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Autor: María José Ferlini Cartín

Parlamento Cívico Ambiental rechaza texto sustitutivo de proyecto que propone minería metálica a cielo abierto en Crucitas

El Parlamento Cívico Ambiental anunció hoy su dictamen negativo al texto sustitutivo del proyecto de ley tramitado bajo el expediente 24.717, titulado “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería”.

La decisión se fundamenta en criterios técnicos, científicos, jurídicos y socioeconómicos que concluyen que no existe minería metálica a cielo abierto que pueda considerarse sostenible. El Parlamento advierte que permitir esta actividad en Crucitas causaría daños ambientales irreversibles, afectando bosques, cerros, mantos acuíferos y biodiversidad, con un impacto negativo que superaría cualquier beneficio económico temporal.

La minería a cielo abierto no es la solución para la pobreza ni la desigualdad; en América Latina este modelo ha dejado contaminación y mínimos beneficios para las comunidades”, afirmó Bernardo Aguilar González, presidente del Parlamento Cívico Ambiental. “El proyecto llama sostenible un proyecto de minería a cielo abierto que solamente atiende los impactos del cianuro, pero no atiende la deforestación, los daños a los suelos, los impactos en relación con fijación de carbono, emisiones y otros que forman parte esencial de cualquier modelo de sustentabilidad.”

Entre las principales preocupaciones destacadas se encuentran:

  • Portillos legales peligrosos: La declaratoria de “interés público” y “conveniencia nacional” podría permitir la expansión de este tipo de proyectos a otras regiones.

  • Traslado de costos ambientales al Estado: La propuesta deja en manos del erario público la remediación y cierre técnico, sin responsabilidad real para las empresas concesionarias.

  • Debilitamiento de protecciones agrícolas y ambientales: Se eliminan requisitos clave para proteger suelos productivos y recursos naturales en una zona de alta productividad agrícola.

  • Riesgo para el patrimonio natural de todo el país: Los servicios ecosistémicos de Cutris benefician a toda Costa Rica y no deben verse como patrimonio exclusivo local.

El Parlamento también señaló que la iniciativa carece de medidas concretas para combatir la minería ilegal, problema que requiere un plan integral de contención y remediación ambiental ordenado por la Sala Constitucional, pero aún pendiente de cumplimiento.

Finalmente, la institución enfatizó que abrir la puerta a la minería a cielo abierto en un contexto de debilitamiento institucional y creciente presencia del crimen organizado solo aumentaría la corrupción, el lavado de dinero y las desigualdades, en lugar de generar bienestar duradero.

El Parlamento Cívico Ambiental insta a la Asamblea Legislativa a archivar el proyecto y a priorizar alternativas económicas no extractivas, como el turismo sostenible, la bioeconomía y otras actividades compatibles con la protección de los recursos naturales.

Montes de Oca se llena de arte con Jornada de Animación Sociocultural

La Asociación Cultural Montes de Oca invita a toda la comunidad a participar en una Jornada de Animación Sociocultural, un espacio pensado para impulsar la creatividad y la reactivación artística del cantón.

La cita será el próximo martes 19 de agosto, a partir de las 6:00 p.m., en el Centro de la Cultura de Montes de Oca, ubicado 100 metros al norte del edificio Anexo Municipal.

Para más información, puede contactar a la Asociación al número: 7154-4629.

Movimiento sindical costarricense se coordina ante convocatoria de la CCSS

El Movimiento Sindical Costarricense convocó a sus organizaciones integrantes a una reunión de coordinación para este martes 19 de agosto, con el objetivo de establecer una posición unitaria ante la convocatoria emitida por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La cita se realizará a las 10:00 a.m. en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Sala 1 contigua a la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Según la convocatoria firmada por Martha Elena Rodríguez González, representante del movimiento sindical, el encuentro busca «analizar y discutir de manera conjunta» la situación planteada por la CCSS.

La reunión tiene como propósito definir «una estrategia de acción en defensa de los intereses de las personas trabajadoras y de la seguridad social del país», según indica el documento de convocatoria.

