Manual de supervivencia emocional para COVID-19…
“Nuestra mayor fuerza es la unión social”, propone la terapeuta española Anabel González en este video compartido con SURCOS por Elizabeth Rodríguez:
Autor: Hector Ferlini Salazar
Habiendo pa’todos, no tiene por qué haber patadas
Edgar Gutiérrez Espeleta, Luis Felipe Arauz Cavallini, Alexander Mora Delgado y Carlos Segnini Villalobos
Costa Rica habrá cambiado en formas aún imprevisibles sus hábitos y costumbres luego de superar la pandemia ocasionada por el Covid19. Esta “nueva” Costa Rica merece toda nuestra entrega y desprendimiento, y debe erigirse respetándose como una sociedad justa y libre, abierta al mundo y en la que cabemos todas y todos; basada en el diálogo sin cortapisas, el respeto a la diferencia, la educación para todos, el amor por el trabajo digno y la prosperidad económica.
Por ello, no podemos dejar pasar las intenciones de aprovechar la coyuntura actual para distraer al gobierno y reducirle espacio político en la atención de la crisis, mediante el impulso altisonante de agendas contrarias al vigor de las instituciones públicas que hoy día son las que atienden esta emergencia con la mística y la efectividad de un Estado que ha sabido colocar el bienestar de las familias en el centro de sus preocupaciones.
No podemos estar más en desacuerdo con una opinión recientemente publicada en el periódico La Nación, “Si hay patadas hay pa’todos”, en el que sus autores ponen foco en una sola parte de la situación, dejando de lado la reconstitución del tejido social y económico tras una crisis con impactos multidimensionales.
No podemos admitir que, al amparo de una definición insana de solidaridad, argumenten la conveniencia de introducir medidas de austeridad económica y contrarias a la capacidad de consumo de un sector importante de la población, desconociendo el fracaso histórico de estas tesis y el hecho de que ningún otro país del planeta esté proponiendo tal curso de acción frente a la crisis
Carece de toda lógica económica restarle capacidad de compra a un segmento importante de la población mediante la propuesta de reducir su salario a la mitad, lo cual no solo irrespeta derechos adquiridos, sino que es perjudicial en momentos en los que el consumo tiende a la baja.
De igual manera, es tanto o más absurdo hablar de un recorte de gasto en las actuales circunstancias de crisis, cuando todo el esfuerzo público debe dirigirse a solventar la emergencia sanitaria e impulsar la actividad económica.
La respuesta más coherente de Costa Rica ante la pandemia actual es construir desde la solidaridad, la cooperación y la fuerza de los hechos; velando por toda la población, compensando a los sectores necesitados; mejorando las condiciones económicas de los perjudicados, sin que ello empeore las perspectivas de los demás.
Las crisis solo son de utilidad si se emplean para provocar cambios a favor de la dignidad de las personas. Costa Rica requerirá la construcción de un nuevo pacto social, que le permita nuevamente conciliar la prosperidad económica con instituciones fuertes, ágiles y adecuadamente financiadas para afrontar las dificultades de los años venideros.
Debemos trabajar y pensar con innovación, abrir un amplio debate sobre las prioridades a atender, sin oportunismos, y en plena armonía con el ambiente, porque difícilmente estaremos en posibilidad, como humanidad, de sobrevivir a este tipo de crisis en un contexto de mayor apremio ante las consecuencias del cambio climático.
Esta visión implica empoderar a las mujeres de forma igualitaria a la economía, vincular de manera más directa a los consumidores con la producción nacional, promover un sector público y privado convocado por los más altos intereses nacionales, y seguir llevando educación académica y técnica, infraestructura vial, salud, vivienda, infraestructura hídrica y de saneamiento, energía y asistencia a las poblaciones más vulnerables en todo Costa Rica.
También hay que enfocarse en el bienestar de las familias y en el bolsillo de la gente. Debemos comprometernos a aprobar el proyecto de ley para bajar las tasas de interés de usura, las iniciativas para rebajar los precios de medicinas y otros artículos de primera necesidad, luchar contra la evasión y la elusión, establecer una moratoria este año en los pagos de intereses por deudas hipotecarias y productivas hasta que pase la situación. Asimismo, se debe mantener y tratar de incrementar la inversión pública, ayudar a las pymes con Banca para el Desarrollo y pedir la condonación por dos años de los intereses de nuestra deuda a los bancos multilaterales, como medida excepcional para mitigar los impactos de esta crisis.
Todo lo anterior demanda un esfuerzo extraordinario de los tomadores de decisión, generadores de opinión pública y ciudadanía en general para deponer diferencias e intereses, y centrar los esfuerzos en la misión de solventar la emergencia sanitaria, impulsar la actividad económica y proteger el empleo de las y los costarricenses.
Costa Rica está a las puertas de repensar su orden cultural, refundar sus esquemas de convivencia ciudadana y renovar el espíritu de sus instituciones democráticas. No es empobreciendo a un segmento importante de la población como sobrellevaremos los impactos económicos de esta crisis, sino aprovechando su capacidad de consumo para reactivar el mercado interno, que es el segundo motor de la economía.
Nuestros deseos y nuestros esfuerzos frente a este desafío deben anclarse en la sabiduría popular, la misma con la que crecimos y que debe ser eterna: habiendo pa’todos, no tiene por qué haber patadas.
Enviado a SURCOS por Luis Felipe Arauz Cavallini.
Revisemos los datos sobre la epidemia de SARS-CoV-2 en Costa Rica
Dr Fernando García, microbiólogo, catedrático, vicerrector de Investigación de la Universidad de Costa Rica
Para que se controle la epidemia, nos tendremos que «vacunar naturalmente» (contagiar) con el virus aproximadamente el 70% de la población (unas 3,500,000 personas) para generar inmunidad de rebaño (herd immunity), es ahí cuando baja la curva. Ese proceso es inevitable. Se espera que la tendencia incremente fuertemente desde ahora hasta por 2 o 3 meses más (8-12 semanas) y tal vez luego empiece la tendencia hacia abajo; en efecto, el Ministro de Salud afirmó que las actividades masivas se van a poder programar a partir del mes de setiembre 2020 (aunque a un 50% de la capacidad de las instalaciones).
