Tras el lanzamiento del manifiesto colectivo sobre los servicios públicos, y el evento «Enough is enough: El futuro es público», celebrado el 26 de octubre, queremos invitarte a un taller global para elaborar estrategias conjuntas de campaña, defensa y acción sobre los servicios públicos, ese se realizará el próximo 30 de noviembre del 2021 a las 10:00 am (Buenos Aires).
Este taller se basará en la reunión estratégica mundial de la sociedad civil del año pasado y en los talleres regionales, como el que organizamos conjuntamente en América Latina. Esperamos concluir el taller con ideas concretas para la acción conjunta en diferentes niveles, desde el local hasta el global.
Este será un evento cerrado entre aliadxs que están comprometidxs a responder a los desafíos planteados por las tendencias de privatización y financiarización y a movilizarse por los servicios públicos. Por favor, no dude en invitar a otrxs aliadxs de confianza que compartan estos valores.
Estamos muy contentxs de que el manifiesto ya haya sido respaldado por más de 150 organizaciones, y esperamos recibir muchas más firmas en los próximos meses. Por favor, no dude en compartir el manifiesto con cualquier aliadx: Manifiesto global – El futuro es público.
Este taller está organizado conjuntamente por Ayuda en Acción, el Centro de África Oriental para los Derechos Humanos (EACHRights), la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), la Iniciativa para los Derechos Sociales y Económicos (ISER), Oxfam, la Sociedad para el Desarrollo Internacional (SID), la Internacional de Servicios Públicos (PSI) y el Instituto Transnacional (TNI).
Habrá interpretación simultánea para español, francés e inglés.
La Red de Mujeres Rurales, Tinamaste, Pr Economía Solidaria y Feminismo, Coordinadora de Lucha contra los Feminicidios y la Impunidad, invitan este martes 23 de noviembre, a las 5:00 p.m a unirse por medio de Google Meet con el enlace meet.google.com/dnk-jnkk-peo por la lucha de los derechos de las mujeres indígenas ante la violencia racista, patriarcal y neoliberal.
El programa Voces y Política invita este miércoles 24 de noviembre a las 5:00 pm a conversar sobre “Coyuntura Electoral y Caso Diamante.”
Puede participar por medio de las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233. También puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM.
Por Montserrat Sagot, directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)
La violencia contra las mujeres ha sido identificada como un problema social de grandes dimensiones que emerge de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad de género en sus intersecciones con otras categorías como la clase social, la edad, la etnicidad, la localización geográfica y la sexualidad. Es también una manifestación extrema de la discriminación, una violación a los derechos humanos, un problema de salud pública, de seguridad ciudadana y un instrumento letal para mantener la subordinación de las mujeres y de otros cuerpos feminizados.
De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, esta forma de violencia debe ser entendida como “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” e incluye “cualquier acción o conducta, basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Desde inicios de la década de los años 80 del siglo XX la violencia contra las mujeres fue identificada por el movimiento feminista como uno de los principales problemas sociales que afectan a las mujeres y las niñas de la región. En 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que tuvo lugar en Bogotá, el 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La fecha fue escogida en conmemoración del asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo.
Al escoger esa fecha, las feministas reunidas en Bogotá quisieron resaltar la noción de que la violencia contra las mujeres involucra una combinación de actos violentos cometidos en la vida cotidiana y en el contexto de las relaciones interpersonales, como la violencia de pareja o intrafamiliar, y también crímenes sistémicos promovidos por la existencia de jerarquías sociales, así como por estados represivos y autoritarios. En ese sentido, esta forma de violencia se definió como una expresión dramática de la desigualdad entre lo femenino y lo masculino, que ocurre tanto en la esfera pública como en la privada, y que puede implicar a los Estados (directa o indirectamente), así como a perpetradores individuales o colectivos (privados o institucionales).
