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Autor: María José Ferlini Cartín

Pandemia al Sur

Compartimos el libro Pandemia al Sur compilado por Olver Quijano y Carlos Corredor Jiménez en cuya presentación se lee:

“Una espontánea conversación, mientras transcurre el desayuno en una mañana de confinamiento, ha confrontado una vez más, amable y fraternalmente, a dos generaciones y, por tanto, a distintas visiones sobre la existencia y el presente-futuro de la humanidad. Mientras en casa destacábamos la importancia y necesidad de que los jóvenes se familiaricen con la tradición oral y con algunos saberes tradicionales, afirmé: “¡qué bueno que las nuevas generaciones puedan escuchar hasta cómo curar una gallina sin necesidad de ir al veterinario!”. Nuestro hijo Juan respondió de manera desafiante: “¡sí!, y ustedes ¿por qué no escucharon cómo cuidar la naturaleza y la economía?”. Un largo, intimidante y hasta escandaloso silencio acompañó el final del desayuno, interrumpiendo la transitoria tranquilidad matutina de otro martes de mayo.

Reclamos y protestas de este tipo son ya comunes en cualquier espacio y escenario socioeconómico y político/cultural con protagonistas de diverso tipo. Todos y todas, y de singulares maneras, dan cuenta de los hechos inéditos más lapidarios de nuestros tiempos: la crisis civilizatoria, el pandémico y hegemónico mundo actual, la devastación ecológica/social, y claro, el creciente desprecio por la vida. La actual coyuntura pone una vez más este debate en el centro de la agenda política como de las necesarias transformaciones sustantivas, en medio del colapso y del paro generalizado como de un extraño reclamo por la normalidad, es decir, por la crisis.

En el estrecho marco de una institución universitaria moderna, colonial e imperial de la provincia colombiana, ya hace más de una década se intensifica el debate, la comprensión y la conversación sobre estos temas y problemas. Se trata de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, programa instalado en una de las grietas de la institucionalidad letrada poco practicante de la justicia cognitiva y epistémica. Empero, en medio de la ola desarrollista y neodesarrollista que recorre el mundo, del capitalocentrismo, el estadocentrismo y las representaciones naturalizadas del desarrollo y la ecoNOmía, este programa de posgrado, movido desde una analítica transdisciplinaria y posdesarrollista, representa una apuesta para seguir pensando a contrapelo, tal como sucede con las reflexiones que integran el presente libro. Inspirados en la necesidad de profundizar el diálogo entre prácticas académicas y prácticas intelectuales desde una perspectiva pluriversal, este esfuerzo, cuyo sustrato son las visiones y prácticas de diferencia económica, política, ecológico-cultural y epistémica en contextos de heterogeneidad, discute el papel de los bienes comunitarios, el territorio y los procesos autonómicos en la concreción y movilización de proyectos y pensamientos singulares y sociohistóricos como fuentes de inteligibilidad y posibilidad.

Esta aventura, inspirada también en el valor político del acto de incomodar, ha sido posible gracias a la generosidad y solidaridad de varios amigos y amigas, académicos, intelectuales, comuneros y comuneras, dirigentes, etc., quienes han compartido sus proyectos, apuestas políticas, pensamientos, preocupaciones, prácticas, sueños, experimentos, voces, análisis y, sobre todo, su cariño y sus esperanzas por un(os) mundo(s) mejor(es). Con algunos y algunas de ellos y de ellas se ha configurado el presente libro, muestra de que también en tiempos de confinamiento, a pesar de estar lejos, es posible seguir juntos.

Expandido el COVID-19 “gracias” a la arquitectura social y económica del mundo contemporáneo, y una vez declarada la nueva pandemia, no tardaron en circular numerosos análisis de influyentes pensadores globales, como es el caso de Žižek, Chul Han, Agamben, Houellebecq, entre otros, quienes se han movido entre utopía y distopía, guerra con un enemigo invisible o una guerra civil, y la idea de que el mundo después de la pandemia será el mismo, solo que un poco peor.

Otras posturas, ya numerosas y hasta innumerables, también tienen anclaje en otras locaciones y con otros actores, esta vez en el sur global, como proyecto societal, principio de inteligibilidad y lugar de la esperanza. Algunos de estos análisis integran el presente libro, compilación posible gracias al auspicio del programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo en la Universidad del Cauca, Colombia, y a la energía y generosidad del maestro Arturo Escobar, quien, sin dudarlo, apoyó la idea, consolidó su reflexión y sacrificó mucho de su tiempo para compartir e impulsar la iniciativa con amigas y amigos, y colectivos de distintas latitudes. Reconocemos la misma dosis de entusiasmo y generosidad en la maestra Rita Segato, quien nos animó, ejerció su capacidad para crear vínculos e imprimió fuerza y otra sensibilidad a esta obra.

Esta conversación –no tanto sobre la actual pandemia global, sino, en particular, acerca del carácter pandémico del capitalismo neoliberal, la crisis de los cuidados y la necesidad de “ensayar otras formas de estar en la sociedad” (Segato, en este volumen)– se extendió desde nuestro escenario local a varios países en donde amigos y amigas se sumaron rápidamente con sus aportes, inquietudes, preguntas y respuestas.

Si publicar en el horizonte de la justicia cognitiva significa “poner en público”, el pintor colombiano Adolfo Albán, desde el Valle del Patía en el Cauca y con su serie #40rentenagrafica, nos ayuda de otra manera a comprender lo que está pasando en esta etapa de aislamiento transitorio para unos y de acostumbrado aislamiento para significativos segmentos de la población. De esto también versan las ilustraciones del libro. Con una enorme gentileza, los maestros Ailton Krenak (Brasil), Boaventura de Sousa Santos (Portugal), Enrique Leff (México), Arturo Escobar (Colombia/EE. UU.), Gustavo Esteva (México), Raúl Zibechi (Uruguay), Walter Mignolo (Argentina/EE. UU.) y la maestra Rita Segato (Argentina/Brasil) nutren y cualifican esta obra con sus análisis de emergencia, el compromiso con un pensamiento crítico no vanguardista y las salidas transicionales ante el colapso civilizatorio y la ausencia de inmunidad humana.

