Debilitamiento de los controles ambientales en Costa Rica favoreció la deforestación. Este caso está en investigación judicial.
El Bloque Verde expresa su profunda preocupación y reafirma su condena a los graves hechos documentados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) en las inmediaciones del río y la catarata de Montezuma, en Cóbano, Puntarenas, donde informes técnicos oficiales acreditan la existencia de intervenciones sobre cobertura vegetal, áreas de protección hídrica y sectores pertenecientes al Patrimonio Natural del Estado.
De acuerdo con el informe técnico ACT-OSRC-358-2026-firmado, funcionarios del SINAC verificaron la eliminación de sotobosque y regeneración natural, afectación de árboles, movimientos de tierra, construcción de terrazas, rellenos y otras intervenciones realizadas en un entorno de alta sensibilidad ecológica, incluyendo aproximadamente 827,3 metros cuadrados de área de protección del río y alrededor de 554 metros cuadrados de Patrimonio Natural del Estado afectados.
Asimismo, el propio SINAC confirmó que el caso fue remitido a las autoridades judiciales y actualmente se tramita bajo la causa penal N.° 26-000414-0832-PE, evidencia de la seriedad de los hechos investigados.
Para el Bloque Verde, este caso representa mucho más que una infracción aislada. Se trata de una manifestación alarmante de un modelo de desarrollo inmobiliario desmedido que está transformando aceleradamente numerosos territorios costeros del país, desplazando ecosistemas estratégicos, aumentando la presión sobre las fuentes de agua y alterando paisajes naturales que constituyen patrimonio de todas las personas costarricenses.
La situación de Montezuma evidencia cómo la expansión inmobiliaria y los procesos de gentrificación están generando conflictos cada vez más severos entre los intereses económicos privados y la protección del patrimonio natural. La creciente valorización de zonas costeras ha impulsado una intensa presión sobre bosques, áreas de protección y corredores biológicos, muchas veces en territorios donde las comunidades locales observan con preocupación la pérdida progresiva de sus recursos naturales y el deterioro de su calidad de vida.
Resulta particularmente preocupante que las intervenciones documentadas se hayan producido en terrenos colindantes con uno de los atractivos naturales más emblemáticos del país. Las cataratas y el río Montezuma constituyen ecosistemas de enorme importancia ecológica, paisajística y turística, cuya protección debe ser una prioridad nacional.
El Bloque Verde advierte además sobre una problemática de alcance nacional: el progresivo debilitamiento de los mecanismos de fiscalización y control ambiental. En distintos puntos del país se multiplican las denuncias por tala, movimientos de tierra, afectación de áreas de protección, presiones sobre humedales y fragmentación de bosques, mientras las instituciones responsables operan con limitaciones presupuestarias, insuficiencia de personal y una creciente complejidad de los conflictos socioambientales.
La documentación oficial remitida a partir de la gestión legislativa realizada mediante el oficio AL-FPLN-51-OFI-201-2026-SINAC CATARATA MONTEZUMA confirma la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia, prevención y sanción ambiental para evitar que daños de esta naturaleza se sigan produciendo. Mientras el Poder Ejecutivo recorta los presupuestos de cultura, educación, salud y ambiente, la riqueza natural de Costa Rica se encuentra bajo ataque con una institucionalidad cada vez más debilitada por la administración de Laura Fernández Delgado.
Costa Rica ha construido su prestigio internacional sobre la protección de la naturaleza, los bosques y las fuentes de agua. Permitir la degradación de estos ecosistemas para favorecer intereses inmobiliarios de corto plazo representa una amenaza directa a ese legado y compromete el bienestar de las futuras generaciones.
Como respaldo, el Bloque Verde comparte los siguientes documentos:
Creerse elegido es la superstición requerida para elegir después a los sacrificados en masa Francisco Rodríguez, Alopecia, 2025.
Álvaro Vega Sánchez Sociólogo
Los elegidos es el título de una serie difundida por Netflix que narra la experiencia de vida profundamente humana del Jesús histórico y sus discípulos. El tema de la elección es columna vertebral en la teología bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y hoy cobra vigencia particular, atendiendo al contexto geopolítico.
Abraham es elegido para crear un pueblo que sea de bendición a todas las naciones (Genesis 12:1-3), mientras que hoy el llamado pueblo elegido se ha convertido, emulando a los antiguos imperios, en maldición para las naciones, particularmente su vecino el pueblo de Palestina, víctima de una acción criminal devastadora. Un pueblo que pasó de ser víctima de uno de los principales genocidios históricos a convertirse en victimario.
Jesús es elegido por su Padre para instaurar un reino de paz y justicia y, a su vez, este elige a doce discípulos y algunas discípulas, como María Magdalena, para que continúen su misión, particularmente a favor de los empobrecidos y marginados de la tierra. Es una elección que conlleva un compromiso gratuito y generoso por la vida, para convertir a la humanidad en una hermandad de amor, justicia, paz y solidaridad.
La elección divina no es ningún privilegio que obedece a cualidades excepcionales de una persona o pueblo, es un acto de gracia; tampoco para ostentar y hacer alarde de poder y grandeza. Es, más bien, un llamado a defender y promover el derecho a la vida digna de todos los seres humanos, particularmente hacer justicia a los pobres, huérfanos, viudas, extranjeros e inmigrantes (Dt 10:18). Y por esa causa, los elegidos se convierten en víctima de aquellos poderes que buscan someter, excluir y discriminar; sufren persecución, exilio, sometimiento y muerte. En la película Violinista en el tejado, el protagonista en una escena dramática, donde el pueblo sufre el exilio, eleva su mirada al cielo y protesta ante Dios por haberles escogido como su pueblo: “Sé que nosotros somos tu pueblo elegido. Pero de vez en cuando, ¿no podrías elegir a otro?”.
En este sentido, resulta contradictorio cómo se ha revertido el comportamiento del Israel sionista de hoy, al considerarse el único elegido por Dios, y cuyo rostro es el de la arrogancia y prepotencia faraónica. Efectivamente, si ayer el faraón se resistía a la liberación del pueblo judío hoy es Israel quien se resiste a la liberación del pueblo palestino. También se ha convertido en una amenaza para la paz mundial, induciendo a otras naciones a que le acompañen en una guerra de sometimiento y exterminio.
Por su parte, vuelve con fuerza la doctrina del destino manifiesto bajo el actual gobierno de Donald Trump, que concibe a los Estados Unidos como nación elegida por Dios para llevar “democracia” y “libertad” a todos los pueblos, aunque ello implique doblegarlos por la fuerza a entrar en sus dominios imperiales. Apelar al mesianismo civilizador, como agente destinado a propiciar los ideales democráticos y libertarios, le ha servido para justificar las intervenciones con evidentes intereses geopolíticos, así como la apropiación de recursos y mercados estratégicos para expandir su dominio como potencia. Asimismo, se recicla la doctrina Monroe: “América para los americanos”, como contraparte a las nuevas propuestas del multilateralismo.
Una vez más, es utilizado el nombre de Dios para emprender y justificar la guerra de exterminio, por parte de dos naciones que han hecho alianza para ejercer un dominio absoluto en un mundo que más bien busca nuevas formas de poder geopolítico compartido, para convivir pacíficamente propiciando el bienestar y progreso de todos los pueblos de la tierra, sin exclusiones.
Se está utilizando “el nombre de Dios en vano”, es decir, el pecado de idolatría; el uso interesado del nombre de Dios o la creación y adoración de nuevos dioses-ídolos a imagen y semejanza de élites de poder que buscan legitimar sus intereses egoístas y espurios. Como bien señala el escritor José Saramago, «no es un dios, sino el “factor Dios » el que se exhibe en los billetes de dólar y que se muestra en los carteles que pide para América (la de los Estados Unidos, no la otra…) la bendición divina…Ha sido el “factor Dios”, ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a las intolerancias más sórdidas, ese que no respeta sino aquello en lo que manda creer, el que después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabó por hacer del hombre una bestia”.
El pueblo costarricense, con lucidez, inteligencia política y gran sensibilidad humana ha sabido ondear la bandera de la paz y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Ganó reconocimiento y credibilidad internacional con la eliminación del ejército, la creación de áreas protegidas que salvaguardan una cuarta parte de su territorio, el acuerdo de paz en Centroamérica, la Proclama de Neutralidad ante conflictos armados internacionales, entre otras iniciativas. No debemos, bajo ninguna circunstancia, bajar esa bandera. Todo lo contrario, levantarla con más fuerza y valentía, convocando a la paz con justicia, la erradicación de todas las formas de violencia y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza. Un no rotundo a las guerras por la conquista de recursos y poder geopolítico global.
Los pueblos libres, dignos y nobles están siendo desafiados a establecer un pacto global por la convivencia pacífica y la preservación del planeta. Un pacto que sea de bendición para todos los pueblos de la Tierra.
Segunda de cinco entregas sobre la transformación de los sistemas agroalimentarios y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026-2035
“No existe seguridad alimentaria donde se deterioran los procesos biológicos que hacen posible la alimentación”.
Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr. Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) biodiversidadcr@gmail.com
“A partir de la convergencia de la agroecología y el enfoque global de Una Salud: por qué la seguridad alimentaria a largo plazo exige transicionar del rendimiento en toneladas hacia la preservación de la infraestructura biológica que sostiene la vida”.
La primera entrega demostró algo crucial. La seguridad alimentaria depende de bases ecológicas que permanecen ocultas detrás de cada alimento. Ahora corresponde dar un paso adicional. ¿Cómo incorporar esa dimensión biológica en la manera en que concebimos y evaluamos los sistemas alimentarios? La propuesta de este artículo es introducir un nuevo enfoque fundamental: la integridad biológica de los sistemas alimentarios.
Una dimensión que falta
Con frecuencia analizamos la agricultura desde una perspectiva puramente económica. Hablamos de rendimiento por hectárea, productividad, exportaciones, costos de producción y competitividad. Todas esas variables son importantes. Sin embargo, ninguna revela por sí sola la complejidad biológica profunda. Es esta complejidad la que permite a los agroecosistemas mantener sus funciones básicas.
Un sistema puede producir mucho durante un tiempo. Al mismo tiempo, puede deteriorar las condiciones que permitirán producir mañana. De ahí nace la necesidad urgente de ampliar la mirada.
¿Qué entendemos por integridad biológica?
Propongo definir la integridad biológica de los sistemas alimentarios como la capacidad de un sistema agroalimentario para conservar y regenerar los procesos ecológicos, biológicos y bioquímicos que hacen posible la producción continua de alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente apropiados, sin comprometer la salud humana ni la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Esta constituye la propuesta conceptual central de la saga. No pretende sustituir el concepto tradicional de seguridad alimentaria. Su objetivo real es complementarlo y ampliarlo.
De la biodiversidad a la integridad
La propuesta tiene antecedentes claros en la agroecología. Miguel Altieri demostró que la biodiversidad constituye un componente funcional de los agroecosistemas. Su conservación resulta fundamental para mantener servicios ecológicos básicos. Estos incluyen el reciclaje de nutrientes, la regulación biológica y la fertilidad natural.
Pero la integridad significa algo más que la simple diversidad. Un sistema puede conservar numerosas especies. A pesar de ello, puede haber perdido relaciones ecológicas esenciales. La integridad se refiere, por tanto, no solamente a qué organismos están presentes. También abarca las relaciones y procesos que permiten que el sistema funcione de forma integral.
Este enfoque incluye variables críticas:
Salud física, química y biológica del suelo.
Biodiversidad agrícola y silvestre.
Calidad y disponibilidad del agua.
Microorganismos relacionados con la fertilidad.
