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Autor: Hector Ferlini Salazar

La silla de la Secretaría General de Naciones Unidas: análisis del segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad sobre las candidaturas en competencia

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR

nboeglin@gmail.com

Como bien se sabe, el secretario general de Naciones Unidas ostenta la máxima posición dentro de la estructura de Naciones Unidas: los artículos 97-101 de la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (véase texto), detallan su modo de elección y las diversas funciones que conlleva este puesto.

Resulta oportuno precisar para nuestros estimables lectores poco familiarizados con Naciones Unidas, que es tan solamente una vez confortada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramita a la Asamblea General mediante una simple resolución de dos párrafos, para su aprobación definitiva por aclamación por parte de los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas: fue lo que ocurrió en octubre del 2016 con el candidato propuesto por Portugal (véase resolución), así como en octubre del 2006 con el candidato de Corea del Sur (véase resolución).

Como siempre ocurre en toda competencia entre varios competidores, iniciar en una posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar a la meta en primera posición.

El puesto de mayor jerarquía: una silla, ocho candidaturas en este 2026

El secretario general de Naciones Unidas es nombrado por un período de cinco años, con la posibilidad de ser reelecto.

Cabe recordar que el actual secretario general de Naciones Unidas, nativo de Portugal, fue designado en el 2016, y que su antecesor, oriundo de Corea del Sur, lo fue en el 2006; y que la persona que lo antecedió, nacional de Ghana, lo fue en 1996: esta breve secuencia permite explicar que en los últimos 30 años se hayan registrado únicamente a tres personas dirigiendo la Secretaría General de Naciones Unidas.

Para la única silla a ocupar de secretario general a partir del próximo mes de enero del 2027, son un total de ocho las candidaturas que se han oficialmente inscritas en este 2026 (véase enlace oficial de Naciones Unidas con el detalle de cada una de ellas incluyendo sus respectivas hojas de vida).

Resulta oportuno precisar que únicamente las candidatas oriundas de Costa Rica y de Guyana asi como los candidatos nativos de Argentina y de Uganda han sido postuladas/os por las autoridades de sus respectivos Estados. Las demás candidaturas no cuentan sino con el respaldo oficial de Estados distintos de la nacionalidad de la persona candidata.

Foto de la visita efectuada por el secretario general de Naciones Unidas a Costa Rica a finales del mes de julio del 2014, extraída de esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas, desde donde condenó de manera vehemente el bombardeo de una escuela en Gaza por parte de Israel (véase comunicado oficial)

Sondeando y evaluando: la tarea de 15 Estados de los 193 con los que cuenta Naciones Unidas como Estados Miembros

El pasado 31 de julio, se dio a conocer el primer sondeo informal entre los quince integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con relación a los candidatos/as en competencia para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas a partir de enero del 2027.

El segundo sondeo tuvo lugar el 21 de agosto, anunciado por la diplomática de Dinamarca, quien preside en estos momentos el Consejo de Seguridad (véase nota de prensa). Al respecto, cabe recordar que además de los cinco Estados Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.

Con relación a los números de unos/as y otros/as en estos sondeos informales del Consejo de Seguridad, al tratarse de un voto secreto, resulta importante precisar que no se puede conocer la identidad de los Estados que se manifestaron mediante una «opinión favorable«, una «opinión desfavorable«, o cuyo delegado coloca una cruz en la casilla «sin opinión«, y el hecho que puedan ser uno o varios Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad se mantiene como una interrogante muy válida.

Imagen de tablero extraída de las redes sociales sobre los resultados del primer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

En este enlace se pueden leer los resultados obtenidos por cada uno/a de los candidatos(as), durante el primer sondeo realizado en el Consejo de Seguridad el 31 de julio del 2026: encabezó en aquel momento con 10 votos favorables la candidata postulada por Costa Rica, seguida de muy cerca con 9 votos favorables reunidos por la candidata de Guyana, y de 7 los obtenidos por el candidato propuesto por Argentina, al tiempo que la candidata chilena igualaba el número de votos favorables (6) con el ex Presidente de Senegal, postulado por Burundi: este último reunió la mayor cantidad de opiniones desfavorables (7), por lo que debió de multiplicar gestiones de cara al segundo sondeo de este 21 de agosto del 2026 (o bien dar discretamente por concluida su participación y abandonar la contienda).

La candidata ecuatoriana (postulada por Antigua y Barbuda), quien fungió como presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2018, por su lado registró la mayor cantidad de «sin opinión«: lo cual evidenció que no había logrado dar a conocer su visión sobre la organización, como los demás contendientes.

Finalmente, el candidato presentado muy tardíamente por Uganda (el pasado 25 de julio, véase carta de postulación) debió de haber intensificado sus gestiones en los diversos espacios existentes para darse a conocer. Si los resultados del segundo sondeo no le fueron favorables, debería con la misma discreción antes sugerida, dar también por terminada su muy efímera participación. Es de notar el pleno respaldo por parte de las máximas autoridades en Uganda y la promoción realizada a su candidato (véase nota oficial del 8 de agosto del 2026), que contrasta con el hecho que desde el 31 de julio, fecha del primer sondeo, no se haya observado ninguna gestión similar al más alto nivel (Presidencia) con respecto al candidato de Argentina, ni con respecto a las candidatas de Costa Rica, ni tampoco de Guyana.

Los resultados del segundo sondeo realizado el 21 de agosto

Los resultados del segundo sondeo, según esta nota de prensa de ElMundo.cr en Costa Rica, señalan un descenso de la candidata de Costa Rica pasando de 10 a 7 opiniones favorables, y registrando en esta segunda votación 4 votos en contra (tenía tan solo uno en el primer sondeo) y 4 sin opiniones, al tiempo que pasó en el primer lugar la candidata de Guyana, con 8 votos favorables, 3 en contra y 4 sin opiniones (su marca anterior era un 9-2-4).

Claramente, la candidata de Guyana desmejoró levemente su posición, pero al desmejorarse mucho más la de la candidata de Costa Rica, pasa a liderar la contienda. En conclusiones daremos a conocer algunas de las razones que pueden estar jugando en contra de la candidata de Costa Rica. Desde ya es de precisar que, en nuestra opinión, el apoyo oficial de la subregión (Estados del CARICOM) a la candidata de Guyana resulta una ventaja con la cual no cuenta la candidata de Costa Rica (a nivel centroamericano), ni el candidato argentino (Cono Sur).