Un 80% o más de los contagios no van a tener síntomas (infecciones subclínicas) o tendrán infecciones leves que se pueden manejar desde la casa sin ir a los servicios de salud. Un 15% de los contagios van a necesitar eventualmente asistir a los servicios de salud, principalmente por neumonía y otras complicaciones, y un 5% (personas con factores de riesgo) van a necesitar atención médica especializada, incluyendo un respirador.
Los siguientes datos son importantes: la CCSS tiene en estos momentos disponibles un total de 5,400 camas, de las cuales hasta un 30% (máximo 1,600) se podrían utilizar para atender a ese 15%, pero solo 420 respiradores (de los cuales no todos están disponibles, aunque se están comprando más) para atender a ese 5% más grave. El peor escenario sería que ese 70% (3,500,000 personas que se necesitan para generar inmunidad de rebaño) nos contagiamos todos al mismo tiempo: desde el punto de vista clínico 2,800,000 tendrían infecciones asintomáticas o con síntomas leves, 525,000 personas necesitarían atención de los servicios de salud con un máximo de 1,600 camas, y 175,000 personas necesitarían uno de los 420 respiradores disponibles.
Obviamente nuestros servicios de salud no pueden manejar esa demanda y la mortalidad sería muy elevada. Algo así, pero no tan extremo, aunque sí dramático, está sucediendo en España (en un hospital en Barcelona no le colocan respiradores a pacientes de más de 80 años) o Italia (hay un respirador para cada 6 pacientes que necesitan uno, se lo ponen a uno y a los cinco restantes los dejan morir).
Por eso la necesidad de bajar la curva, es decir, disminuir la transmisión del virus para extender la epidemia todo lo que se pueda (en Alemania calcularon al menos 18 meses), para que ese 5% que requieren respiradores sea lo más bajo posible, en un mismo tiempo, de manera que los servicios de salud no se saturen.
Otras implicaciones en salud, especialmente el perfil patológico normal (demanda de servicios de salud de pacientes con otras enfermedades, como las infecciones respiratorias y diarreicas que surgen con el inicio de las lluvias), la salud mental de la población en cuarentena y del personal de salud, y las consecuencias sociales, económicas e incluso políticas contribuirán a la dinámica epidemiológica. La bioética debe jugar un papel esencial en ese balance de fuerzas.
Foto: trabajadores del ICE acondicionan salas de atención en CENARE-CCSS.
Un día después del coronavirus: hacia el nuevo pacto anti oligárquico
“…y el buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés, sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto, para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas”. José Martí, Nuestra América.
Álvaro Vega Sánchez, Sociólogo
No existen sociedades ingobernables per se, existen gobiernos que saben y no saben gobernar. El buen gobierno es el que sabe propiciar el diálogo entre los diversos sectores sociales, para llegar a acuerdos compartidos que contribuyan al bien común. Gobernar es dialogar.
La llamada ingobernabilidad es la excusa de los gobiernos autoritarios, populistas y mesiánicos que se sienten los únicos depositarios del poder; son prepotentes y arrogantes; padecen el síndrome de Faraón: se creen predestinados a torcer brazos más allá de las diez plagas. Creen saber lo que hay que hacer para salir de las crisis. Sin embargo, terminan convertidos en simples administradores de las mismas u optando por medidas precipitadas y paliativas que las profundizan, y hasta generan nuevas crisis.
A su paso dejan una estela de desaciertos con políticas hechas a la medida de grupos de poder que solo piensan en acrecentar la rentabilidad de sus negocios y defender privilegios a ultranza. Crean así las condiciones para la acumulación de desconfianza, desencanto e indignación: caldo de cultivo para las diversas formas de violencia, expresión o válvula de escape de la frustración por las promesas incumplidas.
Venimos arrastrando un déficit que supera con creces al fiscal. Estamos deficitarios de buenos gobernantes, es decir, que sepan sentarse reposadamente a dialogar, no en la silla presidencial del Zapote, donde pareciera que los vientos solo soplan hacia arriba, sino en el Parque de la Sabana, donde los vientos soplan en diferentes direcciones pero confluyen para mantener vivo y sano el bioecosistema, porque pájaros, árboles y gentes procuran una convivencia armónica que se disfruta.
Para que el diálogo fructifique debe anteponerse la convergencia humanista, ética y afectiva a la ideológica y política; o sea estas últimas, que son importantes, deben ser subsidiarias. Eso fue lo que sucedió en el Pacto Social de los años 1940 y que tuvo continuidad relativa en el Pacto de Ochomogo de 1948. Es cierto que hubo condiciones históricas externas de distención ideológica que contribuyeron también, pero lo que prevaleció e hizo posible aquel Pacto fue la calidad humana (Amor, esa portentosa energía que, según Einstein, supera a la atómica o cualquier otra) para impulsar al país sobre los sólidos pilares de un Estado Social de Derecho.
¡Bendito pacto!, que caló tan profundo en nuestro tejido cultural que las mayorías de este país lo siguen sosteniendo y defendiendo, y cuya institucionalidad social es hoy la mano fuerte y solidaria que está contribuyendo, como ninguna, para enfrentar la pandemia más amenazante, hasta ahora, de este siglo XXI.
De las tres grandes fuerzas sociopolíticas protagónicas: socialcristiana, comunista y socialdemócrata, al menos en un primer momento, ninguna fue excluida. Lamentablemente, aquella herencia de diálogo inclusivo-afectivo se sustituyó por diálogos y pactos inter-partidarios que hasta el día de hoy han sido excluyentes e insuficientes, para encarar los nuevos desafíos del país y proyectarnos a la nueva Costa Rica solidaria, sostenible y sosegada del Siglo XXI.
Debe quedar claro, eso sí, que el pacto de hoy al igual que el de ayer tiene que ser anti oligárquico. Ayer fue contra la oligarquía cafetalera hoy es contra la oligarquía neoliberal. Asimismo, tiene que superar el vallecentrismo. Los meseteños enmontañados (Constantino Láscaris), dada la creciente urbanización, se han lanzado hacia arriba con las torres habitacionales y se han encerrado en los condominios. Al irse elevando y encerrando se pierde sensibilidad para la convivencia comunitaria, inclusiva, acogedora y amigable.