Como parte de una iniciativa del colectivo francés Écran Total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS2) y como apartado singular para esta obra, Jorge Reichmann/Adrián Almazán y 300 firmas –entre colectivos y personas de distintos lugares del planeta– generosamente contribuyen con un trascendental manifiesto respecto a la necesidad de luchar contra un mundo “virtual”. Se trata de un documento trascendental para esta época de posible “inocente” fascinación de grandes sectores de la población mundial con la tecnología y la dependencia total de ella. Del análisis y las advertencias sobre sus peligros como de actuales y eventuales colapsos ecológicos, políticos, económicos, sanitarios y ontológicos se ocupa este trabajo colectivo.

El aislamiento obligatorio nos ha ayudado a intensificar el proceso de comprensión de la sociedad en su complejidad y de esta singular coyuntura. En tal esfuerzo, con elementos comunes pero con especificidades propias de sus lugares, trayectorias e historias, Olver Quijano Valencian(Colombia), Tulio Clavijo Gallego (Colombia), Yuri F. Tórrez (Bolivia), Carlos Corredor Jiménez (Colombia), Catalina Toro Pérez (Colombia) y Hackeo Cultural (Guatemala y México) –colectivo de narradores, cuentacuentos, artistas, comunicadores, radialistas, periodistas y hackers culturales–, así como el grupo conformado por Cynthia Angulo Jara, William A. Cisneros Ordoñez, Alex L. Dagua Mosquera, Rocío Hernández Romero, Gloria Ángela Niebles Gutiérrez y Víctor A. Yarza de los Ríos, contribuyen todos y todas, con sus inquietudes, preocupaciones y apuestas, a poner el acento en la necesidad de juntarnos para diseñar las ideas, pensar disruptivamente y seguir haciendo de las calles el epicentro de la protesta, la propuesta y la fiesta.

En un ambiente de desconcierto, arbitrariedad y autoritarismo gubernamental como de procesos neo panópticos de control y de cinismo corporativo empresarial, no deja de sorprender el cúmulo de manifestaciones solidarias y de desprendimiento de hombres y mujeres, claro está, de parte de los más humildes y “jodidos”, aquellos para quienes la vida es más importante que los negocios, y los abrazos, una necesidad comunal. Son quienes nos recuerdan que “no podemos construir lo nuestro con lo mismo”. El libro Pandemia al sur también es producto de un acto de generosidad de los autores y autoras, con la esperanza de contribuir a una mejor lectura del actual momento histórico, de “proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora y a como dé lugar” (Segato, en este volumen).

Entre miedos, peligros, amenazas y esperanzas, los autores y autoras de esta obra colectiva nunca renunciamos a la posibilidad de volver a vernos, a mirarnos de cerca, a estrechar las manos y a abrazarnos, pero, sobre todo, a sentir la maravilla de saber que no falta nadie, o, por lo menos, que no faltan muchos”.

Olver Quijano Valencia
Universidad del Cauca, Colombia

Compartimos el documento para descargar.

II Encuentro: Experiencias de Intercambios Solidarios

El Programa de Economía Social Solidaria de la UCR le invita este miércoles 11 de noviembre a las 2 p.m. al el II Encuentro sobre Intercambios Solidarios.
El Encuentro se realizará mediante Zoom. Se conversará sobre formas de intercambios solidarios y se podrá hacer preguntas para ampliar los saberes y experiencias. En el afiche encontrará datos para confirmar su participación.

 

Imagen ilustrativa UCR.

Voz Experta UCR: Desarrollo regional y la contribución de la UCR frente a una crisis social sin precedentes

El diálogo territorial ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos.

Dr. Carlos Murillo Zamora. Director del Observatorio del Desarrollo (OdD) y catedrático de Escuela de Administración Pública (EAP).

El desarrollo entendido desde una perspectiva amplia, no se limita a una cuestión de simple crecimiento en términos económicos. Así se concibe a partir de la superación del enfoque malthusiano y las ideas de A. Sen en su libro Desarrollo como libertad, pero sobre todo a partir del Reporte de la Comisión Brundtland, “Nuestro futuro común”, de 1987 -que sirve de referente a la tesis de la sostenibilidad para cerrar la brecha entre desarrollo y ambiente-.

Por eso, J. Sachs en su libro “The Age of Sustainable Development” de 2015, alude a que el desarrollo sostenible es el concepto central de nuestro tiempo y un método para resolver los problemas globales, teniendo como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo cual no significa hablar solo de desarrollo como crecimiento, sino desde un visión holística e integral que abarca, tanto a los gobernados como a los gobernantes. De ello se deriva la necesidad de reconocer las particularidades que tiene el desarrollo en cada país, región y comunidad.

Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado la conveniencia de implementar la estrategia de gobierno abierto, fundamentada en tres pilares: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas; con lo cual se fortalece la democracia y la democratización. Pero no se trata solo de que la ciudadanía vote cada cierto tiempo para escoger a sus gobernantes; sino que aquella asuma la responsabilidad de intervenir en los procesos de formulación de políticas públicas en todas sus fases. Al mismo tiempo, que el gobierno genere los espacios permanentes de diálogo y participación, y rinda cuentas de las acciones que realiza en procura del bien común.

A partir de ello, se debe reconocer que las situaciones críticas que enfrentan las sociedades, gobiernos y en general los países constituyen un momento propicio para que se generen los espacios necesarios para atender los problemas en forma conjunta. Aunque suene redundante, los problemas hay que problematizarlos para incorporarlos a la agenda pública y de ahí a la agenda gubernamental.