Se indica en esta nota de la prensa de Argentina que por su parte el candidato de Argentina registró la misma marca que la anterior: 7 a favor, pero esta vez con 6 en contra y dos sin opinión, quedando en tercera posición (en el primer sondeo fueron siempre 7 opiniones a favor, pero 2 en contra y 6 sin opiniones). Este resultado obtenido por el candidato de Argentina debería de llevarlo también a recurrir a la misma discreción antes señalada, al multiplicar por tres las opiniones desfavorables entre el 31 de julio y el 21 de agosto.

La candidata oriunda de Ecuador postulada por Antigua y Barbuda registró 4 votos a favor, 3 en contra y 8 sin opiniones (obteniendo el 31 de julio un 5-2-8): si bien desmejora su marca inicial, sigue siendo la candidatura que genera la mayor cantidad de «sin opiniones» en este segundo sondeo, señal de que no logran su perfil ni sus gestiones mejorar sus resultados.

La candidata oriunda de Chile postulada por Brasil y México registró por su parte tan solamente 2 votos a favor, 6 en contra y 7 sin opiniones (contra la marca de 6-5-4 anterior) lo cual constituye una clara señal de que no podrá sumar votos favorables, al dividir por tres los apoyos recibidos el pasado 31 de julio.

Con respecto a los resultados de los dos candidatos de África (uno de Uganda postulado por Uganda, otro de Senegal postulado por Burundi), el primero registra un 5-5-5, mientras el segundo un 6-7-2 (contra un 2-5-8 y un 6-7-2 respectivamente logrados el pasado 31 de julio): en este caso, el primero (candidato propuesto oficialmente por Uganda) podrá verificar si se confirma en el tercer sondeo su sorprendente ascenso, al tiempo que el candidato nativo de Senegal (postulado por Burundi) podría desde ya considerar terminada su participación al no lograr mejorar en nada sus resultados.

Claramente es la candidata de Guyana y el candidato de Uganda los que salen mejor librados de este segundo ejercicio ante el Consejo de Seguridad: en ambos casos se trata de candidaturas que cuentan con el respaldo de sus respectivos aparatos estatales. La cacofonía de América Latina como región (con una candidata costarricense postulada por Costa Rica, un candidato argentino postulado por Argentina, una candidata chilena apoyada por Brasil y México, una candidata ecuatoriana postulada por Antigua y Barbuda) podría estar a su vez jugando en contra de todas las candidaturas latinoamericanas y beneficiando a la de Guyana.

Como si no fuera suficiente la sensación de cacofonía previamente señalada, hay que añadir una nueva candidatura de una persona oriunda de Ecuador. Con relación a esta última candidata postulada de manera bastante tardía por Tonga hace unos días, nativa de Ecuador (véase carta de postulación con fecha del 17 de agosto), obtiene en este primer sondeo en el que participa, 8 votos en contra y 7 sin opiniones. El poco tiempo entre el anuncio de su repentina postulación y este sondeo puede – al menos en parte – explicar que no haya recibido ninguna opinión favorable. Esta última candidatura plantea algunas interrogantes, al tratarse de algo raramente observado en Naciones Unidas: puede tratarse de un entusiasmo personal tardío por participar en esta contienda (y destinado a fracasar), o bien de una maniobra muy sutil de algunos Estados mucho más relevantes que Tonga, poco convencidos con los perfiles actualmente en competencia. Ya habíamos advertido en una nota anterior que:

«Dada las fuertes tensiones que experimenta Naciones Unidas en su relación con Estados Unidos desde el mes de enero del 2025, y el carácter imprevisible del actual ocupante de la Casa Blanca, es muy probable que el actual mandatario norteamericano busque la manera de complicar a su manera la elección del (o de la) futuro (a) Secretario (a) General, con algún capricho personal o alguna provocación en esta recta decisiva» (Nota 1).

En este enlace de las redes sociales de la organización PassBlue, se puede visualizar un cuadro comparativo entre el primer y segundo sondeo y en este otro una infografía, que permite visualizar un poco mejor avances y retrocesos de cada una de las candidaturas entre el 31 de julio (primer sondeo) y el segundo (21 de agosto).

El segundo sondeo: ¿señales inequívocas para algunas candidaturas?

Cada equipo de cada candidato/a deberá analizar estos resultados con sumo cuidado y tomar la decisión de mantenerse en la contienda, o bien de darla por terminada.

Con respecto a la candidatura postulada en el 2016 para el mismo puesto dentro de Naciones Unidas por Costa Rica, tuvimos la ocasión de señalar en agosto del 2016 que, con ocasión del segundo sondeo, la candidata de Costa Rica ya podía pensar en abandonar la contienda, al ver aumentando de un sondeo a otro el número de opiniones desfavorables (Nota 2):

– en el primer sondeo en el seno del Consejo de Seguridad, obtuvo 5 opiniones favorables, 5 desfavorables y 5 sin opinión;

– en el segundo sondeo, reunió 5 opiniones favorables, 8 desfavorables y 2 sin opinión: era tal vez señal y hora de retirar su candidatura, pero… no lo hizo.

Los resultados del tercer sondeo (reuniendo 12 votos desfavorables) resultaron innecesariamente negativos y algo humillantes para la candidata costarricense, cuyo perfil no se adecuó nunca al perfil de los secretarios generales anteriormente electos en Naciones Unidas: a saber, personas que a lo largo de su trayectoria personal, ocuparon puestos ministeriales en su Estado de origen o han sido incluso Jefes de Gobierno, como el actual Secretario General nativo de Portugal, ex Primer Ministro que ganó cómodamente esta contienda del 2016, su antecesor, ex canciller de Corea del Sur, antecedido por otro ex canciller (de Egipto), así como el hasta ahora único Secretario General de Naciones Unidas nativo de América Latina (ex canciller de Perú).

Toma extraída de esta nota de prensa de UNDispatch sobre resultados obtenidos en Nueva York a raíz del tercer sondeo confidencial realizado el 29 de agosto del 2016 de cara a la designación de un Secretario General de Naciones Unidas, en los que la candidata de Costa Rica registra un total de 12 opiniones desfavorables.

En esta nota de PassBlue y esta otra nota de The Guardian del 2016 sobre las candidatas mujeres no electas en el proceso del 2016, se hace ver que se contaba para aquella contienda con candidaturas de mujeres que fungieron como ex cancilleres y ex primeras ministras o ex ministras de sus respectivos Estados, evidenciándose la peculiaridad de la candidatura costarricense.

