SURCOS comparte la versión actualizada del proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. A continuación, puede revisar el documento para su lectura y formación de criterio:
Compartido con SURCOS por el Dr. Luis Bernardo Villalobos.
La pandemia por COVID-19 ha obligado a todo el mundo a someterse a períodos de cuarentena en los que la actividad económica disminuye significativamente, con sus efectos directos en el empleo y en la recaudación de impuestos. Costa Rica debe sumar a esta situación global su propia historia reciente en relación con los tributos. Luego de muchos años de intentos infructuosos para contar con una reforma tributaria, el actual Congreso aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que, a criterio de propios y extraños, no alcanza para llenar las crecientes necesidades del Presupuesto Nacional de la República.
Con vacunas o sin ellas, la pandemia parece que se quedará por mucho más tiempo con la humanidad y, con ello, las consecuencias adversas en la actividad productiva y en el erario público. Es por ello que el Gobierno de la República realizó una propuesta de financiamiento mediante el Fondo Monetario Internacional y la instauración de nuevos impuestos que, en primera instancia, fue rechazada por diversos sectores sociales. A partir de ahí, se propusieron mesas de diálogo para explorar vías alternas al endeudamiento externo para sobrellevar la crisis fiscal.
Ante esta coyuntura, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) se dio a la tarea de valorar escenarios relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta, con la finalidad de realizar un aporte a la discusión nacional sobre el tema tributario. Para realizar el análisis, el equipo de estudio se estableció dos requisitos fundamentales: progresividad y minimización del efecto sobre los sectores de menores ingresos.
Bajar el IVA, no aumentarlo
En torno al IVA se analizó el impacto de modificar su porcentaje, tanto hacia arriba como hacia abajo, y de transformar la canasta básica tributaria que utiliza el Ministerio de Hacienda, dado que entre sus 189 productos hay algunos que tienen poca participación en el consumo de los deciles de menores ingresos del país.
De acuerdo con el documento generado por el IICE, “la modificación aplicada por el IICE consiste en excluir de dicha canasta los bienes que consume menos del 5% de los hogares de los primeros tres deciles de ingreso”. De esta manera, quedarían 77 productos a los que se les agregaron la telefonía celular e internet y el corte de cabello. Además, en todos los escenarios estudiados, la educación privada pagaría la totalidad del IVA y los productos y servicios que se mantienen dentro de la Canasta Básica Reducida siguen pagando el 1% del IVA.
Con estas condiciones dadas, el grupo investigador asegura que se puede recaudar 240 mil millones de colones adicionales si se mantiene el IVA en 13%. Esa recaudación adicional sería de 150 mil millones de colones reduciendo el IVA al 12% y de 58 mil millones de colones si este impuesto se disminuye al 11%.
A simple vista, pareciera que el mejor camino es mantener el IVA en 13% reduciendo la canasta básica tributaria e incluyendo a la educación privada en el pago completo de este gravamen. Sin embargo, el análisis realizado por el IICE se inclina más por la reducción del IVA al 12% o al 11% porque el impacto es menor entre los grupos de menores ingresos.
“La mejor combinación de progresividad y mínimo impacto sobre los grupos de menores ingresos se logra con el escenario del IVA al 11% con canasta básica reducida. Un efecto más negativo sobre los grupos de menor ingreso surge de la propuesta IVA al 12% con canasta básica reducida, aunque con la ventaja de que logra una mayor generación de ingresos fiscales (casi el doble que la opción IVA al 11%)”, destaca el documento.
Esto queda más claro al observar el siguiente gráfico, donde la población está distribuida en 5 grandes grupos de acuerdo con sus niveles de ingreso. Estos grupos se denominan quintiles. Si bien en todos los casos los quintiles con mayores ingresos (azul y amarillo) aportan más a la recaudación adicional, el efecto sobre los quintiles con menores ingresos (rojo y naranja) es menor al aplicar un IVA del 11%.
Impuesto sobre la renta
De acuerdo con el documento, las modificaciones planteadas para el impuesto sobre la renta buscan un mayor nivel de progresividad, de forma que la mayor contribución al aumento en la recaudación proceda de los estratos de mayores ingresos.
Es así como se propusieron dos escenarios: uno donde se aplica una tasa de 30% a los ingresos por encima de los 5.5 millones de colones y donde se agrega un tramo para ingresos en exceso de 7 millones de colones, sobre los que se cobraría una tasa del 35%. Esta modificación generaría una recaudación adicional de más de 19 mil millones de colones.
