Mario Rojas Vilchez en su condición de Secretario General de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum presenta un escrito a los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional ofreciendo su colaboración para la consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, bajo la figura Amicus Curiae, como lo establece el Art.44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La institución habilitó sus 36 sedes a nivel nacional como centros de acopio para la recolección de alimentos, ropa y otros productos de primera necesidad
La fundación de la UNED recolectará donaciones en efectivo mediante el SINPE móvil 8952 2116
“El país necesita de nuestro apoyo” es el lema que abandera la campaña “UNED Solidaria”, lanzada esta semana con el fin de recibir donaciones económicas, alimentos no perecederos, ropa y otros artículos de primera necesidad para llevar ayuda humanitaria a las familias afectadas por las fuertes lluvias que azotaron 14 cantones en las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago y Limón.
La campaña es impulsada por la Universidad Estatal a Distancia (UNED), con el apoyo de la Fundación de la Universidad Estatal a Distancia para el Desarrollo y Promoción de la Educación (Fundepredi), su Federación de Estudiantes (FEUNED y sus sedes universitarias en el territorio nacional.
El rector de la UNED, Rodrigo Arias Camacho, destacó la solidaridad que ha caracterizado a la institución en momentos difíciles de la vida nacional, por lo que instó a la comunidad universitaria a apoyar esta campaña, que fue declarada de interés institucional el pasado domingo y que se mantendrá activa hasta el próximo 14 de agosto.
“Siempre nos ha caracterizado un espíritu de solidaridad muy fuerte con Costa Rica y por ello, estamos dispuestos a salir a apoyar con toda nuestra voluntad a quienes más lo necesitan. El país necesita de nuestro apoyo, es momento de sumarnos a esta gran causa y llevar alivio a quienes lo han perdido todo”, comentó Arias Camacho.
Si usted desea sumarse a la campaña, tome en cuenta la ubicación de las sedes de la UNED que funcionarán como centros de acopio hasta el 14 de agosto, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., inclusive fines de semana. (Se adjunta tabla en Word con las direcciones de las sedes)
El Consejo de Rectoría de la UNED se mantiene en sesión permanente desde el pasado viernes, coordinando diversas acciones de apoyo a la población estudiantil afectada, entre ellas la extensión del plazo de recepción de tareas, proyectos, informes, participación en foros y otras actividades similares de las diversas asignaturas, con el fin de dar oportunidad a las poblaciones estudiantiles de cumplir con las obligaciones académicas de esta semana.
Este martes, el Gobierno de la República decretó Estado de Emergencia Nacional ante el impacto del temporal en 13 cantones de las provincias de Limón (Limón, Pococí, Guácimo, Matina, Siquirres y Talamanca), Alajuela (San Carlos, Río Cuarto, Upala, Los Chiles, Guatuso), Cartago (Turrialba) y Heredia (Sarapiquí).
Cuerpos de socorro y comités de emergencia suman siete días consecutivos trabajando en la atención directa a la emergencia, identificando daños en la red vial, viviendas, edificios públicos, sistemas de abastecimiento de agua y en producción agropecuario.
Se invita a las personas y organizaciones interesadas en este tema, a llenar el formulario de inscripción para participar en el Informe «Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2020-Indicadores de Gestión en Tiempo de Pandemia».
A las personas que se inscriban les llegaré al correo el enlace para la actividad virtual.
“Realmente es tan fácil borrar del mapa las instituciones democráticas” (Cómo mueren las democracias)
No hay que ser experto en derecho constitucional o laboral, para comprender los ostentosos y graves vicios de constitucionalidad que encierra el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
1.- Un paradigma autoritario de las relaciones laborales radicado en la prohibición de la negociación colectiva
Recordemos que la gobernanza total del empleo público, que ese proyecto le atribuye a MIDEPLAN, comprende los principales componentes de la relación de empleo: desde el reclutamiento y selección del personal, pasando por la promoción interna, concursos, formación, la evaluación del desempeño, y desde luego, las remuneraciones, con su producto superestrella: el impresentable salario único global.
La regulación unilateral y preceptiva de estos componentes de la relación de empleo, cuya aplicación sería obligatoria para las entidades públicas, sujetas al imperio absoluto de MIDEPLAN, implica una prohibición de negociar todos estos extremos laborales.
Asimismo, el proyecto determinó, de manera expresa, la radical prohibición de negociar las remuneraciones y cualquier extremo que signifique un gasto que incremente los presupuestos públicos de la Nación o las instituciones.
Entonces, se deja en total interdicción la negociación colectiva de esos componentes, las remuneraciones y cualquier mejora o beneficio laboral, de carácter económico, enervándose la negociación de aquello que constituye el “espacio vital de la contratación colectiva”, su núcleo esencial.
