El Programa de Economía Social Solidaria de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a participar del conversatorio “Las políticas públicas para la Economía Social Solidaria” el próximo 03 de febrero a la 1:00 pm con los siguientes invitados:
– Luis Diego Aguilar Monge, viceministro de Economía Social Solidaria, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. – Marvin Rodríguez Vargas, Secretario Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria. – Carlos Brenes Castillo, Presidente del Consejo de Administración COOPEJOVO.
El Foro Social Mundial invita a participar de la asamblea autogestionada “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos” a realizarse el próximo 30 de enero a las 7:00 hora de Centroamérica.
Se trata de un diálogo amplio en el cual se identificarán las claves de la lucha común por el derecho humano a la educación, con intersección de otros derechos.
El evento se realizará en español con traducción simultánea en inglés, portugués y francés.
Zaida Siles Rojas, Periodista Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Una reforma a varios artículos del Reglamento en contra del hostigamiento en el trabajo o acoso laboral, aprobada recientemente por el Consejo Universitario, tiene como propósito ajustar esta norma con la reglamentación institucional y nacional sobre dicha materia, así como mejorar su aplicación dentro de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La modificación subsana una de las principales omisiones del reglamento vigente, como lo es la ausencia de plazos en cada una de las fases del procedimiento, lo cual provocaba retrasos y era una preocupación planteada por la comunidad universitaria.
La inclusión de plazos garantiza seguridad jurídica a las partes involucradas, en razón de que mejorarán los tiempos de resolución y respuesta, destacó el Órgano Colegiado al aprobar la reforma.
De acuerdo con el Consejo Universitario, el acoso laboral es una actuación indeseada que no debe permitirse de ninguna manera, sea que se realice por personas de la comunidad universitaria o por aquellas que brindan algún servicio a la Institución en los diferentes espacios de trabajo, de ahí que era necesario incorporar en el reglamento mecanismos de contención y ajustarlos a las circunstancias actuales.
La reforma también precisa las funciones de la Comisión Evaluadora de Acoso Laboral para así evitar confusiones.
Con el fin de generar conciencia en todos los niveles de la Institución, el Órgano Colegiado solicitó a la Rectoría organizar talleres, charlas, foros, campañas de la Oficina de Divulgación e Información, entre otras acciones, en relación con los mecanismos existentes para poder denunciar, así como las consecuencias negativas de este tipo de acoso para las personas trabajadoras.
Nota periodística del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (CU-UCR).
Con el propósito de contribuir con la búsqueda e implementación de acciones públicas que desde el Estado y el sector privado se puedan discutir para encontrar las soluciones necesarias a la crisis actual y a la que se avecina en los próximos años, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) dio a conocer un conjunto de recomendaciones para la reactivación económica y social del país, en el marco de la pandemia sanitaria del SARS COV 2.
Las iniciativas se presentaron esta mañana en conferencia de prensa, por parte de los investigadores, Pablo Chaverri, Enrique Capella y Rafel Arias. Además de Tomás Marino, presidente del Consejo Universitario y Francisco González, rector de la UNA y actual presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
En concreto, la propuesta de reactivación económica para un desarrollo integral “UNA visión con justicia social, equidad y solidaridad” plantea varias recomendaciones en las áreas económica, social, territorial, educativa, artística, cultural, ambiental y de salud. A continuación, un resumen de cada una de ellas.
Economía: Diseñar e implementar una estrategia firme y sostenida de reactivación económica y un agresivo programa de desarrollo de obra pública en infraestructura, tanto física como social, mediante la figura de concesión de obra pública. Entre algunos de los proyectos más importantes se encuentran: el proyecto del tren metropolitano, el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, puertos y carreteras regionales, escuelas, colegios, hospitales y clínicas de salud regionales. También, identificar actividades productivas dinámicas con capacidad de crecimiento, articulación y encadenamientos productivos para el desarrollo de clústeres y de otros esquemas territoriales de fomento y atracción a la inversión con encadenamientos productivos, sociales y fiscales.