A modo de conclusión

Un tercer sondeo pocos días antes del inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas en el próximo mes de septiembre, debería tener lugar: en él, se podrá observar si algunos candidatos/as han considerado que ya es hora de retirarse de esta contienda, o si han persistido en acumular resultados desfavorables.

En el caso de la candidata postulada por Costa Rica, cabe la pregunta de saber si el inédito espectáculo que ofrece Costa Rica al mundo, con un supuesto «golpe de Estado» anunciado por su Presidente el 31 de julio (véase nota del medio digital Delfino.cr) y, en reacción, una fuerte movilización ciudadana realizada el 6 de agosto en defensa del Estado de Derecho y de la independencia del Poder Judicial, así como el alineamiento de Costa Rica con Israel al punto de aceptar la idea de trasladar su embajada a Jerusalén (véase nota de ElPais en España), no han degradado la imagen del país en el exterior, y por ende, la de su candidata en lo que va del mes de agosto del 2026.

El mutismo oficial de Costa Rica sobre las exacciones que comete a diario Israel en Palestina no debe de hacernos olvidar que este 22 de agosto, son 102 ex diplomáticos de Francia y de Reino Unido los que han denunciado la campaña de limpieza étnica realizada por Israel en el territorio palestino (véase nota de France24). El pasado 21 de agosto, España al igual que muchos otros Estados en Europa, condenó de manera vehemente a Israel (véase comunicado oficial), un comunicado precedido de otro del 15 de agosto, en el que España condenó la violenta política israelí de asentamientos ilegales en el territorio palestino ocupado (véase comunicado oficial). Por su parte, este comunicado oficial de Naciones Unidas condenando a Israel y sus políticas en Cisjordania pasó prácticamente desapercibido en los principales medios de prensa de Costa Rica, como ya viene siendo costumbre desde el 7 de octubre del 2023.

Con respecto a una reciente iniciativa gubernamental en Costa Rica que ha despertado las alarmas (tanto en Costa Rica como fuera de ella) y la posibilidad que el programa espía israelí Pegasus sea usado en Costa Rica, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota relacionada a un extraño Decreto Ejecutivo sobre el secreto de Estado, titulada «El «secreto del Estado» en Costa Rica: aproximaciones desde la perspectiva jurídica internacional«.

Un muy cuestionado (y cuestionable) Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito el 8 de diciembre del 2025 con Israel por parte de Costa Rica, constituye otra iniciativa de sus autoridades bastante singular, que podría estar afectando la imagen internacional de Costa Rica (Nota 3): cabe precisar que uno de los artífices de este tratado bilateral con Israel, entonces titular costarricense de la cartera ministerial del comercio exterior, es desde mayo del 2026, el jefe de la diplomacia de Costa Rica, cuya lectura de lo que está ocurriendo en Gaza sugirió el siguiente titular de este artículo: «Canciller Tovar niega genocidio en Palestina y culpa a las víctimas de su propia tragedia» (Semanario Universidad, edición del 13 de julio del 2026).

La presencia del Presidente de Israel en persona a la toma de posesión de la nueva mandataria costarricense en mayo del 2022 ( y que no se verificó en las tomas de posesión realizadas en Chile – marzo- , Perú – julio y Colombia – agosto – en lo que va de este 2026) la motivó a anunciar el traslado de la embajada de Costa Rica de Tel Aviv a Jerusalén (véase nota del Tico Times): de materializarse, se trataría de un traslado en abierta violación al estatuto internacional particular que le reconoce la comunidad internacional a Jerusalén desde 1947 en innumerables resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas (Nota 4).

– – Notas – –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «El proceso de selección y designación en la Secretaría General de Naciones Unidas en su fase decisiva«, 31 de julio del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad de cara a la elección del Secretario General de Naciones Unidas«, DIPúblico, edición del 13 de agosto del 2016. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Véase al respecto, desde el punto de vista económico, VARGAS SOLIS L.P., «A propósito del desatino económico y moral de un Tratado de Libre Comercio con Israel», agosto del 2026, documento cuyo texto integral (29 páginas) está disponible en este enlace (ver en particular la pretendida «importancia» de los intercambios comerciales entre Israel y Costa Rica que resultan ser insignificantes a páginas 19-21). De igual manera, desde el punto de vista de la imagen tradicionalmente proyectada por Costa Rica al mundo y los valores que impregnan a la sociedad costarricense, véase este manifiesto colectivo firmado en agosto del 2025 por más de 70 Premios Nacionales de Cultura de Costa Rica (documento descargable en esta nota de prensa de Delfino.cr). Desde la perspectiva jurídica, véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas» 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 4: Al respecto, no está de más indicar lo que se lee en el capítulo sobre el traslado de la embajada de Costa Rica a Tel Aviv operado por Costa Rica en el 2007, en una obra publicada en el 2013 por parte del ex canciller de Costa Rica en el período (2006-2010): véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados: La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Editorial Universidad Nacional (UNA), 2013, pp. 29-75. Texto completo de la obra disponible en este enlace.

Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático

CCBEEM

Este viernes 21 de agosto se celebró el Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático. La UNESCO lo celebra desde el 2024 como una herramienta para aumentar la concienciación mundial. Se conmemora promoviendo esfuerzos de colaboración, en particular por los siguientes medios:

  1. aumentando la concienciación a escala mundial sobre la importancia del patrimonio cultural subacuático y su preservación, en consonancia directa con la misión de la UNESCO de promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural;
  2. fomentando los compromisos de protección y gestión responsable del patrimonio cultural subacuático;
  3. promoviendo la colaboración internacional para la investigación, la conservación y la educación en relación con el patrimonio cultural subacuático;
  4. celebrando la rica diversidad cultural y el legado histórico que representa el patrimonio cultural subacuático y poniendo de relieve la interconexión de las civilizaciones;
  5. fomentando la ratificación de la Convención de 2001.

En el Caribe de Costa Rica

Costa Rica ratificó la Convención y le dio una Ley 9500 y un Reglamento desde el 2021. En el distrito de Cahuita y su Parque Nacional lo celebramos juntos el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) y la Co Gobernanza y la ADIC, asegurando que la protección de ese patrimonio esté debidamente contemplada en el borrador del Plan de Manejo 2027 – 2036.

