El 3 de mayo se resolvió en favor de la conservación y la protección un juicio de 17 años, contra un señor que se había apropiado de una finca de 32 hectáreas en el Chayote.
Un proceso que inició en junio del 2004 donde la Municipalidad de Naranjo compró una finca en el Chayote y en el momento de la compra un señor se posicionó de una parte del terreno, ese proceso lo inició la Municipalidad en ese momento acompañado de Fedapro Costa Rica (Federación de Acueductos de la Zona Protectora del Chayote), posteriormente la municipalidad deja ese proceso abandonado y es Manuel Montoya Carranza como Presidente de Fedapro, junto a varios compañeros que acompañaron el proceso de la Comisión para la defensa de la Zona Protectora del Chayote.
Fueron muchos años y se ganó dicho caso y son 32 hectáreas que deben ser utilizadas para la Conservación y Protección. El día de ayer se dio la sentencia (que ya había ido a casación y en las tres instancias se ganó) queda en firme y que el señor debe abandonar en cinco días dicha propiedad y que la Municipalidad de Naranjo haga el depósito y recibir oficialmente el terreno. Queda en manos de nuestro gobierno local cumplir con lo establecido en su momento y ojalá se pueda iniciar un buen proyecto de Reforestación por parte del departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad, seguro estoy que con buena difusión muchas personas pueden participar en dicho proyecto.
Es momento de buenas noticias en bien de nuestra querida Zona Protectora del Chayote y esperando que el Concejo Municipal de Naranjo y la oficina del señor alcalde Juan Luis Chaves realicen con la mayor rapidez el trámite en el Banco para que ese terreno pase ya a manos del pueblo de Naranjo y que se pueda proteger nuestro mayor tesoro que es la Zona de recarga acuífera de los acueductos de Naranjo.
La Confederación Sindical Internacional, la Fundación Friedrich-Ebert Stiftung y Development Pathways invitan al seminario web: Los beneficios económicos de la protección social.
La actividad será el día viernes 7 de mayo 2021 a la 1:00 de la tarde. La transmisión tendrá interpretación simultánea en inglés, francés y español.
El evento tendrá la participación de Observaciones iniciales: Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional.
La presentación estará a cargo de Diloa Bailey-Athias, Economista de Development Pathways.
La reacciones estará a cargo de: Juan Carlos Durán Castro, secretario de Seguridad Social, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Costa Rica; Reema Nanavaty, directora de Actividades de Desarrollo Económico y Rural, Self-Employed Women’s Association (SEWA), India; Kwabena Ootoo, director de Investigaciones, Trades Union Congress (TUC); Ghana Shahra Razavi, directora del Departamento de Protección Social, Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Conclusiones finales: Hajo Lanz, director de la oficina de la Friedrich-Ebert Stiftung en Ginebra.
Moderadora: Evelyn Astor, Asesora de políticas económicas y sociales, Confederación Sindical Internacional
SURCOS comparte el siguiente comunicado referente al Reglamento de Acción Social de la UCR:
Las abajo firmantes, en calidad de personas estudiantes, docentes y administrativas de la Universidad de Costa Rica, así como personas beneficiarias y participantes de la Acción Social en comunidades, manifestamos nuestra gran preocupación por el Reglamento de Acción Social que se encuentra en este momento en consulta por el Consejo Universitario, desde enero del presente año hasta este próximo viernes 30 de abril.
Es preocupante que desde la pasada administración de Henning Jensen, la Acción Social ha sido el pilar sustantivo más afectado en términos presupuestarios. No obstante, recordamos a nuestro actual rector afirmando que durante su administración la Acción Social se vería fortalecida. Lamentablemente, esta vicerrectoría inició el 2021 con un 50% de recortes en todos los proyectos.