Asimismo se va perdiendo cada vez más la visión amplia que ofrecen los grandes valles y llanuras, que es la de la apertura necesaria para abrazar y acoger la diversidad de ideas y propuestas. Cuánta falta hace dejarnos “invadir” por los grandes valles y llanuras de Guanacaste, San Carlos; San Isidro del General y las cálidas costas del Atlántico y el Pacífico. Esa combinación virtuosa de amplitud de miras, que nos ofrecen las llanuras, y de calidez, que nos ofrecen las costas. Convendría, un día después de esta aleccionadora pandemia, una convocatoria en uno de esas llanuras o costas, y sentarse con un buen jarro de café (ojalá de esos escarapelados para recordar nuestras raíces campesinas) a concertar el nuevo pacto social, y superar, de una vez por todas, el pacto oligárquico neoliberal que se ha entronizado por cuatro décadas en este país.
Durante y después del coronavirus
Óscar Madrigal, abogado.
A estas alturas del desarrollo de la crisis sanitaria que estamos atravesando resulta claro que las políticas neoliberales han explotado y resultado ineficientes: la austeridad, la regla fiscal, el déficit fiscal y la política fiscal se han ido al carajo. Los dos ejes centrales de la economía neoliberal, tanto la reducción de los programas e instituciones sociales como los impuestos regresivos no han resistido el embate de la crisis actual. Al cajón de los recuerdos habrá que enviar a nuestros “sabios” economistas junto con la Contralora, corifeos y directores del coro neoliberal.
El Gobierno debe salir a apoyar a los trabajadores y trabajadoras con una renta que compense la reducción salarial, apoyar a los pequeños y medianos propietarios, así como a los trabajadores independientes. Tendrá que echar mano de todos los fondos necesarios, sin pensar en déficit fiscales.
Resulta también evidente que vamos a necesitar de una nueva concepción económica o de una nueva economía para salir de lo que nos dejará el coronavirus
Una sociedad más empobrecida, mayor pobreza y salarios disminuidos; instituciones sociales púbicas deprimidas por el esfuerzo y gasto, un déficit fiscal muy grande y una producción económica muy disminuida también.
Será necesario un nuevo pacto social entre el capital y el trabajo, entre gobernantes y gobernados.
Imposible será cargar sobre las espaldas de los trabajadores (as) el costo de la recuperación económica Será necesario que sean los sectores empresariales más poderosos los que aporten vía cargas impositivas el costo de elevar la producción.
La deuda pública, íntimamente ligada al déficit fiscal, no podrá pagarse. Este dilema será universal, puesto en los siguientes términos: o pagamos la deuda o comemos. Tendrá que posponerse su pago a muy largo plazo sin intereses y sin multas.
Los salarios de los trabajadores (as) deberán recuperar rápidamente su monto y mantener una política de salarios crecientes por los próximos años.
Resultaría increíble que se siga manteniendo un régimen de privilegio tributario en un amplio sector de la economía, mientras la mayoría pasa por penurias económicas y sociales.
Las instituciones públicas y los servicios públicos deberán recuperar su poder financiero con el apoyo del Gobierno.
Es necesario, tanto en tiempos de crisis como de recuperación, de una nueva política, innovadora, creativa, que recupere y supere rápidamente los niveles sociales y económicos del pueblo trabajador. Pero para ello se hace necesario un nuevo pacto social.
Suspensión exprés y a la carta de contratos de trabajo (III)
MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS
Manuel Hernández
El sábado de la semana pasada, se aprobó el proyecto de ley que espolea a los y las trabajadoras más explotadas, facultando a los patronos recortar unilateralmente las jornadas de trabajo y castigarlas con una reducción proporcional hasta en el orden de un 75% de sus exiguos salarios.
Esta ley fue votada por diputados y diputadas de todas las fracciones políticas, que uno no puede ser tan ingrato y dejar de reconocer que se arrollaron las mangas, incluso sacrificando un sábado, para atender los demandantes intereses de las cámaras patronales.
Pero, además, hay que advertir, cómo si esta medida legislativa no fuera salvaje, que el jueves de la misma semana, se promulgó un Decreto Ejecutivo que disciplina un procedimiento de excepción para resolver las solicitudes patronales de suspensión de los contratos de trabajo, que presionan y hacen fila en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.[1]
1.- CONTENIDO SUSTANTIVO DEL DECRETO EJECUTIVO
Tratando de resumirlo, el objeto de ese decreto es regular el procedimiento excepcional de suspensión de los contratos de trabajo, que los patronos y empresas presenten en las oficinas de inspección de trabajo.
La solicitud debe indicar los hechos en que se fundamenta la gestión, si la suspensión es parcial o total, los puestos afectados y el plazo de suspensión de los contratos de trabajo.
Además, el patrono debe aportar una declaración jurada, que indique las causas justificantes de la solicitud, que paga los salarios mínimos y cumple otras obligaciones de ley.
Una vez recibida la solicitud, el inspector informará inmediatamente a la jefatura de la oficina de Inspección de trabajo, que deberá dictar resolución dentro de los dos días hábiles siguientes.
Este es sumariamente el contenido de este novísimo decreto, cuyos extremos más relevantes se comentan a continuación.
2.- ASPECTOS MEDULARES DEL PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
El objetivo del decreto ejecutivo es regular el procedimiento y facilitar a los patronos, de la manera más urgente posible, la suspensión temporal de los contratos de trabajo, parcial o de toda la planilla, liberándolos del pago de los salarios de las personas trabajadoras.
i.- En primer lugar, hay que subrayar que las disposiciones del decreto remiten olímpicamente a los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo (CT), que determinan las causas colectivas de suspensión temporal de los contratos de trabajo.
Aquí traigo a colación un artículo anterior que escribí [2], en que sostuve y justifiqué, desde el punto de vista jurídico, que los motivos económicos que están invocando las empresas, relacionados con las consecuencias que en su actividad ha producido la pandemia, para hacerse de la suspensión de los contratos de trabajo, no tienen el mínimo respaldo en estas disposiciones legales.