2.- Los alcances de la Libertad Sindical y la negociación colectiva en la Administración Pública, definidos en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CORTEIDH)
Aquellas regulaciones del proyecto contravienen frontalmente la recientísima Opinión Consultiva de la CORTEIDHOC-27-21, la cual determinó que en el ámbito de la Administración Pública, resulta aplicable el Convenio N°98, N°154 OIT, y específicamente, el C.151 OIT, sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública (1978).
La Opinión Consultiva señala que “la intervención del Estado para limitar la negociación colectiva, violenta el derecho de las organizaciones de organizar sus actividades y formular su programa.”
Concretamente, la CORTEIDH determinó “que el Estado debe dar prioridad a la negociación colectiva como medio para solucionar conflictos respecto de la determinación de condiciones de empleo en la administración pública”.
Y como si lo anterior fuera poco, refiriéndose a las remuneraciones de los funcionarios públicos, de manera categórica, dispuso que en contextos de estabilización económica, los Estados “deben (…) privilegiar la negociación colectiva para regular las condiciones de trabajo de sus funcionarios, en lugar de promulgar unas leyes que limiten los salarios en el sector público.”
Sin necesidad de hacer mucho análisis dialéctico acerca de los alcances de esta Opinión Consultiva, se llega a sostener y concluir que el Proyecto de Empleo Público va a contrapelo de las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Costa Rica en materia de Libertad Sindical.
3.- Consecuencias prácticas de la Opinión Consultiva
Esta Opinión de la CORTEIDH no se trata simplemente de una interpretación abstracta, de un ejercicio académico, sino que tiene una serie de consecuencias prácticas, de la mayor trascendencia jurídica.
En primer lugar, hay que destacar que la Opinión estableció que las obligaciones internacionales de los Estados, en el campo de la Libertad Sindical, comprensiva del derecho de negociación colectiva y huelga, “son de exigibilidad inmediata”; es decir, tienen una eficacia directa, sin perjuicio de que su ampliación y perfeccionamiento sea progresivo.
En segundo lugar, de conformidad con el artículo 1° y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de Costa Rica tiene, por tanto, una doble obligación: por una parte, respetar la libertad sindical y garantizar su pleno disfrute, y por otra parte, modificar y adecuar su legislación nacional al contenido de este histórico pronunciamiento.
Este deber demanda la adopción de medidas en dos vertientes: por un lado, la supresión de las normas y prácticas que entrañen violación de las garantías de libertad sindical, y por otro lado, la promulgación de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.
En tercer lugar, la Opinión impone a los Estados el deber de realizar el correspondiente control de convencionalidad:
“Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, esta Corte ha reconocido que todas las autoridades de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un control de convencionalidad, de forma tal que la interpretación y aplicación del derecho nacional sea consistente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”.
En atención a esta obligación, la Sala Constitucional, que en los próximos días, tiene que resolver las consultas facultativas de constitucionalidad del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, no puede omitir la aplicación de este control de convencionalidad, a menos que haga incurrir en responsabilidad internacional a nuestro país.
Mientras tanto, la democracia ha quedado temporalmente en suspenso, hasta que la Sala se pronuncie, que dada la gravedad de los vicios de constitucionalidad del proyecto, no se podría razonablemente esperar otra cosa que no sea que el Tribunal salvaguarde el Estado Social y Democrático y garantice la supremacía de los Derechos Fundamentales.
En este trance, no sólo se juega, en definitiva, la suerte de la democracia, sino que el Tribunal Constitucional se juega su propia credibilidad y legitimidad.
En un comunicado oficial circulado este 28 de julio del 2021, las autoridades sudafricanas externaron su profunda consternación por la decisión, al parecer inconsulta, de la Comisión de la Unión Africana (UA) de otorgarle a Israel el estatuto de Estado Observador en el seno de esta organización regional africana. Cabe recordar que la UA es una organización internacional, creada mediante un tratado constitutivo (o «carta«) adoptado en julio del 2000 e integrada actualmente por 55 Estados Miembros (véase lista oficial).
En un comunicado de prensa de la misma UA del pasado 22 de julio (véase texto completo), se lee que su máxima autoridad recibió las cartas credenciales del Embajador de Israel concurrente en Burundi, Chad y Etiopía.
