La Red Nacional de Autosostenimiento (miembro del Movimiento de Ciudadanía que construye Territorios Seguros) realizó una gira por el Pacífico Sur para educar en materia de alfabetización ciudadana.
Durante los primeros días de gira han trabajado con la Asociación de Pescadores del Pilón, Golfito, Asociaciones de Pescadores de Playa Colibrí y la Palma, y Asociaciones de Pescadores y molusqueros de las comunidades de Ventanas y Cortés. La Red Nacional de Autosostenimiento trabaja con el sector pesquero del Pacífico Sur en materia de alfabetización ciudadana en coordinación con la Federación de pescadores y molusqueros del Pacífico Sur.
De acuerdo con la Red, están procurando conocer de manera real sus necesidades, para procurar la reconstrucción de la economía nacional, desde la perspectiva ciudadana y acorde a las necesidades de la población.
El próximo miércoles 03 de febrero a las 5:00 pm el programa Voces y Política de Radioemisoras Universidad de Costa Rica (UCR) abordará el tema “Mirada al 2021: situación fiscal, FMI, elecciones y más”, con la participación de Patricia Mora, profesora universitaria y ex ministra del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y Laura Martínez, periodista y directora del Semanario Universidad.
Puede sintonizar el programa en Radio Universidad 96.7 FM y participar por medio de las redes sociales o llamada telefónica al 2234-3233.
Este 1 de febrero fue seleccionada por mayoría absoluta Martha Elena Rodríguez en la Asamblea de elección del representante del Movimiento Sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
La designación que se realizó por elección pública, tuvo como candidatos a Rodríguez y el economista Luis Paulino Vargas Solís, y se realizó en CICANDE (Belén, Herendia).
El resultado fue: 197.464 votos para Martha Rodríguez y 14.064 para Luis Paulino Vargas (datos según la representatividad de cada organización).
Participaron gran diversidad de organizaciones sindicales y confederacionistas gremiales como CCTD, Rerum Novarum, APSE, SEC, ANDE, CGT, UNM, SIPROCIMECA, ANPE, SITECO, SITRAPEQUIA, SINASSASS, SITRAINA, ANEJUD, SINDEU, SITUN, AFITEC, entre otros.
Esta elección consolida el apoyo de gran parte del sector sindical para que la compañera Rodríguez asuma de manera permanente este rol esencial para el sector laboral.
Recientemente, el Departamento de Estadísticas Macroeconómicas del Banco Central de Costa Rica ha realizado un esfuerzo para la actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica, la cual permite conocer el panorama contemporáneo de la producción nacional.
El uso de la MIP facilita el análisis sobre la composición por actividad económica y muestra los movimientos de producción y valor agregado, a lo largo de un período determinado, que ocurren entre los distintos sectores que componen una economía.
El trabajo realizado permite obtener una descripción de la red de producción nacional y de la red de comercio, ubicarlas geográficamente y asignar a cada cantón las distintas actividades económicas, además de conocer las actividades económicas líderes.
Como es bien conocido, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.
Como es de esperarse, se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo. Cabe destacar que el comercio es predominante en casi todo el país.
Estos resultados denotan que la administración pública está altamente concentrada en el centro del país, donde el cantón de San José representa alrededor de un 52 %. Ello es similar para otros servicios, nuevamente con San José el cantón principal (37 % de la producción) y manufactura donde Alajuela y San José producen el 40 % a nivel nacional. Por su parte, la construcción y educación y salud (las últimas dos conjuntamente) se encuentran más distribuidas a lo largo del país, sin embargo, la mayor concentración sigue presentándose en la GAM, con San José a la cabeza (13 % y 16 % de cada actividad respectivamente). Por último, la actividad de transporte está dominada por San José y Alajuela, 42 % de la actividad entre ambos cantones.
Otra actividad que resulta vital es la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales. Con la excepción de San José, es una actividad líder en el resto de cabeceras de la Gran Área Metropolitana (GAM). Este es un indicativo de la importancia de la manufactura de alta tecnología para el país, así como la relevancia de la inversión extranjera directa que en gran medida se concentra en este tipo de empresas.
La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.
Por su parte, los servicios se encuentran concentrados en los cantones de San José, Alajuela, Desamparados, Heredia, Cartago, Montes de Oca, Santa Ana, Goicoechea, Tibás y Escazú de la GAM. Sólo en San Carlos y Pérez Zeledón, existe algún desarrollo de los servicios en las regiones Periféricas.
Mientras que, en actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).
Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos de banano, la piña y la ganadería; de la GAM solo los cantones de Cartago y Alajuela tienen importancia en la producción agrícola. Bagaces sería el cantón más importante en la producción de energía y suministro de aguas con un 12%.
