Compartimos la siguiente petición hecha por el sector de cultura.
Estimadas Señoras Diputadas y Diputados, Estimado Señor Presidente de la República,
Como Sector Cultura reconocemos la situación país, y sabemos lo importante que es en este momento su trabajo para tratar de impedir el agravamiento de la crisis social y económica. Entendemos también que es necesario tomar decisiones difíciles y que muchas veces esas decisiones pasarán por asumir recortes presupuestarios importantes en diferentes áreas y sectores.
Sin embargo, en la discusión que están teniendo las y los diputados de la Comisión Permanente de Hacendarios de la Asamblea Legislativa sobre el Presupuesto Ordinario de la República, expediente N. 22.174, la diputada Ana Lucía Delgado, Silvia Hernández y el diputado Gustavo Viales del Partido Liberación Nacional presentaron el día 15 de octubre la moción #129 la cual propone un recorte de ¢6.400.756.551,00 millones al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud. Igualmente se presentó la moción #72 por parte de la diputada María Inés Solís y varios diputados del Partido Unidad Social Cristiana que pretende recortar ¢4.126.307.837 millones, lo cual llevarían al presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud a equipararse en el 2021 con el monto visto en el año 2013 en la administración de Laura Chinchilla.
Este recorte que en sumatoria podría representar aproximadamente el 15% del presupuesto, deja al Ministerio de Cultura y Juventud inhabilitado para ejecutar gran parte de sus programas, incluso desapareciendo del todo compromisos adquiridos por ley en algunas de sus partidas. Para algunas de las instituciones culturales del país, el recorte significa prácticamente un cierre técnico.
Estos recortes impactan negativamente los programas de extensión cultural de una industria que representa el 2.2% del PIB (2015) del país, así como la fuente de empleo de miles de profesionales y técnicos cada año.
El Partido Liberación Nacional, el mismo cuyo principal líder alguna vez pronunció la famosa frase: ¿para qué tractores sin violines?, está promoviendo los recortes más significativos que sepultan la capacidad de recuperación del sector ya impactado fuertemente por la pandemia.
Es por ello que solicitamos a las y los diputados que se proteja el presupuesto de cultura, que los recortes que se propongan sean en conjunto con los rectores del Ministerio y representantes del sector para garantizar que no afecte la operatividad del Ministerio, ni la ejecución de sus principales programas que impactan directamente a las personas trabajadoras del arte y la cultura y la población en general.
Exhortamos así mismo al Señor Presidente de la República, que se nos incluya en el diálogo multisectorial nacional. La cultura debe ser una aliada en la reconstrucción económica del país. Según datos de la Cuenta Satélite de Cultura, solamente la industria audiovisual aporta al PIB nacional el doble que la industria del café y del banano.
Este tipo de recortes, así como que se nos excluya de la convocatoria a un diálogo nacional, demuestran desconocimiento del crecimiento que ha tenido la Economía Cultural a nivel mundial y un paso atrás como país frente a lo que está siendo una fuerte apuesta de desarrollo en otros países Latinoamericanos, respaldados inclusive en estudios del Banco Internacional de Desarrollo (BID).
Un país sin cultura, es un país sin identidad.
Artes Escénicas Costa Rica (AECR) Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional (AGITEP) Asociación Nacional de Trabajadores de la Danza (ANATRADANZA) Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE) Unión de Trabajadores de la Música, las Artes y Afines (UTM) Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses (AGICUP) Directoras de Cine de Costa Rica Red Nacional de Teatro Comunitario (RNTC) COOPEARTES RL Fundación Tico de Corazón Compañía Folclórica Matambú PROARCA S.C. Memoria de las Artes Escénicas (MAE) El Guato Los Garbanzos La Milixia Endemia Cooperativa Sulá Batsú RL Asociación Cultural de Guácimo Respirarte Sección Nacional del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales (CIOFF COSTA RICA) InterArtis Costa Rica
Organizaciones, agrupaciones, empresas, personas trabajadoras del Sector Artístico, Cultural y Creativo de Costa Rica, sociedad civil, abajo firmantes.
Por Vanessa Romo, Yvette Sierra Praeli en 13 septiembre 2020
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado en su concesión forestal presuntamente por invasores de terrenos relacionados a la minería ilegal.
Él y su padre habían sido amenazados en varias oportunidades desde el año 2012, cuando se inició la invasión de sus territorios
Las amenazas se cumplieron. Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del conocido ambientalista Demetrio Pacheco, fue asesinado ayer cuando salió a recorrer su concesión forestal ubicada en la margen derecha de la carretera Interoceánica, en Madre de Dios.
