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Autor: María José Ferlini Cartín

La persistente insensibilidad de Dole

Cándido Amador Espinoza tiene años trabajando en chapia en Agroindustrial Piñas del Bosque S.A. – Finca Muelle, subsidiaria de Standard Fruit Company | Dole. El pasado fin de semana fue internado en el hospital, después de que la empresa se rehusara a aplicar las medidas médicas señaladas por el seguro social para preservar su salud.

Giorgio Trucchi / Con Obeth Morales

Don Cándido viene padeciendo de problemas del corazón y solicitamos a la empresa su traslado a otra área de trabajo. Lamentablemente el procedimiento es muy largo y engorroso y la empresa no hace nada para agilizarlo, más si eres del sindicato”, dijo Obeth Morales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Sinatraa).

Agroindustrial Piñas del Bosque (Dole) acostumbra solicitar una certificación médica del especialista que está atendiendo al trabajador en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde se indique cuáles son las restricciones médicas, por cuanto tiempo y qué tipo de labores puede desempeñar.

“Obviamente el especialista sólo puede indicar los padecimientos del trabajador y pide que sea el doctor de la empresa a decidir qué labores puede hacer. De hecho lo que ocurre es que todo se vuelve muy engorroso y pasan meses antes de la reubicación”, manifestó Morales.

En el caso de Cándido Amador, su padecimiento cardíaco está relacionado con una intoxicación con agrotóxicos sufrida en los piñales de Dole.

Tuvo que ser internado en varias oportunidades, sin embargo la empresa nunca hizo efectiva su reubicación, y Cándido sigue expuesto a los efectos de las fumigaciones y a recaídas.

Además, chapear (desmalezar) es una labor muy pesada y esto empeora su condición.

El directivo sindical explicó a La Rel que hay varios compañeros que sufren situaciones muy similares.

Javier Zúniga, con graves problemas de la columna, tiene dos meses esperando que lo reubiquen. También tenemos a Oscar, Hilda y muchos más que sufren de desgaste en las articulaciones y la empresa no actúa

Mientras tanto los tienen haciendo cualquier tipo de labor, desatendiendo las restricciones médicas. Esto es vergonzoso”, dijo Morales.

Hostigamiento, acoso y represión laboral

Una situación que por un lado evidencia la persistente insensibilidad de Dole y la crueldad de su sistema de relaciones laborales y, por el otro, demuestra la absoluta ineficiencia y complicidad de las autoridades costarricenses.

“El año pasado realizamos una reunión tripartita a la que también participó la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentrag) y la Rel-UITA.

Presentamos una lista de los padecimientos y enfermedades que sufren trabajadores y trabajadoras, pero al final la empresa no quiso establecer un procedimiento expedito para atender los asuntos de salud.

Las autoridades se quedaron calladas y lo poco que acordamos no sirvió para nada. Los problemas siguieron iguales o hasta peores”, aseveró el secretario general del Sinatraa.

Para él, tanto el caso de Cándido Amador como el de muchos otros compañeros enfermos tienen también profundos rasgos antisindicales.

“Todos son afiliados al sindicato y les ‘cobran’ las luchas que han emprendido en estos años en defensa de los derechos laborales y sindicales.

Recientemente, por haber exigido que se les brindara el transporte para llegar a los lugares de trabajo, la empresa ha desencadenado una fuerte represalia.

Hostigamiento, acoso y represión laboral sólo son algunas de las formas sistematizadas de persecución antisindical “, concluyó Morales.

 

Foto: Cándido Amador (archivo personal).

Fuente: http://www.rel-uita.org/costa-rica/la-persistente-insensibilidad-dole/

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN

UCR, Voz experta: Los nuevos muros de la pandemia son las brechas de la inmunización

Por: Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Docente en la Escuela de Sociología, e investigadora en el PROSIC-UCR.

Deseo dedicar este breve espacio a puntualizar algunos de los principales dilemas éticos y políticos que se presentan de cara a las recientes estrategias de “reactivación económica” y de “retorno a la normalidad pre-covid”, en particular el “turismo de vacunas” y el “pasaporte de vacuna”.

La idea del establecimiento de un pasaporte de vacunas (Certificado Verde Digital de Vacunación o CVD) surgió como una propuesta de los países miembros de la Unión Europea (UE)1 a inicios de este año, previo a la temporada de verano en dicha región, como una forma de garantizar que las personas ciudadanas de la UE y sus familias puedan viajar con seguridad y el mínimo de restricciones2. El mismo ya fue aprobado por la Comisión Europea y se encuentra en proceso de trámite legislativo, y de la puesta en marcha de un mecanismo informático para que sea posible su emisión y lectura en todos los países de la UE antes de entrar en vigor en junio próximo.