Por tanto -afirmé y reitero-, que la autoridad administrativa tendría que hacer una interpretación jurídica muy retorcida de la ley, a contrapelo del principio indubio pro operario, para que se declaren con lugar las tantas solicitudes de los patronos, que ahora claman y pegan el grito al cielo, pero que en las situaciones de bonanza económica, nunca repartieron sus utilidades con las y los trabajadores.
ii.- El decreto configura un caricaturesco procedimiento, que evidencia que su ratio essendi es darle una apariencia de legalidad, de la forma más célere, a la decisión patronal de suspender los contratos de trabajo, respaldada en una resolución administrativa, nada más ni menos que del propio Ministerio de Trabajo, que le compete velar por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
No se exige prueba idónea que justifique la suspensión de los contratos de trabajo, cuyo rigor probatorio –onus probandi-, por las consecuencias tan extremadamente gravosas que produce la resolución administrativa, no puede devaluarse con un requisito tan laxo como una simple declaración jurada patronal, algo así, como el juramento de estilo que rinden los políticos y que ya conocemos sus frutos.
iii.- Resulta totalmente improcedente que en un Estado de Derecho ese procedimiento administrativo ablatorio se tramite y resuelva sin la mínima intervención de las personas trabajadoras que socialmente sufrirán el hurto de sus salarios.
No está contemplada ninguna audiencia al trabajador, ni siquiera una rutinaria entrevista del inspector de trabajo, para someter al contradictorio la solicitud patronal y confrontación de la declaración jurada, para que la autoridad administrativa tenga más elementos de mérito para dictar la resolución final.
Una gravísima violación al respeto y dignidad de la persona trabajadora, que causa una vulneración del debido proceso y el derecho de defensa; que por lo visto, estas garantías quedaron levantadas o suspendidas de facto, veremos hasta cuándo, bajo la excusa incontestable del estado de emergencia nacional.[3]
iv.- El decreto no tiene enfoque de género y tampoco contiene medidas que prohíban actos de discriminación contra las mujeres y otras personas trabajadoras.
En la eventualidad de una suspensión de los contratos que no afecte la totalidad del personal, el decreto libra a total discreción del patrono seleccionar las personas trabajadoras cuyos contratos quedarán suspendidos temporalmente, que no tengo la menor duda que las mujeres serán las primeras que tendrán esta suerte.
Tampoco establece ninguna protección a favor de las trabajadoras embarazadas, en período de lactancia, jefas de hogar y otras personas que puedan estar en alguna condición de vulnerabilidad social u otro tipo.
Menos contiene alguna disposición -en el supuesto de suspensión parcial- que prohíba la suspensión de los contratos de personas que ostentan algún fuero de protección.
Entonces, se diseñó un procedimiento administrativo de mero trámite, que excluye la mínima participación de las personas trabajadoras, quebrantándose el debido proceso y el derecho de defensa; es decir, un procedimiento exprés y a la carta de los intereses empresariales.
3.- MEDIDAS DE EMERGENCIA QUE MITIGUEN LA SITUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR CONTRATOS SUSPENDIDOS
Finalmente, hay un aspecto que jamás podría dejar pasar inadvertido, expresamente regulado en el mismo artículo 74 CT, que no se trata de una disposición de poca valía y mucho menos en la circunstancia actual.
Me estoy refiriendo al párrafo final del artículo 74 CT, con fundamento en el que se dictó aquel Decreto Ejecutivo, cuyo texto dispone:
“Artículo 74.- Son causas de suspensión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el patrono ni para los trabajadores:
a. (…)
En los dos primeros casos [falta de materia prima, fuerza mayor o caso fortuito] el Poder Ejecutivo podrá dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores:”
Pues bien, esta norma, que la habrán leído con atención, no la estoy inventado, ni todavía el confinamiento me está haciendo tener alucinaciones legales.
La norma legal existe –lege data-, previsoramente contemplada por el legislador desde 1943.
Aunque, insisto, no es procedente la suspensión de los contratos de trabajo por los motivos argüidos por los empresarios, el Poder Ejecutivo amparado en esta disposición legal, en el mismo decreto que reguló este procedimiento, debió necesariamente comprender las medidas de emergencia para mitigar la situación vulnerable en la que caerán cientos de personas trabajadoras, a merced de las resoluciones, que cómo si fueran impresiones de máquinas rotativas de periódicos, se van a dictar en el transcurso de esta y próximas semanas.
No es menor cosa que durante el período de la suspensión de los contratos, no se sabe por cuánto tiempo, las y los trabajadores, confinados en sus hogares, dejen de percibir los maltrechos salarios, que ya con costo alcanzaban para sufragar los gastos de alimentación, transporte, servicios públicos, alquiler de la casa de habitación y otras necesidades más.
Por favor, ¿ahora, con qué recursos, las familias de los y las trabajadoras más empobrecidas van a poder satisfacer estas elementales e inaplazables necesidades?
Bueno, pues quede muy claro que el Gobierno de la República no necesita ninguna ley para atender y resolver esta situación de imperiosa necesidad social, en la que lamentablemente van a quedar ahogados en la tragedia trabajadoras de fábricas, servicios, comercio, hoteles y otras actividades, sino se definen y ejecutan, en lo inmediato, políticas públicas que protejan su condición y situación.
Lo único que hace falta es voluntad política, y menos indiferencia ante el infortunio de cientos de humildes compatriotas, que, echando mano a esta ley de la República, el Gobierno puede y debe dictar un decreto de emergencia, con la misma celeridad que se promulgó aquel, que contenga las medidas sociales y económicas que puedan paliar la situación de las personas injustamente privadas de sus salarios, que se les reducirá la jornada de trabajo o perdieron sus empleos.
¡Los sacrificios no los tienen que seguir soportando los mismos de siempre!
Foto: OIT
[1] Decreto Ejecutivo N° 42248-MTSS, Reglamento para el procedimiento de suspensión temporal de los contratos de trabajo relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del Código de Trabajo, publicado en el Alcance N° 53 a la Gaceta N° 55 de 20 de marzo de 2020.
[2] “Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo”
[3] Algunas de estas ideas las tomé prestadas de mi anterior artículo “Neoliberalismo en tiempos de pandemia”, en el que comenté la ley de reducción de la jornada de trabajo, cuyo procedimiento administrativa de autorización es prácticamente el mismo que contiene ese decreto ejecutivo.