Para la diplomacia de Sudáfrica, «The government of South Africa is appalled at the unjust and unwarranted decision of the AU Commission to grant Israel observer status in the African Union. The African Union Commission has taken this decision unilaterally without consultations with its members. The decision to grant Israel Observer Status is even more shocking in a year in which the oppressed people of Palestine were hounded by destructive bombardments and continued illegal settlements of the land.«
Este nuevo episodio se da en medio de varias iniciativas de la diplomacia de Israel en África, como por ejemplo la primera llegada de turistas israelíes a Marruecos el pasado 26 de julio (véase nota de prensa de Le Monde del 26 de julio del 2021). Como se recordará, el 10 de diciembre del 2020 Marruecos e Israel reestablecieron sus relaciones diplomáticas (véase nota de Le Figaro), al tiempo que Estados Unidos reconoció las pretensiones de Marruecos sobre el Sahara Occidental. Por otra parte, en Israel se leyó recientemente que Sudán no está del todo satisfecho con los resultados esperados a partir de la normalización de sus relaciones con Israel (véase nota del The Times of Israel): como bien se sabe, el 19 de octubre del 2020, Estados Unidos anunció el retiro de Sudán de la lista de Estados que apoyan el terrorismo, y Sudán entabló oficialmente relaciones con Israel el 6 de enero del 2021.
En el caso del Sahara Occidental, la nueva administración del Presidente Joe Biden no pareciera – al menos por el momento – desear revertir la insólita decisión tomada por su predecesor en la Casa Blanca (véase nota de prensa de Aljazeera de junio del 2021).
Foto extraída de nota de prensa titulada «The Media’ s Pro-Israel bias echoes coverage of apartheid», 2019.
El contenido completo de la declaración de Sudáfrica
Un Estado es usualmente muy mesurado y sumamente ponderado en sus comunicados oficiales, pero como toda regla de alcance general, esta admite sus bemoles. En particular si ese Estado detecta que no se siguieron los procedimientos previstos y se irrespetaron las regulaciones vigentes, en detrimento de las atribuciones que se le reconocen como Estado Miembro de una entidad internacional.
Textualmente el comunicado (véase texto completo) se lee de la siguiente manera, que nos permitimos reproducir de manera integral:
«South Africa Objects to the African Union Commission Decision to Grant Israel Observer Status
The government of South Africa is appalled at the unjust and unwarranted decision of the AU Commission to grant Israel observer status in the African Union.
The African Union Commission has taken this decision unilaterally without consultations with its members. The decision to grant Israel Observer Status is even more shocking in a year in which the oppressed people of Palestine were hounded by destructive bombardments and continued illegal settlements of the land. The African Union strenuously objected to the deaths of Palestinians and the destruction of civilian infrastructure. The decision by the AU Commission in this context is inexplicable.
The unjust actions committed by Israel offend the letter and spirit of the Charter of the African Union. The AU embodies the aspirations of all Africans and reflects their confidence that it can lead the continent through the practical expression of the goals of the Charter, especially on issues relating to self-determination and decolonisation.
Israel continues to illegally occupy Palestine in complete defiance of its international obligations and relevant UN resolutions. It is therefore incomprehensible that the AU Commission chooses to reward Israel at a time when its oppression of Palestinians has been demonstrably more brutal.
The South African government will ask the Chairperson of the Commission to provide a briefing to all member states on this decision which we hope, will be discussed by the Executive Council and the Assembly of Heads of States and Government.
South Africa firmly believes that as long as Israel is not willing to negotiate a peace plan without preconditions it should not have observer status in the African Union. The African Union cannot be a party in any way to plans and actions that would see the ideal of Palestinian statehood reduced into balkanised entities devoid of true sovereignty, without territorial contiguity and with no economic viability.
Enquiries: Mr Clayson Monyela, Spokesperson for DIRCO, 082 884 5974
ISSUED BY THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS AND COOPERATION
OR Tambo Building 460 Soutpansberg Road Rietondale Pretoria 0084″
Desde el punto de vista del funcionamiento interno de la UA, de sus regulaciones y de las atribuciones de sus diversas instancias, resultará de gran interés conocer cómo se gestó la decisión de otorgarle a Israel el estatuto de Estado Observador, al parecer de manera totalmente inconsulta. Lo que el comunicado de Sudáfrica califica de «inexplicable» debe tener … explicaciones, que deberán de darse a conocer en un primer momento, y luego ser discutidas en el seno de las instancias correspondientes citadas por Sudáfrica.
En efecto, cual sea la organización internacional, usualmente este tipo de decisiones (otorgamiento del estatuto de Estado Observador) debe seguir un procedimiento que involucra a diversas instancias y conlleva diversas etapas, en las que los Estados Miembros son consultados, al menos algunos de ellos, en representación de los otros Estados Miembros.
