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Autor: María José Ferlini Cartín

Jornada laboral y derecho al cuidado: lo que dice la Corte IDH y el debate en Costa Rica

En la Asamblea Legislativa de Costa Rica se discute el proyecto de ley conocido como “jornadas 4×3”, que propone modificar la distribución de la jornada laboral a cuatro días de trabajo de 12 horas y tres de descanso. Según sus proponentes, la medida busca aumentar la competitividad y dar mayor flexibilidad a empresas y personas trabajadoras. Sin embargo, organizaciones sociales, sindicatos y grupos de mujeres han expresado oposición, señalando posibles impactos negativos en derechos laborales y en la vida cotidiana.

Uno de los puntos centrales del debate es que la propuesta podría reducir o eliminar el pago de horas extra, afectando los ingresos de muchas personas trabajadoras que dependen de este complemento para enfrentar el alto costo de vida. Además, implicaría un impacto diferenciado para las mujeres, quienes en su mayoría asumen el trabajo de cuidado no remunerado en los hogares. Con jornadas más extensas, el tiempo disponible para estas labores y para el descanso se vería aún más limitado.

Este debate ocurre poco después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera, en junio de 2025, la Opinión Consultiva OC-31/25 sobre el derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos humanos. La opinión, solicitada por Argentina, reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo y establece que los Estados tienen la obligación de garantizarlo en tres dimensiones: cuidar, ser cuidado y autocuidarse.

El cuidado como derecho humano

Según la Corte IDH, los trabajos de cuidado abarcan desde la provisión de bienes esenciales para la vida —como alimentación, salud y limpieza— hasta el acompañamiento emocional y la transmisión de valores y conocimientos. Este trabajo es indispensable para la existencia de las sociedades, pero sigue estando distribuido de forma desigual, recayendo mayoritariamente sobre las mujeres.

La Opinión Consultiva enfatiza que esta distribución desigual tiene consecuencias económicas y sociales: limita la participación de las mujeres en el empleo formal, restringe su autonomía económica y reduce el tiempo disponible para su educación, participación política y descanso. Por ello, el Tribunal afirma que los Estados deben adoptar políticas públicas para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado no remunerado, así como para jerarquizar el cuidado remunerado.

Obligaciones estatales y condiciones laborales

Entre los contenidos esenciales del derecho al cuidado, la Corte IDH destaca:

  • Garantizar condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias.

  • Proteger los derechos de las personas que realizan cuidados, tanto remunerados como no remunerados.

  • Asegurar licencias de maternidad y paternidad adecuadas.

  • Desarrollar infraestructura de cuidados, como centros de atención infantil y servicios para personas mayores o con discapacidad.

  • Integrar la perspectiva de género y no discriminación en toda la normativa y política laboral.

En relación con la jornada laboral, el Tribunal subraya que los Estados deben garantizar que las condiciones de empleo no menoscaben el derecho al cuidado. Esto incluye evitar que las jornadas extensas o inflexibles impidan a las personas atender sus responsabilidades familiares o su propio bienestar.

Otros aspectos de la Opinión Consultiva

Aunque el eje principal es el derecho al cuidado, la Corte también abordó su vínculo con otros derechos:

  • Derecho a la vida y a la salud: los cuidados son esenciales para mantener condiciones de vida digna y acceso efectivo a la atención sanitaria.

  • Derecho a la educación: tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los brindan, asegurando que el trabajo de cuidado no se convierta en una barrera para la formación.

  • Seguridad social: el cuidado no remunerado debe ser reconocido en los sistemas de protección social, por ejemplo, al contabilizarlo para pensiones o beneficios.

El vínculo con el proyecto 4×3

La propuesta de jornadas 4×3 en Costa Rica debe analizarse a la luz de este nuevo estándar interamericano. Si bien podría ofrecer más días de descanso, también concentraría las horas de trabajo en menos días, con potenciales consecuencias para la salud, el tiempo familiar y las labores de cuidado. En el caso de las mujeres, que según datos de la CEPAL realizan en promedio más del triple de horas de cuidado no remunerado que los hombres, las jornadas prolongadas podrían profundizar las desigualdades.