Las políticas neoliberales atentan contra la salud y el trabajo en medio de la pandemia
Comunicado de profesionales, docentes, estudiantes y agrupaciones políticas y sociales ante la emergencia nacional e internacional provocada por el SARS-CoV-2:
- Actualmente, se vive un escenario mundial de emergencia ante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, conocido como el nuevo coronavirus. Las infecciones y las muertes de las personas siguen en aumento, y en América Latina sus efectos apenas se empiezan a observar. En este contexto, la salud y la seguridad social han demostrado una importancia indiscutible, así como los efectos mortales de la austeridad fiscal aplicada en estos rubros. Los casos de Italia, España y Estados Unidos -dónde la salud universal y gratuita es inexistente o ha sido disminuida por los Gobiernos neoliberales- evidencian el peligro de los recortes fiscales y los procesos de privatización y tercerización de la seguridad social.
- En Costa Rica, la respuesta primaria para enfrentar la emergencia ha surgido de la institucionalidad pública que se mantiene a pesar del desmantelamiento fiscal de ésta, los intentos de privatización y el sabotaje político en su contra. No es la primera vez que esto ocurre. Ante la crisis económica global del 2008, la banca pública y estatal costarricense protegió al país de los efectos de la crisis del capitalismo global que amenazaban con golpear nuestra economía. Nuevamente, vemos cómo instituciones y empresas públicas, sus trabajadores y trabajadoras, responden coordinadamente para resguardar la salud y la economía del país:
a) El Ministerio de Salud ha desarrollado una estrategia nacional e interinstitucional orientada a la prevención del contagio mediante campañas educativas, la realización de pruebas y análisis de laboratorio y la investigación de los nexos epidemiológicos en los casos identificados.
b) La CCSS facilitó rápidamente la atención médica de las personas pacientes infectadas y amplió su infraestructura y su capacidad técnica y profesional para enfrentar la pandemia.
c) El ICE duplicó la velocidad del internet de fibra óptica a sus clientes para promover el trabajo desde el hogar. Además, el ICE, la CCSS y el Ministerio de Salud trabajaron arduamente para convertir el CENARE en un centro de oxigenación para futuros pacientes del coronavirus.
d) La FANAL disminuyó la producción del licor marca CACIQUE para producir alcohol en gel y alcohol antiséptico y Correos de Costa Rica se avocó a su distribución para evitar la especulación de precios y asegurar su acceso en todo el territorio nacional.
e) El MEP en coordinación con el CNP garantizaron la entrega de alimentos a miles de estudiantes -beneficiarios de los servicios de comedor escolar- considerando que la mala alimentación y desnutrición aumentan el riesgo de adquirir infecciones. Fueron los sindicatos de educadores quienes propusieron esta acción.
f) Las universidades públicas facilitaron sus instalaciones para realizar pruebas y personal para atender la emergencia.
3. A pesar de este esfuerzo y la evidente importancia de estas instituciones, los grandes empresarios insisten en su desmantelamiento. No conformes con la inversión estatal en salud y seguridad social, e incluso atentando contra ella, los grandes empresarios de este país han aprovechado para imponer, una vez más, su agenda empresarial y neoliberal. Con este gobierno en especial han recibido enormes beneficios: una reforma fiscal regresiva, debilidad en el combate de la evasión y la elusión fiscal, mantener exoneraciones injustas y grandes amnistías tributarias. No satisfechos, imponen un retroceso gigante en derechos laborales como lo es facilitarles despidos y suspensiones de contratos masivos, con la justificación poco creíble de mantener los empleos. También insisten con propuestas privatizadoras y con ampliar la precarización laboral a trabajadores públicos, con propuestas como reducir en un 50% el salario. No podemos permitir que los ricos de este país aprovechen la crisis sanitaria para imponer a las y los trabajadores un golpe enorme a los salarios, condiciones de trabajo y de vida.
4. Las recientes medidas gubernamentales para proteger al sector privado evidencian la tónica neoliberal de este gobierno del PAC, en consonancia con los anteriores gobiernos del PUSC y el PLN. De forma paradójica, dichas medidas empresariales erosionan el futuro de la institucionalidad pública. La respuesta económica del gobierno de es la misma que ha llevado a la economía global a un escenario de desigualdades extremas y decrecimiento económico: socializar las pérdidas de los ricos y blindar sus ganancias privadas.
Ante esto:
- Saludamos el esfuerzo de trabajadores de la salud y de otras instituciones públicas para enfrentar esta emergencia.
- Denunciamos los intereses de los grandes empresarios del país para seguir desmantelando la institucionalidad pública costarricense y proteger únicamente sus ganancias.
- Exigimos suspender la regla fiscal, que impide una respuesta contundente y seria a la emergencia de salud y sus efectos económicos. Es hora de abandonar las tesis neoliberales, que nos están llevando a un peligroso camino sin salida.
- Urgen medidas contundentes para penalizar la evasión y la elusión fiscal. No pueden exigir sacrificios quienes mantienen sus riquezas en paraísos fiscales aun en medio de una emergencia. Se debe revertir la regresividad fiscal del país, y eliminar exoneraciones fiscales a las grandes empresas y fortalecer los impuestos directos. Es momento de poner la riqueza de unos pocos al servicio de las necesidades sociales de la mayoría.
- Hacemos un llamado a las y los trabajadores de todos los sectores para rechazar contundentemente los intentos de la derecha y empresarios para desmantelar las garantías sociales y golpear agresivamente los salarios y nuestras condiciones de trabajo.
Si desea firmar el comunicado, enviar un mensaje con su información al correo: arias.luis1988@gmail.com
Firman:
Organizaciones sociales:
- Grupo Socialismo y Libertad.
- Colectivo CEAAL CR.
- La Comuna Carmen Lyra.
- ¡Ya Basta!
- Asamblea General Autónoma de la Sede de Occidente.
- Colectivo Semilla Ramonense.
- Confederación Unitaria de Trabajadores (C. U. T.).
- Federación Nacional de Trabajadores Industriales (FENATI)
- Sindicato Unitario de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS)
- Sindicato de Trabajadores de Cooperativa Dos Pinos (SITRACODOSPINOS)
- Sindicato de Trabajadores de Desarrollo Productivo del Sector Público y Privado (SINTRADEPP)
- Sindicato de Trabajadores de Grupo Gfours (SINTRAGFOURS)
- Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Atenas (SITRAMA)
Personas físicas:
- Luis Arias C., politólogo.