Con motivo de la pandemia de la Covid-19, de los problemas fiscales que por años se han acumulado en el país, de la largamente postergada reforma del Estado y de las dificultades que ha tenido la administración Alvarado Quesada para tomar decisiones y comunicarlas a la ciudadanía; así como considerando las protestas prolongadas en los meses anteriores, el gobierno convocó a los procesos de diálogo nacional y en las regiones del país. En el caso de la Región Brunca, la ministra de Economía, Victoria Hernández, pidió la colaboración de la Universidad de Costa Rica (UCR), particularmente la participación de la Sede del Sur. Desde el primer momento el rector, Dr. Carlos Araya, respaldó la solicitud.

Así se inició una serie de trabajos para facilitar el diálogo entre los diversos sectores de la zona Brunca y las autoridades gubernamentales. El propósito: construir una propuesta consensuada que identifique los problemas en los seis cantones (Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito, Osa y Pérez Zeledón) y señale las causas y las posibles soluciones, así como los actores responsables.

Esta zona tiene particularidades, además de ser una de las áreas de menor desarrollo en el país. Lo señalo con conocimiento de causa, pues trabajé en distintos proyectos durante varios años. A cada cantón, y dentro de estos a cada distrito, hay que reconocerles las diferencias. Esto es clave cuando se quieren atender las necesidades; de ahí la referencia inicial que hice a los enfoques sobre el desarrollo. Los cuales, en el sur del país, deberían conducir a convertir esa región en un polo de desarrollo.

El papel de la UCR, Sede del Sur

Por lo anterior, y teniendo en cuenta el prestigio y credibilidad que tiene la Sede del Sur, así como la capacidad de trabajo de la directora, Georgina Morera Quesada y su equipo de personas colaboradoras, cuando me integré como asesor, enfaticé dos aspectos medulares. En primer lugar, la necesidad de que la UCR fuera la instancia que facilitara el diálogo. La Universidad no podría ni debería actuar como mediadora ni ser vista como representante del sector gubernamental. En segundo lugar, que quienes representan a los sectores -interesados en participar, sin condiciones previas- aceptaran esa facilitación y llegaran con un espíritu constructivo, lo cual no quita el cuestionamiento y la crítica a las políticas públicas de la actual y anteriores administraciones adoptaron para la Región Brunca.

Mientras no existiera una propuesta consensuada entre los sectores, las autoridades gubernamentales atenderían consultas y no establecerían ningún esquema de negociación. Hay que reconocer la disposición y colaboración de la ministra de Economía, el ministro a.i. de Comercio Exterior y el presidente del CNP, quienes asistieron a las sesiones de trabajo.

De los primeros encuentros se obtuvo un primer borrador, que debe ser validado por los sectores, para luego ser entregado por las y los representantes al gobierno, con la presencia de los alcaldes y otras autoridades de los gobiernos locales. Esto está por concretarse este fin de semana.

En mi criterio, esta experiencia ha demostrado la capacidad de gestión de la Sede del Sur en la Región Brunca y el aporte que puede ofrecer la UCR para fomentar el diálogo entre el gobierno y los sectores sociales, económicos y políticos. Esta vía ha de ser la que se constituya en la norma para la formulación de políticas públicas vinculadas con el desarrollo sostenible, no solo en la actual coyuntura, sino como un mecanismo institucionalizado. Esto es más significativo cuando se trata de grupos con diversos grados de vulnerabilidad en una zona que requiere la atención urgente y permanente de los gobiernos central y locales.

La Sede del Sur de la UCR demostró cómo la universidad debe proyectarse a la comunidad y contribuir a facilitar el diálogo entre los distintos actores -gracias al expertise que poseen los y las especialistas en diversos campos-. Por supuesto, ahora resta ver si el esfuerzo realizado da los frutos esperados y si el gobierno reconoce las necesidades de los sectores y adopta las acciones necesarias para contribuir al desarrollo sostenible en un momento de crisis social sin precedentes.

 

Dr. Carlos Murillo Zamora. Director del Observatorio del Desarrollo (OdD) y catedrático de Escuela de Administración Pública (EAP).

Imagen ilustrativa, Región Brunca, UCR.

Solicitan no aprobar proyecto de Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico

SURCOS recibió un documento firmado por el doctor Francisco San Lee Campos, educador y gestor ambiental de la Universidad Nacional, y con el respaldo de personas de la ciudadanía y estudiantes de esa casa de enseñanza superior, en el cual se solicita la no aprobación del proyecto 20212 denominado Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico.

El escrito está dirigido a las diputadas y diputados así como al presidente de la república.

CONCEVERDE envió copia de la petición a SURCOS así como las notas de apoyo que le acompañan. Compartimos el texto:

Viernes 06 de noviembre, 2020

POR COSTA RICA Y SU FUTURO SUSTENTABLE: NO AL PROYECTO 20212 LEY DE AGUAS, NO AL RESELLO DE LA LEY PESCA DE ARRASTRE Y NO A LA MINERÍA METÁLICA EXPEDIENTE Nº 21.584

SEÑORAS (ES) DIPUTADAS (OS)
ASAMBLEA LEGISLATIVA
COSTA RICA

SEÑOR
CARLOS ALVARADO
PRESIDENTE
COSTA RICA

Distinguidas (os) Señoras (es) Diputadas (os) y Presidente:

Estamos preocupadas (os) en el sector ecologista-ambientalista del país por las intenciones de:

1. REVIVIR EL NEFASTO PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EXPEDIENTE N° 20212

El 24 de enero del 2018 el Tribunal Constitucional CONSIDERÓ INEVACUABLE la Consulta Constitucional del PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO lo que fue un éxito para el verdadero movimiento ambientalista y no de quienes se decían serlo y guardaron silencio cómplice o hasta la impulsaron…!!!

