/as judiciales de la zona de sur, en los que incluso esta Defensoría ha participado como capacitadora, no se percibe un cambio en las actitudes discriminatorias, en parte porque no culminan con una evaluación de los conocimientos adquiridos, ni un seguimiento a la aplicación práctica de los mismos, mediante procesos de evaluación al desempeño del personal judicial.
En virtud de lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes estima oportuno solicitar información sobre los procesos de revisión y valoración integral de las comunicaciones que ha emitido el Poder Judicial sobre los obstáculos y las limitaciones que están enfrentando las personas indígenas en el acceso a la justicia, con miras a rectificar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios (incluso legislativos a instancias de ese Poder) para garantizar a los pueblos indígenas un acceso real a la justicia pronta y cumplida sin discriminación alguna”.
Hoy miércoles 5 de agosto se estará presentando el comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras ngöbe-buglé, firmado por organizaciones sociales y comunidades, así como proyectos, institutos , centros de investigación y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Universidad Nacional (UNA) y el Tecnológico de Costa Rica (TEC). Se transmitirá en el FB del Programa Kioscos Socioambientales UCR, a las 3:00 pm. Para más informes: todoslosderechoslaborales@gmail.com
