Una lista de 35 exmandatarias y exmandatarios de América Latina y el Caribe, Asia, Europa y África dicen en la carta al presidente de Estados Unidos de América, que Cuba no debe ser parte de la lista de países que apoyan el terrorismo.
SURCOS comparte aquí la carta en inglés con sus firmas.
Manuel Hernández
1.- El ordenamiento político-constitucional de Costa Rica está sostenido en tres pilares: Estado de Derecho, democracia y Derechos Humanos.
La convergencia de los tres pilares se resume en la fórmula del Estado Social Democrático.
Además de los derechos y libertades individuales, ese modelo de Estado está configurado por los derechos sociales y los derechos fundamentales de última generación.
Los derechos fundamentales están interrelacionados y son indivisibles.
2.- El derecho a la educación es un derecho social, preeminente en nuestro ordenamiento, que se refleja en la protección que le garantizan múltiples reformas constitucionales, tendientes al fortalecimiento de la educación pública.
No es una simple abstracción jurídica.
Es un derecho subjetivo, cuya infracción es exigible judicialmente.
3.- El legislador constituyente no se limitó a reconocerlo como tal, es decir, como derecho subjetivo, sino que también estableció un dispositivo presupuestario para garantizar su efectividad.
Ese dispositivo está contemplado en el artículo 78 constitucional.
El precepto le asegura a la educación pública, una asignación presupuestaria, mínima, del 8% de PIB.
4.- Lamentablemente esa norma se ha convertido en una cláusula fallida, inútil, a merced de su constante e impune incumplimiento.
La norma constitucional constituye un mandato imperativo.
La imperatividad implica, por un lado, la obligatoriedad que tiene el Ministerio de Hacienda de incluir en el proyecto de ley de presupuesto de la República esa asignación mínima, y por otro lado, correlativamente la obligación de la Asamblea Legislativa de aprobarla.
Así lo determinó, de manera contundente, el Voto 12803- 2016 de la Sala Constitucional, que tiene un carácter vinculante, erga omnes.
5.- Cualquier propuesta presupuestaria que esté por debajo de ese estándar mínimo vulnera la Constitución.
6.- Mucho menos los actores sociales pueden proponer una mora de cinco años, en el cumplimiento de esa obligación, para que ilusoriamente se haga efectiva hasta la próxima década.
No es transigible ni renunciable la observancia del precepto constitucional.
6.- La sostenibilidad del presupuesto que constitucionalmente debe destinarse a la educación pública, no puede quedar a la suerte de promesas políticas o propuestas “razonables” de algunos sectores sociales y universitarios, las cuales deben confrontarse con los mecanismos de exigibilidad jurídica dispuestos en la Constitución.
7.-Mucho menos a expensas de la Regla Fiscal se puede vaciar de contenido el artículo 78 constitucional, salvo que se violente el principio de supremacía constitucional.
La crisis fiscal, que no ha sido causada por la clase trabajadora, no puede traducirse en una reducción de los derechos sociales reconocidos en la Norma Suprema.
8.- La Asamblea Legislativa tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional, ahora más que nunca que la educación pública se la trajeron al suelo.
9.- Los actores sociales y universitarios del Pacto de la Educación, que se dejaron seducir por la “flexibilización” de la aplicación de la norma fundamental, tienen que revisar su posición “conciliadora” y demandar, sin tanto doblez, el respeto de la ordenanza constitucional.
¡8 % ya!
Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli
En un artículo recientemente publicado en La Revista, por Alfonso Chase sobre el libro “La educación en Costa Rica” del distinguido historiador y colega Iván Jiménez se nos recuerda que el 11 de agosto se cumplieron cuarenta años de la reestructuración del gabinete por el presidente Luis Alberto Monge, y con ello, el ingreso del Lic. Eduardo Lizano Faith a la Presidencia del Banco Central de Costa Rica y Benjamín Piza como ministro de Seguridad, hecho que marca un hito importante en la Historia de Costa Rica. Como bien lo señala don Iván, aquellos cambios fueron el producto de las presiones recibidas por Monge Álvarez desde muy diversas trincheras: la oposición legislativa, la prensa, las cámaras patronales, la propia Embajada de los Estados Unidos y la representación de la AID del gobierno de ese país.
Entonces yo era diputado de la Coalición Unidad y en el mes de mayo de aquel año había terminado mi periodo como jefe de Fracción, por lo que esos hechos los viví y vi en primera fila. No voy a entrar aquí en los detalles de aquella movida ministerial, que puso a don Luis Alberto Monge bajo el alero de la política internacional de USA contra los sandinistas nicaragüenses, gracias la actitud “generosa” del gobierno y su nuevo Ministro de Seguridad, que nunca vieron los movimientos de la llamada “Contra” en la zona norte o la apertura del aeropuerto clandestino en Murciélago todo financiado por orden de Mr. Ronald Reagan a través de la llamada “Iráncontras” , una red de narcotráfico desde Colombia hasta Irán coordinada por la CIA y que abrió el camino de la droga en Costa Rica, que financiará la candidatura de Oscar Arias, como ha sido reconocido por él mismo. Monge y su gobierno, por su parte, fue premiado con todo tipo de ayudas y créditos para solventar la crisis de los años 80, que distribuidos en. diferentes momentos del cuatrienio daría un promedio aproximado de un millón de dólares diarios.
Pero lo que aquí nos interesa destacar es que la implementación de todo lo concerniente a la globalización y el famoso Consenso de Washington, llegó de la mano de Lizano Faith y a la labor realizada por varios de sus discípulos que también ocuparon las sillas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, como por ejemplo Jorge Guardia, Thelmo Vargas, Fernando Naranjo, y casi todos los que, desde entonces, han estado en esos cargo, pero especialmente debo mencionar a Francisco de Paula Gutiérrez G. (QdDg), quien además de lo señalado, tuvo un exitoso paso por el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en aspectos como el control y disminución de la inflación, por ejemplo.
Pero aquí nos interesa señalar, al igual que don Iván Jiménez, como la llegada de don Eduardo Lizano al Banco Central marcó un cambio de época y de mentalidad a la hora de gobernar este país. Por su influencia en el Banco Central, las aulas universitarias, la Academia Centroamericana o en Consejeros Económicos y Financieros CEFSA, los medios de comunicación o sus libros y su cercanía a políticos como Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres o Miguel Ángel Rodríguez, no cabe duda que su pensamiento, influencias y acción fueron determinantes para que en Costa Rica los gobernantes, políticos, empresarios y medios de comunicación en general, pero especialmente La Nación y Canal 7, aceptarán sin cortapisas las ideas neoliberales, la implementación de la globalización con todo lo que eso significó no solo en lo económico, sino también en lo político y lo social. A partir de ese momento se impuso en Costa Rica el pensamiento único, pues los medios se encargaron de defender e impulsar como línea editorial las nuevas ideas y la educación empezó también un cambio de rumbo a su servicio.
Recuerdo bien como con aquellos cambios políticos de la administración Monge, se intensificó la presentación en la Asamblea Legislativa de proyectos de ley que impulsaran los procesos de privatización y desregulación, como por ejemplo implementación la venta de las empresas de CODESA, la eliminación de aranceles proteccionistas en las aduanas y la apertura de cuentas corrientes en favor de la banca privada, como una forma tibia de empezar a tocar la nacionalización bancaria, que encontró un furibundo defensor en el diputado Jorge Luis Villanueva Badilla. Con la apertura hacia la globalización empezó un furibundo ataque a lo público, especialmente durante el gobierno de Oscar Arias en el que, en junio de 1989 y financiada por el BIRF o Banco Mundial, se creó la Comisión Consultiva Para la Reforma del Estado (COREC) integrada por ocho profesionales nombrados de común acuerdo por los candidatos del PLN y el PUSC, en lo que sería el primer gran acuerdo del bipartidismo o PLUSC como la gente lo llamará luego.
A partir de aquel momento, con el apoyo del FMI, el BM y la AID fundamentalmente, se reorientó el país hacia la nueva mentalidad globalista, donde había que hacer reverencia al nuevo dios: el dinero y el mercado. Desde entonces se le ofreció al costarricense el oro y el moro, entraríamos en una época de gran crecimiento de la producción, habría más riqueza para repartir y el dinero caería en cascada desde las copas de champagne de los ricos hacia los bolsillos de los pobres, habría más equidad, trabajo, una mejor y mayor acceso a la educación, salud boyante y comida para todos, además de buenas carreteras para correr los carritos, aunque fueran de segunda, comprados a los coreanos a pagos.
Pero también el FMI impuso una política que resultó fatal a la larga, todas las obras de infraestructura como las represas del ICE, acueductos o construcción de carreteras, serían consideradas como un gasto del Estado y no como inversión, que realmente lo eran, lo que trajo serias repercusiones presupuestarias con respecto al gasto público, la construcción de esas obras y el mantenimiento de las existentes cuyos nefastos resultados, advertidos por muchos en ese momento, hoy los estamos vivencio.
