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Autor: Hector Ferlini Salazar

Negociación con el FMI

Óscar Madrigal

El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.

El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.

Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:

1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.

2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.

El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.

En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.

En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.

El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.

Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.

(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).

Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.

La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.

Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.

¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.

El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.

UCCAEP actúa irresponsablemente, advierten expertos en legislación ambiental

– Perderíamos avances que podrían violentar derechos fundamentales que tenemos en el país.
– Es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales.
– Cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas, la solicitud de UCCAEP sobre el agua es indignante.

(FECON, 16-06-2020) Según expertos en legislación ambiental, llamar “acoso” a la normativa ambiental en el país es inaceptable por parte de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales y Asociaciones de Sector Privado (UCCAEP). Un documento titulado “Pacto por el empleo” contiene una serie de exigencias antojadizas que según dicen buscan la reactivación económica, pero en realidad obedecen a caprichos sin fundamento técnico ni legal que atentan la protección al ambiente.

Para Álvaro Sagot Rodríguez, abogado y docente de la Universidad de Costa Rica, es falso que exista un acoso de parte de las normas ambientales. A los grandes empresarios se le deben de exigir requisitos, no para limitarlos a ellos, sino para pensar en las siguientes generaciones.

El abogado ambiental recordó que existe en la legislación ambiental el principio de no regresión y el principio de progresividad que exige al país a entonar todo el ordenamiento jurídico hacia la protección de los derechos humanos fundamentales.

Para el abogado Isaac Rojas, de COECOCEIBA, Amigos de la Tierra Costa Rica, las solicitudes de UCCAEP son una clara regresión en lo que el país ha avanzado. Por lo tanto esto podría violentar derechos fundamentales que tenemos todas las personas que habitamos en el país.

“En materia ambiental no podemos retroceder. Siempre hay que ir adelante porque estamos hablando de derechos humanos, que tienen que ver con el lugar que habitamos, que tienen que ver son nuestra salud y que tienen que ver también con la salud de los ecosistemas con que nos relacionamos.” Dijo Rojas que además es el Coordinador Internacional del Programa de Bosque y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional.

Rojas señaló que “la flexibilización de la legislación que hace UCCAEP es inaceptable. Así también es inaceptable la solicitud de abrir nuevos negocios, la solicitud de abrir la generación eléctrica que ha demostrado impactos graves en comunidades y ríos de nuestro país.”

Hay que recordar gracias a criterios técnicos y científicos muchas comunidades han logrado echar para atrás varios de estos negocios que iban a seguir atentando contra los ríos, y lo han hecho tanto en sede judicial como ante el Poder Ejecutivo. Tal es el caso del “enjambre hidroeléctrico” que planteaba desarrollar más de 17 represas en la Zona Sur y que gracias a la organización comunitaria y al trabajo de colectivos como Ríos Vivos fueron frenadas.

Además Rojas alertó que “la UCCAEP también está pidiendo la apertura del negocio de los agroquímicos. Cuando se ha comprobado de que el país tiene el deshonroso puesto de ser uno de los países donde se consumen más pesticidas en el mundo, con esto la UCCAEP quiere llevarnos a ser el número uno impactando la salud nuestra y de la naturaleza.”

La UCCAEP también están pidiendo profundizar un modelo anticuado cuando dicen que quieren la apertura del mercado de exploración y explotación de mercado de gas natural. Tristemente estas peticiones en materia ambiental solamente nos enseñan que empresarios como UCCAEP actúan irresponsablemente en una crisis.

A esto Isaac Rojas dijo que: “los empresarios ven la crisis como una oportunidad para profundizar su agenda, para profundizar sus beneficios a expensas de toda la sociedad.”

A propósito del agua

La UCCAEP solicitó en este documento: “Instruir al SENARA para que dicha institución no aumente las tarifas de riego por parte en el Distrito de Riego Arenal – Tempisque.”

Para Oscar Alpízar, abogado ambiental, integrante de Confraternidad Guanacasteca: “no se entiende como la UCCAEP solicita tratos preferenciales en el costo de las tarifas del agua para el sector agroindustrial.”

Alpízar acotó que: “En la actualidad ya estas tarifas son ínfimas e indignantes. Las grandes extensiones agrícolas pagan 0,2 colones por metro cúbico de agua, mientras que el ciudadano paga en promedio 400 colones por metro cúbico. Es decir, cualquier persona paga dos mil veces más por el agua que lo que pagan las grandes empresas.”

https://feconcr.com/uncategorized/expertos-en-legislacion-ambiental-advierten-uccaep-actua-irresponsablemente/

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)

El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

El pago de la deuda como genocidio

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

El Acuerdo de Londres de 1953

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.

¿Hacia qué tipo de sociedad nos quiere llevar UCCAEP? Ver video del foro

La Alianza por una Vida Digna invitó a reflexionar en torno a las vías para lograr solidaridad-social y equidad. Participaron: Esteban Arias Chavarría, politólogo con una maestría en Sociología; Sofía Cortés Sequeira, máster en Historia por la Universidad de Costa Rica; Flora Fernández Amón, empresaria comprometida con la justicia social; y Fernando Rodríguez Garro, integrante del Grupo de Economía Pluralista, académico de la Universidad Nacional, ex viceministro de Hacienda.

La Alianza por una Vida Digna le invita por este medio a dar la lucha cultural, «lucha que es de todas y todos quienes opten por una sociedad basada en la conjunción de valores como la solidaridad, la equidad, la justicia, el respeto a los derechos humanos». Por ello, se le invita a compartir en sus redes y medios este video.

Imagen: https://ajedrezsocial.org

Costa Rica entre el miedo y el odio: hacia la anulación de un sujeto histórico

Guillermo Acuña González*
Sociólogo-Escritor
12 de junio 2020

Recientemente el Instituto Costarricense del Café (ICAFE) en la voz de su directora ejecutiva Xinia Chaves emitió dos señalamientos importantes en cuanto a su proceso productivo actual y el vínculo con los impactos de la crisis sanitaria global.

El primero indica que la cosecha 2020-2021 será “una de las más importantes de la historia”, dada la coyuntura sanitaria global y las circunstancias que afectan todos los ámbitos de la vida misma. El segundo consiste en la convocatoria, inédita en décadas, a la fuerza de trabajo costarricense a incorporarse a la recolección, que este año podría empezar en agosto en su etapa temprana. [1].

En mayo anterior, la misma representante había dibujado tres escenarios posibles con relación a los requerimientos de mano de obra para la temporada 2020-2021[2]: el primero, el optimista, se basaba en contar con la habitual fuerza de trabajo extranjera (fuerza de trabajo migrante de origen nicaragüense y panameña) que por décadas ha soportado sobre sus hombros el peso de la recolección completa desde la etapa temprana hasta su clausura, al promediar el mes de marzo del siguiente año.