Desde el año 2016, el CCBEEM desarrolla el proyecto “Expedición Galeones y Otras Embarcaciones”. Se trata de un esfuerzo de gestión comunitaria en arqueología subacuática, avalado por la Universidad de Costa Rica, autorizado por el Consejo Local del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (CL/SINAC) y reconocido por la UNESCO, desde el año 2021, como “cuna de una arqueología subacuática comunitaria en Costa Rica”.

Este proceso ha permitido, entre otros avances, documentar y verificar científicamente la identidad de dos embarcaciones esclavistas danesas naufragadas en las cercanías de Punta Cahuita el 2 de marzo de 1710, revelando un sitio de alta significancia histórica y cultural para el distrito de Cahuita, la provincia de Limón, Costa Rica y el mundo.

Asimismo, en el marco de las expediciones se ha avanzado en la identificación y caracterización de otros cuatro sitios, que en su conjunto constituyen seis lugares a proteger y manejar en el Plan 2027-2035: dos muelles, un sitio denominado Sitio de Convergencia Cultural y un sendero de arrecife que alberga un ancla antigua.

La Ley N.º 9500 y su respectivo Reglamento brindan un marco legal reciente que requiere un abordaje articulado entre instituciones culturales, ambientales, académicas y comunitarias. La UNESCO ha señalado con claridad que el patrimonio cultural subacuático se encuentra gravemente amenazado por actividades humanas, el cambio climático y la falta de políticas específicas para su protección.

En Costa Rica existen políticas específicas para la gestión del cambio climático, y mediante el presente Plan de Manejo se establecerán mecanismos para regular las actividades humanas relacionadas con los sitios patrimoniales subacuáticos.

El CCBEEM reitera su compromiso con el fortalecimiento de la identidad histórica y cultural de Cahuita y su Parque Nacional, mediante un proceso respetuoso, técnico y participativo.

Tras diez años de experiencia, avales universitarios, el respaldo del Comité Local de Co-gobernanza, la coordinación con el Museo Nacional de Costa Rica y la participación de comunidades locales, este proceso motiva y compromete a continuar contribuyendo, en este momento histórico, con responsabilidad, conocimiento y la visión colectiva construida a lo largo del proyecto.

Cuándo se instauró esta conmemoración

El 21 de agosto es una fecha que coincide con la puesta en marcha de la primera misión arqueológica subacuática internacional llevada a cabo bajo los auspicios de la UNESCO. Incluyó dos proyectos autónomos: uno en el banco de Esquerquis (plataforma continental tunecina) y otro siguiendo la estela de Ballard y McCann en el canal de Sicilia (plataforma continental italiana).

Publicado por el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar y compartido con SURCOS.

Panoramas SURCOS | 21 de agosto de 2026

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Panoramas SURCOS | 20 de agosto de 2026

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Intercambio Bribri-Huetar: compartiendo entre generaciones y territorios sobre soberanía alimentaria y agua.
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Depósitos judiciales son recursos de las personas usuarias, no del Poder Judicial. Comunicado.
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Panoramas SURCOS | 19 de agosto de 2026

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Pueblos indígenas celebran que Asamblea Legislativa reabra a consulta el proyecto de acciones afirmativas.
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La agria relación entre pueblos originarios con el Estado, DINADECO y algunas ADI.
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A un año de su deportación en grave estado de salud, familiares y el Colectivo Causa Sur convocan a una velada en memoria de Randall Gamboa Esquivel.
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Defensoría alerta sobre crisis estructural en Migración que provoca demora en trámites.
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La agria relación entre Pueblos Originarios con el Estado-DINADECO y algunas ADIs

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo

Catedrático jubilado TEC
Ecologista FECON

Imponer las reglas del Estado contra la voluntad de un Pueblo Indígena no es nada nuevo en Costa Rica. Esto es lo que está ocurriendo con las acciones de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) en favor de Hiden Mayorga Escalante de la Asociación de Desarrollo Integral de Talamanca, ADITIBRI. Mayorga Escalante fue destituida e inhabilitada como presidenta en Asamblea de ADITIBRI tras habérsele probado su responsabilidad en la firma de multimillonarios contratos privados sobre “créditos de carbono” para explotar comercialmente los bosques del territorio Bribri de Talamanca, en contra de lo definido en la Asamblea de ADITIBRI. Las normas básicas de autonomía dictan que es la gente indígena la que debe decidir, pero DINADECO alega faltas en el “debido proceso”, con lo cual favorece a la presidenta destituida de ADITIBRI violentando acuerdos de la Asamblea indígena.

Para comprender la acción de DINADECO debemos partir de que las ADI son una imposición del Estado sobre las estructuras propias de los Pueblos Originarios. Así lo han reconocido Naciones Unidas y sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica. Las ADIs fueron creadas por el Estado y en muchos casos representan los intereses de la institucionalidad que sigue violentando derechos fundamentales de los Pueblos Originarios como el derecho a la Tierra y a organizarse según sus propias estructuras y definiciones culturales. El desconocimiento de esos derechos es parte del racismo en Costa Rica que conduce a la destrucción de la identidad cultural indígena y la desaparición forzada de muchas estructuras propias de organización social en los territorios indígenas.

En muchos casos, la imposición de las ADIs no sólo rompió los sistemas de vida y organización social propios los territorios indígenas, ya de por si debilitados, reducidos y hasta desaparecidos tras siglos de borramiento cultural, sino que vulneró y socavó espacios más pequeños y sensibles de la vida cotidiana dando origen a rupturas entre personas, familias, clanes y a divergencias irresolubles en cuanto a cómo relacionarse con el Estado y el mundo externo. Muchas rivalidades hoy día siguen llegando a tribunales ordinarios del Estado en los cuales los antiguos y nuevos conflictos se juzgan, pero no se resuelven, con las leyes “sikuas”/no indígenas que no coinciden con las normas y el derecho propio o consuetudinario y las culturas de las personas indígenas.

ADIs contra las estructuras culturales de los Pueblos Originarios

En las últimas décadas ha subido el tono sobre las contradicciones jurídicas y culturales entre ADIs y las estructuras propias de los Pueblos Originarios en Costa Rica. La Sala Constitucional mediante la Sentencia 10224-2010 reiteró que la Ley Indígena No. 6172 de 1977 reconoce “que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase y que no son entidades estatales”. También señala que el artículo 4 de esa ley, “establece que las Reservas Indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales” lo cual legitimaría diversas instancias culturales propias de los Pueblos Originarios, pero agrega “o de las leyes de las República que los rijan”. Esta última frase es letal y clave pues abre todas las posibilidades de sustitución del andamiaje cultural propio y autónomo porque, como indicamos, la colonización llevó al borramiento o desaparición de las estructuras sociales tradicionales.

