Lo más grave de las declaraciones de la presidenta no es únicamente que haya propuesto llevar niños, niñas y adolescentes de barrios empobrecidos a una cárcel para que “vean” dónde podrían terminar. Eso ya sería suficientemente grave. Lo verdaderamente alarmante es lo que esa afirmación deja ver sobre la calidad de su juicio político, jurídico y humano.
Una persona que conduce los destinos de un país no puede permitirse pensar en voz alta desde el prejuicio. Mucho menos puede convertir ese prejuicio en insinuación de política pública.
Aquí no estamos ante una simple torpeza verbal. Estamos ante una concepción del Estado.
Cuando desde la Presidencia se sugiere que ciertos niños deben conocer una prisión porque viven en determinados barrios, se está diciendo algo devastador: que el Estado ya no los mira como sujetos plenos de derechos, sino como futuros infractores en proceso de formación. Se les mira no desde la promesa democrática, sino desde la sospecha penal. No desde la escuela, la cultura, el deporte, la salud mental o las oportunidades, sino desde la celda.
Ese es el verdadero escándalo.
La presidenta no solo habló de cárceles. Habló desde una cárcel mental: la cárcel ideológica de quienes creen que la pobreza debe ser disciplinada antes que comprendida; vigilada antes que acompañada; amenazada antes que dignificada.
Un gobernante democrático debe saber distinguir entre prevenir el delito y criminalizar simbólicamente la vulnerabilidad. Debe comprender que el narcotráfico no seduce a jóvenes porque les falte miedo a la prisión, sino porque muchas veces el Estado llegó tarde, llegó mal o nunca llegó. Donde no hubo becas, deporte, empleo, arte, salud, acompañamiento familiar ni horizontes de vida, no se resuelve nada organizando una excursión pedagógica al castigo.
La cárcel no puede convertirse en aula para los pobres.
Y si el Estado necesita mostrar una prisión para explicarles a ciertos niños cuál podría ser su futuro, entonces el problema no está en esos niños: está en el fracaso de una institucionalidad incapaz de imaginar para ellos algo distinto.
Pero hay algo todavía más serio. Una presidenta que selecciona simbólicamente a la niñez pobre como destinataria privilegiada del miedo punitivo compromete su propia idoneidad como conductora del país. Porque gobernar no es lanzar frases efectistas. Gobernar no es alimentar la ansiedad social con imágenes de castigo. Gobernar no es convertir la marginalidad en espectáculo preventivo.
Gobernar exige prudencia. Exige conocimiento. Exige comprensión de los límites del poder. Exige saber que la palabra presidencial no es una ocurrencia privada, sino un acto político con consecuencias reales. Cuando una presidenta habla, clasifica. Cuando clasifica, autoriza miradas. Cuando autoriza miradas, puede abrir la puerta a políticas públicas discriminatorias.
Por eso este debate no se agota en pedir una disculpa. El problema no es solamente que se haya dicho algo ofensivo. El problema es que se dijo algo revelador.
Revelador de una mirada que reduce la seguridad a castigo.
Revelador de una pedagogía basada en el miedo.
Revelador de una idea profundamente desigual de la niñez.
Revelador de una forma de poder que parece más interesada en exhibir prisiones que en construir futuro.
Un país democrático no necesita presidentes que lleven niños pobres a conocer cárceles. Necesita gobernantes capaces de impedir que la cárcel sea el único horizonte que el Estado les ofrece.
Porque cuando el poder mira a un niño y lo imagina primero como preso antes que como ciudadano, el que ha fracasado moralmente no es el niño.
Los partidos políticos no mueren el día que pierden una elección. Mueren antes, cuando dejan de comprender a la sociedad que dicen representar… cuando su lenguaje ya no emociona, sus símbolos ya no convocan y sus dirigentes hablan entre ellos, pero no con el país. Esa es, quizá, la señal más profunda de la crisis política contemporánea.
En Costa Rica estamos viendo una transformación de fondo. No se trata solamente de encuestas, campañas o candidaturas. Hay una ciudadanía que sigue creyendo en la democracia, pero que ya no entrega fidelidad automática a las viejas estructuras partidarias. La gente pregunta, con razón: ¿para qué sirve hoy este partido?, ¿qué problema real me ayuda a resolver?, ¿qué futuro me propone?
