Autor: Hector Ferlini Salazar

La pulpe de la cárcel

Escrito en 07/12/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Por más de 200 años, las sociedades civilizadas han avanzado, no sin obstáculos, por el camino del respeto a la dignidad de los privados de libertad. La abolición de la pena de muerte, en 1882, gran legado de don Tomás Guardia a los costarricenses y al mundo, es la mejor expresión, de esa tarea de supremo respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así, también, la inhumana tortura, para infringir sufrimiento, o cualquier otro tipo de maltrato inconcebible, incluido el encarcelamiento injusto, conque se degrada a la persona, han dejado de tener cabida en sociedades que se dicen civilizadas.

No en vano, a los costarricenses todavía nos avergüenza, las situaciones descritas por José León Sánchez, en su novela «LA ISLA DE LOS HOMBRES SOLOS», que tanto impactara entre los costarricenses, cuando se publicara hace más de medio siglo, en la cual José León describe, como testigo, la situación que se vivía en la antigua prisión existente isla San Lucas.

Pero, por dicha, han pasado los años, y con ellos se han venido estableciendo principios convencionales en el marco de la ONU, que, junto a decisiones internas de Estados, como Costa Rica, han permitido avanzar por el sendero correcto, hacia el respeto de los derechos de los que cumplen sanciones penales. «Donde las leyes permiten que un hombre, en determinados casos, deje de ser una persona para convertirse en una cosa, no existe libertad», describió Beccaria, jurista italiano del siglo XVIII, de gran influencia en la modernización del derecho penal europeo.

En los «Principios básicos para el tratamiento de los reclusos», (ONU 1990), explícitamente se establece, el deber de crear «condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y útiles, que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país, y les permita contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio«.

Tenemos los costarricenses, leyes pertinentes y un ejemplar «Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional«, emitido en la administración de don Luis Guillermo Solís, que recoge el espíritu y letra de la legislación pertinente al caso que nos ocupa. Por ejemplo, se estipula que «Las condiciones de vida de la persona privada de libertad, deberán tener como referencia, la vida en libertad«. Para su inserción social, el Estado «tomará las medidas necesarias a efecto de poder ofrecer a las personas, educación, cultura, formación profesional, trabajo, salud, deporte, arte, y cualquier otra cosa que tenga el mismo fin«. Asimismo, se ha de implementar «un modelo de formación integral, garante de los derechos humanos, que les posibiliten la inserción social«, para lo cual se ha de generar, «una oferta educativa, formativa, productiva y laboral, que estimule el desarrollo de habilidades, competencias y destrezas… para su vida en libertad«. Ello con la finalidad de realizar «un proceso de acompañamiento individual y grupal a las personas privadas de libertad, que desarrollen actividades ocupacionales«.

En términos generales, se busca que las actividades de formación, ocupación y capacitación, «sean parte esencial del plan de ejecución de la pena y tendrán como finalidad, adquirir y fortalecer destrezas y hábitos positivos… que favorezcan la inclusión social… y un proyecto de vida sin delinquir«.

Ante lo anotado, no entendemos cómo, el presidente Chaves y la co-gobernante Cisneros, hasta gastaron recursos del Estado, para anunciar como un éxito del gobierno, el haber desautorizado el funcionamiento de un par de pequeñas pulperías, administradas por adultos mayores, en sendas cárceles. Pulperías (ellos les llaman «comisariatos», otros «supermercados») que, debidamente autorizadas por el ministro de Justicia (aunque lo obligaron luego «a quitarse»), funcionaban, con grandes limitaciones, en las prisiones.

Aprovechando que se trata de una población vulnerable, privada del ejercicio de varios derechos en razón de sentencias judiciales, mayormente despreciada por los habitantes, la máxima autoridad del Poder Ejecutivo consideró un «éxito» detener su operación, pues «no pagan impuestos ni la luz», dijo el dúo Chaves-Cisneros. Acción que demuestra ausencia de sensibilidad y solidaridad cristiana, además del usual desconocimiento de la legislación, nacional e internacional.

El hecho de que, en países como El Salvador, no rijan reglas similares, no ha de ser motivo para retroceder tan violentamente, en un campo en el cual los costarricenses hemos avanzado tan significativamente. Por ello, esperamos que, en virtud de recursos de amparo presentados a favor de los privados de libertad, afectados como artesanales empresarios, y como particular clientela, los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, además de acogerlos, emitan un voto razonado tal, que vaya permeado de una motivación educativa, donde se reafirmen los principios básicos, que el Chaves y la Cisneros, están desechando, como parte de su demagógica propaganda, de hombre fuerte y mujer de hierro.

6 de diciembre del 2024

La Cuarta Teoría Política: Un faro para reencontrar la vía costarricense

Escrito en 02/12/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mauricio Ramírez Núñez
Académico

Como docente e investigador en el área de Relaciones Internacionales, ha sido un honor tener la oportunidad de entrevistar hace un tiempo al profesor, geopolítico y filósofo ruso Alexandr Dugin, uno de los intelectuales más influyentes del mundo no occidental. Sus ideas no solo han moldeado el pensamiento político de la Rusia contemporánea, sino que también han impactado a numerosos pensadores a nivel global, incluido en Occidente. Paradójicamente, en estas tierras que se proclaman defensoras de la libertad de expresión y de conciencia, su obra ha sido objeto de censuras que contradicen estos principios.

Uno de los aportes más importantes del profesor Dugin, a quien además tuve el agrado de conocer personalmente en Moscú, es su célebre Cuarta Teoría Política, una propuesta disruptiva y audaz que desafía el pensamiento político moderno occidental y sus tres grandes ideologías: comunismo, fascismo y liberalismo. Dugin sostiene que, ante el evidente desgaste de estas corrientes y sus inclinaciones totalitarias, es imprescindible una nueva teoría política que supere las limitaciones de una modernidad atea, materialista y marcada por un nocivo complejo de superioridad. Este modelo ha sido la herramienta central para consolidar la hegemonía política, ideológica y económica de Occidente durante los últimos 500 años, un dominio que su teoría invita a cuestionar radicalmente.

La Cuarta Teoría Política se fundamenta en la premisa de que la modernidad atraviesa una profunda crisis. Esta crisis se refleja en la pérdida de valores tradicionales, reemplazados por un sistema centrado en el materialismo, el consumo desmedido y la ausencia de propósito existencial. El nihilismo actual así lo demuestra en todos los campos. Se traduce, además, en la desintegración de las comunidades, el incremento de la desigualdad social y un vacío antropológico que despoja al ser humano de su conexión con los principios fundamentales que rigen el universo y la existencia misma. En esencia, la crisis de la modernidad es una crisis de sentido, un colapso de las bases éticas y espirituales que históricamente han dado dirección y significado a la vida de la civilización Occidental.

Esta teoría plantea la identidad como fundamento central de la organización política. Esta identidad se entiende como la pertenencia a una comunidad, una cultura y una historia compartidas. El profesor Dugin incorpora el concepto del Dasein o «ser-ahí», desarrollado por el filósofo alemán Martin Heidegger, reinterpretándolo en clave geopolítica para vincularlo al «ser-ahí» de cada pueblo y su desarrollo dentro del espacio y contexto que le son propios. La identidad, según esta visión, no solo nos define como seres humanos, sino que también nos otorga un sentido de pertenencia auténtico, en oposición a ideas impuestas desde posiciones de enunciación que se autoproclaman superiores. Cada pueblo posee su propio logos (racionalidad) y ethos (esencia cultural), los cuales deben ser respetados como expresión única de su devenir histórico y espiritual.

