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Autor: María José Ferlini Cartín

Expedición Tribugá: el altísimo costo de perder un paraíso actualmente amenazado

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

En la costa del Pacífico de Colombia se encuentra el Golfo de Tribugá, uno de los lugares más biodiversos e inexplorados del planeta. Actualmente el territorio es víctima de amenazas, como la tala indiscriminada de árboles o la aspiración de construir allí un megaproyecto portuario.

Pero la intención de cuatro conservacionistas y documentalistas (Felipe Mesa, Luis Villegas, Francisco Acosta y Jack Farine) se centró en presentar más que eso, y mostrar lo que hay allí ahora: “un verde hecho de matices incontables, mares hechos de agua y vida, la banda sonora de los sonidos naturales, la multiculturalidad de las comunidades que habitan el territorio, proyectos productivos autosostenibles que se desarrollan, otras maneras de vivir en comunidad y la muestra de que otros sistemas económicos (basados en la solidaridad) son posibles”.

El documental de 53 minutos “Expedición Tribugá” es una producción que busca sensibilizar al mundo sobre la importancia de conservar el Golfo de Tribugá. La producción está dividida en tres partes que coinciden con tres expediciones; la primera sigue a un grupo de expertos en la exploración del Cerro “Jánano” y se adentran en el bosque húmedo, la segunda llamada “Pusa” traslada su mirada al mar y la tercera denominada “Puru” triangula al bosque húmedo y al océano con las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en este espacio.

“Expedición Tribugá” estará disponible de manera gratuita hasta el 06 de diciembre, puede observarlo e informarse sobre el proyecto en la página web: www.expediciontribuga.com

La presentación del documental está acompañada de una campaña llamada #NoalpuertodeTribugá, un megaproyecto que pretende ser el segundo puerto más importante del país. Usted puede leer y apoyar la petición aquí

 

Información compartida con SURCOS por Jaime García.

Conversatorio: «Proyecto de Ley No. 20.212 Recurso Hídrico: antecedentes, situación actual e implicaciones»

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) invita al conversatorio virtual “Proyecto de Ley No. 20.212 Recurso Hídrico: antecedentes, situación actual e implicaciones» a realizarse el próximo 07 de diciembre a las 5:00 pm.

El evento organizado por Proyecto Ambiente y Arte de la Dirección de Extensión Universitaria contará con la participación de los siguientes panelistas:

– Sra. Yamileth Astorga, presidenta Instituto Acueductos y Alcantarillados (AyA).
– Sr. José Miguel Zeledón, director de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
– Sr. Sergio Ortiz, activista socioambiental Santa Bárbara de Heredia.
– Sr. Giovanni López, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
– Moderador: Rodrigo Méndez, miembro del Laboratorio de Ecología Urbana de la UNED.

Para participar puede inscribirse aquí. A más tardar el viernes 04 de diciembre al mediodía.

Colegio Indígena de Rey Curré abre matrícula para el curso lectivo 2021 ofreciendo un atractivo menú de beneficios a sus estudiantes

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

SURCOS comparte la siguiente nota realizada por Uriel Rojas:

El Colegio Indígena de Rey Curré estará recibiendo matrícula para estudiar el curso lectivo 2021.

La fecha para esta inscripción está fijada del 07 al 18 de diciembre de 8:00am a 12 mediodía en las instalaciones del colegio.

Esta institución educativa ofrece a sus estudiantes una serie de beneficios muy atractivos que les ayudará a alcanzar el éxito académico al final del curso lectivo.

Sus amplias y modernas instalaciones le brindan a profesores y estudiantes un ambiente confortable, rodeado de un contexto natural y cultural excepcional.

Cuenta con un excelente servicio de transporte para todas las rutas con personal capacitado, guía incluido que acompaña durante el viaje diario de ida y regreso de los estudiantes.

Para cuidar la sana alimentación de toda la comunidad estudiantil, dispone de un amplio salón comedor en donde se atiende con rigurosidad las indicaciones que brindan los profesionales en nutrición y se prepara bajo los más altos estándares de higiene y medidas sanitarias.

Este Colegio Indígena de Rey Curré facilita a sus estudiantes giras académicas visitando lugares de interés formativa.

Para atender la parte recreativa y de habilidades artísticas, la institución posee grupos de teatro, talleres y grupos de baile y coreografías con personal altamente capacitado.