Por limitaciones de espacio, se solicitó la participación de máximo tres personas por organización sindical. La representante del movimiento destacó que la presencia de los dirigentes sindicales será «fundamental para fortalecer la voz y la unidad del movimiento sindical en este momento clave».

Aunque la convocatoria no especifica los detalles de la propuesta de la Junta Directiva de la CCSS que motivó esta reunión de coordinación, el llamado evidencia la preocupación del sector sindical por posibles medidas que puedan afectar tanto a los trabajadores como al sistema de seguridad social costarricense.

La respuesta organizada del movimiento sindical refleja la importancia que le otorgan a mantener una posición unificada frente a decisiones que consideren estratégicas para la defensa de los derechos laborales y la institucionalidad de la seguridad social en el país.

Participar en democracia en tiempos de amenaza al Estado social de derecho

Votar hoy en Costa Rica no es un trámite: es resistir.
El Estado social de derecho está bajo ataque del populismo y el autoritarismo.
Abstenerse es entregar el país.
La democracia se defiende en las urnas.

Roberto Salom Echeverría

La participación en elecciones libres es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin embargo, cuando el Estado social de derecho se encuentra en peligro y las conquistas sociales alcanzadas durante décadas están amenazadas, el deber de acudir a las urnas adquiere un significado aún más trascendente: no se trata solo de elegir autoridades, sino de defender un modelo de sociedad basado en derechos, equidad y libertades.

La convocatoria ciudadana y la limpieza del sufragio

En este contexto, todos los ciudadanos y ciudadanas están convocados a participar. El sufragio, como fundamento de legitimidad democrática, solo tiene sentido si se garantiza su limpieza, transparencia e imparcialidad. La pureza del voto no es únicamente un requisito técnico, sino la principal garantía de que la voluntad popular prevalezca.

A ello se suma la defensa de principios básicos como la libertad de expresión y la división de poderes, tal y como lo planteó Montesquieu, indispensables para mantener un equilibrio que evite la concentración autoritaria del poder.

La situación política en Costa Rica

La política costarricense de los últimos años se caracteriza por una gran volatilidad en la opinión pública y por la dispersión de la oferta electoral tras el colapso del bipartidismo tradicional. Este fenómeno ha generado tanto oportunidades como amenazas.

La ciudadanía se muestra fragmentada entre posiciones de estabilidad y volatilidad; entre la desideologización y las opciones políticas más definidas; entre la emocionalidad y la racionalidad en las decisiones. Por ello entiendo el debilitamiento de los partidos políticos dada la pérdida de los principios ideológicos que antes los cohesionaban. Conviven, además, la expectativa de un cambio incierto con la defensa de la institucionalidad democrática, el caudillismo con las propuestas orgánicas, la abstención con la participación, y el populismo con la demanda de más democracia.

La oferta electoral es inestable e incierta. Frente a los impulsos autoritarios y populistas que buscan ganar terreno, los partidos democráticos y progresistas aparecen dispersos y a la defensiva, sin un horizonte claro de articulación. Paralelamente, aumenta la desconfianza hacia las instituciones, que tienden a debilitarse y a perder credibilidad ante una ciudadanía golpeada por la polarización, la desigualdad y la inequidad.

Origen y contexto de la crisis

La problemática no puede entenderse únicamente desde lo local. Se relaciona también con los cambios globales tras la caída de la URSS y de los países socialistas de Europa del Este, que marcaron un viraje en la fe ciudadana hacia las instituciones del Estado social de derecho. El colapso de ese régimen representado por la URSS y de los países socialistas de Europa del Estele soltó las amarras al capitalismo, y a partir de entonces decayeron las políticas distributivas en las democracias capitalistas, dando paso cada vez más al neoliberalismo, que privilegió el mercado a costa del intervencionismo del Estado en la economía, como ente regulador de los excesos del libre mercado.

En este marco, se intensifica la amenaza de soluciones autoritarias frente a la necesidad de profundizar la democracia. Las conquistas sociales alcanzadas se ven cada vez más vulnerables, mientras surgen expresiones populistas que intentan capitalizar el descontento social.