Las tres grandes ideologías de la modernidad han tenido como base sujetos históricos que, en última instancia, niegan a la comunidad y al pueblo como tal. En el fascismo, el sujeto histórico es el Estado o la raza; en el comunismo, la clase proletaria; y en el liberalismo, el individuo. Sin embargo, Dugin sostiene que estos paradigmas son insuficientes para enfrentar los desafíos contemporáneos, ya que fragmentan la esencia colectiva de las sociedades.

Por eso, el planteamiento de este filósofo ruso propone una simbiosis en la que el Dasein de cada pueblo, como sujeto político, sea el eje alrededor del cual giren tanto el Estado como el mercado. Todo ello debe estar fundamentado en las tradiciones y creencias genuinas de cada sociedad, capaces de resistir la manipulación y las imposiciones ideológicas de actores externos. La meta es que cada pueblo encuentre su propio camino hacia el desarrollo, respetando su identidad propia y fomentando relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo y la cooperación.

Dugin aboga por un verdadero mundo multipolar, donde las diferentes civilizaciones puedan coexistir sin la dominación de hegemonismos, y en el que la diversidad de creencias, culturas, saberes y filosofías se valore como una fortaleza que enriquezca a la humanidad en su conjunto. A continuación expongo un pequeño extracto de la entrevista que hice al profesor Dugin donde se refiere a la Cuarta Teoría Política:

“La Cuarta Teoría Política es precisamente la crítica radical del liberalismo y al mismo tiempo no tiene nada que ver ni con comunismo ni con fascismo, es la invitación para despertar la imaginación de los pueblos, de las sociedades, para imaginar, crear y proponer alguna cosa más allá del status quo. En las relaciones internacionales, este proyecto de la Cuarta Teoría Política, corresponde orgánicamente a la Teoría del Mundo Multipolar, donde América Latina debe fungir como un polo independiente y soberano, hay que pensar en la integración de los pueblos de toda América Latina basándose en su identidad profunda, tradicional y común para poder crear este polo de la multipolaridad para llevar a cabo esta tercer fase de la liberación latinoamericana que empezó con Bolívar y otros héroes de la región.

Esta es hoy la necesidad porque no es posible superar la unipolaridad actual con socialismo que no provoca ya el entusiasmo popular, o el sobre racionalismo por otro lado, que opone a unos pueblos contra otros y ayuda a los liberales a manipular a la gente. Hay que clarificar esa visión continentalista para desarrollar de manera más clara y transparente esta visión de un futuro común, que es más o menos, lo mismo que el euroasianismo en Rusia, porque en Rusia nosotros queremos juntar los pueblos euroasiáticos alrededor de un destino común. Lo mismo tiene que suceder en América Latina, donde pueda desarrollar su sentido de destino común diferente al de América del Norte, de Europa, de Rusia, del mundo Islámico, no es tampoco necesariamente pro ruso, la Teoría del Mundo Multipolar es objetiva, no sirve a los intereses de unos u otros, porque se trata de crear y defender esta identidad propia de cada civilización”.

Después de estas palabras del profesor Dugin, surgen muchas preguntas y un cúmulo de ideas que invitan a reflexionar sobre cada una de sus afirmaciones, especialmente en relación con el caso costarricense y la coyuntura histórica que enfrentamos. En un contexto de creciente polarización política y odio, la Cuarta Teoría Política se presenta como un llamado a redescubrir la vía costarricense, esa trayectoria histórica que ha hecho de nuestro país un lugar único, con una identidad y una historia propias.

Hechos como el Pacto de Ochomogo, el «comunismo a la tica”, las Garantías Sociales y la abolición del ejército son expresiones del ser-ahí profundo del pueblo costarricense, caracterizado por su solidaridad y su sentido de pertenencia a una matriz común. Estas lecciones del pasado nos recuerdan que nuestro desarrollo debe basarse en nuestra identidad, en nuestros valores, y no en modelos ni modas impuestas desde fuera. La reflexión de Dugin nos invita a pensar críticamente en nuestro propio camino, a fortalecer nuestra identidad y a retomar las raíces que han definido nuestro proyecto nacional. Es tiempo de construir un modelo que honre nuestra historia y proyecte a Costa Rica hacia un futuro auténtico y solidario, en armonía con nuestra propia historia, así como con nuestra esencia como pueblo.

El poder por encima del derecho (la tragedia de Cuba)

Escrito en 02/12/2024. Publicado en Análisis.

Walter Antillón

“Escucha pues -dijo Trasímaco-: sostengo que lo justo
no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte”
(Platón: La República; Parte I, 338ª, c )

1.- Libre determinación de los pueblos

Año 1945. Al término de la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazi-fascismo, los Estados victoriosos lideraron la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de libre determinación de los pueblos, al principio de igualdad de derechos, etc.; y era que ya en aquel momento el panorama conjunto de los países del Mundo presentaba un aspecto variopinto: repúblicas liberales junto a satrapías autocráticas; monarquías constitucionales con férreas dictaduras; repúblicas socialistas con principados orientales; monarquías teocráticas con federaciones republicanas. La nueva regla: diversidad; respeto recíproco; cada uno un voto en el seno de la flamante organización.

Entre los principios allí afirmados, precisamente el de libre determinación de los pueblos, que había sido ensalzado por el Presidente Wilson en 1919, era nuevamente reafirmado por el presidente Franklin Roosevelt y por el premier Winston Churchill en la Carta del Atlántico de 4 de agosto de 1941, donde ambos manifestaron que “… 3. Respetan el derecho que tienen todos los pueblos de escoger la forma de gobierno bajo la cual quieren vivir…”.

El mentado principio era de vieja data: recordemos que estaba ya presente en los Tratados de Westfalia de l648; y comparece en la Constitución de los Estados Unidos de 1776 y en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789; para ser finalmente consagrado en el siglo XX como norma jurídica internacional en la Carta de la ONU, ya mencionada.

A partir de entonces sirvió de apoyo jurídico y moral a los movimientos en pro de la independencia de los pueblos africanos y asiáticos sometidos al dominio colonial (Resolución de la ONU: 1514 XV de 1960)

2.- Prepotente e ilegítima reacción

Aunque de los Estados Unidos proviene la Carta Atlántica de 1941, y aunque dicho país haya sido uno de los principales impulsores de la Carta de las Naciones Unidas, su Presidente Dwigt Eisenhower se olvidó de la autodeterminación de los pueblos cuando orquestó con Gran Bretaña el golpe de Estado que depuso al Primer Ministro de Irán, Mohammad Mossadegh en 1953, (porque éste había nacionalizado el petróleo en su país); así como el golpe de Estado contra el Presidente socialista Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954 (por haber intentado, entre otros cambios, una reforma agraria que afectaba los intereses de empresas norteamericanas). No es sorprendente, entonces, que cuando el movimiento revolucionario jefeado por Fidel Castro, que toma el poder en Cuba en 1959, se identifica como socialista, la misma Administración Eisenhower, valiéndose de su enorme poder económico y de la dependencia estructural de la economía cubana, inicia la política de presiones y represalias que, en una línea ascendente, se mantendrá hasta nuestros días. Todo comienza con la gradual disminución y final supresión de la cuota azucarera (1960-1962). Y recordemos que, con ocasión de la intervención cubana de las refinerías de petróleo, propiedad norteamericana, Eisenhower declara (julio de 1960) que “nunca permitirá el establecimiento de un régimen dominado por el comunismo internacional en el Hemisferio Occidental”.

