La situación de la pandemia ha creado condiciones que favorecen la búsqueda de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, y además, con el fomento de una estructura de mercado solidario, es decir, que promueve la unidad entre empresas productoras para la comercialización, y además, en colaboración con las personas consumidoras. Un ejemplo de ello lo compartimos aquí:
Puede buscar detalles en Facebook como Mercadito Azul.
(11/06/2020) Un informe publicado el 10 de junio, la Unidad de Control de Residuos del Departamento de Plaguicidas del Sistema Fitosanitario del Estado, reporta solamente un 35% de los alimentos analizados está libre de residuos de plaguicidas, mientras que el 65% contienen restos de algún agroquímico.
Además el informe reveló que el 19,5% tiene restos de plaguicidas por encima de la normativa establecida a nivel nacional en el Reglamento Técnico de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Vegetales y el uso de plaguicidas prohibidos (Decreto No 35301-MAG-MEIC-S).
En este informe se analizaron 5.186 muestras de vegetales, frutas y verduras durante el año 2019. De estas 3.482 muestras eran productos con intención de importación (muestras tomadas en aduanas) y 1.704 vegetales producidos en Costa Rica.
Una situación grave es la presencia de moléculas prohibidas en el país encontradas en los vegetales frescos. Por ejemplo el Carbofurán y el Ometoato prohibidos según el Decreto Ejecutivo N° 38713-MAG-S-MINAE-MTSS. El Carbofurán es un insecticida altamente tóxico que genera lesiones en órganos genitales (testículos y útero).
Otro hallazgo preocupante es la presencia de Fipronil, Clopirifos Metamidofós (nombre comercial Tamarón y prohibido en el país) y Cipermetrina en el chile dulce, lo que lo hace junto al culantro y el apio como los vegetales frescos con mayor contenido de residuos.
Algunos de estos agroquímicos han sido cuestionados a nivel global por causar daños en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Es el caso del Clorpirifos, que se ha reportado que tiene efectos en la capacidad de aprendizaje de las personas menores de edad y se encuentra prohibido en varios países del mundo por este motivo.
Además cada vez se reportan más daños causados por el Fipronil, el agroquímico responsable de la intoxicación de 2 millones de abejas en Esparza hace pocas semanas.
Costa Rica importó en 2018 la cifra récord de 18,6 millones de toneladas de ingredientes activos de agroquímicos. Una parte se reexporta hacía Centroamérica, pero la gran mayoría se comercializa en Costa Rica, haciéndonos ganar la fama de país que consume más agrotóxicos por hectárea cultivada.
Las personas agricultoras enfrentan una profunda crisis económica, una de los principales flagelos ha sido en endeudamiento para la compra de insumos agropecuarios. Los cuales según el Ministerio de Economía Industria y Comercio enfrenta serias distorsiones y sobreprecios en la venta minorista de agroquímicos. El MEIC reporta que muchos de estos plaguicidas tienen sobreprecios de hasta un 50% del valor de importación. Es decir, que a los agricultores le cobran precios de usura por los agroquímicos.
Pese a esto no existe iniciativa por parte del Poder Ejecutivo ni para bajar los niveles de contaminación con residuos de plaguicida en la comida, pero tampoco para controlar el distorsionado mercado de los plaguicidas.
Enviado a SURCOS por Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Ecologista (FECON)
Ante la imposibilidad de seguir desarrollando actividades turísticas comunitarias por la pandemia del COVID-19, el pueblo de Barra del Tortuguero invita a la colecta de víveres que se realizará este viernes 12 de junio en al parque de Guápiles.
Puede llevar o enviar su aporte entre 8 de la mañana y 4 de la tarde. En este video de un minuto una representante de la comunidad explica:
Carlos Campos Rojas
Andrés Gilberto Ramírez Víquez, joven agricultor de Tierra Blanca, Cartago, con la rodilla en el cuello y suplicando más tiempo al banco para que el gobierno respondiera con eficacia ante la desgracia de las erupciones del volcán Turrialba. No pudo más. Tomó la decisión más difícil, suicidarse.
