En el mes de abril de este presente 2022, hemos sido testigos como Escuela Comunitaria del Sur, acerca del constante hostigamiento, de las amenazas y de ataques graves en contra de personas indígenas integrantes de los procesos de recuperación territorial en el territorio indígena de China Kichá, a saberse estas agresiones provienen de integrantes de la Familia Rivera, quienes además han emprendido recientemente con ataques en contra de jóvenes indígenas recuperadores.
Así, ayer 30 de abril, Leandro Rivera, integrante de esta familia, arremetió en contra del joven indígena Darío Ríos, a quien provocó una herida con arma blanca y según testigos presentes en el momento, la intención del victimario fue agredir de muerte a Darío Ríos, quien logró esquivar el ataque y huir de la escena.
El 9 y 10 de abril Harold y Leandro Rivera amedrentaron al compañero Greivin Fernández y a su familia, a quien posteriormente amenazaron de muerte con arma blanca en la finca recuperada de Kono Ju, además, mujeres de la Familia Rivera amenazaron, ofendieron y cometieron daños en contra de Marcela y Jason en la Finca recuperada Kelpegö.
El 13 de abril quien sufrió de una agresión por parte de Leandro Rivera, fue el joven indígena Alonso Fernández de 18 años, quién además fue amenazado de muerte con arma blanca. Al siguiente día 14 de abril, Nelson Morales vinculado a la Familia Rivera, realizó amenazas, afirmaba andar armado y con la intención de asesinar a cualquier persona recuperadora. Como si no bastara, el domingo 24 de abril Katherine y Jonathan Ríos sufrieron de insultos y amenazas de muerte por parte de integrantes de la Familia Rivera, amenazando incluso a Katherine de cortarle la cabeza mientras blandían armas blancas.
Todos estos actos conforman una seguida de actos de agresión y violencia en contra de las familias indígenas recuperadoras por parte de la familia Rivera. Desde los incendios provocados durante los meses de enero a marzo, como otros ataques graves acontecidos en lo que llevamos del 2022, tal como el intento de homicidio en contra del compañero Greivin Fernández en el mes de febrero y de los ataques recibidos por la compañera Katherine en el mes de marzo.
Como cierre de esta escalada de agresiones ayer 30 de abril, posterior al ataque de Leandro Rivera, la Fuerza Pública intervino a su favor ante la demanda y presión por parte de los compañeros y compañeras recuperadores, quienes se mantenían a la espera de la detención y traslado de Leandro Rivera a la delegación para los respectivos procesos judiciales, por el contrario, arremetieron en contra de las personas recuperadoras con un ataque de gases lacrimógenos, de forma indiscriminada. No es la primera ocasión que la Fuerza Pública actúa de estas formas según informan las personas recuperadoras, la indignación y la frustración ante la inoperancia e ineficiencia del ejercicio policial, del resguardo de seguridad y el cumplimiento de las leyes, han conllevado a un malestar generalizado en la población indígena.
Bien sabemos que, en cada territorio indígena, las personas y familias recuperadoras experimentan formas diferentes de agresiones y de violencia, en común subyacen, como formas de violencia estructural y del autoritarismo del Estado, que operan de forma omisa, negligente y racista, fomentado un estado de impunidad e impotencia y facultando las condiciones de cultivo para la persistencia del conflicto de violencia contra los pueblos indígenas.
Ante esto, como Escuela Comunitaria hacemos un llamado a las comunidades, organizaciones y personas activistas aliadas, a sumarse en un tejido de solidaridad en apoyo a las familias recuperadoras del territorio de China Kichá por la defensa de sus derechos territoriales, culturales y humanos.
A la institucionalidad del Estado y las entidades del Gobierno de Costa Rica, asuman el deber constitucional y hagan valer el cumplimiento de la legislación nacional y de los dictámenes internacionales sobre el ejercicio del derecho indígena, asimismo al Ministerio de Seguridad, al Poder Judicial, a la Fiscalía de Asuntos Indígenas y demás entidades competentes, recae en su responsabilidad el velar por la seguridad de la ciudadanía, el cumplimiento de las leyes y el respeto a la institucionalidad democrática, la promoción de culturas de paz sustentadas en el respeto a una vida digna y a la propia cosmovisión del pueblo indígena así como del derecho a una justicia pronta y cumplida, contra toda impunidad, discriminación e injusticia, y por el ejercicio en pleno de los derechos humanos de las poblaciones indígenas de la Gran Región Brunca.
Compartido con Surcos Digital por Red Organizativa de la Escuela Comunitaria del Sur.
Fuente de imagen: Semanario Universidad.
