La plaza sin don Pepe

Roger Ríos Duarte

El viernes 6 de noviembre, poco después de las ocho de la mañana, una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz sujetó con una grúa la figura de bronce de José Figueres Ferrer, la envolvió en plástico y la bajó de su pedestal en la plaza que desde 2016 se llama, en su rótulo oficial, Plaza de la Democracia y de la Abolición del Ejército. Con ella salieron las demás piezas del conjunto «La abolición del Ejército», obra de la escultora Marisel Jiménez, de modo que lo que se retiró ese viernes fue la abolición del ejército de la Plaza de la Abolición del Ejército. El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, que fiscalizó personalmente la maniobra, explicó que las esculturas quedarían resguardadas para su restauración y que no volverían a la plaza hasta que se garantizara que no serían objeto de nuevos actos de vandalismo. No dijo cuándo. Así lo informó La Nación y así lo confirmaron, con pocas variantes, AmeliaRueda.com y El Observador.

Los hechos que precedieron el retiro están igualmente documentados. Durante las manifestaciones de las últimas semanas en defensa del presupuesto de la educación pública, el monumento recibió pintura, grafitis y rayones; el Museo Nacional calculó que las pintadas cubrieron el noventa por ciento de la base y alcanzaron tres esferas precolombinas, y presentó una nueva denuncia penal ante el OIJ y la Fiscalía por lo ocurrido en la madrugada del 2 de noviembre, cuando, según las fotografías que circularon, varias personas encapuchadas rayaron las figuras mientras los estudiantes acampaban en la plaza. Los estudiantes negaron cualquier relación con el hecho: la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNED relató a CRHoy que cuatro encapuchados vestidos de negro llegaron hacia la una de la mañana, ajenos al movimiento, y que fueron ellos quienes rayaron el bronce. Quiénes eran lo dirá, si avanza, la investigación judicial; lo que esta columna puede examinar es lo que vino después, porque del grafiti al retiro del monumento mediaron apenas cuatro días, y entre un daño reparable y la desaparición indefinida de un símbolo del espacio público hay muchas decisiones posibles que el Gobierno no tomó.

Al ministro le asiste el argumento de cualquier administración responsable del patrimonio: una obra dañada se protege, se restaura y se devuelve en condiciones. Nadie discute la restauración. Lo que se discute es que la devolución quede sin fecha y condicionada a una garantía que ningún espacio público puede ofrecer, porque toda plaza es, por definición, el lugar donde un país se manifiesta y a veces se desborda. Si el criterio fuera que un monumento regresa solo cuando esté a salvo de la protesta, entonces lo que se está diciendo, sin decirlo, es que la Plaza de la Democracia no es lugar para don Pepe mientras haya democracia en la plaza.

Que ese retiro sea un episodio político y no administrativo se entiende al mirar la cadena de la que forma parte. En agosto de 2024, durante la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior, el entonces presidente Rodrigo Chaves llamó a las universidades públicas «mentirosos, berrinchosos y sin madurez emocional»; el Gobierno se mantuvo en un aumento del uno por ciento que los rectores consideraron inconstitucional y la negociación se rompió. En setiembre de 2025, a propósito de la distribución del FEES 2026, dijo que la UCR «se fue y se puñaleó las reservas de Conare». En marzo de 2026 calificó de «vaca sagrada» al rector de la UCR, sostuvo que con un año de FEES podrían darse 64.000 bonos de vivienda y construirse 1.700 kilómetros de carreteras, afirmó que esa universidad «se lleva la tajada de león» y pidió a los demás rectores «ahombrarse» frente a ella. Y en abril de 2026, ya en la transición, el Ejecutivo se levantó de la mesa del FEES 2027 alegando «demandas irracionales y abusivas», después de condicionar cualquier aumento a recortes de entre un veinte y un treinta por ciento para la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. El campamento estudiantil del 2 de noviembre en la Plaza de la Democracia es la continuación directa de esa secuencia, y el monumento que salió de la plaza salió en medio de un conflicto que el propio Gobierno llevaba dos años alimentando.

Lo notable de esa retórica, visto desde la sociología, es que no es solo presupuestaria sino de clase. Chaves no ha discutido con las universidades el valor de la investigación ni la cobertura de la educación superior; ha hablado de «la casta alta de la universidad», de los almuerzos del rector y de los docentes interinos a los que, según él, no se les paga ni se les da estabilidad para que los de arriba conserven sus lujos. Es la operación clásica del populismo de derecha: tomar una institución pública y presentarla como el privilegio de una élite, de modo que atacarla parezca un acto de justicia popular y no lo que es, un desmontaje. Y es exactamente la misma operación que se ejecuta cuando un símbolo de la Segunda República sale de la plaza bajo la justificación de protegerlo de la gente.