Su resuello se acabó cuando el sistema financiero se abalanzó sobre su casa y sus posesiones, porque en estos momentos de emergencia, la persona, la familia y su futuro no cuentan, cuando prevalece solamente la voracidad financiera y el interés de enriquecerse de una mafia política, que hasta ahora se considera inmune e impune. Vienen por todo.
La historia de nuestro país está llena de actos heroicos y demostraciones de que hay capacidades sobradas de gobernantes y personas ciudadanas que lograron construir un tejido social ejemplar, demostrando su condición de estadistas.
De eso muchos hoy no saben, porque la mediocridad decidió enterrarla, cuando la eliminó de la formación cívica y ciudadana del sistema educativo, para llenarnos de burbujas de ensueños, de realidades que no nos pertenecen.
Así, llevaron la producción agrícola a una condición de desprecio, arrebatándoles sus recursos asignados por ley, para repartirlos entre los amigos de los amigos.
Facciones en este gobierno han demostrado de qué están hechos y a lo que están dispuestos, su doble moral y sus actos no se olvidan, son propios de una estrategia de Goebbels y de su discurso: todo por el partido y la patria. Aquí solo algunas perlas.
Una antorcha de la independencia secuestrada para transportarla por vía aérea con la mentira de que quienes se manifestaban pacíficamente en las calles, impedirían su paso. Un teléfono oficial para delatar los maestros que estaban en huelga y actuar en contra de ellos. Una campaña de insultos contra quienes se atreven a disentir de sus ocurrencias. Un ministro de agricultura que lleno de miedo, convoca a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) además de la policía y cierra por primera vez los portones institucionales, para impedir el acceso de los agricultores que se movilizaron, exigiendo que les explicaran por qué su condición productiva es un desastre en un gobierno que dijo que serían prioridad. Un grupo de muchachos en Casa Presidencial con su laptop personal apropiándose por decreto, de nuestros datos personales. Ahora, escudados en un respetable funcionario, cual si fuera un cipayo –enredado por ocurrencias de palacio-, proponen transformar las asociaciones de desarrollo en policías o delatores de quien no acate las órdenes del gobierno, las SS no lo hubieran hecho mejor.
Susan Rodríguez de La Fortuna de San Carlos, una voz fresca, nueva y decidida, tuvo la capacidad de desnudar los jerarcas del Ministerio de Agricultura en una reunión pública.
Miles de productores y costarricenses fuimos testigos de su valía. No se quedó ahí, exigió a la Junta Directiva del Banco Nacional que explicara por qué la Ley 1644 que da origen al Sistema Bancario Nacional y que en su Capítulo VII establece claramente que el 10% de la cartera del Banco debe asignarse a la producción agropecuaria, a través de las Juntas Rurales de Crédito, tuvieron la osadía de incumplirla sin estar derogada. Así dejaron desamparados a los agricultores y campesinos nacionales, para concentrarse en mejores clientes. El video que hizo circular de la conversación sostenida con la ex diputada oficial y ahora privilegiada presidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, es elocuente.
Desde el Banco Nacional han hecho llegar un documento donde, entre otros argumentos fabricados por reconocidos economistas de la Academia Centroamericana, establecen que un pequeño agricultor es aquel que “al menos el 75% del núcleo familiar se dedica a la agricultura”. Es decir, en una familia agricultora de cuatro personas, solo un hijo debe tener derecho al estudio y tal vez a una profesión, el perdedor va al campo a sembrar la comida de los costarricenses, así, con ese etiquetamiento, se valora a quienes todavía siembran la tierra.
La decisión de Andrés Gilberto Ramírez Víquez, es la alerta a una clase política que impunemente se esconde detrás de un muro lleno de fisuras y se resiste sorda y torpemente a establecer un diálogo respetuoso y sincero. Uno que permita construir las soluciones en nuestro país. Donde ya se empieza a poner al descubierto, que la ciudadanía se cansó del autoritarismo, de la impunidad, la corrupción, y la comunicación mediática. Una ciudadanía que se enfrenta a un miedo que nos distancia y una violencia que nos arrebata la libertad.
El llamado a formular un nuevo pacto social, es la urgencia nacional, pues para que haya paz, debe haber diálogo. Habrá disensos, así construiremos consensos, sin miedos, todos de la mano.