El segundo, intermedio como ella misma señala, se caracterizaría por la implementación de una serie de protocolos de seguridad sanitaria para garantizar el concurso de la misma fuerza de trabajo.

El tercero, “el peor”, consistiría en la restricción absoluta de entrada de fuerza de trabajo migrante nicaragüense y panameña, dadas las implicaciones de cierre de fronteras y las disposiciones emanadas por las autoridades de Salud Pública en el país. Este escenario obligaría al sector a tomar medidas de contingencia, entre ellas considerar incorporar una masa trabajadora que hace lustros dejó de interesarse por participar en la actividad, dada su calificación laboral y sus niveles aspiracionales.

Junio llegó y trajo consigo el peor escenario posible, no solo para la actividad cafetalera sino para la población migrante trabajadora en general, que de acuerdo al estudio de OCDE-OIT de 2018, es la responsable en buena medida del 12% de la producción nacional. [3]

Producto del aumento en la detección de casos positivos de COVID-19 en personas trabajadoras provenientes de Nicaragua, ubicadas en actividades como plantas empacadoras y fincas productoras de piña en la zona norte del país, se profundizaron los discursos de rechazo, motivados por el miedo sanitario al contagio, mezclados con una tendencia existente en el imaginario del costarricense a considerar al nicaragüense trabajador pobre como una amenaza para su identidad blanca, homogénea y vallecentralina.[4]

No solo los discursos potenciaron la discriminación. Las prácticas sociales e institucionales también: una directriz emitida por el Área de Salud de Los Chiles, ubicada en frontera con Nicaragua, indica la prohibición de atender personas indocumentadas si no es con presencia policial y de personal de migración[5].

Estos discursos y prácticas señalan la instalación en Costa Rica de una discriminación de naturaleza estructural[6] que amenaza con eliminar simbólica y espacialmente a un sujeto histórico, importante para el desarrollo económico y social del país.

La urgencia por contar con fuerza de trabajo para la cosecha de café 2020-2021 (que inicialmente ha sido estimada por las autoridades de ICAFE en 75.000 personas trabajadoras) ha supuesto la interpelación inédita a la fuerza de trabajo costarricense para que se incorpore a la actividad, obviando que el mercado laboral costarricense ha adquirido desde hace bastantes décadas una característica de segmentación, consistente en la ocupación de fuerza de trabajo migrante en sectores específicos de la economía local.

Este proceso, además, ha aniquilado del discurso social e institucional la referencia a esa población trabajadora migrante, habitual y necesaria. En el caso del migrante nicaragüense, el recurso a la apelación a su cuerpo enfermo y expuesto como amenaza biológica y sanitaria, opera en el imaginario de buena parte de costarricenses como una fuente natural de miedo, que fácilmente deriva hacia otros sentimientos o estados emocionales. En el caso del migrante indígena panameño el proceso es peor, porque ni siquiera se le nombra o referencia, invisibilizando en ambos casos su existencia como sujeto histórico.

La psicoanalista Marie France Brunet en el libro El odio y la clínica psicoanalítica actual (Pólvora Editorial, 2020) señala que el odio surge como síntoma en el racismo y la xenofobia, entre otros males sociales.

El otro, el extranjero, a través de sus rasgos de diferencia y especificidad, pero también de amenaza, de enfermedad, asusta y crea en los demás mecanismos de reacción y rechazo, como los experimentados en estos momentos en la sociedad costarricense. Se produce así, el proceso de anulación del otro como una forma de destruirlo, eliminarlo simbólicamente[7].

En el caso específico de los actuales discursos contra la migración laboral nicaragüense, dos aspectos importantes explican su rápida difusión social en medio de la coyuntura.

El primero, vinculado con una matriz histórica de superioridad biológica que el costarricense ha construido para diferenciarse de los otros, motivada por el proyecto oficial de blanqueamiento de la población en el proceso de construcción del estado nación[8].

El segundo, la construcción de una espacialidad riesgosa, que en este caso se ubica en las narrativas sobre la frontera con Nicaragua. La construcción de una espacialidad que explicara el origen de la Pandemia fue determinante a inicios de la misma y determinó rápidamente la construcción global de discursos de peligro y responsabilización[9].  Lo mismo opera con la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como recurso retórico, pese a que los casos se siguen presentando en otros lugares del país.

Esta acción ha supuesto por ejemplo, que comunidades ubicadas en esa espacialidad fronteriza muestren su oposición a recibir personas migrantes identificadas como positivas con el virus en una acción absolutamente opuesta a la supuesta solidaridad y hospitalidad que ha caracterizado la identidad social costarricense. Al mismo tiempo, el tono de los discursos, su acento, ha estado puesto sobre la persona migrante y no sobre las empresas que les contratan en condiciones laborales y sociales deficitarias.

Los rasgos de individuación y ausencia de cooperación como consecuencia de las respuestas estatales ante la pandemia a través de cierre de fronteras, ordenamiento de cuarentenas y aislamiento social, han supuesto un resultado que quizá sea igual o más profundo que los efectos sanitarios de la pandemia: la deconstrucción de convivencias sociales y las confianzas colectivas, colocando en el otro extranjero pobre y vulnerable toda la carga de esos procesos de desestructuración.

Es urgente la tarea inmediata a revisar los discursos y las prácticas sociales contra las personas migrantes trabajadoras. No solo por que lesionan su dignidad y la de sus familias como seres humanos, sino porque al eliminar simbólicamente ese sujeto histórico mediante la invisibilización y el rechazo, potencian en el corto plazo la búsqueda de otros chivos expiatorios que bien podrían ser ubicados al interior mismo de la sociedad costarricense, provocando una polarización más profunda que la ocasionada por el escenario socio político del país de los últimos 20 años. Personas Jóvenes, desempleadas, sin acceso a estudio, podrían ser eventualmente erigidas como ese nuevo otro social que tanto necesita la sociedad costarricense para construir su identidad.

Es necesario reconocer ese otro sujeto histórico, vincularse a su biografía y sus necesidades, asumirlo como persona con deberes y derechos que lo integren formal y prácticamente a nuestra experiencia cotidiana. Solo así nacerá una sociedad nueva, sin tanto odio y temor como política de las relaciones humanas. Sustituyamos esos rasgos por el afecto. El escenario nos desafía a intentarlo.

* Sociólogo y escritor costarricense. Investigador del Programa de Investigación Migración, Cambio Social e identidades, de IDESPO-UNA. Premio Nacional de Ensayo Aquileo J. Echeverría 2019 con ensayo: “Déjennos pasar: Migraciones y trashumancias en Centroamérica”. Editorial Amargord, España.