Para realizar la apertura hacia las nuevas políticas del mundo globalizado hubo condiciones, entre ellas, había que desmantelar las instituciones públicas y la COREC hizo su propuesta en un librito sobre la reforma del estado publicado en octubre de 1990 que se supuso iba a ser, sino la Biblia, por lo menos el Breviario que debían seguir los políticos, gobernantes y administradores públicos para lograr aquel supuesto milagro. Pero resulta que ni los PAE o planes de ajuste estructural, o los acuerdos firmados con el FMI, ni la venta de las empresas de CODESA y la apertura bancaria, el incremento de la educación privada, ni los intentos de privatización del ICE o el surgimiento de los tratados de libre comercio bilaterales con algunos países y otros ejemplos que se podrían citar, habían logrado que el milagro neoliberal diera los resultados ofrecidos, y algunos índices en salud, educación, vivienda y producción empezaban a hacer agua ya a fines del siglo XX.
Pero el siglo XXI trajo un proyecto que suponían vendría a dar un nuevo y necesario impulso a aquellas ideas de un neoliberalismo y globalización que empezaban a ser cuestionados por algunos sectores académicos e intelectuales a nivel mundial: un tratado de libre comercio con Centro América, Estados Unidos y luego se agregó Republica Dominicana. Y empezó a moverse la maquinaría, los tiquetes de avión y reservas hoteleras cundieron por la movilización de los “negociadores” que iban y venían repartiendo, regalando y embuchando las joyas de la abuela. Mientras tanto, los medios de comunicación en manos de la plutocracia nacional. se encargaban de publicar artículos de opinión, entrevistas y reportajes con esos personajes de la esfera económica y política del país, que de nuevo, no se cansaban se alabar las maravillas que nos esperaban. Como olvidar, por ejemplo, la demagogia exacerbada de Oscar Arias cuando señaló que los costarricenses podrían cambiar el Hyundai por un Mercedes Benz y la bicicleta por una moto, para caricaturizar el progreso que nos traería el TLC, porque que 20 años después, seríamos un país del “primer mundo”. Así en unas amañadas votaciones, donde la mente del costarricense se manipuló de muchas maneras por el gobierno de Arias, la Embajada de los Estados Unidos, la empresa privada y los medios de comunicación, el 7 de octubre fue aprobado el referéndum del TLC por una muy ajustada mayoría, a pesar de que los opositores habían logrado montar una campaña que tocó el corazón del costarricense.
Pasados 40 años desde aquel cambio de mentalidad en los años 80 y casi los veinte ofrecidos por Arias para llegar a un país de primer mundo; cabe que nos preguntemos: ¿cómo estamos, se han cumplido las promesas, o tienen razón los costarricenses de estar enojados, resentidos y frustrados?, veamos algunos ejemplos ilustrativos.
Empecemos con la educación, su calidad y el estado de centros docentes declarados como inhabitables y con orden de cierre del Ministerio de salud, hoy es mucho peor; la Caja Costarricense del Seguro Social daba mejor servicio, las listas de espera eran tan numerosas y de tiempos tan extendidos, la corrupción interna era tan evidente y la deuda del gobierno con ella era de tal magnitud como hoy, definitivamente no; la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y ¿el número de asesinatos en incomparable con los ocurridos hace cuarenta años y se ha incrementado, casualmente, después del 2006? definitivamente sí. ¿Si bien es cierto se ha dado una mayor producción y aumento de la riqueza en el país, hay también una distribución equitativa de ella, que permita una efectiva disminución de la pobreza?, tristemente la respuesta es un no rotundo; hay una capa más delgada de la sociedad que incrementó su riqueza ofensivamente frente a una clase media que disminuye y una de pobreza que aumenta, convirtiéndonos en un país más desigual cada día. Por otra parte, el irrespeto a la legislación laboral, el incumplimiento de normas fundamentales como las jornadas de trabajo o el pago de horas extra, se hace cada día más frecuente y común en muchas empresas, al igual que el impago de las cuotas empresariales a la CCSS, que equivale a que muchas empresas se dejan en sus cuentas los dineros rebajados a los trabajadores, siendo uno de los principales defraudadores de la Caja el propio Estado, acto delictuoso que ha crecido casi exponencialmente en estos cuarenta años. A la par de ello, se produce el incremento de la informalidad, como una realidad objetiva denunciada casi a diario y factor determinante en el aumento de la pobreza.
Mencionemos ahora la aparición de una corrupción galopante unidas a los negocios ilícitos con el Estado, la evasión y elusión fiscal, así como la existencia de un narcotráfico que cada día con más violencia se apodera del país; son realidades objetivas como para pensar con certeza, que todas las ofertas hechas con la globalización y el cambio de mentalidad, fueron frutíferas para unos pocos, muy pocos, y para las grandes mayorías un engaño más.
Por eso, cabe preguntarse cuarenta años después de la incursión neoliberal y veinte de su consolidación con el TLC, con esos y otros resultados negativos contra ese estado social de derecho que nos ha caracterizado y una desigualdad creciente, si esa masa ciudadana que manifiesta su inconformidad con no asistir a las urnas electorales; y si lo hace, es para darle su voto rencoroso a un movimiento sin partido, sin arraigo político y social, sin conocimiento de la historia y la realidad nacional, de nuestros valores democráticos profundos y su institucionalidad. Se debe denunciar que con mentiras o posverdad, han sabido tocar las fibras de ese resentimiento a través de poses populistas sin contenido profundo, pero que lograron polarizar la sociedad costarricense produciendo una división entre malos y buenos, corruptos o impolutos, costarricenses con corona o sin ella, privilegiados o explotados; lo que evidentemente no obedece a una realidad objetiva de nuestra sociedad. Una muy peligrosa división que pone al país en la única “ruta” que ha sabido crear y proponer este gobierno: la del odio, el rencor y, por qué no, hasta la violencia. Cuidado costarricenses, estamos en peligro.
Esa versión maniquea de la sociedad costarricense la ha creado con éxito, no se puede negar, el presidente Rodrigo Chaves y su cuadrilla de “sacerdotes y sacerdotisas” que en los diferentes centros de poder rinden culto, sin cuestionamiento alguno, al sumo sacerdote y oráculo de toda la posverdad del chavismo, inspirada en sus particulares y trastornados humores.
Yenén Mejías San Lee
Investigador Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
El deterioro de la Inversión social pública (ISP) en el país nuevamente ha vuelto a ser centro de atención en diversos sectores de la ciudadanía, en esta ocasión el detonante fue la presentación del presupuesto ordinario y extraordinario para 2025 ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24535, donde se refuerza la tendencia a los recortes en la ISP durante los últimos años. La propuesta para 2025 tiene una reducción de 1,9% con respecto al año anterior, y sobresalen nuevamente los recortes en educación cuya tendencia decreciente se ha sostenido desde 2017 a la fecha, año en el que se invirtió un 7,4% con respecto al PIB (cercano al tan anhelado 8% del PIB según lo establece la constitución política de nuestro país) y de aprobarse el presupuesto enviado por el ministerio de Hacienda se reduciría a 4,9% del PIB en 2025, profundizando la tendencia de reducción de la ISP.
La reducción llega después de una década caracterizada por un aumento en dicha inversión, pero también por un déficit fiscal, cuya diferencia entre ingresos y gastos se atendió en gran medida con el crecimiento de la deuda pública, situación que condujo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con ella la implementación de la regla fiscal para controlar el gasto. Las consecuencias e impacto de estas limitaciones a la inversión social son complejas de cuantificar e incluso predecir el momento en el que sus mayores efectos lleguen a manifestarse en el país. Pero la preocupación es más que válida sobre todo al sumar problemas como el actual apagón educativo, la profunda polarización social, una crisis de seguridad y homicidios en conjunto con los ya conocidos problemas de pobreza que tiene el país, los problemas de desempleo y la desigualdad social y económica.
Dadas las circunstancias, es necesario repasar los posibles efectos que pueden generar estas políticas fiscales. Recordemos que la ISP es un conjunto de recursos públicos que se priorizan y destinan a diversos sectores de la economía como: educación, salud, protección social, vivienda y cultura, Su objetivo primordial es mejorar el capital humano de la sociedad en el largo plazo, razón por la cual se considera una inversión, pues se espera que estas políticas influyan positivamente en el bienestar y productividad de sus habitantes bajo un enfoque de distribución equitativo y sostenible.