Se vuelve a presentar prácticamente el mismo proyecto del año 2018, quitándole algunos de los agregados inconexos e inconstitucionales de aquella vez, pero dejando otros aspectos que a todas luces abren el camino para la privatización del agua vía la figura de concesiones e igualmente mantiene otros roces de inconstitucionalidad. Entre las preocupaciones es que se incidirá en altos costos del servicio dada la intención de que las ASADAS y otros entes administradores del agua paguen impuestos por medio de los famosos cánones, que los terminará pagando el consumidor. Además, le da grandes poderes al Ministro de Ambiente y al MINAE quienes con criterios políticos y no técnicos ambientales podrán declarar de interés nacional proyectos que beneficiarían a unos pocos y no a las comunidades. Elimina al SENARA, lo cual es inaceptable.

Como parte del Pueblo de Costa Rica, no podemos permitir que quieran entregar de forma solapada a intereses privados y no nacionales uno de los recursos más valiosos que poseemos, el AGUA, fuente de energía renovable tanto hidráulica como hidroeléctrica y que será el futuro próximo base para la energía del hidrógeno, una opción viable y que debemos conservar en manos de las/os costarricenses.

2. QUIEREN INTENTAR RESELLAR LA LEY VETADA POR EL PRESIDENTE QUE REVIVE LA PESCA DE ARRASTRE y cuyo apoyo se basó en un estudio que presenta una diferencia y duda significativa de alrededor de un 30% en los datos que sobreestimó los beneficios de las nuevas redes, según mostró la revisión científica realizada por el biólogo marino de la Universidad de Newfoundland (Canadá), Andrés Beita. NO AL RESELLO DE LA LEY DE PESCA DE ARRASTRE.

Se debe fortalecer la flota de pesca artesanal, impulsar el ecoturismo, el turismo de aventura, articulando con las islas, los proyectos de maricultura, cultivo de camarón sustentable, re impulsar a Puntarenas, su gastronomía, la calidez de su gente, la pesca deportiva, mejorar los servicios de atención a visitantes, hay mucho potencial que puede llevar a competir en turismo con sitios internacionales que en los últimos años han perdido su atractivo por una pésima planificación y daños ambientales al paisaje al no controlar el crecimiento urbano y comercial, en cambio Puntarenas aún guarda su atractivo original.

3. NO AL TEXTO SUSTITUTIVO DEL EXPEDIENTE Nº 21.584 “LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”.

Ahora con la caída de la pesca de arrastre algunas/os Diputadas/os apuestan por la “minería sostenible”, que no existe en ninguna parte del mundo tal cosa, bien sabido es que la minería es a la tierra lo que la pesca de arrastre a la riqueza marina, solo causaría un daño irreparable a los ecosistemas.

Las consecuencias y daños daños ambientales van a significar mucho más que las supuestas ganancias por la extracción y el valor del oro actual si insisten en desarrollar la extracción minera de Crucitas y sino se detiene lo que ya está ocurriendo.

De acuerdo a un comunicado del Bloque Verde que ha circulado en redes: “Las 64 toneladas aprovechables del yacimiento de Crucitas se estiman en un valor total de $2500 millones. Por su parte, el costo por daños ambientales, según un peritaje acerca de los impactos, solamente por la exploración del yacimiento, fue calculado en $ 5300 millones, por especialistas en economía ecológica.”

En Crucitas se debe crear un SANTUARIO PARA LA LAPA VERDE y el mismo proceso de REMEDIACIÓN AMBIENTAL QUE DEBE EJECUTARSE, bien organizado servirá para generar procesos de TURISMO: ecológico, rural, educativo, aventura, voluntariado nacional e internacional y dinamizar la economía de la región, con proyectos productivos orgánicos, limpios y alternativos sustentables interconectados en un CENTRO DE ACCIÓN ECOLÓGICA O AMBIENTAL DE CRUCITAS PARA EL DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE ubicado en un sector de Crucitas que recoja la historia de los daños, exponga el proceso de restauración ecológica en la zona ARTICULADO con las familias de la comunidad.

Señoras (es) diputadas decimos:

-NO AL PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO EXPEDIENTE N° 20212
-NO AL RESELLO DE LA LEY QUE REVIVE LA PESCA DE ARRASTRE
-NO A LA MINERÍA METÁLICA EXPEDIENTE Nº 21.584

Señor Presidente de la República en caso de pasar a segundo debate la ley de minería metálica y la ley de gestión integrada del recurso hídrico le solicito respetuosamente pero con vehemencia vetarlas.

Señoras (es) Diputadas (os) estos tres proyectos, más la expansión descontrolada de la siembra de piña deben ser detenidos, de lo contrario en materia ambiental nunca llegaremos a ser carbono – neutral, la imagen internacional de Costa Rica como un país verde, amigo de la naturaleza se verá muy seriamente dañada e impactará no solo la salud de los ecosistemas, las personas, sino que afectará el turismo y por consiguiente una de las principales fuentes limpias de divisas del país.

Digan sí a la naturaleza, sí al desarrollo sustentable y no aprueben esas leyes anti ecológicas, que ponen en entredicho la tradición y compromiso de Costa Rica con la conservación, preservación y protección ambiental.

Agradeciendo su atención y gesto ejecutivo,

Dr. Francisco San Lee Campos
Educador y Gestor Ambiental
Universidad Nacional

Imagen ilustrativa, UCR.