Esa y otras sentencias generan discrepancias sobre la aplicación de la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, su Reglamento del 26 de abril de 1978 y todavía más del Decreto Ejecutivo No. 13568-C-G del 30 de abril de 1982: «Representación legal de las Comunidades Indígenas por las Asociaciones Desarrollo y como Gobierno Local», porque delega en las ADIs indígenas, por medio de DINADECO, la gobernación de los territorios indígenas. En su artículo 1 ese Decreto establece que “Las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas”, con lo cual se les da supremacía sobre las estructuras de organización propias de las personas indígenas. Además, el artículo 3 involucra directamente a DINADECO estableciendo que “las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento». Es a partir de esas definiciones que organizaciones como el Consejo de Derecho Propio de Talamanca Bribri, el Consejo de Mayores y Mayoras Bröran del territorio de Térraba, los Consejos Salitre y Yama bi di Kata/Cabagra, o el Consejo cultural conformado por la gente Ngäbe de Abrojo Montezuma, entre otros, son desconocidos y quedan en total desventaja.

La sentencia del 2010 que mencionamos repetía lo indicado antes en la sentencia #2002-2623 del 13 de marzo del 2002 en la cual la Sala IV había establecido que la ADI no es la única forma de representación indígena, que es una alternativa cuando no hay estructuras propias de organización indígenas y que son la organización “que más se asemeja a la naturaleza comunitaria de la organización tradicional Indígena”. Sin embargo, la misma Sala IV descalifica o al menos resta valor práctico a las estructuras propias indígenas pues agrega que “adicionalmente, este tipo de estructura jurídica (las ADIs) le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica”, y especifica que tales beneficios incluyen “servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones”. No hace falta conocer los estados de cuenta de algunas ADIs para saber que juegan en un espectro financiero, administrativo y político muy amplio, y que en esas canchas las alianzas adecuadas resultan tan indispensables como gratificantes.

No resulta necio reiterar que la imposición de las ADIs a los Pueblos Originarios ha sido expuesta en múltiples informes especiales de Naciones Unidas, como el del 30 de mayo de 2011 en el que el Relator Especial James Anaya explica que “los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades”. En otro Informe del 11 de julio de 2011, el mismo relator habla directamente de suplantación cuando señala que “…el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978, efectivamente suplantó el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas para representar a las comunidades en cuestiones de desarrollo sostenible, estableciendo en su lugar a las Asociaciones de Desarrollo Integral para tal fin” (subrayado ODC).

Otro Informe del año 2010 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, señala que “los pueblos indígenas…han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”.

Algunos estudios académicos se han salido del canasto y se han animado a reconocer que las ADIs no son la única y legítima representación indígena. Un buen ejemplo es la tesis de licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Costa Rica: análisis de caso”, de Jazmín Granados Torres, que apunta en la dirección que hemos explicado: “La forma de organización jurídica impuesta por el Estado a los territorios indígenas han sido las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), las cuales tienen la representación jurídica y extrajudicial de las comunidades, pero dicha concepción fue una imposición del Estado que no responde necesariamente la realidad cotidiana de la vida indígena…”.

En conclusión, las ADIs han agudizado las contradicciones entre las personas y dentro las comunidades indígenas pues establecen la contradicción entre aliarse e incluso supeditarse a la institucionalidad oficial o mantener autonomía y determinación.

Las ADIs que ejercen el poder de manera impositiva exacerban la mutilación cultural y asumen prácticas racistas de desmantelamiento, deslegitimación, desconocimiento e irrespeto de las estructuras culturales propias de la gente indígena. Tiene toda la razón Gabriella Habtom, secretaria del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, al señalar que “las ADIs son gobiernos locales que reportan y son parte del Gobierno Central”. Eso explica que la relación entre los Pueblos indígenas y el Estado-DINADECO, genere sospechas sobre desconocer y vilentar derechos culturales, imposición de organizaciones foráneas, control político, manipulación, colusión de intereses, defensa y acuerdos con dirigencias afines, desconocimiento de autonomía, e incluso “premios” y “compra” de voluntades con dinero.

La trama de los “bonos de carbono” pareciera apuntar a un sospechoso favorecimiento que incluye reuniones, abrazos, firma de contratos, diálogos y acuerdos entre Mayorga Escalante, empresarios privados, incluso extranjeros, la dirección de DINADECO y hasta la presidencia de la República.  Algo así como un posible intercambio, muy amistoso, de ayudas políticas, palancas e influencias y mucho dinero.

ADI 1 PLENARIA UTLALA

Personas Bribri de Salitre, China Kichá, Térraba/Brorän, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Ngäbe de Abrojo Montezuma, Bajo Los indios, Cabécar de China Kichá y otras comunidades, en diálogo sobre las contradicciones entre ADIs y estructuras propias de los Pueblos Originarios.

Panoramas SURCOS | 18 de agosto de 2026

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Sala Constitucional ordena a SETENA vigilancia ambiental sobre proyecto de extracción en el río Arío.
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Festival Cultural «Grito por la Paz» se realizará en Tibás el próximo 22 de agosto.
https://wp.me/p6rfbZ-zPh

Un nombramiento que dure hasta el límite de edad.
Walter Antillón.
https://wp.me/p6rfbZ-zPl

La disputa por lo imaginable o el proceso cultural mediante el cual ciertas posibilidades comienzan a dejar de resultar inconcebibles.
Rodrigo H. Campos Hernández.
https://wp.me/p6rfbZ-zQc

Pensamiento divergente: a propósito de zurdos y secretos de estado.
José Luis Amador.
https://wp.me/p6rfbZ-zQ9

Zurdos… pero no vendidos.
Óscar Aguilar Bulgarelli.
https://wp.me/p6rfbZ-zPA

Cineforo “Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina” invita a recorrer Gaza, Cisjordania y Nazaret a través de la música y la resistencia cultural.
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Exposición «Orgullo y dignidad Afrodescendiente».
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Cineforo “Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina” invita a recorrer Gaza, Cisjordania y Nazaret a través de la música y la resistencia cultural

La organización Causa Sur, en conjunto con Ballena Vibes, invita al cineforo “Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina”, un documental de Fermín Muguruza y Javier Corcuera que propone un recorrido musical por Gaza, Cisjordania y Nazaret.

La actividad se realizará el sábado 22 de agosto a las 5:30 p. m. en Ballena Vibes, Uvita, con entrada gratuita y abierta a todo público.