El apartheid en Israel
Además de los cuestionamientos de Sudáfrica sobre lo que ocurre en Palestina, condenados en su momento por la misma UA, uno adicional debe ser contemplado: se trata, tal y como se ha indicado ya en varios informes en este 2021, del régimen de apartheid que afecta gravemente a la población palestina, y que ha sido debidamente documentado por distintas entidades e informes de Naciones Unidas.
El uso de la palabra «apartheid» por parte del mismo jefe de la diplomacia gala en mayo del 2021 provocó una reacción iracunda en Israel, que no impresionó mayormente (véase nota de Le Figaro del 26 de mayo del 2021). Dos ex embajadores de Israel en tierras sudafricanas no vacilaron en usar exactamente el mismo término en junio del 2021, sin que se sepa si fueron objeto de reprimenda oficial alguna en Israel (véase nota de prensa de I24News titulada «Two former israeli ambassadors in South Africa accuse Jewish State of «apartheid» «, del 8 de junio del 2021).
En una muy completa entrevista a Bruno Stagno (ex canciller de Costa Rica entre el 2006 y el 2010) publicada en Chile (véase entrevista completa, pocamente divulgada en Costa Rica), se lee con relación al detallado informe publicado por Human Rights Watch, entidad en la que ahora trabaja (véase enlace al informe sobre apartheid y persecución en Israel contra la población palestina de abril del 2021), que:
«Estamos no solo totalmente seguros de las conclusiones a las cuales hemos llegado, sino que creemos que, además -como denota este informe-, la narrativa que ha predominado hasta esta fecha, de que básicamente lo que existe en Israel y en el territorio ocupado palestino es un conflicto que lo único que necesita es un proceso de paz, es totalmente insuficiente ante la no existencia de un proceso de paz, no se puede seguir simplemente aplastando la situación dramática de los derechos humanos de millones de palestinos, que muchos de ellos sufren a diario estas formas de persecución y discriminación, que en distintos lugares y distintas formas pueden constituir los crímenes de apartheid y persecución».
Foto extraída de nota de la organización Amnistía Internacional (AI), titulada «Israël discrimine les Palestiniens dans l´ accès à l’eau».
A modo de conclusión
Este comunicado sudafricano viene a poner a prueba la solidaridad de los Estados que conforman el continente africano y el liderazgo de Sudáfrica frente a las diversas iniciativas y maniobras de Israel en el continente en aras de aumentar paulatinamente su influencia. Esta última se manifiesta de muy diversas maneras, tanto en materia de ayuda y de cooperación como, por ejemplo, en la seguridad de las máximas autoridades camerunesas (véase nota del Courrier International) o bien la venta del – ahora famoso – programa Pegasus a varios Estados africanos para espiar a opositores, personalidades diversas y periodistas (véase nota de Le Point y esta otra nota de Africanews sobre el caso de Ruanda). En Naciones Unidas, en mayo del 2021 en el seno del Consejo de Derechos Humanos, Camerún y Malawi votaron en contra de la creación de un mecanismo internacional para investigar las exacciones israelíes cometidas en Gaza en este 2021, al tiempo que Togo se abstuvo (véase nota nuestra respecto a los resultados de esta votación).
Con relación al apartheid en Israel, recientemente (julio del 2021), una declaración suscrita por mas de 1000 universitarios, artistas e intelectuales desde 45 distintos Estados ha llamado a los Estados y a la comunidad internacional en general a no seguir cooperando con Israel hasta tanto no se desmantele este régimen de apartheid vigente (véase texto de la declaración en espanol). Precisamente en Francia, en el matutino Libération, se publicó este 27 de julio del 2021 una interesante tribuna intitulada «Pour que 2021 soit l’année de la fin de l’apartheid en Israël» (véase texto completo), al tiempo que el medio MondoWeiss tituló otra «2021, the year of Israeli apartheid» (véase texto completo).
La lista de los 1048 firmantes de este llamado colectivo (al 27 de julio del 2021) y que incluye a dos Premios Nobel de la Paz, uno de Química, asi como a otras personalidades de renombre mundial, se encuentra disponible aquí: entre estas, el investigador en salud Sir Iain Chalmers, el compositor Brian Eno, el músico Roger Waters, la escritora Ahdaf Soueif, el economista y antiguo Secretario Adjunto de Naciones Unidas Sir Richard Jolly, la ex Vicepresidenta del Parlamento Europeo Luisa Morgantini, y el político sudafricano y veterano de la lucha contra el apartheid, Ronnie Kasrils.
Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El proyecto de Ley del PUSC (expediente N° 21.522) para condonar deudas con la CCSS de patronos y trabajadores independientes sigue ganando adeptos, ya no solo levantaron la mano a favor el PLN, PAC y PRN, sino que hasta el presidente Alvarado (Ver [1]). ¿Quién levanta la mano para que el Estado le pague a la CCSS la deuda de ₡8 billones? ¿Los diputados? ¿El presidente? Sobre el deber del Presidente de la República de hacer cumplir las leyes nuestra carta magna dice lo siguiente: “ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (…) 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento” (Destacado no es del original).
¿Y qué hace al respecto la Asamblea Legislativa? ¿Exigirá “los presupuestos ordinarios y extraordinarios” que necesita la CCSS para evitar la quiebra del régimen de pensiones, como ordena el numeral 11) del artículo 121 constitucional? ¿Recurrirá a “formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno (…), cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”? Como dice el numeral 24) constitucional, ¿no es evidente el perjuicio al interés público? ¿Los servicios y las pensiones de la CCSS no son del interés público?
El proyecto del diputado Pedro Muñoz es pura sinvergüenzada. Si quieren hacerle un favor a la CCSS deben archivarlo y promulgar una ley con seriedad, que tenga algún sentido lógico y técnico, libre de influencias e intereses politiqueros. Si alguien le quiere entrar, debería considerar al menos lo siguiente:
Como punto de partida, las tasas de las cuotas de salud y pensiones de los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y por convenio deben ser las que existían en el año 2006, antes de que la Junta Directiva de la CCSS violentara la ley y decidiera cobrar el 100% de la cuota a una parte de estos asegurados:
Cuadro 1
Nota: Adicionalmente el Estado contribuirá un 0.25% en salud y pensiones.
Las tasas de contribución del cuadro anterior, en el caso de los asegurados de menores ingresos, pueden ser más bajas, para lo cual el Estado debe crear la fuente de recursos ordenada en el artículo 3 de la Ley N° 17. El resto de las tasas de contribución también deben ser ajustadas para que sean suficientes para atender los costos en ambos seguros. Lo importante es que estos asegurados no paguen más que los asalariados.
Una vez que se tengan esas tasas de contribución definidas desde el año 2006 a la fecha, la CCSS puede utilizarlas para recalcular el monto de la deuda principal de esos tres grupos de asegurados. Sobre los montos principales incluirá los intereses de ley. La CCSS también calculará y facturará la nueva deuda del Estado de aportes e intereses. No se trata de “borrón y cuenta nueva y que siga la charanga” como pretenden los diputados encabezados por Pedro Muñoz.
El Gobierno debe reglamentar el cumplimiento del artículo 74 de la Ley N° 17 que dice: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono”; en correspondencia con el artículo 78 de la Ley N° 7983.
La base mínima contributiva debe ser aumentada. Se requiere que la Junta Directiva de la CCSS deje de hacerle favorcitos a los jefes de Zapote y Hacienda.
Ahora bien, si los diputados y el Presidente quieren seguir con el mismo proyectito actual sin resolver el problema de fondo, lo menos que podrían hacer es trasladar al Estado la obligación de cancelar a la CCSS las deudas, multas e intereses que piensan perdonar a patronos y trabajadores independientes, pues el Estado es el responsable en última instancia y era lo que estaba vigente antes de la torta de 2007; además, este problema se lo buscaron los administradores de la CCSS y los gobiernos por tomar decisiones que no se apegan a la Ley, ni a la técnica. No es un asunto de pandemia, el chorizo fue adobado por los políticos desde el año 2007.
De continuar con el malévolo proyecto de Pedro Muñoz y compañía al menos vamos a ver a varios de los diputados que le tienen el perro amarrado a la CCSS recusándose de votar el proyecto de ley y de opinar sobre el mismo. Por fortuna el artículo 112 constitucional establece: “Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” ¿Será la Ley 8422? ¿Lo cumplirán? ¿Darán el ejemplo los diputados correspondientes?
La CCSS tiene un serio problema actuarial y financiero con varios grupos de asegurados (independientes, voluntarios, por convenio y parte del privado). De no ponérsele atención no solo sufrirán estos sectores, sino también los asegurados asalariados y los que se encuentran en otras modalidades de aseguramiento, incluyendo a los no asegurados. Es decir, todos los seguros y servicios de la CCSS. Los diputados deberían enfocarse en estos problemas de fondo, en lugar de buscar como joder más a la CCSS.
En el año 2019 cotizaron para IVM 1,417,900 personas (Ver Cuadro 2). De estas un 29.3% o 489,172 corresponden a aseguramiento con ingresos cotizables inferiores al salario mínimo legal de ₡320,000, precisamente porque la Junta Directiva de la CCSS mantiene la base mínima contributiva baja para no hacerle una factura importante al Estado, ya que en la mayoría de estos casos al Estado le corresponde una tasa de aporte mayor; es decir, debería en teoría aportar más; pero le reducen el monto de la factura gracias a favores.