Diversidad genética de cultivos y semillas.
Inocuidad microbiológica y química de los alimentos.
Reducción de contaminantes y resiliencia climática.
Salud humana, sanidad animal y estabilidad de los agroecosistemas.
Más que una suma de componentes, la integridad biológica representa la capacidad del sistema para mantener y regenerar su funcionamiento como un todo unificado.
De la productividad a la resiliencia
Durante buena parte del siglo XX, el éxito agrícola se midió principalmente por el rendimiento. Ese criterio permitió aumentar considerablemente la producción mundial de alimentos. Sin embargo, también favoreció la simplificación extrema de los agroecosistemas. Provocó la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y una creciente dependencia de insumos químicos externos.
Hoy el desafío es totalmente diferente. La productividad sigue siendo indispensable. No obstante, debe evaluarse junto con otros indicadores vitales: la fertilidad biológica del suelo, el carbono orgánico, la diversidad funcional, la calidad del agua, la estabilidad ecológica, la resiliencia climática y la inocuidad alimentaria. No se trata de sustituir un indicador por otro. Se trata de ampliar nuestra visión del progreso.
La convergencia de varias revoluciones científicas
Esta propuesta de integración no surge de una única disciplina. Es el resultado de la convergencia de varias transformaciones del conocimiento científico.
La primera proviene de la agroecología, que colocó a la biodiversidad como un componente funcional. La segunda corresponde a la biología del suelo, cimentada en la microbiología edáfica y el descubrimiento de ciclos de nutrientes fundamentales. Los estudios del microbioma y de la rizosfera profundizan hoy en las alianzas entre plantas y microorganismos. Pese a ello, muchos de sus efectos dependen del contexto y siguen bajo activa investigación (Dworkin, 2012; Paul, 2007).
La tercera transformación corresponde al enfoque global de Una Salud (One Health), que integra la salud humana, animal y ambiental. La cuarta corresponde a la Salud Planetaria, que resalta la dependencia del bienestar humano respecto del funcionamiento estable de los sistemas naturales. Estas corrientes convergen en una conclusión fundamental: la agricultura no puede seguir analizándose de manera aislada de los ecosistemas.
¿Cómo podría medirse?
Si la integridad biológica ha de convertirse en una dimensión de política pública, deberá traducirse en indicadores claros. No existe un solo indicador capaz de captarla. Será necesario construir un conjunto de variables relacionadas de forma directa con:
Suelo: materia orgánica, carbono orgánico, actividad biológica y tasas de erosión.
Biodiversidad: diversidad de cultivos, diversidad genética, polinizadores y organismos benéficos.
Procesos ecológicos: reciclaje de nutrientes, regulación biológica, conectividad y capacidad de recuperación.
Agua: calidad, disponibilidad real y niveles de contaminación.
Producción: estabilidad del rendimiento y grado de dependencia de insumos externos.
Alimentos: inocuidad, calidad nutricional intrínseca y contaminantes.
El propósito no es crear una nueva cifra que simplifique una realidad compleja. La meta es disponer de un tablero de indicadores capaz de mostrar aquello que las métricas productivas convencionales ocultan.
Una propuesta conceptual, no una verdad establecida
Es importante aclarar el alcance real de esta propuesta. La expresión «integridad biológica de los sistemas alimentarios» se plantea aquí como un marco conceptual. Retoma y amplía antecedentes de la agroecología y de otros campos científicos de vanguardia. No se presenta como un concepto universalmente establecido ni como un indicador ya validado.
Su utilidad deberá juzgarse por su capacidad operativa. Debe ayudar a formular mejores preguntas, desarrollar indicadores precisos y evaluar con mayor profundidad las políticas alimentarias. Si permite identificar problemas que permanecen invisibles cuando solamente medimos la producción en toneladas, habrá cumplido una función trascendental.
La dimensión intergeneracional
Existe además una dimensión temporal inexcusable. La sostenibilidad no consiste únicamente en que un sistema funcione hoy. Implica que conserve suficiente capacidad para funcionar mañana.
Un suelo degradado, una población de polinizadores perdida o una diversidad genética erosionada no constituyen solamente problemas del presente. Estas pérdidas reducen drásticamente las opciones disponibles para quienes producirán y consumirán alimentos en el futuro. Por ello, la integridad biológica incorpora necesariamente una dimensión intergeneracional obligatoria.
Conclusión
La seguridad alimentaria responde a una necesidad humana fundamental. La integridad biológica introduce una condición indispensable para que esa seguridad pueda sostenerse a largo plazo.
Un sistema alimentario no puede considerarse plenamente sostenible si para satisfacer las necesidades del presente deteriora las condiciones ecológicas que necesitará para satisfacer las del futuro.
La propuesta, por tanto, es sencilla en su formulación: evaluar los sistemas alimentarios no solamente por lo que producen, sino también por lo que conservan, regeneran y transmiten a las generaciones futuras.
La pregunta siguiente ya no es conceptual. Es mucho más incómoda: ¿qué ocurre cuando esa integridad se deteriora de forma sistémica? Ese será el eje de nuestra próxima entrega.
Próxima entrega:La factura biológica de la alimentación moderna: plaguicidas, ultraprocesados y pérdida de integridad de los sistemas alimentarios.
La subcomisión legislativa respectiva analiza la reforma a la Ley de Premios Nacionales de Cultura. Ante este trámite, el Movimiento Transparencia considera necesario dejar constancia pública de las acciones realizadas durante este proceso, sobre todo porque quienes participamos en distintos espacios de consulta y discusión todavía no conocemos la versión actualizada del texto sustitutivo. Dado que esta reforma está próxima a someterse a votación es clave el seguimiento ciudadano.
Movimiento Transparencia, Fundación ACUA y Fundación Interartes fuimos las tres organizaciones que comparecimos ante la Asamblea Legislativa el 28 de julio, semanas después de la comparecencia del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, realizada el 1 de julio. Cada organización presentó sus propias observaciones y propuestas. Posteriormente, las organizaciones participamos en espacios de diálogo en el Ministerio de Cultura y Juventud para revisar el texto sustitutivo y conversar sobre las propuestas planteadas.
En el caso de Movimiento Transparencia, se nos informó que algunas de nuestras observaciones serían acogidas. Entre ellas, la incorporación de la literatura infantil a los Premios Aquileo J. Echeverría; una declaración jurada mediante la cual quien postule una obra asuma responsabilidad sobre su autoría y originalidad; y otros mecanismos de verificación relacionados con el ISBN y las condiciones de publicación.
También manifestamos nuestra oposición a la propuesta de convertir automáticamente a quien obtiene un Premio Nacional en jurado de la edición siguiente. Consideramos que ese mecanismo puede fortalecer círculos de reciprocidad y posibles conflictos de interés, precisamente donde la reforma debería procurar mayores garantías de independencia. En la reunión se nos indicó que esta disposición se mantendría por tratarse de una propuesta del Ministerio.
Otra de nuestras observaciones que no fue acogida se relaciona con el enfoque del premio a la economía creativa o “economía naranja”. Desde Movimiento Transparencia consideramos que debe preservarse el espíritu de un reconocimiento a la gestión cultural, que permita reconocer también el trabajo desarrollado desde las comunidades y no únicamente iniciativas vinculadas a una lógica económica o mercantil.
Sin embargo, a pesar de haber participado en estos espacios de diálogo, nunca tuvimos en nuestras manos la versión actualizada del texto sustitutivo. Por esa razón, no podemos verificar si aquello que se nos comunicó fue efectivamente incorporado, cuál es su redacción definitiva, qué otras modificaciones se realizaron posteriormente ni qué ocurrió con las distintas recomendaciones recibidas durante el proceso.
Ante esta situación, el 25 de septiembre, Movimiento Transparencia, Fundación Interartes y Fundación ACUA enviamos conjuntamente un correo al despacho del ministro de Cultura y Juventud solicitando respetuosamente “el borrador actualizado del texto sustitutivo”, con el propósito de “conocer y valorar las nuevas incorporaciones realizadas al documento”.
Consideramos importante que la ciudadanía conozca esta situación. Los Premios Nacionales son reconocimientos del Estado costarricense y constituyen el máximo reconocimiento público que el país otorga en distintos ámbitos de la creación y la cultura. Por ello, sería saludable que el texto actualizado sea conocido públicamente antes de que la reforma continúe avanzando en su trámite legislativo.
Asimismo, consideramos que una reforma de esta trascendencia habría merecido la participación de un espectro todavía más amplio de organizaciones, colectivos, universidades, artistas, creadores y gestores culturales. La participación de las organizaciones que fuimos convocadas respondió al interés y seguimiento que hemos mantenido sobre este proceso, pero de ninguna manera pretende representar la diversidad del sector cultural costarricense.
Movimiento Transparencia reitera su solicitud de conocer el texto sustitutivo actualizado, con el fin de evaluar las nuevas incorporaciones y conocer qué ocurrió finalmente con las propuestas y observaciones planteadas durante este proceso.
Ante la inminente discusión en la Asamblea Legislativa de un proyecto de reforma a la ley vigente de premios nacionales, un grupo de agrupaciones culturales han dado su punto de vista basado en un análisis concienzudo que duró meses y que implicó comparecencias ante la comisión legislativa. Se ofrecen enseguida sus observaciones y propuestas que, según han manifestado, dan testimonio de su posición de este proceso.
Durante 2025, el ministro de Cultura y Juventud, señor Jorge Rodríguez Vives, que desempeña ese cargo desde la administración anterior, lanzó a consulta un proyecto de Reforma a la Ley de premios de Cultura y Arte. Varias organizaciones, especialmente de escritores, propusieron una serie considerable de modificaciones a ese proyecto y se entrevistaron con el ministro. Sin embargo, el proyecto original aparece de nuevo en la Asamblea Legislativa, sin ninguna modificación de fondo: la consulta había sido formal, pero, al parecer, sin diálogo fructífero ni impacto. En ese nuevo contexto, se llama a opinar a varias organizaciones, algunas asentadas y verificables, otras de presencia casi desconocida. El texto recibe una vez más una serie de observaciones de especialistas, personas expertas, activistas, gestores culturales y artistas. Tres grupos asistieron a comparecencias en la Asamblea Legislativa y expusieron sus observaciones: las organizaciones firmantes y el Movimiento Transparencia. Señalaremos aquí los más significativos de nuestros señalamientos.
Vacíos y problemas de la ley vigente
Como herencia de la ley vigente, hay en la propuesta de reforma persistencia de problemas de concepto, como el considerar a los premios nacionales “un incentivo”, cuando se trata, en el orden internacional, de premios a la excelencia y maestría en el campo premiado, sin importar la edad del postulante.
Otro problema central es el modo de administración actual del proceso subyacente a estos premios, al parecer inconexo, sin cabeza visible y circunscrito al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), que no tendría forma de garantizar la vigilancia del cumplimiento de la ley, en su condición de juez y parte. La propuesta de administración de la reforma citada agrava esta situación, por su tendencia endogámica: elimina o reduce los miembros externos al MCJ (CONARE, Colegio de Periodistas y Academia de la Lengua), le da poderes casi omnipotentes al jerarca y, además, convierte a las direcciones de los mismos departamentos del Ministerio en proponentes de jurados, es decir, concentra todo el proceso en el MCJ. Completa este panorama de concentración el hecho de que, al parecer, un texto sustitutivo devolvería la cabeza de la administración de los premios a la Dirección de Gestión Sociocultural, antigua Dirección de Cultura, donde ya estuvo por décadas, sin mejorar el proceso. En esas circunstancias, el ministro no tendrá un comité de expertos externos, con enfoques interdisciplinarios, que no sean los que provienen de sus subalternos. Como es sabido, ningún ministro puede ser experto en todos los campos. Tampoco sus subalternos tienen necesariamente la formación profesional en las artes premiadas: son administradores. Algo digno de destacar es que se reduce a uno solo el representante del CONARE (de las universidades estatales), que tienen a su cargo la enseñanza de las artes, con lo que se convertiría a los Premios Nacionales, que financia y otorga actualmente el Estado costarricense, en premios del Ministerio de Cultura y Juventud, gestionados y administrados por ese ministerio. Igual que ahora, ante una anomalía, el MCJ probablemente mandaría al ciudadano a poner un proceso judicial por su cuenta, como si fuera un problema legal del ciudadano y no una responsabilidad del ministerio velar por la probidad interna e introducir correctivos.