El populismo, en su versión más agresiva, se presenta como un movimiento liderado por sectores de las clases altas y medias-altas que buscan manipular a los grupos más vulnerables. Su lógica se basa en la emocionalidad más que en la racionalidad, en el caudillismo por encima de la propuesta programática, y en discursos demagógicos que sustituyen las realizaciones concretas. Se trata, en esencia, de reemplazar unas élites por otras, sin otorgar concesiones reales a los sectores populares, e instaurar un régimen sin contrapesos, autocrático y autoritario.

A ello se suma el tema de la corrupción, entendida no solo como actos ilegales individuales, sino como el reflejo de un sistema de privilegios posicionales que profundiza la inequidad. Este fenómeno es la punta del iceberg de un deterioro mayor: la pérdida del sentido de comunidad democrática, que comenzó con la crisis del bipartidismo y que erosiona la confianza en la institucionalidad.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, la pregunta central es cómo fortalecer la democracia costarricense.

Desde la sociedad civil, es fundamental organizar y estimular la participación ciudadana activa en defensa de la institucionalidad democrática. La democracia no puede reducirse al voto cada cuatro años; requiere vigilancia constante, acción colectiva y compromiso con el bien común.

Desde los partidos políticos democráticos y progresistas, se impone la tarea de promover la unidad de fuerzas para defender y ampliar los derechos alcanzados. La fragmentación debilita y abre espacio a las corrientes autoritarias; la unidad, en cambio, ofrece la posibilidad de construir alternativas creíbles y sostenibles.

Hacia una sociedad de derechos, el reto es avanzar en más democracia, más participación y más inclusión. En tiempos de amenaza, la respuesta no es menos democracia, sino todo lo contrario: más espacios de deliberación, de control ciudadano y de solidaridad social.

Conclusión

Costa Rica enfrenta hoy un momento de definiciones. La participación electoral y el fortalecimiento del Estado social de derecho son la mejor defensa frente a las amenazas autoritarias y populistas. La democracia costarricense, aunque frágil y tensionada, tiene en la ciudadanía organizada y en las fuerzas democráticas su mayor esperanza de continuidad y renovación

Nota del autor:
Este artículo fue elaborado a partir de mi intervención en un panel organizado por el Programa Alternativas, que produce el colectivo Reflexión Acción y es dirigido por el filósofo Luis Ángel Salazar Oses. La emisión del 15 de agosto de 2025 en la cual participé fue moderada por el teólogo Mainier Barboza.

El espejismo de la pertenencia: el populismo conquista cerebros y devora democracias

JoséSo
José Solano-Saborío

En un mundo hiperconectado pero emocionalmente fracturado, una paradoja define nuestra era: nunca hubo tanta información al alcance, y nunca fueron tan vulnerables las sociedades al engaño. Personas de todas las clases sociales —especialmente aquellas de estratos medios y bajos golpeados por la desigualdad— caen en la seductora telaraña de teorías conspirativas, discursos de odio y líderes populistas que les hablan «como uno más de nosotros«, prometiendo soluciones simples a problemas complejos: “acabamos con la corrupción dominante y todo Se resuelve solo”. Este fenómeno, global en su alcance pero local en sus manifestaciones, no es un error cognitivo inocente. Es el síntoma de una crisis democrática que aprovecha el miedo y la desesperanza para vaciar de sentido la política.

El mecanismo del engaño: identidad sobre razón

El éxito de los demagogos no reside en la veracidad de sus afirmaciones, sino en su capacidad para apelar a la identidad tribal. Estudios en psicología social —como los de Daniel Kahneman y Jonathan Haidt— revelan que bajo estrés económico o incertidumbre, los seres humanos priorizan la pertenencia grupal sobre el análisis crítico. Un político que grita «¡Ellos te roban!» o «¡Yo soy como vos, soy uno de ustedes que está igual de harto!» activa un atajo emocional: ofrece certidumbre identitaria en medio del caos. Así, el votante promedio perdona —o incluso celebra— las contradicciones flagrantes. En Europa, partidos como el Rassemblement National francés o Alternativa para Alemania han convertido a migrantes y élites en chivos expiatorios, mientras promueven agendas económicas neoliberales que profundizan la precariedad de sus propias bases. El Brexit fue el paradigma: comunidades empobrecidas del norte de Inglaterra votaron por una fantasía de soberanía, ignorando que sus empleos dependían del mercado único europeo.

