Gilberto Lopes
10 de mayo de 2026
Demolido sistemáticamente lo que quedaba del esfuerzo de construir una sociedad solidaria en Costa Rica, durante más de cuatro décadas la paulatina privatización de los recursos del Estado tuvo dos efectos: por un lado, redujo las opciones para contener el déficit fiscal; por otro, concentró la riqueza, alimentando una creciente polarización social.
¿Qué país se podía construir así? El que tenemos hoy. Una de sus expresiones más dramáticas es que más sectores han quedado marginados. Por un lado, las costas: en el Caribe, en la Pacífico, en Guanacaste. Por otro, la juventud que, sin educación adecuada, sin expectativa de ingresos, sin horizontes, es reclutada por el crimen organizado, que la seduce con la oferta de riqueza rápida y una vida corta.
¿Es ese el país que queremos?
Avanzamos por ese camino hasta terminar –en mi opinión, mediante cinismo político y engaño de la oferta electoral– poniendo un candado a cualquier eventual intento de retomar un camino solidario. Mediante la regla fiscal se precarizó el empleo público y se amarró la mano al Estado, indispensable para atender las demandas públicas y privadas de nuestra sociedad.
No es que no se necesitara enfrentar el crecimiento de la deuda pública. Había que hacerlo. Pero hay varias formas de hacerlo. La más importante es empezar a revertir un proceso de privatizaciones que deja el Estado impotente para hacer frente a las necesidades de la población. Pero no. La decisión fue recortar el gasto público, mientras trataban de convencernos de que esa era la mejor alternativa para enfrentar el problema.
Calculen, por ejemplo, cuantos miles de millones fueron a parar a manos privadas por la privatización del sector bancario, cuya nacionalización fue a base de la Segunda República. O los miles de millones que se transfieren todos los días de los bolsillos de los costarricenses a los concesionarios de una carretera privatizada y cada vez menos eficiente, como la 27, recursos que podrían destinarse al desarrollo de obras públicas en el país, en vez de financiar las vacaciones en el mediterráneo de los beneficiados con una concesión leonina.
¿Qué sentido tienen proyectos como esos? ¿Qué idea de país se puede forjar así? Me parece que ninguna. Además, desprestigiados los políticos que nos llevaron por ese camino, se abrieron las puertas para que cualquier aventurero que los atacara contara con el apoyo entusiasta de la mayoría. Naturalmente, no tardó en aparecer el oportunista capaz de hacerlo y de hacerlo de la manera más soez.
Tampoco fue capaz la oposición de renovar una idea de país. En vez de presentar sus propias propuestas políticas, su agenda se centró en la crítica a las del gobierno existente. A levantar la voz contra los riesgos del “populismo” y del “autoritarismo” con los que cada uno califica, a su modo, el gobierno. Sin que eso ayude a aclarar una alternativa o a debilitar el apoyo de los que simpatizan con el gobierno.
Siempre he desconfiado de los conceptos de se pretenden por encima de la política, que reivindican la extraordinaria calidad de poder servir para criticar, por igual, a la derecha y a la izquierda. Nos eximimos así de la obligación de ofrecer una alternativa política a la población, muchas veces aliados a la idea de que derecha e izquierda son conceptos inútiles para enfrentar el escenario político actual.
“Populismo” y “autoritarismo
Naturalmente, no comparto esos puntos de vista. Quiero sugerir algo distinto. Mientras una oposición (cada vez más minoritaria) ponía el grito en el cielo por lo que consideraba amenazas a la democracia, se consolidaba una política conservadora que quedará mejor delineada en este nuevo gobierno, con una cómoda mayoría parlamentaria.
El ministro de la Presidencia, que en el gobierno anterior no tenía ninguna importancia pues la política oficial consistía en descalificar a la oposición (no a negociar con ella), ahora tendrá una tarea distinta: mantener el orden en una fracción mayoritaria y tratar de sumar algunos votos que les permitan conformar una mayoría calificada.
Por otro lado, desde Hacienda, se trata de la aplicación radical de la regla fiscal, consolidando una política conservadora sustentada, además, por la criminalización de la protesta social y la limitación de la inversión pública.
No se trata de “populismo” ni “autoritarismo”, sino de algo más importante: de una política conservadora, surfeando la ola de desprestigio de líderes políticos que se encargaron de ir vaciando toda idea de país que pudiera entusiasmar a la ciudadanía.
La indispensable tarea de hacer saltar la regla fiscal
Aquí es donde se renueva la responsabilidad de quienes no compartimos ese rumbo. Es evidente que hace ya muchos años hemos sido incapaces de reivindicar una indispensable y renovada idea de país.
¿Por qué no denunciar una regla fiscal que, tal como está concebida, no es más que una cadena que inmoviliza todo posibilidad de responder a las demandas, a las necesidades, de nuestra población? Dirán que esa es una pelea imposible. Lo es hoy, porque hemos renunciado a darla. Pero la política, al contrario de lo que se repite con majadería, no es el arte de lo posible. Me parece que es el arte de hacer posible lo que es indispensable para construir un país.