Subrayamos que los premios nacionales en el presente son otorgados por el Estado costarricense y no por una sola entidad, como sería si se aprueba la reforma.
En general, existen dudas y denuncias sobre nombramiento, idoneidad y actuación de algunos jurados, sobre desacato a normativa vigente, sobre filtración de información de los jurados, sobre la concordancia de las obras premiadas con los requisitos de ley y otros aspectos de procedimiento. Y un problema mayor: no existe instancia prevista para atender las denuncias. Así lo ha demostrado el Movimiento Transparencia. Sin embargo, en la reforma propuesta no se da solución a este cúmulo de cuestionamientos.
NUESTRAS PROPUESTAS
Destacaremos aquí nuestras propuestas más importantes, entre otras más de detalle, que hicimos llegar a la Asamblea Legislativa.
1. ENMIENDA A PROBLEMA CONCEPTUAL
Para ello, que se elimine la palabra “incentivo” de la ley y se lea “reconocimiento a la excelencia”.
2.PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN CON AUTONOMÍA
Para eliminar la situación de juez y parte del MCJ:
Que se cree una COMISIÓN SUPERIOR DE PREMIOS NACIONALES (COSUPRENA) de funcionamiento autónomo, que coordinará los premios en consulta con la Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ, y será sostenida con redistribución de fondos del MCJ, las universidades públicas y el MEP, es decir, del conjunto institucional mayor de cultura del país. Se recomienda que se use la figura de descargo de funciones internas cuando las personas que se nombren sean funcionarios de esas instituciones y que se financie con apoyo de todo el conjunto de instituciones responsables.
Sus características y funciones serían las siguientes:
Serían nombradas en COSUPRENA las personas con los currículos, méritos y atestados más altos en su campo. Podrán presentarse como postulantes quienes cumplan los requisitos, que deberán publicarse, con al menos seis meses de antelación, en la página oficial de cada una de las instituciones que participan en el nombramiento.
Sus miembros serían elegidos por un período de tres años, sin posibilidad de reelección consecutiva. El nombramiento estaría a cargo del ministro (a) de Cultura y Juventud, el ministro (a) de Educación Pública y el presidente (a) del CONARE, a partir de una nómina lograda por concurso de antecedentes. Esta comisión nombraría entre sus miembros una Junta Directiva. Uno de ellos será un representante de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud, que deberá cumplir las mismas condiciones profesionales que los restantes.
Funciones
Tendría a su cargo:
La coordinación administrativa de todos los premios.
La creación de los criterios evaluativos generales y los procedimientos para la asignación de los premios, mediante su reglamentación.
El seguimiento de los jurados asignados para asegurar que cumplan con los principios de idoneidad que dicta la ley, así como éticos, profesionales y legales correspondientes.
La elaboración del reglamento de esta ley.
La recepción de las denuncias, la puesta en marcha de las respectivas investigaciones y la aplicación de correctivos y sanciones, en caso de que se produzcan faltas, con un veredicto resolutivo ante las denuncias de irregularidades, presentadas por miembros de la comisión, los jurados o los participantes.
Determinar subcategorías por premiar anualmente de manera alterna en los campos que se requiera.
Otros propios de su ejercicio.
3.SOBRE LOS JURADOS
Este es un tema álgido de la situación actual. El Movimiento Transparencia ha hecho denuncias fundamentadas al detalle sobre este punto. Proponemos que la conformación y las responsabilidades de los jurados sean claras y precisas:
La selección de jurados deberá hacerse por concurso de antecedentes, en la Comisión Superior de Premios Nacionales, entre candidatos que tengan experiencia en su campo y artistas con una obra consolidada y reconocida, con méritos equivalentes al premio.
Los jurados estarán conformados por cinco personas y recibirán retribución por su trabajo, según corresponda.
Habrá una nómina de jurados sustitutos, en caso de renuncia o retiro, por las causas supra mencionadas.
El trabajo del jurado sobre las obras y personas postuladas es estrictamente individual y se considera falta grave implicar a terceros en su decisión y motivará su retiro inmediato de la función.
Los jurados no tendrán relación de familiaridad hasta en tercer grado, ni de amistad o enemistad o sociedad o pertenencia a grupos con los postulados, ni habrán participado en evaluaciones, presentaciones o críticas previas de las obras participantes, de lo contrario, deben renunciar a esa función.
El grupo de jurados de cada año ha de velar por la integridad del proceso y debe comunicar a la Comisión Superior y al MCJ cualquier irregularidad que se presente. Ambas instancias, con sus recursos y coordinadamente, dictaminarán sobre denuncias o problemas señalados y resolverán lo que corresponda, de acuerdo con las leyes vigentes y en función de la credibilidad y respeto merecidos por los premios.
Ningún jurado podrá serlo sin las credenciales y méritos suficientes a su función, ni volver a cumplir como tal, sino pasados tres años desde su última participación en un mismo premio, incluidas sus subcategorías.
Las decisiones del jurado son inapelables por la materia juzgada, pero pueden ser cuestionadas, o revocadas, si se demuestra falta contra la ley, los reglamentos, los requisitos y los procedimientos de los premios.
En la propuesta ministerial se incluye en el jurado a la persona ganadora del Premio Nacional del año anterior a conformar; sin embargo, creemos que esa integración no puede ser obligatoria. Además, una persona ganadora no necesariamente cumple con los requisitos indispensables para la conformación de un jurado. Por lo tanto, esa norma debería quedar excluida de la ley.
4. SOBRE OTROS PROBLEMAS Y DENUNCIAS REITERADAS QUE EL ACTUAL PROYECTO DE REFORMA TENDRÍA QUE ATENDER
El hecho de que algunos premiados lo son múltiples veces
Ante esto, se propone que un premio nacional solo pueda ser otorgado una vez en la vida de un artista o cultor, en cada una de las categorías y subcategorías de los premios. Esto es justicia distributiva, de modo que más personas tengan acceso a los bienes simbólicos y materiales que implican y se desestimule la lucha subterránea por dinero y méritos y el tráfico de influencias entre aspirantes, algunas veces privilegiados por sus grupos de pertenencia.
Establecer filtros de calidad
Los filtros son indispensables para asegurar la calidad e idoneidad de las obras: ISBN, editorial responsable (sea o no autopublicación), curaduría y crítica literaria o artística sobre la obra aspirante.
El problema de la autenticidad de la autoría
El candidato(a) o aspirante deberá entregar a la administración una declaración jurada sobre su derecho de autoría, donde garantizará no haber usado IA, e indicará que obedece a las reglas éticas que prohíben el plagio u otra alteración del texto para que parezca inédito y que cumple con las normas dictadas por el concurso.
Desacatos a los plazos de cobertura del premio
La obra debe haber aparecido por primera vez, sin excepción, durante el año que se premia. Por lo tanto, no pueden haber aparecido en años anteriores, ni pueden ser recopilaciones de obras anteriores, ni autocompilaciones hechas con partes de obras antiguas.
Garantizar que no existan conflictos de interés
Debe garantizarse que los jurados no tengan ninguna relación previa o simultánea, sea familiar, hasta tercer grado, afectiva (amistad, relación íntima, o enemistad), laboral o de pertenencia grupal con los postulados a los premios y, en ese caso, deberán recusarse y renunciar de inmediato a esa función.
5. NUESTRAS PROPUESTAS SOBRE PREMIOS NUEVOS
Otro aspecto muy inadecuado de la reforma es que los nuevos premios propuestos (cuatro en total: sobre la música popular, la gastronomía, la economía cultural y la juventud) carecen de justificación suficiente e instalan la llamada economía naranja como prioritaria. Son premios a quienes hagan cultura con ideas político-económicas neoliberales, que significa hacer dinero con la cultura.
No obstante lo dicho, hemos hecho un esfuerzo de adecuación de lo propuesto por el ministro, para adaptar los premios señalados a una mayor democracia y justicia cultural, como sigue:
El propuesto Premio a la Música Popular Costarricense Julia Cortés es excluyente de las demás formas populares de las artes: el baile popular, las artes plásticas populares, las artes dramáticas populares, entre otras. Además, el nombre Julia Cortés no corresponde a las intenciones que dice tener el premio. Esta artista se consagró en París, allá vivió la mayor parte de su vida y cantó un repertorio internacional. No se conoce ningún arraigo popular en Costa Rica.
En consecuencia, procurando objetividad y justicia, proponemos que no se dedique este premio exclusivamente a la música, sino que:
Se cree como un PREMIO NACIONAL A LAS ARTES POPULARES EN COSTA RICA, con el nombre de un gran cultor popular, señor Espíritu Santo Maroto, lo que visibiliza la etnia boruca y rinde el honor debido a una vida dedicada a lograr la sobrevivencia de las artes de este pueblo y de los pueblos originarios, tan poco representados en la cultura del país.
b) Sobre el propuesto premio de gastronomía, ya la cocina de chef, la alta cocina internacional se ha premiado mediante el Magón. Estaría faltando una vía para premiar las expresiones regionales, de base comunitaria, las que impactan la nutrición de miles de costarricenses, con soluciones creativas, aquellas que no necesariamente derivan en actividad comercial, sino también en uso familiar y otros. Por lo tanto, proponemos incluir el Premio a la Gastronomía costarricense, como una subcategoría en el Premio Nacional a las artes populares en Costa Rica, en tanto que recoge y evidencia la sabiduría ancestral alimentaria de las distintas regiones culturales, geografías y etnias de este país.
c) Proponemos cambiar el nombre del Premio de Gestión de Economía Creativa y Cultural Virginia Pérez- Ratton, al de PREMIO DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL VIRGINIA PÉREZ- RATTON. Eso significa ampliar la propuesta actual del ministro, al incluir proyectos de gestión en general y no solo los de tema económico, de modo que se puedan seguir premiando, sin discriminación, los proyectos culturales comunitarios de gestión y promoción cultural, sea cual fuere el modelo económico que los sustente, o que se desarrolle como emprendimiento altruista, apoyado en la donación o contribución voluntaria o cooperativa comunitaria.
d) Sobre el Premio nacional a la Juventud, Jorge Debravo, señalamos que noparece adecuado dedicarle un premio de cultura a una condición etaria, sea juventud, niñez, adultez o tercera edad. La edad no es materia cultural, sino una condición biológica. Todos los premios nacionales deben ser accesibles a la juventud. Si ya el gobierno ha instituido este premio con este nombre fuera de los premios nacionales, recomendamos dejarlo fuera de los premios nacionales, pues se incurriría en un error conceptual.
6.PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A ALGUNOS PREMIOS YA EXISTENTES:
Presentamos ahora algunas de las reformas más relevantes que incluye nuestra propuesta.
Modificaciones a los premios Aquileo
En los Premios Aquileo, recomendamos incluir como subcategoría: Literatura infantil.