El otro escenario aplica una tasa de 25% a ingresos superiores a 3 244 001 colones y hasta un total de 4 325 000 colones. Ingresos superiores a este último monto y hasta 5.5 millones de colones pagarían un 30%. A ingresos superiores a 5.5 millones de colones se les aplicaría una tasa del 35%. Esto generaría una recaudación adicional anual de más de 35 mil millones de colones.
De esta manera, al combinar un IVA del 11% con una Canasta Básica Reducida y el segundo escenario del impuesto de renta, el Estado obtendría más de 94 mil millones de colones de recaudación adicional. Esa cifra podría duplicarse si se mantiene la segunda propuesta del impuesto sobre la renta unida con un IVA del 12%.
“El IICE comprende que la tarea de manejar un país en las actuales condiciones de pandemia constituye una labor totalmente inédita y que acarrea dificultades de enormes proporciones. También el IICE tiene claro que el proceso actual ha generado consecuencias lamentables para una parte importante de la población y que el establecimiento de nuevos impuestos puede afectar a algunos sectores de la población. Sin embargo, la opción de reducir el IVA genera un beneficio considerable para un sector amplio de la población”, concluye el documento.
Puede consultar el documento de propuestas en este enlace: http://ucr.cr/r/INYu
Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos (OIDH) invita al webinar “¿Qué opina? Sobre el proyecto 21.012, Ley para libertad religiosa y culto, conocida como Ley de objeción de conciencia” a realizarse el próximo 09 de diciembre a las 6:00 pm.
El evento virtual contará con la participación del diputado de la República, José María Villalta, y el pastor de la Iglesia Luterana Costarricense, Gilberto Quesada. Modera el señor Marco Castillo.
La transmisión será vía Facebook Live y Google Meet.
Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante la exclusión educativa en Costa Rica que se ha agravado por la pandemia de la Covid-19
3 de diciembre de 2020
UNA-SCU-ACUE-290-2020
M.Sc. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Lic. Eduardo Cruickshank Smith
Presidente de la Asamblea Legislativa
M.Ed. Guiselle Cruz Maduro
Ministra de Educación Pública
Señores
Consejo Superior de Educación
Señores
Estado de la Educación
Señores
Consejo Nacional de Rectores (Conare)
Señores
Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica
Señores
Consejo Institucional del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Estatal a Distancia
Señores
Consejo Universitario de la Universidad Técnica Nacional
Comunidad Nacional y Universitaria
Estimados señores:
Les transcribo el acuerdo tomado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional, según el artículo IV, inciso III, de la sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2020, acta n.o 3976, que dice:
Pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional ante la exclusión educativa en Costa Rica que se ha agravado por la pandemia de la Covid-19
Considerando:
1.La educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos suscritos por el Estado costarricense.
2.La Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 78, establece la gratuidad (costeada con recursos públicos) y obligatoriedad de la educación preescolar, general básica y diversificada, y le otorga una importante dotación presupuestaria.
3.Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el objetivo 4, establece los mandatos de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y de promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas, durante su vida.
4.El Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional, artículo 37, establece que una de las funciones del Consejo Universitario es “pronunciarse y manifestar la posición de la Universidad Nacional en asuntos de importancia nacional e internacional”.
5.Las alarmantes, aunque poco claras, cifras de exclusión educativa que han comunicado las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), de alrededor de 91.000 estudiantes (8,5% del total) que interrumpieron sus estudios, un dato inédito.
6.Las capacidades que tiene la Universidad Nacional de aportar a la problemática de la exclusión educativa mediante investigación, extensión y participación de la comunidad universitaria; por ejemplo, a través del Centro de Investigación de Docencia y Educación (CIDE), el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo).
7.La propuesta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), enmarcada en la campaña “La educación también salva vidas”, sobre planificar, ejecutar y dar seguimiento a una estrategia conjunta para combatir los alarmantes niveles de exclusión educativa agravados a raíz de la pandemia por la COVID-19, específicamente, en los ciclos de primera infancia, básico y diversificado; por medio de un equipo de trabajo integrado por especialistas del MEP, universidades públicas, Estado de la Educación, participación comunitaria y de otras organizaciones competentes, así como, recurrir a las iniciativas de extensión y acción social desarrolladas por las universidades públicas en los distintos territorios del país y el voluntariado estudiantil.