Pero lo cierto es que, ya el 17 de marzo de 1960, el mismo Eisenhower había ordenado a la CIA la organización de una unidad de guerrilla compuesta por exiliados cubanos, con el apoyo bélico de Estados Unidos, a fin de derrocar a la Revolución. Así se inicia la preparación de la invasión que tendrá lugar el 17 de abril de 1961 con el desembarco en Playa Girón (Bahía de Cochinos) de fuerzas de infantería y artillería, precedido por el bombardeo de varias ciudades cubanas por parte de aviones norteamericanos camuflados. Como sabemos, esa invasión fue derrotada.

Frente a la nacionalización de las industrias del azúcar, el cemento, las refinerías, la electricidad, los teléfonos y otras por parte de Cuba, la respuesta norteamericana es la prohibición de toda exportación a la Isla, excepto suministros médicos y alimentos (octubre de 1960). Y después del fracaso de Playa Girón, la Ley de Asistencia Exterior de la Administración Kennedy (octubre de 1961) prohíbe toda ayuda a países comunistas; y la llamada Proclama Kennedy prohíbe la importación de bienes de origen cubano (1962).

Por su parte, Cuba busca infructuosamente negociar con otros países: Canadá, Gran Bretaña, Bélgica; pero, como vimos, ya desde 1960 había iniciado un acercamiento con la Unión Soviética, China y Europa Oriental, que se concreta primero con la política de reemplazo de Estados Unidos, por parte de los soviéticos, en la compra de la cosecha azucarera cubana; y luego por una serie de convenios de intercambio, financiamiento y ayuda militar, para culminar en 1970 con el ingreso de Cuba en el COMECON (Consejo de Mutua Ayuda Económica) agrupación de países socialistas equivalente a la Unión Europea. Esta situación se mantuvo hasta los años noventas.

Después de la desaparición de la Unión Soviética y de la caída de los regímenes europeos de socialismo real, hechos que ponen al Régimen Cubano en dificultades extremas, el Congreso de los Estados Unidos promulgó dos leyes más, buscando asegurar su irremediable caída: la llamada Ley de la Democracia Cubana (Ley Torricelli) de 1992, que empeoró las sanciones económicas; y la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Ley Helms-Burton) de 1996, que buscaba nuevas sanciones internacionales contra el Gobierno cubano. Dichas medidas, al conferir nivel legislativo a las sanciones, eliminaban también la posibilidad de que un presidente pudiera modificarlas o suprimirlas en el futuro.

En los años siguientes, y hasta la fecha, el bloqueo se ha perfeccionado y se ha intensificado sobre todo en las últimas administraciones de Trump y de Biden. Y el futuro no promete nada mejor.

3.- Una historia sugestiva

Para entender lo ocurrido entre Cuba y Estados Unidos desde 1959 hasta nuestros días, es indispensable repasar, aunque sea someramente, la historia de la mayor de las Antillas a partir del Siglo XIX:

a. A diferencia de la gran mayoría de los países latinoamericanos, que lograron su independencia de España a comienzos de dicho siglo, Cuba no lo consigue sino al final, a través de un cruento proceso revolucionario que se extiende por más de treinta años. Pues, en efecto, en 1868 Carlos Manuel de Céspedes (Padre de la Patria Cubana) va a proclamar la independencia de la Isla, con la ayuda, en lo militar, del dominicano Máximo Gómez (quien durante esos 30 años luchó en Cuba contra el dominio español); y la primera Constitución de la Patria independiente fue redactada por Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana un año después, dando así origen al proceso insurreccional que, con interrupciones y altibajos, se extenderá gradualmente y comprometerá la siguiente generación de patriotas (Antonio Maceo, José Martí, Calixto García).

b. Pero hay que recordar que en 1848, dos decenios antes del ‘grito de Yara‘ por Carlos Manuel de Céspedes, políticos y empresarios norteamericanos habían tratado de comprar la isla de Cuba. Al respecto, el historiador español Benedicto Cuervo (Universidad de Oviedo) relata lo siguiente:

“…En ese momento (1848) políticos importantes y hombres de negocios norteamericanos anhelaban la incorporación de Cuba como un nuevo Estado dentro de los estados del Sur esclavistas. Para ello se ponen en contacto con políticos y banqueros españoles reiteradamente (durante varias décadas) para intentar su compra por unos 100 millones de dólares. Al no conseguirlo por este medio, Estados Unidos apoyará a los insurrectos cubanos con entregas de armas, además de cuantiosas sumas económicas que entregarán los ricos hacendados cubanos a sus compatriotas establecidos en Nueva York para sobornar a diputados, periodistas, banqueros y comerciantes para que provocasen la intervención de Estados Unidos en el conflicto…” (Cuba: su difícil camino hacia la independencia: 1845-1898; La Razón Histórica, Oviedo, 1989).

c. En el año 1898, cuando los recursos humanos, económicos y militares de España se estaban agotando, y la balanza se inclinaba a favor de los independentistas al mando del generalísimo Máximo Gómez; la explosión en un barco norteamericano anclado en el puerto de La Habana provocó la intervención de EEUU, que declaró la guerra a España y la derrotó con facilidad, ocupando militarmente la Isla. El ejército revolucionario del héroe Máximo Gómez, que había luchado contra España hasta el final, entró en La Habana en 1889, y fue licenciado con todos los honores… bajo la ocupación norteamericana. Sometidos a esa abusiva presión, los constituyentes cubanos aceptaron en su Constitución la Enmienda Platt y el arrendamiento de Guantánamo, que todavía continúa. Y sabemos que cuando la Enmienda Platt quedó incorporada a la Constitución cubana, el gobernador yanqui de Cuba, general Leonard Wood escribió:

“Cuba está en nuestras manos y creo que no hay un Gobierno europeo que la considere por un momento otra cosa que lo que es, una verdadera dependencia de los Estados Unidos. Con el control que, sin duda, pronto se convertirá en posesión, en breve prácticamente seremos dueños del comercio del azúcar en el mundo” (Cintio Vitier, Ese sol del mundo moral, pág. 116; citado por Ernesto Limia Díaz: La Enmienda Platt: Una camisa de fuerza contra la Cuba mambisa. Cubadebate; 12 junio de 2021).

d. La gobernación militar del general Wood en Cuba duró hasta 1902, pero, en aplicación de la Enmienda Platt, un nuevo paréntesis de gobernación yanqui se repitió de 1906 a 1909, siendo gobernador esta vez el senador William Howard Taft (futuro presidente de Estados Unidos). Allí se iniciaron la corrupción y los sobornos en gran escala, que continuaron con ocasión de la apertura de los diferentes gobiernos cubanos a la inversión y al dominio del capital norteamericano.

e. En efecto, a mediados de la década de los cincuenta, Estados Unidos tenía 713 millones de dólares de inversión directa en Cuba (al cambio de la época), que era el 95 % del total de la inversión extranjera en la Isla. Entre sucursales y empresas madres norteamericanas, estaban, además de los principales bancos newyorkinos, el First National Bank of Chicago, las petroleras Texaco, Esso, Shell, Standard Oil; y muchísimas otras firmas conocidas: Coca Cola, Caterpillar Tractor, Abbot Laboratories, IBM, Xerox, Dow Chemical, John Deere, Cuban Electric Co., ITT Corp., North American Sugar, Moa Bay Mining Co., United Fruit Sugar Co., West Indies Sugar Co., American Sugar Co, Bangor Punta Corp., etc.

f. Al final, no hubo necesidad de comprarla. De hecho, Cuba era “casino y lupanar para el weak end de los norteamericanos”: estratificada y con segregación racial, la Cuba en donde los yanquis: funcionarios, estrellas de Hollywood, empresarios, tahures, residentes, mafiosos y turistas constituían una poderosa élite, a cuyos exclusivos clubes tenían acceso los miembros de la oligarquía criolla: un país con una fachada de refinamiento y grosera opulencia, que ocultaba la extendida pobreza y el analfabetismo de las clases populares.