[1] Xinia Chávez, Presidenta Ejecutiva ICAFE. Entrevista edición meridiana Telenoticias, 11 de junio de 2020.

[2] ICAFE prepara posibles  escenarios para que crisis sanitaria no afecte cosecha 2020-2021. En www.columbia.co.cr recuperado el 12 de junio de 2020.

[3] OCDE-0IT. (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica, Éditions OCDE, París,
http://dx.doi.org/10.1787/9789264303867-es.

[4] Ver referencias sobre estas construcciones imaginarias y discursivas en textos como Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso    filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul; Alvarenga, Patricia. (2005). La identidad amenazada. Los costarricenses ante la inmigración nicaragüense.  En https://ccp.ucr.ac.cr/noticias/migraif/pdf/alvarenga.pdf. Recuperado el 12 de junio de 2020; Sandoval, Carlos (2002) Otros Amenazantes. Los nicaragüenses y la formación de identidades nacionales en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial UCR.

[5] Directriz DGASLCH-00126-2020. 29 de mayo de 2020.

[6] Pelletier, Paola (2014).  La discriminación estructural en la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34025.pdf  Recuperado el 12 de junio de 2020

[7] El odio nos toca la puerta. En www.ciperchile.cl.  Recuperado el 12 de junio de 2020.

[8] Jiménez Matarrita, Alexander. (2002). El imposible país de los filósofos: el discurso        filosófico y la invención de Costa Rica.  San José, Costa Rica: Editorial Perro Azul

[9] Lois, Marie (2020). Los estados cierran sus territorios por seguridad…pero los virus están emancipados de sus fronteras. En Geopolíticas, revista de estudios sobre espacio y poder. https://dx.doi.org/10.5209/geop.69370

La carreta delante de los bueyes

Guillermo E. Zúñiga Chaves

“Quienes hoy vivimos en este país y tomamos decisiones, estaremos a la altura de las circunstancias en la medida en que reconozcamos nuestra pluralidad, nuestra multiplicidad de representación y que logremos superar la crisis emanada de la pandemia, al mismo tiempo que renovamos nuestro pacto social y modernizamos el Estado Social de Derecho. A esa tarea debemos abocarnos a trabajar en unión.” (Carlos Alvarado, 4 de mayo de 2020)

Un llamado a la unión, que reconoce la pluralidad, que se compromete con la renovación de nuestro Pacto Social y la defensa del Estado Social de Derecho. Este esfuerzo común definirá el derrotero del desarrollo nacional, que deberá ser incluyente, progresista modernizante.

A GRANDES MALES, GRANDES REMEDIOS. Se trata de aprovechar la crisis para salir robustecidos como país, como sociedad. La Reforma Social del siglo pasado se gestó y negoció en medio de la crisis económica provocada por la Segunda Guerra Mundial. El Pacto Social que nos ha guiado terminó de suscribirse con la fundación de la Segunda República, que retomó aquella Reforma y profundizó en muchos otros campos que trajeron bienestar. Fueron respuestas a los acomodos económicos, sociales y políticos que se vivieron.

EL CONVENIO CON EL FMI. Yo mismo insistí en que había que “pedir ficha” rápido con el Fondo. Y nos dieron un préstamo de cerca de US$500 millones para atender la emergencia. El 18 de abril en este mismo espacio, a propósito de esa primera transacción decía: “Hay que hacer una buena negociación con el Fondo… Por eso, guardarse espacios hoy para lo que viene, es fundamental. Que no se pretenda dejar amarrado el futuro del país.”

Los primeros informes fueron que ese préstamo no tenía condiciones. Un exministro habló que éramos soberanos. Poco a poco nos fuimos enterando que los negociadores sí habían hecho ofertas: vender activos, aumentar impuestos, bajar gastos. (Extraído de un reporte que hace el FMI). Luego las autoridades empiezan a decir y a desdecirse. Esto crea un espacio para que aparezcan las voces que anuncian que vienen desde “ajustes dolorosos”, “ajustes a la fuerza”; (otros antes habían recetado “patadas”) hasta los que dicen que el FMI dictará la hoja de ruta. ¡Estos son otros cien pesos!

CON EL FMI SE NEGOCIA. Igual que una compañía, cuando va a un banco a negociar una restructuración financiera, quiere demostrarles que conoce bien su actividad, que sabe por dónde crecerá, presenta un rediseño administrativo y estratégico del negocio, en fin, muestra que está en control de la empresa, una cosa parecida tiene que hacer el país antes de sentarse con el FMI. Esa definición de la Costa Rica del largo plazo es la que debemos diseñar con el nuevo Pacto Social. Cuanto más rápido actuemos, más rápido evitaremos la crisis social que se está gestando. Si no lo hacemos pronto, nos corremos el riesgo que esos vacíos en las definiciones sean llenados por los que tienen más fuerza, más influencia, más apoyos mediáticos, o más poder político.

Un acuerdo nacional incluye reformas en lo productivo, lo social, lo financiero, la administración del Estado, las cuentas fiscales, lo monetario, los aportes sectoriales, la educación del futuro, en fin, es una visión amplia y compartida de los próximos 25 años o más. Debe incluir también, la definición de un nuevo Pacto Fiscal, donde se repartan las cargas y beneficios del Acuerdo Nacional.

Esto es lo que hay que preparar antes de ir al Fondo. De otra forma, nos arriesgamos a que unos cuantos, negociando con el Fondo, nos impongan su visión. Se perdería la oportunidad de oro de relanzar a Costa Rica. Ya el Ministro de Hacienda anunció en la Asamblea que en 4 semanas estaremos negociando con el FMI. Y ahí se estaría comprometiendo el futuro. Si se firma primero con el FMI, ¿qué acuerdo nacional habría después? ¿Amarrado?

CONCLUYO. Costa Rica ha sido reconocida por su manejo de la crisis sanitaria. Daríamos otro ejemplo si tenemos la capacidad de construir un acuerdo nacional para enfrentar los retos del desarrollo, en medio de la pandemia. Hasta ahora el Ejecutivo no ha dado el paso, ¿qué espera la Asamblea que esta semana ha andado activa poniendo condiciones?