El país real habla de inseguridad, empleo, costo de vida, abandono, corrupción, educación y miedo. Si los partidos responden con frases viejas, procedimientos internos o nostalgias históricas, se produce una ruptura. La política se vacía cuando deja de escuchar el dolor concreto de las personas.
Desde una mirada humanista, esta crisis no es solo electoral: es una crisis de sentido. Un partido conserva vida cuando abre futuro, cuando transforma el malestar en proyecto colectivo y cuando actúa con coherencia y solidaridad. Pero empieza a morir cuando se burocratiza, cuando se vuelve club de dirigentes, cuando sustituye el pensamiento por maquinaria y cuando ya no expresa una dirección humana.
Por eso aparecen liderazgos personalistas. La gente no deja de buscar orientación; simplemente la busca en otra parte. Cuando una estructura partidaria deja de emocionar, una figura puede ocupar el vacío. Esto puede producir renovación, pero también riesgos: liderazgo sin comunidad, poder sin ética, emoción sin proyecto.
La democracia, sin embargo, no está necesariamente muerta. Lo que está en crisis son ciertas formas de representación que dejaron de tocar la vida cotidiana de la gente. Los partidos no tienen derecho natural a existir: deben ganarse su utilidad histórica todos los días.
La pregunta clave, entonces, no es solamente por qué mueren los partidos, sino qué nace cuando ellos mueren. Puede nacer una política más humana, más participativa y más conectada con el pueblo. O puede nacer una política de espectáculo, marketing y concentración personal del poder.
El desafío para Costa Rica es recuperar la política como instrumento de orientación, reconciliación y transformación social. Un partido no muere cuando pierde votos. Muere cuando deja de ser respuesta humana para su época. Y solo renace cuando vuelve a escuchar, vuelve a pensar y vuelve a tocar el alma viva de su pueblo.
Letras y Artes by Nayuribes Ramírez y la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, invitan al público a participar en el Recital de Poesía y Canto, una actividad dedicada a rendir homenaje a José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, autores de la letra y la música del Himno de la Anexión de Guanacaste, respectivamente.
La actividad se realizará de manera presencial el viernes 10 de julio de 2026, a las 4:00 p.m., en la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, en San José.
El recital reunirá a reconocidas figuras de la poesía y la música nacional. Como poetas participarán Marta Rojas Porras, Leda García, Elliette Ramírez y Julieta Dobles. En la parte musical intervendrán las cantautoras Alba C. Molina, Natalia Esquivel Benítez, Rocío Campos Cantero y Patricia Gamboa Bolaños.
La actividad constituye un reconocimiento a la contribución cultural de José Ramírez Saizar y Jesús Bonilla Chavarría, cuyas obras forman parte del patrimonio histórico y musical vinculado a la Anexión del Partido de Nicoya.
El recital cuenta con Declaratoria de Interés Cultural, según el Acuerdo Ejecutivo N.° 109-C, y con el patrocinio de la Asociación Costarricense de Escritoras, Trébol Carmesí, Sleep Inn Hotel Paseo Las Damas by Choice Hotels, Tiempos Dichosos Entretenimiento, Marcell, y EntrinArte Producciones.
El Ministerio Público registró 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad entre enero y setiembre de 2025, frente a 2.772 en 2020, según cifras del Poder Judicial citadas, en un estudio que lleva por nombre La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país. La investigación fue elaborada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA- UNA) y por el programa Proyectos Interdisciplinarios para los Derechos de las Niñeces y la Adolescencias (PRIDENA-UCR). El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó la investigación al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para analizar la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.
El informe advierte que estos datos judiciales no permiten vincular directamente los casos con explotación sexual comercial, pero sí evidencian un aumento sostenido de la violencia sexual contra personas menores de edad en el país. En contraste, los registros especializados del PANI reportan cifras mucho menores: 13 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Puntarenas entre 2023 y 2024, cinco en Garabito y dos por año en Corredores durante 2019 y 2020.
El documento incluye un relato de una mujer que fue víctima de explotación durante su niñez y adolescencia. Según el testimonio, el abuso comenzó dentro de su propio hogar y, años más tarde, su pareja la trasladó de Nicaragua a Costa Rica bajo el engaño, la sometió a trabajo forzoso sin remuneración en labores domésticas y agrícolas en Puntarenas, y le impidió salir del país mediante amenazas. Su hermana, que vivía en Costa Rica, le brindó ayuda para escapar; posteriormente, el PANI y una organización no gubernamental le dieron estadía hasta que cumplió 18 años.