América Latina: el caldo de cultivo de la ira útil

En nuestra región, este modelo encuentra terreno fértil. La historia de desigualdades estructurales, combinada con la desilusión tras ciclos de gobiernos tradicionales fallidos que solo hicieron lo que el FMI y otras instituciones financieras les indicaron como un manual, alimenta la demanda de «outsiders» que hablen sin filtros. Jair Bolsonaro en Brasil o Nayib Bukele en El Salvador ejemplifican la fórmula: retórica violenta («balas contra el crimen«), demonización de minorías (LGTBIQ+, indígenas) y ataques a la prensa («fake news» o “prensa canalla”), todo envuelto en un discurso de «hombre del pueblo«. La paradoja es cruel: sus políticas —recortes al gasto social, flexibilización laboral, privatizaciones— perjudican precisamente a quienes los aplauden emocionados. En Argentina, sectores populares apoyan figuras como Javier Milei, cuyo ultraliberalismo promete «quemar el banco central» mientras desarma redes de protección social. La pregunta obvia —¿por qué un desempleado celebra la reducción de pensiones? — tiene respuesta en la neuropolítica: el cerebro procesa el resentimiento antes que el interés económico.

Costa Rica: el sueño de la excepcionalidad agrietado

Costa Rica no es inmune. Aquí, el mito de la «Suiza centroamericana» choca con una realidad de pobreza creciente (el 25% en 2025) y desconfianza institucional. Políticos oportunistas han aprendido a empaquetar el odio con acento tico:

  • Contra el empleo público: Se sataniza a funcionarios como «privilegiados«, ocultando que muchos son enfermeras, maestros o técnicos municipales de salarios modestos. Mientras, se aplauden recortes al IMAS o al INA, pilares de movilidad social.

  • Contra migrantes: Se difunden bulos en WhatsApp sobre «invasores» nicaragüenses que «colapsan servicios», ignorando que su trabajo sostiene agricultura y construcción.

  • Populismo digital: Figuras como el presidente Rodrigo Chaves dominan el algoritmo con frases simples («¡Hay que poner orden!») y ataques a medios, mientras su gobierno recorta presupuestos para vivienda o ambiente. El resultado es un electorado que vota contra sus intereses: clases medias empobrecidas exigen menos impuestos a grandes capitales, y trabajadores informales apoyan reformas que debilitan sindicatos.

La Trampa Final: El Circulo Vicioso del Odio

Este fenómeno se retroalimenta. Las redes sociales —diseñadas para maximizar engagement mediante la indignación— amplifican mentiras que confirman sesgos. El ciudadano, atrincherado en su burbuja, desconfía de expertos («¡Son parte del sistema!») y normaliza la violencia retórica. En Costa Rica, esto se traduce en amenazas a periodistas como Ernesto Rivera, despedido del Sinart por investigar corrupción, o en marchas donde se pide «mano dura» mientras se defienden8 recortes policiales. La democracia se reduce a un espectáculo de gritos, donde el proyecto colectivo muere por mil heridas de egos individualistas.

Reflexión final: Las sociedades que intercambian hechos por consuelos identitarios no están ejerciendo «libertad«. Están cavando su propia fosa. Cuando el odio al diferente, el desprecio al conocimiento y la fe en salvadores autoritarios reemplazan el debate informado, el patrón es claro: no es una teoría conspirativa que élites manipulen a las masas. Son las masas, engañadas por su propia necesidad de pertenencia, las que eligen a sus verdugos. Y en ese camino, como bien advirtió Bertolt Brecht, llega un punto donde la estupidez se vuelve crimen contra uno mismo.

Un pueblo que cree en espejismos vota por espejismos. Y al despertar, solo encuentra el desierto que ayudó a crear.