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog https://notasaltema.blogspot.com/

Autonomía constitucionalmente garantizada

Walter Antillón

En noviembre del año 1158, por designio de Federico I Barbarroja, al término de la Segunda Dieta Imperial de Roncaglia fue promulgada la Constitutio Authentica Habita, que prohibió a las autoridades civiles y eclesiales de la Ciudad de Boloña someter a juicio a los estudiantes y los profesores de la Universidad. ¿Llegó a intuir entonces el astuto Hohenstaufen que aquella inmunidad concedida al Studium Generale de Boloña iba a ser providencial en el mundo del futuro? Se dice que su intención era fortalecer el pensamiento laico, frente a la opresiva influencia de la Iglesia (¿). Lo cierto, en todo caso, es que rápidamente la medida se propagó a las Universidades de París, Oxford y otras; y pasados tantos siglos, un invaluable resabio del viejo privilegium fori lo encontramos en la Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 84, que dice:

‘LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ES UNA INSTITUCIÓN DE CULTURA SUPERIOR QUE GOZA DE INDEPENDENCIA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DE PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR DERECHOS Y CONTRAER OBLIGACIONES, ASÍ COMO PARA DARSE SU ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO PROPIOS. LAS DEMÁS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DEL ESTADO TENDRÁN LA MISMA INDEPENDENCIA FUNCIONAL E IGUAL CAPACIDAD JURÍDICA QUE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (…) EL ESTADO LAS DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO Y COLABORARÁ EN SU FINANCIACIÓN’

La redacción del texto constitucional, debida a la pluma de Fernando Baudrit Solera y Rodrigo Facio Brenes, dos fervorosos universitarios y connotados juristas, responde a su clara visión del papel rector y soberano que la Universidad estaba y está llamada a jugar en la conformación cultural y política del País.

En su voto 2008-013091, la Sala Constitucional se ha referido a las Universidades Públicas diciendo que:

“…están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto-determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio. Tienen poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden auto-estructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal…”

Y acerca del fin de la autonomía universitaria, la Sala dijo:

“…La autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores. En ese sentido la Universidad no es una simple institución de enseñanza (…), pues a ella corresponde la función compleja, integrante de su naturaleza, de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes y las letras en su máxima expresión, analizar y criticar, con objetividad, conocimiento y racionalidad elevados, la realidad social, cultural, política y económica de su pueblo y el mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y por ello en el caso de los países subdesarrollados o poco desarrollados como el nuestro, servir de impulsora a ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles (espiritual, científico y material), contribuyendo con esa labor a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse … en los de la democracia, el Estado Social de Derecho, la dignidad esencial del ser humano y el ‘sistema de libertad’, además de la paz (artículo 12 de la Constitución Política) y la Justicia (41 ídem); en síntesis …que la Universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido …” (Tomado de J. Córdoba y A. González: Constitución Política de la República de Costa Rica concordada y con jurisprudencia de la Sala Constitucional; IJSA, San José, 2010; pág. 415. Las negritas en el texto son mías).

Entre los filósofos del Constitucionalismo actual (Pizzorusso, Ferrajoli, Häberle) se ha venido perfilando cada vez con más claridad la idea (embrionaria en la Polis griega y en la República romana) de la necesidad de realizar una distinción entre las funciones y las instituciones esenciales del Estado moderno, esto es: funciones e instituciones de Gobierno y funciones e instituciones de Garantía (contra-poderes) (1).

En efecto, las constituciones modernas diseñan cada vez más cuidadosamente los Contrapoderes de Garantía para controlar y detener la influencia de los grupos políticos dominantes (y de los grandes intereses económicos que a través de ellos buscan imponer sus decisiones y determinar nuestro destino) sobre los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Aquí menciono dos de esos contra-poderes: i) El Poder Judicial, como Contra-poder del Derecho, para realizar el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de las actuaciones de los poderes políticos y fácticos; y ii) La Universidad, como Contra-poder del Saber, para garantizar la presencia de una conciencia crítica informada en la sociedad, que conjure las tramas ideológicas deshumanizantes y anti-democráticas.

En cuanto al Poder Judicial, en Costa Rica ha existido desde antiguo una grave tara institucional de funcionamiento: los magistrados de la Corte Suprema son nombrados por la Asamblea Legislativa, órgano controlado por las cúpulas políticas ligadas a su vez con la oligarquía nacional y transnacional; y en razón de esa falla, desde hace un tiempo se ha venido afinando la maquinita de nombrar magistrados ‘amigables’ con los intereses de la Alta Política, quienes han respondido con docilidad a dichos intereses, sobre todo en los sectores más estratégicos: a) la Sala Constitucional, para hacer pasar sin ningún rasguño un gigante jurídico erizado de inconstitucionalidades como el TLC, y un adefesio jurídico preñado de autoritarismo como es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas; y b) la Sala Penal, para inmunizar a los políticos contra los procesos penales, como ocurrió con el prevaricante “archivo de la causa” a favor de Otto Guevara, Johnny Araya y otros, por parte de los magistrados Chinchilla, Ramírez, Arias y Gamboa. Para decirlo en términos de extrema mesura, el necesario, urgente contra-poder de la Justicia está severamente minado en CR., con frecuente violación de los derechos que nuestro PUEBLO tiene al bienestar, a la Institucionalidad y a la Justicia (2).

Estando así las cosas, ahora la Bestia de la Ilegitimidad arremete de nuevo, para tratar de abatir el contra-poder que nos queda: el contra-poder de la conciencia, que es la Universidad Pública: conciencia lúcida de la Patria, como la llamó el Rector Claudio Gutiérrez. Husmea afanosamente en las murallas de la Constitución en busca de una grieta, una oculta poterna que le permita penetrar y destruir la autonomía universitaria, para imponer en nuestra Alma Mater la visión economicista y enajenada que predomina en aquellos cambalaches: expendios generosos de títulos que se atreven a usar el nombre de ‘universidad’.

Como el derecho a la salud y a la justicia, como el derecho al pan de cada día, el pueblo tiene un derecho fundamental a la formación de su conciencia crítica (a través del conocimiento y la sensibilidad humanistas que sólo puede procurarle una Universidad autónoma y libre de interferencias), porque necesita avanzar hacia formas más plenas de la democracia.

Autonomía y seguridad económica: la auténtica Universidad necesita la autosuficiencia económica, cónsona a su esfera de autonomía funcional y organizacional, para cultivar libremente la academia que fecundará las mentes, las sensibilidades y los conocimientos de los hombres y las mujeres, futuras portadoras de lucidez: ambas garantías están por ahora resguardadas tras el bastión de la Constitución. Pero ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde se atreverán a llegar los profanadores?

Los toques de alarma están dados. Nuestro deber imperativo es entonces sacudir fuertemente la conciencia de los ciudadanos: llamarlos a defender esa Constitución y esa Universidad que son la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos.

(1) Alessandro Pizzorusso: Lecciones de Derecho Constitucional; CEC, Madrid, 1984; tomo II, pág. 9); Luigi Ferrajoli: Principia iuris, I, p. 822 y passim. Trotta, Madrid, 2007; Peter Häberle: El Estado Constitucional; Unam, México, 2003; pág. 165 y sigtes.