Si bien esta violencia es un fenómeno universal e histórico, hay ciertos contextos que propician las condiciones para un aumento de sus manifestaciones. En contextos de crisis y emergencia generalmente se incrementan la desigualdad, el autoritarismo y el conservadurismo, y la violencia se convierte en un elemento esencial de discursos y prácticas punitivas y disciplinarias. Es decir, la violencia contra las mujeres se exacerba por las crisis y las emergencias.
Las situaciones de emergencia siempre profundizan las desigualdades preexistentes y las jerarquías de poder, que son los elementos que están a la raíz de las diferentes formas de violencia. Las rupturas sociales que cambian los patrones de la actividad humana, como el aislamiento, las restricciones en el movimiento, la pérdida de empleos, los problemas económicos, tienen un impacto más severo en las mujeres y las colocan en condiciones de mayor riesgo. Asimismo, bajo estas condiciones, se incrementan las oportunidades para la explotación y el abuso.
En América Latina la emergencia provocada por el COVID-19 fracturó los lazos existentes en las comunidades y las familias, aisló a muchas mujeres, las dejó encerradas con sus agresores y redujo los limitados recursos de apoyo disponibles. Por eso, la pandemia también generó muchas oportunidades para el incremento de la violencia doméstica y sexual, los asesinatos y las desapariciones de mujeres y niñas. También se generaron las condiciones para el incremento de otras formas de violencia como el ciber-acoso y la violencia sexual callejera para las mujeres que por sus condiciones de vida o laborales no podían darse el lujo de confinarse.
Los datos disponibles en diferentes países muestran que, si bien se produjo un descenso de la violencia contra los hombres, como resultado de las medidas confinamiento y de restricción de movilidad, las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres más bien se incrementaron. Situaciones similares han sido reportadas con anterioridad en otros tipos de emergencias como huracanes, terremotos, así como en los procesos de desplazamiento forzoso.
En el caso de Costa Rica, según datos de Infosegura, en el 2020 los homicidios de hombres decrecieron un 3 %, pero los de mujeres aumentaron un 38 %.
En el caso de Costa Rica, según datos de Infosegura, en el 2020 los homicidios de hombres decrecieron un 3 %, pero los de mujeres aumentaron un 38 %. El Consejo de Ministras de la Condición de la Mujer de Centroamérica reportó que durante la pandemia la violencia física contra las mujeres se incrementó en toda la región con cifras que van desde el 12 % hasta el 38 %, dependiendo del país. Solo en El Salvador, entre enero y abril del 2021, desaparecieron 306 mujeres y niñas. En Perú, más de 2 000 mujeres han desaparecido desde que inició la pandemia y de esas, casi dos tercios son menores de edad. En Colombia y Brasil se reportó un incremento de más del 50 % en casos de violencia intrafamiliar en el 2020.
Los datos anteriores nos indican que la independencia, la libertad, el bienestar y la integridad de las mujeres son parte de las víctimas silenciosas de la pandemia. Sin embargo, los gobiernos del mundo, incluyendo el de nuestro país, no tomaron ninguna medida específica para proteger a las mujeres y las niñas bajo las nuevas circunstancias de peligrosidad creadas por la pandemia. Tampoco se tomaron medidas para amortiguar el impacto diferenciado por género de la emergencia, lo que colocó a las mujeres en condiciones de mayor riesgo frente a las diferentes formas de violencia.
Si queremos prevenir y enfrentar estas formas de violencia es necesario transformar los factores estructurales que la provocan: las desigualdades, el autoritarismo en los espacios públicos y privados, la masculinidad asociada al control y la dominación, la impunidad, el racismo, la xenofobia, los fundamentalismos y las jerarquías de poder que naturalizan las normas tradicionales de género. Es imperativo también promover la construcción de ambientes no violentos y colaborativos en todos los espacios familiares, comunales e institucionales. En este aspecto, las instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad. Tenemos también una gran responsabilidad en promover procesos de construcción del conocimiento que ayuden a visibilizar estas formas de violencia, a entender sus causas y a plantear alternativas para incrementar el bienestar, la justicia, el acceso a oportunidades y recursos, lo que ayudaría a reconstruir el tejido social, a recuperar un sentido de empatía y solidaridad, y a eliminar la precariedad de la vida.