#DemocraciaEnRiesgo #PopulismoTóxico #CostaRicaDespierta

CGR revela que 6 de cada 10 instituciones públicas no gestionan integralmente bienes y servicios

La Contraloría General de la República (CGR) evaluó la capacidad de gestión de bienes y servicios en 275 instituciones públicas, analizando la planificación, adquisición, administración, seguimiento y evaluación de los recursos requeridos para su operación.

Durante el 2024, se ejecutaron ₡6.490 millones en este ámbito, lo que evidencia la relevancia de contar con una gestión integral y estratégica que garantice servicios públicos de calidad, alineados con las necesidades reales de la población y que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.

El Índice de Capacidad de Gestión de Bienes y Servicios, emitido tras la revisión, muestra que seis de cada diez instituciones aún no gestionan de forma completa ni articulada los bienes y servicios que requieren. El 68,4 % de las instituciones no cuenta con una política para la gestión de bienes y servicios, lo que afecta áreas clave como estrategia y planificación, adquisición, administración, y seguimiento y evaluación.

En cuanto a la protección de los recursos públicos, el 71,3 % de las instituciones no gestiona los riesgos asociados a los bienes y servicios, y un 54,2 % no aplica mecanismos de control para cumplir con la normativa de prevención contra la corrupción. Además, el 52,4 % de las entidades carece de un registro de control formal sobre los bienes adquiridos y servicios contratados.

Estas deficiencias incluyen la ausencia de estrategias que orienten las compras, generando adquisiciones fragmentadas y aumentando el riesgo de bienes o servicios innecesarios o mal definidos. La falta de controles expone a las instituciones a irregularidades y limita la capacidad para anticiparse a amenazas.

Después de adquirir bienes o contratar servicios, muchas entidades pierden trazabilidad, lo que incrementa la probabilidad de desperdicio, deterioro de activos, incumplimiento de lo pactado y toma de decisiones sin información confiable.

Para leer el documento completo y conocer los resultados detallados, disponibles por institución, acceda al siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017279.pdf

Más de dos millones de publicaciones con discursos de odio en redes sociales durante 2025

El Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación: Análisis de redes 2025, presentado por las Naciones Unidas y la firma COES Comunicadores el pasado 12 de agosto, indica que entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 2,093,056 publicaciones y comentarios con discursos de odio en las redes sociales Facebook y X; si se agregan Instagram y Reddit, el total asciende a 2,138,854. El incremento anual fue de 16%, menor al de años previos, lo que sugiere una desaceleración del crecimiento, aunque el volumen sigue en máximos históricos.

El Informe utilizó una metodología basada en el uso de inteligencia artificial y herramientas de escucha social (social listening), analizando perfiles públicos con geolocalización en Costa Rica. En el caso de Facebook, el estudio trabajó con una base de más de 5.000 páginas de medios, personas influyentes, instituciones y organizaciones nacionales.

¿Qué son los mensajes de odio?

El Informe define los discursos de odio como mensajes verbales, escritos, visuales o conductas que usan lenguaje ofensivo o discriminatorio contra una persona por su nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, lugar de origen, creencias u otra característica de identidad.

Pueden ser directos, incitando explícitamente al odio o la violencia, o indirectos, fomentando prejuicios, exclusión y discriminación. En ambos casos, debilitan la cohesión social y limitan la capacidad de diálogo constructivo.

Principales hallazgos

  1. Más emisores y tono más agresivo: las personas que emitieron discursos de odio aumentaron 31% frente a 2024, con un comportamiento “más violento y personalizado” hacia la integridad y capacidades de las personas afectadas.

  2. Masculinidades agresivas encienden odio en redes: por tercer año consecutivo, los hombres concentran la mayor participación, escribiendo alrededor de cada 10 mensajes de odio y discriminación.

  3. Temas con mayores interacciones: en principal tema que produce mayores reacciones negativas es el de Política y Realidad Nacional con 789,442 menciones en Facebook y X en el periodo estudiado, representando un aumento interanual del 43%. El tema Género acumula 490,639 menciones (+37% interanual) y Orientación Sexual e Identidad de Género es la categoría que más se dispara, aumentando en un 344.68% frente a 2024.