Cuadro 2. Asegurados cotizantes de IVM en 2019
Los bajos niveles de salario o ingreso cotizable que se observan en el Cuadro 3, incluyendo a un importante grupo de trabajadores del sector privado, deben llamar a la reflexión. Esto por cuanto no tienen suficiente correspondencia con los costos de los beneficios que deben otorgarse y al final de cuentas estas personas resultan perjudicadas, porque tendrán una pensión mínima, la cual también es mantenida baja por los políticos.
Cuadro 3. Distribución de cotizantes de IVM según rango de salario cotizado – año 2019
Gráfico 1
El “sector” en los datos de los cuadros anteriores corresponde al que tenía el trabajador cuando aportó la última cuota, en 2019 o antes, según datos proporcionados por la Gerencia de Pensiones. Es notorio que en la empresa privada prefieren trabajadores jóvenes, lo cual presiona a los otros sectores (Ver Gráfico 1). Los cotizantes voluntarios están haciendo su esfuerzo para tener una pensión, lo cual es importante; pero a la vez una llamada de atención por el nivel de los beneficios y la reducción del aporte estatal. El sector de trabajadores independientes también viene cobrando fuerza. Los datos del Gráfico 2 lo conforman.
Gráfico 2
En definitiva, el IVM continuará aumentando la cantidad de pensionados al igual que sus deficiencias financieras y de gestión, mientras que los diputados se esfuerzan por ponerle piedras en el camino para llevar agua a sus molinos. La deuda con la CCSS continuará como un asunto de poco o ningún interés público y no veo a los directivos de la institución exigiendo al gobierno que pague la deuda.
Se ha ido afinando el panorama electoral presidencial hacia febrero del 2022. Ya los partidos que han completado sus trámites de inscripción electoral se acercan a la docena, con sus propios candidatos.
Liberación Nacional con José María Figueres y la Unidad Social Cristiana con Lineth Saborío, que son los candidatos que hasta ahora van solos con esa candidatura, la presidencial. Es natural que así sea en estos dos partidos, por su tradición de ser partidos que han gobernado, y de elegir no pocos diputados, donde prácticamente esta situación de doble candidatura ni siquiera se plantea, ni se tiene en su agenda política, ni en su hoja de ruta.
Del resto de los candidatos que hasta hoy han anunciado sus candidaturas presidenciales algunos han dicho que van en la doble postulación, es decir, que van aspirando a ser, al mismo tiempo candidatos a diputados por alguna de las provincia, en caso de no ser electos Presidentes.
Ellos son: Natalia Díaz, del partido Unidos Podemos, que ya fue diputada del Movimiento Libertario, hoy con su propio partido, Rodolfo Hernández, del partido Republicano Social Cristiano, Rodolfo Piza, del partido Nuestro Pueblo, quien fue dos veces candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Fabricio Alvarado, de Nueva República, quien fuera candidato presidencial finalista de las últimas elecciones por el partido Restauración Nacional, quien va con nuevo partido.
Estos candidatos se sabe que postularán su candidatura por la Provincia de San José, mientras Federico Malavassi lo hará por Cartago, ya que Otto Guevara lo intentará por San José, sin aspirar a la candidatura presidencial, que en este caso Malavassi repite la candidatura presidencial, que ya lo fue en 1998 por el Movimiento Libertario, además de que también ya fue diputado de ese partido.
Los que no han dicho ni han negado que van en la doble candidatura son Eli Feinzaig, del partido Liberal Progresista, Rodrigo Chávez, del partido Progreso Liberal, Carlos Valenciano Kramer, del partido Movimiento Libertario. Ninguno de estos ha sido candidato a la presidencia ni han sido diputados anteriormente.
Todavía quedan por definir candidatos presidenciales de los partidos Frente Amplio y Acción Ciudadana, que tienen diputados, y que han cogobernado en esta Administración de Carlos Alvarado Quesada, pero que van con candidaturas separadas, como lo fueron en la campaña anterior, llevando el Frente Amplio a su exdiputada y una de sus principales dirigentes, Patricia Mora Castellanos, al Ministerio de la Mujer, en este Gobierno de Acción Ciudadana, por tres años. Por ahora no están definidos sus candidatos presidenciales ni sus principales aspirantes a diputados.