Montserrat Sagot Directora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM)
El proyecto literario y cultural “Palabras viajeras” invita a disfrutar, en el marco del Festival Nacional de las Artes 2021, del recital «Acercándonos a Gaia».
Este proyecto es liderado por mujeres escritoras de Costa Rica, poetas que comparten la palabra con el objetivo de dar visibilidad a las poetas de Costa Rica y su obra. Esta iniciativa tomó forma de la mano de la escritora, actriz y editora Arabella Salaverry, y de la reconocida traductora y profesora emérita de la Howard University (Washington DC), María Roof.
El Movimiento Social Pro Vivienda, se ha manifestado durante las últimas semanas en defensa del derecho de una vivienda adecuada para todas las personas con déficit habitacional del país.
Sus protestas se deben a los recortes presupuestarios al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) de aproximadamente 34 mil millones de colones.
Las manifestaciones se dieron en puntos como ruta 32, ruta 27 y frente Asamblea Legislativa para solicitar a los diputados no aprobar ningún recorte al presupuesto del Banhvi para 2022.
Desde la postura del Bloque, este recorte supone quitar 4500 viviendas a familias pobres, un daño social a las personas pobres y al sector de clase media, así como un golpe a la reactivación económica.
Además, sostienen que los aportes de los empresarios al Programa de Vivienda Social, realmente lo recortan para otros proyectos y no para la vivienda. Durante la manifestación, algunos diputados como Pedro Muñoz, Paola Valladares, Welmer Ramos y José María Villalta expresaron su apoyo a las manifestaciones.
El Bloque considera que del dinero que se le deduce a las empresas privadas fijo todos los meses de sus planillas, son transferidas al Ministerio de Hacienda que a su vez que se le asigna a FODESAF lo que debe transferirse al BAHNVI, o sea, un 18,07% de ese dinero. Sin embargo, considera que el gobierno viene engañando a todos, pues no indica adonde serán re-direccionados esos 34 mil millones de colones que le quieren quitar al BAHNVI, pero según informes, serán destinados al pago de salarios públicos y una buena parte a las pensiones de lujo.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
Ahora es la procuraduría la que señala problemas en el proyecto de ley
Sensatez aconseja dejar el asunto para el nuevo período constitucional
La Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado una contundente opinión acerca de los problemas que tiene la actual versión del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, en su comunicación PGR-OJ-180-2021, fechada 19 de noviembre de 2021, que ha dirigido a la Asamblea Legislativa; específicamente, a la consulta que le formuló la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad del parlamento.
La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando “inconvenientes a nivel jurídico”; por una parte, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, mediando un inédito proceso de búsqueda de acuerdos en el marco de una concepción activa de Democracia Participativa. Ni lo uno ni lo otro se ha dado en el presente período gubernativo de Alvarado y sus soportes político-legislativos y mediáticos, caracterizado por un autoritarismo inédito.
Por otra parte, y para la ANEP, al conjuntar el significado político del criterio de la PGR, con el emitido por la Corte Plena del Poder Judicial en cuanto a que dicho proyecto ocupa de 38 votos, podemos afirmar que el mismo ya está “herido de muerte”.
Bien harían las actuales autoridades ejecutivas y legislativas que insisten en impulsarlo, contra viento y marea y contra toda racionalidad jurídico-legal, dejar de insistir en su aprobación; y, por el contrario, dejar que el asunto quede para el nuevo período constitucional a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Es prácticamente circunstancia irrefutable que ya no hay espacio político para tal iniciativa. Un mínimo sentido de sensatez política así lo aconseja.
La opinión de la PGR hace un análisis serio del “nuevo” texto (cuarta o quinta versión) del proyecto de empleo público; análisis en el que, aunque por el fondo mantiene su tradicional posición dogmática, conservadora y autoritaria, ha advertido acertadamente que el proyecto tiene vicios de procedimiento, que podrían implicar roces de constitucionalidad.