Por tales motivos, nuestras inquietudes giran en torno a:
El periodo de consulta a la comunidad universitaria no es el adecuado. Esto porque, tanto estudiantes como docentes con nombramientos por ciclos, no forman parte activa de la Universidad de Costa Rica en gran parte de este periodo; ya sea porque no están llevando cursos en el ciclo de verano (en el caso de estudiantes), o porque no han sido nombrados en unidades académicas (para el caso de gran cantidad de docentes). Esto ha provocado que mucha gente de la comunidad universitaria desconozca sobre esta consulta de reglamento.
En este documento no se promueven procesos de multi, inter y transdisciplinariedad, que tanto se han defendido en la Acción Social de la UCR. Por el contrario, este reglamento en consulta parte de una lógica bastante disciplinar, perdiendo así el rico ejercicio académico de acompañar comunidades desde diversos enfoques, miradas y conocimientos.
Esta propuesta de reglamento no resuelve de ninguna forma la actual asimetría con que se ha venido desarrollando la Acción Social, frente a los otros pilares sustantivos de la Universidad (Investigación y Docencia). Por el contrario, se profundiza en la idea de que la Acción Social es la última prioridad del quehacer universitario, siendo la que históricamente recibe el más bajo porcentaje del presupuesto, con respecto a las otras vicerrectorías.
Se desdibuja por completo el quehacer de la Vicerrectoría de Acción Social, y más bien se recargan funciones a las Comisiones de Acción Social, pero sin asignarles recursos. Nos preocupa la poca claridad sobre las responsabilidades que tendría la VAS con base en este reglamento, en donde más bien se le han dado cerca de 20 a las CAS de las distintas unidades académicas, recargando el trabajo de las personas docentes y administrativas en las escuelas, cuando debería ser la VAS la encargada de orientar, encabezar y protagonizar la acción social que se desarrolla desde la Universidad de Costa Rica.
Por último, es preocupante la profundización de los mecanismos de venta de servicios desde la acción social. En ese sentido, este reglamento refleja un tipo de modelo de universidad que no necesariamente representa el pensamiento crítico y el compromiso ético-político con las poblaciones más vulnerabilizadas, que ha caracterizado este pilar sustantivo de nuestra institución. De hecho, en la estructura organizativa que está proponiendo, no queda claro el lugar que estarían ocupando las comunidades con este reglamento.
Por tales motivos, nuestra petitoria hacia el Consejo Universitario es que se extienda el tiempo de consulta a este reglamento, al menos para finales de octubre del año en curso, para que toda la comunidad universitaria vinculada a la Acción Social (tanto docentes miembros de Comisiones de Acción Social, o con proyectos de Extensión Docentes, Extensión Cultural y Trabajos Comunales Universitarios, así como estudiantes con Iniciativas Estudiantiles, asistentes de proyectos de acción social o matriculados en TCU, y personas administrativas responsables de la ejecución de la acción social) pueda participar ampliamente en la consulta a importante reglamento. Suscribimos el sentir de las personas de comunidades, preocupadas por la situación actual que viven las universidades públicas y el papel central que debería estar jugando la acción social en este contexto.
Puede observar a las personas que apoyan esta consulta en el archivo adjunto.
1°. de mayo, Día Internacional de los Trabajadores
El Trabajo Comunal Universitario TC 681 “Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones. Alcances de la reforma laboral procesal frente a las necesidades del colectivo laboral” analiza la situación en el sector privado del país
Desde el 2018, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, se propuso generar capacidades en las personas trabajadoras organizadas en el sector agrícola para que puedan participar activamente en la defensa y promoción de sus derechos laborales.
A través del Trabajo Comunal Universitario TC 681 sobre el cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y una investigación sobre derechos laborales y cadenas de valor, se puede profundizar en el análisis de la situación de los derechos laborales en una parte del sector privado en el país, el principal empleador de la población económicamente activa.