Social: Los entes rectores y las instituciones que conforman el sector social deben ser garantes de una política social efectiva para la ampliación de las oportunidades de empleo productivo y reducción de la pobreza y desigualdad. Asimismo, es necesario hacer eficiente la coordinación interinstitucional del sector social, principalmente en las regiones y territorios fuera de la GAM, mediante la reducción de las duplicidades o procedimientos que no permiten la flexibilidad de las instituciones, la transparencia y legitimidad de su quehacer, con el fin de mejorar la inversión social y los mecanismos redistributivos de ingresos para reducir la pobreza y la desigualdad.
Territorial: Las posibilidades y oportunidades que el país posee para impulsar un proceso de transformación productiva con carácter territorial son muy amplias, por cuanto se cuenta con una amplia dotación de factores y capacidades competitivas en las distintas regiones, para generar economías de aglomeración en torno a actividades económicas para mejorar los mercados regional, nacional e internacional. En la Gran Área Metropolitana, así como en los demás territorios, se recomienda fortalecer la gobernanza regional con participación ciudadana para una gestión más eficiente y eficaz de los recursos, que permita la oferta y el acceso a bienes y servicios de calidad. En cuanto a recomendaciones sectoriales, se aconseja la identificación de actividades productivas dinamizadoras del desarrollo regional y nacional, que potencien el empleo productivo en las regiones. Entre estas, se ha identificado el potencial del sector de energías limpias y actividades conexas. Asimismo, el país tiene potencial en actividades de agronegocios, logística de transportes y almacenamiento, desarrollo portuario, turismo diversificado, desarrollo inmobiliario y actividades relacionadas con la bioeconomía, en los distintos territorios.
Educación: En este eje se recomienda replantear la asignación del presupuesto nacional a partir del valor agregado de los distintos sectores económicos. En este caso, se propone partir de la consideración de la educación, el arte y la cultura como actividades con un gran potencial de valor agregado que Costa Rica no ha sabido aprovechar a plenitud. Por lo anterior, se busca realizar una redistribución a partir del valor agregado y la prospectiva de desarrollo futuro del país, que no debe ser entendido sin el papel clave de la educación, el arte y la cultura. A la vez, se recomienda un enfoque de economía positiva que aumente la cobertura de imposición sobre la riqueza, particularmente sobre el gasto suntuario o la posesión onerosa, y no sobre el capital de trabajo ni la renta de consumo, ya que estos dos reactivan la economía.
Arte y cultura: Debe existir una declaratoria nacional, oficial, pública e institucional, mediante una política pública que reconozca la economía naranja como un paradigma orientador y generador de desarrollo, sustentado en un modelo de desarrollo más equitativo e integral en la formación del ser humano. De igual forma, reformar la Ley y Reglamento del Sistema de Banca de Desarrollo, para que este se adapte e incluya de forma explícita, dentro de este marco normativo, el acceso a estos recursos por parte de los emprendimientos artísticos y culturales, así como el acceso al financiamiento para capital de trabajo y al fondo de avales.
Ambiente: El país puede aprovechar la infraestructura física e institucional para desarrollar clusters que articulen actividades agrícolas dinámicas con el suministro de insumos, maquinaria y equipo, transporte y almacenamiento, investigación y mejoramiento de especies y variedades y capacitación técnica, infraestructura de riego y tecnología sostenible de manejo de la comercialización nacional e internacional. A su vez, se deben promover las alianzas público-privadas con protagonismo universitario y de los sectores productivos para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se vincule al estudiante con sectores productivos, se fomenten convenios marco entre sectores y se generen proyectos productivos financiados de forma conjunta.
Salud: En este último eje, los expertos de la UNA recomiendan crear impuestos a bebidas azucaradas, comidas rápidas y bebidas alcohólicas para financiar el seguro de salud o programas de prevención y promoción, o de atención primaria, así como potenciar las capacidades productivas del país en la industria médica, ampliando el parque industrial en la fabricación de dispositivos médicos, con investigación y desarrollo de nuevos dispositivos o productos médicos. Aprovechar al máximo las alianzas y convenios internacionales con instituciones globales o regionales, que se suman y potencian a las capacidades existentes, para prevenir las enfermedades y optimizar los costos por tratamientos.