La producción agrícola por cultivos se encuentra concentrada en unos pocos cantones, como ha sido en las últimas décadas, así la producción de banano está concentrada en los cantones de Matina, Pococí y Siquirres, la de piña en San Carlos, Sarapiquí y Pococí, la de melón en Carrillo, Nandayure y Orotina, la caña de azúcar en San Carlos, Puntarenas y Montes de Oro, la de palma aceitera en Corredores, Aguirre y Parrita, la de café en Desamparados, Heredia y Tibás, la de ganadería en Abangares, San Carlos y Cartago, la de arroz en Liberia, Cañas y Parrita y la de papa en Oreamuno, Cartago y Alvarado, siendo que la agricultura de exportación se concentra en los cantones fuera de la GAM y sólo el café, la papa y en parte la ganadería se desarrollan en cantones que son parte de la GAM.
Por su parte, la distribución cantonal de las compras del producto de distintos agregados de actividades económicas, revela que el cantón de San José acapara las compras de la mayoría de las actividades, con excepción de la agricultura, donde Alajuela es el líder. En actividades como construcción, manufactura y educación y salud, la concentración de las compras es muy alta en el cantón de San José que acapara el 34 %, 23 % y 41 % respectivamente de las compras totales del producto de dichas actividades.
El detalle para los cantones de San José, Alajuela, Heredia y Cartago es relevante por la magnitud esperada de transacciones que ocurren en dichas cabeceras de provincia. Las principales actividades económicas en San José son comercio (16.46 %), actividades de banca e intermediación monetaria (10.12 %) y administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la comunidad (8.14 %), para un total de 34.72 %.
En Alajuela un 43.49 % lo contabilizan la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (24.14 %), el comercio (11.52 %) y las actividades de banca e intermediación monetaria (7.83 %). Para Heredia las principales actividades son la fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (16.71 %), el comercio (13.09 %) y las actividades de banca e intermediación monetaria (12.75 %), con un 42.55 % de la actividad económica. Por último, en Cartago un 43.17 % de la actividad económica es la suma de actividades de banca e intermediación monetaria (18.60 %), comercio (13.23 %) y fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (11.34 %).
Mediante el ejercicio para la construcción de la red de transacciones, es posible realizar análisis sobre la importancia de cantones específicos en la producción y en la demanda intermedia a nivel nacional.
En general la red de producción se encuentra bastante integrada en sus conexiones, donde en promedio cada cantón se conecta con 75 cantones tanto en compras como en ventas. Dota y Hojancha serían aquellos más desconectados para ambos rubros de compras (46 y 52 respectivamente) como ventas (52 y 45 respectivamente). Por su parte, Alajuela, Desamparados, San José, Escazú, Goicoechea, Grecia, Guácimo, Heredia, Limón, Palmares, Paraíso, Pérez Zeledón, Pococí, Puntarenas y San Ramón son los cantones con más conexiones por compras hacia todos los cantones. Mientras, por el lado de las ventas, son 31 cantones los que poseen conexiones con todos los demás.
Las cabeceras de provincia junto con los cantones de la GAM poseen una alta importancia; por su parte, la mayoría de los cantones en la periferia (zonas costeras y limítrofes con Panamá y Nicaragua) son generalmente de menor importancia para el comercio interno. Algunas excepciones son el cantón de Garabito importante en turismo y Corredores importante para el comercio con Panamá, por lo cual son activos en la compra-venta de insumos con el resto del país.
Entre las conclusiones del estudio de la MIP, se señalan las diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM. La primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, el comercio es predominante en casi todo el país y el transporte está dominado por San José y Alajuela; la administración pública está altamente concentrada en el centro del país y la educación y salud se encuentran más distribuidos a lo largo del país, aunque existe una mayor concentración en la GAM.
La distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas económicas, los recursos y los incentivos durante más de una docena de Administraciones.
Modificar la orientación de las políticas concentradas en la GAM no ha contado con la voluntad política y la planificación necesaria, por lo que únicamente se han realizado tenues intentos de incorporar algunos cantones fuera de la GAM a las oportunidades de desarrollo e inversión.
El presente estudio sugiere “que continuar con la atracción de firmas multinacionales, pero con destino fuera de la GAM, no solo brindaría más oportunidades de empleo en la zona, sino además mayor integración comercial.
Ello requiere análisis de qué determinantes mejoran la competitividad y el atractivo de los cantones. Más esfuerzos en infraestructura, como la ampliación de la carretera Limonal-Cañas, entre otros y en educación, como la reforma al Instituto Nacional de Aprendizaje son necesarios”.