Los investigadores atribuyen esta brecha a fallas en la clasificación de las denuncias. Una funcionaria del PANI consultada para el estudio señaló: “por lo que hemos visto, sabemos que hay un vacío muy grande en cuanto a conocimiento del delito”. Según el informe, muchos casos de explotación sexual comercial ingresan bajo otras categorías, como negligencia de cuido o relaciones impropias, y la clasificación inicial no se corrige, aunque la investigación posterior confirme explotación sexual.
El estudio también documentó un debilitamiento de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), principal ente de coordinación interinstitucional sobre el tema. Su membresía bajó de 66 a entre 20 y 30 integrantes, debido a la falta de poder de convocatoria y al desinterés institucional, según una fuente entrevistada.
Los expertos identificaron pobreza, flujos migratorios, informalidad laboral y presencia de crimen organizado como principales factores estructurales de riesgo en los tres cantones analizados. En Garabito predomina el turismo sexual asociado con la actividad hotelera de Jacó; en Puntarenas influye el ingreso de cruceros por la actividad portuaria; y en Corredores contribuye el tránsito migratorio por la frontera sur.
Rolando Barrantes Pereira, investigador de la UNA, resumió los hallazgos del estudio. “Dentro de los principales hallazgos de esta investigación destaca que existen grandes vulnerabilidades territoriales, una gran dispersión y subestimación de datos, deficiencias de gobernanza, trabajo interinstitucional y factores de riesgo como la pobreza extrema, la migración, el turismo sexual y el uso de plataformas digitales que pueden contribuir a exacerbar este flagelo”.
El informe recomienda crear un sistema de registro unificado de personas menores de edad, amparado en la ley de protección de datos, y dotar de mayores recursos humanos y financieros a la CONACOES. Los autores sugieren además que el PANI revise sus mecanismos de clasificación de denuncias para reflejar con exactitud los casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes detectados durante las investigaciones administrativas.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Entre las somnolencias matutinas de un despertar tempranero, me asaltó sin previo aviso, con alevosía y clara premeditación, una palabra: “simonía”. El término nos remite a Simón el Mago, aquel personaje bíblico de los Hechos de los Apóstoles que ofreció dinero para comprar los poderes espirituales que Pedro y Juan habían recibido del maestro. Poniéndole mente al asunto, resulta evidente que este concepto antiguo ha cobrado una vigencia abrasadora en el centro del debate político y social costarricense; una verdadera papa caliente que quema las manos. Históricamente definida como la compraventa de lo sagrado, esta práctica se ha tropicalizado en nuestro terruño, dinamizando un millonario negocio de favores, prebendas y manipulación de la fe con fines estrictamente electorales.
La instrumentalización de las congregaciones como plataformas de campaña y el trueque de cuotas de poder por votos demuestran que las fronteras entre la Iglesia y el Estado atraviesan una de sus mayores crisis, revolviéndose y diluyéndose mutuamente ante nuestros ojos como un fresco de sirope, en clara contraposición a la conocida frase “Dad, pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios”.
Los Pilares del Fenómeno
La Fe como Mercancía
A través de corrientes corporativas como la «Teología de la Prosperidad», ciertas estructuras religiosas movilizan y coaccionan a sus fieles bajo promesas de influencia gubernamental, beneficios económicos y privilegios. De este modo, transforman el fervor espiritual en una bandera utilitaria y en un señuelo para el intercambio político.
El Factor Fabricio Alvarado
El líder de Nueva República, históricamente el rostro más visible del neopentecostalismo político en el país y quien en su momento rozó la presidencia de la República, enfrenta hoy un escenario de severa decadencia. Tras perder su inmunidad parlamentaria, el Ministerio Público lo investiga formalmente por graves denuncias de presuntos delitos sexuales y hostigamiento. El reciente archivo de su expediente ético en el Congreso ha desatado una ola de indignación en colectivos feministas y organizaciones sociales, quienes acusan impunidad y un evidente «compadrazgo» de protección cruzada con la bancada oficialista subordinada al chavismo.