La probidad, la transparencia y una ciudadanía que se respeta a sí misma porque conoce su potestad constitucional, la memoria de Andrés Gilberto y la voz de aliento de muchas Susan de este país, serán los pilares de ese nuevo tejido social que urge y que nos sobra la capacidad y las destrezas para lograrlo.
El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).
El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.
Este miércoles vamos a estar analizando las propuestas de este informe y sus implicaciones en la autonomía universitaria, con la participación de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR y de Ana Catalina Chavez Arias, presidenta de la FEUCR.
Será a las 5 de la tarde por los 96,7 fm de Radio Universidad.
Invitan: Escuela de Ciencias Políticas UCR y Kioscos Socioambientales
El grupo de trabajo de CLACSO Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano invita al foro virtual La geografía critica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid·19.
Es hoy miércoles 10 de junio a las 16 horas de Costa Rica.
Vía: Facebook Live
@pensamientogeocriticolalinoamericano
Puede ver el detalle de las personas participantes en el siguiente afiche:
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum solicitó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, que se active la protección para la dirigenvia del recién constituido Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).
Una nota firmada por el secretario general de la CTRN, Mario Rojas Vílchez, señala:
“El pasado 7 de junio de 2020, se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), que lo conforman trabajadores de AMP Terminals y Rada Maersk, entre otras empresas”.
“El sindicato, desde su Asamblea Constitutiva tomó la decisión de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), por lo que desde ya solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar su inmediata inscripción y a su vez autorizarles a sus constituyentes el fuero de protección sindical establecido en la legislación nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT”.
El secretario general del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), Leslie Azofeifa Quintana, explica en este video la situación que viven en su lucha por asegurar sus derechos laborales:
Posicionamiento de las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Declaración.
En el marco de la reunión Retos del sector educativo post pandemia: Encuentro Universitario Ministerial, convocada por la CELAC, se planteó que la propagación del virus Sars CoV 2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y sobre todo humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones estadística s mencionan, a finales de mayo de 2020, más de 6 millones de casos confirmados y una cifra superior a 370 mil muertes, en el mundo. Además, el desempleo afecta a muchos millones de personas, la pobreza aumenta considerablemente y todo ello ha producido miseria y hambre. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.
La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta por la vía de propuestas aisladas. En el seno de cada país, se requerirán esfuerzos colectivos e integrales, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados.
Nadie ninguna persona, institución o empresa deberá quedarse fuera, ni en dar ni en recibir, según sus posibilidades y necesidades, con justicia y equidad.
En la dimensión regional e internacional, una economía interconectada en múltiples aspectos no podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados. La crisis sanitaria demuestra, con absoluta claridad, que la interconexión, en todas las direccione s y latitudes, nos incorpora en una especie de burbuja planetaria, de la cual somos parte.
En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos que abundan en cantidad. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a muchos otros países, y las decisiones que un gobierno adopte tiene repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.
Esta compleja imbricación de países, economías y poblaciones obliga a pensar en que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; a decir verdad, se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.
Es también la hora de la compasión: de identificarnos con el sufrimiento ajeno; y es la hora de la generosidad, y de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento, y de promover soluciones conjuntas que permitan visualizar soluciones a la actual crisis y una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.
Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo con notorias excepciones han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta no es una decisión fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento de cada día.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos, aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
Por otro lado, la propagación del virus ha significado ya un alto precio para la mayoría de los países del continente: el colapso de los sistemas de salud, los cuales deberían ser fortalecido s, no debilitados, para hacerle frente a las demandas actuales y futuras de la pandemia.
Al mismo tiempo, la medida de “quedarse en casa profundiza la crisis social, ejerce una enorme presión emocional sobre las personas y provoca una gran tensión sobre las actividades económicas. Estas circunstancias obligan a que las medidas sanitarias sean acompañadas de garantías básicas para la vida.
La ausencia de esas garantías conduce a la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento social y el hambre. Por esta razón, debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a toda la colectividad.