En ese ambiente pretencioso y cambalachero se desenvolvía, como pez en el agua, el último sangriento dictador de la Cuba pre-revolucionaria: Fulgencio Batista, un verdugo y un ladrón que nunca sufrió sanción, embargo o bloqueo de parte del Gobierno Norteamericano.

4.- La ONU y la autodeterminación de los pueblos

La Organización de Naciones Unidas fue creada con el propósito de consagrar la igualdad de los Estados y evitar las guerras y toda acción unilateral directa de un Estado fuerte contra uno débil, en forma de agresión, amenaza o cualquier otra acción ‘incompatible con los propósitos de aquella. Dice la Carta:

Artículo 1

Los Propósitos de las Naciones Unidas son:

“(…) 2.- Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.

3.- Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión…”

Artículo 2.-

Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:

(…) 4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Propósitos que se reiteran y se refuerzan en los artículos 55 y 56 de la misma Carta:

“55.- Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistades entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:

niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social;
la solución de problemas internacionales de carácter económico, internacional en el orden cultural y educativo; y
el respeto universal a los derechos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades.”

56.- Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55.”

Posteriormente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que también son partes los Estados Unidos, consagra puntualmente como derecho de cada pueblo, el propósito expuesto en el apartado 1) de su artículo 1:

“…1.- Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de ese derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural …”

En las normas citadas, la autodeterminación de los pueblos ha sido elevada a principio fundamental del derecho internacional, reconociéndose su carácter general y vinculante erga omnes. Se trata del reconocimiento de un derecho propio de los pueblos políticamente organizados, expresión de su soberanía, cuyo correlato es el deber de los otros Estados de respetarlo y facilitarlo. En tales condiciones, los pueblos están facultados para actuar libres de cualquier género de presión u opresión en la determinación (como dice el Pacto) de su condición política y su desarrollo en la esfera económica, social, cultural.

Los pueblos se autodeterminan de diferentes maneras, emprendiendo para ello operaciones muy diversas: luchando por su independencia, si están sometidos a coloniaje (como los africanos); o dividiendo un Estado unitario en dos o más Estados nuevos (como Checoslovaquia); o, viceversa, ingresando a una confederación o a una comunidad de Estados (ingreso a la UE); o modificando su organización político-económica (China, Cuba), etc. Todas estas manifestaciones de autodeterminación son legítimas y están reconocidas y tuteladas por la normativa citada en la Carta de la ONU, en el Pacto de los Derechos y en otras fuentes subsidiarias.

Según el artículo 2 citado, toda forma de violencia entre los Estados es contraria al espíritu de la Carta, incompatible con sus propósitos, ya se trate de amenazas, agresión armada u otras medidas de presión desplegadas por un Estado poderoso contra otro más débil. En virtud de la igualdad jurídica de los Estados, cuando surge un conflicto, las partes deben recurrir a los medios disponibles en manos de los órganos que la Carta estatuye.

5.- El daño inconmensurable

Ahora vamos a lo nuestro: guiado por la vanguardia revolucionaria del Movimiento 26 de julio, cuyo comandante general era Fidel Castro, el pueblo cubano, en ejercicio de su derecho de autodeterminación, se liberó de la Dictadura de Fulgencio Batista el 1º de enero de 1959, y conformó el Gobierno Revolucionario que muchos países reconocieron, incluidos los Estados Unidos. Meses después, a través de sus órganos competentes, el Gobierno de la Isla se declaró socialista, con un respaldo popular masivo. Parecidos cambios, en circunstancias análogas o no, se han producido muchas veces en la historia: desde los acometidos por Sun-Yat-Sen (fundador de la República China) en 1912; o por Mao-Tse-Tung (fundador de la República Popular) en 1949; hasta los logrados por Charles de Gaulle (fundador de la V República Francesa) en 1958: todos con un enorme respaldo de sus pueblos. Se trató de operaciones extraordinarias (de muy diversa magnitud), preñadas de importantes consecuencias, perpetradas por los dirigentes, que los pueblos inspiraron, apadrinaron o respaldaron como auténticas manifestaciones de su libre determinación: operaciones legítimas, respaldadas por normas universalmente reconocidas.

Empero, al margen de lo que estatuye el derecho vigente sobre autodeterminación, para el pueblo cubano estaba prohibido optar por la vía del socialismo, en razón de una norma no escrita, pero que, de hecho, se ha revelado más potente que la Carta de las Naciones Unidas: una norma específica derivada del “Destino Manifiesto” (Grundnorm del ordenamiento jurídico usano). Según dicha norma, por su disposición geográfica Cuba debe pertenecer a los Estados Unidos; de manera que, en vista de aquella pretensión libertaria de la Isla, había que hacerla regresar a su “dominio natural” sin escatimar los medios para lograrlo. Y esto explica la implacable, infinita perversidad de las medidas adoptadas por su verdugo durante los últimos sesenta años; sólo comparable con el contemporáneo proceso de sistemático despojo del territorio palestino por obra de Israel; y el exilio, la represión y el exterminio de sus habitantes.

Había que escarmentar al pueblo cubano, haciéndolo probar el hambre, la escasez, la frustración por tiempo indefinido, hasta que abjurara de sus ideales y repudiara a sus líderes; de modo que durante sesenta años, los Estados Unidos han ido tejiendo una abigarrada y creciente red de leyes, reglamentos, órdenes, listas negras, etc. para tratar de impedir cualquier proyecto de inversión extranjera en el país; hacer fracasar cualquier iniciativa que suponga un alivio o una mejora en las condiciones de vida, cada vez más precarias, del pueblo cubano; o las posibilidades de avance de la actividad científico-tecnológica, artística o deportiva; o de aplicación de estrategias de desarrollo económico y social, frustrando el crecimiento y la diversificación de la agricultura, de la industria o del comercio interno y exterior de Cuba.

El pueblo cubano ha soportado estoicamente los efectos severamente abrasivos del bloqueo, que inciden en su capacidad adquisitiva, en su acceso a los alimentos y bienes esenciales: ropa, servicios médico-quirúrgicos, medicamentos, artefactos domésticos. Jurídicamente ilegítimo, pero implacable, el bloqueo ha robado la alegría, el futuro y la vida misma a millones de cubanos de varias generaciones. En el largo camino muchos se han rendido: abandonan sus ideales, abandonan la isla para tratar de poner término a sus frustraciones, sus carencias, sus sufrimientos.

6.- El papel del jurista

Los juristas que, por definición, son los guardianes de la justicia ¿qué tienen que decir ante semejante ignominia? A ellos corresponde declarar, en primer lugar, que aquel acoso, aquella agresión es injusta y, como tal, intolerable. Desde el punto de vista jurídico, el bloqueo se ha ido configurando claramente como una gravísima violación continuada y redoblada durante más de sesenta años: la violación deliberada e impune de principios jurídicos llenos de vigencia como son los principios de soberanía y de libre determinación del pueblo cubano.

Porque, a la fecha de hoy, es un hecho patente, indudable, que el sistema de sanciones impuestas a Cuba por los Estados Unidos es ilegítimo y unilateral, perpetrado de espaldas al orden jurídico internacional; planeado y perpetuado alevosamente desde la impunidad del poderoso. Jurídicamente hablando, toda sanción (política, económica, militar) que se imponga a un Estado sólo puede emanar del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de la ONU. Y en este terreno tenemos que ya en 32 ocasiones la Comunidad Internacional, por una mayoría constantemente abrumadora, ha exigido a los Estados Unidos poner fin al bloqueo contra Cuba.