Además, al disminuirse el pago de horas extra, se reduciría la capacidad económica de muchas familias, lo que afectaría de manera directa la posibilidad de cubrir necesidades básicas y de contratar servicios de cuidado cuando estos son requeridos.

La Corte IDH ha sido clara: cualquier cambio en la organización del trabajo debe respetar y promover el derecho al cuidado, evitando retrocesos en materia de igualdad y no discriminación. En este sentido, las decisiones legislativas en Costa Rica sobre la jornada laboral deberían considerar no solo la productividad y la competitividad, sino también la salud, la vida familiar y los derechos humanos de toda la población.

Descargue el documento de la opinión consultiva en este enlace.

UNA creó el Observatorio de Futuros (ODF)

Dra.(c) Sylvia Arredondo Guevara- Miembro (a) Consejo Universitario-UNA.

Por: Sylvia Arredondo Guevara
Integrante del Consejo Universitario-UNA

El Observatorio de Futuros-OdF, creado el miércoles 30 de julio de 2025 por la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social -EPPS-de la Universidad Nacional UNA, bajo el lema: “Observar hoy, Visionar mañana, Construir futuros posibles”, se constituye en una iniciativa académica que se enfocará en la investigación con visión prospectiva, la reflexión crítica y el análisis estratégico con miras al desarrollo nacional, regional, local y organizacional.

En la actividad de lanzamiento realizada en el Auditorio Rodolfo Cisneros -Facultad de Ciencias Sociales, contò con la participación del Dr. Guillermo Acuña González, Vicedecano Facultad de Ciencias Sociales, M.Sc. Carlos Ulate Azofeifa, director Escuela de Planificación y Promoción Social-EPPS, MSc. Isabel Calvo González, subdirectora EPPS, Mag. Jazmín Pereira Ortega, Coordinadora Posgrados de EPPS, Dr. Ángel Ortega Ortega, Académico de EPPS y gestor de esta iniciativa académica. Asimismo, por la presencialidad remota participó Dr. Héctor Casanueva, Investigador del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos IELAT-Universidad de Alcalá. Vicepresidente Ejecutivo del Foro Académico Permanente de América Latina y el Caribe-Unión Europea. Fundador-Presidente del Millennium Project Global Futures Studies & Research (Chile).

En mi calidad de integrante del Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA, expreso mi gratitud a la Escuela de Planificación y Promoción Social y a la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, por invitarme a ser parte de este momento tan importante, en que fue presentado de manera oficial el Observatorio de Futuros (OdF) y poder compartir con compañeras y compañeros, personas administrativas, académicas, estudiantes, autoridades y ciudadanas.

Considero que esta Unidad Académica (EPPS-UNA) inicia con la inauguración de este Observatorio de Futuros una nueva etapa para responder con inteligencia y visión a las necesidades de la Universidad y del país, de ahí, mi reconocimiento a la Escuela de Planificación y Promoción Social como a su programa de Posgrado, por la visión y empeño de construir el Observatorio de Futuros-OdF, ya que la Universidad Nacional-UNA (Costa Rica) no solo debe responder a los desafíos del presente, sino también anticipar los retos y oportunidades que nos brinda el paso inexorable del tiempo, con el propósito de generar conocimiento prospectivo de alta calidad, aplicando metodologías innovadoras para anticipar escenarios futuros y respaldar una toma de decisiones estratégicas e informadas.

En un mundo marcado por la incertidumbre, la innovación y los cambios acelerados, necesitamos herramientas que nos permitan mirar más allá del horizonte inmediato. Por ello, deseo resaltar en esta oportunidad la relevancia de crear un Observatorio de Futuros en nuestra institución (UNA) de alcance institucional y nacional. Este se constituye en un instrumento estratégico para fortalecer nuestra capacidad de planificación, innovación y liderazgo social.

Un Observatorio de Futuros nos permitirá analizar tendencias globales y nacionales en ámbitos como la educación, la ciencia, la tecnología, la comunicación, el ambiente y la economía, para traducirlas en decisiones acertadas que garanticen la pertinencia y la sostenibilidad de nuestra universidad. Será un espacio donde la investigación y la prospectiva se unan, donde distintas disciplinas dialoguen, y donde la creatividad y el conocimiento se transformen en propuestas para el desarrollo del país.