Las universidades no han sido el único contrapeso tratado así. El 25 de julio de 2026, en el Consejo de Gobierno celebrado en Nicoya por el aniversario de la Anexión, y en medio del debate por el recorte al presupuesto del Poder Judicial, el ministro Chaves preguntó al público: «¿Les da miedo la dictadura? ¿Les da miedo que cierre el Poder Judicial?», parte de los asistentes le contestó que no, y él atribuyó a la oposición y al propio Poder Judicial la intención de «meterle miedo» a los costarricenses. La Nación lo llevó a su editorial y la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento. Puestos en fila, los tres episodios dibujan una figura: las universidades, los tribunales y la plaza son los tres lugares donde la Segunda República guardó su saber, su ley y su memoria, los cuerpos intermedios de los que me ocupé en «Los amortiguadores de la República», y los tres han recibido, en poco más de dos años, el mismo tratamiento: no la abolición, que sería visible, sino el vaciamiento por dentro con formas legales, que es la manera en que las repúblicas pierden sus amortiguadores sin que nadie firme un decreto.

Aquí entra la parte de esta historia que ningún novelista se atrevería a inventar. Rodrigo Chaves, que gobernó entre 2022 y 2026, es hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda del Gobierno de Laura Fernández, con la coordinación del gabinete económico, en un nombramiento que, según recordó el historiador Vladimir de la Cruz, no tiene precedente desde la fundación de la Segunda República. Y ese ministro es, en sus propias palabras, «el hijo del guardaespaldas y chofer de don Pepe». No es una atribución de sus adversarios: así lo consigna la página oficial de la Presidencia, que registra que su padre, Rodrigo Chaves Arguedas, ejerció ambas ocupaciones junto a José Figueres Ferrer en las décadas de 1940 y 1950. En el debate de Repretel del 1 de abril de 2022, a dos días de la segunda ronda, Chaves le reprochó a José María Figueres mentir sobre quién había arriesgado la vida por su padre, nombró a Víctor Protti, al Ñato Ortiz, a Osvaldo D’Ambrosio y a Rodrigo Chaves como los hombres que «jugaron su vida por defender a don Pepe», y remató diciéndole que el apellido Figueres le había quedado grande.

No hace falta especular sobre lo que siente el ministro para registrar lo que hace el gabinete al que pertenece. El hijo del hombre que ponía el pecho por Figueres preside el gabinete que descuelga a Figueres de la plaza, y lo hace mientras ese mismo gabinete disputa a las universidades públicas, que son la otra gran herencia institucional de 1948, su financiamiento y su autonomía. Que el partido fundado por don Pepe fuera durante años el empleador de su padre, y que el hijo haya construido su carrera política contra ese partido, contra los Arias y contra la institucionalidad que su padre custodiaba, no es psicología sino biografía política, y como tal se puede escribir sin adjetivos. La Costa Rica de la abolición del ejército, del ICE y de la Caja fue también la Costa Rica que les dio trabajo a los guardaespaldas y a los choferes; esa es la paradoja que el bronce envuelto en plástico pone en escena.

Tampoco cabe la tentación contraria. Las esculturas no fueron destruidas, el Gobierno no ha dicho que no vuelvan y el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, que calificó la decisión de «manual de dictador», tiene tanto interés partidario en el símbolo como el oficialismo en retirarlo. Figueres fue un hombre de luces y de sombras, y la Segunda República no fue el paraíso que la liturgia liberacionista recita cada 8 de mayo; una columna seria no debe convertir una estatua en un santo. Pero hay una diferencia entre discutir el legado de un fundador en el espacio público y sustraer el fundador del espacio público para que no se lo discuta, y los gobiernos que gobiernan por sustracción de símbolos rara vez se detienen en el primero.

Porque eso es lo que está pasando, más allá de una plaza y de un bronce. Un gobierno que se presenta como socialdemócrata y gobierna desde la derecha, que concentra en un solo ministro la Presidencia y la Hacienda, que ha convertido la confrontación con las universidades en política de Estado, que pregunta a una plaza si le teme a la dictadura y que ahora retira sin plazo el monumento al hombre que abolió el ejército, está redefiniendo, pieza por pieza, qué cosas del país de 1948 siguen siendo de todos y cuáles pasan a ser del Gobierno. Del rótulo de la plaza ha salido ya, en bronce, la segunda mitad; queda la primera, la democracia, que es precisamente la palabra por la que el ministro preguntó en Nicoya. No sería extraño, en la lógica de lo que llevamos visto, que el nombre fuera lo siguiente, y la paradoja de un gobierno que llegó al poder por la vía democrática y parece incómodo con la palabra no la resuelve ninguna restauración.

Quienes nacieron en los años treinta, en la San José del tranvía y de las fábricas de barrio, vieron fundarse de muchachos el país que ese monumento conmemora; sus hijos lo heredamos como un dato de la naturaleza, y sus nietos lo están viendo desmontar como si fuera un adorno. La memoria institucional de un país no se protege envolviéndola en plástico, se protege dejándola en la plaza, expuesta a la pintura y a la discusión, que es lo que hace a una república y no a un museo.