Para atender la parte socioeconómica de cada estudiante, la institución le gestiona la beca según sus necesidades, con el fin de que pueda costear sus gastos básicos de estudio.

En materia de adquisición de nuevos idiomas se brinda el inglés conversacional para que los estudiantes tengan una herramienta universal a su disposición y se imparte clases de idioma indígena brunca para fortalecer la identidad cultural de la comunidad.

Una amplia y bellísima zona verde decoradas con esferas precolombinas y ranchos indígenas tradicionales le brindan a este colegio un invaluable paisaje natural y cultural.

Además, la institución cuenta con un Museo Comunitario que proporciona información y una riqueza infinita en el campo histórico y cultural de la región.

El personal docente y administrativo del Colegio Indígena de Rey Curré cuenta con un alto nivel de preparación académica que les garantiza a los estudiantes un proceso significativo y pertinente de cara a los retos y desafíos del mundo moderno.

Y como si fuera poco, esta institución cuenta con una moderna sala de cómputo, personal capacitado y lo más importante: cada estudiante tiene a su nombre una computadora para atender sus necesidades tecnológicas.

Para cuidar por la salud de todos los estudiantes, profesores y personal administrativo, este centro educativo cuenta con suficientes accesorios y modernos equipos preventivos ante la Covid 19.

Y si el curso lectivo continua a distancia, este colegio indígena posee un personal docente debidamente preparado para seguir cumpliendo con los trabajos físicos y virtuales.

Haga su matrícula en el Colegio Indígena de Rey Curré y asegure el éxito de su curso lectivo.

Recuerde la matrícula: del 07 al 18 de diciembre.

 

Fotografías: Uriel Rojas.

Capitalismo verde y energías “limpias”: Costa Rica como laboratorio mundial de descarbonización

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) recién publicó su anuario número 11. Entre los artículos destaca “Capitalismo verde y energías “limpias”/renovables: Costa Rica como laboratorio mundial de descarbonización” del investigador y máster en Geografía, Alberto Gutiérrez Arguedas.

El artículo reflexiona acerca del imaginario que Costa Rica ha construido como un país líder en el campo de las energías “limpias” y la lucha contra el cambio climático, alcanzando su máxima expresión a través del lanzamiento del Plan Nacional de Descarbonización (PND), promovido como una forma de convertir al país en “laboratorio mundial de descarbonización”.

El autor argumenta que la imagen internacional de Costa Rica como país de energías “limpias” está inscrita en un contexto de gobernanza mundial del cambio climático que ha estado dominado por un paradigma que busca compatibilizar el asunto ambiental/climático con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado: el capitalismo verde. También plantea la idea de que Costa Rica desempeña un papel estratégico como “eco-laboratorio neoliberal”, escenario de experimentación de formas innovadoras de gobernanza ambiental basadas en el mercado.

Puede leer el artículo aquí

OIDH: Múltiples Expresiones de Discriminación que Viven las Personas con Discapacidad

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le invita este miércoles 02 de diciembre a las 6 p.m. (Centroamérica) 7 p.m. (Panamá) al Webinar “Las Múltiples Expresiones Discriminación que Viven las Personas con Discapacidad”. Con la participación de: Omer Morales Ramón y Olga Navarro Soto.

Para más información ver la siguiente imagen.

Gustavo Gutiérrez Espeleta dirigirá a la UCR durante los próximos 4 años

Escrito en . Publicado en Derechos.

Ganó la elección con 57,40% de los votos

El Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta es catedrático de la Universidad de Costa Rica, docente e investigador en Genética Molecular y Ciencias Naturales. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Luego de una intensa jornada electoral y una larga espera que se extendió desde el mes de abril, la Asamblea Plebiscitaria eligió al nuevo rector de la Universidad de Costa Rica. El biólogo Gustavo Gutiérrez Espeleta estará al frente de la institución a partir del 1 de enero del 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2024.

En total obtuvo 1102 votos, lo que representa un 57,40% de los sufragios emitidos, mientras que su contendiente, el ingeniero Orlando Arrieta Orozco tuvo 753 votos (39,22%)

De un padrón de 2365 personas, en esta ocasión votaron 1920 personas. Se registraron además 17 votos en blanco y 48 nulos.