- Roberto Ayala, sociólogo.
- Diego Chaverri, sociólogo UNA.
- Liliana Monge Sánchez, trabajadora social y docente UCR
- Adriana Monge Arias, trabajadora social, docente UCR
- Andrés Molina Araya, filósofo y teólogo.
- Alberto Gutiérrez Arguedas, docente UCR.
- Marvin Amador Guzmán, docente de la Escuela de comunicación, UCR
- Andrea Cuenca Botey, psicóloga UNED.
- Carmen Caamaño Morúa, docente UCR.
- Olman Bolaños, historiador y docente, UNED.
- Francisco Robles Mena, técnico en Bibliotecología, UCR.
- Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, UCR.
- Jeffery López Castro, antropólogo y productor audiovisual.
- Sergio Reuben Soto, sociólogo y economista, profesor pensionado.
- Nancy Piedra Guillén, socióloga, UCR.
- Rodrigo Antonio Campos Cordero, sociólogo, UNED.
- Roberto Fragomeno, docente UCR.
- Héctor Ferlini-Salazar, comunicador.
- Luis Alberto Soto Ramírez, trabajador social, movimientos sociales de San Ramón de Alajuela.
- Gustavo Jiménez Barboza, docente UCR.
- Yasy Morales Chacón, docente UCR.
- Yeimer Gerardo Ramos Torres, profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica.
- Julia Elena Murillo Ulloa, profesora de Estudios Sociales y Educación Cívica.
- Sebastián Fournier Artavia, productor ONDA UNED.
- José Francisco Herrera estudiante de derecho de la UCR y filosofía de la UNA.
- Rafael Eduardo López Alfaro, extensionista UNED.
- Jorge Tortós, estudiante de sociología UCR.
- Joel Oviedo Segura, politólogo, estudiante del posgrado en Sociología, UCR.
- Esteban Alvarez Picado, estudiante de Turismo Ecológico de la Universidad de Costa Rica.
- Carmen Marín González, trabajadora social y docente UCR.
- Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.
- Elías Alvarado Ramírez, vocal 1 en la Asociación de Estudiantes de la Sede de Occidente.
- Allen Cordero Ulate, sociólogo UCR.
- Dayana Ureña Solís, docente MEP.
- Juliana Gil Ortiz, socióloga.
- David Castillo Mora, biblista, CERJUC.
- Angélica Alvarado Barrantes, estudiante de biología de la UCR.
- Alonso Gamboa, estudiante de sociología, defensor de DDHH, miembro del Centro de Amigos para la Paz.
- María Trejos Montero, docente y activista DDHH ACODEHU.
- Mariana Gutiérrez Mora, soy feminista y trabajadora social.
- Frella Fernández.
- Flavia José Mora Cubero, docente MEP.
- Idahyma Barrantes.
- Jorge Eduardo Zamora Montero.
- Fainier Jiménez Mena.
- Ana Isabel Venegas Araya, docente de Secundaria, Estudios Sociales y Cívica, MEP.
- Laura Marcela Arias Cabrera, docente, psicóloga y activista.
- Nora González Chacón
- José Alberto Navarro Gómez, productor audiovisual UNED – Onda UNED
- Enid Cruz Ramìrez, coordinadora general, MUSADE.
- Jimmy González Álvarez, docente y trabajador del INA.
- Helvetia Canales Campos, docente.
- María de los A. Calderón Morales.
- Miguel Angel Araya Picado, educador.
- Eval Antonio Araya Vega, filósofo, profesor UCR.
- Annette Briceño Suárez, Trabajadora Social, UCR
- Adrián Calvo Ugalde, trabajador social.
- Ana Lorena Dávila Cubero, trabajadora Social, parte del Comité de lucha Mujeres de Liberia, Guanacaste.
- Ericka Chaves Fallas, estudiante de licenciatura en Trabajo Social en la UCR, SO.
- Deivis Ovares Morales, dirigente sindical de UNDECA
- Óscar Daniel Espinoza Ramos, cantautor y artista plástico.
- María Elena Madrigal Paniagua, estudiante de licenciatura en Trabajo Social UCR, SO.
- Sebastián Saborío, sociólogo UCR.
- David Maroto Gómez, sociólogo, UCR.
- Mónica Monge Mora, estudiante sociología, UCR.
- Armando Navarro Martínez, abogado-SINDEU.
- Ricardo Jaime de Freitas, profesor emérito de la Universidad de Panamá y militante cultural pictórico (en solidaridad internacional).
- Mariana Garro Fallas, estudiante de TS UCR-SO.
- Katherine Castro Aguilar, estudiante de licenciatura en Trabajo Social de la UCR-SO
- Francisco Rodríguez Barrientos, académico y escritor.
- Ana Cristina Quesada Monge, docente de Trabajo Social y del Sistema de Estudios Generales, UCR-SO.
- Esperanza Tasies Castro, catedrática UCR.
- Yanela Castro Monge, profesora de Estudios Sociales y estudiante de Antropología, UCR.
- Jorge Chaves Aguilar, Trabajador Social, UCR
- Graciela Mora Padilla, socióloga, UCR.
- Catalina Miranda Matamoros.
- Edouardo Olmos Campos, jubilado.
- Gerardo Mora Burgos, filósofo, UCR.
- Tatiana Sibaja, estudiante de TS, UCR.
- Marina Salguera Pomares.
- Laura González Álvarez, socióloga.
- María Alejandra Rojas Jiménez, estudiante licenciatura de Trabajo Social.
- Arturo Meléndez Montero, profesor de Estudios Sociales y Educación Cívica, estudiante de filosofía, UCR.
- Luz Marina Vásquez Carranza.
- Samantha Fuentes Romero, trabajadora social, UCR.
- María Barrantes Alvarado, estudiante de TS, UCR.
- J. Alejandra Moya Mora, trabajadora social, estudiante diseño gráfico, UCR-SO.
- Damaris Madrigal López.
- Andrés Chaves, estudiante de sociología, UCR.
- Alisson Esquivel Miranda, estudiante de trabajo social, UCR-SO.
- Diana Molina Vargas, Trabajadora Social, UCR
- María del Socorro Mesén Fallas, trabajadora social, jubilada.
- Jorge Conte, sociólogo y docente UNED.
- Ronald Rivera Rivera.