El mensaje debe entonces ser claro: nos quedamos en casa con el apoyo del Estado y toda la sociedad. Atendemos así las medidas de emergencia sanitaria, el cuidado de la vida de todas las personas, la necesidad de reactivar la economía y de preservar el orden social.
En virtud de lo expuesto, quienes suscribimos esta declaración, rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, reunidos con los representantes de los Estados que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (convocados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, presidente pro tempore de la CELAC, frente a la crisis sanitaria, económica y humanitaria provocada por la pandemia de COVID 19, manifestamos lo siguiente:
Por estas razones, luego del intercambio con los representantes de los Estados latinoamericanos y caribeños, hemos acordado los siguientes compromisos.
La finalidad será contribuir a alcanzar un manejo sustentable de los sistemas socioecológicos.
Exhortamos a nuestros gobiernos y a todas las universidades de la región a apoyar decididamente la construcción de un espacio universitario común para trabajar conjuntamente en la solución de estas problemáticas fundamentales de América Latina y el Caribe, acentuadas por la pandemia.
De manera enfática y respetuosa, solicitamos a los gobiernos de América Latina y del Caribe a crear un fondo especial de investigación científica e innovación tecnológica, con el fin de fortalecer las capacidades de generación y transmisión de conocimiento relevante y pertinente sobre los problemas de nuestra región.
Convocamos a todas las comunidades científicas de nuestros países a dedicar un espacio específico para el análisis profundo de este momento histórico y vislumbrar derroteros novedosos que aporten mayor dignidad a la vida de todos y todas. Con ello, los invitamos a contribuir con libertad a la toma de decisiones acertadas en favor del bienestar social.
Llamamos a crear, activar y fortalecer grupos y redes de trabajo que capitalicen los talentos y fortalezas de nuestras instituciones académicas y científicas para generar soluciones a las diversas problemáticas que se han abierto y profundizado en esta coyuntura crítica.
Es fundamental hacer sinergias entre los sectores público, privado, gubernamental y social para enfrentar decididamente la pandemia y sus lamentables efectos económicos y sociales. Requerimos fomentar coordinadamente una sociedad del cuidado, desde la escala familiar, con economías bajo control social, así como desincentivar actividades ambientalmente peligrosas que agravan la bioinseguridad.
Solicitamos a los gobiernos que alienten el diálogo continental, incluyendo pueblos y comunidades en el nivel local, regional y global como una estrategia primordial de resistencia frente al desgaste social que ha implicado la pandemia y las medidas de mitigación que se han implementado. Requerimos de todo ello con urgencia, con el fin de adoptar estrategias regionales y enfrentar conjuntamente los desafíos comunes.
Nuestras universidades conocen, dialogan, inciden, para transformar la realidad y hacerla más humana, justa, incluyente y sustentable.
5 de junio de 2020
Dr. Enrique Graue W, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia y Presidenta de la UDUAL.
Dr. Henning Jensen, Ex-Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ex-Presidente de la UDUAL.
Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana y Vicepresidente de la Región México de la UDUAL.
Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Vicepresidente de la Región Cono Sur de la UDUAL.
Dr. Marcial Rubio, Ex-Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mtra. Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua) y Vicepresidente de la Región Centroamérica de la UDUAL.
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA).
Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Dra. Miriam Nicado, Rectora de la Universidad de La Habana (UH), Cuba.
Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Testigo de Honor
Mtro. Maximiliano Reyes Zuñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (México).
Hernán Alvarado
Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.
Una chispa podría encender la pradera
El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.
Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.[1]
Un remedio peor que la enfermedad
El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).
Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.
Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?
Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.
No solo es regresiva sino también desproporcionada
Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.
¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?
¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».[8]
Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.
Pero nadie más sordo que quien no quiere oír
No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?
De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).
Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.
Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?
El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?
¿Y cuándo rendirán cuentas?
Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.
Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».
La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».
Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.[11]
[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»
[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/
[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.
[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.
[5] Convenio 102 de la OIT.
[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.
[7] Según CEPAl es de 22,4%.
[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».
[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.
[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».
[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/
Foto: AFUP
Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Martes 9 de junio del 2020.
La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.
En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.
La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.
Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:
Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:
Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.
Foto: https://ojoalclima.com