8.La anuencia manifestada por la Sra. Guiselle Cruz Maduro, ministra de Educación Pública a la propuesta, en la reunión del 16 de noviembre de 2020, con la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna), el Consejo Nacional de Rectores (Conare), el Estado de la Educación y las asociaciones estudiantiles de nuestra universidad.
9.Los esfuerzos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha realizado para mitigar los impactos negativos de la crisis ocasionada por la COVID-19, especialmente, a través de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo (UPRE).
Por tanto, se acuerda:
Atentamente,
Consejo Universitario
Tomás Marino Herrera
Presidente
Foto: UNED
La Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad de Costa Rica (Cisan-UCR) invita a la sétima jornada de reflexión acerca del tema “El suelo y el derecho humano a la alimentación” el próximo miércoles 09 de diciembre a las 2:00 pm.
El evento virtual contará con la participación del PhD Carlos Henríquez Henríquez, director del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica y especialista en suelos; y el Dr. Marcos Filardi, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
La transmisión será vía Facebook Live
El Consejo de Mayores Brörán lamenta el fallecimiento de su compañero, fundador, defensor de la lucha indígena, defensor del río y cuidador de semillas, Serafín Ortiz.
El Mayor Serafín fue el principal conocedor y defensor de los límites ancestrales del Pueblo Brörán. Su gran aporte a la base de datos de la etnia Térraba determinó la legitimidad del proceso junto a muchos mayores.
Compartimos sus palabras:
“Antes de la carretera interamericana los Térrabas éramos libres y caminamos nuestros linderos, esos que nos han robado”
“Muchos llegaron con la intención de sacar el oro de Térraba, pero nunca pudieron”
SURCOS comparte el comunicado público de la Coordinadora de Lucha Sur Sur – CLSS:
Comunicado público: caso de Sergio Rojas aún no es archivado
– El caso por homicidio calificado de Sergio Rojas Ortiz, Bribri del clan Uniwak, aún no está archivado. El Juez Penal dictaminó que debe investigar a cabalidad el caso y responderá por escrito.
Viernes 04 de diciembre 2020. El día de ayer, 03 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires llevó a cabo una audiencia oral y privada que definiría la archivación o no, del caso de Sergio Rojas Ortiz. La audiencia se debe a que a finales del mes de septiembre del presente año, la Fiscalía de Delincuencia Organizada y Delitos Conexos solicitó la desestimación de la causa que investiga el homicidio de Sergio Rojas Ortiz. El alegato corresponde al supuesto agotamiento de los medios investigativos.
El juez determinó que responderá la solicitud de forma escrita, después de investigar a cabalidad el archivo en un tiempo prudencial que puede ser de 15 días a un mes.
En las afueras del recinto judicial en Pérez Zeledón se hizo presente una delegación de distintos Pueblos Originarios exigiendo justicia y un alto a la impunidad.
Como Coordinadora de Lucha Sur Sur exigimos al Poder Judicial que garantice el acceso a la justicia a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre. Para ello no debe archivarse el caso y redoblarse todos los esfuerzos investigativos para dar con los autores intelectuales y materiales del asesinato.
La paz en los Territorios sólo es posible si se garantiza la justicia a los Pueblos y su derecho colectivo a la tierra que sólo es posible si sus Territorios están en sus manos. Los Poderes del Estado son los responsables de garantizar la vida e integridad física de los Pueblos Originarios y el año pasado fallaron en contra de Sergio, ahora lo que les corresponde es garantizar la justicia y detener la impunidad reinante en nuestros Territorios.
¡Justicia para Sergio y los Pueblos Originarios!
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
El “Armagedón de las Abejas” “masacres de abejas o apicidios” así definió la situación Juan Bautista Alvarado, presidente de la Cámara de Nacional de Fomento de la Apicultura.
Esta cantidad de muertes de abejas diarias equivalen a 92 millones de abejas menos por año, unas 50 toneladas de miel menos y unos 450 millones de colones menos cada año. En términos de polinización equivale a un promedio de 1750 millones de flores menos polinizadas.
“Lo que las abejas de nuestro país están pasando es una verdadera catástrofe, el auténtico cuyas consecuencias sí que son predecibles: pérdida de biodiversidad, disminución en la producción de alimentos, hambre y finalmente muerte” aseguró el apicultor.