- Adrián Jaén España, sociólogo, UCR.
- Edwin Chacón Muñoz, trabajador social y máster profesional en arquitectura.
- Jorge Delgado Salazar, educador jubilado.
- Marianela González Seravalli.
- Trino Barrantes, Sindeu.
- Carolina Ávalos Dávila, profesora-investigadora UNED.
- Jacqueline María Zamora Alfaro, estudiante licenciatura en Trabajo Social, UCR, SO.
- José Hidalgo Salazar, educador y miembro de ANDE.
- Franco Fernández Blanco, estudiante de Sociología.
- Catarina Goldoni Ruiz, profesora jubilada.
- María del Carmen Lara Hidalgo, docente educación religiosa.
- María Cecilia Vega Guzmán, docente jubilada, UCR-SO.
- Mario Rodriguez Bonilla, Secretario General de la Central General de Trabajadores (C. G. T.).
- Marianela Segura Ramírez, Secretaria General Adjunta de SITRAA.
- Lauren Villegas Zambrano estudiante de licenciatura, UCR.
- Roberto Mesén Vega, abogado y notario.
- Luis Arturo Martínez Vásquez, docente UCR.
- Rocío Castillo Valverde, PGB1 Escuela República de Uruguay
- Mauricio Gutiérrez Arguedas, docente UCR.
- Adriana Araya Chaves, fotógrafa, estudiante de antropología de la UCR.
- Sergio Varela Rodríguez, empresario independiente.
- Raúl Venegas Castro, UNDECA, CCSS.
- Andrés Chaves Castillo, estudiante de sociología, UCR
119. David Mora Robles, Msc. en Sociología y encargado de proyecto Redes Sur.
120. Carolina Castillo Echeverría
121. Kimberly Umaña Zamora.
122. Javier Cambronero arguedas
123. Adriano Corrales Arias, escritor y profesor universitario.
Foto: OIT
El Covid-19 y la economía. No es un asunto de patadas
Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo
(CICDE-UNED)
La emergencia sanitaria del Covid-19 trae aparejado un severo impacto económico. Hay sectores para los que el efecto es directo y muy fuerte: hoteles, restaurantes, cines, bares, servicios vinculados al turismo y la educación. En otros casos la afectación tiene un carácter más indirecto, como podría ser el caso del transporte público y el comercio en general, y también sectores de la agricultura y la manufactura.
Es un frenazo asociado a un súbito colapso de la demanda y las ventas. Ello pone en marcha presiones deflacionarias que jalan la economía hacia abajo.
En las propuestas de solución planteadas, prevalece una opción: la de tratar de facilitarles a las empresas el manejo de su “flujo de caja”. De ahí que se autorice posponer el pago de impuestos y cuotas de la seguridad social, así como recortes en las jornadas laborales y la nómina de salarios. Esto último, como es obvio, afectará los presupuestos de familias trabajadoras, y traerá mucho sufrimiento e incertidumbre a sus vidas. Con demora, y de forma hasta el momento vaga, el gobierno de Carlos Alvarado plantea conceder posibles subsidios compensatorios para esas familias.
Hay aquí un detalle que es de fácil comprensión: si bien recortar jornadas laborales y salarios, puede ayudar, y ser, digamos que “beneficioso”, para una o algunas empresas individuales, sería en cambio un serio problema, si se generaliza a muchas empresas, y si afecta a una cantidad significativa de personas trabajadoras. Porque en tal caso habrá un efecto negativo apreciable sobre la demanda de consumo al nivel de la economía en general. Y muchas empresas que producen para el mercado interno, lo lamentarán.
Llover sobre mojado: ello sumaría fuerzas económicas negativas a las fuerzas económicas negativas que traen consigo las medidas que ha sido necesario aplicar contra el Covid-19. Razón de más para decir que las personas afectadas deberían recibir alguna compensación.
Por su parte, un grupo de economistas y otras personas proponen que se recorte en un 50%, el salario de todos los empleados y empleadas públicas “que no están trabajando” (aquí: «Si hay patadas, hay pa’todos»). Desde luego, es complicado saber quién sí está trabajando y quién no, pero eso es secundario, frente a un hecho que resulta insultantemente obvio: hay gente que no logra bajarse de su borrachera ideológica, ni siquiera en un contexto crítico como el actual.
¿Quién gana con soltar una ácida polémica ideológica como esta, justo en este momento?
Hay que tener la mente freída en ideología y el corazón envenenado de odio ¿No era siquiera factible esperar un tiempito, a que esta emergencia pase o por lo menos se alivie, para sacar a relucir esos temas tan ideologizados?
Pero, en fin, está visto que el fanatismo ideológico no conoce de cordura ni generosidad. Pero, ¿es que siquiera sabe de economía? La pregunta es relevante, puesto que la propuesta cuenta con la firma de varios economistas.
Vuelvo sobre algo que comenté más arriba: si tantas fuerzas empujan hacia abajo la economía ¿no deberíamos estar en búsqueda, de fuerzas compensatorias que la levanten? Pues resulta que, todo lo contrario, estos economistas nos proponen sumar fuerzas descendentes a las fuerzas descendentes que ya están en operación.
Si usted le reduce su salario a la mitad a 200.000 personas trabajadoras del sector público, tenga por seguro que el resultado será uno: un repentino y pronunciado agravamiento en la caída de la demanda de consumo ¿Dije más arriba que el recorte de salarios en el sector privado provocará lamentos en muchas empresas que producen para el mercado interno? Ahora súmele el efecto que tendría esta estúpida medida que estos economistas proponen.
¿Dije economistas? Me da una horrible pena ajena decir que son economistas, siendo que yo digo de mí mismo ser economista. En protección de mi dignidad, diré que en realidad son ideólogos fanatizados, y que lo suyo no es economía, sino un tipo de religión sacrificial, destructiva y vengativa.
Vuelvo sobre cosas que ya he dicho. Decir, primero que nada, que es tiempo de dialogar y colaborar, con ánimo constructivo, con lealtad patriótica y espíritu generoso y solidario. Y, segundo, que es tiempo para buscar, con urgencia, políticas enérgicas e inteligentes que frenen el bajón de la economía y le infundan nuevos bríos.