Israel desde el pasado mes de febrero ha empezado a implementar el Green Pass, un documento que se puede descargar y llevar en el celular y que indica que la persona ya está inmunizada y puede acceder a distintos comercios y actividades3. En Estados Unidos se analizan 17 propuestas para la confección de su propio pasaporte, siendo que el estado de Nueva York ya cuenta con el suyo (Excelsior Pass)4 desde el pasado mes de marzo, y es utilizado para poder acceder a eventos en establecimientos de gran capacidad como estadios o conciertos. Fue desarrollado en conjunto con IBM y combina una aplicación de billetera de Smartphone con un escáner de códigos QR5.

Chile por su parte, se convirtió en el primer país latinoamericano en implementar el pasaporte, el pasado mes de junio y Costa Rica a su vez, analiza la posibilidad de desarrollar un pasaporte sanitario en esta misma línea, propuesta que se discutió en el marco de una reunión de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica6. Poco a poco se van incorporan más países en la discusión y en el establecimiento de dicha medida.

Igualmente, el turismo de vacunas se ha popularizado en lugares como Maldivas, Rusia, Serbia, Cuba, Alaska, Dubái y Estados Unidos7, que ofrecen la posibilidad de vacunarse y vacacionar al mismo tiempo. Para el caso de Costa Rica, Estados Unidos se ha convertido en el principal destino de la “vacunación flexible”, ya más de mil costarricenses han comprado paquetes de viaje que van desde los $800 a los $1.200 y cubren hospedaje, cita y traslado, entre otros. Se estima, que mediante los operadores de viaje saldrán entre 5 mil y 10 mil costarricense más en los próximos meses8.

Pero ¿Cuáles son los dilemas éticos y políticos que estas dos estrategias plantean? Acá, algunas breves reflexiones al respecto:

El turismo de salud o el turismo médico, no es un fenómeno nuevo, es una actividad altamente lucrativa en la que Costa Rica se posiciona como destino, y que para el año 2017 se estimó una ganancia aproximada de $437 millones9, orientada mayormente al sector privado de la salud. Esta práctica es a su vez la manifestación de las desigualdades en el acceso al derecho fundamental de la salud, y por ende al resguardo de la vida, en donde quienes cuentan con los recursos económicos pueden acceder a ella más allá de las fronteras nacionales. Esta lógica de monetización de la salud refuerza barreras de exclusión hacia poblaciones históricamente relegadas del acceso a servicios básicos y de atención primaria, así como al tratamiento de enfermedades crónicas y demás padecimientos. Situación que vimos agravada con las primeras fases de la pandemia en donde en países como Estados Unidos la mortalidad de personas afroestadounidenses y migrantes (particularmente hispanas) en estados como Nueva York representaron hasta el 35% de los fallecimientos debido entre otros aspectos, al nulo acceso a los servicios de salud.

Esta privatización del acceso a la salud, en el contexto de la pandemia, plantea una discusión ética sobre el acceso global a los mecanismos de inmunización, que resulten eficaces y de calidad. No se trata ya sólo de preguntar quiénes tienen acceso a la vacuna, sino además a cuál vacuna tienen acceso y quiénes. El tema de la eficacia no es cosa menor, ya que en las 9 vacunas (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Jonhson&Jonhson, Sputnik V, CoronaVac-Sinovac, Novavax, Sinopharm, Cansino Biologics) listas o en fase de ensayo clínico existe una variación de efectividad del 66% al 91%. Así por ejemplo en la UE, y para efectos del CVD las vacunas rusas y chinas no son aceptadas como mecanismo eficaces de inmunización, por lo que las personas que hayan accedido a ellas aún deberán cumplir con la cuarentena obligatoria.

La situación se complejiza aún más si analizamos la distribución de las vacunas a nivel global, en donde lo que domina es una distribución desigual de las vacunas entre países pobres y ricos, ya que estos últimos acaparan el 99% de las dosis11, muchas de ellas compradas previo al inicio de su producción. En este sentido, el Ministerio de Salud de Costa Rica ha indicado que el país ha hecho 21 intentos por adquirir nuevas dosis de la vacuna con diferentes farmacéuticas, y que muchas han señalado tener toda su producción comprometida hasta el 202212. Situación que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado como un “fracaso moral catastrófico” 13.