El enfoque de redistribución equitativo debe considerar aspectos como la eficacia y eficiencia de estas políticas, justamente en algunos de los informes del Estado de la Nación, se estudia cómo la inversión social pública en Costa Rica se distribuye entre los diferentes estratos de ingreso y su impacto en la reducción de desigualdades, llegando a la conclusión que la inversión social se distribuye equitativamente entre los quintiles de ingreso, aunque los hogares más pequeños, que se encuentran en el quintil más rico, reciben una mayor inversión per cápita debido a su tamaño reducido (Mata y Trejos, 2017, p. 52)*.
Los datos también permiten concluir que la inversión en educación es la más progresiva de todas las funciones sociales seguida de la inversión en salud, mientras que vivienda y territorio es más proporcional. La excepción es la función de protección social la cual se torna regresiva como resultado de que las pensiones contributivas pues casi la mitad de la ISP la absorbe el quintil más rico, a pesar de que esta función incluye los programas de apoyo a grupos vulnerables cuya política es de las más selectivas (Mata y Trejos, 2017, p. 52). En conclusión, se puede afirmar que la contracción de la inversión social traerá efectos negativos y más fuertemente en las poblaciones pobres y vulnerables que acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, precisamente donde se observan importantes recortes.
En materia de sostenibilidad, la ISP se espera reditúen con una dinámica de círculos virtuosos donde el incremento de la inversión resulte en capital humano más robusto y este a su vez se traduzca en mayor productividad, que finalmente resulte en mejores ingresos permitiendo al círculo renovarse y continuar. Esta dinámica con certeza promovería el crecimiento económico y duplicaría las veces necesarias el PIB per cápita en menor tiempo y con ello avanzar en materia de desarrollo económico. El problema en nuestro país se resume en que los ingresos fiscales no cubren los gastos, es decir, tenemos un déficit fiscal, que durante años se ha atendido con el servicio de la deuda incrementándola hasta que la razón deuda/PIB superó el 60% desde el año 2020 y desde entonces se mantiene el escenario más restrictivo de crecimiento del gasto.
Para resolver este dilema, además del endeudamiento y contención del gasto público impulsada por la regla fiscal y los recortes a la ISP, se han sumado propuestas como la venta de activos del estado (venta BCR) así como la búsqueda de posibles maneras de restructurar la deuda.
Para lograr la sostenibilidad, hay que hacer la tarea de identificar un punto de equilibrio entre el incremento de sus ingresos (a través de reformas fiscales y una mayor eficiencia en la recaudación) y el control de la deuda pública. Por desgracia este es otro punto en contra, pues en lo que va de la administración actual, ni el gobierno ni la Asamblea han dado señal alguna, o muy poco interés por arrancar con este tema
La ISP en Costa Rica ha presentado una reducción constante durante los últimos años, lo que implica un riesgo para el crecimiento económico, así como empeorar la pobreza y la desigualdad en el país. Lamentablemente, su crecimiento se encuentra limitado por la situación fiscal del país y por un gobierno cuyo enfoque primordialmente es el control de gasto. Bajo estas condiciones se complica la posibilidad de impulsar las inversiones necesarias que se requieren en nuestro país para un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, por lo menos en lo que queda del ciclo político.
*Mata, C., & Trejos, J. D. (2017). El gasto o inversión social pública continúan su expansión en el 2016 pese al desequilibrio fiscal. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.
El Partido de Nicoya es parte integrante e indivisible del territorio de Costa Rica.
Vladimir de la Cruz
El tema de la Anexión del Partido de Nicoya sigue atizándose en Nicaragua, donde se sigue argumentando que la agregación del viejo Partido de Nicoya, división administrativa que había creado España, en el Virreinato de Nueva España, en la Capitanía General de Guatemala o en el Reino de Guatemala, como también se llamó, al Estado de Costa Rica, en 1824, esconde una historia de “argucias de Costa Rica”, reconociendo que ello fue resultado de un “descuido y de disputas por poder de la clase política nicaragüense”.
Con motivo del bicentenario de esta agregación, realizada el 25 de julio de 1824, la prensa nicaragüense repitió, desde principios de julio de este año, algunos de estos argumentos que a continuación comento.
Los antecedentes históricos
El Partido de Nicoya comprendía en esa época tres localidades, los pueblos de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste. Este último no se adhirió en 1824, haciéndolo poco tiempo después, en 1826, el 24 de setiembre y el 1 de octubre, en ambas fechas que reafirma su incorporación.
Este mismo año, 1826, el 28 de julio, se realiza un cabildo abierto en la Municipalidad de Nicoya para rebatir acusaciones del gobierno nicaragüense al costarricense y reiterar la Anexión a Costa Rica, y el 16 de agosto, la Alcaldía de Nicoya reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica y jura la Constitución de Costa Rica. Del mismo modo, el 30 de agosto, la Alcaldía de Santa Cruz reafirma por Juramentación la Anexión a Costa Rica y el 17 de setiembre, La Costa y Lagunilla de Santa Cruz juran la Constitución de Costa Rica.
En 1834 la totalidad de las municipalidades de la región, del Partido de Nicoya, aceptaban la incorporación al territorio costarricense, y en 1835 desapareció el Partido de Nicoya, dando lugar al Departamento de Guanacaste, hasta su constitución en Provincia en 1848, ampliada con otras regiones costarricenses.
Con motivo de esta celebración del Bicentenario, en Nicaragua, se hicieron algunas publicaciones insistiendo en esas “argucias”, tratando de mantener la idea, que se ha tenido políticamente por diversos gobiernos nicaragüenses, entre ellos el actual del matrimonio gobernante de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Uno de los argumentos que se ha usado en esa dirección es que el Partido de Nicoya dependió, dentro de la administración de la Capitanía General, en ocasiones, para algunos aspectos tanto de León de Nicaragua como de Guatemala, situación que también tuvo Costa Rica. Sin embargo, Nicaragua no reivindica el territorio de Costa Rica como parte suya.
Como es natural, en Nicaragua ha habido historiadores que han tratado de justificar las tesis nicaragüenses de que Costa Rica se “adueñó” de las tierras del Partido de Nicoya. Para ellos los costarricenses “engañaron a las autoridades nicaragüenses y realizaron trampas y dilaciones, lo que se combinó con una clase política nicaragüense que no le prestó atención a esos territorios mientras se enfrascaban en luchas de poder, en los días inmediatos a la independencia de España.”
La Independencia de España se declaró en Guatemala, la sede de la Capitanía General, el 15 de setiembre de 1821. La decisión de Independencia de Guatemala se comunicó al resto de las provincias y territorios que la constituían con la finalidad de reunirse en un Congreso posteriormente para definir la situación de la región de si continuaban unidos o se separaban. El comunicado de Guatemala provocó las Actas de Independencia de El Salvador el 21 de setiembre, la de Honduras el 28 de setiembre, dos actas en nicaragua, la primera del 28 de setiembre y la segunda del 11 de octubre, la de Costa Rica el 29 de octubre y la del Partido de Nicoya, también del 29 de octubre de 1821.
Es obvio y lógico que si en esas fechas estos territorios se declararon independientes de España, lo hacían también de sus respectivas jurisdicciones territoriales de Centroamérica, tanto de Guatemala como de León de Nicaragua en lo que correspondía, tanto por parte de Costa Rica como por el Partido de Nicoya.
Libres e independientes estos territorios, en esa etapa embrionaria, antes del surgimiento de los Estados de cada país centroamericano y de la constitución de la República Federal de Centroamérica, en 1824, es igualmente válido que la Provincia de Costa Rica, ya independiente desde 1821, invitara al Partido de Nicoya, también independiente, desde 1821 a integrarse al territorio costarricense.
El 16 de agosto de 1823 las autoridades de Granada, Nicaragua, ya habían reconocido el deseo de los nicoyanos de adherirse a Costa Rica, lo que se reafirmó cuando el 9 de setiembre de 1823, las autoridades de León igualmente conocieron de los nicoyanos la intención de adherirse a Costa Rica.
En 1824, el 3 de marzo de 1824 el Gobierno del Estado de Costa Rica propuso a la Municipalidad de Nicoya incorporarse a Costa Rica. Desde ese momento se dio un proceso de acercamiento político que culminó con la integración del Partido de Nicoya a Costa Rica.
Nicoya, respecto a Nicaragua y Costa Rica, tenía una estrecha relación comercial con regiones y pueblos de Costa Rica, primero a través de Esparza y de Puntarenas y luego a través de Bagaces y las Cañas. Por eso, el 5 de marzo de 1824, las autoridades costarricenses enviaron una comunicación a los ayuntamientos del Partido, invitándolos a deliberar «…a ver si convenía reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades».