Poco antes de ser las 8:00 p.m., la Mag Virginia Borloz Soto, presidenta del Tribunal Electoral Universitario (TEU), en una sesión especial que se efectuó en el Aula Magna, expresó que ha sido una elección diferente en medio de una realidad inusual, durante la cuál se han enfrentado nuevos retos, guiados siempre por el compromiso institucional e inspirados en los más nobles principios.

Señaló que quien ocupe el cargo de Rector de la UCR tendrá grandes retos y adquiere importantísimas responsabilidades en su nueva labor.

Luego de ser declarado provisionalmente ganador de la elección por el TEU, Gutiérrez manifestó que reafirma su compromiso de impulsar algunas de las propuestas de los otros candidatos que son fundamentales para asegurar el futuro de la UCR. Además, hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar como un solo equipo para la construcción de un país más justo y solidario.

Como unas de sus consignas resaltó la defensa de la universidad superior pública y de la autonomía universitaria, así como el respeto a la democracia, la búsqueda de la excelencia, la justicia social y el bienestar común, y el respeto a la diversidad y a la pluralidad.

Los resultados provisionales le otorgaron un 57,40 % a Gustavo Gutiérrez Espeleta y un 39,22 % a Orlando Arrieta Orozco (Diseño del gráfico: Rafael Espinoza Valverde).

Además se comprometió a promover una Universidad vinculada con el pueblo que la financia y con las instituciones del país.

El Consejo Universitario anunció que el actual rector de transición, el Dr. Carlos Araya Leandro presentará su informe de fin de la gestión el viernes 11 de diciembre y se espera que el acto de juramentación de la nueva administración sea el 17 de diciembre.

¿Quién es el nuevo rector de la UCR?

Gustavo Gutiérrez Espeleta tiene 55 años y trabaja en la Universidad de Costa Rica desde 1991. Es catedrático con experiencia en docencia, investigación, acción social y gestión universitaria en espacios y grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Investiga sobre cáncer de mama y genética de la conservación de animales silvestres.

Es fundador y presentador del programa de divulgación científica ConCiencia, desde el 2012.

Se considera un académico con vocación de servicio, humanista, abierto al diálogo, con gran capacidad para trabajar en equipo y convencido de la necesidad de realizar un cambio en el estilo de gestión de la institución, basado en el respeto, la transparencia y la equidad. Es defensor del modelo público de educación superior, por ello ha trabajado con rigor y compromiso en las tres actividades sustantivas: docencia, investigación y acción social, además, de estar identificado con el principio de cogobierno que reconoce la importancia del papel del sector estudiantil en el mejoramiento continuo de la universidad.

Se graduó de bachillerato y maestría en Biología en la UCR; obtuvo el doctorado en la especialidad de Genética Molecular en la Universidad Estatal de Arizona. Ha tenido la oportunidad de realizar varias pasantías de investigación en instituciones internacionales de renombre, entre ellas: el Oak Ridge National Laboratory, Tennessee y el Brigham and Women’s Hospital de la Harvard Medical School, ambas en Estados Unidos, y en el Women’s College Research Institute, University of Toronto, en Canadá.

Es catedrático de la UCR desde el año 2005 y se ha desempeñado en diversos cargos en la gestión universitaria. Como director de la Escuela de Biología en el período 2009-2017, fue responsable del proceso de reacreditación y ha participado en múltiples comisiones institucionales tanto de materia ambiental como de otras temáticas de relevancia para el país.

El Tribunal Electoral Universitario (TEU) dio los resultados provisionales desde el Aula Magna de la UCR y se transmitió en vivo por las plataformas digitales de la UCR y los medios de comunicación institucionales. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Su experiencia como docente es multidisciplinaria; ha tenido la oportunidad de ofrecer cursos de grado y posgrado en las áreas de Biología, Derecho, Arquitectura y Desarrollo Sostenible en las sedes Rodrigo Facio y Occidente. También he participado como profesor invitado en actividades de formación y capacitación en la enseñanza de la Biología en el extranjero.

Cuenta con más de un centenar de publicaciones científicas (artículos académicos, capítulos de libros, y libros), además de numerosas ponencias en conferencias, seminarios, congresos y cursos en el país y en el extranjero, relacionados con los temas a los que se ha dedicado por más de 30 años: genética humana, cáncer de mama, cegueras hereditarias, leucemia y genética de la conservación de animales silvestres, entre otros. La actividad de investigación la ha desarrollado en el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, en el Instituto de Investigaciones en Salud y en la Escuela de Biología de la UCR.