La escritura y publicación de libros de literatura infantil tiene una larga y productiva trayectoria en el país. Su inclusión en los premios nacionales es de sobra justificada. Ha desempeñado un papel de primer orden en la formación de generaciones de costarricenses, colaborado con la educación y las primeras letras y la promoción de valores humanos fundamentales para esa etapa de la vida. Su publicación actual supera por mucho a otras expresiones minoritarias como la literatura ilustrada.
No se admitirán en estos premios libros que no se hayan publicado el año mismo de la vigencia del premio; tampoco aquellos que no estén respaldados por sello editorial e ISBN.
No se considerarán libros hechos con uso de IA, ni compilaciones o nuevas versiones de textos ya publicados o que impliquen plagios.
7. OTROS PREMIOS QUE SE JUSTIFICAN MÁS, SI SE REFORMAN
Proponemos que el Premio Francisco Amighetti incluya subcategorías, que rindan honor a mujeres meritorias de las artes visuales:
-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti en la subcategoría Margarita Bertheau para obras Bidimensionales: obras en soporte de dos dimensiones en pintura, dibujo, grabado, fotografía, collage, entre otras.
-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti en la subcategoría Dinorah Bolandi para obras Tridimensionales: obras con tres dimensiones en diversos medios como cerámica, escultura, arte objeto, instalación, entre otros.
-Premio Nacional de Artes Visuales Francisco Amighetti en la subcategoría Sila Chanto para otras categorías. Se contemplan expresiones dentro del ámbito de las artes visuales que presenten mezclas de diversos lenguajes, propuestas multimediales, experimentales, sonoras, performáticas, intervenciones espaciales, entre otras.
b) Proponemos reformar también el premio Carlos Enrique Vargas para que se ordene en dos subcategorías y se eliminen algunos elementos incluidos en la ley actual.
-Interpretación musical: se premiará la mejor ejecución musical. Entre los posibles premiados se encuentran solistas, agrupaciones y directores. Se elimina “Dirección musical”, dado que el director es un intérprete.
-Composición: se premiará una obra estrenada en público cuya autoría se encuentre debidamente registrada.
Por otra parte, se considera que el arreglo no tiene el mismo nivel de creatividad que una composición original. En la actualidad, incluso, la inteligencia artificial realiza este tipo de trabajo con gran rapidez y de manera gratuita.
Finalmente, destacamos estos elementos de nuestra propuesta:
Los Premios Nacionales en Cultura y Arte, al ser el reconocimiento máximo en un campo de la cultura, serán otorgados por una sola vez en la vida de una persona para cada categoría. Podrá postularse en alguna otra categoría.
No es justo privar a un ganador de lo logrado por morir antes de la premiación, como implica la reforma de ley. Si eso sucediera, el premiado recibirá lo que corresponda, simbólica y materialmente, por medio de sus herederos.
Nadie podrá eludir los requisitos de los premios, ni los postulantes ni los administradores, sin las consecuencias legales del caso.
La administración general de todos los premios contaría con la coordinación y control de la COSUPRENA, como entidad de autonomía relativa.
Presentamos este documento como testimonio de nuestra reflexión y trabajo sobre una propuesta ministerial que no alcanza los cambios debidos de una necesaria reforma a la ley vigente, según nuestro criterio.
Organizaciones firmantes
Fundación ACUA Para el aprendizaje y la cultura artística
Fundación Interartes Para la Cultura y las Artes en América Central
A propósito de algunas opiniones enviadas a la Asamblea Legislativa relativizando la supuesta conveniencia del TLC entre Costa Rica e Israel
«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros / What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them». (Intervención realizada por el representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement made by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim S/PV/9439, at page 9)
Nicolas Boeglin Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho UCR nboeglin@gmail.com
Desde hace varias semanas, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa examina el Expediente Legislativo 25.542 (aprobación del Tratado de Libre Comercio /TLC con Israel, suscrito el 8 de diciembre del 2025).
En este enlace está disponible el texto como tal del Expediente Legislativo 25.542, con una carta al inicio, del 13 de abril del 2026, de la entonces ministra de la Presidencia al Congreso y el acuse de recibo de la misma con fecha del 24 de abril. Como es sabido, la entonces ministra de la Presidencia fue electa presidenta en las elecciones celebradas en febrero del 2026, y el ex presidente en el período (2022-2026) es desde mayo del 2026, ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda: una situación que resulta algo confusa y que, al parecer, es inédita en los anales políticos de América Latina, según expertos consultados en día recientes (véase artículo publicado en el Semanario Universidad).
Más allá del intercambio de roles en las más altas esferas del poder en Costa Rica observado, fue tal la premura en iniciar el trámite de aprobación de manera prioritaria de este TLC, que antes de la toma oficial de posesión de las «nuevas» autoridades electas, celebrada el pasado 8 de mayo en la capital costarricense, ya el Poder Ejecutivo lo había convocado a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo (véasenotade Elmundo.cr del 6 de mayo). Una pregunta válida que se puede plantear todo observador y analista es la siguiente: ¿a qué es que podrá responder tanta urgencia en aprobar este TLC?
PROCOMER: algo… ¿desinformada?
Como ya es costumbre en este tipo de trámite legislativo, han sido varias las consultas solicitadas por esta Comisión a diversas entidades gubernamentales, académicas, cámaras empresariales, así como a algunas personas.
Es así como el pasado 3 de septiembre comparecieron funcionarios de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER, una entidad pública costarricense) al parecer muy poco informados sobre álgidos aspectos jurídicos debatidos en Naciones Unidas y en el seno de la Unión Europea (UE) desde hace varios años con relación al comercio con Israel: véase esta nota del medio digital Delfino.cr y titulada de manera que nos parece muy oportuna “PROCOMER desconoce si Costa Rica puede detectar bienes israelíes producidos en Palestina ocupada”.
Al respecto, referimos a esta ley reciente adoptada en Irlanda (véase enlace a texto) sobre lo que pareciera desconocer por completo PROCOMER, así como a esta notasobre una regulación muy similar adoptada por Bélgica. En el caso de España, remitimos a este Real Decreto Ley de septiembre del 2025 (véase texto integral), cuyo artículo 3 se lee de la siguiente manera:
“1. Queda prohibida la importación en España de los productos originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio de 2024. A los efectos de este artículo se entiende por importación el despacho a libre práctica tal y como se establece en el artículo 201 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión. En todas las declaraciones aduaneras de mercancías originarias de Israel se deberá incluir el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de las mismas.”
Noruega por su parte ha anunciado una pena de hasta 3 años de cárcel para quienes importen a su territorio productos en proveniencia del territorio palestino ocupado (véase nota de prensa del 16 de septiembre del 2026).
Volviendo a Costa Rica y a la Asamblea Legislativa, una semana después del 3 de septiembre del 2026, en esta otra nota del mismo medio digital (véase enlace), se indicó que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante la Comisión de Relaciones Exteriores ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior, en razón de compromisos repentinos. Salvo error de nuestra parte, es la primera vez que dos ministros en ejercicio, solicitados para comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Poder Legislativo, a última hora, deben excusarse debido a imprevistos de último momento.
Revisando lo que ocurrió el 10 de septiembre en el mundo y en Costa Rica, no se registró crisis política aguda ni deflagración mundial alguna que ameriten de urgencia, su presencia en una reunión en Casa Presidencial.
Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su respectiva comparecencia a un funcionario subalterno, como si de pronto, ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia pareciera ser la extraña estrategia acordada (por razones que sería de interés conocer).
No se sabrá sino hasta su comparecencia si la información que se maneja en ambas carteras sobre los problemas legales para cualquier Estado al comerciar con Israel (y en particular importar productos desde Israel), es (o no) similar a la de PROCOMER.
Nótese que este 24 de septiembre, el jefe de la diplomacia costarricense dejó de serlo por decisión de la mandataria costarricense (véanse nota del medio digital Delfino.cr titulada «Perdido en Nueva York, Trump y el misterio de la invitación«, así como una nota sobre la línea de tiempo reportada en La Nación que no parece corresponder a las declaraciones oficiales de la mandataria).
De algunos criterios mejor informados que los de PROCOMER
Más allá de compromisos “súbitos” de las máximas autoridades costarricenses (que sería de sumo interés conocer en detalle) y de la seriedad relativa con la que se están llevando las relaciones internacionales de Costa Rica en este mes de septiembre del 2026 por parte de sus máximas autoridades, existen posiciones más informadas que las de PROCOMER con relación a la conveniencia de aprobar en estos momentos un TLC con Israel.
En particular referimos a un extenso documento enviado a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa por Wajiha Sasa Marín, Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, a otro igualmente extenso documento, suscrito por el reconocido economista Luis Paulino Vargas Solís y a otra opinión, remitida por el autor de estas líneas.
Desde perspectivas y razonamientos muy distintos, y citando en el caso de los dos primeros, numerosas fuentes de información, los tres criterios enviados concluyen poniendo en tela de duda la supuesta conveniencia para Costa Rica de aprobar este tratado en las actuales circunstancias con Israel, tal y como lo sostienen varias entidades gubernamentales (así como varias cámaras empresariales) y los precitados jerarcas de PROCOMER, en su comparecencia del día 3 de septiembre del 2026.
Los textos completos de cada uno de los tres documentos pueden ser consultados en los siguientes enlaces:
Es muy posible que hayan sido enviados escritos críticos adicionales a estos tres a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa, de los que no tenemos conocimiento.
El texto enviado por la representante de Palestina en Costa Rica explica de manera muy detallada las razones por las que no se puede separar el tema comercial de asuntos legales relacionados a la colonización y a la ocupación ilegal del territorio palestino por parte de Israel, y del drama indecible al que Israel somete la población civil en Gaza desde octubre del 2023. Desde esta perspectiva, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha establecido en varias de sus decisiones que los Estados terceros no pueden consolidar con sus acciones esta colonización ilegal y esta ocupación igualmente ilegal de Israel.
Con respecto a la perspectiva estrictamente comercial, que tantos entusiastas posee en el seno de algunos influyentes círculos corporativos costarricenses, se recomienda la sección 3 del escrito del economista Luis Paulino Vargas Solís sobre lo que denomina “La irrelevante relación económica y comercial entre Costa Rica e Israel” (páginas 19-21), en particular gráficos muy ilustrativos elaborados a partir de los mismos datos de PROCOMER y de COMEX (Ministerio de Comercio Exterior).
En lo atinente a nuestra perspectiva jurídica internacional, ésta no hace más que resumir y actualizar lo que hemos sostenido en diversas publicaciones así como en diversos foros en los que nuestras intervenciones se han centrado sobre “Gaza, el cerco informativo y el cerco de la justicia internacional”: desde octubre del 2023, el cerco informativo ha tendido a hacernos creer cosas que … se distancian cada vez más de las decisiones de la misma justicia internacional en contra de Israel y de sus dirigentes. Dicho en otras palabras, las aseveraciones según las cuales Israel sí actúa de conformidad con sus obligaciones jurídicas internacionales desde el 7 de octubre del 2023 en Gaza no resisten a un debate legal, ni logran convencer en lo más mínimo a los integrantes de jurisdicciones internacionales: remitimos, entre muchos otros textos sobre «Gaza, cerco informativo, cerco de la justicia internacional» a nuestros estimables lectores al título de esta conferencia impartida el 22 de octubre del 2025 (véase video), a solicitud del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Facultad de Derecho de la UCR, en el marco de su 50 aniversario.
El escrito nuestro remitido a la Asamblea Legislativa también hace hincapié en la existencia de cláusulas sobre derechos humanos en los acuerdos comerciales, tendientes a permitir su suspensión cuando se estime oportuno hacerlo por parte de los Estados Partes a estos instrumentos. Vincular el comercio y la situación de los derechos humanos es una tendencia observable en la práctica convencional, a la que no escapa ni el TLC entre Estados Unidos y América Central y República Dominicana, ni tampoco el Acuerdo de Asociación suscrito entre la UE y América Central.