Frente a este panorama diversos sectores han planteado la necesidad de establecer al menos dos acciones puntuales: 1. La creación de un fondo solidario de vacunas efectivo para el acceso de las regiones, países y poblaciones más vulnerables (en este sentido COVAX no ha logrado cumplir su cometido, particularmente debido a la falta de voluntad política y económica de farmacéuticas y de países ricos), y 2. La liberación de las patentes de las vacunas, que posibilite una mayor producción de las mismas (proceso que ha sido entorpecido por las mismas razones que en la acción 1).

Nos encontramos de esta forma frente a una lógica perversa y necropolítica, en donde por un lado sabemos que el acceso a la vacuna es limitado y desigual, pero a su vez es posible ir a comprar “los excesos” o “reservas” de vacunas a los países que las han acaparado, e independientemente de si esas “reservas” existen debido a la negativa o falta de confianza de algunos sectores de la población para vacunarse14, el problema de fondo continua siendo que indiscutiblemente, en esos mismos países, existen importantes sectores de la población que no han sido contemplados en los esquemas de inmunización, tal es el caso de las personas migrantes irregulares. Los datos sobre la vacunación de este tipo de poblaciones son difíciles de rastrear. De modo que nos enfrentamos a la paradoja de la escasez para unos y de los “excesos” para otros sectores de la sociedad.

Nos encontramos de esta forma frente a una polarización social de larga data, “nosotros los turistas” y “los otros los migrantes”. No de casualidad las fronteras que han sido abiertas en mayor medida son las aéreas. Contradictoriamente, el virus alcanzó su condición de pandemia gracias a los vuelos de turismo internacional. Este tipo de situación ha significado un recrudecimiento de prácticas y discursos discriminatorios, xenofóbicos y excluyentes, ya no solo son migrantes sino además migrantes enfermos. Recordemos, por ejemplo, la donación de vacunas del gobierno de Joe Biden a México, como parte de un acuerdo15 para frenar la migración en la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta polarización nos habla también de quiénes son “aptos” para la inmunización y quiénes no, y más aún quiénes tiene posibilidad de retomar su vida de movilidad y sociabilidad pre-pandémica y quiénes deberán continuar relegados al confinamiento, y ahora a adicionales formas de exclusión.

Finalmente, dos elementos poco discutidos dentro de esta lógica de habilitación del turismo vía pasaporte de vacuna, tienen que ver con: 1. El control de la información y las ganancias de las empresas que desarrollen las plataformas para el funcionamiento de los pasaportes, Cambridge Analytica, Facebook y sus plataformas asociadas son un breve recordatorio, y 2. La necesidad de estudiar las posibles implicaciones de delegar en los sistemas sanitarios, farmacéuticas y empresas privadas una suerte del control de las movilidades de las personas en la vida cotidiana y en el traslado internacional.

1 Se busca incluir en dicha propuesta a países como Noruega, Islandia y Suiza, países que no se encuentran dentro de la UE.
2 www.bbc.com/mundo/noticias
3 www.nytimes.com/es/2021/04/06/
4 www.hosteltur.com/lat/143341
5www.larepublica.net/noticia1
6www.larepublica.net/noticia2
7hosteltur.com/143654
8 www.larepublica.net/noticia3
9www.nacion.com/economia/negocios/turismo-medico-genero-ingresos
11 www.msf.es/actualidad/los-paises-ricos-acaparan-mas-99-
12delfino.cr/2021/05/salud-registra-21-acercamientos-para-
13 https://www.bbc.com/mundo/noticias-55911364
14 www.ngenespanol.com/traveler/turismo-de-vacunas
15 www.washingtonpost.com/es/national-security/2021/03/19/

 

M.Sc. Jenyel Contreras Guzmán
Socióloga, Máster en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central. Docente en la Escuela de Sociología, e investigadora en el PROSIC-UCR.

Serie: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra 3

La ley 6172, ley indígena, se refiere a la creación de los Territorios y su reglamentación definiendo en su artículo 3 que: 

“Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias legales del caso (…)”.

Pese a ello, continúan dándose usurpaciones de tierra por parte de grandes terratenientes, pequeños propietarios o inclusive empresas que llevan a las personas indígenas a tener enfrentamientos por la defensa de sus territorios.