El Pacto de «Pueblo Soberano» bajo la Lupa del TSE
La mezcla pegajosa entre religión y política alcanzó de forma directa al partido oficialista Pueblo Soberano (PPSO) —plataforma que llevó a la presidencia a Laura Fernández—. La agrupación se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse un pacto político-religioso con el Foro Mi País (una organización ultraconservadora de pastores evangélicos) para asegurar el endoso de su caudal electoral. Este acuerdo incluyó la distribución de panfletos dentro de los templos, donde se instruía explícitamente a los feligreses a votar por el PPSO a cambio de asegurar cuotas de poder y representación en el gabinete. El hecho provocó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abriera una investigación de oficio por el presunto uso de la religión como mecanismo de coacción del voto.
Impacto y Metástasis en el Estado Costarricense
El avance de esta agenda conservadora y negociadora está provocando una metástasis profunda en el modelo democrático del país, profundizándose en cuatro áreas críticas:
1. Reconfiguración del Contrato Social
La agenda dogmática impulsa un enfoque restrictivo de «Familia Tradicional» con el fin de blindarlo legalmente frente a las realidades plurales del país. Esto marcha de la mano con una contrarreforma educativa que pretende desmantelar los programas de educación afectivo-sexual del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo la narrativa instrumental de combatir la «ideología de género».
2. Parálisis en la Política Pública
Los efectos se palpan en el freno sistemático a los derechos de salud pública y reproductiva (como el boicot a la norma técnica del aborto terapéutico). Existe, además, el riesgo latente de tercerizar la asistencia social a través de ONGs confesionales, lo que terminaría condicionando la ayuda estatal a la afinidad moral del beneficiario. En el plano legislativo, la dinámica corre el riesgo de tornarse en una actividad puramente transaccional, supeditando proyectos de desarrollo económico o fiscal a cambio de concesiones en la agenda de moralidad obligatoria.
3. Tensiones e Implosión Institucional
El aparato democrático sufre el debilitamiento del Estado laico por la vía de los hechos. Aunque la reforma constitucional formal sigue estancada, la entrega de cuotas de poder en ministerios estratégicos y entidades clave (Educación, Salud, INAMU o el PANI) opera una confesionalización de echo de las instituciones. Además, la saturación y los ataques sistemáticos dirigidos al TSE por fiscalizar los templos, sumados a la erosión de los comités de ética en la Asamblea, envían un peligroso mensaje: el músculo político y el populismo se imponen a rajatabla por encima de la justicia.
4. Retroceso en Derechos Humanos
Este fenómeno impacta directamente a las poblaciones más vulnerables. Se evidencian intentos normativos por revertir las conquistas de la población LGBTIQ+ (como el matrimonio civil igualitario) y un bloqueo sistemático a la legislación contra las llamadas «terapias de conversión». Paralelamente, el desmantelamiento institucional de género y la laxitud ante las denuncias de violencia machista en las altas esferas del poder precarizan la protección de las mujeres, erosionando el imaginario colectivo mediante una retórica de polarización y exclusión social.
Estamos a las puertas de una regresión histórica hacia un modelo de Estado confesional neopentecostal, que se está implementando principalmente por la vía de hecho, sin diálogos, sin contrapesos, un escenario de extrema gravedad. Como sociedad, parecemos mantener una calma pasiva; idéntica a la de aquella rana de la parábola que, sumergida en el agua que se calienta paulatinamente, hasta hervir: muere en absoluta tranquilidad, incapaz de medir la naturaleza crítica y mortal del cambio que la rodea.
En la sesión de este lunes 6 de julio, la Corte Plena aprobó, por unanimidad, emitir el siguiente pronunciamiento en respuesta a las declaraciones de la presidenta de la República en la conferencia de prensa del pasado miércoles 1 de julio:
Pronunciamiento de Corte Plena
La Corte Plena rechaza categóricamente las manifestaciones de la señora presidenta de la República respecto de una infiltración “hasta el tuétano” del crimen organizado en el Poder Judicial. En los casos puntuales en los que se han detectado actuaciones irregulares, es la propia institución la que los ha investigado y sancionado.
El Poder Judicial está conformada por más de 13.800 personas funcionarias que trabajan diariamente al servicio del país, con compromiso, responsabilidad y apego a los principios que rigen la administración de justicia.
Instamos a la señora mandataria a que presente las denuncias ante las instancias respectivas, con la absoluta seguridad de que la institución hará la investigación correspondiente.