Al menos 14 adultos mayores, dos de los cuales eran awapas o médicos tradicionales, fallecieron en el territorio indígena bribri de Talamanca durante el 2020, debido a complicaciones asociadas a la COVID-19, según informó el vicepresidente de la Asociación de Desarrollo del territorio indígena Bribri (Aditibri), Emmanuel Buitagro.
La mayoría de los casos en esta comunidad se presentaron durante los meses de agosto y setiembre pasados, cuando hubo un brote de la enfermedad dentro del territorio indígena.
Buitagro explica que la pérdida de personas mayores en los territorios indígenas “deja un vacío en materia de conocimiento cultural de prácticas ancestrales, rituales, cantos ceremoniales, cánticos a la salud. Toda una gama de conocimientos que tienen estas autoridades ancestrales”.
Esto genera un debilitamiento y la pérdida de identidad de los pueblos, señala Buitagro.
A nivel nacional, de los poco más de 104.000 mil pobladores indígenas que hay en los 24 territorios, se reportan 1.900 contagios y 28 fallecimientos relacionados con la COVID-19. De esas personas fallecidas, 17 eran adultos mayores.
Por ejemplo, en el territorio de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas, se registró la muerte del presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena. “Don Salomón murió de COVID el año anterior, inclusive atendiendo con nosotros la pandemia”, contó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
Hasta la semana del 15 de enero, las autoridades de salud reportaron un total acumulado de 52 casos positivos confirmados en el territorio Maleku, el deceso de dos personas indígenas y el de dos cónyuges no indígenas, así como 24 personas que habían sido aisladas por ser contactos cercanos de personas positivas. Para esa fecha solo se registraron siete casos activos en la comunidad.
Las autoridades intensificaron su trabajo en la zona, realizaron visitas casa por casa con traductores de la comunidad en lengua maleku para despejar las dudas de la población.
Para Geyner Blanco, indígena maleku, la muerte de mayores dentro de territorios indígenas bajo estas circunstancias representa “todo un choque a nivel comunitario” por la pérdida del acervo que resguardan estas personas.
El investigador del INIL-UCR, Alí García, califica como “tragedia en términos de pérdida de identidad y de conocimientos” la muerte prematura de mayores indígenas. Para García el trabajo de cualquier mayor en las comunidades originarias es mantener la esencia del conocimiento y con ello garantizar la existencia de la lengua.
El viceministro Otarola planteó que, al igual que sucede en el resto del país, dentro de los territorios indígenas hay personas escépticas al impacto real de la pandemia y por ende fortalecer la relación con las autoridades locales para transmitir los lineamientos de protección es un factor clave para evitar que el virus se propague.
Otarola además explicó que se trabaja de manera preventiva y no esperando que la enfermedad afecte a la población, ya que reconoce que existen muchos rezagos históricos dentro de los territorios que provocan una mayor vulnerabilidad por ejemplo las dificultades de acceso a los sistemas de salud pero aún más a servicios básicos como agua potable.
“Hay un esquema importante para llevar no solo medidas sanitarias sino atención directa y de calidad como cualquier ciudadano recibe en este país a todos los territorios indígenas”, manifestó el viceministro.
Para revertir los efectos culturales provocados por la pandemia la Asociación de Desarrollo Indígena de Talamanca propone que durante este 2021 se otorguen becas para que personas jóvenes o adultas de la comunidad se capaciten y fortalezcan los conocimientos de su cultura tradicional indígena.
“Al ritmo al que vamos, si no se hace ninguna medida para salvaguardar el conocimiento, estamos propensos a que llegue un momento en que nadie de la comunidad maneje estos temas”, planteó con preocupación Emmanuel Buitrago, líder comunal indígena de Talamanca.
Foto: ADITIBRI Nota periodística de Interferencia – Radioemisoras UCR
El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) convoca este próximo jueves 28 de enero de 1:00 a 6:00 pm a piquete en la Asamblea Legislativa para protestar contra el proyecto de ley de empleo público y el préstamo del FMI.