Esta es la tercera infografía de una serie de producciones realizadas por el Foro Confluencia Solidaria, el grupo trabaja el tema: Mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

 

Imagen de portada: UCR.

Información compartida a SURCOS por Foro Confluencia Solidaria.

Seminario virtual: Amenazas de las nuevas tecnologías de modificación genética para la agricultura

El grupo de trabajo Biodiversidad de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) invita a participar del seminario donde se debatirá sobre las amenazas de las nuevas tecnologías de modificación genética para la agricultura.

La actividad será los días 3 y 4 de agosto y abarcará temas como ¿a quién sirve la tecnología en el sector agroindustrial?, comercialización de plantas y animales modificados en “edición genética” sin evaluaciones de los riesgos, productos resultantes de las nuevas tecnologías sin etiquetado ni clasificación de transgénicos, entre otros.

La inscripción está abierta y es gratuita: https://bit.ly/3iqkKiF 

Para conocer más sobre la actividad, promovida en colaboración con la Campaña contra los Plaguicidas y por la Vida y el Grupo Carta de Belém, puede visitar la página web de la ANA:  agroecologia.org.br 

 

Información compartida a SURCOS por Jaime García.

Imagen de portada tomada de: https://www.observatoriobioetica.org/

Sala Constitucional acoge Recurso de Amparo contra el Paraquat y el Diquat

  • Ministerio de Salud y Ambiente esconden información que demuestra que el Paraquat debe ser sacado del mercado nacional

  • Ecologistas abogan por la prohibición total de plaguicidas de la “docena sucia”

(San José, 26/07/2021) La Red de Coordinación en Biodiversidad ha interpuesto un Recurso de Amparo para proteger la salud humana, animal y ambiental en contra de la contaminación con Paraquat (comercialmente conocido como Gramuxone) y el Diquat. Ambos herbicidas altamente tóxicos y persistentes en suelos, agua y bioacumulador. Para el ser humano el paraquat afecta seriamente los pulmones con efectos agudos y crónicos irreversibles, además de ser uno de los agrotóxicos perteneciente a la Docena Sucia según la Pesticide Acción Network Internacional (PAN).

Es contradictorio que desde al menos hace tres años funcionarios técnicos del MAG, MS, Minae y MTSS advirtieron sobre el grave peligro que representa el herbicida paraquat, pero a la fecha los altos jerarcas se han negado a sacarlo del mercado. En julio de 2018 estas entidades publicaron el exhaustivo y detallado informe técnico-científico “Paraquat: riesgos a la salud pública, salud laboral y al medio ambiente”. El informe de los cuatro ministerios concluye que:

“De acuerdo con la información compilada sobre las propiedades del paraquat, reflejan preocupaciones sobre los efectos que se generan sobre el ambiente por el uso de este producto como herbicida. Por ejemplo, la contaminación de aguas subterráneas y del suelo, así como la muerte de organismos que son la base de la cadena trófica, lo cual desestabiliza el equilibrio natural de los ecosistemas. A esto se suma la preocupación por el uso que se da del herbicida en el campo como desecante con lo que es muy probable que se produzcan dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas tanto para humanos como para otros seres vivos. … Por su parte, por la alta incidencia y gravedad de las intoxicaciones reportadas al Ministerio de Salud y al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones (CCSS), se recomienda la prohibición del plaguicida paraquat en sus distintas formulaciones. Asimismo, se considera de importancia eliminar de raíz la posibilidad de éxito de las intoxicaciones por intento de suicidio, las que representan entre los años 2012-2016 más de un 50% del total. Dicho impacto sólo puede ser logrado mediante la prohibición absoluta, eliminando la disponibilidad de este producto, que a pesar de ser regulado por receta profesional, se abre camino para presentar dichos riesgos.”

Por su parte el otro herbicida cuestionado, el Diquat, fue registrado de forma irregular por el MAG. Así lo confirmó el Departamento de Gestión de la Calidad Ambiental. Debido a que MAG complació a la Cámara de Productores Piñeros (CANAPEP) para que le dieran permiso de sus empresas de importar y al aplicar de forma desmedida DIQUAT como desecante en sus campos, en dosis 4 veces lo recomendado. Este herbicida es altamente tóxico y afecta de manera agresiva a seres humanos abejas y animales acuáticos. MAG emitió permiso sin el visto bueno del Ministerio de Salud ni el Ministerio de Ambiente y Energía. Pero además el permiso del Diquat se otorgó sin mediar criterio técnico.