Como parte de los hallazgos hasta ahora encontrados se evidencian consecuencias de las estrategias de unilateralización de las relaciones laborales, lo que en el contexto de la pandemia por COVID-19 se ha agravado. Hoy más que antes los derechos laborales son fragmentados o diferenciados entre distintas entidades del sector público, entre el sector público y el privado; entre empresas privadas de alta rentabilidad o pequeñas o medianas empresas o empresas agrícolas; y hay enormes diferencias entre los derechos laborales de las personas trabajadoras en el sector formal privado y en el sector informal privado. Lo anterior, deslegitima el derecho colectivo al trabajo en Costa Rica.
También se evidenció la externalización laboral en la cadena de producción de la piña en el país, una modalidad que genera desprotección para la persona trabajadora ante la seguridad social y los riesgos del trabajo. Ante esta realidad la recomendación experta es que la empresa beneficiaria directa del trabajo sea solidariamente responsable junto con la empresa contratista, y extender la responsabilidad patronal. Lo anterior además permitiría negociaciones colectivas homogéneas por sector, actividad o cadena de valor.
Un hallazgo adicional son los cuellos de botella que deben pasar las personas trabajadoras en el país en el acceso a los derechos de salud ocupacional. Lo más común es que el empleador no de aviso del accidente y la persona trabajadora se queda sin recibir el servicio de salud; otro es que la indemnización por riesgo laboral solo indemniza la pérdida de capacidad para el trabajo; y por último no se reclaman otros daños materiales o morales.
Despertando la conciencia en el trabajo
Partiendo de que la organización de los trabajadores es una parte sustantiva de la dimensión social de la ciudadanía y puede propiciar que sus necesidades e intereses jueguen un rol relevante en la determinación de sus propias condiciones de trabajo y de vida, el TCU 681 elabora y planifica actividades que permitan la generación de conocimiento colectivo sobre las condiciones de trabajo y los instrumentos institucionales, organizativos y legales disponibles para la tutela y mejoramiento de las condiciones de trabajo.
El TCU – 681″Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones» busca hacer un relevamiento de los principales problemas de las personas trabajadoras especialmente en plantaciones de banano y piña de la Zona del Caribe y la Zona Norte del país.
“Hoy que conmemoramos el 1º de mayo, de los y las trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”, señala el coordinador del proyecto, el Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho.
El TCU-681 busca construir conocimiento colectivo a partir de los problemas identificados, fundamentalmente en lo que se refiere a la discriminación, la salud ocupacional, los salarios y jornadas, así como sus derechos colectivos.
El investigador afirma que la pandemia ha complicado el trabajo del TCU, pero sobre todo ha agravado los problemas de las personas trabajadoras. Es por ello que los esfuerzos actuales se enfocan en mantener el contacto con las comunidades por medios virtuales y profundizar la sinergia entre la acción social, la investigación y la docencia misma, elaborando materiales requeridos, aportando ideas e insumos para la construcción de estrategias de incidencia y procurando sensibilizar y compartir el conocimiento generado con actores claves para la vida concreta de las personas trabajadoras.
Antecedentes
Diversas investigaciones han constatado el grave nivel de incumplimiento de derechos laborales fundamentales de las personas trabajadoras en el sector privado costarricense. En la agricultura algo más de la mitad de los asalariados de establecimientos privados en la agricultura aparecen con salarios por debajo del mínimo, según datos del 2014. Por su parte el Proyecto Estado de La Nación ha hecho un relevamiento sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el 2013. Esta investigación señala que el mayor incumplimiento de derechos laborales se produce en la zona rural y en tres actividades críticas: el empleo doméstico, la construcción y la agricultura, particularmente en lo que tiene que ver con el pago de horas extra y seguro de riesgo de trabajo.
Además, los grupos más vulnerables al incumplimiento de derechos son los migrantes, sobre todo nicaragüense, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores no calificados. Finalmente, la situación se agrava cuando se trata de empresas pequeñas e informales.