Al respecto gravísimo es, a juicio del experto en Derecho Constitucional, don Manuel Hernández, el hecho de que la comisión parlamentaria asuntos de constitucionalidad, se haya extralimitado, pues modificó a su arbitrio varios artículos del proyecto que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional.
Derrotada que ha sido, y de manera contundente, la perversa tesis de que el grave problema del déficit fiscal se debía a los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas públicas (de lo cual ANEP ha sido fundamental abanderada obrera al respecto) ; es indudable que los contenidos totalitario-autoritarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público jamás han podido, ni podrán, pasarle por en encima a postulados fundamentales de la constitucionalidad de la Carta Magna, que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949.
San José, sábado 20 de noviembre de 2021.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
El pasado 20 de noviembre se realizó el segundo Festival de las Bolas de Barro, el cual salió de la terminal de buses de Salitrillo. El recorrido se realizó a pie hasta el río Cañas.
Esta actividad tiene el objetivo de lanzar unas esferas de barro con organismos eficaces (virus benéficos que son producidas desde una tecnología japonesa, es un control biológico que permite que estos microorganismos actúen como aliados importantes en la limpieza del río), esto con el fin de defender y cuidar los recursos hídricos, que son tan importantes para la vida y para el futuro.
Se estuvieron lanzando las bolas de barro en el sector del Chiflón, micro cuenca alta del Río Cañas. Llegaron profesores del Centro Educativo Santa María, estudiantes del CTP, Cruz Roja Aserrí (Juanita y Rafael), Roberto de la Ossa Alianza Nacional Ríos y Cuencas de C. R., y vecinos. Coordinación de Rolando y Verita. Un liderazgo colectivo. Cada vez se consolida más.
Contrataciones ilegales, pagos que no correspondían y planos defectuosos forman parte del caso
Comunicado de la Oficina de prensa de Unión Belemita
Luego de cuatro años desde que se señalaran las primeras anomalías en el fallido proyecto del edificio municipal, tres advertencias de la Auditoría interna y varias recomendaciones jurídicas por parte de la asesoría legal, el Concejo Municipal de Belén por fin tomó la decisión de solicitar a la Auditora interna municipal realizar la relación de hechos, con el fin de sentar las responsabilidades que correspondan.
Así mismo y por unanimidad, se acordó no dar continuidad al proyecto de Edificio Municipal, al haber transcurrido el plazo otorgado por el Concejo Municipal para que la Alcaldía aclarara todos los pendientes, contenidos en el acuerdo de referencia 3203-2021 adoptado el 1 de junio de 2021 y al no haberse cumplido tampoco la prórroga que se otorgó por una única ocasión para su contestación.
Los hechos:
El caso se remonta al 2017, cuando la Administración municipal realizó la contratación por servicios especiales del arquitecto Eddie Fernández sin cumplir con el perfil del puesto necesario, para una obra del calibre que implicaba la confección de los planos para el nuevo edificio.
Muy pronto, en agosto de ese año, el Concejo Municipal 2016-2020 encontró una serie de errores y anomalías en los planos constructivos, gracias a las observaciones del regidor Eddie Méndez Ulate, quien es arquitecto. Estos fueron remitidos a la Auditoria interna, la cual confirmó los señalamientos mediante análisis técnico por parte de la consultora Ingenieros de Centroamérica Limitada (INDECA).
La primera advertencia de la Auditoría fue la AAI-08-2018 de fecha 19 de noviembre de 2018, donde señalaba pagos ilegales efectuados a los funcionarios contratados por servicios especiales. Concretamente el pago de preaviso y cesantía, los cuales, según criterio de la Procuraduría General de la República, no procedían.
Ante este hallazgo, la Auditora solicitó a la Administración recuperar los ₡2,513,507.39 pagados a los puestos 195 y 196, situación que al 17 de noviembre del 2021 no ha ocurrido.