Obligaciones internacionales en materia de derecho internacional humanitario y derechos humanos y libre comercio
A la fecha de hoy (25 de septiembre del 2026), el primer ministro israelí y su ex ministro de Defensa siguen siendo objeto de una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) siempre vigente (y ello desde noviembre del 2024), para que sean juzgados a título individual por crímenes de guerra cometidos en Gaza: los intentos tan reiterados (como desesperados) de Israel ante los mismos órganos de apelación de la CPI para restarle toda validez jurídica a estas órdenes de captura han fracasado una y otra vez.
El 24 de septiembre del 2026, el primer mnistro Israelí sufrió una nueva humillación al ver cómo salían apuradamente los delegados de casi toda la asamblea durante su intervención en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (véase video), con excepción de la delegación de Israel, de Estados Unidos y de unos pocos Estados más (véase nota de prensa). Se trata de un ejercicio ya observado en el 2025 en este mismo recinto: y es que nunca en la historia de Naciones Unidas un dirigente objeto de una orden de captura emitida por la justicia penal internacional por crímenes de guerra, había tenido la osadía de presentarse a esta tribuna. Luego de la humillación sufrida (maquillada por improperios lanzados contra los delegados salientes), el primer ministro salió de la sala y se reunió con el mandatario de Argentina (véase nota de prensa). Varios Estados de Oriente Medio reaccionaron para denunciar el discurso insultante del primer ministro de Israel: Irán, Turquía y Catar (véase intervenciones de sus delegados disponibles en este enlace).
A su vez, Israel (esta vez como Estado) enfrenta ante la CIJ un procedimiento contencioso iniciado por Sudáfrica desde el 30 de diciembre del 2023, con base en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948: una acción respaldada por Estados tan diversos como Belice, Bélgica, Brasil, Bolivia, Chile, Comoras, Cuba, Colombia, España, Honduras, Irlanda, Islandia, Libia, Maldivas, México, Namibia, Países Bajos o Turquía.
Nótese que el pasado 22 de septiembre, las nuevas autoridades de Colombia optaron por restarle su apoyo a la demanda de Sudáfrica, notificando el retiro de su solicitud de intervención (véanse el comunicado oficial de Colombia así como el comunicado oficial de la CIJ en francés e inglés): una decisión que no debe sorprender en la medida en que las nuevas autoridades de Colombia muestran un alineamiento total con Israel desde su misma toma oficial de posesión (Nota 1).
Esta reciente entrevista a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en el territorio palestino, la jurista italiana Francesca Albanese, da cuenta de la agravación de la situación y del insensato ensañamiento de Israel en contra de la población palestina, pese a estas decisiones de la justicia internacional de La Haya. Como se recordará, a inicios del 2026, la UCR otorgó el Doctorado Honoris Causa a esta valiente jurista italiana, objeto de una sostenida campaña de descalificación y difamación por parte de Israel y de su incondicional aliado norteamericano (Nota 2): sobre este otorgamiento de la máxima distinción académica a Francesca Albanese, véase al respecto esta nota del Semanario Universidad.
¿Qué relación podrán guardar estas decisiones de la justicia internacional contra Israel y sus dirigentes, con un TLC con Israel? No está de más recordar a algunos círculos políticos y económicos de Costa Rica sumamente entusiastas en comerciar a como dé lugar con Israel (así como a algunos colegas académicos igualmente entusiastas…) lo que hizo el Reino Unido en mayo del 2025 con las negociaciones que tenía con Israel de cara a suscribir un TLC: esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 se titula «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que, en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el mismo Parlamento británico (véase texto completo) que:
«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.
En el caso específico de Costa Rica, omitiremos toda referencia expresa a artículos y estudios sobre el alcance de la obligación jurídica internacional de «respetar y hacer respetar» el derecho internacional humanitario, contenida en el Artículo I común a los Convenios de Ginebra de 1949, así como en su Protocolo adicional de 1977: ello de manera a no causar mayor sonrojo al ya causado. La obligación de prevenir incluso violaciones al derecho internacional humanitario fue defendida por muchas entidades abocadas al derecho internacional humanitario, incluyendo la propia Comisión Costarricense de Derecho Internacional Humanitario en el 2026 (véase documento).
En esta guía que tiene más de 21 años, al haber sido aprobada en el 2005, la misma Unión Europea (UE) propone diversas medidas que pueden tomar los Estados al percatarse que se viola el derecho internacional humanitario en situaciones de conflicto.
Siempre con la misma idea de evitar mayor rubor al causado, dejaremos a nuestros estimables lectores y estudiantes o colegas, buscar por sí mismos el origen exacto de la siguiente regla 144 que se lee de la siguiente manera:
«Rule 144. States may not encourage violations of international humanitarian law by parties to an armed conflict. They must exert their influence, to the degree possible, to stop violations of international humanitarian law.»
Israel y la comunidad internacional: de mal en peor al tiempo que en Costa Rica, se registran situaciones únicas
En lo que va de este 2026, Israel ha ido acumulando una serie de pronunciamientos en su contra de diversos órganos de Naciones Unidas y de condenas por parte de diversos Estados en el mundo, por sus reiteradas exacciones en el territorio palestino ocupado.
Resulta de cierto interés “destacar” la omisión total de Costa Rica, cuya diplomacia pareciera enmudecida cuando se trata de condenar el accionar de Israel en Gaza, así como en Cisjordania y en Jerusalén Oriental.
Dicho sea de paso, el pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «PremioJerusalén» otorgado al titular costarricense de la cartera de relaciones internacionales (véanse el comunicado oficial y algunas reacciones disponibles en las redes sociales). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026: en el 2025, el actual presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (sic.) (véase nota oficial de prensa).
Usualmente los premios Jerusalén en América Latina vienen a premiar a profesionales de la comunicación, sea columnistas o periodistas: en el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalén» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). Siempre con respecto a Costa Rica, este mismo premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa).
Más allá de las celebraciones del aparato diplomático costarricense por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes del de Costa Rica, otro episodio sin precedente se vivió en el 2025 (siempre con relación a Israel): en efecto, en julio del 2025, se observó en Costa Rica al único mandatario en el mundo que, en el ejercicio de sus funciones, se mofó públicamente en una conferencia de prensa, del drama indecible que vive la población civil palestina en Gaza (véase nota del Semanario Universidad del 4 de julio del 2025, titulada “Chaves se mofa de críticas a Israel y anuncia intención de firmar TLC bilateral”). Estas declaraciones del mandatario costarricense provocaron una reacción indignada de un intelectual de ascendencia judía radicado en Europa, que reportó el 3 de julio del 2025 esta nota de La Nación titulada “Respuesta de Rodrigo Chaves sobre niños en Gaza y TLC con Israel desata fuerte reacción de filósofo judío”. Dicho sea de paso, es este mismo intelectual el que ha sido invitado a impartir una conferencia magistral sobre Gaza que organiza la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) de la UCR, este 24 de septiembre (véase volante) y video completo de la charla realizada).
Nótese que, en este mes de septiembre del 2026, por segundo año consecutivo, Estados Unidos negó la entrada a las máximas autoridades de Palestina para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas que inició este 22 de septiembre (véase nota de The Guardian). El 17 de septiembre, se adoptó en Naciones Unidas esta resolución sobre la participación de los delegados palestinos a la sesión anual de la Asamblea General, con 152 votos a favor y únicamente tres en contra: Estados Unidos, Israel y Paraguay. Se abstuvieron los siguientes cuatro Estados: Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Esta nota oficial de Naciones Unidas refiere al significado de esta votación en la que América Latina pareciera prestarse para satisfacer los caprichos de Israel y de Estados Unidos, violando este último las obligaciones jurídicas que derivan del acuerdo sede con Naciones Unidas suscrito en 1947. En el caso específico de Costa Rica, se registró una situación bastante insólita en esta votación con respecto a su delegación: optó por el «No Show» en la Asamblea General (ausencia de su representante justo en el momento de registrarse el voto), así como las siguientes delegaciones: Argentina, Bolivia y Haití (véase detalle de la votación). En el caso específico de Venezuela, cabe precisar que está impedida de votar, al no haber aún resuelto el pago de sus contribuciones atrasadas a Naciones Unidas (véase resolución de septiembre del 2026). Una de las pocas notas periodísticas sobre una delegación tan omisa como la costarricense en Naciones Unidas, fue publicada en el Semanario Universidad (véase nota).
Una América Latina tan solícita para no respaldar la plena participación de Palestina en Naciones Unidas en este 2026 tiene una explicación: las numerosas referencias a Israel y a las empresas israelíes de alta tecnología en esta entrevista publicada recientemente en Página12 sobre el escándalo del momento en la región latinoamericana (Cerimedo) son parte de ella.
Comunicación, Israel y el drama indecible que se vive en Gaza
Las modernas técnicas usadas por empresas israelíes en procesos electorales en América Latina nos recuerdan que, en materia de comunicación, Israel ha sabido dotarse de recursos muy efectivos.
Cabe recordar que de cara a la Asamblea General de Naciones Unidas del 2024, Israel logró desviar en buena parte la atención sobre la tragedia que se vive en Gaza, al proceder a la explosión simultánea de «beepers» en el Líbano (una operación ampliamente referida en medios de prensa acaecida entre el 17 y 18 de septiembre).
En el 2025, fue desde Estados Unidos que Israel anunció, con una campaña masiva de comunicación a nivel global, un supuesto «Plan de Paz» para Gaza finiquitado entre Estados Unidos e Israel (sin nunca consultar de previo a las autoridades palestinas) presentado oficialmente el 26 de septiembre del 2025, y cuyos alcances en su momento analizamos (Nota 3).
Estas reiteradas operaciones de comunicación de Israel y de Estados Unidos para desviar la atención del drama indecible que se vive en Gaza no son para nada nuevas. Se insertan dentro de una red informativa más extensa, que explica que el tratamiento de la información que circula sobre Israel y Gaza desde el 7 de octubre de 2023, haya sufrido un notable giro: al respecto, remitimos a un libro publicado en el 2025 en Francia por un reconocido especialista, titulado: «Permis de tuer. Gaza: génocide, négationnisme et Hasbara«(véase enlace). El capítulo 7 (páginas 113-137) sobre la denominada «Hasbara» está disponible en este enlacey su lectura es muy recomendada, al detallar los mecanismos y los relevos en salas de redacción, emisiones de radio y televisión galas con los que puede contar Israel en Francia. Recientemente, Israel decidió multiplicar por cinco el presupuesto asignado anualmente a la «Hasbara» (véase nota del 30 de abril del 2026 del TimesofIsrael), lo cual denota el esfuerzo de Israel por intentar convencer con una narrativa a su favor a muchos en el mundo.
Pese a este cerco informativo existente en Francia y en muchas otras partes del mundo tendiente a minimizar las exacciones de Israel en Gaza, y a descalificar la crítica a Israel, respaldado por el muy eficiente aparato de comunicación israelí conocido como «Hasbara» (Nota 4), quisiéramos referir a una nueva victoria estudiantil en un campus universitario europeo que nos es muy familiar, por haber ahí iniciado nuestros estudios universitarios: en efecto, en este mes de septiembre del 2026, finalmente el Instituto de Estudios Políticos (IEP) de Estrasburgo (Francia) suspendió un muy cuestionable (y cuestionado) «partenariat» que tenía vigente con la Universidad Reichman en Israel (véase nota de prensa).