Reiteramos que en el Poder Judicial existe cero tolerancia a la corrupción y que nos mantendremos vigilantes para detectar, denunciar y sancionar cualquier acto irregular que se presente dentro de la institución.
La Contraloría General de la República (CGR) respondió oficialmente a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en un 5% su presupuesto vigente y ajustar en la misma proporción el límite máximo de gasto para 2027, advirtiendo que una medida de ese tipo comprometería seriamente su capacidad de cumplir las funciones constitucionales de fiscalización que le corresponden.
En un oficio dirigido al ministro de Hacienda, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, sostiene que la institución ha mantenido durante años una política de austeridad y disciplina fiscal, con presupuestos ajustados a los requerimientos esenciales de funcionamiento y niveles de ejecución cercanos al 98%, reconocidos por el propio Ministerio de Hacienda en sus evaluaciones y mediante comunicación del Viceministerio de Egresos.
Según la Contraloría, el comportamiento histórico evidencia que mientras el Presupuesto de la República creció un 57% durante la última década, el presupuesto de la institución aumentó apenas un 1,91%, pese a que el número de entidades, recursos públicos y obligaciones sujetas a fiscalización ha continuado incrementándose. Incluso señala que el límite presupuestario fijado para 2027 resulta inferior al presupuesto inicial aprobado para 2015.
La institución afirma que la reducción solicitada por Hacienda equivaldría a ₡1.055 millones, monto que, dadas las características de su presupuesto —del cual alrededor del 90% corresponde a remuneraciones—, provocaría en la práctica un «cierre técnico» de la institución e impediría atender nuevas obligaciones legales, entre ellas las derivadas de la reciente ampliación de competencias relacionadas con la fiscalización de declaraciones juradas.
Como parte de su argumentación, la Contraloría destaca que desde hace varios años eliminó partidas consideradas prescindibles, entre ellas consultorías, publicidad y propaganda, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación y, desde 2021, viajes y transporte al exterior. Asimismo, recuerda que la implementación del salario global desde 2007 ha significado ahorros acumulados superiores a ₡30.000 millones para las finanzas públicas. Estos elementos también son sintetizados en la infografía divulgada por la institución.
Aun así, informa que, en un esfuerzo por contribuir a la contención del gasto público, identificó ₡100,3 millones susceptibles de rebajarse del presupuesto de 2026 sin afectar la operación institucional, monto muy inferior al recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda. El detalle de esas rebajas se detalla en un anexo remitido junto con el oficio.
En lugar de aplicar una reducción que considera materialmente inviable, la Contraloría plantea alternativas que, a su juicio, permitirían generar ahorros muy superiores para las finanzas públicas.
Entre ellas menciona una mejor gestión del nivel de liquidez del Fondo General del Gobierno, señalando que mantener recursos ociosos tendría un costo estimado de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre. Asimismo, propone acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, conforme a la Ley N° 10495, medida que estima permitiría generar ahorros adicionales en el pago de intereses. También señala oportunidades de mejora en materia de recaudación tributaria, gestión de la deuda pública, seguimiento del gasto y conclusión del proyecto Hacienda Digital.
La institución sostiene que estas alternativas contribuirían a enfrentar la coyuntura fiscal sin debilitar la capacidad operativa de los órganos responsables de la fiscalización superior del Estado.
La Contraloría concluye reiterando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para fortalecer las finanzas públicas, pero sostiene que dichas medidas no deberían traducirse en recortes que limiten el cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce en beneficio de la ciudadanía.
✅La final será este 21 de julio en Siquirres, Limón.
Dos niños de la Escuela de Santa Cruz de Buenos Aires, Puntarenas, se clasificaron el pasado 10 de junio del año en curso para la Gran Final Nacional de Paratletismo Escolar que se llevará a cabo en Siquirres, Limón, el próximo 21 de julio.
Ambos estudiantes cursan el quinto año en este centro educativo, tienen 10 años de edad y con Diagnóstico de Síndrome de Down.
Los clasificados son: Jordany Kaleth Ramírez Benítez y Jordan José Vargas Ortíz.
Dicha clasificación la disputaron ante representantes de la Dirección Regional de Coto y Pérez Zeledón.
Ambos atletas son reconocidos por ser niños ordenados, sociables, nobles y enfocados en sus tareas académicas y deportivas.