En el Frente Amplio hay tres personas que se mencionan como posibles candidatos presidenciales y en Acción Ciudadana hay cuatro candidatos. Ninguno de estos dos partidos acepta la doble postulación a candidato presidencial y a la vez a diputado. Veremos si se rompe, en el Frente Amplio, ese compromiso que hasta la última campaña sostuvieron a sangre y fuego, por las disputas que hubo en ese sentido con el actual diputado José María Villalta.
En un escenario solitario, pero con grandes interrogantes de su posible participación, está también Rolando Araya Monge, que ha sido un alto dirigente liberacionista, haciendo una larga carrera dentro de ese partido hasta la candidatura presidencial en el 2002, del cual se separó y participó como candidato presidencial en las elecciones del 2010, con el partido Alianza Patriótica, regresando de nuevo a Liberación Nacional, donde aspiró a la candidatura presidencial en la Convención interna convocada este año, 2021, a cuyo resultado, después de haber quedado en segundo lugar, de no sentir satisfecha su negociación, con José María Figueres y su grupo, para trabajar por esa candidatura, optó por retirarse con posibilidad de aspirar nuevamente a la candidatura presidencial con otro partido político, en proceso de inscripción.
Con esta docena de candidatos la campaña no se siente caliente aún. Hay un ambiente nuboso políticamente. Pareciera que la gente espera que se definan, de una vez por todas, las candidaturas de todos los partidos que podrían pasar de los 15 con aspirantes presidenciales.
Alrededor de todos estos partidos se mueve un cardumen de pequeños partidos, algunos todavía en procesos de inscripción, otros que acabaron sus procesos pero el Tribunal Supremo de Elecciones les limita su participación en ésta campaña, por las trabas que impone a los pequeños partidos que están en ese proceso de inscribirse, cuando el Tribunal debería ser un instrumento colaborador de inscripciones partidarias, para contribuir de esa manera con la mayor participación de ciudadanos en la luchas electorales.
Históricamente el Tribunal se distinguió por obstaculizar la participación de los pequeños partidos, y de partidos de determinados signos político-ideológicos, como actuó hasta 1969. Todavía arrastra esas cadenas del pasado no muy remoto. Hay que ver las exigencias que les ponen a algunos partidos, violando incluso todas las normas de igualdad con los restantes, u obligándolos por sus Estatutos a usarlos cuando la nueva legislación agiliza en muchos aspectos la inscripción, lo que debería aplicarse en su beneficio, como es la exigencia de realizar asambleas distritales, en sodas, restaurantes, sitios públicos, que hay pagar, que no siempre hay en algunos distritos, impidiendo hacer asambleas distritales en casas con los cuidados sanitarios que impone la pandemia, más allá de esos estatutos internos, siempre y cuando se apeguen a la legislación actual. Eso es lo que tenemos.
En el partido Acción Ciudadana están pidiendo algunas personas y activistas postergar su Convención convocada para los primeros días de agosto. Grave error de ese partido, que ya debería estar en fila al menos con Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, que han sido los partidos gobernantes. Lo que ya no sumaron algunos precandidatos quizá ya no sumen más, porque la gente también se va identificando con lo que ya existe.
Todavía no han surgido candidatos populistas de ningún signo, aunque alguno de ellos, de los existentes, lo intenta por sus spots publicitarios que distribuye de exabruptos políticos que realiza, como mala copia de otros candidatos que han habido, que tenían su estilo, tenían clase y estilo, para decir las cosas y llamar las cosas por su nombre. Pueden salir todavía esos candidatos. Es como sacar conejos de un sombrero de mago.
Si esto no sucediera la campaña va a ser aparentemente muy plana y hacia noviembre diciembre de todos estos tendremos un pelotón de unos seis candidatos, para decantarse a finales de diciembre y principios de enero a unos tres o cuatro, entre los que se definiría la final. Para algunos de ellos, particularmente, el de Liberación Nacional es de vida o muerte ganar en primera ronda.
La Semana Iberoamericana de Educación Global es un evento en línea abierto para docentes, autoridades públicas y todas las personas interesadas en la educación internacional. Este es un encuentro internacional de expertos y autoridades educativas, que junto a organizaciones civiles voluntarias analizarán, discutirán y promoverán la Educación para la Ciudadanía Global como eje fundamental para el desarrollo de competencias esenciales para un mundo más conectado, sustentable y respetuoso de las diferencias interculturales. Hoy, como nunca, se evidencia la globalización y la necesidad de comprender un mundo híper conectado.
En este 2021 se rendirá un especial homenaje al educador brasileño Paulo Freire en el centenario de su natalicio.
