De “el día del agricultor” a “el día sin agricultores”
Dany Villalobos, Presidente FECON
En 1968 se declaraba por Ley el 15 de mayo como el “día del agricultor” en Costa Rica. Habían pasado entonces 25 años desde que el Estado asumió el impulso de la producción agrícola, primero con la creación en 1943 de la Junta Nacional de Abasto, que se instituyó para contrarrestar los efectos alimentarios de la 2ª Guerra Mundial y que se convertiría luego en el icónico Consejo Nacional de Producción (CNP).
Pero el reconocimiento histórico de la importancia de los agricultores en la vida costarricense no tardó mucho para comenzar a opacarse. Un nuevo modelo de subdesarrollo se había vendido a los políticos criollos y en 1985 en la Asamblea Legislativa aprobaban el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I), reduciéndoles a los agricultores costarricenses el espacio protagónico que tuvieron durante 42 años en la economía nacional.
El PAE I dictaba que la producción de las tierras nacionales se inclinaría hacia la exportación, beneficiándose los nuevos cultivos con exoneraciones de impuestos, al mismo tiempo que iniciaba la desarticulación de las funciones regulatorias del Consejo Nacional de Producción (CNP), para asemejar los precios agrícolas domésticos con los precios internacionales.
Esto significó el inicio de la caída del campesinado costarricense. Pero también marcó el surgimiento de una nueva fuerza política de corte transnacional en nuestro país. Las oligarquías criollas ya manejaban los negocios del café, banano, carne y azúcar. Sólo le dieron espacio a nuevas industrias agroexportadoras y abrieron el país para que se le comprara a sus socios extranjeros en el agronegocio.
Esto provocó que en el año 2000 se organizaran fuertes protestas de diversos sectores agrícolas, por la crisis económica que les produjo la política de apertura agrícola. Algunos incluso perdían sus tierras por deudas. Varias carreteras del país fueron cerradas simultáneamente, pidiendo la prohibición de importaciones de cebolla, papa y frijol, así como reajustar las condiciones arancelarias para proteger a los productores locales.
Pero a pesar de las salidas negociadas para contener estos descontentos populares, la política de Estado ya estaba definida por la oligarquía. No había vuelta atrás y más bien, en esa década ya se iniciaban las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica. El sector agrícola fue de los principales opositores, pero el 2007 sellaría la suerte económica de muchas familias que sobrevivían de la agricultura y tuvieron que ajustarse a cambios severos al perder rentabilidad sus tierras.
En el 2002, el sector arrocero se intentó acuerpar con la creación de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ). Sin embargo, la gestión de esta entidad no ha sido capaz de soportar las necesidades económicas básicas de los pequeños productores arroceros, que se han ido quedando tirados en el camino mientras Estados Unidos y otros países suramericanos inundan los silos de los agroindustriales con arroz importado a bajos costos.
En setiembre del 2013 vuelven las protestas, esta vez de los productores de frijol, que reclamaban la imposibilidad de competir con los precios de importaciones que el país hacía, por el precio real al que necesitaban vender el quintal para poder recuperar los costos de producción y sobrevivir dignamente. La respuesta de la administración de Laura Chinchilla ante los bloqueos en Pérez Zeledón fue represión con su promesa de campaña: los cuerpos policiales. A la criminalización le sucedió del progresivo abandono y silencio con el tema.
De la agricultura familiar a los oligopolios
En 2020, el proceso acumula un panorama productivo decadente. Una dependencia alimentaria de importaciones que ronda el 70%[1], mientras los campos están plagados de monocultivos para exportación, tradicionales o no. El CNP gestiona el comercio de producción nacional en espacios limitados como ferias y comedores escolares. La agricultura local no encuentra asidero.
Mientras, los índices de desarrollo humano en los cantones agroexportadores del país, donde reinan la piña, el banano y la caña de azúcar, ocupan las posiciones más bajas en señal de que la economía está colapsada por el modelo de libre mercado, cuyas grandes empresas dominantes ofrecen a sus trabajadores salarios de pobreza perpetua y a sus territorios huéspedes contaminación a granel.
La concentración de tierras es una constante. En la industria piñera el 91% de la producción se concentra en sólo 100 de las 1200 unidades productivas[2]. En este tipo de agronegocio, los pequeños productores son los eslabones más vulnerables a perder sus cosechas cuando bajan las demandas y con deudas por inversiones, muchos llegan a perder su tierra. Las grandes transnacionales han aprovechan este tipo de situaciones para aumentar su patrimonio y capital adquiriendo propiedades en riesgo[3].
Sin duda hará falta que los agricultores y agricultoras vuelvan a levantar sus luchas contra el fraude del libre comercio y los encadenamientos oligopólicos. Que las organizaciones comunales exijan políticas de Estado favorables a la producción local de alimentos. Urge recuperar la dignidad económica de los campesinos y campesinas. Sin dar esta lucha, estaremos manteniendo un régimen permanente zozobra e irrespeto hacia derechos humanos básicos, como el trabajo digno y la alimentación adecuada, a cambio de sostener oligopolios mercantiles. Una contrariedad con el espíritu de honra al trabajo agrícola que se estableció el 15 de mayo.
[1] Henry Picado (2020). Comida y pandemia. Publicado en Surcos.
[2] Marco Vinicio Fournier (2020). Algunas precisiones sobre la situación del agro.
[3] Testimonios en La Gloria de Aguas Zarcas (2011).