En este momento son los magistrados y las magistradas de la Sala Constitucional quienes evaluarán si la inacción por parte del Ministerio de Salud violenta su mandato básico de proteger la salud pública. Mientras no se haga efectivo este decreto de prohibición, se continuarán incumpliendo la Constitución Política en los artículos 21 (“La vida humana es inviolable”), el artículo 46 (“… Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad…”) y el artículo 50 (Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.), así como el Principio Indubio ProNatura, también conocido como Principio Precautorio.

Desde la Red de Coordinación en Biodiversidad hacemos nuestras las palabras del científico argentino el Dr. Andrés Carrasco (1946-2014) “Cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva… No existe razón de Estado ni intereses económicos de las corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud pública.”

Se encuentra adjunto el Recurso de Amparo interpuesto por la presidenta de la Red de coordinación en biodiversidad (RCB) contra la/os jerarcas de los ministerios de salud, agricultura y ganadería y trabajo y seguridad social.

 

Compartido con SURCOS por Henry Picado.

Programa Alternativas: Bolivia ¿plan Cóndor 2.0?

El programa radial Alternativas transmitió el pasado viernes 23 de julio la segunda parte de su programa enfocado en Bolivia. El espacio se tituló: Bolivia ¿plan Cóndor 2.0?y abarcó temas como la descripción de la población boliviana, su gobierno y la vulneración de Derechos Humanos en el país, entre otros.

El programa contó con la participación de: 

-Teresa Subieta, activista y ex presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz.

-Jaime Quiróga, encargado de negocios a.i Embajada de Bolivia en Costa Rica.

Puede ver el programa completo haciendo click aquí

Opinión consultiva ante la CIDH: Derechos sindicales deben garantizarse tanto en sector público como privado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una Opinión Consultiva sobre los derechos a la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, y su relación con otros derechos. 

La CIDH destacó que la libertad sindical debe garantizarse a los trabajadores y trabajadoras públicos y privados, lo que incluye que estos gocen del derecho de creación y afiliación a las organizaciones que consideren convenientes.

Asimismo, sobre el derecho de huelga lo calificó como un derecho fundamental para la defensa de los diferentes derechos sociales, económicos y profesionales.

En el documento destacó que los ataques a los derechos sindicales y los cambios legislativos y reformas laborales ocurridos en los últimos años en América Latina han tenido graves consecuencias para la prestación de servicios públicos de calidad. 

En conclusión, establece que la libertad sindical es fundamental para permitir una adecuada defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, incluido su derecho al trabajo y a sus condiciones justas, equitativas y satisfactorias. 

Con información de Public Services International. Puede leer más al respecto en el siguiente enlace: https://publicservices.international/resources/news/cidh-los-derechos-sindicales-deben-garantizarse-a-las-y-los-trabajadores-pblicos-y-privados?id=12041&lang=es

 

Información compartida a SURCOS por Rafael López Alfaro.

Invitación a ser parte del Mapeo de Agroecologías en Puerto Jiménez

Escuelitas Agroecológicas Itinerantes SUR-SUR extiende la invitación a ser parte del mapeo colectivo de agroecologías en Puerto Jiménez.  

El objetivo es generar un encuentro y tejer redes que fortalezcan las prácticas agroecológicas. Así como el deseo de transicionar a prácticas más solidarias y amigables con el medio ambiente y la comunidad desde el trabajo colectivo.

La primera reunión será este miércoles 28 de julio 2021 a las 2 p.m. en el Salón Comunal de Puerto Jiménez.

 

Imagen de portada ilustrativa.

Colegio Indígena Yímba Cájc celebró los 197 años de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica

Por Uriel Rojas

Este viernes 23 de julio el Colegio Indígena Yímba Cájc, situado en Rey Curré de Buenos Aires, celebró con mucha alegría el 197 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya a nuestro país.

Los docentes de esta institución se las ingeniaron para ofrecer un menú repleto de actividades muy acordes a esta importante y valiosa fecha histórica.

Actos cívicos, reseñas conmemorativas, ricos sabores de la diversa gastronomía pampera, música al ritmo de marimba, retahílas y guipipías, formaron parte de esta linda actividad que resaltó el invaluable aporte de la guanacastequidad a la identidad pluricultural de Costa Rica.

 

Fotografías: Colegio Indígena Yímba Cájc.

Esta información fue compartida a SURCOS por Uriel Rojas