Los autores del Departamento de Investigación Económica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) Carlos Brenes Soto, Santiago Campos Rodríguez y Kerry Loaiza Marín publicaron el documento “Regionalización de la matriz insumo-producto costarricense”.
La Matriz Insumo Producto (MIP) es una herramienta contable que muestra los movimientos de producción y valor agregado, a lo largo de un período determinado, que ocurren entre los distintos sectores que componen una economía.
En el documento se describen los aspectos principales del proceso de regionalización por cantón de la MIP nacional 2017 de la que dispone el BCCR y utiliza información del Repositorio de variables económicas del Banco. Por otro lado, se muestran estadísticas detalladas de la red de producción y de comercio nacional y la aplicación de un modelo de comercio cantonal bilateral. Finalmente, se visualiza una aplicación de la MIP cantonal mediante el análisis del impacto de la pandemia por COVID-2019 y la afectación respectiva en cantones y actividades económicas.
En los anexos podrá encontrar los cantones con mayor producción por actividad económica y las principales actividades económicas por cantón.
La Revista de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) publicó el artículo “Biografía: Alexander F. Skutch: ornitólogo, filósofo, naturalista y conservacionista” del miembro de la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) Roy H. May.
La biografía aborda la vida del destacado naturalista y ornitólogo neotropical, sus aportes intelectuales e importancia para la conservación.
La Revista de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional (UNA) publicó el artículo de Luko Hilje“¿Cuán veraz es la célebre alocución conservacionista del Jefe Seattle?” del profesor emérito del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie).
El artículo aborda el debate sobre la legitimidad de la alocución Después de todo, quizás seamos hermanos, que data de 1854 y es atribuida a un indígena norteamericano conocido como Jefe Seattle. Sin embargo, fue escrita en 1970 para la serie televisiva Home por el guionista TedPerry, inspirado en un discurso de dicho líder indígena, que fue reconstruido y publicado por Henry A. Smith en 1887.
Así, el artículo comparte las versiones de Smith y Perry y las ubica en el contexto histórico que aparecieron.
La reanudación del ciclo escolar es un acierto. La intensa y larga huelga magisterial del 2019 y la pandemia del 2020, que aún no se ha acabado, hicieron perder prácticamente casi año y medio de clases a los estudiantes desde la preescolar, la escolar y la secundaria, así como por el impacto de la pandemia que afectó notablemente la vida universitaria.
Solo en estos niveles, excluyendo el universitario hay alrededor de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes, entre la escuela pública y la privada, en números redondos, 150.000 en la preescolar, 600.000 en la primaria, 500.000 en la secundaria y en otras modalidades educativas casi 100.000.
La pandemia puso de relieve, de manera muy destacada, las falencias en el sector público, más que en el privado, las condiciones materiales de estudio y de trabajo docente, tanto de estudiantes como de profesores. Puso en evidencia, además, las carencias informáticas y tecnológicas de las escuelas públicas, especialmente las que están fuera del Valle Central, y de la Gran Área Metropolitana, las limitaciones de las redes informáticas y alcances de disponibilidad para estudiantes, maestros y profesores. Evidenció también los atrasos académicos de formación en el personal docente para atender, en situaciones como las que hemos vivido, y seguimos atendiendo, la educación a distancia, la teleeducación, las clases virtuales, las redes informáticas, el uso de ellas, y especialmente las dificultades de los hogares con aparatos tecnológicos, computadoras, iPads, tabletas, más que teléfonos para darle seguimiento a las actividades académicas que se programaban a distancia. Obliga sin lugar a dudas a una mayor intensidad en los hogares de apoyo a los estudiantes por parte de sus padres, exceptuando a los niños y jóvenes que disponen de esos artefactos electrónicos como parte ya de su vida cotidiana.
La interrupción de las clases condujo a la presión de los padres de familia, especialmente de la enseñanza privada, a cuestionar los pagos mensuales que tenían que hacerse, que no se veían en correspondencia con la educación y atención recibida. En bastantes casos en abandonar fácticamente la educación privada y trasladar sus niños hacia la pública, acompañado esto por el impacto en el desempleo ocasionado por la pandemia, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y por la reducción de jornadas, que impuso también la reducción de salarios.