Y sabemos que, frente a esta exigencia, el claro mensaje que nos envía la gran Potencia, junto con su aliado Israel, es que el derecho Internacional no vale, no cuenta: lo que vale es la voluntad del poderoso: el poder desnudo, contra toda racionalidad y contra toda justicia. Y a estas alturas tenemos que aceptar que la iniquidad impune del gobierno norteamericano está a punto de triunfar sobre una Cuba que agoniza.

El derecho, como aspiración hacia la justicia, vale para todas las situaciones, o no vale en absoluto. La injusticia no puede ser aprobada, ni en lo grande ni en lo pequeño. Aceptar en silencio las violaciones al derecho no significa otra cosa que abjurar del derecho, de la juridicidad en general, de la justicia. Porque si la Carta de las Naciones Unidas sólo vale lo que un puñado de papeles mojados y arrugados ¿qué valor tendrán entonces los tratados internacionales en general, y las constituciones y las leyes?

Ante la pasividad de los juristas de todo el mundo frente a la tragedia de Cuba ¿debemos interpretar que el derecho y sus valores han perdido su vigor? ¿que fue correcto el allanamiento de la Embajada de México ordenada por el presidente Novoa? ¿que fueron correctas las barrabasadas de Trump y de Bolsonaro ante los resultados electorales en sus países? ¿que son correctas la paulatina apropiación del territorio palestino por Israel, y la dispersión, la expulsión y la eliminación de sus habitantes originarios?

El silencio y la pasividad que prevalecen mayoritariamente en la comunidad internacional de los juristas ante la tragedia de Cuba es uno de los rostros de la indiferencia del ciudadano globalizado de hoy; de la aceptación generalizada de la iniquidad, y de la renuncia de la juridicidad y de la justicia por parte de la Humanidad.

Decreto sobre la UEI pone en riesgo la democracia de una Costa Rica sin ejército

Escrito en 01/12/2024. Publicado en Análisis.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

El reciente decreto emitido por la Presidencia de la República, que otorga nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención (UEI), ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Este cambio habilitó a la UEI, tradicionalmente encargada de situaciones de alta complejidad operativa, para realizar investigaciones de inteligencia y allanamientos, atribuciones que antes recaen exclusivamente en otras entidades judiciales y policiales.

Sergio Ortiz Pérez expresó que este decreto genera «suma preocupación» debido a los cambios en las funciones de la UEI, subrayando el impacto potencial que estas modificaciones pueden tener en el equilibrio democrático. «Vemos con suma preocupación el decreto de la Presidencia de la República, en el cual cambia las funciones de la Unidad Especial de Intervención y les habilita para realizar investigaciones de inteligencia y allanamiento», señaló.

Por su parte, Grace García calificó el decreto como una amenaza directa contra la democracia y la paz del país. «Este decreto representa una clara amenaza para nuestra democracia y paz. Otorgar mayores poderes a un cuerpo policial con alta preparación y equipo bajo la dirección directa de la Presidencia, en la coyuntura actual, representa un grave riesgo y simboliza un peligroso avance, similar a los desarrollados por las dictaduras en otros países de la región latinoamericana, generando las llamadas policías políticas», advirtió.

En la misma línea, Wendy Vargas destacó que las nuevas facultades asignadas a la UEI invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. «Las facultades otorgadas a la UEI son las otorgadas al Poder Judicial y que son ejecutadas por el OIJ, órgano con plena independencia y rigurosidad científica. Esta Unidad lanzará acciones únicamente bajo la dirección del Presidente», explicó, enfatizando la preocupación por la concentración de poder.

Vivian Rodríguez, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a las autoridades para revertir esta situación. «Hacemos un llamado a la población a prestar atención a la gravedad de este hecho; hacemos un contundente llamado al Presidente de la República a revocar esta decisión que pone en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática”. Vivian Rodríguez se pregunta: “¿Y las bases de nuestro Pacto Social?». Además, instó a los demás poderes de la República a activar los mecanismos necesarios para proteger la libertad y el orden constitucional del país.

La implementación de este decreto ha encendido las alarmas sobre el posible debilitamiento de la separación de poderes y el aumento de la influencia presidencial en instituciones clave. Las voces críticas piden un debate nacional urgente para evaluar las implicaciones de este cambio y garantizar la preservación de los principios democráticos fundamentales.

Le invitamos a ver el video de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo:

Los aretes y el éxito

Escrito en 01/12/2024. Publicado en Análisis.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

En los últimos días hemos visto cómo la idea presidencial de poner aretes al ganado para, supuestamente, controlar su comercialización y el concepto de lo que debe ser el éxito espetado por la diputada Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa, han permitido que aparezcan los más venenosos ataques desde el albañal del oficialísimo.

Por un lado, Cisneros considera que el éxito en la vida de una persona se mide por la acumulación de bienes materiales como un apartamento de lujo. Visión pobre y retorcida de lo que debe ser un ser humano: noble, generoso, amante del servicio a los demás y con una dosis enorme de humanismo. Pero nada de eso se puede esperar de quien dedicó su vida profesional a denigrar a otras personas, atacar a las instituciones, decir en campaña que se puede vivir sin cultura y que no cree en Dios; con semejante pedigree qué se puede esperar sino el ataque y verbo incontenible de improperios y agresiones falsas, propias de quien se proclamó maestra de la mentira del presidente y altos funcionarios.

Pero la diputada no hizo más que ir a la zaga de su compañero de equipo el presidente Chaves que, desde su teatro mediático de los miércoles y los días siguientes, ha hecho gala no sólo de lo más procaz de su lenguaje, sino que también de su capacidad para denigrar y ofender a una persona, como meterse en la vida privada del auditor de la CCSS, que fue el denunciante de los gusanos barrenadores que él introdujo en la institución para destruirla; o la forma impropia de tratar como “diputadilla” a la Lic. Sofía Guillén ignorando que ella es parte de Poder Legislativo, con los mismos derechos y prerrogativas que él como Presidente y que es el que debe dar cuentas de sus actos a los diputados, así que debe respetar para ser respetado; y la flor en el ojal la puso en la zona norte, a donde fue a inaugurar un puente Bailey y que son estructuras provisionales… vaya ridiculez! Ahí se enfrentó a pequeños productores de ganado por los famosos aretes; no solo defendió a los grandes productores, sino que maltrató a aquellos ciudadanos que se atrevieron a confrontarlo insinuando que quienes se oponían a su idea eran contrabandistas, lavadores de dólares, narcos y otras lindezas, al amparo de las ferias ganaderas. Por cierto, vale felicitar a la esposa del señor Alfaro, dueño de algunas de esas ferias por su entereza al darle respuesta firme, enérgica y valiente a un presidente que se va de boca insultando a su familia.

En fin, que el dúo partidario de la autocracia, se retrató de cuerpo entero esta semana, al exhibir lo más procaz de su limitado lenguaje, que solo se amplía para insultar y crear odios desde el centro, no de un apartamento de lujo ni de la casa en Monterán, sino desde su albañal, permanentemente surtido de las aguas negras de su visión materialista de la vida o de dictadura en la función pública a la que aspiran llegar, inspirando odio y resentimientos en sectores a los que creen que podrán llevar a votar por sus súbditos, puestos en las papeletas de algún partido taxi, jalados como ganado , no de las orejas, sino de las argollas propias de animales domesticados.

Honrar la vida

Escrito en 01/12/2024. Publicado en Derechos, Educación.