Con este Observatorio, podremos anticipar cambios en el mercado laboral, en los avances científicos y tecnológicos, en las necesidades sociales y ambientales. Así, diseñaremos programas académicos innovadores, fortaleceremos nuestras políticas institucionales y contribuiremos de manera más efectiva a la formulación de políticas públicas nacionales. Pero, sobre todo, un Observatorio de Futuros consolidará el papel de la Universidad Nacional como referente visionario, con capacidad anticipatoria, capaz de liderar procesos de transformación no solo en la educación superior, sino también en la sociedad costarricense.

Hoy más que nunca es imperativo saber gestionar la incertidumbre, esto demanda investigación y análisis de las tendencias y mega tendencias que están marcando el futuro de la sociedad, lo cual permitirá la definición de las habilidades profesionales que desde los diferentes programas académicos la Universidad debe generar o fortalecer. Una persona estudiante que ingresa en 2025 a la universidad estará laborando como profesional en el año 2029 0 2030, es por ello, por lo que es urgente una discusión sobre las profesiones del futuro. Según datos del Banco Mundial (2016) el 67% de los empleos de América Latina podrían ser automatizados.

La Universidad debe ocuparse de crear competencias técnicas y humanas, pero, sobre todo, ocuparse de crear capacidades para aprender y desaprender, como mecanismo de adaptabilidad de las personas profesionales del futuro. Según estudios de futuristas, las competencias de mayor importancia en esta materia son: resolución de conflictos, autogestión, análisis y pensamiento crítico, creatividad, originalidad, iniciativa, control, monitoreo y uso de tecnología, influencia social y liderazgo, tolerancia y resiliencia, inteligencia emocional, programación y diseño tecnológico como las principales. Es inminente focalizar nuestra gestión hacia el fortalecimiento de estas habilidades con lo cual las personas profesionales de las diferentes disciplinas serán pertinentes en el mercado laboral y además velarán por una sociedad más justa y solidaria, en apego directo a los principios y valores de la UNA.

Según UNESCO (2005) no sería posible pensar una sociedad que vive bajo un determinismo tecnológico, y por tanto, la universidad tiene el obligación futurista de formar profesionales que contribuyan al desarrollo económico, pero, también a la cultura y el desarrollo humano y por ello, he sido defensora y seguidora de que las personas profesionales de la UNA tengan una formación equilibrada, con habilidades técnicas, pero también, una educación como práctica de justicia social, en coherencia con los principios y valores que sustentan la convivencia en sociedad y los principios y valores universitarios.

Publicaciones

Considero pertinente resaltar en esta oportunidad el valioso interés y aporte que ha demostrado la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, así como su Maestría en Planificación, para en promover la incidencia en políticas públicas y en el desarrollo de normativa que contribuye al bienestar del país.

Como académica y Coordinadora General del VI ldeario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, fui testigo del valioso y oportuno aporte que se hizo a las altas autoridades del Gobierno de la República de Costa Rica durante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, donde se les compartió la: “Propuesta para la Atención de los Efectos Inmediatos y Posteriores a la Emergencia Nacional que enfrenta el país a causa de la Pandemia provocada por la Enfermedad Coronavirus Covid-19 en Costa Rica- Aportes desde la planificación”.

Cabe indicar que la EPPS en el marco de su tercera misión y en la línea de la estrategia que como Unidad Académica adquirió en el año 2019, tomó la decisión en agosto del 2020 de brindar un aporte desde la academia a la generación de escenarios para la animación de conversatorios estratégicos que permitan construir de manera participativa las estrategias y políticas públicas para alcanzar un futuro mejor al 2040. El aporte concreto de la EPPS fue facilitar técnicamente la construcción de futuros posibles de la Costa Rica de la “Nueva Normalidad” 2040, por medio de la creación de un conjunto de escenarios plausibles; considerando que, en esta visión, la pandemia vivida marca un acontecimiento disruptivo de alto impacto, por ello, aportar al país para formular sus estrategias y tomar las decisiones para la recuperación y orientación hacia la senda de la igualdad social en el mediano, largo y muy largo plazo.

