Vladimir de la Cruz
Los partidos políticos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana y Restauración Nacional, en la Asamblea Legislativa, acordaron un recorte de 36.000 millones de colones de la llamada Deuda Política para las próximas elecciones del 2022 y las siguientes municipales del 2024.
La Constitución Política establece que para estos propósitos se debe destinar un 0.19% del Producto Interno Bruto, del año trasanterior, a las elecciones nacionales. Esa es una cifra que puede estar hacia las elecciones del 2022 en los 65.000 millones de colones.
Desde procesos electorales anteriores la Asamblea Legislativa, por acuerdo de partidos, y por presión pública, vienen recortando esa cifra al 0.11%.
Demagógicamente los partidos políticos justificaban dicha reducción en interés de la reducción de gastos nacionales, y de reducción de sus propios gastos electorales para las respectivas campañas. Esto no es cierto. Los partidos han gastado lo que presupuestan para sus campañas, sin importarles ese porcentaje porque están dentro de él.
En ninguna campaña electoral los partidos políticos gastan todo ese dinero, el 0.19% ni el 0.11%, ni tampoco lo justifican en posibilidad de gastarlo, en la totalidad de los partidos políticos que se inscriben en cada campaña electoral.
Todos los partidos políticos al inscribirse para una campaña electoral tienen que presentar un Presupuesto de gastos para la campaña que van a enfrentar. Este Presupuesto por presentado al Tribunal no se puede modificar en ningún sentido, y contra él cada partido justifica sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que después de las elecciones, en correspondencia al porcentual de votos que cada partido saca, le reconoce gastos a los que sacan más del 4% de votos o elige al menos un diputado, siempre y cuando estén en debida forma sus contratos de gastos electorales y sus facturas.
Cuando se estableció este porcentual para el financiamiento de los partidos políticos, en las campañas electorales, se hizo bajo un espíritu y una filosofía muy democrática, de garantizar la posibilidad de participación de los ciudadanos en sus distintos partidos políticos, y de evitar que los ricos pusieran o impusieran sus propios candidatos. Se decía que en el Club Unión se escogían los candidatos antes de 1949. Lo del financiamiento de las campañas electorales fue para evitar esto y asegurar más democracia, y posibilidad democrática, en el escogimiento de candidatos y de garantizar más participación electoral.
Aún con la limitación del 4% de votos, para tener derecho a ese reconocimiento de financiamiento, ya era importante lo dispuesto, porcentaje que se logró a finales del siglo pasado.
En la experiencia electoral del país de todos los procesos electorales, desde 1953 hasta el 2018, más del 90% de los partidos políticos que participan no sacan ese 4% de votos o no eligen diputados, quedando fuera del reconocimiento del financiamiento electoral, favoreciendo de esa manera solamente a los partidos que eligen diputados o sacan ese 4% de votos.
El propio Tribunal Supremo de Elecciones se pronunció a favor de este recorte, sin defenderlo en la filosofía que tiene dicho soporte constitucional, lo cual es un absurdo, que el Tribunal no defienda lo que por Constitución le corresponde, dejando la sensación de que el Tribunal no está por democratizar el proceso electoral o de asegurar la mayor participación posible, y lo peor, que con esa actitud facilita la aparición de narco financiamientos de candidatos y de partidos políticos.
Si de conformidad a lo dispuesto en la Constitución para estos gastos, no se gasta, lo restante le ha de quedar al Tribunal Supremo de Elecciones para asegurar posibles procesos electorales de consultas ciudadanas, por plebiscitos o referéndums, que se deberían promover más, como parte de la llamada participación ciudadana. Igualmente, para garantizar una mayor proyección del Instituto de Formación en Educación Democrática, IFED, del mismo Tribunal, y de los procesos de capacitación, que deben ser permanentes de los partidos políticos, con respaldo a ese monto constitucional.
La práctica que se va a imponer, en los procesos electorales, cuando se reduce el monto de financiamiento de los partidos, es la de volver a las viejas prácticas en la que los ricos ponen candidatos, los financian, así como a sus partidos, y la desviación y deformación de esto es que también el narco dinero, y las narco mafias, incrustadas como están en el andamiaje institucional y nacional, empezarán a campear, más ampliamente, desarrollando la narco política como escenario y pasarelas de candidatos y partidos, con el aval de quienes han impulsado esta reducción del financiamiento estatal de las campañas electorales.
El candado es poner una prohibición total al financiamiento privado de las campañas y asegurar que el financiamiento público, de la llamada Deuda Electoral, cubra a la totalidad de los partidos políticos, en igualdad de condiciones, para su participación real en las campañas electorales.
Mientras se mantenga el financiamiento privado y la reducción del financiamiento público, en el futuro inmediato, esos son los riesgos que afrontará el proceso electoral y la democracia nacional.