En un primer momento el Ayuntamiento de Guanacaste, hoy la ciudad de Liberia, fue el primero en convocar a un cabildo abierto para decidir tan importante cuestión. En un interesante documento los miembros de la Corporación confesaron que apenas recibida la nota se inclinaron por la Anexión «…por el cúmulo de circunstancias y ventajas que la acompañan». Sin embargo, en un cabildo abierto realizado el 23 de mayo de 1824, la población de Guanacaste (Liberia) en su mayoría se manifestó contraria a esa unión con Costa Rica, porque sus habitantes estaban más ligados a la región de Granada de Nicaragua, lo que hizo que se mantuvieran separados unos meses de la decisión que tomarían Nicoya y Santa Cruz.
El 27 de junio de 1824, la convocatoria de Costa Rica fue conocida por la Municipalidad de Santa Cruz con la mayor parte de su pueblo. Los santacruceños decidieron aceptar lo que determinara la Municipalidad de Nicoya, decisión que expresaron con toda claridad: «…haciendo esa noble Municipalidad (Nicoya) lo que tenga por conveniente, reciba nuestro parecer en el tanto de su determinación…»
En Nicoya, por su parte, el 4 de julio de 1824, se produjo un primer pronunciamiento, donde “se hizo saber la invitatoria de la Provincia de Costa Rica de cinco de marzo de este año en orden a ver si convenían reunirse a su Provincia sin contrariar las voluntades, después de bien meditado dijeron de común acuerdo: que no se inmute ni se altere la demarcación antigua de ese Partido a la Provincia que ha sido agregado antes de ahora (sino es que la Asamblea Nacional Constituyente del Centro de América determine otra cosa que le sea más conveniente al Partido); igualmente se acordó se dé cuenta con esta acta al gobierno de Costa Rica para el uso de sus determinaciones y que igualmente se le rindan las gracias a aquel gobierno por haber tenido en consideración este Partido que no puede ser disidente.”
Y, el 25 de julio de 1824, los habitantes del Partido de Nicoya expresan libremente su deseo de anexarse a Costa Rica, como ellos mismo lo manifestaron, “De la patria por Nuestra voluntad”. Esta decisión se tomó por un plebiscito, en el que votaron poco más de 900 personas, para formar parte de Costa Rica, momento en que se integran al territorio costarricense, añadiendo en ese sentido lo que era el Partido de Nicoya.
El Acta del 25 de julio señaló las ventajas que para los miembros del Partido de Nicoya tenía la adhesión o anexión a Costa Rica: “ventajas que se nos proporcionan en el comercio por el Puerto de Punta de Arena…pronta administración de Justicia y fomento de los ramos, la seguridad, quietud y régimen político que quedan abiertos bajo, la demarcación de aquel estado como lo indica la Naturaleza y lo reclama la conveniencia Pública… identidad de Intereses y demás relaciones que ligan a este partido… mejoras que redundan a estos Pueblos por las ventajas con que ha confederado el estado de Costa Rica a los demás del Centro América según se manifiesta del derecho que se nos ha acompañado… participación inmediata y recíproca de los beneficios y adelantamientos que se palpan en el estado de Costa Rica… la Población de Santa Cruz de este mismo Partido, quienes siendo del mismo parecer, y habiendo al efecto convocado a la mayor parte de su vecindario contestaron el oficio que se acompaña a esta acta…reparando las actuales indigencias en que se hallan los Pueblos de este Partido contemplándolos desde esta fecha, (a excepción del Guanacaste) como partes integrantes del estado de Costa Rica se ha tenido en consideración que para remediar por un pronto la escasez del numerario para las ocurrencias necesarias y mientras se establecen fondos de que deberá determinarse por los tribunales correspondientes, se pongan en este Pueblo y el de Santa Cruz las terceras de tabaco, previas las formalidades acostumbradas, y con sus productos, reservarlos para el auxilio en cualquier evento, o perturbación en el orden: deberán ser protegidos los mismos Pueblos de este Partido para la creación de las escuelas, como tan interesantes a la Educación e Ilustración de la Juventud… los jefes Militares referidos hicieron presente a esta Municipalidad que para no ser perturbado en la libre agregación al estado de Costa Rica a que se ha constituido este Partido…se determine y disponga que las fuerzas de auxilios que deberán resguardarnos como partes integrantes del mismo atendiendo a las conjuraciones y disensiones de la Provincia de Nicaragua de donde podremos acaso, ser sorprendidos…”
El Acta de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica es clara en la decisión de esa agregación, que Nicaragua todavía hoy trata de alterar y tergiversar.
La posición de Nicaragua
En los argumentos esgrimidos en la prensa nicaragüense se establecen las viejas raíces de las culturas precolombinas, que habitaron la región comprendida desde la Península de Nicoya hasta la región de Managua, en la actual Nicaragua, especialmente con las culturas existentes a la llegada de los españoles, los chorotegas y nicaraos. Igualmente, se pudo hacer la relación de que estas culturas dependían en muchos aspectos de la cultura azteca, para haber significado una posible dependencia con México.
Ciertamente Colón tocó el territorio de Costa Rica en setiembre de 1502, y la conquista y penetración del país se realizó hasta 1519 cuando las expediciones españolas cruzaron el istmo de Panamá y llegaron al Golfo de Nicoya, por el Océano Pacífico. De allí en adelante se escribió la Historia de la Conquista y la Colonización de la región de Nicoya, de lo que llegó a ser Nicaragua y Costa Rica, proyectada esa entrada hasta Honduras.
Reconocen los historiadores nicaragüenses que Nicoya empezó a tener autonomía desde 1555, cuando se le nombró un Corregidor hasta las Reformas Borbónicas, cuando en la nueva administración colonial de la Capitanía General de Guatemala, a Nicoya se le dio la doble dependencia, de Guatemala y de León para distintos aspectos de su administración, reconociendo igualmente que en ese período Nicoya también, por un breve plazo estuvo bajo la dependencia de Costa Rica.
Reconocen igualmente en la prensa nicaragüense que “los pobladores de Nicoya tenían más cercanía con los comerciantes costarricenses, debido a la posición geográfica de la provincia.”
De la misma manera reconocen que “al proclamarse la independencia de las repúblicas centroamericanas de España, Costa Rica tuvo el acierto de definir su gobierno de forma pacífica, contrario a lo que ocurrió en los otros cuatro países de la región.”
Destacan de la misma manera que “en Nicaragua, hubo una lucha encarnizada por el poder entre los fiebres (después llamados liberales) y los serviles (conservadores) que produjeron dos guerras civiles entre 1821 y 1828, la primera entre Crisanto Sacasa y Cleto Ordóñez y la segunda entre Manuel Antonio de la Cerda y Juan Argüello”, situación que los nicoyanos rechazaban, de la cual se sentían amenazados, por lo que buscaban el apoyo y la seguridad que les daba Costa Rica, como lo establecieron en el Acta de Anexión.
En la República Federal se planteó la situación de la anexión. Provisional y definitivamente se aceptó esa decisión. Según la prensa actual nicaragüense eso se dio porque “las autoridades nicaragüenses actuaron tardía y débilmente con acciones para revertir la anexión de Nicoya a Costa Rica”, reconociendo que en dos ocasiones se discutió esa situación.
Ningún argumento nicaragüense posterior se pudo invocar para retomar la jurisdicción nicaragüense sobre Nicoya, argumentos como la superación de las guerras civiles internas de Nicaragua, que la República Federal había desaparecido y que sus resoluciones carecían de valor.
En el planteamiento de la recuperación de Nicoya que desean los gobiernos nicaragüenses, mezclan situaciones políticas, como la presencia de los filibusteros norteamericanos en Nicaragua, en 1855, 1856 y 1857, donde William Walker incluso llegó a proclamarse Presidente de Nicaragua y estableció la esclavitud.
Con este motivo, la amenaza filibustera en Nicaragua provocó la acción del gobierno de Costa Rica, que tomó la decisión de ir a combatir a Nicaragua contra la tropa filibustera y liberar a Nicaragua de su opresión. Alrededor de esta acción se unieron los gobiernos de Centroamérica.
Según se cita en la prensa actual nicaragüense Costa Rica tenía intención de apropiarse del Río San Juan y del Lago Cocibolca, lo que no es cierto. Las acciones militares triunfantes de Costa
Rica en 1856 contra los filibusteros, en territorio costarricense, en las Batallas de Santa Rosa, 20 de marzo, y de Sardinal el 10 abril, y de Rivas, el 11 de abril, en territorio nicaragüense, pudieron permitir, si eso se hubiera querido, que Costa Rica se hubiera apropiado de toda esa parte sur del territorio nicaragüense, incluyendo la margen sur del Lago y de todo el río San Juan. Eso no sucedió porque no había interés territorial costarricense en la guerra contra los filibusteros norteamericanos. El interés era acabar con su presencia por el peligro que ello significaba para la soberanía, la independencia y la libertad de Centroamérica.
En la información divulgada en la prensa nicaragüense se omite la presencia del Ejército costarricense en esa hazaña bélica, y se reconoce su presencia de forma leve hacia 1857, cuando terminada la guerra se firma el Tratado de Límites entre Costa Rica y Nicaragua, el Tratado Cañas Jerez, en el cual se reconoce por Nicaragua la incorporación del viejo Partido de Nicoya, como parte del territorio de Costa Rica, ya en ese momento formando parte de lo que se llama la Provincia de Guanacaste. En el tratado se le da al país el reconocimiento de la margen derecha del río, lo que sí ha ocasionado en la historia de Nicaragua y Costa Rica, divergencias por el derecho de uso del río que tiene Costa Rica, hasta que en el gobierno de Laura Chinchilla, 2010-2014, un aspecto relacionado con ese conflicto se dilucidó en la Corte Internacional de la Haya, favorablemente a Costa Rica.
Todavía así, de parte de los nicaragüenses se sigue atizando y creando confusiones en torno a esta situación histórica, incluso haciendo mal uso de citas de historiadores costarricenses, respecto a los estudios de las jurisdicciones y límites entre estos dos países.
Para historiadores y periodistas nicaragüenses estos 200 años de la Anexión de Nicoya han sido “200 años de un controversial divorcio de Nicoya y Nicaragua”.
Con 200 años de divorcio, hay que decirlo, cualquier matrimonio es inexistente. La realidad se impone. El Partido de Nicoya hoy es parte integrante e indivisible del territorio de Costa Rica.
Compartido con SURCOS por el autor.
Vladimir de la Cruz
Si hay algo que destaca la religiosidad costarricense, alrededor de la cual, la inmensa mayoría del pueblo se une, le rinde culto y veneración es la Virgen de los Ángeles, la Negrita, como cariñosamente se le dice.
Hallada su imagen, la pequeña estatua con su figura, el 2 de agosto de 1635, hace 389 años, por la joven mulata Juana Pereira, originó la leyenda de su imagen, de su existencia y de su culto popular.
En su momento contribuyó a borrar la división social entre los grupos dominantes españoles de los grupos sometidos a su dominación y opresión colonial, facilitando la integración racial o social, la fusión de sangres y haciendo surgir al ser costarricense.
Cuatro años después de su hallazgo se empezó a construir la ermita de Los Ángeles, dando origen, primero a un culto de carácter regional y más tarde al nacional.
Se dice que las romerías para visitarla empezaron en 1649. Desde entonces se realizan con gran fervor. Hoy alcanza ciudadanos de Centroamérica que también se desplazan en devoción a su Santuario en Cartago.
En 1652 se creó la Cofradía o Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles, en Cartago, y un año después se le consideraba milagrosa. Su condición de milagrosa hace que la Iglesia de los Ángeles hoy tenga en, vitrinas, enorme cantidad de manifestaciones de fe, exvotos como se llaman, en urnas, donde miles de religiosos, agradecidos por las peticiones solicitadas y los favores recibidos, manifiestan su devoción y culto. Esas manifestaciones de exvotos se expresan en figuritas, de diversos tamaños, colores y formas, muchas de ellas en forma de miembros del cuerpo humano, cabeza, piernas, brazos, manos, trofeos y títulos de graduación, entre muchos.
Ante eventos de la naturaleza, temblores, terremotos, erupciones del Volcán Irazú se ha sacado en procesión a la Virgen de los Ángeles, implorándole su cuidado y protección. Justo fue, con motivo de los temblores de San Buenaventura, el 14 de julio de 1782, que se reconoció oficialmente la tradición de su celebración, cuando en procesión solemne se le juró «recibir, venerar y tener por Abogada» a la Virgen de los Ángeles, «para mejor asegurar su incontrastable defensa y pedirle socorro en cualquier tribulación», lo que también produjo que las autoridades de Cartago, eclesiásticas y civiles, como el pueblo, la declararon como su Patrona y Reina.
Cuando llegó el Acta de Independencia de Guatemala, el 13 de octubre de 1821, comunicándonos la decisión de la ruptura con el orden colonial, e invitándonos a decidir por cuenta propia si tomábamos el camino de la Independencia o continuábamos bajo el dominio español, el Ayuntamiento de Cartago, en la Sesión de ese día acordó que «que se suplicase… a la Patrona General de esta Ciudad… nos favorezca con los auxilios de su santísima gracia para nuestras determinaciones en la época tan lamentable…». Por los resultados de los días siguientes, hasta el 29 de octubre de 1821, cuando en Cartago de afirmó la Independencia de Costa Rica, podríamos señalar que la Virgen de los Ángeles colaboró en esa decisión.
El 9 de setiembre de 1824, el Congreso Constituyente del Estado de Costa Rica, declaró que “La Virgen de los Ángeles, Madre de Dios y Señora nuestra, es y será en lo sucesivo La Patrona del Estado de Costa Rica”.
Un día después, como hoy, 24 de setiembre, hace 190 años, el Jefe Supremo del Estado de Costa Rica, el primer Jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ordenó que se guarde, se cumpla y se ejecute dicho Decreto en todos sus extremos. Con este acto se confirmó lo que la tradición había venido estableciendo desde 1635, en que según la Leyenda de la Virgen de los Ángeles apareció en la Puebla de Cartago, generando el culto de amor y de pasión que se le rinde por el pueblo costarricense. Desde entonces tiene ese reconocimiento nacional.
Cuando se produjo la Guerra de la Liga, entre setiembre y octubre de 1835, que se produjo por la derogatoria de la Ley de la Ambulancia, que hacía rotar la capital en las ciudades de Alajuela, Cartago, Heredia y San José, contra la pretensión de San José de quedarse con la capital, de manera permanente, los cartagineses se movilizaron con la Virgen de los Ángeles acompañando sus tropas. El 14 de octubre con la llegada de tropas josefinas a Cartago, dejaron abandonada la Virgen, la que de inmediato tomaron los josefinos, quedando en custodia en la Iglesia de la Merced por siete años. En el mes de julio de 1842, por disposición de Morazán, regresó a Cartago. Monseñor Víctor Manuel Sanabria ha sostenido que la imagen en mención no era la verdadera, sino una copia llamada “la Peregrina”.
En 1852, el 4 de setiembre, el Obispo Anselmo Llorente consagró a la Iglesia de los Ángeles. En 1856, en la guerra contra los filibusteros fue invocada la Virgen de los Ángeles, para acompañar al Ejército Nacional Libertador. Así la Virgen de los Ángeles, de esa manera, acompañó a los soldados y combatientes costarricenses en esta lucha gloriosa.
El 2 de marzo de 1862 se le concedió el título de Basílica, al Santuario de los Ángeles, título renovado el 22 de abril de 1877 y luego en 1892, por otros quince años. En esta misma fecha, el entonces Papa Pío IX concedió a perpetuidad indulgencia plenaria a quien visitare el Santuario de los Ángeles. Diez años más tarde, el mismo Papa Pío IX «concedió a perpetuidad, con las condiciones acostumbradas, la Indulgencia Plenaria, y remisión de todos los pecados, a todos cuantos visitaren devotamente, verdaderamente arrepentidos, confesados y comulgados, la Iglesia de la Virgen de los Ángeles, desde las primeras vísperas hasta la caída del sol del 2 de agosto de cada año».
El 7 de setiembre de 1912 se colocó la primera piedra de la basílica de la Virgen de los Ángeles.
En 1924, al cumplirse en Centenario del Patronazgo de la Virgen de los Ángeles, el Congreso de la República, lo ratificó de nuevo.
En 1932, y luego en 1975, el Congreso declaró feriado el 2 de agosto de cada año.
El 26 de julio de 1935 se le dio al Santuario el título perpetuo de Basílica Menor, agregada a la Patriarcal de San Juan de Letrán, de Roma, y en 1944 el Arzobispo Sanabria elevó el antiguo Santuario a Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.
En 1950- el 12 de mayo, se produjo el robo y asalto de la imagen de la Virgen de los Ángeles. Fue acusado de sacrilegio José León Sánchez. A finales del siglo XX la Sala III de la Corte Suprema de Justicia, en revisión del caso, declaró inocente de dicho delito a José León Sánchez
El 2 de diciembre de 1956, se realizó la Segunda Coronación como Reina del Trabajador a la Virgen de los Ángeles, con motivo de la celebración del Segundo Congreso Nacional de la Juventud Obrera Católica.
En el 2002, al iniciarse el tercer milenio, la Asamblea Legislativa, además de ratificar el patronato concedido a la Virgen de los Ángeles en 1824, en su artículo segundo, declaró: “Que el Estado costarricense estará bajo el amparo y protección del Inmaculado Corazón de la Virgen María, Reina de los Ángeles”.
En el 2005 una imagen suya se llevó al Vaticano y recientemente el Papa Benedicto XVI la bendijo y la colocó en la Basílica Santa María de la Luz.
En los meses de julio y agosto del 2009, por motivo de la pandemia de gripe A (H1N1), que nos afectó durante dos años, el Gobierno de la República, suspendió la romería por primera vez en 227 años.
El 31 de julio del 2013 la Virgen de los Ángeles fue investida como Comandante General de la Sección Aérea del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, y el 20 de marzo del 2020, La Negrita de los Ángeles, la llevaron a sobrevolar Costa Rica como protección ante la pandemia del COVID-19. Este año, nuevamente fue suspendida la romería y se invitó a los feligreses a realizar una Romería Virtual.
En la campaña electoral del 2018 el Partido Restauración Nacional, con su candidato presidencial, Fabricio Alvarado Muñoz, con uno de sus pastores religiosos más importantes, Rony Chaves, hicieron ataques y burlas a la Virgen de los Ángeles, que provocaron gran tensión nacional y marchas ciudadanas de feligreses católicos contra los ataques que le hicieron a la Virgen de los Ángeles, y consecuentemente contra la Iglesia Católica nacional.
Este año se cumplen 387 años de leyenda, tradición histórica y popular; de herencia cultural; apariciones y hallazgos, milagros, devoción, culto y fe religiosa. Pero, también se cumplen 200 años, el próximo 9 de setiembre, de haber declarado Patrona Nacional a la Virgen de los Ángeles.
Religiosos o no religiosos reconocen a la Virgen de los Ángeles como factor de innegable virtud para el desarrollo de nuestra personalidad religiosa, católica y cristiana, que ha contribuido de igual manera y no en escasa medida, al robustecimiento de nuestra personalidad política, social y también étnica
La representación divina y humana de la Virgen de los Ángeles nos recuerda, la realidad histórica de su origen, su identificación socio cultural con nuestro pueblo; con la mujer, la madre y el hijo; con los valores de feminidad y maternidad en la vida social.
Cualidades de fortaleza, sabiduría, virginidad y doncellez, discreción y silencio; triunfadora, benefactora y salvadora; capacidad de mediación y unión; dones de sencillez, humildad, sensibilidad, nobleza, pobreza y solidaridad, destacan en su culto.
También se le asocia a la formación de la conciencia y sentido nacional, a la idea de patria y a la defensa, incluso territorial, frente a alguna agresión o amenaza extraña.
El culto a Nuestra Señora de los Ángeles es originario de España, en Getafe, cerca de Madrid, y fue traído a América por los conquistadores españoles.
La Virgen de los Ángeles fue declarada patrona de Costa Rica y protectora de las Américas por el Papa Juan Pablo II.
Al cumplirse el centenario de su Patronazgo el Congreso afirmó dicho Patronazgo. El cumplirse el Bicentenario del Patronazgo, este año, este mes, la Asamblea Legislativa debería reafirmar una vez más, por segunda vez, el Patronazgo de la Negrita de los Ángeles.
Compartido con SURCOS por el autor.
Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense
A escribirse esta columna el país se acerca a la alarmante cifra de 600 homicidios. En la noche previa 5 hombres fueron asesinados bajo lo que en apariencia serían ajustes de cuentas.
Al iniciar la semana un medio de comunicación local me consultaba acerca de hechos de violencia ocurridos en actividades de celebración en vías públicas. Es la ausencia de convivencia y sentido colectivo, indiqué en su momento.
Sin embargo, me parece que es más que la necesidad de tejido colectivo lo que le está ocurriendo a una sociedad como la costarricense. Es claro que los tiempos violentos transcurren en el mismo momento que la desigualdad y la exclusión social aparecen como ejes vectores de nuestra sociedad.
Y entonces empiezan las preguntas: ¿qué hacer? He dicho hasta la saciedad que para sacar al país del lastre violento al que lo sometió 40 años de agenda neoliberal, se requiere algo más que voluntad política.
Hemos tenido un violento despertar hacia otro país, hacia un vacío que nos puebla. Para sacudirnos de la oscuridad, se requieren acciones para recuperar nuestro carácter subjetivo e intersubjetivo.
He dicho hasta el cansancio que creo en el arte como vehículo transformador. A eso le apuesto. Sobre eso voy. Por eso mi camino actual. Por eso mi convencimiento que en el arte está la clave.
En los años noventa Medellín era una de las ciudades más violentas del planeta y apostó entre otras cosas por recuperar los espacios públicos para la gente y por la poesía con sentido comunitario.
Yo sueño con que nos demos la posibilidad de caminar espacios públicos con calidad, libres de violencia y poetizar la vida en todos los sentidos.
Rafael A. Ugalde Quirós*
La época de falsos salvadores del pueblo costarricense terminó. La hora de las verdades y las decisiones políticas ganan terreno frente a las excusas y los viejos sofismas de desarrollo social, con dignidad y justicia social. La democracia la elevamos a la participación de la gente, sin trampillas legalistas ni mañosos intermediarios, o nos seguimos hundiendo.
a.-Las “medias tintas” se acabaron. No es fácil en la región, por consiguiente, tampoco en Costa Rica, pasar de un “pueblo masa” disperso, desesperado y destrozado por la “politiquería” a sueldo, pero aún con enormes reservas morales, a un “pueblo politizado”, articulado y, sobre todo, con un camino unitario por construir sin recovecos; subidas y bajadas, para dejar atrás treinta y ocho años de saqueos, despojos y simulaciones groseras, por las élites del poder.
Ello pareciera difícil en nuestro país cuando hacen agua el congreso, el poder judicial, el ejecutivo, las instituciones autónomas, la educación pública, la seguridad social, la agricultura, nuestra soberanía y, la credibilidad, en general, de quienes fueron jefes de la política nacional, desgastados y carentes de la más mínima moral e imaginación, con pocas excepciones a la regla.
Lo anterior implica una oportunidad real de rectificación por parte de los trabajadores y sus organizaciones populares, porque irremediablemente se ahondarán las contradicciones sociales y los diversos relatos oficializados, en torno a un modelo de desarrollo económico y social absolutamente inhumano y evidenciado, desde hace tiempo, como una estafa sin precedentes para millones de jóvenes, obreros, empleados públicos, amas de casa, jubilados, pequeños y medianos ahorrantes, empresarios honestos, entre otros.
Quizá, cuando comprendamos que, la democracia pertenece directamente a un soberano llamado “pueblo”, encargado de poner y quitar a sus servidores como parte de su “institucionalidad”, asimilaremos que las grandes marchas y protestas sociales quedan reducidas a manifestaciones de fuerza, sí los trabajadores carecemos de un horizonte claro y definido hacia el cual todos caminamos.
La experiencia histórica en otros lados así ha sido. A los mexicanos, para poner un ejemplo, costaron 42 largos años de ver como su Seguro Social era saqueado, su educación pública, en todos los niveles, era prolegómenos de los negocios y privilegios privados más sui generis, su poder judicial y legislativo era un verdadero templo de mercaderes modernos, controlados por los dos partidos tradicionales, el Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
Aquello no fue obra de generación espontánea. El presidente Miguel de la Madrid (1982 – 1988) inició las humillaciones para su pueblo. Los tecnócratas siguientes, sin excepción alguna, como Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), blindaron luego legal y constitucionalmente todos los caminos para que sus sucesores, hasta 2018, hicieran creer a los votantes que cambiando de caballo cada seis años seguirían por el camino correcto trazado por ellos.
b). – Entre el viejo caballo y la construcción de un nuevo camino.
(F. de la página del PLN en https://www.plncr.org/paes).
La idea que la miseria y la pobreza de millones de costarricenses están causadas por las pérdidas acumuladas por las empresas del entonces llamado “Estado social ” o “capitalismo del bienestar”, caló hondo y sigue calando profundo en nuestro país, gracias a un eficiente grupo de opinólogos y politiqueros a sueldo – paradójicamente la mayoría de ellos nunca trabajaron y vivieron a expensas del Estado- que posesionaron en las mentes mayoritarias la necesidad imperiosa de la disminución estatal para ser felices y dignos.
Fue cuando, empero, escogimos el camino de “vivir de fiado” para que los pocos miembros de una casta insaciable viviesen como príncipes y la mayoría pagáramos por el sendero delineado centímetro a centímetro por el Banco Mundial, mediante los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE).
Los PAES, según los hechos históricos, se establecieron durante los gobiernos liberacionistas de Luis Alberto Monge Álvarez (1985 PAE I); de Óscar Arias Sánchez (1989 PAE II) y de José María Figueres Olsen (1995 PAE III).
El PAE I suponía un cambio de paradigma en la política económica del país. (Puede consultarse https://www.plncr.org/paes) . Restructuraría el aparato productivo, diversificaría la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica, entre otros.