El documental presenta a raperos, rockeros y poetas palestinos que utilizan el arte como una herramienta de resistencia cultural y como una forma de mantener viva su identidad frente a los muros y los puestos de control. La obra ofrece un retrato humano de voces que cruzan fronteras a través de la música.

La proyección contará con subtítulos en español e inglés y, al finalizar la película, se realizará un conversatorio con las personas asistentes.

Durante la actividad también habrá venta de comidas, banderas, pines y camisetas.

Detalles de la actividad:

  • Película: Checkpoint Rock: Canciones desde Palestina
  • Dirección: Fermín Muguruza y Javier Corcuera
  • Fecha: Sábado 22 de agosto
  • Hora: 5:30 p. m.
  • Lugar: Ballena Vibes, Uvita
  • Entrada: Gratuita
  • Público: Todas las edades
  • Subtítulos: Español e inglés

Incluye: Conversatorio posterior a la proyección

La disputa por lo imaginable o el proceso cultural mediante el cual ciertas posibilidades comienzan a dejar de resultar inconcebibles

Por MSc. Rodrigo H. Campos Hernández

Seguridad, enemigos y democracia en Costa Rica

Rodrigo Campos Hernández

Costa Rica atraviesa un momento que merece ser observado con particular atención. No porque existan elementos suficientes para afirmar que el país haya dejado de ser una democracia, ni porque resulte razonable anunciar la inminencia de una dictadura, sino por algo quizá menos espectacular y precisamente por ello más difícil de advertir: ideas, lenguajes y posibilidades políticas que durante décadas parecieron incompatibles con nuestra propia representación de la democracia comienzan a ingresar en el territorio de lo discutible.

El fenómeno merece análisis sin alarmismos, pero también sin ingenuidad.

En las últimas semanas han aparecido discusiones relacionadas con seguridad nacional, narcotráfico, criminalidad organizada, secreto de Estado, tecnologías de vigilancia, fortalecimiento policial y nuevas formas de comprender el papel de los cuerpos de seguridad. Paralelamente, el debate político se ha endurecido y expresiones como «zurdos», «comunistas», «enemigos» y otras categorías semejantes comienzan a utilizarse para caracterizar indistintamente a sectores opositores, críticos o cuestionadores del Gobierno.

No todos estos acontecimientos poseen el mismo estatuto ni pueden ser considerados evidencia de un único proceso. Algunos corresponden a decisiones gubernamentales comprobables; otros, a declaraciones políticas; algunos son interpretaciones de sectores opositores y otros incluso rumores, sátiras o textos cuya procedencia debe ser verificada.

Confundirlos sería un grave error metodológico.

Pero ignorar la representación colectiva que comienzan a producir también lo sería.

El problema no es Cuba ni la antigua Unión Soviética

Ante algunas de estas discusiones se ha recurrido nuevamente a una comparación conocida: advertir que determinadas prácticas de vigilancia, secreto o control estatal recuerdan experiencias como las de Cuba o la antigua Unión Soviética.

La comparación puede tener algún valor histórico, pero resulta insuficiente cuando convierte determinadas experiencias socialistas en paradigma exclusivo del autoritarismo.

La Unión Soviética dejó de existir hace más de tres décadas. Cuba constituye una experiencia histórica específica, desarrollada además bajo condiciones geopolíticas extraordinarias, entre ellas el prolongado embargo estadounidense. Nada de ello impide analizar críticamente las restricciones políticas existentes en Cuba ni las prácticas represivas que caracterizaron determinados períodos soviéticos. Contextualizar no significa justificar.

El problema aparece cuando estos casos se utilizan para establecer implícitamente una equivalencia: socialismo = autoritarismo; democracia liberal-capitalista = libertad.

La experiencia histórica y contemporánea resulta mucho más compleja.

Estados capitalistas, democracias liberales, monarquías, regímenes híbridos y gobiernos autoritarios de diferentes orientaciones ideológicas han desarrollado mecanismos de vigilancia, persecución, espionaje, represión y control de la disidencia.

El Estado policial no posee una ideología económica exclusiva.

Por eso la pregunta relevante para Costa Rica no debería ser si podemos convertirnos en Cuba o reproducir la extinta Unión Soviética.

La pregunta debería ser otra: ¿bajo qué condiciones cualquier Estado consigue ampliar sus capacidades de vigilancia, secreto y coerción debilitando simultáneamente los controles democráticos sobre su ejercicio?

Seguridad y excepcionalidad

El narcotráfico y la criminalidad organizada constituyen problemas reales. Negarlo sería irresponsable. Precisamente por ser reales poseen una extraordinaria capacidad para legitimar políticamente medidas excepcionales.

Todo Estado democrático necesita investigar organizaciones criminales, proteger operaciones policiales, preservar determinada información sensible y disponer de instrumentos eficaces para garantizar la seguridad ciudadana.

La cuestión democrática no consiste en negar esas necesidades. Consiste en establecer sus límites.

El secreto de Estado, por ejemplo, no resulta en sí mismo incompatible con la democracia. Existen informaciones cuya divulgación podría comprometer investigaciones, seguridad nacional o relaciones internacionales. El problema comienza cuando la excepción amenaza con convertirse en regla y ámbitos cada vez más amplios de la actividad gubernamental pueden sustraerse del escrutinio ciudadano bajo una invocación genérica de la seguridad.

En el ordenamiento costarricense el secreto de Estado constituye precisamente una excepción al principio de publicidad y transparencia y, por esa razón, debe interpretarse restrictivamente.

La pregunta elemental continúa siendo entonces: ¿quién vigila al vigilante?

Cuando un Estado afirma que necesita mayores facultades para protegernos, una sociedad democrática no debería responder automáticamente con desconfianza, pero tampoco con obediencia. Debe preguntar cuáles facultades, durante cuánto tiempo, bajo qué controles, con qué mecanismos de rendición de cuentas y cuáles recursos existen frente a eventuales abusos.

Tecnología y poder

La discusión sobre tecnologías altamente intrusivas de vigilancia agrega una dimensión nueva al problema. Herramientas capaces de acceder clandestinamente a comunicaciones privadas poseen una enorme utilidad potencial frente al terrorismo o la criminalidad organizada. Pero exactamente la misma capacidad tecnológica que permite investigar a un narcotraficante puede utilizarse para vigilar a un periodista, un dirigente social, una persona opositora o un activista.