Kaleth se clasificó en los 50 metros planos y a pesar de su diagnóstico, su madre, Sonia Benítez Bonilla lo define como un niño guerrero, que a pesar de su corta edad, ha superado múltiples dificultades de salud.
Por su parte, Jordan se clasificó en los 200 metros planos e Impulso de bala y actualmente ostenta el título de actual Campeón Nacional de Paratletismo Escolar en los 200 metros planos.
En esta edición competirá tanto en la pista como en el campo, en la disciplina de Impulso de bala.
Su madre, Marina Ortíz Morales lo define como un niño de carácter pasivo y reservado, que disfruta jugar al fútbol y estar con sus peluches.
Ambos estudiantes – atletas han recibido el respaldo incondicional de su profesora de Física, Aura Sequeira quien junto a los demás docentes se sienten muy orgullosos del logro alcanzado por ambos finalistas.
La Escuela Santa Cruz, pertenece a la Dirección Regional de Educación de Grande de Térraba (DREGT), está ubicada en Buenos Aires de Puntarenas y actualmente es encabezada por su director el MSc. José Lázaro Ortiz.
Nota: El uso de las fotografías de los atletas cuenta con el consentimiento de sus padres y la institución educativa.
La madre naturaleza es implacable cuando los humanos, u otros agentes externos, no respetamos sus equilibrios establecidos. Desde los tiempos antiguos se dieron diluvios o grandes inundaciones, seguidas de fuertes sequías que la inteligencia humana no lograba explicar.
Por siglos se creyó que había una fuerza extraterrestre que intervenía para castigar a la humanidad por los daños causados por otros grupos sociales. Así, utilizamos el miedo para influir en las creencias filosóficas y religiosas de otros, a manera de instaurar fuertes controversias hasta crear grandes instituciones que llegarán a concentrar poderes casi absolutos, los que llegaron a constituir verdades incuestionables y divinas ante el conocimiento humano.
No obstante, a medida que la inteligencia humana investiga y va descubriendo las causas de cada fenómeno, se da por enterado de que no hay nada divino ni mágico en los hechos ocurridos. Que mucho de lo acontecido y, no todo, pero gran parte, son resultado de las actividades humanas.
Después de muchos años o siglos, sabemos que nuestro planeta Tierra no gira alrededor del sol de manera circular, sino elíptica.
Desde luego, racionalizamos y diferenciamos entre lo efectuado por las grandes mayorías y las minorías, estas, normalmente, privilegiadas.
Los Premios Nacionales, la trazabilidad y una denuncia que no se acogió
Señor Jorge Rodríguez Vives
Ministro de Cultura y Juventud
Estimado Señor Ministro,
Quien suscribe, Paola Valverde Alier, con todo respeto, expongo:
Todavía recuerdo aquella mañana del 5 de febrero de 2025, un día después del anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, correspondientes a la evaluación de las obras del 2024, cuando, por casualidad, junto a mi esposo, el escritor Dennis Ávila, lo encontramos a usted, feliz, presenciando el ensayo de una agrupación artística en el Ministerio de Cultura. Ambos nos acercamos para saludarlo y, gracias a su amabilidad, aproveché para comentarle las irregularidades que habían rodeado el proceso. Le conté que, apenas unos minutos después de publicar en mi perfil de Facebook un mensaje en el que felicitaba a las personas ganadoras, pero cuestionaba la ética del jurado (debido a la filtración indiscriminada de los resultados semanas antes de la premiación), recibí siete audios enviados por una integrante de dicho jurado.
Usted me escuchó. Y yo se lo agradecí.
En esos audios se describían situaciones que revelaban la opacidad del proceso. Entre ellas, la afirmación de que el premio iba a ser compartido conmigo, “pero no se pudo», y que mi libro había recibido una mención de honor.
Ese año las menciones de honor fueron eliminadas. Y, para ser sincera, ese reconocimiento nunca fue lo importante para mí. En 2015 recibí una mención de honor en un país donde, desde 1962, apenas trece mujeres han sido reconocidas con el Premio Aquileo J. Echeverría en Poesía, frente a más de cincuenta hombres. Entonces, lo que buscaba no era un diploma, sino comprender si el proceso había sido transparente.