En este artículo sobre la «Hasbara«, publicado este 23 de septiembre en el Jerusalem Post, el articulista concluye que:
«Otherwise, hasbara is little more than propaganda: a futile attempt to fill a vacuum created by the absence of policies that can be convincingly explained and defended«.
Gaza: datos recientes de un drama que llegará a tres años el próximo 7 de octubre
El pasado 2 de septiembre, la organización Amnistía Internacional hizo un llamado para que otros Estados además de Sudáfrica remitan a la CIJ observaciones y datos sobre el incumplimiento de Israel con respecto a lo que le ha ordenado la justicia internacional e informen de las acciones que han tomado para impedir el genocidio en curso (véase comunicado oficial). Con respecto a Costa Rica, sería de sumo interés conocer qué gestiones han realizado sus autoridades para prevenir el genocidio en curso en Gaza, una obligación jurídica que pesa sobre Costa Rica como sobre los otros 152 Estados Partes a esta convención.
El último informe de la situación en el territorio palestino ocupado realizado por Naciones Unidas (al 12 de septiembre del 2026) está disponible en este enlace, y se recomienda su lectura completa. En relación con Gaza, se lee que:
“The consequences of insecurity, repeated displacement and the destruction of homes are placing growing pressure particularly on women, many of whom are now the sole providers for their families. A new UN Women report assesses that households headed by women have doubled since October 2023, representing an estimated 86,000 households, nearly one in four families in Gaza. This includes widows and women whose husbands are missing, detained, severely injured, or forcibly disappeared, or whose fate just remains unknown. Households headed by women face greater hardship than male-headed households, including higher rates of inadequate shelter, housing damage, and displacement”.
En el penúltimo informe situacional (al 4 de septiembre del 2026), el texto iniciaba señalando que:
«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.
Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.
Asfixiar a más de dos millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo con sus familias a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza.
“Naza”: un documental muy pocamente publicitado en la prensa de Costa Rica
El 10 de septiembre del 2026, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial: véanse al respecto esta nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera.
Dada la muy escasa publicidad registrada en medios costarricenses con respecto a este documental producido desde Israel por comunicadores israelíes, remitimos también a esta otra nota de CNN y esta otra de France24: la conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla de manera integral.
El documental “Naza”, como previsible, provocó las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie, salvo a algunas salas de redacción en Estados Unidos y en algunos otros Estados, así como a algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional: véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre del 2026.
Otra reacción iracunda en contra de la prensa israelí de investigación, al revelar algunos de los secretos mejores guardados del actual primer ministro israelí (y de su homólogo que gobierna en Emiratos Árabes Unidos), se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:
«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».
¿Ignoraban acaso las autoridades israelíes de un ataque inminente del Hamás para los primeros días de octubre del 2023? Es una de las grandes preguntas que desde diciembre del 2023 el mismo título de este reportaje del New York Times contestó, y que viene a reconfirmar el reciente hallazgo de los periodistas de Haaretz. Un documental realizado en Francia titulado “Les guetteuses du 7 octobre” (véase enlace) presentado en el 2025 puso en evidencia que, dentro del mismo ejército israelí, se informó de entrenamientos y movimientos inusuales de integrantes del Hamás pocas semanas antes del 7 de octubre del 2023: el título de esta nota de la prensa en Bélgica sobre este documental galo así lo evidencia.
Sobre la recientes revelaciones de Haaretz, este análisis difundido en Estados Unidos por el medio digital Zeteo, permite entender mejor la extraña estrategia seguida por la oficina del primer ministro de Israel.
Este conjunto de indicios (advertencias recibidas desde Egipto y desde Emiratos Árabes Unidos, alertas enviadas desde los servicios secretos israelíes y centinelas del mismo ejército israelí) permite mucho mejor comprender por qué el actual primer ministro israelí ha hecho hasta lo imposible con sus aliados extremistas en la Knesset para que no se cree una comisión de investigación independiente en Israel, que pueda investigar a profundidad las circunstancias exactas en las que tuvo lugar el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre del 2023.
A modo de conclusión
El 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional y en la prensa costarricense (véase texto completo), se puede leer que:
«The remains of what appears to be entire families are now being unearthed at locations that were pulverized by Israeli attacks. It is heartbreaking that the loved ones of those missing for so long are only now having their worst fears confirmed,” said the High Commissioner.
“I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble.”
Más allá de las extrañas omisiones que se registran en algunas agencias de prensa internacional y en los medios de prensa nacionales en Costa Rica cuando se trata de informar sobre los graves cuestionamientos hechos a Israel, es de notar que recientemente, una solicitud para que compareciera ante la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Cónsul Honoraria de Palestina, Wajiha Sasa Marín, así como otras personas y entidades, incluido el autor de estas líneas, fue rechazada (véase nota del Semanario Universidad del 20 de agosto titulada “Comisión de Relaciones Internacionales rechaza escuchar a Embajadora de Israel y a Cónsul de Palestina sobre TLC”).
Con respecto a la Cónsul Honoraria de Palestina en Costa Rica, cabe añadir que el pasado 17 de septiembre, fue publicado un comunicado conjunto suscrito por un numeroso grupo de intelectuales y de artistas costarricenses titulado “El arte no censura: dialoga” en contra de una decisión de una reconocida entidad educativa, que le prohibió ingresar a su recinto para participar en un foro sobre Gaza (véase texto publicado en el Semanario Universidad). Las «razones administrativas» invocadas por este centro educativo icónico para varias generaciones de artistas costarricenses, dieron pie para este artículo de opinión publicado en el medio digital Delfino.cr, titulado “El Castella y la caracterización moral”, cuya lectura completa se recomienda.
Cercenar una y otra vez los espacios de participación a los representantes de Palestina y a los activistas en favor de los derechos del pueblo palestino no constituye mayor novedad, con la justificada indignación causada, en particular en el caso del precitado centro educativo costarricense.
Ahora bien, al tener la Asamblea Legislativa la responsabilidad de decidir si este TLC con Israel le conviene a Costa Rica o no le conviene tanto, resultará de sumo interés observar cuáles han sido las entidades llamadas a comparecer ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa: por el momento, únicamente han sido invitados a comparecer PROCOMER (3 de septiembre), los jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y de COMEX (10 de septiembre, cuya comparecencia fue reprogramada para octubre) y el MICITT (prevista el próximo 24 de septiembre).
– – Notas – –
Nota 1: Véase al respecto BOEGLIN N., «Algunas interrogantes con respecto al reciente reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán (territorio sirio ocupado)», 25 de agosto del 2026. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 2: Véase al respecto este comunicado de febrero del 2026 de Amnistía Internacional denunciando el burdo montaje a partir del cual Austria, Francia y República Checa pidieron sanciones contra Francesca Albanese. El 12 de febrero del 2026, un colectivo de juristas franceses presentó una demanda contra las autoridades francesas (véase comunicado del 12 de febrero) y emplazó al Secretario General de Naciones Unidas ante una condena por parte de Francia a la persona de Francesca Albanese (condena hecha con base en un montaje bastante burdo y grosero que al parecer no detectó el jefe de la diplomacia de Francia, lo cual plantea algunas interrogantes sobre su capacidad de lectura y la de su equipo de asesores): véase al respecto la carta del presidente de la ONG francesa JURDI con fecha del 20 de febrero del 2026 con dos anexos que evidencian la maniobra de la que fue víctima Francesca Albanese. Se recomienda leer el texto de la misma Francesca Albanese publicado en Le Monde Diplomatique (número de marzo 2026), titulado «Réponse a mes détracteurs» y (cuyo texto integral esta disponible desde el 1 ero de abril del 2026).
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el denominado «Plan de Paz» de Estados Unidos e Israel a la luz del derecho internacional público, analizado desde Costa Rica»),1ero de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.
Nota 4: La palabra hebrea Hasbara designa un conjunto de redes que, desde la diplomacia israelí, buscan orientar a la opinión pública, en procura de obtener una percepción siempre positiva en el exterior de Israel. De manera muy precisa, una publicación disponible en línea titulada «Israel´s Hasbara Toolkit» (75 páginas, editada en el Reino Unido) detalla el abanico de juegos semánticos a aplicar: los especialistas en derecho internacional reconocerán con gran facilidad el juego semántico que se ha aplicado a su disciplina en innumerables artículos y columnas publicadas en Costa Rica, así como en muchas otras partes del mundo, desde el 7 de octubre 2023 (pp. 56-58). En relación con los recursos asignados a la Hasbara, esta nota del medio israelí, TimesofIsrael, del 29 de diciembre de 2024, detalla que: «Under the new budget, the Foreign Ministry will receive $150 million, on top of what it gets for its existing activities, for what’s officially known as public diplomacy, or hasbara in Hebrew. That sum is more than 20 times what such efforts have typically been allotted in past years«.
Solicitó información sobre notificación de arrestos, visitas consulares y atención a personas en situación de vulnerabilidad ante procesos de deportación derivada de la privación de libertad y de la eventual separación de su entorno familiar y comunitario.
La Defensoría de los Habitantes solicitó información al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para conocer los mecanismos institucionales que garantizan la asistencia consular a personas costarricenses privadas de libertad en Estados Unidos, particularmente aquellas sometidas a procedimientos migratorios que podrían derivar en su deportación.
La consulta se enmarca en las competencias de la Defensoría como Institución Nacional de Derechos Humanos y responde a la relevancia del derecho a la asistencia consular, reconocido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-16/99, que establece obligaciones estatales para informar a las personas detenidas sobre este derecho y garantizar la comunicación con sus autoridades consulares.
La asistencia consular reviste particular importancia para el acceso a la información, la comunicación con las autoridades del país de origen y la protección de las garantías procesales.
La consulta abarca tres puntos fundamentales:
Notificación de detenciones: Si el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe información sistemática de las autoridades estadounidenses o a solicitud expresa de la persona detenida, sus familiares o por intervención de autoridades consulares, sobre arrestos de costarricenses en procesos de deportación, y si existen protocolos o convenios de coordinación para ello.
Alcance de la asistencia consular: Qué acciones realizan los consulados —visitas, entrevistas privadas, orientación jurídica— y qué mecanismos existen para identificar a personas en situación de especial vulnerabilidad, como personas menores de edad dependientes, personas adultas mayores, mujeres en condición de embarazo o personas con necesidades médicas.
Además, consulta sobre las medidas que se adoptan para garantizar que las personas costarricenses detenidas conozcan su derecho a solicitar asistencia consular y puedan comunicarse efectivamente con las autoridades consulares, así como si hay orientación sobre los procedimientos migratorios, los recursos disponibles y las garantías procesales aplicables, dentro del ámbito de las competencias consulares.
Protección y seguimiento: Cómo se verifican las condiciones de detención, la coordinación con familiares en Costa Rica y las dificultades operativas y desafíos institucionales identificados para garantizar el acceso efectivo y oportuno a la asistencia consular en estos casos.
Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad, ante los recientes ataques y cuestionamientos dirigidos contra este medio de comunicación de la Universidad de Costa Rica.
No se trata solamente de defender a un periódico universitario. Se trata de defender el derecho de una sociedad democrática a contar con medios capaces de investigar, cuestionar y fiscalizar al poder, incluso cuando aquello que publican resulta incómodo para quienes gobiernan, para grupos empresariales, para instituciones y para cualquier otro sector con capacidad de influencia.
El reciente ataque contra el Semanario Universidad, presentado bajo argumentos de eficiencia presupuestaria y cuestionamientos a su línea editorial, no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una campaña de desprestigio que, desde sectores conservadores y fascistas, ha acompañado históricamente a este medio y a la propia Universidad de Costa Rica cada vez que sus espacios de pensamiento, investigación y comunicación han cuestionado intereses establecidos.