(2) De mi cosecha: El Poder Judicial. Crónica de una debacle; IJSA, San José, 201

La crisis del Covid en Costa Rica: una reflexión desde la geografía crítica

José Antonio Mora Calderón
Alberto Gutiérrez Arguedas

El presente documento es resultado de las reflexiones expuestas en el Foro “La geografía crítica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid-19”, realizado el 10 de junio de 2020, en el marco del Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (GT-PGCL) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Como tal, el texto está estructurado en forma de una secuencia de ideas, a partir de las tres cuestiones/interrogantes que fueron levantadas en dicho Foro: (1) ¿Cómo ha sido la respuesta de cada gobierno? (2) ¿Cuál es el contexto político y las presiones económicas que enfrenta cada gobierno y cómo se complejiza en esta coyuntura? y (3) ¿De qué forma la geografía en general y la geografía crítica en particular contribuye o puede contribuir a enfrentar esta crisis?

  • 1) Respuesta del gobierno/Estado costarricense
  • Desde el punto de vista meramente técnico-epidemiológico, la respuesta del Estado y la sociedad costarricense para contener la pandemia del Covid ha sido bastante eficaz y satisfactoria. Los números así lo revelan: 1.375 personas infectadas y 11 personas fallecidas -al 9 de junio-. Un dato revelador es el hecho que han muerto casi el doble de costarricenses en Estados Unidos (20), que dentro del territorio nacional. No obstante, en la última semana (1-7 junio) se ha visto un aumento inusitado de los casos, localizados principalmente en la Zona Norte, asociado a los enclaves agroexportadores. Vale aclarar: a pesar de que los números son en apariencia “buenos”, no queremos ser fríos y restar importancia a esta situación, pues la misma ha provocado sufrimiento a cada una de esas personas afectadas y sus familias.
  • Las medidas tomadas por el gobierno, y especialmente ordenadas desde el Ministerio de Salud, han buscado aminorar la cantidad de casos, evitar el llamado contagio comunitario, y al mismo tiempo desacelerar la velocidad de propagación del virus, con el fin de que el sistema de salud no colapse. Estas medidas han sido el teletrabajo en el sector público, cierre de escuelas, colegios y universidades públicas trasladando la educación a una modalidad virtual, la cuarentena voluntaria, así como la obligatoria para las personas que han venido del extranjero durante el estado de emergencia, el cierre de playas, parques nacionales y parques urbanos y metropolitanos, cierre de bares y espacios de confinamiento como teatros y cines, restricción vehicular y partes sanitarios, y otros.
  • Otro aspecto a destacar en esta coyuntura es la propuesta realizada por el gobierno de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud -OMS-, para crear un repositorio de acceso público en donde se faciliten conocimientos y tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del Covid. Si bien es una iniciativa admirable, el peso político que esta puede tener es bastante limitado, tomando en cuenta el papel de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo.
  • El principal factor que explica este “éxito” es la existencia de un sistema público de seguridad social aún bastante sólido y funcional, a pesar del debilitamiento que ha sufrido durante cuatro décadas de neoliberalismo, lo cual demuestra su enorme resiliencia. Han tenido un papel protagónico, en primer lugar, la Caja Costarricense del Seguro Social -CCSS- y el Ministerio de Salud, pero también, todo un conjunto de instituciones públicas solidarias (Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, universidades públicas, Fábrica Nacional de Licores -FANAL, encargada de la producción de alcohol en gel-, Consejo Nacional de Producción -CNP-, entre otros).
  • En ese sentido, uno de los aprendizajes y lecciones más claros que nos deja esta crisis es la importancia de defender las instituciones públicas, las cuales han sido víctimas de hostigamiento y de un ataque fraudulento y sistemático por parte de los grupos de poder político-económico, que abogan por su privatización. Todas las instituciones mencionadas anteriormente sufren graves desequilibrios financieros, así como un deterioro de su imagen en la opinión pública.
  • 2) Contexto político y presiones económicas
  • La crisis sanitaria del Covid ocurre en un momento de profundización del modelo neoliberal en Costa Rica. A diferencia de otros países de la región, en Costa Rica el proceso de neoliberalización no se ha caracterizado por “políticas de shock”, sino por una implementación gradual y progresiva durante casi 40 años, con algunas fases de aceleración, como la que vivimos actualmente. Otros ejemplos pueden ser los tres Programas de Ajuste Estructural (1985, 1989 y 1995), así como la firma del TLC con Estados Unidos (2008).
  • Como antecedente político más inmediato, tenemos la aprobación de una reforma fiscal de clara vocación regresiva, en 2018. Dicha reforma fue impuesta por el gobierno actual de forma vertical y autoritaria, a pesar de la masiva oposición por parte de diferentes sectores sociales. Entre algunas de sus medidas más cuestionables está la regla fiscal (que abre las puertas a recortar e inclusive cerrar instituciones públicas) y el Impuesto al Valor Agregado -IVA- (que recarga sobre la base social el mayor peso de la recaudación fiscal), al mismo tiempo que perpetúa privilegios fiscales sobre grandes capitales y no corrige los graves problemas de evasión y elusión.
  • Por detrás del “éxito” en la contención de la pandemia, se esconde un escenario social y económico muy preocupante, el cual se ha visto agravado y profundizado por esta crisis. Costa Rica ya está dentro de los diez países con mayor desigualdad en el mundo (el 20% más rico percibe 13 veces más ingresos que el 20% más pobre); el desempleo ha alcanzado uno de sus máximos históricos (12,5%) y apunta a seguir creciendo; hay una precarización económica y laboral acelerada (47,1% de la población económicamente activa en el sector informal), retroceso en derechos laborales; así como profundas asimetrías territoriales y regionales.
  • Los impactos económicos suscitados por el Covid han recaído mayoritariamente sobre aquellos sectores que ya, de por sí, estaban precarizados: pequeños productores y comerciantes, trabajadorxs informales, trabajadorxs del sector privado (el turismo sufrió un fuerte golpe), mujeres, jóvenes, entre otros. Cada vez más, importantes segmentos de la población enfrentan grandes dificultades y angustias para satisfacer sus necesidades básicas, de alimentación, vivienda, trabajo y acceso a servicios. En muchas comunidades, rurales y urbanas, el hambre toca la puerta (encuesta reciente revela que una de cada tres personas se ha visto en la necesidad de disminuir tiempos de comidas).
  • Al mismo tiempo en que destacamos la importancia del Estado Social y las institucionalidad pública, criticamos el abandono histórico y sistemático que ha sufrido un conjunto de grupos sociales subalternos, por parte de ese mismo Estado. Campesinxs, pescadorxs, comunidades indígenas y afrodescendientes, población migrante y refugiada, entre otras, han sido víctimas de exclusión y violencia estructural por décadas, y hoy, son algunos de los grupos en condición más vulnerable frente a la pandemia. El reciente brote de Covid en los enclaves agroexportadores -cuya mano de obra es mayoritariamente migrante- es clara muestra de ello.
  • Es precisamente a partir de estos grupos en condición de subalternidad que vemos algunas de las estrategias y alternativas más interesantes para encontrar salidas a la crisis social, económica y política del Covid. Frente al abandono y exclusión histórica, agravada en la coyuntura actual, se fortalecen los vínculos de solidaridad y reciprocidad, el autocuidado comunitario, muchas veces al margen del Estado, e inclusive, del mercado. Las comunidades fortalecen sus vínculos con el territorio, en busca de garantizar la reproducción de la vida.
  • En la coyuntura actual, el gobierno -y el Estado en general- se ha visto sometido a fuertes presiones por parte de grupos de poder político-económico. Si bien las medidas de contención de la pandemia han sido bastante eficaces, pareciera que hay sectores sobre los cuales el Estado prácticamente no tiene poder de injerencia, como el agronegocio. Las clases dominantes buscan aprovechar el estado de excepción provocado por la crisis del Covid para profundizar aún más el modelo, como quedó evidente en el documento publicado por Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado -UCCAEP- el pasado 5 de junio, titulado “Un pacto por el empleo”, en donde abogan, de manera cínica y autoritaria, por la eliminación y flexibilización de regulaciones laborales, fiscales y ambientales, para “reactivar la economía”.
  • 3) Aporte de la geografía crítica para enfrentar la crisis
  • La geografía crítica puede ayudarnos a visibilizar la centralidad del territorio como parte de la construcción de un modelo de organización societeria alternativo. Ha quedado en evidencia la grave vulnerabilidad de tener una economía tan liberalizada y abierta a los circuitos de acumulación globalizados (por ejemplo, el agronegocio y el turismo), por lo tanto, es un momento oportuno para problematizar este modelo y apostar en otros usos del territorio, buscando una mayor equidad social, autonomía y justicia ambiental, “desde abajo y hacia adentro”. Propuestas como la agroecología y la economía social solidaria toman fuerza y se muestran como horizontes alternativos posibles. La soberanía/autonomía alimentaria es fundamental.
  • No obstante, creemos que a pesar de lo central que se ha vuelto el territorio para comprender y pensar en alternativas, la discusión de pensar la pandemia desde la lógica del territorio de gobernanza (Estado-nación) también puede invitar a fortalecer los nacionalismos, queriendo compararse con otros países. Esto puede llevar a que se pierda la perspectiva crítica en cuanto a la construcción social e histórica de los territorios, las territorialidades y los estados-nación. Pensamos esto porque nos preocupa el aumento del discurso de odio, xenofobia y chauvinismo, que se está dando en Costa Rica, por el aumento de casos en la Zona Norte.
  • Las escalas geográficas han cambiado enormemente a partir de esta pandemia. En este contexto, hablar de conceptos básicos de la Geografía como desplazamientos, distancias y localizaciones se vuelve un enorme reto, principalmente por el aumento del uso a los mecanismos digitales de comunicación. Además de ello, el confinamiento ha implicado desde doble a triples jornadas de trabajo en las mujeres, y esto no se puede naturalizar. La gigantesca ola de desempleo que desató esta pandemia tiene y tendrá repercusiones sociales que aún no logramos imaginar. La violencia y el consumo de alcohol en las casas se ha disparado y en general han cambiado muchísimo las escalas desde donde la gente está produciendo y reproduciendo su vida, en la medida de sus posibilidades. Por todo ello, nos surge la pregunta de cómo será la actual Geografía del Confinamiento en medio de esta pandemia. ¿Cómo podríamos cartografiar más allá de los casos activos por cantón, sino más bien lograr evidencias todas estas otras dinámicas sociales que se han desarrollado?