Se contará con la participación de los siguientes panelistas:
Andreas Schleicher, Director de Educación y Competencias de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Lucía Verdugo Urréjola, Oficial Nacional de Educación de la UNESCO en Guatemala
Carlos Brenes Castillo, Sociólogo especialista en desarrollo rural, adaptación al cambio climático y manejo de recursos naturales
Luiza Erundina, Diputada federal y ex-acaldesa de São Paulo
Teresa Leitão, Diputada estadual y profesora
Vishakha Desai, Presidente Junta Directiva AFS Programas Interculturales
José Manuel Corona Rodríguez, Director de la Cátedra de UNESCO del Diálogo Intercultural
Almendra Staffa-Healey, Presidenta de SIETAR España
El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmaron este martes 27 de julio el acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2022.
De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES para el año 2022 se calculó con base en el monto acordado para 2021 y respetando la inflación interanual a mayo de 2021, equivalente a 1.34%. A diferencia de los dos años precedentes, en los que se negoció una posposición por la crisis sanitaria y económica de un porcentaje del monto, en esta ocasión la totalidad será incluida en el presupuesto nacional.
A partir de lo anterior, el monto del presupuesto total para el 2022 es de ¢522.822,67 millones y para el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) a un monto de ¢36.376,52 millones, con un aumentó en ¢7.394,187 millones, respecto al acordado para el 2021. Se acordó, además, establecer una mesa de negociación con el fin de analizar y definir un proyecto de inversión que permita recuperar los montos postergados en años anteriores.
Con este presupuesto las universidades públicas tendrán que enfrentar de manera prioritaria la necesidad de fortalecer la vida estudiantil a través de inversión en becas estudiantiles, conectividad, salud mental y las implicaciones del regreso seguro a la presencialidad.
Ambas partes reconocieron la importancia de atender las afectaciones generadas por las tormentas tropicales que han afectado varias zonas del país, para lo cual acordaron destinar un monto adicional de ¢3.145 millones para que el Ministerio de Educación Pública pueda hacer frente a esta situación.
En este espacio de diálogo y negociación, se reconocieron las medidas internas que han aplicado las instituciones de educación superior universitaria estatal de contención sin precedentes en sus gastos operativos y remuneraciones, así como el éxito alcanzado por las 5 universidades públicas en la continuidad exitosa del servicio educativo en el contexto de la pandemia. En este contexto incluso se registró un aumento de la matrícula en todas las casas de estudio, situaciones que provocaron la necesidad de reforzar de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes por un monto que asciende a un monto de 55 mil millones de colones, especialmente en zonas fuera del gran área metropolitana. De igual forma, se valoraron de manera muy positiva los aportes, en múltiples ámbitos, de las universidades públicas en la atención de la pandemia, especialmente el apoyo técnico científico de alto nivel.
Como parte de la negociación se acordó para el nuevo período una nueva agenda de cooperación entre el Gobierno y las universidades públicas, que integra varias líneas de acción, entre ellas:
Fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto,
Atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.
Innovación científica y tecnológica, entre otras.
Todas, tareas que serán asumidas desde el quehacer sustantivo desarrollado por la extensión y acción social, la docencia y la investigación científica y cultural.
Para la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, el acuerdo muestra el compromiso del Gobierno de la República con la educación y reafirma la visión por apoyarla, como una inversión social necesaria para el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país.
Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional de Rectores, Francisco González Alvarado el acuerdo tomado “es un reconocimiento a la educación como uno de los sectores prioritarios y que constituye una inversión estratégica y en especial en esta coyuntura, donde la educación es fundamental en el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense en sus localidades y regiones”.
El representante estudiantil César Andrés Alvarado Arguedas, se mostró satisfecho con el acuerdo “para el movimiento estudiantil es importante continuar fortaleciendo los programas de becas estudiantiles, así como los programas de regionalización universitaria para ampliar el acceso y la diversificación de la educación superior en las diversas regiones del país, de forma que se avance hacia una distribución más equitativa de las oportunidades educativas en el territorio nacional”.
El acuerdo se suscribió en la Comisión de Enlace por: Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República y Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores; Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica; Luis Paulino Méndez Badilla, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, Rector de la Universidad Técnica Nacional y César Andrés Alvarado Arguedas, representante estudiantil.
CONARE Consejo Nacional de Rectores
*Imagen: La bandera patria y de la Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond, UCR.
Este jueves 29 de julio a las 6:00 p.m. hora Centroamerica en la edición #40 de El Telar Voces del Tejido Comunitario, se abordará el tema de la criminalización y la judicialización que han enfrentado diversas personas en Costa Rica por luchar por sus derechos.
Se contará con la participación de:
Estudiantes universitarixs criminalizadxs por defender la educación pública.
Personas de la Alianza Campesina del Norte, y del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Comité Estudiantil en Solidaridad con la Lucha Campesina del Norte