Sin abrevar en El Lete

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Jorge Badilla (54) de Paso Ancho, Vinicio Otárola (49) de Alajuelita, Pamela Salas (29) de Hatillo, Sonia Barahona (65) de Moravia, Roberto Rivera (51), Jorge Pacheco (52), Dany Calvo (73) de Tibás, Xinia Robles (57) de Patarrà, Raúl Fernández ( 41) de Curridabat, Gerardo Jiménez (73) de Orosí, Victor Rugama (67), Roberto Sáenz (68) de San José, Amado Villalobos (81) de Alajuelita, Felicia Hidalgo (82) de Alajuelta, Noemí Granados (64) de Tibás, Eduardo Arias (53) de Paso Ancho y Lucía Castillo (21) de Tillarán; todos ellos hermanos costarricenses que vieron minar sus fuerzas hasta fallecer, víctimas del COVID-19; al igual que más de 1 400 hermanos cuyas vidas ha arrebatado este pequeño enemigo. Diecisiete hermanos y hermanas que ya no estarán con nosotros. Nunca han de ser olvidados; hoy el vacío que dejan a familiares y amigos, debe ser llenado de hermosos recuerdos, por todas las cosas buenas que representan para sus familias y comunidades.

El olvido, semánticamente hace referencia a una acción involuntaria. Y como pueblo, como nación, no debemos de olvidar, como algunos por allí intencionadamente lo desean.

Haré referencia a dos de los actos de presumible corrupción más grandes de la era moderna costarricense. Para posteriormente detenernos en uno de ellos, tras denuncia interpuesta en los tribunales, hace tres años. La historia costarricense en estos últimos años, no ha sido marcada por las grandes obras y logros que hayamos alcanzado, como en otros momentos, de los que hemos sido capaces como hermanos, como país; sino por bochornosos y vergonzosos actos de corrupción y apropiación indebida de lo público. Y digo de lo público porque es a lo que está llamado a ser de todos nosotros y al disfrute de dicho bien, sea una moderna carretera o una nueva represa hidroeléctrica, que genere más energía limpia y aporten al desarrollo, progreso y bienestar del país.

De acuerdo con lo anterior, dos de los proyectos más escandalosos donde la depredación y colusión de empresarios y funcionarios públicos son vivo ejemplo del saqueo de las finanzas públicas, lo constituyen sin duda alguna, el proyecto Balsa Inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y la fenestrada construcción de la ruta 35 Sifón-La Abundancia, trayecto de la carretera Naranjo-San Ramón-San Carlos. Ambos proyectos ubicados geográficamente muy cerca de nosotros.

Durante muchos años cúpulas empresariales y políticas estuvieron protegidas de alguna manera, por la inacción-ausencia de la fiscalía general de la república en manos de Jorge Chavarría.

El Proyecto Balsa Interior, en el periodo comprendido entre 2008 y 2015 pasó de 94 a 361 millones de dólares. No se investigó, no se acusó a nadie ni mucho menos se señalaron culpables. Dichos costos fueron internalizados y la CNFL se ve imposibilitada a bajar tarifas.

De allí el reto que enfrenta la actual Fiscala General de la República, Emilia Navas Aparicio. Depende de ella hacerlo sencillo o complejo. Empezó su trabajo con gran energía y no ha temido investigar a diputados, exdiputados, exmagistrados y hasta al mismo presidente. Pero nos da un gran temor que con el paso del tiempo haya perdido fuelle.

En gran medida la confianza que puede sentir el costarricense en nuestro régimen democrático, reside en la credibilidad que tenga el poder judicial. Siendo el último poder constitucional en configurarse hasta pocos años después de la vida independiente, hoy por hoy el comportamiento de magistrados y de quien ocupe la fiscalía general debe ser prístino, transparente y consecuente con la ley. Sus jerarcas deben darnos señas que los tenebrosos tiempos y opacidad con se manejó Jorge Chavarría quedaron atrás.

El 17 de noviembre de 2017, a raíz de las barbaridades detectadas en la construcción de la carretera Sifón-La Abundancia, donde tras la salida de la empresa RSA de China Taiwán, a partir de 2008 autoridades del MOPT CONAVI, decidieron otorgarle dicho contrato a la empresa Sánchez Carvajal sin mediar concurso público alguno ni licitación –todo frente a la CGR que no dijo ni tus ni mus– . La construcción de dicha obra que aún no concluye, se ha convertido en la obra pública más onerosa de este país. En el periodo comprendido entre 2007 al 2014, el monto inicial fue de $61 millones y ha llegado hasta 287 millones de dólares hace exactamente tres años. El desarrollo de dicha obra de 29,7 kilómetros ha sufrido un camino en extremo tortuoso y generando diversas adendas al contrato, todas avaladas con gran complacencia por parte de la CGR, donde inmisericordemente han refrendado cuanto aumento haya pedido la empresa, en el costo de la obra, sin preguntar mucho sobre las causas de dichos desajustes Conforme había nueva adenda, de esa misma manera iba aumentado el monto de la obra. El contubernio entre la empresa y CONAVI se iba consolidando y dicha situación en ningún momento fue objeto de investigación o indagación alguna, por parte de ningunas de las dos contraloras durante todo este periodo, fuera Rocío Aguilar Montoya o Marta Acosta Zúñiga. Pareciera que la ex contralora y la actual contralora, han estado más ocupadas intentando cogobernar, que cuidando -como debieran- las finanzas públicas y la ejecución de obras de calidad. Son varios los informes de LANAMME, que una y otra vez señalaron malos trabajos, despilfarro, inoperancia, obras de mala calidad y sobreprecios en materias primas y severos daños ambientales. Esto conduce a miles de costarricenses a estar en presencia de la mayor estafa que se haya cometido en este país. Interpuse senda denuncia penal por peculado ante el ministerio público, contra funcionarios de CONAVI y de la Empresa Sánchez Carvajal, de manera que la fiscalía investigara las actuaciones de: Abraham Sánchez Castro, Pablo Torres Morales, Albert Sánchez González, Carlos Solís Murillo, Cristina Vargas Calvo, Carlos Segnini Villoabos, Mauricio Salom Echeverría, German Valverde, Mario Marín Rivera, Mónica Navarro del Valle, Jorge Solano Jiménez y Cristhian Campos Monge, unos por pecar de acción y otros por omisión.