A todo esto, las políticas públicas, de destruir a la clase media, de desemplear, de reducir pensiones, salarios e ingresos reales, de aumentar las cargas impositivas, incluso cobrando los mismos impuestos dos veces, en dos vías, de manera directa y por las vías municipales, recargando impuestos y tasas impositivas en salarios y pensiones, ha provocado un mayor empobrecimiento nacional de los sectores laborales, especialmente de las clases medias. Los techos y las rebajas a las pensiones tuvieron su efecto hacia los salarios, a los que les pusieron también techos, incluso al incremento anual por costo de la vida, devaluación e inflación, que al menos por los próximos dos años no van a crecer.
Así es como hemos recibido el 2021, el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia.
La crisis que golpea la educación es también el resultado del abandono que ha habido histórico del sector, en cuanto a que los recursos asignados, el 8% del PIB, no se garantizan acertadamente, no se impulsan las políticas por mejorar la infraestructura ni por impulsar de manera constante la capacitación del personal docente, tarea que no tienen los sindicatos magisteriales. Las escuelas y colegios en su infraestructura se han tenido abandonados por el Ministerio de Educación y por las Juntas de Educación encargadas de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones escolares y educativas.
El debilitamiento de los alcances de las redes informáticas para la educación en todo el país no se justifica de ninguna manera, sobre todo cuando se sabe que hay más de un millón de millones de colones, un billón, guardados en las instituciones a cargo de controlar, y de promover, las comunicaciones y telecomunicaciones, sus distintas redes y modalidades, la internet entre ellas, la fibra óptica, la banda ancha, que llevadas a todo el país, ojalá de manera gratuita, sirvan para las actividades educativas y también productivas.
No se puede atender el proceso educativo con teléfonos que se pagan a puchitos, desde mil colones, por tarjeta, en los supermercados y otros puntos de pagos telefónicos.
A los hogares y a los padres de familia, y a los escolares de todos los niveles, hay que asegurarles el acceso a estas redes y medios gratuitamente.
Si la educación, desde 1869, se declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, llevada esta obligación prácticamente hasta el nivel secundario, de igual manera los medios de alcance educativos, como la internet, la banda ancha, la fibra óptica, por medio de los cuales se lleva a cabo a modalidad de estudiar en las casas, debe ser gratuita para todos los costarricenses.
También debe asegurarse para escuelas públicas, las privadas no tienen este problema, la adquisición de computadoras y medios electrónicos que garanticen estas nuevas modalidades educativas.
Hay que garantizar de igual modo que todos los maestros y profesores también tengan las suyas, como asegurar que al menos en cada hogar donde haya un escolar haya también una computadora o un aparato electrónico, que no sea un teléfono, que garantice recibir las horas de clase por día que se van a dar bajo la modalidad virtual, no presencial.
Esta es una demanda patriótica, más que una lucha. Pero, también debe ser una lucha nacional, presente y permanente en cualquier movilización ciudadana que se haga, bajo cualquier pretexto y justificación, en las próximas semanas, meses y con vista a la campaña electoral que ya se metió.
Los sindicatos, los padres de familia, las Juntas de Educación, los estudiantes deben presionar para que así se disponga. Solo así se podrá atender, de mejor forma, la situación impuesta por la pandemia, el desempleo ocasionado, y el empobrecimiento por reducción de ingresos de las familias, que se está sufriendo. Solo así podemos impedir una mayor deserción de la que se calcula que ya impacta el sistema educativo, desde la Huelga del 2019 y la Pandemia que nos acompaña desde el 2020.
Los sindicatos de educadores son los más obligados, junto con los padres de familia, a convocar en esta demanda y lucha.
El Gobierno tiene las posibilidades reales y económicas de poner al alcance de todo el proceso educativo, de los estudiantes y sus familias esta posibilidad de acceso real y gratuito, de la infraestructura tecnológica y sus distintas redes de comunicación, para optimizar, en medio de la crisis generada por la pandemia, esta situación.
A la educación gratuita, gratuita la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo.