  4. Disminuyen algunos ejes de discriminación: se registra una reducción en los discursos de odio relacionados con xenofobia (-16%), racismo (-23%), discapacidad (-10%) y religión (-56%) respecto al año anterior.

  5. Ataques a instituciones y prensa: las agresiones se concentran en Asamblea Legislativa (21.70%), medios de comunicación (17.33%), Poder Ejecutivo (15.26%), Poder Judicial (14.92%) y partidos políticos (13.87%). Los ataques a periodistas y medios crecieron 110% respecto al año anterior.

  6. La red social con mayor prevalencia de estos mensajes: X concentra la mayor parte del volumen (58.55%), seguida de Facebook (37.43%); Reddit (3.42%) e Instagram (0.60%) quedan muy por detrás.

  7. Meses pico: julio y agosto de 2024 fueron los meses con más discursos de odio.

El caso de TikTok:

Aunque las restricciones de TikTok impiden un análisis totalmente retroactivo y masivo (la plataforma permite seguir hashtags y analizar hasta 1.000 publicaciones públicas por 90 días), el equipo incorporó observación cualitativa.

El análisis describe a TikTok como un “espejo” de tensiones sociales: desencanto político, pérdidas de confianza institucional y miedos al cambio que se canalizan en insultos, desinformación y odio, con normalización del odio político, misoginia hacia mujeres en espacios de poder, y xenofobia, especialmente contra personas nicaragüenses.

Para promover el uso responsable de las redes sociales, se le invita a leer el informe que se encuentra disponible para su descarga en el siguiente enlace: https://costarica.un.org/es/299679-informe-sobre-discursos-de-odio-y-discriminaci%C3%B3n-2025

Vidas en Peligro: 6 Países se retiran de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona

Por Pablo Ruiz*

De acuerdo con una nota de la Agencia EFE los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania han oficializado el proceso de retirada del Tratado de Ottawa o la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona la que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona. También Ucrania, Polonia y Finlandia han anunciado planes para hacer lo mismo.

Esta decisión es un retroceso y un claro peligro para la población civil si es que nuevamente se usan este tipo de armas en sus fronteras las que, hoy por hoy, producto de los conflictos en curso, son transitadas por la misma población o por migrantes que justamente quieren escapar de la guerra o la pobreza. Se conoce que el 80 % de las personas que mueren o quedan discapacitadas a causa de las minas terrestres son civiles y muchas veces niños.

De acuerdo a la Cruz Roja Internacional “La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (“Tratado de Ottawa”) forma parte de la respuesta internacional al sufrimiento generalizado que producen las minas antipersonal. La Convención se basa en normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario aplicables a todos los Estados. Estas normas prohíben el empleo de armas que, por su índole, no distingan entre personas civiles y combatientes o causen sufrimientos innecesarios o daños superfluos. La Convención se abrió a la firma el 3 de diciembre de 1997 en Ottawa y entró en vigor el 1 de marzo de 1999”.

En un comunicado de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona (ICBL), coalición de ONG fundada en 1992 y ganadora del Premio Nobel de la Paz, sobre la retirada de los países bálticos, anunciada en la última reunión de los Estados parte del tratado, “representa un retroceso sin precedentes en un acuerdo de desarme humanitario que ha salvado innumerables vidas desde su adopción 1997”, señalaron.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según la nota de EFE, “firmó un decreto el 29 de junio para retirarse del tratado, aunque este prohíbe que los Estados lo abandonen si se encuentran en conflicto”. Ucrania había ratificado el Tratado de Ottawa en 2005.

La organización Handicap International, con sede en Francia y Bélgica, lamentó en otro comunicado la decisión ucraniana.

“Las minas antipersonal causan contaminación a largo plazo y representan graves riesgos para la población civil. A nivel mundial, más del 84 % de las víctimas de minas terrestres son civiles. El uso de estas armas pone en peligro vidas no solo durante los conflictos, sino también durante décadas posteriores, lo que dificulta la reconstrucción, el retorno seguro de las comunidades desplazadas y la consolidación de la paz a largo plazo. Instamos a Ucrania y a todos los Estados a que respeten las normas humanitarias internacionales y prioricen la protección de los civiles por encima de todo. Nos preocupa profundamente la decisión de Ucrania de retirarse del Tratado sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Además, la Convención no autoriza la retirada de la Convención de Ottawa durante un conflicto armado activo., señaló la ONG Handicap International.