Asimismo, aprovecho este espacio para destacar el trabajo conjunto que he realizado con personas académicas e investigadoras de esta Escuela (EPPS-UNA), fruto del cual publicamos los libros:

“Perspectivas de la Costa Rica del Futuro: Una Construcción Colectiva con Enfoque Estratégico Prospectivo, una obra que refleja nuestra huella y visión compartida de país. Esfuerzo de personas académicas de la EPPS-UNA quienes en alianza con otras instituciones asumen el compromiso de analizar la actualidad del país, con miras a liderar y facilitar un acercamiento desde un abordaje teórico y metodológico a partir de algunas variables estratégicas de futuro; emanadas de las diferentes temáticas abordadas entre los años 2018 y 2021 por personas académicas de la Universidad Nacional, de profesionales de otras instituciones, el aporte de personas de diversos sectores y de otras consideradas expertas.

Del mismo modo, es imprescindible mencionar otra contribución trascendental, la publicación de: “La Constitución Política Interpretada para Adultos”, un esfuerzo conjunto con la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia orientado a fortalecer la democracia y a reforzar los derechos individuales y sociales de todas las personas costarricenses. Este libro expone los 197 artículos de la Constitución Política de Costa Rica, acompañada de valiosos comentarios de sus autores sobre el contenido, cuyo objetivo pretende que las personas no solo conozcan el significado de los distintos numerales que conforman la Constitución, sino que también tengan un conocimiento sobre cuáles son sus derechos fundamentales, así como los medios que cuenta la ciudadanía para protegerlos a través de los distintos procesos que prevé una jurisdicción constitucional transparente y de fácil acceso.

El libro: “Primer Sondeo Abierto sobre Ética, Transparencia y Lucha Anti-Corrupción en Costa Rica” que hemos realizado, constituye una consulta que pretendió obtener la opinión ciudadana respecto a preferencias, problemáticas, niveles de satisfacción o determinados asuntos sobre los cuales el ciudadano pueda opinar. De esta manera, diseminar y compartir el conocimiento en la búsqueda de respuestas a los problemas, necesidades, retos y desafíos de Costa Rica post bicentenaria.

Cabe mencionar el esfuerzo del Consejo Universitario de la Universidad Nacional, que en el 2021 en conjunto con diversas instancias, entre las cuales las personas académicas, y autoridades de la Escuela de Planificación y Promoción Social participaron en la elaboración de la Propuesta de: “Reactivación Económica para Costa Rica:

UNA visión con Justicia Social, Equidad y Solidaridad”, cuyo propósito es contribuir con la búsqueda e implementaciones de acciones públicas que, desde el Estado, en toda su institucionalidad, se pueden discutir y mejorar, para encontrar las soluciones necesarias a la crisis que vivimos en la actualidad y la que se avecina los próximos años. De modo que el horizonte de un desarrollo humano sostenible e inclusivo continúe guiando los caminos del país y salga fortalecido pese a las condiciones complejas que se enfrentan nacional y mundialmente.

La creación del Observatorio de Futuros -OdF- en la Universidad Nacional impactará desde varios ámbitos: El planeamiento estratégico y toma de decisiones, la innovación académica y pertinencia social, el fortalecimiento de la investigación interdisciplinaria, la contribución al desarrollo nacional y la proyección internacional y liderazgo.

Considero que pensar en el futuro no es un lujo, es una responsabilidad. La universidad pública juega un papel esencial, como institución estratégica del Estado, promoviendo el desarrollo integral y movilidad social ascendente. Por un lado, dando oportunidad a estudiantes que a futuro serán graduados, de poder cambiar la perspectiva del mundo y las aspiraciones, no solamente individuales, sino también familiares y comunales. Y, por otro lado, construyendo conocimientos científicos y humanísticos para contribuir con la búsqueda de soluciones al desarrollo del país.