Formación académica:

  • Bachiller y M.Sc. en Biología, UCR. Doctor en Genética, Arizona State University, especialidad en Genética Molecular.
  • Estancias: Oak Ridge National Laboratory; Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School y Women’s College Research Institute, University of Toronto.

Trayectoria institucional:

  • Experiencia en las actividades sustantivas y gestión universitaria, incluyendo grado y posgrado en las sedes Rodrigo Facio y Occidente, Biología, Arquitectura, Derecho INISA y CIBCM.
  • Investigador en cegueras hereditarias, leucemias, genética de animales silvestres y genética del cáncer de mama.
  • Divulgador científico: ConCiencia, CanalUCR, 8 años.
  • Como director de Biología (2009 -2017), lideró su reacreditación e iniciativas ambientales de relevancia.
  • Ciudadano universitario activo, defensor de la universidad pública desde su ingreso (1983), aboga por la probidad y transparencia.
  • Ambientalista, comprometido con la lucha contra el cambio climático, las desigualdades y la discriminación.

Puede leer su plan de trabajo en el siguiente enlace.

 

Andrea Marín Castro
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Negación y autoritarismo en la Costa Rica sin ejército

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro
Sociólogo. Profesor ITCR

La historia oficial de Costa Rica esconde o minimiza hechos despóticos, autoritarios y violentos, como la ilegalización de partidos políticos y sindicatos, asesinatos políticos, persecución, exilios, intimidaciones, decretos contra la clase trabajadora, entre otros. Muchas de esas prácticas se dieron en el contexto de la abolición del ejército, pero podemos decir que son parte de la historia actual por la falta de justicia e impunidad en muertes como los de Jaime Bustamante, María Del Mar Cordero y Oscar Fallas ocurrido el 7 de diciembre de 1994, David Maradiaga, el 14 de julio de 1995, Sergio Rojas Ortiz el 18 de marzo de 2019, Jerhy Rivera Rivera el 24 de febrero 2020 (cuyo caso sigue abierto), e incluso los asesinatos de Antonio Saldaña/Blu (Rey indígena) el 3 enero 1910 y de Pa-Blu Presberu el 4 julio 1710, pues todos responden a formas de violencia no reconocidas, no juzgadas y no castigadas.

Si bien no tener ejército es un gran mérito, hace falta recuperar la memoria no oficial y completa de Costa Rica para comprender el período histórico en el cual se produce la abolición del ejército. Es necesario desmitificar la historia oficial y algunos hechos en particular como lo ocurrido con el ejército, que fuera de contexto y en su versión oficial, es únicamente un “acto heroico” de Figueres Ferrer. Pero si ampliamos la visión con algunos decretos y acciones de la Junta Fundadora de la Segunda República, antes y después del 1 de diciembre de 1948, aparecen acontecimientos sobresalientes de los que se habla sólo “de pasada”, o se niegan deliberadamente.

Antes de la abolición del ejército se produjeron hechos de autoritarismo como la ilegalización del Partido Comunista consumada el 7 de julio de 1948, argumentando que ésa era una organización que atentaba “contra el régimen democrático”, según decía el Decreto firmado por José Figueres Ferrer. El mismo Figueres en el libro “El espíritu del 48” (1987. 308) indicó que “la proscripción estaba evidentemente dirigida contra cualquier agrupación comunista, llevara o no esa connotación. Estaba dirigida directamente contra el Partido Vanguardia Popular”. El Secretario general de Partido Comunista, Manuel Mora Valverde señaló que “se habían comprometido a no ilegalizarnos”, pero, “nos ilegalizaron para que el Departamento de Estado (de los Estados Unidos) les permitiera mantenerse en el poder” (Discursos. 1980, p. 407).

También se decretó la ilegalización de los sindicatos iniciando por la beligerante Confederación General de Trabajadores de Costa Rica. Sesenta sindicatos fueron forzosamente aniquilados con lo que se desarticuló la organización social que históricamente, desde finales del siglo anterior, había gestado la creación de las garantías sociales de los años cuarentas, tras décadas de luchas ejemplares. A las ilegalizaciones se sumaron el exilio de dirigentes comunistas y sindicalistas, el encarcelamiento, la tortura, la persecución y la intimidación de muchísimas personas (prácticas asociadas por el grueso de la población costarricense con otros países, pero nunca con Costa Rica).