Hacer saltar esa regla es quizás el objetivo más urgente y más fácil de explicar a la ciudadanía, si nos empeñamos en hacerlo. No es complicado. Hay más de un estudio sobre el tema, barridos para debajo de la alfombra por los intereses conservadores empeñados en aplicarla. A nosotros nos corresponde recuperarlos.
Me permito sugerir uno, escrito por el economista español Juan José Torres. En un artículo titulado “Vuelve a demostrarse: las reglas fiscales de la Unión Europea son un engaño” (puede ser visto aquí: https://juantorreslopez.com/vuelve-a-demostrarse-las-reglas-fiscales-de-la-ue-son-un-engano/), Torres se refiere a los resultados de esas reglas fiscales, establecidas en el Tratado de Maastricht en 1992 para la Europa comunitaria. Estipulaban que los déficits públicos no podían superar el 3% del PIB de cada país, ni la deuda pública el 60%, tal como se estableció en la regla fiscal de Costa Rica.
La excusa para eso –dice Torres– “fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits”. Como aquí.
Sin embargo –agrega– las políticas de austeridad que se impusieron con ese propósito no lograron ese objetivo: “la deuda aumentó en lugar de disminuir, en contra de lo que se había asegurado, tras recortar el gasto público”.
Torres insiste en que no hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits inferiores al tres por ciento del PIB o del 60 por ciento de la deuda pública redundará en una reducción de la deuda. Tampoco se puede negar que eso reducirá la actividad económica. Más bien sucede lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada, dice Torres. Lo cierto es que esa regla fiscal, que el nuevo ministro de Hacienda tratará de aplicar a rajatabla, solo nos llevará por el mismo camino.
No dejo de pensar en que enfrentar desde ya ese escenario, cuyas dramáticas consecuencias son evidentes, nos abre un horizonte hacia el que caminar, con el posible apoyo los sectores que han ido quedando en el camino en esas décadas de privatizaciones: trabajadores del sector privado, empresarios de los más diversos sectores, funcionarios públicos, pensionados, jóvenes, la educación, la salud, todos los sectores están siendo afectados por la amarra impuesta al país por esa regla fiscal.
Una alternativa para el país
La lucha nos obligará a ir buscando caminos, a ir ensanchando horizontes, a ir sumando voluntades, a ir sugiriendo una nueva idea de país que durante décadas las privatizaciones han venido demoliendo.
El exdirector del programa Estado de la Nación, Miguel Gutiérrez Saxe, enumeró, en un artículo –“Hablemos del futuro”– publicado el 19 de abril pasado, algunos de los problemas que enfrenta el país.
El éxito no ha sido para todos, afirmó. Entre los rezagos citó la desigualdad territorial (un problema de importantes repercusiones políticas, como quedó en evidencia en las elecciones de hace cuatro años), los mediocres resultados de la educación pública, la falencia de la estructura vial, el deterioro de la seguridad social, el desfinanciamiento de lo público, los efectos de una política monetaria sobre la competitividad de la producción nacional, “la falta de direccionalidad de la política del estado en su conjunto”.
No es poca cosa. Esa falta de direccionalidad de la política del estado resume, de cierta manera, la falta de una propuesta que entusiasme a la ciudadanía y le de sentido a un nuevo proyecto político.
No se puede construir una país con zonas francas, ni con un modelo de turismo como se ha venido desarrollando. Las zonas francas son un modelo de desarrollo para las empresas que se aprovechan de los beneficios que se les otorga (sobre el tema sugiero el artículo de los economistas Luis Carlos Olivares y Daniel Vartanián, “Cuatro mitos sobre las Zonas Francas y una errata política legislativa”, publicado el 8 de junio del 2020). Son ellas las que se desarrollan, mientras que, para el país, representa algunos empleos mejor pagados, siempre muy limitados, mientras los trabajadores nacionales son empujados a la informalidad. Ya en 2020 cifras de Hacienda revelaban que en Costa Rica había 1.040.025 personas en la informalidad, casi 55% del empleo en el sector privado.
Nuestro desarrollo tiene que estar basado en el desarrollo de empresas nacionales, de servicios, agrícolas, industriales. ¡Pero empresas nuestras! Públicas, ¡sí! Pero también privadas. Solo así se puede construir un país.
No se trata de oponerse a las zonas francas. Pero se trata de entender que ese no es un modelo de desarrollo. Se trata de ofrecer nuevas ideas.
Mientras no logremos avanzar en una visión propia seguiremos machacando la agenda del gobierno, discutiendo sobre el tono del discurso de la presidente, criticando la patanería del que se fue, sin ofrecer una alternativa, ni un camino distinto al que hemos venido recorriendo desde fines del siglo pasado, fundamento de la desesperanza que alimenta nuestro escenario político actual.
FIN