La historia del Semanario Universidad está precisamente vinculada con la defensa de la libertad de pensamiento y de expresión. Su existencia responde a una tradición universitaria que entiende que la Universidad Pública no está llamada a repetir el discurso de quienes ejercen el poder, sino a producir conocimiento, abrir espacios de discusión y contribuir a que la sociedad pueda conocer y debatir aquello que otros preferirían mantener fuera de la discusión pública.
Por eso resulta particularmente grave que se pretenda deslegitimar al Semanario mediante el señalamiento de los recursos destinados a sus salarios. La discusión sobre los recursos públicos puede y debe darse. Las instituciones públicas deben rendir cuentas y mejorar permanentemente su funcionamiento. Pero una cosa es discutir legítimamente el uso de los recursos y otra muy distinta es utilizar el costo de una planilla como mecanismo para descalificar el contenido de un medio, cuestionar su existencia o sugerir que sus periodistas deberían abandonar la universidad pública porque sus posiciones críticas resultan incómodas.
El Semanario Universidad ha sido durante décadas un espacio para la expresión de múltiples voces de la sociedad costarricense. Ha dado cabida a sectores sociales, comunidades, organizaciones, personas investigadoras, trabajadores, movimientos sociales y personas defensoras de derechos que muchas veces encuentran dificultades para acceder a otros espacios de comunicación.
También ha demostrado que su función crítica no significa responder a un partido político, a un grupo empresarial ni siquiera a las propias autoridades universitarias. Su valor reside, precisamente, en conservar la capacidad de cuestionar a distintos poderes, incluida la propia Universidad de Costa Rica.
Esa independencia es un valor democrático, no un defecto.
Nuestra solidaridad tampoco se limita al Semanario Universidad. Nos preocupa el ambiente cada vez más hostil que enfrentan periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales, personas creadoras de contenido, influencers, activistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y ambientales que ejercen públicamente su derecho a cuestionar las decisiones del poder.
Estamos observando un fenómeno que merece atención: quienes tienen capacidad de comunicar, investigar, denunciar o construir una narrativa diferente a la oficial están siendo objeto de descalificaciones, señalamientos y campañas de desprestigio. La crítica es presentada como enemistad. La denuncia es presentada como conspiración. La investigación periodística es presentada como ataque político. La discrepancia es convertida en sospecha.
Esto constituye un riesgo para la democracia. Una sociedad democrática no puede reducirse a votar cada cuatro años. También necesita instituciones independientes, prensa crítica, organizaciones sociales, universidades públicas, personas activistas y ciudadanía capaz de expresar desacuerdos sin temor a ser perseguidas o estigmatizadas.
Nos preocupa, además, el debilitamiento progresivo de distintos espacios institucionales y sociales que históricamente han funcionado como contrapesos del poder.
La presión sobre las instituciones públicas, el debilitamiento presupuestario de servicios esenciales, los cuestionamientos constantes a derechos adquiridos, las amenazas sobre la seguridad social, los ataques contra quienes fiscalizan al poder y la utilización creciente de la confrontación política como mecanismo para disciplinar la disidencia configuran un escenario que no podemos normalizar.
No afirmamos que todas estas situaciones sean idénticas ni que respondan necesariamente a una única causa. Pero sí consideramos necesario observar el patrón que se produce cuando distintos poderes y voces sociales comienzan a ser desacreditados por el simple hecho de cuestionar al gobierno o a grupos con poder.
Cada episodio puede parecer aislado. El problema aparece cuando se acumulan. Y cuando la crítica comienza a ser presentada sistemáticamente como una amenaza, la sociedad debe preguntarse qué está ocurriendo con su democracia.
La sociedad y la democracia necesita voces incómodas. El Semanario Universidad representa también una de las funciones esenciales de la Universidad de Costa Rica: poner el conocimiento al servicio de la sociedad.
La Universidad Pública no puede ser solamente un lugar donde se forman profesionales. Es también un espacio de pensamiento crítico, investigación, acción social, debate y comunicación pública.
Una universidad que solamente habla cuando sus autoridades están de acuerdo con lo que se dice deja de cumplir una parte fundamental de su función social.
El Semanario Universidad ha incomodado por igual a todos los gobiernos y autoridades universitarias, porque fiscalizar su accionar no es algo a lo que una empresa, una junta directiva o una autoridad quiera estar sometida. Mucho menos cuando ese escrutinio social y mediático proviene de un medio de servicio público, con independencia editorial y una mirada crítica sobre el ejercicio del poder.
Por eso defendemos el derecho del Semanario Universidad a equivocarse, a ser cuestionado, a mejorar y a recibir críticas.
Defender al Semanario no significa considerar infalible todo lo que publica. Significa defender su derecho a publicar, investigar y ejercer el periodismo sin que su existencia sea amenazada por el contenido de sus informaciones.
La crítica al periodismo se responde con más periodismo. La crítica a una investigación se responde con argumentos y evidencia. El desacuerdo editorial se responde con debate. No con campañas de intimidación o desprestigio.
Las organizaciones y personas abajo firmantes consideramos que guardar silencio frente a estos acontecimientos solamente contribuye a normalizar un clima en el que cada vez resulta más difícil disentir.
Por eso expresamos nuestra solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores del Semanario Universidad y con todas las personas comunicadoras, periodistas, creadoras de contenido, activistas y defensoras de derechos humanos y ambientales que han enfrentado situaciones similares.
Reconocemos el trabajo realizado durante décadas por el Semanario y, particularmente, el esfuerzo cotidiano de sus periodistas y trabajadores por investigar, preguntar, contrastar fuentes y mantener abierta una ventana para las voces que no siempre encuentran espacio en otros medios.
Sabemos que todo medio de comunicación puede mejorar. También sabemos que ningún medio está por encima de la crítica. Pero precisamente por eso defendemos su existencia: porque una democracia necesita espacios donde distintas posiciones puedan expresarse, confrontarse y ser fiscalizadas públicamente.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, comunidades, periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general a no permanecer indiferentes ante cualquier intento de reducir los espacios para la crítica y la disidencia.
Defender la prensa crítica es defender el derecho de la sociedad a saber.
Defender a quienes disienten es defender la democracia.
Y hoy, frente a cualquier intento de silenciar, disciplinar o intimidar las voces críticas, consideramos necesario decirlo con claridad: No nos vamos a quedar callados.
La lista de personas que firman en representación o con afiliación a organizaciones, instituciones o a título personal se puede ver en el mismo formulario o bien en el PDF que compartimos mediante el siguiente enlace:
Las relaciones diplomáticas que Costa Rica inició a mediados del siglo XIX fueron importantes en dos direcciones. Durante la colonia española era España la que asumía la representación de todas las tierras y virreinatos que tenía. Durante la República Federal era la República Federal la que tenía la representación formal de todas las repúblicas centroamericanas.
En una enciclopedia publicada a mediados del siglo XIX Costa Rica no aparece como país o Estado independiente, que ya lo era de España, sino que aparece dentro de la descripción y relato que se hace de la República Federal Centroamericana, en la que se menciona brevemente como un Estado de la Federación. Como ha de ocurrir con los estados que conforman la Unión Americana, a los estados de la República Mexicana, a los estados de la República Bolivariana de Venezuela, a los estados de Brasil o cualquier otro país que tenga un sistema de República Federal, donde los órganos federales son los que mantienen esa representación diplomática de toda la región.
A mediados del siglo XIX empezaron a reconocernos como país independiente y soberano, tomando sus propias decisiones, después de declarada la Independencia con España y luego de disuelta la República Federal de Centroamérica, concepto con el que todavía se veía a toda la región de Centroamérica, y a Costa Rica, hasta que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. A partir de los gobiernos de Juan Rafael Mora Porras fue más intenso ese reconocimiento internacional y poco a poco fuimos ampliando nuestros horizontes diplomáticos, hoy mezclados con énfasis en la perspectiva de nuestras relaciones comerciales de exportaciones e importaciones.
Al mismo tiempo que nos reconocían también nosotros reconocíamos a otros países, con sus Estados y gobiernos, de igual a igual, sin importar idiomas, tamaños o sistemas políticos. Era una manera de “nacer” al mundo, a las relaciones internacionales en un plano de igualdad y de respeto al ordenamiento interior de quienes querían relacionarse con nosotros, que de igual, mantenían ese respeto hacia nosotros.
Se puede entender que de igual manera, desde aquellos tiempos, las potencias políticas, económicas y militares se volcaban en esas relaciones enfatizando en sus respectivos intereses sobre los países con los cuales querían establecer esas relaciones. Así, por ejemplo, Francia e Inglaterra pusieron énfasis en el proceso de independencia latinoamericano, facilitando dinero a la causa de la Independencia, si eso contribuía a debilitar el sistema colonial español. Así, operaban esos países en otros continentes.
Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias españolas que a finales del siglo XIX se debatían en esa guerra anticolonial, independentista. La guerra hispano americana, de 1898-1903, fue el marco de ese proceso en el continente. Resultado de ella Estados Unidos contribuyó a “inventar”, o crear un país, o una región que se había independizado de España en 1821, que se había agregado a la Gran Colombia, que había tenido en el siglo XIX una intensa historia de anexión y separación con Colombia, donde se habían afincado los intereses franceses y estadounidenses alrededor de la construcción del canal interoceánico, para separar a Panamá en 1903 como nación sometida a Estados Unidos y partida en dos con la construcción del Canal que se terminó en 1913. En ese mismo período Estados Unidos también se metió en la región de Maracaibo, en Venezuela.
En Cuba pasaba algo similar. La lucha por la Independencia era intensa. Martí y los próceres cubanos recibían apoyo en todo el continente, incluso en Costa Rica. Bajo el gobierno de Rafael Yglesias Castro, 1894-1902, Martí visitó dos veces Costa Rica. Recibió el apoyo correspondiente y se llevó a Maceo que estaba en Costa Rica. Poquito tiempo después de su segundo viaje a Costa Rica, Martí cayó en combate. Estados Unidos logró imponerse en el proceso de la lucha independentista, con la Enmienda Platt, una reforma constitucional que impuso, que estableció la llamada República Platista, por un breve período, con la que se robaron el territorio de Guantánamo, donde desde aquella época establecieron un enclave militar, que es hoy el centro de torturas más especializado del mundo, con los detenidos que allí llevan de distintas guerras que sostiene Estados Unidos.
Estados Unidos con sus políticas injerencistas e imperialistas impuso en la región centroamericana, gobiernos, controló asambleas legislativas y poderes judiciales. Les dio apellido a las repúblicas centroamericanas, banana republics, por el peso que la United Fruit Company tenía en los países centroamericanos. En los poderes ejecutivos mantuvo militares gobernando, dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios. Costa Rica fue la excepción donde no pudieron actuar como lo hacían en el resto de Centroamérica o el Caribe.
El siglo XX en su desenvolvimiento político, en América Latina, tuvo sus altibajos desde el punto de vista gubernativo. En correspondencia con la situación internacional, especialmente a partir de la I Guerra Mundial, y el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con el surgimiento y desarrollo de movimientos socialistas y comunistas, el “ogro del comunismo” apareció sostenido por las políticas y organizaciones anticomunistas que se crearon a niveles nacionales de los países y a nivel internacional y latinoamericano. Se suspendió el anticomunismo cuando la URSS se convirtió en el principal baluarte de lucha contra el fascismo, que había iniciado la II Guerra Mundial en 1939, el que fue derrotado en 1945. Estados Unidos entró a esa guerra en 1942. Resultado del triunfo antifascista fue el surgimiento de una Europa con más países en tránsito hacia el socialismo, que impuso al término de la guerra la ruptura de los aliados antifascistas para dar inicio a un nuevo período de lucha internacional anticomunista, que se mantuvo bajo el alero de la llamada Guerra Fría, desde 1945 hasta 1991. En todos esos años más países abrazaron la causa de la construcción socialista, no capitalista, destacando en ese proceso países asiáticos como las actuales Repúblicas Populares de China, de Vietnam y de Corea del Norte, que se mantienen como baluartes de ese proceso histórico.