Otros decretos de la Junta que revelan su cariz autoritario fueron los del 11 y 19 de mayo. El primero, número 7, dispuso “la remoción de los empleados públicos sin derechos a sus prestaciones legales y preaviso y cesantía. Además, se autoriza a las empresas particulares para despedir de sus puestos a aquellos empleados que consideran peligrosos”. El otro decreto creó el Tribunal de Sanciones Inmediatas para “…juzgar los hechos delictuosos cometidos por funcionarios públicos particularmente de 1940 a 1948. Los fallos de ese Tribunal no podían se apelados de ninguna forma”. Además, el 2 de junio de 1948, se crea el Tribunal de Probidad y la Oficina de Propiedad Intervenida, como explica el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli en su libro Costa Rica y sus hechos políticos de 1948.

Otro de los hechos que marca la historia del país desde el autoritarismo, es el asesinato del Codo del Diablo perpetrado el 19 de diciembre de 1948, en el que pierden la vida los dirigentes comunistas Tobías Vaglio, Octavio Sáenz, Lucio Ibarra y Federico Picado. Con ellos fueron asesinados Narciso Sotomayor y Álvaro Aguilar. Dado que Picado era diputado electo por la provincia de Limón, este fue un magnicidio político. Ese crimen fue una ejecución sumaria planificada y ejecutada durante el gobierno de facto de Figueres Ferrer, que había sido instalado por medios militares y que ejercía con poderes ilimitados.

Casi como premonición de lo que le ocurriría a los militantes comunistas asesinados, algunas narraciones de subalternos de José Figueres Ferrer dan cuenta de que cuando a éste se le presentaron prisioneros se mostraba molesto. Según narra Manuel Solís Avendaño en su libro La institucionalidad ajena. Los años cuarenta y el fin de siglo (2006), Figueres decía que: “no debían crearme ese problema de prisioneros en el futuro, lo que deben hacer es no traer prisioneros, pues al enemigo hay que liquidarlo. Increpado por esta respuesta respondió que si se portaba blando perdería el respeto de los “muchachos”, los cuales de todas maneras matarían a los prisioneros”.

La trama política de esos años incluía la injerencia directa del gobierno de los Estados Unidos en los asuntos internos de Costa Rica. Mercedes Muñoz en su investigación Los problemas de seguridad del Estado costarricense 1940-1948 (1989, p. 102) expone que “…el embajador costarricense en Washington, en una entrevista con Tapley Bennet, Director de la Oficina de Centroamérica y Panamá del Departamento de Estado, reconoció el peligro marxista en Costa Rica y la influencia perniciosa del Partido Comunista para el Gobierno”.

La línea anticomunista para América Latina definida y promovida por los Estados Unidos, fue seguida puntillosamente por los integrantes de la Junta Fundadora de la Segunda República desde antes de que tomaran militarmente el poder por medio de “una Junta de Gobierno con poderes ilimitados” como indica Figueres Ferrer. Pero además, el anticomunismo había sido también un componente del ideario político del Gobierno de Teodoro Picado. El mismo Partido Republicano, durante el gobierno de Calderón Guardia, había firmado en julio de 1941, un acuerdo de cooperación militar con los Estados Unidos, lo cual no resultaba extraño en el contexto regional, ya que “en Centroamérica en la década de los 30’s, la consigna contraria al comunismo, impulsada desde el Departamento de Estado, organizó cambios sustanciales en el papel que debían cumplir las fuerzas de seguridad como en los requisitos que debían reunir los integrantes de éstas”, según explica Mercedes Muñoz (1989, p. 97). El documental “El Codo del Diablo” de Ernesto y Antonio Jara Vargas, reproduce un discurso de Gonzalo Facio Segreda, Ministro de economía y hacienda de la Junta, en el que éste resume su visión política, totalmente congruente con la línea anticomunista del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de Figueres Ferrer que ya mencionamos. Facio dice que “asumimos poder después de haber ganado la primera lucha armada que se da en el continente contra el comunismo”. Para ese tiempo estaba recién creado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que en la práctica aseguraba la cesión de la soberanía de los países de América Latina a los Estados Unidos. Tanto Figueres como Facio se alineaban para asegurarse la confianza de aquel país.