Discurso de graduación Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional (noviembre 2024)

Por Memo Acuña

Cerramos un año relevante para la Facultad de Ciencias Sociales, al celebrar nuestros primeros 50 años de vida, aportando al desarrollo de la sociedad costarricense en su conjunto. Por eso, esta graduación es muy significativa toda vez que ustedes serán recordados, queridos y queridas estudiantes, como la generación que acompañó a nuestra Facultad en esa hermosa celebración.

En marzo anterior, al iniciar con una clase inaugural la programación de actividades que nos acompañaría a lo largo del año, nuestra querida Arlette Pichardo nos recordaba el valor de la alegría como motivación constante en un mundo vertiginoso, lleno de cambios y desafíos en el que las Ciencias Sociales son absolutamente pertinentes, indispensables, necesarias.

Hoy, la alegría se manifiesta en la culminación de un esfuerzo que deberá recordarse siempre y será la emoción que guie su caminar en su vida personal, familiar y laboral. Eso, la alegría de permanecer y transcurrir.

Debo permitirme en este día, en este acto significativo, hacer un reconocimiento a las familias de quienes están hoy aquí recogiendo el fruto de su esfuerzo. Son ustedes, ese núcleo importante, los que sostienen el afán y el maravilloso acto de transitar en el conocimiento y la formación. Mi admiración profunda y sincera.

Para hacer este homenaje, tanto a ustedes graduandos y graduandas como a sus familias y amigos, quisiera convocar de manera muy especial a Sandra Mihanovich. Tal vez ese nombre no les diga mucho, pero si les cuento que es la autora de esa hermosa canción “honrar la vida”, ya sabrán el significado que para mí tiene hablar con su letra, utilizarla también para hacer un sencillo pero sencillo homenaje a quienes en este momento no están con nosotros por alguna razón.

Su energía, su paz, su esfuerzo rondan también esta sala a la que hoy acudimos con entusiasmo. Para ellos, ellas, mi pensamiento, mi abrazo.

Dice la autora que “eso de durar y transcurrir, no da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida”. La vida se honra en cada acto de nobleza, en cada acción dignificante, en cada gesto de humildad.

Con este título en sus manos, el primer mandato que quiero solicitarles es que sus acciones sean ejemplo de nobleza, dignidad y sobre todo y ante todo, humildad. Sean humildes para transitar, permanecer, honrar la vida.

Continúa Mihanovich diciéndonos: “Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida”. A lo largo de todos estos años de estudio, ustedes queridos graduandos, queridas graduandas, fueron construyendo una memoria, un ritual de la constancia, pero sobre todo un hacer consciente del mundo que les tocó vivir.

Por eso, la segunda solicitud que les hago es que continúen siendo a través de una actitud vigilante, despierta, cuestionadora.

“Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas, es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida” nos advierte Sandra. Si. Eso es. No es desde el silencio que construiremos una mejor sociedad.

Esta solicitud es quizá la más aguda que les formulo. Vivimos tiempos difíciles, en los que hemos visto el flagelo de la violencia campear sin control; este año, como ningún otro, el narcotráfico y el crimen organizado nos han arrebatado a niños y niñas que quizá nunca regresen al sistema educativo. La desigualdad y la pobreza permean el proyecto de sociedad que somos.

Por eso, persistir en hacer notar la injusticia es un acto de resistencia. Les solicito entonces su voz, su acompañamiento: en silencio nunca más. Eso, queridos y queridas graduandos y graduandas, es, definitivamente un acto de amor, un acto para seguir honrando la vida.

Hoy, al salir con su título ya en sus manos y al salir a esta sociedad que les necesita con urgencia, piensen en la hermosa circunstancia, el gran privilegio que les hizo ingresar a esta universidad, permanecer, persistir, nunca darse por derrotados y derrotadas. Ese es el principal valor de un acto como el de hoy: la resistencia, permanencia y logro.

Estimadas y estimados señores que nos acompañan hoy en este auditorio. Este año las graduaciones de nuestra facultad serán especiales porque coinciden en tiempo y espacio con las celebraciones de los 50 años. Celebramos entonces.

Celebramos que nuestra Facultad gradúa 606 nuevos profesionales en distintos campos de las Ciencias Sociales. No debemos olvidar que desde las Ciencias Sociales se acompaña los desafíos que nos impone la sociedad costarricense y que ustedes hoy asumen al convertirse en los nuevos profesionales que le entregamos a nuestro querido país.

Por ello, como lo hemos dicho reiteradamente, salgan y contribuyan con su trabajo y su forma de ver la vida, a construir una nueva arquitectura de país, que es tan urgente en estos momentos. Pero en particular, permanezcan, perduren, persistan: honren la vida.

De mi parte y de parte del señor vicedecano: ¡Felicidades y muchos éxitos!

Intentona dictatorial

Escrito en 01/12/2024. Publicado en Análisis.

Freddy Pacheco León

Sobre el presupuesto general de la República, la Constitución Política establece en el artículo 177, que, «la preparación del proyecto ordinario corresponde al Poder Ejecutivo», el que «será sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa» (Art. 178). Luego, el proceso continúa al interior del Congreso de la República, indicándose que, dentro de las «Atribuciones de la Asamblea Legislativa» (Art. 121, inciso 11), está la de «dictar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República».

Por lo anotado, pareciese un sinsentido jurídico, inconstitucional, (¡otro!), la pretensión del Chaves, a través de la diputada Cisneros, y una decena de diputados oficialistas y evangélicos, de que la Sala Constitucional, en el «día menos pensado», resuelva ordenar a los señores diputados, NO cubrir sensibles partidas presupuestarias deficitarias, en áreas fundamentales, como educación universitaria, educación básica, cultura, seguridad, infraestructura vial, Becas Avancemos, trasporte de escolares en zonas rurales, colegios científicos, tren a Paraíso, plazas para la Fiscalía y Migración, carretera a San Carlos, Editorial Costa Rica…, con parte de los dineros presupuestados para abonar a la gigantesca y creciente, deuda del Estado.

De prosperar semejante acción ante la Sala IV, matizada como «consulta», la Asamblea Legislativa, ya no podría, ejercer la suprema atribución democrática, de dictar los presupuestos, que le son sometidos para su conocimiento, por el Poder Ejecutivo, dándosele a éste, un poder cercano al que ejercen ciertas dictaduras centroamericanas. ¡Nuestro límpido cielo a veces no es tal!

La innecesaria DINA (Dirección Nacional de Aguas)

Escrito en 01/12/2024. Publicado en Agua, Derechos.

Freddy Pacheco León

Cuando se piensa que ya no hay más ocurrencias burocráticas en el horizonte del Estado costarricense, lamentablemente no hay que esperar mucho para percatarse del error de esa percepción. Hoy veremos otro ejemplo.

Resulta que, en su afán de destruir la visionaria, magnífica, ¡y muy modificada Ley de Aguas!, que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, hace 82 años, regresa otro mal proyecto de ley, que, como resabio de las anteriores propuestas, avanza, con cierto sigilo, en la Asamblea Legislativa, como si no tuviera importancia. Sin que la mayoría de los señores diputados, se estén percatando de las consecuencias que tendría una posible aprobación, de la iniciativa que está procesándose en comisión, éste avanza, gracias quizá a la buena fe de sus proponentes, y de los que son indiferentes, pues, seguramente, les habrán comentado, que es un buen proyecto, moderno, extraordinario, y muy necesario para sustituir “la vieja ley” de 1942, que ya cumplió su vida terrenal. Que el agua, su agua, nuestra agua, la de nuestros hijos, requiere, una “gestión integrada”, que no se explica cómo funcionaría.