¿Por qué es necesario prohibir las minas antipersonal?

“Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo. Dado que resulta mucho más fácil colocarlas que retirarlas, ha sido difícil o imposible utilizar esta arma de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario en la mayoría de los conflictos en que se ha empleado”, indica la Cruz Roja Internacional.

Para Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), “la presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», señaló a IPS .

De acuerdo a la ONU, “más de 143.000 personas han muerto o han resultado heridas a causa de la explosión de minas antipersona u otro tipo de artefactos terrestres entre 1999 y 2020”.

El caso de Chile

En el caso de Chile, por ejemplo, Chile suscribió la Convención de Ottawa el 3 de diciembre de 1997 y el 10 de septiembre de 2001 depositó el instrumento de ratificación ante el secretario general de las Naciones Unidas. En función de este compromiso posteriormente creó la Comisión Nacional de Desminado (CNAD).

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores el año 2020 “Chile culminó las operaciones de desminado humanitario, despejando todos los campos minados del territorio nacional. En total, se trató de 200 áreas, en las que fueron destruidas 179.815 minas y liberados más de 27 millones de m2, trabajo especializado en terreno que concluyó el pasado 27 de febrero”.

“Las minas (estaban) ubicadas en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Magallanes, así como, la identificación de un campo minado en la región de Valparaíso y de un área considerada de peligro por contener posiblemente estos artefactos, en la región Metropolitana, fueron el centro de las áreas de trabajo” de la CNAD, señala un informe de Blanca Bórquez Polloni.

En la actualidad, 164 países habían suscrito el tratado: todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la mayoría de los países africanos, asiáticos y americanos. En cambio, Rusia, China, India, Estados Unidos e Israel figuran entre los que no han suscrito el Tratado de Ottawa.

* Pablo Ruiz es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile y editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

Foto de Santiago Serna de la Agencia Anadolu (agencia de noticias propiedad del Gobierno de Turquía).

Conversatorio “Decidir desde la comunidad: mecanismos para hacerle frente al desplazamiento e influir en el ordenamiento territorial

El Nodo de Gobernanza Territorial de la Vicerrectoría de Extensión y Vinculación Territorial de la UNED le invita al conversatorio “Decidir desde la comunidad: mecanismos para hacerle frente al desplazamiento e influir en el ordenamiento territorial”. La actividad sera el 21 de agosto de 2025 a las 5:00 p.m., transmisión por ONDA UNED / UNED Puerto Viejo.

Enlace de inscripción: https://forms.office.com/r/S1QWvNtvVg?origin=lprLink

Emergencia climática y derechos humanos: un nuevo marco jurídico para las Américas

El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la Opinión Consultiva (OC) 32/25, un marco jurídico innovador que reconoce el cambio climático como una emergencia mundial. En respuesta a una solicitud conjunta de Colombia y Chile, la Corte declaró que todos los Estados miembros de la OEA tienen obligaciones vinculantes en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de responder con medidas urgentes, concretas y basadas en la ciencia.

Este dictamen sienta un precedente jurídico histórico, al ofrecer una hoja de ruta vinculante basada en el derecho internacional y la ciencia, que afirma que la acción climática no es opcional; es una obligación para proteger los derechos humanos.

El CEJIL, se enorgullece haber apoyado este proceso desde el principio, aportando su experiencia, facilitando la participación regional y contribuyendo al desarrollo de esta poderosa herramienta jurídica para proteger a las personas de los graves efectos del cambio climático.

Profundice en esta histórica opinión explorando y compartiendo el nuevo sitio web con toda la información relacionada a la OC32, incluyendo:

El texto completo de la Opinión Consultiva N.º 32 y el resumen oficial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un resumen analítico para facilitar su lectura.

Próximos eventos sobre clima y derechos humanos.

Blogs de personas expertas que analizan el alcance de la OC32 sobre la emergencia climática y los derechos humanos.