“Hoy, que conmemoramos el 1.º de mayo, Día de los y las Trabajadoras, podemos decir que es evidente la enorme distancia existente entre los derechos laborales declarados en el papel y la vida concreta de estos hombres y mujeres, que laboran en condiciones extremadamente difíciles, con largas jornadas, salarios deprimidos, graves amenazas a su salud, e inmersos en una maraña de relaciones jurídicas que dificultan o impiden que sus empleadores asuman la responsabilidad que les corresponde”. Dr. Mauricio Castro Méndez, investigador y docente de la Facultad de Derecho
En la Costa Rica del bicentenario
El mundo del trabajo atraviesa profundos cambios como la precarización del empleo; flexibilización laboral, crecimiento del desempleo y de la informalización; estrategias de tercerización empresarial; transformaciones en las estructuras productivas nacionales e internacionales.
Al efecto es necesario recordar que el derecho del trabajo tiene como premisa fundamental, la existencia de una desigualdad real de la persona trabajadora individualmente considerada frente a su empleador.
A partir de ahí, el derecho del trabajo se estructura en dos grandes ramas: individual y colectiva. El derecho individual del trabajo establece una serie de principios orientados a proteger a las personas trabajadoras frente a esa desigualdad real, y el derecho colectivo establece una serie de instrumentos que permiten la actuación conjunta a las personas trabajadoras organizadas.
En Costa Rica desde el nacimiento del derecho del trabajo optó por el derecho individual del trabajo, y un rechazo a lo colectivo, así en el Código de Trabajo la representación sindical debe ser limitada a una institución o organización, lo que fragmenta la fuerza sindical, restringió el derecho de huelga y finalmente el país entiende el conflicto laboral como una patología social.
Hoy y después de 17 años de un intenso trabajo y procesos complejos de negociación política, en Costa Rica fue aprobada la Reforma Procesal Laboral (Ley 9343) que entró en vigencia el 25 de julio del 2017. Esta ley reforma más de la mitad del Código de Trabajo y representa el principal cambio en Costa Rica en el sistema de relaciones laborales y en los instrumentos individuales, colectivos e institucionales para la protección y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras.
Pero el unilateralismo y la fragmentación sigue siendo un problema, por un lado, es tendencia histórica, pero a partir de la pandemia, se legalizó la disminución de la jornada de trabajo, se crearon mecanismos para suspender contratos de trabajo, y se permitió que el empleador imponga jornada de 12 horas de trabajo por 4 días a la semana. Además, se han debilitado las capacidades del derecho colectivo en el sector público.
Los retos son la apuesta por negociaciones colectivas por rama o cadena de valor y evitar la fragmentación, para permitir que condiciones negociadas abarquen a una gran masa de personas trabajadoras, así como luchar por la extensión de la responsabilidad patronal cuando exista tercerización del trabajo.
Imagen: Huelga en la que participan miembros del Sindicato de la Universidad de Costa Rica (Sindeu). Foto: Archivo, ODI.
Gabriela Mayorga López Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información
La ONG IPANDETEC Centroamérica lanza una encuesta 100% anónima sobre violencia de género en línea durante la pandemia. Es muy importante que en la región centroamericana y en Costa Rica contemos con datos sobre violencia en el entorno digital y que los resultados sirvan de insumo para formulación de política pública.
Les adjuntamos el enlace de la encuesta y la publicación en Facebook para difusión y participación:
Hoy viernes 30 de abril a las 5:00 p. m., se llevará a cabo la cátedra centroamericana con la temática: ¿Cuál futuro para las mujeres de Centroamérica? Contará con la participación de las siguientes invitadas:
Maria José Cascante, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Actual vicerrectora de Vida Estudiantil.
Subversivas, Colectiva Feminista Nicaraguense.
Diana Campos Ortíz, Docente cátedra Centroamérica, Universidad de Costa Rica.