Sobresale en dicho proyecto, como principal objetivo, la creación de un nuevo organismo gubernamental, que absorbería, como un papel secante, fundamentales funciones del AyA, como la gobernabilidad del recurso hídrico, y, las que, ejecuta, gracias a su realidad natural e institucional, como órgano ejecutor y rector del sector agua, que, además, tiene la capacidad constitucional de delegar, en las ejemplares ASADAS, dicha gobernabilidad, para el abastecimiento de agua potable en comunidades rurales. Asociaciones que, en la versión original del proyecto, se habrían convertido en concesionarias, con las consecuencias inconstitucionales que se vislumbraban.

Las responsabilidades del AyA, han sido puestas en práctica, desde que, en 1961, el presidente Mario Echandi Jiménez, promoviera su creación como Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA), en un momento histórico en que el país, experimentaba una severa crisis de abastecimiento de agua potable, en los crecientes centros urbanos, y que hoy hemos de seguir aplaudiendo.

En la más reciente propuesta, de las varias que han pasado por el Congreso, aunque se debilita, no se propone desaparecer el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con sus más de 4.000 funcionarios, profesionales especialistas, técnicos calificados, operarios de diversos oficios, administrativos que atienden, entre otros, las responsabilidades, relacionadas con “Aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, según sea el caso, todas las aguas de dominio público indispensables para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta ley, en el ejercicio que el Estado tiene sobre ellas”, tal y como lo concibieran los legisladores en 1961. Para don Mario Echandi, la creación del SNAA, sustentada en la Ley de Aguas del doctor Calderón Guardia, era «la medida de mayor trascendencia nacional en favor de la salud pública durante los últimos cincuenta años”. Y por ello, consecuentemente, se gestionaron los préstamos internacionales que permitieran su urgente estructuración, pues el compromiso nacional y el interés por dotar al país de agua de buena calidad para consumo humano, servida a domicilio, demandaba una buena dosis de entrega, en momentos en que los gobiernos locales, y otros ciudadanos, estaban lejos de tener la capacidad de garantizar tan fundamental servicio público.

La trascendencia de ese acto gubernamental, hoy se ha de valorar, a partir de lo avanzado, y los logros alcanzados, pues, a diferencia de otros países, la gran mayoría de los costarricenses, ¡todavía!, podemos tomar agua del grifo, con la seguridad de que su calidad y cantidad adecuadas, son una meta irrenunciable.

Pues, resulta, que, hay quienes piensan, que esa compleja tarea encomendada al AyA, sin que medie, ningún informe técnico, riguroso, participativo y coordinado con sus departamentos de planificación, jurídicos y de ejecución, se le debe trasladar a un nuevo aparato burocrático que se estaría creando en el marco del MINAE, para que, desde él, se ejerza, nada menos, que la gobernabilidad del agua de todos los costarricenses, que hoy cumple el AyA, como misión suprema.

¡No se preocupen!, dicen los que así piensan, pues ya el MINAE tiene una Dirección de Agua, que se encarga de otorgar permisos de uso y concesiones, para personas físicas y jurídicas, de carácter privado, y que, con “unos ajustes presupuestarios”, podría asumir funciones trascendentales que definen al AyA.

Ante ello, soslayan que el Ministerio de Ambiente, con escaso presupuesto e inmensas obligaciones sin atender, como, por ejemplo, el pago de gran parte de las tierras, sobre las cuales se ha sustentado el conjunto de áreas de conservación que tanto prestigia a Costa Rica, tiene posibilidad cero, de aumentar significativamente su presupuesto general, que, más bien, vemos disminuir, año con año, pese a las responsabilidades crecientes que conllevan sus funciones, en pro del desarrollo sostenible.

Pese a que la planilla de la Dirección de Agua ronda los 40 funcionarios, incluyendo choferes, conserjes, mensajeros, recepcionistas, solo seis cumplen funciones de «gestión de proyectos de desarrollo hídrico«. Y, aún, así, se propone que sobre esa tambaleante “estructura”, se edifique la pomposa Dirección Nacional de Aguas (DINA), que cumpliría funciones que hoy se ejecutan en el AyA. Ello, sin tener un estudio cuidadoso, acerca de la requerida inversión financiera, que, como es usual en este tipo de proyectos, no se ha estimado formalmente. Así las cosas, la gobernabilidad del agua, quedaría en manos de un organismo, que, al día de hoy, no ha sido objeto de un proceso riguroso de planificación, tal y como se puede corroborar fácilmente.

Pero, hay algo más, y quizá más ocurrente. Resulta que, hacia esa misma Dirección Nacional de Aguas (DINA), sin pensarlo mucho y sin mayor estudio, también se incorporarían funciones que hoy, con un calificado recurso humano profesional y técnico, se ha venido ejecutando en el Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento), creado durante la administración de don Luis Alberto Monge en 1983.

Los proponentes del proyecto de creación de la DINA, desdeñan que el conocimiento que se tiene en Costa Rica, acerca de esas formaciones hidrogeológicas que conocemos como acuíferos subterráneos, se ha desarrollado, en o alrededor, del Senara. Labor silenciosa, pero constante, de mucha rigurosidad científica, que ha permitido localizar los acuíferos en todo el país, estimar sus caudales, conocer su compleja geología, determinar su vulnerabilidad, dictar medidas de protección, con la fundamental misión, de garantizar a los habitantes de todo el país, el uso sostenible de esas fuentes de agua, que garantizan el abastecimiento de agua potable de la mejor calidad.

Para el debido cumplimiento de esas insustituibles obligaciones, el Senara cuenta con más de 136 funcionarios, entre los cuales se cuenta, cerca de un centenar de profesionales y técnicos, que ya han vivido, con cierta desazón, los tortuosos caminos, por donde caminan los recurrentes proyectos, que buscan derogar la visionaria Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia, quitarle al AyA la suprema función de gobernar el agua potable, y, realizar las funciones que, sobre la aguas subterráneas, cumple a cabalidad el Senara. Algo así, como un terremoto institucional en el sector agua.

Años atrás, enfrentados a la realidad de no contar con los especialistas, que hoy laboran para el Senara, hasta propusieron que los mismos, se trasladaren a la DINA, que estaría por crearse. Ante el rechazo manifiesto que se recibió como respuesta, se optó por desistir de esa ocurrencia, pero, contrario a la lógica más elemental, se ha seguido adelante con la necedad de que, en la DINA, se abran las plazas para la contratación de los recursos humanos imprescindibles, y se financie la adquisición de materiales y equipos, como del Senara, para poder cumplir con las tareas que… hoy cumplen los experimentados funcionarios del Senara. ¿Verdad que no tiene sentido?

Bajo esa premisa, se establece en dicho proyecto de ley (Nº 23.511, Ley marco para la gestión integrada del recurso hídrico) que la DINA, cual espejo del Senara, se encargaría de “realizar las investigaciones hidrológicas e hidrogeológicas a nivel nacional, así como las prácticas de mejoramiento, conservación y protección para el uso sostenible del agua, tanto superficial como subterráneo”. Además, tendría que “Desarrollar el monitoreo y la clasificación en cantidad y calidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, y realizar los estudios de vulnerabilidad de los acuíferos, así como la delimitación de las áreas de recarga y descarga de aguas subterráneas”. Y, cual si se tratara de aspectos no cubiertos actualmente, por el organismo del Estado especializado en la materia, se anota que la DINA tendría que “Elaborar los estudios respectivos y proponer al ministro de Ambiente y Energía la declaratoria de áreas de recarga acuífera de protección absoluta”, así como, “Realizar investigaciones y estudios técnicos-científicos en aguas subterráneas, pluviales y superficiales con fines de exploración, explotación, inyección artificial e investigación científica y técnica de acuíferos, protección y aprovechamiento sostenible”.