Después de hablar con usted acudí a tres oficinas distintas del Ministerio para solicitar las actas del jurado. Quería saber si dicho jurado decía la verdad o no. Todavía sigo esperando respuesta al correo electrónico mediante el cual formalicé esa solicitud. En aquel momento debí citar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que ampara a los costarricenses a obtener información de carácter público.
Yo tenía un desánimo muy grande. Me preocupó escuchar a esa integrante del jurado afirmar que el desorden provenía del propio Ministerio de Cultura y Juventud. Según relató, a ella le llegaron en una misma caja dos libros de un mismo autor, lo que implicaba que otra persona integrante del jurado no había recibido, al menos en un caso, uno de esos libros para evaluar. Lo contó con la ligereza de quien comenta la calidad de una fruta en una feria del agricultor.
Usted comprenderá, Señor Ministro, que para quienes hemos dedicado la vida a la literatura y a la gestión cultural esto es serio. Lo que para algunos puede parecer un trámite administrativo para otros significa años de formación, trabajo y disciplina. Usted es artista, sabe a qué me refiero.
Dicho jurado me habló de otras irregularidades, incluso de conversaciones que ella mantenía con su esposo sobre las obras en competencia, quien, según lo que relató en los audios, le ayudó a leer y enjuiciar los libros de cada participante. Es probable que usted haya conocido ese material, porque los siete audios fueron protocolizados ante notario público y aportados como prueba al recurso de nulidad presentado por el escritor y abogado José María Zonta.
Ese recurso no se sustentaba únicamente en esos audios. También incorporaba documentos oficiales y desarrollaba dieciséis motivos de nulidad. Su Despacho respondió mediante un oficio de apenas dos páginas, sin abrir un procedimiento administrativo para investigar los hechos y sin desarrollar la motivación del acto administrativo y sin analizar cada uno de los argumentos planteados.
El miércoles 1 de julio, Señor Ministro, lo escuché comparecer ante la Asamblea Legislativa para presentar la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Usted habló de filtraciones. Habló1 de transparencia. Habló de libros que concursaban una y otra vez hasta obtener un premio, cambiando de portada o de casa editorial.
No pude evitar pensar que muchas de esas anomalías ya estaban contenidas en el recurso de nulidad2 presentado por José María Zonta. Me satisface comprobar que, al menos en esos aspectos, aquellas advertencias terminaron encontrando eco en la reforma que hoy impulsa el Ministerio.
Pero Señor Ministro: los reglamentos existen. El problema no fue la ausencia de reglas. El reglamento actual de los Premios Nacionales establece requisitos claros para la conformación de los jurados, para el desarrollo del proceso y para la valoración de las obras. El problema también es quién fiscaliza el cumplimiento de esas reglas.
El 11 de junio del 2026 fui invitada a una mesa de diálogo3 en el Centro Cultural de España, como parte del ciclo El Nuevo (Des) Orden Literario, sobre las tensiones en el campo literario costarricense. Para prepararla decidí revisar los expedientes de los Premios Nacionales de 2022, 2023 y 2025. Lo hice porque quería ofrecer una visión coherente y comparativa seria, respecto al proceso del 2024. Y mientras más documentos solicitaba, más preguntas aparecían. Descubrí que el Ministerio no conserva los registros audiovisuales correspondientes al año 2023, a pesar de ser una exigencia de la Ley General de Administración Pública. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. También recibí una respuesta oficial del SINABI indicando que los currículos de las personas que integraron los jurados de 2022 y 2023 no integran el acervo institucional, imposibilitando verificar posteriormente si cumplían con los requisitos reglamentarios.
De todo el material, hubo un hallazgo que me pareció anómalo.4 Al solicitar el listado de obras postuladas al Premio Aquileo J. Echeverría 2023 comprobé que ese mismo documento fue entregado de manera distinta al menos a otra persona que lo solicitó. Una copia conservaba visibles las anotaciones de los criterios de exclusión. La copia que recibí tenía esas mismas anotaciones cubiertas con tachones negros (Ver imágenes al final).
Hablo del mismo documento público distribuido en versiones diferentes, según quien lo pida. Desconozco el criterio de ocultación de esa información en una copia y en otra. Un documento público no puede ser modificado dependiendo de a quien se le entregue.
La transparencia, Señor Ministro, exige consistencia. Como documento público debió de ser entregado a quien lo solicitara en igualdad de condiciones.