Lenin Hernández Navas, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería Afines, comparte en el siguiente video un mensaje de motivación para las y los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social ante la emergencia nacional causada por el COVID-19.
Primeramente, la reafirmación de nuestra confianza hacia todo el personal de salud de San Pablo de Heredia (donde nos vacunaron) y hacia la inmensa mayoría de abnegados servidores que, a lo largo y ancho del país, han estado cumpliendo por más de 14 meses con la tarea sobrehumana que ha traído la pandemia. Así como una golondrina no hace verano, así también un extraño hecho irregular no ha de ser utilizado, para denigrar a quienes día y noche han estado presentes en «el frente de batalla» que nos protege, aún ante la amenaza de contagiarse y hasta morir. El ciudadano que aún frente a quien lo estaba filmando, no inyectó los 0,3 cc de la vacuna en el adulto mayor, fue suspendido y está siendo investigado. Por el daño provocado a la persona que confiadamente acudió al centro de salud, y la bien lograda imagen de CCSS, en medio de la suprema tarea por inmunizar a millones de personas, ha de ser sancionado según lo determinen los tribunales.
Lamentablemente, antes de iniciar la investigación para la eventual demanda penal, brotaron con no disimulada satisfacción, los antivacunas, los especuladores, los mensajeros anónimos, los creadores de teorías de conspiración. Personajes que desean denigrar el trabajo que, por razones egoístas, realiza esa gran institución estatal. El culpable fue el señor que cometió un grave delito ¡sin importarle el que estuviere siendo filmado!, y por ello muchas personas de las cerca de 800.000 vacunadas, ahora tienen dudas. Y principalmente los que no experimentaron ni los leves efectos secundarios que algunos tuvimos, como, por ejemplo, un incómodo dolor en el brazo. Dudas que provocan desazón en medio del peor momento de la pandemia, cuando la tensión y el estrés es algo común. Eso, aunque fuere solo eso, es imperdonable, porque, además, inmerecidamente, toca a todo el personal de la Caja que silenciosamente se ha sacrificado y se sacrifica por nosotros. A ellos hemos de darle nuestro apoyo, nuestro abrazo virtual de agradecimiento, nuestra voz de estímulo merecido para que no pierdan el ánimo, ante las «voces del odio» que les atacan con su afán de destruir y provocar el caos. La mayoría del pueblo de Costa Rica es un pueblo noble y agradecido, y les agradece el agobiante trabajo que ahora es precisamente más grande, por culpa de muchos irresponsables incapaces de obedecer las medidas sanitarias conocidas.
Las llamas de un voraz incendio acabaron por completo con una humilde vivienda donde residían tres estudiantes del Colegio Indígena Yimba Cájc.
De acuerdo con sus familiares, no se sabe cuáles fueron las causas del incendio, pero por suerte no hubo pérdidas humanas que lamentar, sin embargo, el fuego acabó con todas las pertenencias de los estudiantes y familiares.
El suceso tuvo lugar este miércoles 28 en Lagarto, una comunidad que dista 7 kilómetros de Rey Curré.
Si usted quiere ayudar a estos estudiantes y sus familiares puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en el afiche de la campaña solidaria.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Durante 40 años seguidos, el proyecto sociocultural en marcha en Costa Rica validó un esquema basado en la actitud individual como base para la construcción de su modelo socioeconómico: se apeló al éxito como fin último de la acción social y muchas concepciones relacionales e identitarias fueron modificadas: del usuario de los servicios del estado se pasó al concepto de cliente, del micro empresario al emprendedor, del trabajador al colaborador.
La creencia en una estructuración societaria organizada de esta manera supuso una serie de condiciones contenidas en las formas de respuesta de las personas ante coyunturas y contingencias: responsabilidad, orientación, criterio.
Por otro lado, el sentido de colectividad, ese al que podríamos acudir hoy bajo la premisa del cuido mutuo, solo fue y es apelado desde la maquinaria industrial de la comunicación de masas y la polifonía de las redes sociales.