Los Juegos del Hambre: Edición Frontera Norte

Los diseñadores del juego no me quieren muerto.
No aún, de cualquier manera.
Juegos del Hambre – Suzanne Collins

Luis Andrés Sanabria Zaniboni*

Bienvenidas y bienvenidos a la 77 edición de los Juegos del Hambre, tenemos el paradisíaco escenario de la frontera con una amenaza viral de fondo, oficiales armados recorren la frontera, entradas clandestinas y puntos ciegos ofrecen la emoción para las y los espectadores, les prometemos un evento sin igual… ¿parece ciencia ficción? Hoy los medios de comunicación dominantes nos ofrecen esta cobertura sobre la zona fronteriza con Nicaragua. Nos atreveremos a preguntarnos ¿Quienes le sacan partido a la xenofobia?

Resulta lógico según las voces de estos medios culpar a una oleada de migración sin control, que ingresa por puntos ciegos en la frontera, ante lo cual hay una necesidad por incrementar las fuerzas policiales, para contener y deportar a estas personas indocumentadas, intrusos en territorio nacional. Concluyen que cualquier medida para la defensa será necesaria.

Ahora que ya hemos colocado lo que muchos quieren leer, démonos el momento de pensarlo otra vez, partamos de un criterio simple, el coronavirus no tiene patria, en estos momentos su contagio responde a la presión del movimiento de las personas.

Acaso podríamos argumentar ingenuamente que la zona norte del país es ajena a la estancia de personas nicaragüenses, pues no, además estas personas son empleadas en las actividades agrícolas presentes ahí, y si sumamos como dato anecdótico que muchas de esas labores son cultivos “estrella” para la cámara de exportadores, podríamos mirar con recelo y preguntarnos ¿Por qué estos empleadores no salen en defensa de sus trabajadoras y trabajadores? ¿Será que les beneficia su invisibilización?

Por otro lado, negar la atención sanitaria y médica a las personas migrantes hasta que estén las autoridades policiales y migratorias presentes ¿será un buen camino? ¿Qué un esquema de atención al migrante puede quebrar la CCSS? detengámonos aquí. ¿Acaso el coronavirus se suspende bajo la tenencia o no de la documentación migratoria? Con este último asistimos a un sinsentido.

No es la criminalización del migrante el mejor camino para atender la pandemia del Covid19, son las medidas sanitarias para las personas que deben primar en la gestión del territorio, sea cual sea. Tal vez digan, pero es una oleada de personas, casi una “invasión”. Lamentamos decirle que los seres humanos no son los culpables, a la persona migrante se le protege y acoge, y las autoridades deben responder en el marco de los derechos humanos.