En cuanto a la política agrícola, prometía la implementación de un nuevo sistema de incentivos a la producción agropecuaria para la exportación, tanto de cultivos tradicionales como nuevos (aceite de coco, piña, jugos cítricos, nueces de macadamia y marañón); la reforma del CNP y el apoyo financiero a los agricultores; y el desarrollo de la investigación agrícola dirigida hacia productos exportables, etc.
Ya en elPAE II– citando la misma fuente – se hablaba de la reestructuración del aparato productivo, la diversificación de la producción industrial, la promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región centroamericana y la democratización económica.
Reformaría el sistema arancelario para reducir aún más la protección efectiva, que supondría la fijación del arancel máximo en el 40% y un nuevo sistema de incentivos a la exportación que incluiría una modificación de los Certificados de Abono Tributario (CATs).
Estos certificados alcanzaron relevancia cuando descubrieron una estafa por muchos millones de dólares con fondos públicos por parte de beneficiarios, calificándose ese hecho en la Asamblea Legislativa de entonces como “un asalto multimillonario a los dineros del Estado”.
La fuente citada, informa, que las reformas en el sistema financiero se centraron en la reducción de la cartera de préstamos vencidos de la banca pública; la modificación de las reglamentaciones bancarias para mejorar el control y la eficiencia del sector financiero y la creación de la Comisión Nacional de Valores, entre otros.
En cuanto a el PAE III –recordemos a groso modo aquella falta de acuerdo entre la Administración Calderón y la llamada oposición liberacionista, que prolongó su aprobación hasta 1995- estaba orientado hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. La influencia del PAE III es sostenida por todas las siguientes administraciones, incluyendo los últimos dos gobiernos dirigidos por Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como el presente, encabezado por el ex funcionario del Banco Mundial y presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles.
Sí bien es cierto en el PAE III, estrictamente, sólo se hace referencia a el programa acordado con el Banco Mundial, hay tres acuerdos firmados con el BID, denominados “Programa de ajuste del sector público”, “Programa sectorial de inversiones” y “Programa de crédito multisectorial”, todos ellos enmarcados dentro de la misma línea de este PAE. Ninguno de los gobiernos dichos se ha apartado de ese derrotero.
(F. Wikipedia).
c.-País de grandes reservas morales. No sabemos con exactitud el porcentaje de sindicatos disueltos desde que la política fiscal empezó a golpear a aquellos gremios que se creían inmunes a los efectos desbastadores de los PAEs, por ser apéndice de éste o aquel partido. La realidad es que, los esfuerzos por debilitar o desconocer las organizaciones de los trabajadores son sostenidos hasta nuestros días. La existencia de siete centrales sindicales contabilizadas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más otra de reciente fundación, demuestra un innegable activismo del sindicalismo costarricense; eso sí, hay que decirlo, con poca articulación entre sí, como para hacer pensar a las élites atrincheradas en sus doctrinas liberales, disfrazadas de socialdemócratas, izquierdas inoperantes, religiosas o socialcristianas, que están en peligro sus privilegios por un cambio de modelo con justicia social y participación popular determinante.
El redireccionamiento del trabajo de nuestros gremios, en busca de un modelo de desarrollo más digno, inclusivo, mayor equidad social y democracia abierta, entre otros, no parece fácil ni que esté a la vuelta de la esquina, sí comparamos cantidad de centrales sindicales, número de sindicatos, tamaño de territorio y fuerza de trabajo.
Sin embargo, por la misma dinámica social, no está lejano el día cuando se refuerce la labor de las actividades sindicales por TikTok, YouTube X, Whatsaap o Instagram, entre otras importantes redes sociales a nuestra disposición, con la experiencia acumulada por más de 75 años con faenas planificadas del “cara a cara”, casa por casa, calle por calle, vecindario completo, más allá de sí seguimos o no inmersos en el bonito oficio de la “reunionitis”,”seminaritis” y “encuentrotitis” ,fomentado por largos años por viejos líderes de la vieja guardia.
Según estos registros de la OIT, hablamos de más de 240 sindicatos, sin sumar 20 más aglutinados alrededor de la “Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical” de reciente inauguración. (Consúltese: Centrales Sindicales Costa Rica en (https://webapps.ilo.org/public/spanish/region/ampro/mdtsanjose/worker/sindi/cr.htm).
Contrasta, lo anterior, según información emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el estado de las convenciones colectivas en el sector público, dónde se supone, está la mayoría de sindicatos con mayor actividad gremial. De 1994 a 2024 hay poco más de 43 convenios colectivos renovados, caducos o a negociarse este año. (Consúltese: https://www.mtss.go.cr/elministerio/ConsejosTripartitosyDialogosocial/Convenciones_Colectivas.html).
Es cuando, la afirmación que plantean no pocos sabiondos, en el sentido de que es “locura hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes’”, no tiene ninguna cabida dentro de las leyes de la Física, independientemente a quien atribuyan la frase. Para entender la falsedad de este axioma hay que mirar unos pocos ejemplos en nuestra región. En Argentina, los Fernández transitaron por el mismo camino marcado por Carlos Saúl Menemy Mauricio Macri, cabalgando con caballos distintos, pero luego dejaron la mesa servida para que un pueblo desarticulado, robado, engañado, mentido y herido en lo más profundo de sus entrañas, sentara a un grupo de fascistas de nuevo cuño. Otra cosa es que ahora quieran evadir responsabilidades.
Y sí hay un pueblo que sabe cómo los resultados nos fueron peores con el “hacer lo mismo” con idénticos efectos, es el costarricense. El proyecto de ley para imponer las llamadas jornadas4x3 está vivito y coleando a la espera de cualquier parpadeo de los trabajadores, como si fueran insipientes las horas de trabajo efectivo realizado por los ticos.
Hay un número creciente de adultos mayores, pensionados de la Caja, que están obligados a trabajar ocasionalmente para “redondearse” el 60% de la jubilación asignada, según consignaron una tarde de estos telenoticieros nacionales.
El faltante acumulado de vivienda digna en el país es de 759.055 casas. Citando datos del Colegio Federado de Ingenieros y el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, dados a conocer por el Semanario Universidad, la necesidad de casa representa un 42.7% del total de moradas en la actualidad.
En relación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), todas las ultimas administraciones han arrancado “bocaditos” a la institución, en su afán de “normalizar” la sostenida desnaturalización de la seguridad social tripartita, solidaria y universal, frente a un modelo asistencial privado, que cada día gana terreno e impone sus condiciones.
Al 1ª enero de 2017, según registros de la CCSS, la deuda acumulada del Estado ascendía a ¢840.247,2 millones, monto que al 30 de abril de 2022 alcanzó la cifra de ¢2.758.332,0 millones, de los cuales ¢2.250.313,3 millones (81,6%) corresponden al Seguro Salud (SEM) y ¢508.018,8 millones (18,4%) al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), precisó la Contraloría.
(Foto: Katya Alvarado- Semanario Universidad).
d.- La democracia en profunda crisis: En cuatro décadas, los grupúsculos encargados de controlar el poder, lograron erradicar del costarricense promedio la más humanas de todas las reacciones: la capacidad de asombrarnos. Nos fue totalmente “normal” ver el chorro de dinero echado por el tubo controlado por estas élites: Los CATs, el cierre del Banco Anglo, del Crédito Agrícola, la “Trocha”, el “Cementazo”, “Asebanco”, “Cochinilla”, Caja Fischel”, “ICE Alcatel”, “Diamante”, “Banco Nacional”, “Coopeservidores”, “Aldesa”; la lista es larga, sí sumamos la evasión, subfacturación, amnistías tributarias y el contrabando.
Según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Barrantes, la deuda pública costarricense es espeluznantes. Precisó que para atenderla se necesitan 16 mil millones de colones diarios o el equivalente a 31.200.000 dólares al día.
Esta central sindical sostiene que los trabajadores públicos llevan cinco años con los salarios congelados, producto de una serie de medidas fiscalistas. Se refirió a la llamada “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, “Plan Fiscal” o simplemente denominado “Combo Fiscal”, aprobada en la administración de Carlos Alvarado
Débase recordar que la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) se opuso férreamente en 2018 a la aprobación del “Combo Fiscal” porque, argumentó, precarizaría los salarios de la clase trabajadora, aplicaría impuestos a los principales productos de consumo diario y afectaría a las pequeñas y medianas empresas
En aquella ocasión, próxima a las navidades, votaron a favor del “Combo Fiscal” una mayoría de 35 diputados:16 del PLN, 10 del fenecido PAC, 7 del PUSC, 1 del PRSC y 1 autodenominado “Independiente”.
Los profesores de Segunda Enseñanza rechazaron el Combo Fiscal en setiembre de 2018. (F.APSE)
Hoy, el “combo fiscal”, aprobado por 35 diputados, está presente en los intentos de dar el zarpazo final a la educación superior universitaria, tras desamparar por años la construcción de escuelas y colegios públicos en todo el país.