Durante su comparecencia usted explicó que la reforma incorporará el ISBN como requisito para participar en la categoría de literatura. Señaló que ello permitirá dar trazabilidad a las obras y evitar que un mismo libro participe reiteradamente cambiando únicamente su portada. Celebro dicho propósito, pero creo que aquí conviene hacer una precisión técnica: el ISBN no identifica una obra, no constituye un diferenciador permanente de la obra intelectual.
Una misma novela puede tener un ISBN costarricense, otro español, otro argentino y otro mexicano, sin dejar de ser exactamente la misma obra.
Eso fue lo que ocurrió con la novela Donde Nadie del autor Carlos Villalobos, premiada en 20245. Dicha novela fue publicada primero en España con un ISBN otorgado a esa edición. Posteriormente fue publicada en Costa Rica por otra editorial con un ISBN completamente distinto. Ambos libros indicaban en su ficha catalográfica que eran “primera edición”. Siendo la del 2024 una “segunda edición”. Además, existen las dos boletas de postulación: una de 2023, donde el libro no fue premiado, y otra de 2024 donde obtuvo el galardón.
Me pregunto si el verdadero desafío consiste en incorporar ese número como requisito o en definir, con claridad, qué pretende controlar la ley. Porque el ISBN no basta por sí solo para identificar la historia completa de una obra.
Hay otro aspecto de la reforma que también me genera inquietud. Durante su comparecencia se planteó la posibilidad de convertir en jurados a las personas ganadoras de los Premios Nacionales. Comprendo la intención de aprovechar su experiencia y reconozco que muchas de ellas tienen una trayectoria impecable. Sin embargo, en un campo cultural tan pequeño como el costarricense, donde escritores, editores, gestores, docentes y jurados compartimos constantemente los mismos espacios, cualquier medida que amplíe las posibilidades de conflictos de interés merece ser analizada con cuidado. No se trata de cuestionar la honorabilidad de quienes han recibido un premio. Se trata de que las reglas de incompatibilidad, recusación y transparencia sean lo suficientemente claras como para proteger tanto a las instituciones como a quienes participan en los procesos.
Coincido con usted en algo fundamental, Señor Ministro, la calidad, la rigurosidad, la independencia y el prestigio de los jurados terminan transmitiendo, también, al prestigio de quienes reciben el premio. Precisamente por eso los jurados deben ser seleccionados con criterios objetivos y reglas claras para prevenir conflictos de interés.
Actualmente existe un Reglamento y es claro en ese punto.
También quisiera preguntarle por el proceso mediante el cual se construyó esta reforma. Participé en la primera mesa consultiva convocada por el Ministerio. Estuve sentada frente a usted y recuerdo que manifestó estar de acuerdo con los planteamientos presentados por el Movimiento Transparencia, que sostuvo la denuncia pública, firmada por dieciséis autores costarricenses.
Salí de aquella reunión convencida de que iniciaríamos un proceso amplio de diálogo con el sector cultural. Sin embargo, nunca recibí un correo de seguimiento, nunca recibí una llamada, nunca fui convocada nuevamente. Por eso quisiera preguntarle: ¿hubo una segunda o una tercera mesa de trabajo con el sector cultural? ¿Se volvió a consultar a quienes participamos en aquella primera reunión? ¿O el proyecto continuó sin ese diálogo?
Señor Ministro, a lo largo de estos años también le he reconocido públicamente los aciertos de su gestión. Le he agradecido su apertura al diálogo y la disposición para escuchar las preocupaciones del sector cultural. Precisamente por ese reconocimiento, y como creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestras instituciones, me permito hacerle una última petición: que el Ministerio de Cultura y Juventud abra un proceso administrativo para investigar los dieciséis motivos de nulidad documentados en el recurso presentado contra los Premios Nacionales 2024.6
Hace apenas unos días, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia7 dio un ejemplo importante para la institucionalidad cultural costarricense. Tras un procedimiento administrativo, anuló un premio literario al concluir que existió plagio y dejó sin efecto la publicación de la obra ganadora. La EUNED demostró que una institución pública puede revisar sus propias fallas.
Las instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía.
Esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema de Premios Nacionales de Cultura, pero también puede convertirse en la oportunidad de demostrar que la transparencia no solo mira hacia el futuro, sino que también tiene la valentía de revisar el pasado cuando existen hechos documentados que merecen ser investigados mediante el debido proceso.