Agrega que “una opción puede ser equiparar el terreno y brindar más oportunidades a cantones fuera de la GAM para la atracción de este tipo de inversión”, además de que “estos resultados sirven para la formulación de políticas en aras de limitar las diferencias estructurales entre cantones dentro y fuera de la GAM. (Brenes, C. et al, documento de trabajo 01,20121, Banco Central de Costa Rica).
Precisamente, la actual Ministra de Trabajo, mencionó respecto a la actividad económica y el empleo, que “el crecimiento económico, la generación de empleo, la distribución de la riqueza ha estado concentrada en la Gran Área Metropolitana (GAM), y con presencia mayoritaria en algunos pocos cantones. Este ha sido una situación histórica en el país y que esperamos resolver a partir del desarrollo productivo de los territorios.
Es por esto que debemos enfocar nuestro trabajo en el desarrollo de los territorios, es decir, conociendo las fortalezas regionales impulsamos el desarrollo económico a partir de esas fortalezas y generar no sólo puestos de trabajo en los territorios, (…) buscar articular de forma bien calibrada los modelos de desarrollo y producción en los territorios para que el nacimiento de nuevos puestos de trabajo se pueda dar en todo el país y no solo en la GAM, como ha sido mayormente”. (CRHoy,29-1-2021).
Tax Justice Network en asociación con la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social comparte el informe “Vulnerabilidad y Exposición al Riesgo de los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina”. El documento presenta los perfiles de riesgo resultantes para cada país latinoamericano, los mismos que permiten una comparación más detallada de la vulnerabilidad a los flujos financieros ilícitos entre países y por canal. Se destaca a su vez aquellas jurisdicciones que suministran la mayor parte de los riesgos.
En los últimos días las respuestas estatales regionales ante las movilidades humanas se han caracterizado por una agresiva militarización y blindaje de sus zonas fronterizas, como primer medida de un conjunto de acciones afincadas en el enfoque securitario utilizado para administrar las migraciones internacionales.
Durante el mes de enero de 2021 esa militarización fue observada tanto en fronteras centroamericanas, con lo actuado por las fuerzas de seguridad guatemaltecas para impedir y disolver los colectivos provenientes fundamentalmente de Honduras, como en el sur de América Latina al “sellar” la frontera con Ecuador el gobierno peruano, como
medida para impedir el paso de grupos de venezolanos en contextos de movilidad.
Sobre este escenario que enfrenta al mismo tiempo militarización y sobrevivencia, la circulación de noticias se ha decantado por la homogeneización para referirse a los grupos que caminan y tratan de cruzar fronteras internacionales. No en pocos casos en los medios de comunicación empresariales se han vertido conceptos criminalizantes y discriminatorios, desconociendo las causas y la heterogeneidad social y cultural de las personas que conforman estos colectivos humanos contemporáneos en America Latina.
En el caso centroamericano, es preciso visibilizar otras propuestas informativas que con cercanía, implicación y sensibilidad regional desmontan el aparataje de la comunicación que solo fluye en un solo sentido. Es necesario atender un lenguaje regional que explique con sentido lo que ocurre.
En esta dirección el jueves 28 de enero se desarrolló el conversatorio “Caravanas y otras luchas migrantes en Mesoamérica”, organizado por el proyecto regional “(in)movilidad en las Américas” con la participación de diferentes actores vinculados a los colectivos centroamericanos que se movilizan, así como representantes de medios regionales que han construido una interesante agenda noticiosa propia sobre el tema.
Gerardo Chévez, reportero de Radio Progreso (Honduras), ha cubierto las últimas movilidades originadas en aquel país. Su intervención en el conversatorio fue propicia para repasar el rol del periodismo en contextos de vulnerabilidad y su Importancia para conocer con certeza las causas de los procesos regionales.
Coincidimos de entrada cuando hace una distinción que no solo es semántica sino ética y política: no son caravanas las que salen de Centroamérica: son éxodos humanos forzados por las condiciones presentes en sus países de origen. Su observación en campo y su implicación con el contexto lo legitima para trazar esta consideración sobre los grupos centroamericanos que se movilizan.
Lo segundo que señala es considerar estas movilidades como expresiones de rebeldía. Se distancia así de aquellos intentos por descalificar las razones de la salida en colectivo aduciendo variables políticas y utilitarias por parte de terceros actores. También concordamos con su apreciación.
Sobre este aspecto, es importante entender que las salidas en colectivo desde la región obedecen a estrategias pensadas desde abajo para responder las lógicas del poder, la exclusión y la discriminación. En conjunto, estas tres nociones nunca serán nombradas de esa manera en los medios de comunicación empresariales.