Pasamos de las palabras a los hechos y por ello la fiscalía abrió la causa 14-000808-0332-PE, a la cual se le adicionaron las otras dos anteriores tras denuncias de este servidor en la fiscalía de San Ramón y la fiscalía Agraria (causas 14-000037-611 PE y 14-808-332 PE); todas relacionadas con lo que ha estado ocurriendo en esta ruta Sifón la Abundancia y el contubernio entre CONAVI y la empresa Sánchez Carvajal. Esta última denuncia ya había sido desestimada por el ex fiscal Chavarría, pero la fiscala Navas y su equipo la reincorporaron al expediente que ahora es visto en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ubicada en Ciudad Quesada y en manos de la Fiscal Auxiliar, Mariana Bolaños Hidalgo.

Dicho proceso judicial prácticamente está listo desde enero de este año y en julio solamente se estaba a la espera del auto de elevación a juicio por parte del señor fiscala general. O sea, que a pesar de que el expediente está listo y bastante completo por alguna extraña razón, en todo este 2020 no se ha avanzado más. Desconozco las razones por las cuales doña Emilia Navas Aparicio aún no procede a elevar dicha acusación y solicitar juicio contra los imputados. Cuesta creer que exista la impunidad, en este caso donde millones de dólares de las finanzas públicas han sido comprometidos y aun no hay responsables. El Poder Judicial debe hacer su trabajo; sería muy sano para nuestro Régimen democrático, si la Procuraduría General de la República también intervenga en esta gigantesca estafa al pueblo costarricense.

Confió en nuestras autoridades judiciales que no tendrán que pasar otros tres años más para que en los tribunales se haga justicia y se envié una señal directa de que la esperanza de heredar un mejor país a nuestros hijos es válida. Y a los corruptos el mensaje de que aprovecharse de esa manera de los costarricense, sólo podrá tener un resultado, que es la cárcel.

En temas referidos a las dolorosas secuelas y sufrimiento ocasionados por una penosa enfermedad; y ante el robo y asalto de las finanzas públicas, no cabe de ninguna manera, el olvido.

9-XI-20

El Lete: Río del Hades. Tomar de sus aguas provocaba olvido (mitología griega).

 

Imagen: colección de Wilhelm Wandschneider.

Aprobación por el Senado de México del Acuerdo de Escazú: breves apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El pasado jueves 5 de noviembre, se informó que el Senado mexicano aprobó el Acuerdo de Escazú (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas y está muy completa nota publicada en Colombia): una noticia pasada por alto en gran parte de los medios de prensa, y que amerita algunas reflexiones.

Breve puesta en contexto

Como bien se sabe, desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«. Se considera que una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

Firmas y ratificaciones registradas

A la fecha del 9 de noviembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 24 firmas y 9 ratificaciones: las últimas firmas son la de Belice, registrada el 24 de setiembre del 2020 y la de Dominica (el mismo 26). La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el mismo 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el extremo cuido de sus respectivas autoridades políticas y diplomáticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Este valioso instrumento regional que busca consolidar los derechos de las personas que defienden el ambiente, entrará en vigor 90 días después de recibir un total de once ratificaciones. Al momento de redactar este texto, ha sido ratificado por nueve Estados: el depósito formal del instrumento de ratificación de Argentina (cuyo congreso aprobó este tratado en setiembre del 2020) y de México es cuestión de semanas, por lo que muy pronto se precisará la fecha oficial de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

Escazú en medio de ausencias y de fantasmas

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, tuvimos la oportunidad de analizar el hecho que la falta de ratificación por parte de Costa Rica, Estado anfitrión de la última ronda de negociación, y la ausencia de la firma de Chile, Estado que conjuntamente con Costa Rica fue el principal promotor de esta iniciativa regional desde el 2014, son elementos a tomar en cuenta ante la verdadera campaña de desinformación y de descrédito gestada desde diversos sectores con relación al contenido del Acuerdo de Escazú (véase nota nuestra al respecto titulada «Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas«). Este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Siempre en Colombia, recientemente, el equipo de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia, sino en muy diversas latitudes del continente americano, en contra del Acuerdo de Escazú.

A modo de conclusión

Cabe precisar que el voto en el seno del Senado mexicano fue unánime en favor del Acuerdo de Escazú: un detalle de forma, pasado casi desapercibido, y que permite evidenciar (una nueva vez) la poca seriedad de varios de los antes mencionados razonamientos y su carácter fantasioso.

En cuanto a Costa Rica, en nuestra precitada nota, se indicaba que:

«Si conforme se van registrando nuevas ratificaciones del Acuerdo de Escazú, el argumento encontrado por la Sala Constitucional de Costa Rica no encuentra eco en ninguno otro Estado de América Latina y del Caribe, se podrá concluir que la “mezquindad” de su Poder Judicial es, vergonzosamente, la única en la región».

La reciente decisión tomada por el Senado mexicano confirma (nuevamente) que el argumento encontrado por el Poder Judicial en Costa Rica sigue siendo una verdadera extrañeza para el resto de las judicaturas de los Estados de la región, impidiendo a Costa Rica aparecer entre las primeras once ratificaciones del continente, y participar a la primera Conferencia de Estados Partes (COP) a realizarse en los meses venideros.

 

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

(*) Esta nota fue elaborada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Enviado por el autor.

La importancia de hacer visible el Acuerdo de Escazú

10/11/2020. La Red por el Acuerdo de Escazú en Costa Rica busca visibilizar la importancia y la trascendencia del Acuerdo de Escazú mediante una campaña informativa en redes sociales.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Festival contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas

México. El Tercer Festival Contra las Violencias Patriarcales, Racistas y Capitalistas, invita a la comunidad a acompañarnos de manera virtual del 9 al 11 de noviembre.

Se reflexionará sobre las violencias, cómo nos atraviesan para pensar entre todas y todos cómo las enfrentamos.

Inscríbase a las actividades, aquí: https://forms.gle/bS65koYm8y96c9ny9
Consulte el programa digital aquí
https://4a31c397-0f18-4676-91be-bfb3ae8daadd.filesusr.com/ugd/5ea7e8_1c1153d617824852933d55f439271a9c.pdf

Movimiento feminista y de mujeres condena detención contra Stella Chinchilla

Movimiento feminista y de mujeres: Condenamos la detención arbitraria y violenta contra Stella Chinchilla Mora, compañera comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos

Las organizaciones, mujeres y personas que suscribimos el presente posicionamiento, rechazamos y repudiamos con vehemencia la violencia y el abuso policial contra las mujeres y las niñas en el marco de las protestas y manifestaciones contra el FMI y las medidas de impuestos regresivos por parte del gobierno contra la clase trabajadora.

Denunciamos que el pasado 29 de octubre fue detenida en Ochomogo, Cartago, junto a otros compañeros, de manera arbitraria y violenta Stella Chinchilla Mora destacada comunicadora popular y defensora de los Derechos Humanos, quien enfrenta ahora un proceso de judicialización.

Enfatizamos nuestro repudio contra la detención abusiva, arbitraria e ilegal de Stella, mientras ella se encontraba reportando un abuso de poder por parte de la policía contra una persona con una condición de discapacidad, antes de iniciar una manifestación pacífica.

Condenamos que la violencia policial obstruya el derecho a la comunicación, información y a la libre expresión de todas las personas en Costa Rica. Exigimos el cese inmediato de los abusos de autoridad y la violencia policial contra las mujeres y niñas, o cualquier otra persona que haga uso de su legítimo derecho a la protesta social. Le recordamos a la policía que su principal labor es proteger a la sociedad civil, no perpetuar la violencia ni la masculinidad tóxica que ha manifestado como institución desde la base de su matonismo policial.

Este atropello a la integridad física y emocional de Stella se da en el marco de la violación sistemática a los Derechos Humanos por parte de la Fuerza Pública, bajo las órdenes del Ministro de Seguridad Michael Soto y el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, contra el movimiento social en resistencia desde las calles.

Puntualizamos:

Es inaceptable la violencia sufrida por la compañera Stella Chinchilla Mora, siendo ésta abuso sistemático de poder por parte de la policía, antimotines y diferentes órganos de seguridad nacional bajo el mando del Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial.

Este atropello a los Derechos Humanos se suma a un conjunto de hechos registrados contra el ejercicio a la libre comunicación, periodistas y comunicadores sociales en el país, demostrando que el gobierno irrespeta acuerdos internacionales como el contemplado en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que establece el Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Que en la detención de Stella el Ministerio Público aduce “obstrucción de la labor policial” y “resistencia agravada”, lo cual además de no tener fundamentación, es la justificación bajo la cual el gobierno pretende legitimar el uso de armas químicas de forma indiscriminada con los gases lacrimógenos a la población, las cuales han dejado personas afectadas incluyendo niñez y adultas mayores, que se encontraban en sus casas. También, se han registrado agresiones físicas, verbales y con arma de fuego, envío de infiltrados para ocasionar disturbios con el fin de deslegitimar la protesta social, desapariciones y detenciones arbitrarias como la descrita aquí contra la compañera Stella, sumando al día de hoy más de 141 detenciones de esta naturaleza inconstitucional.

El gobierno de Costa Rica no respeta la libertad de prensa y comunicación popular, y a su vez, es cómplice de la campaña mediática basada en falacias emitidas desde medios de comunicación como La Nación cuyas publicaciones intentan denigrar la labor profesional y comprometida de Stella Chinchilla Mora.

Consideramos que no es posible ni congruente la disposición de un gobierno que convoca al diálogo multisectorial mientras persista un escenario donde se dé la represión, intimidación, persecución, y desapariciones contra sus habitantes, pues caracterizan un estado reproductor de la indefensión, impunidad, cuando acciones como la criminalización y judicialización de la protesta social, son propias de gobiernos antidemocráticos.

Es por esto que en medio de esta crisis política, económica y social donde la pandemia se ha convertido en la cortina de humo para intentar invisibilizar la desigualdad y violencia contra las mujeres, exigimos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada ser consecuente con la voluntad manifestada de abrirse al dialogo con el pueblo mediante la priorización del respeto y la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez, comunicadores, defensores y todos los habitantes de Costa Rica por medio del alto definitivo a la represión del legítimo derecho a la protesta social.

Le recordamos al Gobierno que el disenso es clave para la democracia, y no puede ser acallada con armas químicas, golpes y aprisionamientos. La democracia es un proyecto continuo y debemos protegerlo, reducir nuestros derechos humanos a partir de la represión policial o políticas públicas para criminalizar y judicializar el disenso es una alerta en cuanto el proyecto país que deseamos y que merecemos.

Por último, invitamos a medios locales, nacionales e internacionales a que se sumen a esta denuncia porque comunicar, informar y expresarse libremente ¡Son Derechos Humanos! Un Estado que limite el ejercicio libre de estos no es una democracia. ¡Libertad para Stella! ¡Libertad para protestar! ¡Justicia para las personas en procesos por ejercer su derecho humano a la Protesta Social!

Para apoyar esta iniciativa, ingrese en el siguiente enlace: https://forms.gle/VtC3VUJgSpDWeEEW9

UCR Voz experta: Publicidad oficial y electoral: un negocio con pocos actores

Por Johanna Rodríguez López

¿Cómo se distribuye y se concentra la publicidad oficial y electoral en los medios de comunicación del país?