Nuestra universidad (UNA) ha sido, a lo largo de su historia, semilla de cambio y motor de progreso social para la necesaria y sana convivencia entre los diferentes sectores que componen la sociedad costarricense, y el buen funcionamiento y articulaciones de las instituciones democráticas, que garanticen acciones intersectoriales e interinstitucionales necesarias para sacar adelante el país.

Hoy estamos aprovechando la oportunidad de dar un paso más, de mirar con valentía hacia adelante, de fortalecer y construir, desde ahora, las bases de la UNA que las próximas generaciones merecen. Este Observatorio de Futuros (OdF) hace realidad esta iniciativa, porque el futuro no se espera, se construye, de esta manera, la Universidad Nacional, con su compromiso y su visión, está llamada a construirlo, desarrollarlo y consolidarlo para ponerlo al servicio de Costa Rica.

Evento completo: https://bit.ly/4m3l4n5

Contacto:

sylvia.arredondo.guevara@una.cr

Solicitan declarar nulo el Plan Regulador de Limón por omitir zona clave del acuífero de Moín

Asociación para el Desarrollo de la Ecología denuncia que el instrumento municipal permite actividades que ponen en riesgo el derecho al agua

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicitó a la Sala Constitucional declarar la nulidad del Plan Regulador Urbano de Limón, por omitir la inclusión de la Zona 6 del acuífero costero de Moín, una de las áreas de mayor vulnerabilidad hidrogeológica de la región. La petición fue presentada por Marco Levy Virgo como coadyuvante en el expediente 25-018602-0007-CO, e incluye un informe técnico-legal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), fechado el 4 de agosto de 2025, que respalda la denuncia.

De acuerdo con el documento, emitido por la Dirección Regional Huetar Atlántica del AyA, la exclusión de esta zona representa una seria violación a derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud pública y un ambiente sano. Se advierte que la actual planificación permite actividades industriales y comerciales de alto riesgo, como gasolineras, y parcelamientos incompatibles con los estándares del AyA, lo cual compromete el abastecimiento de agua y la integridad del acuífero.

El informe técnico GSP-RHC-2025-01548 destaca que la Zona 6, caracterizada por una alta vulnerabilidad según el método EPIK, presenta riesgos severos de contaminación por infiltración de bacterias, virus, nitratos y metales pesados, debido a la presencia de dolinas que conectan directamente con el acuífero. Además, alerta sobre el impacto sanitario y ambiental que implica permitir actividades en esta área sin las restricciones recomendadas por el ente rector del recurso hídrico.

La petición también señala que la omisión contraviene acuerdos vinculantes de la Junta Directiva del AyA (2007-177 y 2011-112), así como precedentes de la Sala Constitucional que obligan a las municipalidades a incorporar las recomendaciones técnicas para proteger zonas de recarga y captación de agua. A criterio de la asociación, esto constituye una violación al principio de legalidad, al deber de protección ambiental y a derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política.

Entre las medidas solicitadas a la Sala se encuentran:

  • Declarar con lugar el recurso de amparo.

  • Ordenar la nulidad del Plan Regulador por no incorporar las zonas de protección establecidas por el AyA.

  • Prohibir actividades industriales de alto riesgo en la Zona 6.

  • Disponer acciones de mitigación entre instituciones como la Municipalidad de Limón, AyA, MINAE, SENARA y el Ministerio de Salud.

  • Sancionar las responsabilidades administrativas que correspondan.

Según el recurso, la exclusión de la Zona 6 contradice principios constitucionales como el preventivo, precautorio, de no regresión y de in dubio pro natura, poniendo en peligro los derechos de las generaciones actuales y futuras. La asociación expresó su confianza en que la Sala Constitucional emitirá una resolución que garantice la sostenibilidad del acuífero y el cumplimiento de las obligaciones legales de las autoridades locales.

Imagen: Semanario Universidad.

Segundo encuentro nacional de la Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica

La Red de Mujeres Costeras y Rurales de Costa Rica se están preparando para celebrar su segundo encuentro nacional, el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. hora Costa Rica, modalidad virtual, vía zoom.

Se hace un llamado a todas las organizaciones y mujeres lideresas que forman parte de esta Red a sumarse a este momento de articulación, fuerza colectiva y lucha compartida.