Como ejemplo reciente el presidente de la Cámara narró “hace una década La Zona de Los Santos albergaba el 8% de las abejas Apis de Costa Rica. Contaban con aproximadamente 3.000 colmenas, hoy sólo les quedan unas 800. Esa disminución representa un 73% y equivale a la pérdida de aproximadamente 220 millones de abejas. Durante el mismo periodo, Los Santos, pasó de producir 90 toneladas de miel por año, a tan solo 20. Así como lo escuchan, se trata de una reducción del 77 por ciento en tan solo diez años”.
Tanto la Cámara de Apicultura como los expertos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional señalan la gran responsabilidad de un alto uso de plaguicidas del modelo de producción agropecuario.
Juan Bautista aseguró: “en la práctica todos los casos de envenenamiento masivo, cuyas muestras de abejas han sido analizadas por el SENASA, se ha encontrado un ingrediente activo llamado Fipronil. Al fipronil ya deberíamos declararlo el terror de las abejas costarricenses. Además del terrorífico Fipronil, tenemos un grupo de plaguicidas altamente tóxicos para las abejas, y son los llamados neonicotinoides”.
Sobre estos productos neonicotinoides, el agrónomo Fernando Ramírez Muñoz del Instituto Regional en Estudios de Sustancias Tóxicas (IRET), asegura que son insecticidas más usados en el mundo, un tercio de la venta y la principal problemática es que “son sistémicos y con alta persistencia dentro de la planta (hojas, semillas, frutos, polen, etc)”. Además, el especialista señala otros insecticidas: 49 ingrediente activo (IA) altamente tóxicos para abejas que se usan en nuestro país y herbicidas como glifosato, paraquat y otros que tienen efectos indirectos o colaterales de otros plaguicidas sobre abejas.
Para Ramírez es “imprescindible restringir aquellas sustancias que dañen las abejas y empezar por los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) y buscar alternativas de políticas agroecológicas ante la amenaza de los insecticidas neonicotinoides”.
Finalmente, el presidente de la Cámara Nacional de Apicultura, Juan Bautista Alvarado cerró diciendo “el futuro verde de Costa Rica será con abejas o no será”.
Compartido con SURCOS por Henry Picado.
A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.
El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.
Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).
Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.
Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.
Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.
“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.
Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/
Uriel Rojas
El Juego de los Diablitos es una tradición indígena de origen ancestral que se realiza en las comunidades de Boruca y Rey Curré, ambos territorios ubicados en el Sur de Costa Rica.
Esta tradición, que rememora la lucha que tuvieron sus antepasados en la época de conquista, es un legado que posee una serie de manifestaciones culturales los cuales representan la identidad colectiva indígena boruca.
Sus preparativos implican una serie de logísticas que pocos pueblos podrían hacerlo, debido a la unidad comunitaria, pasión y simbolismo con que asumen dicho compromiso.
El juego tiene una serie de fases, cada cual con profundas connotaciones, difíciles de interpretar a primera vista. También aglomera otras expresiones que en ningún otro momento podrías ver tan manifiesto, como sucede durante los tres días que dura el juego.
Múltiples personajes, pícaros y pintorescos, hacen de esta antigua tradición una extraordinaria lectura que podrás disfrutar en las páginas del nuevo libro llamado «Juego de los Diablitos en Curré», escrito por el antropólogo José Luis Amador en homenaje a las comunidades de Boruca y Rey Curré.
El libro contiene una descripción fresca y agradable así como un análisis interpretativo del juego.
Fue publicado por la Editorial UNED y está bellamente ilustrado con imágenes producto del trabajo de excelentes fotógrafos que visitan anualmente esta fiesta, el cual fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica.
Los interesados pueden adquirirlo directamente con la Editorial, en sus tiendas en Sabanilla de Montes de Oca o por vías electrónicas, que son las más usadas en estos días de pandemia.
Los libros se enviarían por correo o bien a las sedes de la UNED en todo el país.
Para sus consultas y pedidos utilice los siguientes contactos:
rmurillo@uned.ac.cr o al teléfono 2527-2434. EL LIBRO CUESTA 5.500 colones.
Durante estos días y hasta el 6 de diciembre hay descuentos por la FERIA DEL LIBRO.
No es un libro endiablado pero sí representa de manera armoniosa, la magia cautivadora de una tradición indígena ancestral que resiste, desafiando a los cambios vertiginosos de todos los tiempos.
Compartido con SURCOS.