Pregúntese lo siguiente, si el Coronavirus no tiene patria, los esquemas regionales serían la prioridad para la gestión de la pandemia, ya se presionó por una gestión regional para el transporte de mercancías, pero para la movilidad de las personas no hay nada equivalente, y ni se preocupan por tal.

Así que si desean ver los culpables de una expansión de la pandemia, culpe a las autoridades de su país y de la región a la que pertenece, ningún país se salva sólo y mucho menos fronterizos, observe los intereses que los mueven y las razones que esgrimen, también culpe a los deudores de la Caja y a los empleadores de la región por no garantizar la seguridad sanitaria para trabajadoras y trabajadores.

Hoy ante el riesgo real que vivimos con el Covid19, no merecemos prácticas leoninas de sectores productivos que miran para otro lado para resguardar la precarización laboral que engorda sus bolsillos, ni los espectáculos baratos de patrullajes fronterizos, ni mucho menos la suspensión de derechos.

Lo que debemos aspirar y exigir es la responsabilidad por una gestión adecuada de la migración humana, sistemas de atención sanitaria y laboral apropiados y oportunos. El Estado Social de Derecho se caracteriza por su capacidad de ampliación y no por su reducción.

Es así que sigue la tarea pendiente por trabajar en la implementación de esquemas para atención de las personas migrantes solidarios e inclusivos, por el momento seguiremos con la triste y egoísta apuesta de estos Juegos, rogando que la suerte esté siempre de nuestro lado.

* Ciudadano

Mujeres en Acción propone justicia fiscal para enfrentar la crisis

MUJERES EN ACCIÓN PROPONE:
CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA ÚNICA A GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES Y GRANDES EMPRESAS TERRITORIALES: JUSTICIA FISCAL PARA ENFRENTAR LA CRISIS

¿Quiénes somos?

MUJERES EN ACCIÓN (MeA) es una articulación feminista que surge a la vida pública en el año 2018 para defender los derechos conquistados hasta entonces por las mujeres costarricenses en su búsqueda de la igualdad real frente a las amenazas conservadoras que emergieron en la campaña electoral presidencial de ese año. Desde entonces MeA ha continuado activa no solo en la defensa y promoción continua de los derechos humanos de las mujeres, sino también en el debate sobre las políticas públicas y el devenir de la sociedad costarricense en su conjunto que apreciamos en disputa permanente frente a la agenda neoliberal.

La tendencia decreciente de la economía -profundizada por la suspensión obligada de muchas actividades económicas – y la condición de desigualdad social preexistente en el país antes de la crisis sanitaria – amenazan con profundizar la pobreza de las mujeres y de la población en general y el desfinanciamiento del Estado, incluyendo los programas sociales.

Frente a ello es urgente una gobernanza fiscal que ejerza derechos y obligaciones bajo un contexto de justicia fiscal. Hasta ahora las respuestas brindadas tienden a recargar el costo de la crisis económica en la población contribuyente, principalmente trabajadora, y en el redireccionamiento de los presupuestos de las instituciones públicas. Estos recursos no solo son insuficientes sino que se agotan rápidamente frente a una crisis que se avizora larga, además de que también ponen en números rojos la continuidad de programas de desarrollo nacional de corto y mediano plazo. El ejemplo más concreto es la pretensión de utilizar los fondos de FONATEL, destinados a la reducción de la brecha tecnológica y de comunicación, para fines diferentes sin que a la vez se identifiquen recursos de recapitalización.

Como se ha dicho, la atención urgente de la crisis sanitaria ha implicado, a la fecha, un peso adicional sobre los presupuestos institucionales – principalmente los que brindan servicios de atención directa a la población. El caso más emblemático es el de la CCSS obligada a redireccionar recursos originalmente destinado a otros fines de desarrollo institucional y de la salud pública para responder a los requerimientos específicos de la pandemia. A esto se agrega la reducción de los ingresos de la CCSS en materia de cobro de las cuotas obreros patronales debido al aumento del desempleo y la reducción temporal de la contribución de patronos y trabajadorxs. Al igual que ésta, muchas de las medidas de atención de la crisis económica generada por la pandemia han volcado la balanza a favor de uno solo de los sectores sociales, la empresa privada, descuidando a la gran mayoría de los y las ciudadanos para los cuales solo hay respuestas asistencialistas e insuficientes.

En igual situación se encuentran otras instituciones, principalmente del sector social, cuyos presupuestos han sido drenados para tratar de atender y paliar parcialmente el impacto social y económico de la crisis sanitaria. En esta situación se encuentran programas tales como comedores escolares, CEN-CINAI, IMAS, INAMU, FODESAF, entre otros, con el agravante de que la fuente tradicional de ingresos de muchos de estos programas de asistencia social se ha visto afectada asimismo por el debilitamiento de la actividad económica nacional.

Esta visión cortoplacista le puede pasar al país una factura mucho más alta que la generada por el gasto específico de la atención sanitaria, compromete el desarrollo del país y nos puede hacer retroceder varias décadas de conquistas sociales. No podemos permitir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis social y económica de grandes dimensiones.

El comportamiento de la pandemia en otros países indica que hay que prever varios meses más de mayor y menor confinamiento en el cual la actividad económica será probablemente fluctuante y la recuperación del empleo será lenta e incierta para muchos sectores como, por ejemplo, el turismo cuya recuperación es altamente dependiente de la afluencia de personas con capacidad de consumo. Por consiguiente, es de esperar que continúe y se profundice el impacto ya existente en importantes segmentos de la población en materia de ingresos y consecuente empobrecimiento, necesidades alimentarias y de habitación no satisfechas, además de privación de servicios como el cuido o la educación.

En este contexto la asistencia directa del Estado a través de sus programas sociales será más urgente que nunca para impedir que estos impactos se tornen permanentes e irreversibles. No obstante, como señalamos arriba, estos programas se encuentran seriamente desfinanciados y no existe alternativa planteada que busque su recapitalización, incluyendo las finanzas de la CCSS a pesar de la inyección vía préstamos de algunos recursos que son, sin embargo, insuficientes.

Al igual que nosotras, otras agrupaciones sociales y académicas han estado planteando y urgiendo al Gobierno y a la Asamblea Legislativa identificar fuentes de recursos que no recarguen la crisis sobre la ciudadanía. La conclusión unánime es que hay que buscar el dinero donde éste exista y volcar la mirada hacia aquellas personas y empresas cuyo patrimonio ha mantenido un ritmo de crecimiento constante permitiéndoles en los últimos años acumular riqueza. Algunas incluso han reportado rentas brutas y activos con un valor económico muy alto, sin reportar impuestos o pérdidas. Lo anterior según la radiografía del impuesto a las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las Grandes Empresas Territoriales del 2018.