En el capítulo 4 del II Informe del Estado de la Libertad de Expresión se presenta la distribución del presupuesto estatal en publicidad a los medios de comunicación del país, durante los años 2017 y 2018. Igualmente, se encuentra un análisis en torno al comportamiento de la pauta mediática pagada por los partidos políticos, como parte de la deuda política, durante las campañas electorales 2010, 2014, y 2018.

Los cuatro grupos empresariales que más pago recibieron por pauta oficial fueron Televisora de Costa Rica (Teletica), Grupo Repretel, Grupo Nación y Sociedad Periodística Extra. Solo en el 2017, los dos primeros concesionarios cobraron más de mil millones de colones cada uno, seguido del Grupo Nación con más de 800 millones de colones y Sociedad Periodística Extra con una suma superior a los 700 millones.

El comportamiento en el 2018 no varió significativamente, pero sí aparecen otras empresas de comunicación y personas físicas participando de la distribución. En esta oportunidad, los tres grupos mediáticos que dominaron la pauta publicitaria estatal fueron el Grupo Nación GN Sociedad Anónima, CRHoy Sociedad Anónima, y Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima, que recibieron montos superiores a los mil millones de colones cada uno. Por su parte, Representaciones Televisivas Repretel obtuvo más de novecientos millones de colones y al Grupo Extra se le pagó más de quinientos millones de colones.

Con respecto a la concentración de la pauta oficial —según la plataforma de emisión—, se observa que, en televisión, Repretel y Televisora de Costa Rica están en primer lugar; mientras que, en Radio, se encuentra Central de Radio CDR Sociedad Anónima, seguido de Canara y de la Cadena de Emisoras Columbia. En cuanto a la plataforma impresa, Grupo Nación, Pro-Periódicos Limitada y Sociedad Periodística Extra son los que más pauta recibieron. Finalmente, en la plataforma digital, CRHoy encabeza la lista.

En cuanto a la pauta electoral, es importante mencionar que el uso de las diferentes plataformas de comunicación ha cambiado de manera importante. Por ejemplo, el pago por pauta en periódicos y revistas para las elecciones de 2010 era de ¢563 210 770,95; mientras que para el 2014 fue de ¢301 893 508,69. Es decir, de una campaña a otra, disminuyó alrededor de doscientos cincuenta millones de colones. Sin embargo, la reducción más significativa se evidenció en la última campaña, ya para el 2018, solo se pagó ¢42 186 590,00.

Con respecto a la pauta en televisión, si bien es cierto, el pago ha disminuido, este no ha sido tan drástico como con los periódicos, pues de la campaña de 2010 a la de 2014 el monto disminuyó en menos de mil millones de colones, y de la campaña 2014 a la de 2018 disminuyó un poco más de cien millones.

El pago por pauta en radio tuvo un pico en la campaña de 2014, al pasar de ¢475 487 118,68 en el 2010 a ¢954 070 293,80. No obstante, el monto disminuyó en más de doscientos millones de colones en la campaña 2018. Finalmente, con el uso de internet se presentan dos picos: en la campaña 2010 y en la campaña 2018. En esta última, se presentó un aumento en el pago de más de doscientos millones de colones entre ambas campañas. Internet ha sido la plataforma que más aumento ha presentado con respecto a los pagos.

Evidentemente, la publicidad oficial es un mecanismo indispensable en la relación entre el Estado y la sociedad, pues es una forma de crear estrategias para la rendición de cuentas de los diferentes entes estatales, y también es una forma de informar y promocionar sobre las acciones que realizan. Sin embargo, la publicidad debe ser vista como el lazo entre el Estado y la sociedad, y no como una forma de premiar o castigar a los diferentes medios de comunicación.

En este capítulo, y siguiendo el comportamiento de los datos presentados en el Primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, la concentración mediática también implica una concentración en la asignación de la pauta oficial, ya que pocos adjudicatarios obtienen altos montos por pauta.

Es así como es necesario retomar las recomendaciones que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (2012) plantea en los Principios sobre regulación de la publicidad oficial. Específicamente en regulación de la publicidad oficial y libertad de expresión en Costa Rica es necesario:

  • Establecer un marco legal y transparente que permita la asignación de la pauta oficial igualitaria, lejos de decisiones arbitrarias. Dicho marco debe aplicar para todos los niveles de los entes públicos.
  • Establecer una definición clara de lo que realmente es publicidad oficial.
  • Crear los procedimientos para la asignación de la pauta oficial abiertos, transparentes y no discriminatorios. La contratación directa debe ser un caso excepcional, de emergencia o imprevisto justificado, y no la norma para dicha asignación.
  • Promover la transparencia de todos los datos relacionados con la publicidad oficial.

En cuanto a la concentración mediática, como se mencionó anteriormente, hace referencia al acaparamiento en pocas empresas de emisoras de radio, canales de televisión y medios escritos, medios multimedia y otras actividades del mercado de los medios. Esta concentración también se refleja en el acaparamiento de la pauta, tanto oficial como electoral, en grandes grupos mediáticos.

A partir del análisis de los resultados, se concluye que la publicidad oficial y la publicidad electoral se concentra, según las diferentes plataformas, de la siguiente forma. En televisión: Televisora de Costa Rica Sociedad Anónima y Representaciones Televisivas Repretel Sociedad Anónima; en radio: Radio Central de Radios CDR Sociedad Anónima, Cadena Radial Costarricense Sociedad Anónima y Cadena de Emisoras Columbia Sociedad Anónima; en periódicos: Grupo Nación GN Sociedad Anónima, Sociedad Periodística Extra Limitada y Properiódicos Limitada; y en internet: CRHoy Sociedad Anónima.

 

Johanna Rodríguez López
Docente de la Escuela de Sociología e investigadora y encargada de proyectos en el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), UCR