Así, cual, si el Estado estuviere enfrentando un vacío, en la administración, investigación, dictado de directrices, regulaciones, etc., sobre el manejo de las aguas superficiales y subterráneas, el proyecto de ley propone duplicar en el organismo que estaría por crearse, las responsabilidades que, por ley, corresponde cumplir, tanto al AyA, como al Senara. Propuesta que se hace, en momentos en que, como sabemos, es imprudente, asumir extraordinarios compromisos presupuestarios, relacionados con una nueva instancia estatal, que ejecutaría, funciones que ya realiza eficientemente, el Estado.

Sí hay algo que no se puede, ni se debe, ocultar. Aparte de los problemas de gestión en el AyA, que se han venido profundizando, con el correr de los últimos 12 o 15 años, vemos, que sus «aguas se han contaminado», con elementos salidos del privatizador Banco Mundial. Ejemplo relevante, aquél que considera al «agua como un bien económico«, y no como «un bien social», traído a Costa Rica, por funcionarios ubicados estratégicamente, en el MINAE y el AyA, indebidamente vinculados a la GWP-BM (Global Water Partnership). Personas que han hecho creer, principalmente, a algunos legisladores, que la Ley de Aguas, la ley de Creación del AyA y la ley de Creación del Senara, son los tres pecados capitales, que han hecho imposible el trabajo eficiente de los jerarcas del AyA.

Que el hecho de perder, por fugas desde sus cañerías, agua para más de dos millones de personas, o que no se hubiera construido el proyecto Orosi 2, o aprovechado parte de las aguas que se pierden en el balneario Ojo de Agua, o ejecutado un eficiente proyecto de hidrómetros, que permita el cobro justo del agua en condominios, es causado por esas leyes citadas, que, cabe reseñar, han obstaculizado, hasta ahora, procesos de privatización, que los costarricenses no queremos.

Se conoce que han corrido dólares, por manos de «consultores», encargados de la redacción apresurada de las varias propuestas de nueva Ley de Aguas, que, como la actual, pese a sus deficiencias, se propone imponer en nuestra Patria. Trabajos pagados, sin reflexionar, acerca de las onerosas consecuencias financieras, que tendría su aprobación, y, el retroceso que provocaría, una interesada administración de la mayor riqueza natural de Costa Rica. En fin, se trata de un capricho recurrente, que tendría un costo indeterminado para las finanzas públicas, y para el bienestar de los habitantes, que es preciso detener.

La violencia contra la mujer en América Latina – con Ana Marcia Aguiluz Soto

Escrito en 29/11/2024. Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

La Comisión Internacional de Juristas de América Latina realizó una entrevista con Ana Marcia Aguiluz Soto, quien es la directora regional para América Latina de American Friends Service Committee.

Durante este, se desarrollaron 5 apartados relacionados a la temática “La violencia contra las mujeres”. En primera instancia se consultó sobre la situación actual de la violencia contra las mujeres en Latinoamérica.

Ana Marcia comenta que, según las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres en el mundo sufre o ha sufrido algún tipo de violencia. Ahora bien, recalca la relevancia de entender las nuevas formas de violencia, más allá de la violencia “tradicional”. A esta refiere la violencia: sexual, institucional, el acoso callejero, la falta de acceso a servicios de salud y la obstétrica. También comenta que existe una violencia estructural la cual se basa en las brechas entre hombre y mujeres. Algunos datos al respecto que menciona Ana Marcia son que al día de hoy se requieren 131 años para alcanzar la paridad de género, así como para cerrar las brechas legales se requieren 286 años, en términos de representación en puestos de poder 140 años, esto según el Foro Económico Mundial

Seguidamente se le consultó sobre cuáles medidas se pueden implementar para eliminar la normalización de la violencia contra la mujer. Ella comenta que es importante entender que existe un sistema y este es patriarcal. Es a este al que hay que atacar, en donde se busque cambiar patrones culturales, establecidos en instituciones que lo replican como: el sistema educativo, la iglesia y los medios de comunicación. Estos espacios se dedican a establecer roles predeterminados para hombres y mujeres, el comportamiento de cada uno de esos roles, desarrollar sesgos y estereotipos.

Asimismo, se le consultó por cuáles medidas legales pueden ser más efectivas para reducir la impunidad en casos de violencia de género y feminicidio. Ana Marcia comenta que sobre todo deben ser medidas de prevención, en las cuales se trabaje en los patrones culturales, asimismo, paralelamente deben existir leyes que penalicen conductas de violencia. En esta línea, se le preguntó sobre cambios legislativos o iniciativas para combatir la violencia de género en línea. Ella comenta que hay que comenzar por tipificar las conductas de violencia de género ante las nuevas formas de violencia, posteriormente realizar una revisión de las normas existentes y por último trabajar con las grandes empresas de tecnología para contribuir a la educación de la población.

Finalmente, se le consultó sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la prevención de la violencia de género. A lo cual respondió que estas actúan como contrapeso social, ya que denuncian todas las problemáticas. Por otro lado, comenta la labor de sensibilización, que busca un mundo igualitario y un mundo justo, que sea realmente inclusivo.

Le invitamos a ver la entrevista en: https://www.youtube.com/watch?v=KNTOJgPMQQ8

Manifestación este viernes 29 frente a la Casa Amarilla ante el proceso para firmar TLC con Israel

Escrito en 29/11/2024. Publicado en Derechos.

Red de Solidaridad con Palestina

En el marco de la fecha internacional que la ONU celebra por la solidaridad con Palestina y ante el proceso que el gobierno de Costa Rica ha iniciado para firmar un TLC con Israel, se realizará una manifestación este viernes 29 de noviembre Frente a la Casa Amarilla, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, de 5:00 pm a 7:00 pm.

La Red de Solidaridad con Palestina, ante la ambigüedad de las declaraciones del Gobierno sobre los alcances de las conversaciones de los equipos que representan a cada país signatario de este proceso, envió una carta al Ministerio de Comercio Exterior COMEX, hace tres semanas, y el mismo ha respondido con una lista de temas comerciales para este TLC, que no deberían ser de interés de nuestro país como son los temas de seguridad, que podrían incluir lo militar y temas de intercambio de productos que no se garantizan sean producidos en territorios ilegales, ocupados por Israel y donde el régimen Israelí somete a la población Palestina a régimen de Apartheid, como la ONU lo ha denunciado.

Además, en la respuesta que da COMEX a la Red de Solidaridad con Palestina, se informa que se ha adoptado una condición de «secreto de Estado» sin dar información del fundamento para el mismo, ni de qué temas están en esta categoría de secretismo, que excluye de la información al pueblo costarricense.

Y por último, el Gobierno de nuestro país, envía un mensaje incorrecto y totalmente alejado de la trayectoria e imagen internacional que tiene Costa Rica de ser un país, sin ejército, propiciador de la paz y respetuoso de los organismos judiciales internacionales, al empeñarse en firmar un Tratado Comercial con un Gobierno cuya cabeza tiene a un encausado por crímenes de guerra y genocidio, como es el jefe de Gobierno Israelí, Benjamin Netanyahu y contra quién la Corte Penal Internacional ha emitido orden de captura. Así mismo, nuestro país propicia un acuerdo con un gobierno y unas fuerzas militares que en casi catorce meses han asesinado con bombardeos indiscriminados a más de cuarenta mil civiles en Gaza, entre los cuales se encuentran cerca de veinte mil niños inocentes.

La Red de Solidaridad con Palestina invita a manifestarse al pueblo costarricense amante de la paz a esta convocatoria en protesta del TLC con Israel este viernes 29 de noviembre a las 5:00 pm frente a la Casa Amarilla.