Por eso, plantear en “abstracto” el financiamiento del 8% para las instituciones de educación superior públicas, sin mirar hacia atrás y cómo impactamos a los campesinos, los obreros, las amas de casa, los jóvenes etc., de todas las regiones, podía conducirnos a idénticos caminos transitados ya en Chile, Perú, Argentina, entre otras naciones, donde destrozaron la enseñanza humanista y la noble virtud de enseñar a pensar.
Gracias a los impuestos pagados por la gente más humilde, los empresarios honestos, los profesionales, e intelectuales etc., lograron muchos ser médicos, economistas, periodistas, veterinarios, abogados, sociólogos, bailarines, actores, poetas, nanotecnólogos, biólogos, entre una larga lista, a pesar que ya en la década de los ochenta sabíamos para qué servía la prueba de admisión.
¿Cuántos médicos, ingenieros, veterinarios, abogados, actores, economistas, pintores, músicos, arquitectos etc., procedentes de Talamanca, Liberia, la reserva indígena de Mora, Puriscal o Upala, solo a manera de ejemplo, graduaron las universidades públicas en sus sedes regionales en los últimos 20 años, contribuyendo así con el desarrollo nacional y en defensa del bien común? Es cuando se cumple aquello de “tus hechos os defenderéis” o la afirmación martiana: el deber cumplido sencilla y naturalmente.
Durante mi vida como universitario conocí a dos muchachos, uno proveniente de un selecto colegio al que no se ingresa sí no se cumplen ciertos requisitos extra materias, aunquetenga todo el capital del mundo, el otro decía que había cursado toda su primaria y secundaria en un colegio ubicado entonces en Moravia; ambos se jactaban que solo pagaban la cuota de bienestar estudiantil porque “no tenían nada inscrito a su nombre”
Hoy, las élites, desarrollan la misma estrategia inhumana con nuestra educación pública estatal. Es idéntica a la aplicada contra quienes madrugan desde la 4 a.m. para una cita en un Ebais, esperan dos años para una intervención quirúrgica en los hospitales o los padres de familia obligados a dar dinero para cubrir materiales en las escuelas y colegios estatales.
Dejaron de último la aplicación de esta malvada estrategia contra las universidades públicas porque, como dijo Günther Anders ” (1953) en “La obsolescencia del hombre”, estas clases sociales requieren idiotas. Palabras más, palabras menos: dijo que para sofocar cualquier revuelta al estilo de Hitler hoy resulta “arcaico”, pues basta con crear un condicionamiento colectivo reduciendo “el nivel” y la “calidad” de la educación.
Y 134 años antes de la publicación “La obsolescencia del hombre”, Simón Bolívar – el 15 de febrero de1819 –, como si se estuviera dirigiendo a los costarricenses de hoy y tuviera conocimiento de los planes actuales de nuestras élites, nos alertaba: “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”.
*Periodista, abogado y notario por la UCR.
Oscar Madrigal
El dilema ético del tren y la palanca se plantea cuando un tren desbocado va a atropellar a cinco personas y usted tiene a mano una palanca que puede desviarlo, pero al hacerlo mataría a un inocente o no hace nada y mata al grupo. ¿Usted que haría?
Este dilema últimamente se ha referido al campo del Bienestar: favorecer el bienestar individual o el bienestar del grupo de cinco.
Parece que nuestro sistema presupuestario está diseñado de una manera perversa, sea para beneficiar al individuo y no al grupo.
Nogui el ministro de Hacienda ha sido claro: no va a hacer nada.
El sistema de financiamiento público fue diseñado por el grupo de Carlos Alvarado para pagar la deuda pública, ese es su objetivo.
El trabajo de Nogui, ahora como ministro de Hacienda, es aplicar ese diseño, sea un gasto público cuyo primer componente sea pagar la deuda y luego, el remanente, distribuirlo para las necesidades de la sociedad hasta donde alcance. Como se ve para esto no se necesita ni gran esfuerzo, ni gran sapiencia. Simplemente acomodar números o sumas sin importar el daño social.
De esta manera le resta a la educación, a la salud, no le paga a la Caja o reduce el gasto en carreteras, congela salarios, en fin, recorta para acomodar los gastos y de así conservar la suma del pago de la deuda. Es decir, privilegiar el pago a unos pocos individuos en detrimento del grupo, de la sociedad.
Atrincherado en la regla fiscal y los límites que impuso la relación deuda/PIB, Nogui se atreve a decir que no pagará nada con lo que no esté de acuerdo o que los ingresos no le permitan. De todas formas, el Presupuesto es solo una autorización de gastos y no una orden de pago, dice. Esto es así porque el sistema se lo permite, el sistema diseñado en 2018 por el gobierno del PAC y el PUSC.
Es público que la Reforma Fiscal de Alvarado hace aguas por todo lado. Ya hablan de que las grandes bondades que nos auguraban no duraron ni cinco años y por ello no hay recursos suficientes para afrontar el costo del Estado de Bienestar y, mucho menos, reducir significativamente la deuda pública. Esa reforma tributaria que se pintó como la gran panacea que curaría todos nuestros males fiscales, ya agotó su potencial y ahora vendrán con otro plan, como la venta de activos del Estado y más impuestos sobre los trabajadores.
El problema fiscal será irresoluble mientras no se impongan tributos a la mitad de la producción nacional que se encuentra en las zonas francas.
Por otro lado, mientras las fuerzas que desean mantener el Estado de Bienestar se mantengan dentro del esquema de Alvarado, que es ahora el esquema de Chaves y Nogui, no habrá posibilidad de solucionar las carencias y las necesidades de educación, universidades, salud y tantas otras. Estamos en un callejón sin salida. Debemos salir de él.
Resultaría muy beneficioso empezar a plantear soluciones que nos permitan salir del encierro, soluciones un tanto radicales, como cambiar el fin del gasto público, para que se oriente no al pago de la deuda sino a apoyar el desarrollo social, a introducir nuevas fuentes de ingresos y a rebalancear la cancha en favor de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo.
Hay que seguir protestando y exigiendo el cumplimiento de los principios y normas constitucionales, pero hay que levantar simultáneamente una salida a la crisis que vivimos, porque no financiar adecuadamente la educación es una crisis.
El gobierno pregona a todo pulmón que el país está muy bien en crecimiento económico, inversión extranjera, exportaciones, etc., pero eso no se ve reflejado en mayores ingresos y mayor gasto social. Al contrario, parece que entre más crecemos más pobres nos hacemos, porque si somos menos educados, somos más pobres.
Habría que emparejar la cancha: que el gran crecimiento económico que dice el Gobierno de Chaves nos beneficie más. Hay que plantear cómo hacerlo.
Lo que es evidente es que el dilema que hemos esbozado al principio, el Gobierno y Nogui lo han resuelto claramente en contra del grupo, no han hecho nada para halar la palanca que beneficie a la mayoría.
José Luis Pacheco Murillo
La vergonzosa actuación de la red de cuido que se manifestó a través de la reelección de un magistrado cuyos cuestionamientos fueron graves y continuos, evidencia una vez más la perversidad del sistema político, jurídico y constitucional que tenemos.
Lo cierto del caso es que quien lo reeligió fue el sistema, creado y mantenido para estos propósitos. Estuvieron presentes para la votación 50 diputados y diputadas y la votación fue de 25 en contra y 25 a favor. Esto, bajo cualquier circunstancia, implicaría una no elección, sin embargo, el artículo 158 constitucional indica que: “se considerarán reelegidos salvo que en votación no menor a las dos terceras partes de los votos se decida lo contrario”, es decir, se requieren 38 votos.
Pese a los cuestionamientos, fue reelegido por el sistema y con el apoyo de la “red de cuido”.
En cualquier trabajo, independientemente de la materia que sea, cuando se demuestra que ha incumplido con el más elemental de los requisitos, con la más elemental de las obligaciones, simplemente o se despide o no se le renueva el contrato.
Fue cuestionado y se demostró que debiendo cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida tiene en su escritorio más de 800 expedientes sin resolver, y con solo ese precedente, era suficiente para que la reelección no se diera. Sin embargo, se dio y ganó el cinismo y perdió, una vez más la ciudadanía que queda una vez más a la espera de que “sus representantes” voten de acuerdo a su sentir.
Después pegan gritos en contra de quienes dicen que la Asamblea Legislativa no funciona, de que habrá que cambiar para el 2026 y que el señor Chaves está en campaña para lograr cambiar el sistema y en particular la Asamblea Legislativa. Pues con esa actuación dieron un paso enorme en que se logren esos propósitos.
Veremos si este pueblo reacciona y las cosas se hacen diferentes en el futuro.