¡Loma boscosa devastada en cuestión de horas!

Una producción del Observatorio de Bienes Comunes UCR, indica que Philippe Vangoidsenhoven documentó un caso alarmante en Puerto Viejo: una loma cubierta de bosque fue arrasada en pocas horas por maquinaria pesada. La escena es clara: donde había árboles, sombra y vida, hoy solo queda un terreno pelado.

No es un caso aislado. Responde a un patrón de cambio de uso de suelo disfrazado de legalidad, impulsado por presión inmobiliaria y facilitado por el silencio institucional.

Desde la vigilancia ciudadana, Philippe denuncia cómo se urbaniza un bosque: tala súbita, abandono estratégico… y cuando llegan las autoridades, el daño ya está hecho.

Las lomas boscosas cumplen funciones vitales: protegen suelos, filtran agua, regulan el clima y sostienen biodiversidad. Su destrucción pone en riesgo a toda la región.

Se les invita a visitar la pagina de Observatorio de Bienes Comunes UCR para leer la nota completa mediante el siguiente enlace:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/loma-boscosa-devastada-en-cuestion-de-horas-vigilancia-ciudadana-revela-cambio-abrupto-de-uso-de-suelo/

«Financiamiento Jaguar»: Un caso de «alto nivel»

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.

En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.

El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.

O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.

En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.

El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.

Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.

Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes», como era su deber, según la legislación anotada.

Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!

Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.

Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.

Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.

Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.

En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.

Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.

Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.

7 agosto, 2025

Cartago: Defensoría convocó a AyA y municipalidades por situación del agua

La Defensoría de los Habitantes recibió a autoridades del AyA, a los alcaldes de Paraíso y Cartago, junto con sus equipos técnicos, para trabajar sobre el tema pendiente dentro del proceso de Diálogo Social que inició en junio anterior, respecto al borrador de contrato de suministro de agua en gran volumen propuesto por AyA.

Ambos Gobiernos Locales presentaron por escrito sus criterios sobre esta iniciativa e hicieron propuestas de mejora, dejando claro que el principal problema es la discrepancia que tienen en relación con la razonabilidad y pertinencia de la tarifa vigente que les cobra el AyA, al tiempo que plantean la necesidad que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realice un estudio técnico para definir una tarifa específica para el servicio de suministro de agua cruda.

En ese sentido, la Municipalidad de Cartago señaló que semanas atrás se había valorado con la ARESEP la posibilidad de que se realice un estudio de esa naturaleza, para lo cual AyA debería presentar la información necesaria ante el ente regulador. Al respecto, en la sesión de diálogo del día de hoy, la Gerente General del AyA informó que, a finales de agosto, estarían presentando la información ante el ente regulador.

A la luz de lo anterior, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Las asesorías jurídicas de ambos gobiernos locales y del AyA trabajarán en conjunto para presentar una propuesta de convenio, en el entendido de que todo lo relativo al tema tarifario, queda sujeto a las acciones que las entidades competentes realicen en los próximos días. La Defensoría dará acompañamiento al trabajo conjunto relativo a la propuesta de convenio.

2. La Defensoría de los Habitantes, en el ejercicio de sus competencias de control de legalidad y protección y defensa de los derechos e intereses de los habitantes, dará seguimiento puntual a las acciones que, a partir de este momento, realicen AyA y ARESEP con miras la eventual elaboración de un estudio específico para determinar el precio al cual el AyA debe venderle el agua cruda a las Municipalidades de Paraíso y Cartago.

Asimismo, la Defensoría dará seguimiento a las acciones recursivas que en su momento hayan presentado ambos Gobiernos Locales en relación con la tarifa de venta de agua en bloque ante la Autoridad Reguladora y que aún están pendientes de resolución por parte de la Junta Directiva de la ARESEP.

Con ello, la Defensoría da por concluida su rol de facilitador de diálogo y las acciones siguientes a emprender, se enmarcarán dentro de su labor de ente contralor de legalidad.

Foro agroalimentario San Carlos

El sector agroalimentario invita al foro que se realizará el 9 de agosto de 2025 a las 10:00 a.m. en el Auditorio Monseñor Román Arrieta Villalobos, Colegio Agropecuario, Santa Clara, San Carlos.