La tecnología carece de ideología. El poder que decide cómo utilizarla, no.

Por eso el debate sobre sistemas de vigilancia no debería reducirse a preguntar si sirven para combatir el crimen. Debe incorporar preguntas sobre autorización judicial, proporcionalidad, control institucional, trazabilidad, protección de datos, auditoría y responsabilidad política. La democracia no puede depender exclusivamente de las buenas intenciones de quien temporalmente controla una herramienta.

Las instituciones democráticas se construyen precisamente suponiendo que todo poder puede ser utilizado incorrectamente y que, por ello, necesita límites.

La construcción del enemigo interno

Existe, sin embargo, una dimensión todavía más delicada: el lenguaje mediante el cual se construyen adversarios políticos.

En democracia existen adversarios. Un adversario puede estar profundamente equivocado desde nuestra perspectiva. Podemos combatir sus ideas, movilizarnos contra sus propuestas y procurar electoralmente su derrota, pero continúa siendo ciudadano. El enemigo ocupa otra categoría.

Cuando expresiones como «zurdo», «comunista», «traidor», «enemigo» o equivalentes dejan de describir una posición ideológica concreta y comienzan a funcionar como etiquetas indiscriminadas contra quien crítica, cuestiona, protesta o se opone al Gobierno, ocurre un desplazamiento importante. Ya no se discute solamente qué dice una persona. Comienza a discutirse qué clase de persona es quien lo dice. Y una vez construido el enemigo, resulta más sencillo justificar tratamientos que difícilmente aceptaríamos frente a un adversario democrático.

El mecanismo no pertenece exclusivamente a la derecha ni a la izquierda. La historia ofrece ejemplos suficientes de gobiernos de distintas orientaciones que construyeron enemigos internos para cohesionar políticamente a sus seguidores y legitimar formas extraordinarias de control. Por eso resulta peligroso analizarlo exclusivamente mediante categorías ideológicas.

La pregunta fundamental es democrática: ¿qué ocurre cuando cuestionar al Gobierno comienza a confundirse discursivamente con actuar contra el país?

De lo impensable a lo imaginable

Aquí se encuentra quizá el aspecto más profundo del problema: Las grandes transformaciones políticas no comienzan necesariamente cuando una ley modifica una institución. Muchas veces empiezan antes, cuando cambia aquello que una sociedad considera posible, puede existir una secuencia como esta:

impensable → pronunciable → discutible → imaginable → aceptable → políticamente defendible → eventualmente institucionalizable.

No se trata de una secuencia inevitable: Una sociedad puede detenerla, invertirla o rechazar completamente determinada posibilidad. Pero para hacerlo primero debe reconocer que se está produciendo una disputa sobre los límites de lo aceptable.

Costa Rica construyó durante décadas una poderosa identidad civilista. La abolición del ejército no constituye solamente una disposición constitucional o una decisión histórica de 1948. Forma parte del relato mediante el cual el país se representa a sí mismo.

Precisamente por ello resulta sociológicamente significativo cuando comienzan a circular, aunque sea mediante rumores, sátiras o advertencias, narrativas sobre remilitarización, recuperación de rangos militares, fortalecimiento extraordinario de los cuerpos policiales o necesidad de responder militarmente frente a enemigos internos. Un rumor no demuestra que exista un proyecto gubernamental. Una sátira no constituye un proyecto de ley. Una representación exagerada no prueba que aquello que describe vaya a ocurrir. Pero su circulación puede revelar otra cosa: algo que anteriormente parecía imposible ha comenzado a poder ser imaginado. Y esto también constituye un hecho social.

La realidad política de las representaciones

Una democracia no está compuesta únicamente por leyes, instituciones y decisiones gubernamentales. También existe mediante símbolos, relatos, temores, expectativas y representaciones colectivas. Los acontecimientos producen narrativas, pero las narrativas también modifican la manera en que posteriormente interpretamos los acontecimientos. Una misma representación puede provocar reacciones distintas. Para unas personas: «Esto podría ocurrir» significa miedo y resistencia. Para otras: «Esto podría ocurrir» significa posibilidad. Y para algunas puede terminar significando: «Esto debería ocurrir».

Precisamente por eso debemos analizar cuidadosamente los discursos políticos.

Cuando se habla reiteradamente de enemigos, conspiraciones, amenazas, infiltrados, criminales, traidores o sectores peligrosos, no solamente se está describiendo una realidad. También puede estarse construyendo un determinado horizonte desde el cual esa realidad será posteriormente interpretada.

La movilización también modifica lo imaginable, pero sería un error observar solamente al poder. La ciudadanía también produce realidad política.

Las manifestaciones, organizaciones sociales, universidades, medios independientes, movimientos ciudadanos, sindicatos y demás formas de acción colectiva participan en la construcción del horizonte democrático.

Cuando una movilización multitudinaria consigue ser interpretada socialmente como capaz de influir sobre decisiones gubernamentales, independientemente de que resulte difícil establecer una causalidad directa, se produce un efecto político importante: la ciudadanía descubre o reafirma que movilizarse puede tener consecuencias.

Por eso la resistencia también transforma lo imaginable: Frente a discursos que fortalecen la autoridad puede aparecer una sociedad que reivindica los límites de esa autoridad. Frente a la descalificación de los contrapesos institucionales puede fortalecerse su defensa. Frente a la construcción de enemigos pueden reconstruirse adversarios democráticos. En resumen, no existe una única dirección histórica.

Ni dictadura inminente ni excepcionalismo costarricense

Conviene entonces evitar dos errores. El primero sería afirmar que Costa Rica se encuentra inevitablemente camino hacia una dictadura. No existen elementos suficientes para semejante conclusión y una afirmación de esa naturaleza terminaría debilitando el análisis. El segundo sería igualmente peligroso: «Eso nunca podría ocurrir en Costa Rica».

Ninguna democracia posee inmunidad histórica.

Las instituciones democráticas no sobreviven porque una sociedad haya sido democrática durante décadas. Sobreviven porque continúan existiendo ciudadanía, cultura política, instituciones y mecanismos capaces de defenderlas.

Una democracia puede conservar elecciones, parlamento, tribunales y libertades formales mientras comienzan a modificarse gradualmente los límites de aquello que sus ciudadanos consideran políticamente admisible. La erosión democrática, cuando ocurre, no necesita comenzar con tanques frente al Parlamento. Puede comenzar mediante pequeñas normalizaciones.

Una disputa por lo imaginable

Quizá parte de la coyuntura costarricense contemporánea pueda comprenderse precisamente como una disputa por lo imaginable: ¿Qué Estado queremos imaginar?

¿Uno donde la seguridad fortalezca las instituciones democráticas o uno donde permita reducir sus controles? ¿Una policía civilista o una fuerza progresivamente concebida mediante categorías militares? ¿Una ciudadanía que fiscaliza al poder o una que delega en él crecientes espacios de secreto? ¿Una oposición considerada parte legítima de la democracia o convertida discursivamente en enemigo interno? ¿Un Poder Judicial entendido como contrapeso constitucional o como obstáculo frente a la voluntad política de las mayorías? ¿Una protesta social comprendida como ejercicio ciudadano o como amenaza contra el orden?

Estas preguntas no anuncian inevitablemente ninguna catástrofe. Pero tampoco deberían parecernos irrelevantes. Porque una democracia no se pierde únicamente cuando desaparecen sus instituciones. También puede debilitarse cuando cambia silenciosamente el significado que atribuimos a ellas.

Por eso quizá la pregunta correcta no sea: ¿Nos estamos convirtiendo en Cuba, Venezuela, la antigua Unión Soviética o cualquier otro fantasma político disponible?

Esa comparación puede tranquilizar a unos y aterrorizar a otros, pero explica muy poco sobre nosotros mismos. La pregunta mucho más difícil es: ¿en qué Costa Rica estamos comenzando a imaginar que podríamos convertirnos?

Responderla exige observar al Gobierno, pero también a la oposición; analizar instituciones y movimientos sociales; distinguir hechos de rumores; separar evidencia de temor; reconocer amenazas reales sin convertirlas en justificación de poderes ilimitados. Sobre todo, exige abandonar la idea de que democracia significa únicamente celebrar elecciones periódicas.

Democracia también significa límites al poder, transparencia, pluralismo, debido proceso, libertad de expresión, protección de las minorías, independencia judicial, derecho a disentir y capacidad ciudadana de resistencia. La seguridad es necesaria. El combate contra el crimen organizado también. Pero precisamente porque ambos son necesarios debemos impedir que terminen convirtiéndose en palabras capaces de justificar cualquier cosa.

Porque la pregunta decisiva de una sociedad democrática nunca debería ser solamente ¿cuánto poder necesita el Estado para protegernos? Debe existir siempre una segunda pregunta: ¿cuánto poder estamos dispuestos a entregarle antes de comenzar a necesitar protección frente al propio poder?

Pensamiento divergente: a propósito de zurdos y secretos de estado

José Luis Amador

José Luis Amador.

En los últimos meses se ha desatado en las redes y desde el gobierno una narrativa en donde todo aquel que disiente del discurso oficial del gobierno, es enemigo, es perverso y es comunista. No cabe dentro de la mentalidad del chavismo, la posibilidad de que haya personas de bien, que puedan pensar distinto o sostener otras tesis que no sean las del chavismo. El que no es chavista, es perverso y es corrupto, y ahora, además, comunista.

No contentos con dividir el espectro ideológico en buenos contra malos, el chavismo bebe ahora de las ideologías más radicales del maniqueísmo latinoamericano y ya ni siquiera llama comunistas a los que cultivan un pensamiento diferente, sino que aprendió a llamar “zurdos” a todos aquellos que bailan otros sones, que no sean los de su flauta y su tamboril.

Estas divisiones fáciles y peligrosas que hemos conocido en otras latitudes de américa latina son las mismas que han fomentado la agresión entre hermanos, la intolerancia, la calificación del “otro” político como no humano, la represión, la cárcel y el terror político. Fantasmas que alguna vez han merodeado nuestro país, pero nunca se habían instalado, hasta ahora.

Recientemente en una rueda de prensa en Casa Presidencial el señor ministro de Justicia tuvo el desafortunado desliz de decir lo siguiente ….

“Estos zurdos, algunos de clóset, que ya los tenemos identificados, y que se reunieron todavía un día de estos…”

Quiero hacer notar que esto es más grave de lo que parece. No es cualquier hijo de vecino el que está hablando. Es un ministro de Estado de la República de Costa Rica. Pero, además, el señor ministro no está hablando en la cocina de su casa. Está hablando a todo el país y está hablando delante de la más alta jerarquía del Gobierno de Costa Rica.

En otras palabras, él lo hace porque sabe que este pensamiento, es coincidente con el pensamiento de la presidenta de la República Laura Fernández, de Rodrigo Chaves y de toda la camarilla política que lo rodea y constituye el grupo que nos gobierna.

A partir de este desafortunado comentario he visto gente haciendo bromas. Pero esto no es de bromas. Esto es gravísimo. Lo que expresa este burdo acontecimiento, es que tras bambalinas está activo un pensamiento oscuro, capaz de ejercer terror sobre la población ciudadana que piense distinto al gobierno.

Esto es más tenebroso y más real de lo que puede imaginarse y más peligroso de lo que observo que están comprendiendo los ciudadanos. Ese comentario evidencia una forma de ver la sociedad y la diversidad política. Es un peligro real y es la punta de un iceberg, no se debería permitir jamás que un funcionario hable así, mucho menos el ministro de Justicia y Paz.

El comentario del ministro deja abiertas algunas preguntas que el gobierno debería contestar. ¿Quiénes son esos zurdos a los que se refiere? ¿Por qué el ministro de Justicia y Paz asegura que se les está siguiendo desde el Gobierno? ¿Qué clase de actividad perniciosa están realizando? O por el contrario ¿en qué clase de acto ilegal está incurriendo la autoridad y el Sr. ministro de Justicia y Paz???

Esto es serio, esto no son chistes, aquí no hay broma. O hay un grupo terrorista, o hay Terror de Estado.

Debo confesar que cuando terminé de escribir estas palabras, yo mismo sentí miedo de lo que esto significa. Pero prefiero expresarlo y hacerlo público. para exorcizarlo y para que ojalá, nunca ocurra lo que quiere ocurrir. Porque, así como se habla con respecto al “otro” político, así se piensa y se actúa. Por eso da tanto miedo cuando encima de esto, declaran la actividad de estas fuerzas oscuras como secreto de estado.

Consciente o inconscientemente, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Qué clase de país están construyendo? Esta no es la Costa Rica luminosa y democrática que nos hizo diferentes en el mundo.

Y si en algún momento se cometieron errores y había que mejorar, estos oscuros caminos por donde nos llevan no son la opción de país que merecen nuestros hijos y nietos.