Macron en Francia y Merkel en Alemania lo tienen clarísimo, y hacia ahí encaminan sus propuestas de política económica frente a esta situación. Incluso Merkel se ha dejado decir cosas que, en el ortodoxo contexto alemán, resultan absolutamente heréticas, cuando públicamente afirmó que por ahora habrá que olvidarse de los equilibrios presupuestarios, puesto que en este momento lo que urge es frenar y revertir la caída de la economía.
Los contextos son distintos, y seguramente en Costa Rica no podremos replicar mecánicamente lo que se hace en Europa. Pero la racionalidad subyacente, como asimismo el objetivo principal, son similares: introducir estímulos positivos que propicien la recuperación de la economía. Estoy trabajando un documento más amplio que, modestamente, intenta formular diversas ideas en ese sentido, y que daré a conocer en próximos días.
Ha dicho el ministro de Salud, Dr. Daniel Salas, que nunca había visto al país responder con tanta unión. Ya vemos que hay gente a la que eso le molesta, y que quieren sembrar desunión.
No les escuchemos, por favor.
Enviado a SURCOS por el autor, publicado originalmente en su blog:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2020/03/el-covid-19-y-la-economia-no-es-asunto.html?m=1
Esparzol expuesta al riesgo del COVID-19, denuncian grupos comunitarios
SURCOS recibió de parte de la Asociación de Desarrollo Integral de Esparzol, de
Esparza de Puntarenas, una denuncia según la cual la comunidad fue expuesta al riesgo del COVID-19 al negarles agua de un camión cisterna.
El documento señala que “se cometió una violación de los derechos humanos y falta grave a las indicaciones de la Directriz 076-S firmada por el presidente de la República y el Ministro de Salud, disposición que busca garantizar el acceso al líquido para la prevención de la transmisión del COVID-19”.
Al dar detalles, la información remitida a este medio por una estudiante del Programa de Gestión Local Pacífico Central de la UNED, indica lo siguiente:
“Ayer sábado 21 de marzo la comunidad de Esparzol fue expuesta al riesgo del virus COVID 19 al no tener agua potable por tres días”.
Agrega que los encargados del camión cisterna del AyA al llegar a la comunidad aseguraron que tenían órdenes expresas de su jefe de no proporcionar agua a la población del precario porque «no pagan recibos». El documento dice que “también negaron haber recibido cualquier recomendación del doctor Ureña, director del Ministerio de Salud sobre la importancia de mantener el agua potable en la comunidad. Sostienen entonces que no han recibido ninguna comunicación del Ministerio de Salud del cantón de Esparza”.
“Mencionaron que uno de los pozos está seco. Pero cambiaron la versión, ayer en la tarde dijeron que el pozo al frente de la estación de taxis está dañado. Sin embargo, la institución no advirtió del daño y no avisó ni advirtió a la población de la baja producción de agua. Sumados 3 días sin el recurso hídrico y la fatal respuesta que envían del camión cisterna de atender solamente las calles que pagan recibos de agua y al sector precario le niegan el acceso al agua”.
“Humillaron a la población de la manera más cruenta posible. Le hicieron moverse de las filas en orden para no hacer aglomeraciones por puro capricho a como consta en los videos. Contrario a las indicaciones de la ADI de permanecer separados a la distancia ordenada por el Ministerio de Salud”, dice el comunicado.
“De momento no nos han indicado con certeza exacta sobre ningún informe técnico que diga si en verdad los pozos están dañados, cuál pozo y cuál es el daño y sobre la baja producción de agua y el por qué no se informó a tiempo”, agrega la denuncia comunitaria.
“Debido a las críticas circunstancias de pandemia y de la vulnerabilidad que representa la población sin acceso al recurso hídrico esto representa un gran riesgo para todos, no hace falta dar muchas explicaciones sobre ello. Al final del día se fue resolviendo la situación ya que la Municipalidad de Esparza desde el día anterior también buscaba soluciones para atender la grave situación”, escribieron las personas de esta comunidad de Esparza.
“Los videos que tomamos hacen constar qué la exposición en cuarentena en tiempo de PANDEMIA MUNDIAL es un atentado contra la vida de las personas en el cantón”, finaliza la denuncia recibida por SURCOS.
Un video enviado a SURCOS por las organizaciones comunitarias muestra cuando se logró que se les entregara el agua, pero sin permitir la distancia recomendada entre personas como se indica en las instrucciones de protección giradas por el Ministerio de Salud.
Todo lo que el coronavirus ha puesto en evidencia
German Masís
La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia muchas cosas, entre ellas que es ya una enfermedad global y una emergencia mundial que ha podido diseminarse gracias a la amplia movilidad de las personas.
Pero hay otras situaciones aún más sorprendentes, como poner en evidencia la realidad de los sistemas de salud en los países algunos más fuertes y preparados y otros más débiles y vulnerables; que han sido los sistemas de salud públicos, con sus fortalezas, debilidades y capacidades los que han respondido a las emergencias nacionales.
Que son sistemas de salud diferenciados de acuerdo a las políticas que han prevalecido, dirigidas a priorizar la salud como servicio público y a mantener sistemas robustos o a reducir la acción estatal y trasladar los servicios a la actividad privada.
Se ha podido observar las distintas capacidades y recursos disponibles, marcados en algunos casos por las carencias de infraestructura, equipo y personal, como la limitación de la infraestructura hospitalaria en el Norte de Italia la ausencia de suficientes pruebas para detectar el virus en Estados Unidos, o la carencia de equipos de asistencias respiratoria en España.
La emergencia ha evidenciado el tipo de respuesta de los Estados y el manejo político que cada uno ha realizado de la misma, algunos negando inicialmente su existencia y perdiendo tiempo valioso u otros definiendo una estrategia de atención clara y oportuna.
Además, ha puesto en evidencia que es posible movilizar la cooperación entre países, que hay disponibilidad de recursos financieros en condiciones favorables y de manera crucial que las empresas pueden involucrarse junto a los Estados en la búsqueda y el desarrollo de las soluciones médicas adecuadas.
Así mismo, ha confirmado la importancia de la investigación y el conocimiento científico desdeñado o ignorado por algunos políticos arrogantes y miopes.
La pandemia ha hecho emerger el sentido más humano de la asistencia sanitaria y ha vuelto a poner a la salud en el centro del desarrollo de las sociedades.