Entre los temas de la agenda está el tratado transpacífico, la trazabilidad del ganado bobino y demás productos agroalimentarios, planteamiento de soluciones, proyecto soberanía alimentaria y deuda de los agricultores y planes reguladores.

Municipalidades continúan estancadas en gestión de servicios locales

La Contraloría General de la República emitió el Índice de Gestión de Servicios Municipales 2025 (IGSM 2025), en el cual participaron los 84 gobiernos locales del país. La herramienta refleja cómo las municipalidades organizan y operan los servicios que brindan a la población, que son cruciales porque impulsan el desarrollo comunal y aseguran que se cubran necesidades indispensables para el bienestar diario de las personas.

El estado actual revela que las municipalidades tienen una gestión aún frágil, esto se traduce en servicios que no siempre cumplen estándares mínimos de calidad o continuidad. Para el año 2024 las municipalidades presupuestaron en gastos un total de ¢337.671 millones para atender todos los servicios, pero solo ejecutaron ¢241.386 millones, lo que equivale al 71%.

Se encontró gestión básica y sin avance, débil gestión de alcantarillado pluvial, gestión vial deficiente, brechas críticas en gestión de residuos sólidos, tarifas desactualizadas y alta morosidad.

Se les invita a revisar el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025016850.pdf

Sala Constitucional ordena al MINAE transparentar información pública

En una resolución contundente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bajo el expediente Nº 25-005504-0007-CO y Resolución Nº 2025023943, ha declarado con lugar el recurso de amparo interpuesto por el ciudadano Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Este fallo, emitido el 1 de agosto de 2025, marca un hito en la defensa del derecho al acceso a la información pública en Costa Rica, al ordenar al MINAE entregar las evaluaciones de desempeño de funcionarios públicos solicitadas por el recurrente, poniendo en evidencia la opacidad del Ministerio y reafirmando el principio de transparencia en la gestión pública.

El señor Marco Vinicio Levy Virgo, en ejercicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley Marco de Acceso a la Información Pública (Nº 10.554), solicitó el 7 de febrero de 2025, mediante el oficio AEL-0052-2025, las evaluaciones de desempeño correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024 de siete funcionarios del MINAE. La solicitud, dirigida al ministro Franz Tattenbach Capra, buscaba acceder a información de carácter público, esencial para garantizar la rendición de cuentas en la administración pública.

Sin embargo, el MINAE, a través del oficio DVA-014-2025 del 21 de febrero de 2025, firmado por el viceministro de Ambiente, denegó la entrega de la información, exigiendo al recurrente justificar un «interés legítimo», el motivo de la solicitud, su uso y destino, así como una autorización expresa de los funcionarios involucrados. Esta respuesta fue calificada por el recurrente como una clara vulneración de su derecho constitucional al acceso a la información, al imponer requisitos no establecidos en la ley y restringir el acceso a datos de interés público.

La Sala Constitucional, en una sentencia unánime redactada por la magistrada Ingrid Hess Herrera, determinó que la negativa del MINAE constituye una violación al derecho de acceso a la información administrativa, establecido en el artículo 30 de la Constitución Política. El fallo establece que las evaluaciones de desempeño de los funcionarios públicos son información pública, ya que reflejan el resultado final de su labor en el ejercicio de sus cargos.

Este fallo reafirma que los ciudadanos no están obligados a justificar el motivo de sus solicitudes de información pública ni a demostrar un interés legítimo, como pretendía el MINAE.

Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se ordena a Franz Tattenbach Capra en su condición de ministro de Ambiente y Energía, o a quien ocupe ese cargo, que en el plazo de Diez días contado a partir de la comunicación de esta sentencia, brinde al recurrente la información requerida mediante documento AEL-0052-20255 fechada 07 de febrero de 2025, que es el resultado final de la evaluación de desempeño de las personas solicitadas.

Se le advierte al recurrido que, de no acatar dicha orden, incurrirá en el delito de desobediencia y, que de conformidad con el artículo 71, de la Ley de esta jurisdicción, se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.