En tercer lugar habla de un desprecio absoluto por parte de las autoridades hacia las personas en movilidad. No solo la forma violenta como disuadieron su paso en el caso de la coyuntura en frontera guatemalteca sino la actitud inhumana con la que se deshicieron de las pertenencias que quedaron desperdigadas luego de los enfrentamientos: “por la noche los militares quemaron coches de bebé, mochilas, ropa”, comentó.
En su relato, lo subjetivo es necesario para contar la verdad. Ante la violencia observada con la que fueron tratados niños, niñas, personas jóvenes, hombres y mujeres y ser testigo en primera línea, su reacción es epidérmica: “eso arde”, dice al recordar esas imágenes. Luego señala contundentemente: “somos periodistas, pero también somos humanos”.
Dados estos acontecimientos, son imprescindibles seguir dos acciones desde la región: incorporar en el entendimiento general la movilidad colectiva como estrategia desde los sectores vulnerables y precarizados y priorizar otras formas de comunicar esos procesos, lejos del estigma y la criminalización.
Es necesario por ello visibilizar esas otras formas de narrar la estrategia de respuesta de quienes se movilizan. Iniciativas que acompañan, informan y dialogan con la verdad como la misma Radio Progreso y el medio digital Contracorriente (ambas de Honduras) y Plaza Pública ( Guatemala) son algunos ejemplos de esa otra perspectiva comunicativa que debe priorizarse.
En tiempos en que la simbólica sustituye el contenido en las propuestas mediáticas globales, es preciso facultar y validar esas otras formas comunicativas que se generan desde la propia región. Es decir: pasar de la “sanderización” del relato a la profundización de las narrativas. Invito a reproducir sus contenidos, superponerlos a las maquinarias hegemónicas y empresariales que niegan la diversidad, la resistencia, la política que se crea y se construye desde lo cotidiano, desde abajo.
SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:
¿Tráfico de influencias del gobierno en aplicación de vacuna covid-19?
El Presidente de la República y el gobierno no debe tener la potestad de resolver si se vacuna o no a los diputados. Esta decisión les compete a las instituciones especializadas en la materia, como son el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Sin embargo, podrían existir intentos de violar las autonomías, permitir el tráfico de influencias o favorecimientos debido a vínculos políticos en ambas instituciones. Todo puede pasar en el nombre de la «democracia neoliberal».
En la Caja, el Ministerio de Salud y otras entidades hay miles de trabajadores que no han sido vacunados, a pesar de estar en la primera línea de atención de los enfermos por COVID-19.
«Ha fallecido personal especialista y calificado en la Caja y miles de contagiados e incapacidades por coronavirus, con la subsiguiente perdida de salarios y vacaciones de los trabajadores», detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Lamentablemente hemos perdido a más de 2.000 ciudadanos a causa de la enfermedad, pero estos valerosos trabajadores del sector salud han salvado miles de vidas humanas y han evitado una mayor catástrofe, como se ha dado en otras naciones del inundo.
Vacunar a la clase política empresarial, antes que a los trabajadores de la primera línea es un acto siniestro, debería n tratar de arreglar las acciones que han llevado a nuestro país al borde de una debacle económica. Es hora de pasarles la factura.
Para más detalle comunicarse con Luis Chavarría, secretario general de UNDECA al 8367-2737.
SURCOS comparte el comunicado de prensa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):
El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.
La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.
Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.
Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!
Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.
En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?
Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.
Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?
Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.
Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública
a) Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.
b) Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.
c) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.
d) Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.
e) Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.
f) Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.
g) Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.
h) Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.
i) Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.
j) Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.
k) Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.
l) Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.
m) Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.
n) Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.
Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.
En noviembre 2020 la Fundación Friedrich Ebert publicó el análisis titulado “Gobernanza del agua en Costa Rica: una gestión integrada, abierta y participativa” de la autora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, experta en gobierno abierto, participación ciudadana y diálogo social.
“La gobernanza democrática del agua se entiende como un ejercicio de diálogo, toma de decisión e implementación de acuerdos y políticas públicas desde la apertura, la transparencia, la participación multisectorial y la rendición de cuentas”, detalla el documento.
El análisis aborda la participación ciudadana en asuntos ambientales, el mecanismo nacional de gobernanza del agua (MNGA), la participación, diálogo y resolución de conflictos, así como conclusiones y recomendaciones, entre las cuales destaca el proceso colaborativo para revisar el MNGA.
De acuerdo con Marco Vinicio Zamora, coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica de la Fundación Friedrich Ebert “esta publicación busca mover participación desde el territorio y fortalecer capacidades comunitarias”.
SURCOS comparte el documento para su lectura y reflexión:
