Vladimir de la Cruz
A punto de que se vayan estableciendo y definiendo las candidaturas a puestos de elección popular, la Presidencia, las Vicepresidencias y las Diputaciones, que es lo que nos moverá en los próximos meses para ir a votar, el primer domingo de febrero, y escoger, de esa manera, a quienes les tocará dirigir la gran nave nacional, en que nos encontramos, en este mar agitado y tormentoso, según se quiera ver. Me parece que nadie lo ve tranquilo, y pocas personas ven luz y claridad al final de periplo de estos próximo diez meses, que estarán plagados de cantos de sirenas.
Aparte de los formalismos de la edad, elemento básico para ser ciudadano y poder ejercer el voto, 18 años, para ser diputado, 21 años, y para ser Presidente o Vicepresidente, 30 años, que son los cargos o puestos que se elegirán, no se exige ningún otro atributo personal. Si hay restricciones de quienes no pueden desempeñarse en estos cargos.
En los últimos procesos electorales el Tribunal Supremo de Elecciones, ha solicitado a los partidos políticos y a los candidatos que presenten una hoja de datos básicos personales, que los coloca en su página oficial a efecto de que se puedan analizar, por parte de los ciudadanos, esos atestados, y sepan, de esa manera quienes aspiran a esos puestos, y qué confianza puedan provocar.
No se exigen a esos puestos formaciones profesionales, ni estudios de primaria, secundaria o universitaria. Basta ser ciudadano, común y corriente, para poder a aspirar a ser electo en esos altos cargos, de gran responsabilidad. Esa es la Democracia funcionando. Todos los ciudadanos están en la misma posición, posibilidad e igualdad de querer dirigir los destinos de la Nación costarricense.
A los partidos políticos, y a los candidatos, el Tribunal Supremo de Elecciones les exige que presenten un Programa de Gobierno.
Recientemente se ha puesto ante la Asamblea Legislativa un Proyecto de Ley, que de acogerse por los diputados y de votarse prontamente, podría empezar a funcionar en el próximo proceso electoral, que es lo que se pretende con este Proyecto de Ley, que obligaría a los partidos políticos y a los candidatos incluir sus fotografías y sus biografías al inscribir oficialmente sus candidaturas. Eso está bien. Contribuye a conocer mejor a los candidatos que ofrecen los partidos y con ello también conocer mejor a esos partidos políticos.
En el caso de los postulantes a la Presidencia, y Vicepresidencias les obligarán a presentar su Plan de Gobierno. No suena mal. Desde hace muchos años y muchos procesos electorales así se hace. Cuando fui candidato presidencial así lo hicimos en 1998, en el 2002 y el 2006. En la práctica de cada campaña electoral, todos los candidatos hacen ofertas de lo que desean hacer, de lo que desean resolver y de las esperanzas que los electores quieren oír más allá de los Planes de Gobierno que tienen. En la práctica son puros cantos de sirena, en ese mar agitado electoral de la campaña política.
Cuando se produce el resultado electoral, y hay ganador, partido político y candidato presidencial, nada obliga a ese partido y a ese candidato a ejecutar su Plan de Gobierno, ni tampoco se puede hacer tan fácilmente. Hasta la última elección, la del 2018, cuyo gobierno termina en 13 meses, el partido que ganaba la Presidencia se encontraba el 8 de mayo, que la Asamblea Legislativa estaba en sus Sesiones Ordinarias, durante los siguientes meses desde mayo, junio y julio, y luego setiembre, octubre y noviembre, lo que imposibilitaba en la realidad que ese Partido y ese Presidente en ejercicio ya pudiera hacer algo respecto a la oferta de Plan de Gobierno que había hecho durante la campaña electoral, incumpliendo en ese sentido ante el electorado, razón que contribuía a bajar rápidamente su percepción ante los electores y el resto del pueblo electoral.
Además, se encontraba con que el Presupuesto Nacional que le acompañaría todo el primer año de gobierno, es el que aprobó el Partido de Gobierno desde noviembre anterior, y que en ese sentido no podía hacer casi nada, solo administrarlo de la mejor forma posible y tratar de hacerle alguna reforma en el mes de agosto, en sus Sesiones Extraordinarias. Esta situación sigue para el próximo gobierno que se instale. El Presidente que asuma, y su partido, se encontrará, en el 2022, con el Presupuesto que apruebe la Asamblea Legislativa en noviembre, para el año 2022, que es el Presupuesto elaborado por el Partido Acción Ciudadana, desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda para el próximo año. El único favorecido en esa posibilidad es el mismo Partido Acción Ciudadana, en caso de que llegara a ganar, porque pueden darle continuidad a ese Presupuesto, sin poderle hacer modificación alguna, pero obviamente continuando las políticas y estrategias allí contenidas, como parte del gobierno de Acción Ciudadana. Los otros partidos, en caso de que ganara alguno de ellos, se encuentran con esa cadena, que tienen que arrastrar.
Sí ha cambiado el orden de las Sesiones Legislativas, de manera que el próximo año, por primera vez, las Sesiones Legislativas empiezan con las Extraordinarias, lo que le permitirá al nuevo Gobierno, del PAC o de otro partido, iniciar el 8 de mayo haciendo propuestas de Proyectos de Ley, en armonía y de conformidad con lo que se ofreció en campaña política. Esta es la gran novedad por ahora, pero amarrada esa posibilidad al Presupuesto en ejecución desde el primero de enero próximo.
Por lo anterior, lo de presentar un Plan de Gobierno, como requisito de inscripción, ya legalmente obligado, no está mal, pero siempre seguirá siendo un canto de sirena, porque aun cuando un mismo partido se pueda reelegir para continuar en el Gobierno, el Plan de Gobierno que ofrezca generalmente no es el de continuidad del mismo gobierno. Esto se ha visto cuando los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, se han reelecto. Cada candidato, y el mismo partido para cada elección, lleva su propio Plan, y ninguno, que yo recuerde exalta la obra del gobierno que acaba para continuarla, porque en todos los procesos electorales el mismo partido que está gobernando, a los efectos de la campaña electoral se distancia de su propio gobierno, sobre todo cuando han sido muy criticados y cuestionados.
Así como se han cambiado la Sesiones Ordinarias y Extraordinarias se debe avanzar a establecer Presupuestos Nacionales Bianuales, por lo menos, y ciertos aspectos de esos Presupuestos Trianuales o Tetra anules, de manera que se puedan ir diseñando en la realidad Planes de Gobierno de mediano plazo. Los Planes Quinquenales que se han exigido a la Administración Pública, en este sentido fueron siempre una gran estafa política, un ejercicio carísimo institucionalmente al hacerlo, para que no pudieran implementarse como Grandes Planes Nacionales de Desarrollo Institucional y Nacionales en todo su sentido.
Obligar a la presentación del Plan de Gobierno no está mal, pero puede ser irrealizable, si no se cambian estos mecanismos para hacer mejor operable el aparato estatal e institucional.