La épica de la gloria deportiva, por ejemplo, siempre fue propicia en todos estos años para conjuntar de nueva cuenta esa comunidad imaginada y activar los dispositivos de una identidad nacional que aunque frágil y repleta de remaches, aún funcionaba. Hoy ni siquiera la apelación a la sangre roja del costarricense pareciera tener sentido. Pero en realidad poca cosa pareciera tener sentido en una experiencia fallida de comunidad como la que estamos experimentando durante estos días.
En otras reflexiones sobre la noción de comunidad ampliada y su resquebrajamiento en el caso costarricense, hemos adelantado que existen hoy otras figuras que aglutinan y dan sentido de comunidad: el número de tarjetahabientes que existen en el país se asemeja o supera inclusive al total de la población nacional. Si esto no es una forma de denominar esa otra colectividad basada en la organización del mercado, ya nada podría explicar el comportamiento aparentemente errático endosado preliminarmente a una falta de responsabilidad individual.
Desde el proyecto civilizatorio puesto en marcha a partir de los años ochenta en Costa Rica, la pertenencia a una base social común solicitó peajes de entrada: éxito individual, capacidad de consumo, competencia rampante, a toda costa, a cualquier costo.
De esta manera, una comunidad real y sustentada sobre valores como la protección, la horizontalidad y el apoyo fue disuelta del discurso y las prácticas cotidianas.
Por ello cuando acciones organizativas y orgánicas desde lo colectivo se han levantado, han sido opacadas y silenciadas. Algunas enfrentadas desde la fuerza del estado, otras instrumentalizadas como las de ciertos derechos de poblaciones y comunidades específicas. En los últimos años una subjetividad política joven trató de levantarse, pero rápidamente fue estigmatizada y procesada por un discurso academicista y adultocéntrico que la descalificó ad-portas.
Los derechos colectivos están hoy más que nunca conculcados y truncados. El derecho legítimo a manifestarse fue proscrito. Los defensores de la territorialidad indígena son amenazados permanentemente y en los últimos dos años han sido asesinados dos líderes en medio de una inacción gubernamental sin precedentes. Y una vez más las poblaciones migrantes han sido utilizadas como chivo expiatorio de los males sociales, económicos y sanitarios que aquejan al país.
El discurso ha sido hábil para responsabilizar a la población de una tremenda desidia para acatar órdenes sanitarias y guardar un comportamiento ejemplar. Pero ni lo uno ni lo otro ha sido evidenciado con vehemencia para hacer ver la responsabilidad de los actores económicos, las hegemonías y sus presiones hacia la acción gubernamental.
Es claro que luego de décadas de una permanente individualización de la experiencia colectiva puesta en marcha por la maquinaria comunicativa y cultural hegemónica, la noción de cuido mutuo a partir de una acción personal responsable, fracasó absolutamente. Y ha fracasado porque sencillamente no hay colectividad imaginada que cuidar.
En el año 2020 el politólogo francés Bertrand Badie mencionaba en una entrevista para la Revista Nueva Sociedad, que la humanidad había transitado en un periodo de tiempo muy corto en tres extinciones visibles: la de la crisis financiera de 2008; la del espionaje planetario que supuso la eliminación de las libertades y la extinción sanitaria, a partir de 2020. Para el caso costarricense, en específico, se ha abierto una clausura de un proyecto de sociedad iniciado en el siglo XIX y que el rasgo sociocultural homogenizante de los últimos cuarenta años se ha encargado de diluir. Asistimos a nuestra propia extinción y en eso continuamos siendo creativos y excepcionales.
O como diría Roque Dalton: «País mío, no existes».
Tomarán décadas para volver a levantar de nuevo una idea solidaria e incluyente de ese país en el que todos y todas nos sintamos pertenecientes. Y esta no es una tarea de la postpandemia: es urgente iniciarla ya.