La URSS y las llamadas repúblicas socialistas europeas, agrupadas a su alrededor, colapsaron entre 1985 y 1991, desintegrándose el llamado Mundo Socialista.
Estados Unidos emergió como la superpotencia de estos últimos 35 años, hasta que la República Popular China, sin abandonar sus principios socialistas comunistas avanza poderosamente para convertirse en la principal potencia económica hacia la década del 2030.
De nuevo se ha atizado el anticomunismo mundial. Las guerras imperialistas se han intensificado. Estados Unidos sigue siendo el adalid de estos conflictos, con una presencia militar en el mundo de casi 1000 bases distribuidas en los distintos continentes. Hoy incluso amenazando con invadir regiones, amplios territorios y hasta países constituidos, con el propósito de controlar las materias primas estratégicas, especialmente petróleo, gas y las llamadas tierras raras, ricas en componentes mineralógicos para las nuevas industrias y altas tecnología, incluidas las militares.
Geopolíticamente impone controles. Estados Unidos se ha levantado como un demiurgo moderno, como una divinidad política, en ánimo de ordenar el comportamiento político de los países y de construir un universo propio y dominado, de conformidad a las políticas, directrices y lineamientos que dicte Washington, y su presidente Donald Trump. Los conceptos de la Gran América, del Escudo paramilitar y geopolítico que ha montado sobre Centroamérica y el Caribe, tiene su punta extrema en el Protectorado político económico que ha impuesto en Venezuela.
Los cambios operados en la dinámica política continental latinoamericana han contribuido en esta dirección. Gobiernos proclives al autoritarismo político, al anticomunismo como discurso, enmarañados en las políticas económicas neoliberales han florecido.
Movimientos políticos socialdemócratas, socialcristianos, socialistas de distinto tipo, populistas de izquierda no han satisfecho plenamente las necesidades sociales, económicas y políticas de los pueblos, lo que ha provocado que los péndulos políticos se hayan movido hacia los líderes carismáticos, autoritarios, personalistas, que no tienen partidos políticos propios, ni los encarnan como grandes líderes sin valores doctrinarios o políticos claramente definidos, que rechazan todo lo que signifique el ejercicio político anterior a ellos, y que su único valor ideológico es presentarse como nuevos mesías políticos, sometidos a los dictámenes de las políticas que impulsa Washington en el continente, con capacidad autoritaria de dominar, reprimir y explotar en todo sentido a los pueblos y trabajadores, como se está haciendo.
En toda esta dinámica, Cuba floreció heroica, en la segunda mitad del siglo XX, levantándose contra la dictadura de Batista, impulsando un modelo político revolucionario de tipo socialista, lo que provocó la ira y la preocupación de Washington por el ejemplo que de ella emanaba. Por poco más de 65 años Estados Unidos ha mantenido un bloqueo económico criminal contra Cuba. Impuso durante casi 50 años una ruptura diplomática, de aislamiento político, de los países latinoamericanos, que poco a poco lo fueron de nuevo superando. Parte de ese aislamiento fue la expulsión que se hizo de Cuba de la OEA hasta que de nuevo en este siglo la OEA la invitó a reintegrarse, lo que Cuba no ha admitido. En todo ese proceso solo México, como país realmente independiente y soberano, mantuvo las relaciones diplomáticas con la Cuba Revolucionaria y Socialista. No aceptó la ruptura de relaciones que impuso la OEA. Las razones de la época era el sistema político de Cuba, el socialismo que iniciaba. Las razones posteriores el carácter de su gobierno socialista, que tiene un régimen electoral distinto al de los países latinoamericanos, que ha permitido acusarla de régimen dictatorial no democrático.
Lo más paradójico de esto es que quienes acusaban eran dictadores, tiranos y gobiernos autoritarios, represores y conculcadores de libertades y derechos ciudadanos.
Con todas las dictaduras, tiranías, satrapías, gobiernos autoritarios y violadores de los derechos humanos del continente, y de otros continentes, Costa Rica ha mantenido relaciones diplomáticas.
Mantiene relaciones diplomáticas con gobiernos de países hoy considerados genocidas, violadores de derechos humanos, como Israel.
De la manera más servil, más vulgar, de falta de dignidad, el gobierno de Laura Fernández Delgado ha decidido romper relaciones diplomáticas con Cuba, considerando que es una dictadura, sin estimar que la situación brutal que tiene el pueblo cubano es resultado del bloqueo político, comercial y económico que Estados Unidos ha impuesto y mantiene sobre Cuba. Sin estimar también que en Cuba hay ahora un proceso electoral que establece que el presidente no puede ejercer más de dos gobiernos seguidos, y que esa política se estableció bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz, que él mismo la cumplió, mientras aquí en Costa Rica hay diputados de gobierno, y la misma presidenta que están tratando de modificar la Constitución Política para que el presidente Rodrigo Chaves pueda volver a gobernar y para que el presidente pueda reelegirse.
Lo más gracioso de esta pose servil es que el gobierno de Chaves, como el de Laura, se han sometido a romper comercialmente con la República Popular China, cuando Estados Unidos negocia constantemente con la China comunista sus reglas de comercio y hasta de materias primas.
Cuando Estados Unidos impuso romper relaciones diplomáticas con Cuba, Costa Rica se mantuvo como el más servil de los países de América en ese sentido. Fue el penúltimo en volverlas a establecer frágilmente, en el 2008, unos meses después lo hizo Estados Unidos. Desastroso hubiera sido que Costa Rica estableciera relaciones con Cuba después de Estados Unidos.
El gobierno de Costa Rica ha dispuesto acatar el mandato de Washington sin que Estados Unidos rompa las relaciones diplomáticas que estableció el presidente Barack Obama, que en esa condición fue a abrir la Embajada de Estados Unidos a Cuba. Eso es servilismo político puro. Es bajar la testuz y dejar al país sin dignidad, sin la frente en alto, es aceptar que le pongan yugo, como Trump hace con sus bueyes políticos en el continente.
Así es como nos están reconociendo en el contexto de las relaciones internacionales y diplomáticas de Costa Rica, con una presidenta enyugada, yugo que alcanza para la pareja copresidencial.
Hay que reconocer que el presidente Trump hace un buen boyeo. Tiene arte, técnica y capacidad para guiar, amansar y trabajar con bueyes políticos. ¿Estará Trump montado en la carreta típica costarricense?
¿Cuánto puede pesar ese sometimiento político, de la presidenta, para que no afecte a la candidata costarricense a dirigir la ONU, que se requiere alta diplomacia, relaciones con todos los miembros de la ONU, y garantías políticas de actuación plenamente independiente, cuando en el caso de esta costarricense, que mérito tiene para ese alto cargo, es judía, en medio del conflicto internacional donde está altamente involucrado Israel?
¿Aceptará la enyugada presidenta retirar a Costa Rica de la Corte Penal Internacional, como la ha pedido en la ONU el presidente Trump?
Hay presidentes que les gusta salirse, cuando no los controlan, de organismos o instancias judiciales.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-CAP-IAD-00004-2026, del 24 de setiembre de 2026, sobre la gestión del Consejo Superior de Educación (CSE) para ejercer la dirección general de la enseñanza oficial. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2026. La CGR aclara que no evaluó el contenido ni la pertinencia de las políticas educativas aprobadas, sino la forma en que el Consejo ejerce su función.
La CGR concluye que la gestión del Consejo, así como sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, presentan un incumplimiento generalizado en aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable. Según el informe, las deficiencias limitan su capacidad para orientar de manera proactiva el sistema educativo y para transparentar ante la ciudadanía los resultados de su gestión, con incidencia en un servicio esencial para la niñez y la adolescencia.
Qué es y qué decide el Consejo
El CSE es un órgano de relevancia constitucional encargado de la dirección general de la enseñanza oficial. Lo preside la persona titular del Ministerio de Educación Pública (MEP). Lo integran también dos exministros o exministras de Educación, una persona nombrada por el Consejo Nacional de Rectores, representantes docentes de los distintos ciclos, una persona designada por las organizaciones de educadores, una por la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven y una por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.
Entre sus competencias están aprobar los planes de desarrollo de la educación pública; las modalidades, escuelas y proyectos innovadores; los planes de estudio, programas y reglamentos; el sistema de promoción y graduación; la equivalencia de títulos y estudios extranjeros, y la política de infraestructura y los planes para el desarrollo docente. Esto incluye, por ejemplo, los programas de Matemáticas, Ciencias o Cívica, el calendario escolar, la creación de colegios científicos, artísticos o técnicos y los requisitos de graduación. Las propuestas pasan primero por sus comisiones de Planes y Programas y de Leyes y Reglamentos.
Principales resultados
Falta de conducción estratégica y de trazabilidad en las decisiones. La CGR señala que el Consejo no ha definido una visión de mediano y largo plazo, ni objetivos y metas propias que orienten su gestión. Su trabajo se concentra principalmente en atender las propuestas remitidas por el MEP, sin una agenda estratégica propia. Según los datos clave del informe, se analizaron 144 sesiones del Consejo sin que existiera una hoja de ruta que orientara la dirección de la enseñanza.
Además, los dictámenes de las comisiones carecen de estándares documentales mínimos. En la revisión de expedientes de propuestas aprobadas en 2024 y 2025, la CGR encontró que cuatro de seis (67%) no contaban con un informe técnico que sustentara la propuesta. La conformación de los expedientes depende de la discrecionalidad del personal técnico asignado o de las personas integrantes de cada comisión.
Falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El Consejo no cuenta con ningún informe anual formal de rendición de cuentas sobre los resultados de su gestión. Aunque publica las actas de sus sesiones, la información permanece dispersa en actas y correspondencia. Tampoco existen mecanismos para divulgar el trabajo de sus comisiones, que es donde se analizan y dictaminan las propuestas.
Según el informe, el Consejo respondió mediante el oficio CARTA-CSE-SG-770-2026, del 18 de setiembre, que recientemente puso en marcha herramientas de control y bases de datos para el seguimiento de sus acuerdos, consultas y proyectos.
Lo que ordena la Contraloría
La CGR dispuso tres acciones de acatamiento obligatorio para el Consejo:
Instrumentos de control para la orientación estratégica del Consejo, que incluyan su visión estratégica y vinculen objetivos y metas con los recursos requeridos. Deberá acreditar su oficialización a más tardar el 31 de mayo de 2027 y presentar un informe de avance el 30 de noviembre de 2027.
Regulaciones internas que promuevan la independencia de criterio y la objetividad en las decisiones de sus miembros, con prioridad en la gestión de conflictos de interés y la mitigación de presiones externas. Plazo para acreditar su oficialización: 30 de julio de 2027, con informes de avance el 15 de diciembre de 2027 y el 31 de marzo de 2028.
Regulaciones internas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, que incluyan un informe de rendición de cuentas basado en resultados. Plazo para acreditar su oficialización: 31 de agosto de 2027, con informes de avance el 15 de diciembre de 2027 y el 29 de abril de 2028.
La CGR recuerda que el incumplimiento injustificado de estas disposiciones es causal de responsabilidad.