Por su parte la advertencia AAI-01-2019 de fecha 18 de enero de 2019, ordenaba al Alcalde abrir una investigación ante el eventual incumplimiento de deberes por parte del encargado de recursos humanos de la Municipalidad, quien tenía a su cargo el proyecto y por tanto el control del trabajo de los funcionarios contratados, que entregaron un producto que según la revisión técnica efectuada por INDECA, no sirvió y por el cual se pagaron ¢49.587.902.
La Auditoría pedía en esta advertencia, investigar entre otras cosas:
La posible falta de control administrativo a los funcionarios contratados para el diseño de los planos del Edificio Municipal.
La flexibilización de los requisitos del puesto del administrador del proyecto en cuanto a su experiencia y desarrollo de proyectos similares.
La inobservancia al principio de comprobación de idoneidad de dichos funcionarios.
Otra de las solicitudes de la advertencia era la de recuperar las memorias de cálculo que puedan afectar la aprobación de los planos finales por parte de instituciones y/o CFIA. Esta exigencia de la Auditoría tampoco fue cumplida.
Finalmente, la advertencia AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020 fue emitida a la luz de la falta de decisión con pendientes heredados al Concejo Municipal 2020-2024, respecto a las advertencias anteriores y la continuidad del proyecto mismo.
Debe aclararse porque se incumplieron leyes y procedimientos
Para el regidor de Unión Belemita Ulises Araya, deben establecerse las razones del porqué se violentaron leyes y procedimientos por parte de la administración, desde el momento mismo de la contratación inicial del arquitecto Fernández.
‘’Que nuestra Municipalidad maneje un presupuesto anual de 12 mil millones de colones, para un territorio de 12.15 km2 y 23 mil habitantes, no otorga derecho a nadie, a manejar la administración como si fuera su pulpería. Hay leyes que se irrespetaron en este proceso y alguien tendrá que aclarar ¿Por qué?’’. Cuestionó Araya.
Además, este edil rechazó los argumentos de la fracción oficialista del Partido Unidad Social Cristiana, de que, transparentado lo ocurrido se estuviera montando un show político.
‘’Aquí no estamos hablando de que una empresa privada perdió una inversión, en un caso de esos se entiende el secretismo. Pero aquí no funciona esa lógica, estamos hablando de que la Municipalidad de Belén malgastó, despilfarró, dilapidó más de 50 millones de colones del erario público. Por ello, que los belemitas ejerzan su derecho a informar e informarse de lo que acontece en estas cuatro paredes, no puede catalogarse de ‘’show político’’. Aquí discutimos temas que son públicos y debería de revisarse quien piense que está mal que el pueblo de Belén se entere de cómo se invierten sus impuestos’’, enfatizó Araya.
Decisión de establecer responsabilidades se demoró mucho tiempo
La fracción de Unión Belemita presionó desde el principio del actual cuatrienio en que debían sentarse responsabilidades en torno al caso del edificio municipal.
Es así como, por ejemplo, el 23 de junio del 2020, en la sesión 33-2020, y tras conocerse la advertencia de Auditoría AAI-02-2020, la regidora María Antonia Castro pidió tomar la decisión debido a que desde ese momento ya se contaba con insumos muy claros.
‘’Como Concejo tenemos que tomar la decisión, porque la administración dejó la decisión en manos del Concejo, existe un Oficio de la Administración que remiten a la Auditoría donde renuncian a la construcción del edificio municipal y quien asumirá es el Concejo y la Comisión del Edificio, este oficio nunca llegó al Concejo, las implicaciones para la hacienda pública son muy fuertes, debemos ser muy claros en el acuerdo, ya tenemos los insumos de la Auditoría’’. Señaló en esa oportunidad la regidora Castro.
Pese a que la empresa autobusera Solís y Mata se había negado a reinstalarlo luego de despedirlo por afiliarse al sindicato, mediante una conciliación, la Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP y la empresa acordaron que el trabajador retornará a su puesto de trabajo como chofer bus y que se respetará su libertad sindical.
Para mayor información se invita a ver el siguiente video:
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