Son muchos los países donde se están discutiendo y en algunos casos aprobado medidas para gravar la riqueza y avanzar hacia mayor justicia fiscal. La misma OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) – a la cual el país ha ingresado recientemente – ha adoptado fuertes medidas en materia fiscal y anticorrupción como la Convención multilateral para prevenir la erosión de las bases imponibles y traslado de beneficios y, en particular, el Instrumento Multilateral (MLI) que contiene disposiciones de carácter obligatorio (estándares mínimos) y otras de carácter opcional para evitar la evasión fiscal.

Costa Rica ya es parte de la OCDE y debería asumir estos estándares con pleno compromiso.

Recuperamos aquí la acción desarrollada por el expresidente José Figueres Ferrer en el año 1948 cuando, ante un país devastado por una guerra, urge y exige que todas las personas

habitantes del territorio nacional aportaran de su propio peculio para poder sacar adelante al país.

En Costa Rica están identificados los sectores que tienen mayor riqueza, los que históricamente han reflejado una generación de grandes rentas y que no están aportando en forma proporcional al fisco.

Según la radiografía de las utilidades del 2018 del Ministerio de Hacienda, del total de actividades lucrativas de personas físicas y personerías jurídicas (451 783 inscritas) un 55% solo declara, es decir, no contribuye en impuestos.

Entre las personas físicas (322 837), el 65,5% solo declara. De este grupo, un total de 117 641 reportan actividad lucrativa activa y “… 821 declarantes reflejaron una renta neta igual a cero que significa un 9,3% de ese total, cuyos ingresos brutos fueron superiores a los ¢10.000.000”. (Ministerio de Hacienda (2019, pág. 40)

La situación es aún más grave cuando se analiza la contribución de las personerías jurídicas. Un total de 128 946 personerías jurídicas están inscritas y el 40,6% del total de personerías solo declaran y no aportan al fisco. De este grupo, (52 262), un 3,3% (lo que representa 873 personerías jurídicas) declaran cero utilidades netas.

El Ministerio de Hacienda, obligado por un recurso de amparo, publicó en el año 2019 la lista de las empresas que declararon cero utilidades. La lista es de 194 personerías jurídicas, de ellas hay 115 empresas que son Grandes Contribuyentes Nacionales (según clasificación de la Dirección General de Tributación)..

En la Gaceta N.º 63 del jueves 12 de abril del 2018 la Dirección General de Tributación informa sobre las características de las empresas que son Grandes Contribuyentes y las Grandes Empresas Territoriales (GETES). Ambas tienen montos elevados de activos así como de renta bruta en colones, tal como se aprecia a continuación (en colones):

La Contraloría General de la República señala en un informe de fiscalización del 2018 (DFOE-SAF-IF-00002-2018) que el 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016. Del total de declaraciones presentadas (3.949) por los contribuyentes denominados GETES, un 21% (824) presentaban pérdidas y un 6% (238) cero impuestos. Es decir, un 27% de las Grandes Empresas Territoriales declararon pérdidas o cero impuestos de utilidades en el periodo 2010-2016, según este reporte. En estos dos últimos casos los ingresos brutos percibidos en el periodo de estudio, alcanzaron los 8.149.998 millones de colones y los activos totales alcanzaron los 15.580.099 millones de colones.

Estas pérdidas o cero utilidades se producen en la forma como se presentan los gastos. Según el informe supracitado, “Los contribuyentes pueden declarar gastos que no están siendo realmente en los que incurren y así disminuir su base imponible. Además, dificulta el análisis de inteligencia o riesgo fiscal e incide en los procesos de fiscalización, porque no hay certeza de la calidad de la información que contienen los formularios de declaración que se almacenan en las bases de datos tributarias”.

Las Grandes Empresas Territoriales (GETES) aportan un 4,6% del total recaudado por el Gobierno. En el 2016 eran 519 empresas cuyos activos totales eran de 5,2 billones de colones con una renta bruta de 4 billones de colones, según el informe señalado. Es decir: todas estas empresas han logrado alcanzar una capacidad de activos y generación de renta bruta significativa que ha sido posible por las condiciones económicas, políticas y sociales que este país les ha facilitado. Por tanto, la renta BRUTA debería aportar a la recaudación fiscal y no solo por solidaridad en esta coyuntura sino como aporte a la inversión pública que este país por medio del Estado realiza en infraestructura y servicios.

En este sentido, una política fiscal justa, equitativa y solidaria por parte de las Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales sería contribuir solidariamente para atender la actual situación de crisis.

NUESTRA PROPUESTA A LA CIUDADANÍA, AL SEÑOR PRESIDENTE Y A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS

  1. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre los activos registrados y acumulados en los últimos tres años por parte de aquellas personerías jurídicas que clasifican como Grandes Contribuyentes Nacionales (excluyendo “Holdings”) y de las Grandes Empresas Territoriales.
  2. Adoptar una contribución solidaria obligatoria – por una sola vez – equivalente a un 1% sobre las utilidades netas registrados en los últimos tres años de las personas físicas de la última categoría de recaudación de la Dirección de Tributación Directa, esto es: aquellas que reportan una utilidad o renta neta mayor a 20 millones de colones.
  3. Suspender durante el período de pandemia la aplicación de la Regla Fiscal con el fin de que las instituciones públicas se aboquen a la atención de ésta.
  4. Apoyar la propuesta del Expresidente José María Figueres para trasladar fondos del Banco Central colocados en el exterior e invertirlos en Bonos del Estado para financiar programas de atención de emergencia a la población afectada por las consecuencias de la pandemia.
  5. Crear una tasa equivalente de 3 colones por cada mil colones sobre todas las transacciones del sistema bancario nacional para capitalizar los programas sociales destinados a transferencias directas y servicios a la población, exceptuando los depósitos de planillas y pensiones hasta cierto límite de salario, pagos de tarjetas de crédito y retiros de cajeros automáticos. Todos las anteriores exclusiones señaladas por el señor Figueres a los cuales agregaríamos las transferencias sociales y depósitos de pensiones alimentarias.
  6. Acatar las disposiciones de la OCDE en materia tributaria – incluyendo lo señalado en el Instrumento Multilateral MLI, entre otros – específicamente las relacionadas con aumentar las tasas de tributos a quienes más riqueza, patrimonio e ingresos poseen. Construir una ruta para el cumplimiento de estas obligaciones en un plazo de 6 meses.

Los recursos obtenidos en las propuestas 1 y 3 se destinarán EXCLUSIVAMENTE para capitalizar programas de asistencia social, incluyendo los servicios de la CCSS, garantizando la inclusión de la perspectiva de género y derechos humanos.