El autoritarismo implicó el exterminio de personas por medio del asesinato y generó además, como dijimos, exilio, encarcelamiento, persecución, intimidación, entre otras prácticas. Como justamente expone Manuel Rojas Bolaños en su libro Lucha Social y Guerra Civil en Costa Rica 1940-1948, “la izquierda comunista quedó prácticamente fuera del juego político hasta los años setenta, por prohibiciones establecidas constitucionalmente” (1990, p. 27). En cualquier otro país, los asesinatos del Codo del diablo, la ilegalización de organizaciones sociales, los decretos contra la clase trabajadora y las demás acciones de represión política, se hubieran reconocido como actos propios de un gobierno dictatorial; pero no ha sido así en Costa Rica.

El discurso oficial y el imaginario político, a través de libros, discursos y la reproducción que hacen del mismo personas, instituciones y organizaciones, siguen resumiendo la historia de la guerra civil de 1948 como un acontecimiento de “defensa del sistema electoral”, lo que ha permitido construir un imaginario de sociedad irrestrictamente democrática, pulcra e idílicamente pacífica en la que los enfrentamientos sociales, incluidos asesinatos políticos, se desdibujan, tergiversan, minimizan, o simplemente se ocultan.

Dado que la versión oficial además nos presenta la historia como la acción de caudillos y héroes, uno de los cuales es sin duda José Figueres Ferrer, es indispensable releer todo lo divulgado por el discurso oficial y enseñado en la academia, desde la escuela hasta la universidad. Alfonso González Ortega y Manuel Solís Avendaño en su libro Entre el desarraigo y el despojo argumentan que “Hoy sabemos, aunque no lo incorporemos a la representación que tenemos de nuestra historia, que Figueres Ferrer no fue el principal artífice de la abolición del ejército y que originalmente esta proscripción estuvo más inspirada en detener sus aventuras militares, en medio de una lucha entre los grupos representados en la llamada Junta Fundadora de la Segunda República, menos en la creación deliberada de una cultura de paz. Algo semejante ocurre con la nacionalización de la banca” (2001, p. 170).

Otra vertiente de la historia que la historia oficial y el discurso del poder han pasado de lado o han ocultado, es la corrupción como práctica común. Uno de los ejemplos notables de manejo arbitrario de la Hacienda Pública fue que “en esos momentos (durante el gobierno de la Junta de Figueres Ferrer), una parte de los recursos del gobierno se destinaba a pagos privados, y al mismo Figueres”. Explica el sociólogo Manuel Solís Avendaño que “el Decreto 251 del 12 de noviembre de 1948 autorizó un pago de 2.734.443 colones a Figueres, por concepto de propiedades destruidas. La suma equivalía casi al cincuenta por ciento de los seis millones asignados originalmente para cubrir ese rubro. Allí estaba, en germen, una característica de la nueva institucionalidad”.

Como resumen de estas líneas, podemos decir que la abolición del ejército sólo fue posible después de “limpiar la mesa”, tras la ilegalización del Partido comunista y de 60 sindicatos de la Confederación General de Trabajadores de Costa Rica, y las demás prácticas despóticas y represivas de la denominada Junta Fundadora de la Segunda República. Con esto se eliminaron las entidades con capacidad militar y socialmente organizadas para retar el nuevo bloque de poder. En otras palabras, ya no había oposición socialmente articulada y la Junta ejercía poderes ilimitados sin enemigos contundentes. Tenía el control centralizado y aplicaba represión directa contra cualquier oposición posible.

En esas condiciones la abolición de cuerpo armado era viable tanto por condiciones creadas a lo interno del país, como por ajuste o acomodo de la Junta de Gobierno a la política exterior de los Estados Unidos.

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).

La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.

Nota:

  1. Charla «Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental Costarricense» https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ
  2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

 

Imagen tomada de Youtube.

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:

“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).

A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.

—Notas—-

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.

Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

Cumbre de la Internacional Progresista: El destino de la humanidad está en grave riesgo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

Entre el 18 y 20 del presente mes de setiembre, se celebró la Primera Cumbre de la Internacional Progresista para debatir sobre la crisis que afecta a todo el planeta, las consecuencias previstas del colapso del capitalismo y para abrir caminos con el fin de “encontrar una opción progresista e internacionalista tanto a la globalización como al nacionalismo, y dar los pasos necesarios para lanzar plenamente la organización, que reúne a importantes intelectuales, diplomáticos, políticos y juristas de varios países”.

Se trató de un evento desarrollado de manera virtual orientado a formar un frente común tendiente a promover la unidad, la organización y movilización de las fuerzas progresistas para enfrentar y detener el avance de la derecha neo-liberal en el mundo.

La pandemia de la covid-19 ha puesto en evidencia los graves problemas que enfrentaban los países antes de que ésta apareciera y generara las múltiples crisis combinadas y que se retroalimentan recíprocamente. La devastadora crisis sanitaria ha provocado una crisis económica generalizada, una crisis social en pleno desarrollo, una crisis cultural de dimensiones todavía indeterminadas y, con seguridad, una serie de futuras crisis políticas que irán marcando la vida de muchos países y sociedades en los meses y años venideros.

Antes del 6 de marzo del año en curso, fecha en que se detectó la primera persona contagiada por el coronavirus en Costa Rica, la situación del país en las esferas económica y social no aparecía alentadora. El déficit fiscal emergía como una creciente amenaza, así como el incremento del desempleo. La tasa de desempleo para el primer trimestre de 2020 fue 12,5 %, según el INEC. Empero se preveía para este 2020, un crecimiento económico del 2,5 % (Banco Central, Banco Mundial). Sin embargo, una vez que la pandemia se hizo presente, esas cifras se hicieron añicos. Hoy, a más de seis meses que se declarara el estado de emergencia, el decrecimiento se pronostica en más de un 5 % (CEPAL, Banco Mundial, FMI) y el desempleo afecta a la cuarta parte de la población económica activa (PEA), el doble de la indicada por el INEC en el primer trimestre del año.

Desde su creación, el 30 de noviembre del 2018, la Internacional Progresista ha venido demostrando que las propuestas y recetas de carácter neo-liberal que han aplicado muchos gobiernos, han sido incapaces de ofrecer soluciones para las inmensas mayorías, para los pueblos. Todo lo contrario: La pobreza y la desigualdad han aumentado, al compás de una indignante concentración de la riqueza (y el poder político) en minorías elitistas.

Costa Rica no se ha escapado de estas políticas que han erosionado el Estado Social de Derecho en los últimos treinta y cuatro años. Antes de que el primer gobierno de Oscar Arias (1986-1990), iniciara el impulso de una fuerte agenda neo-liberal, el país gozaba de un avance sostenido en la reducción de la desigualdad social. Así quedaba patentizado en el Índice de Ginni. Los sucesivos gobiernos que, desde esa época hasta el presente, han venido aplicando ese guion neo-liberal hicieron que, año con año, la redistribución de la riqueza evolucionara negativamente hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Así las cosas, cuando ya varios países han empezado a echar marcha atrás en políticas neo-liberales que sólo sirven a grupos minoritarios privilegiados, concentradores de la riqueza, en función de atender las devastadoras crisis, generadas y profundizadas por la pandemia, el gobierno de Carlos Alvarado Quesada persiste en mantener la fracasada propuesta neo-liberal.

Y lo más grave es que casi la totalidad de fracciones legislativas no se salen de ese guion. Las contradicciones con el Gobierno, no se manifiestan por la búsqueda creativa y constructiva de soluciones ante una crisis cuyo gravedad y horizonte (en el tiempo) se acrecientan, sino más por politiquería y cálculo electorero.

El país adolece en este duro presente de nuestros días de un liderazgo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, capaz de afrontar una crisis inédita y multi-dimensional que se hará mucho mayor mientras más se prolongue (como es previsible), la pandemia y las medidas restrictivas que vienen aparejadas con ella. En épocas tan aciagas como ésta, se requiere un liderazgo con mirada de Estado y no emerge por ningún lado.

De ahí el enorme valor de las ideas y propuestas que se han estado debatiendo en la Internacional Progresista, que abren una luz de esperanza para los pueblos y para el planeta, en este oscuro 2020, que nos ha tocado vivir.

(21 de setiembre, 2020)