El cuerpo de Roberto Carlos fue encontrado por su padre Demetrio el viernes 11 de setiembre en medio de una trocha que conducía a un terreno agrícola de la comunidad de San Juan, predio colindante con la concesión de Pacheco. Dos balas, una en la cabeza y otra en la cadera terminaron con la vida de Pacheco Villanueva, quien, en más de una oportunidad, junto con su padre, había denunciado ser víctima de amenazas de muerte por parte de invasores ilegales que ingresaban a su propiedad.
Roberto Carlos Pacheco Villanueva. Foto: Archivo personal Demetrio Pacheco.
Un día antes de su asesinato, Roberto Carlos salió como de costumbre a recorrer su concesión pero esta vez no regresó a casa. Preocupados por su desaparición, dos de las personas que trabajaban con él y su padre salieron en buscarlo. Lamentablemente lo encontraron muerto.
De acuerdo con información policial, el cuerpo fue ubicado en una trocha de acceso a un predio agrícola ubicada a la altura del kilómetro 356 de la carretera Interoceánica Urcos-Iñapari, a unos dos kilómetros de distancia de esta vía principal. Muy cerca encontraron un vehículo color naranja, sin placa de rodaje y sin número de chasis. La fiscal Miriam Huillca Huamán, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tambopata, llegó hasta la escena del crimen.
Una historia de amenazas
“Aquí estás perdiendo tu tiempo, tú eres el que tienes que desaparecer de aquí”, fue la última amenaza que recibió Roberto Carlos Pacheco en abril de este año. Su padre la recuerda muy bien y la mencionó en una entrevista con Mongabay Latam.
Son más de 800 hectáreas de concesión. El problema es que están ingresando por varios lados, indica Pacheco. Foto: Jack Lo.
El amedrentamiento provino de un grupo de aproximadamente seis personas que encontró dentro de la concesión, a quienes su hijo recriminó por haber talado algunos de sus árboles, narra Pacheco.
Las invasiones a la concesión de 842 hectáreas de bosque adjudicadas a Pacheco empezaron a registrarse en el año 2012. Este terreno, dedicado principalmente al aprovechamiento de la castaña, está a su nombre desde 1995. “Desde que empezaron a invadir, en el 2012, he realizado por lo menos ocho denuncias por deforestación”, asegura Pacheco.
Fue siguiendo ese camino en defensa de los bosques de Madre de Dios que se convirtió en vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, integrado por un grupo de ambientalistas y propietarios de concesiones forestales ubicadas en la zona de amortiguamiento de esta área protegida. Todo ellos llevan años enfrentándose abiertamente a la minería ilegal, la tala ilegal y las invasiones de terrenos.
En una ocasión, Demetrio Pacheco y su hijo encontraron una bala en la mesa de su casa dentro de su concesión. Foto: Archivo Mongabay Latam.
“En junio del 2016 pedí una medida cautelar para que paralicen todo tipo de actividades en la vía administrativa y en el campo, pero es letra muerta. Ellos [se refiere a los invasores] han presentado supuestos certificados de posesión de los años 1988 y 1989. Nosotros pedimos imágenes y hasta el año 2005 no hay cambio en la cobertura boscosa, ¿Cómo en 1988 otorgaron constancias?”, señala Pacheco en referencia a los documentos que entregan a las autoridades regionales para certificar el cambio de uso de suelo que ocurre en el bosque.
Las amenazas y agresiones hacia la familia Pacheco han sido constantes. En el 2017, Roberto Carlos Pacheco fue golpeado y amenazado con un arma y un machete. Ese mismo año le pusieron el cañón de un arma en la boca y destruyeron sus bienes personales. En una ocasión dejaron una bala en la mesa de su comedor, recuerda así Pacheco todas las veces que recibieron estos mensajes contra sus vidas.
“La única vez que pedí garantías para mi vida fue en el año 2017, en la Prefectura de Puerto Maldonado, pero no la quisieron recibir. Luego de eso, cada vez que he tenido problemas, solo he contado estos hechos al Defensor del Pueblo en Madre de Dios”, menciona Pacheco.
Guimo Loaiza, representante de la Defensoría del Pueblo en Madre de Dios, dice que cada vez que Demetrio entraba a su concesión era amedrentado. “Muchos como Demetrio, lamentablemente por la minería ilegal que ha ingresado a las concesiones, son amenazados”.
La minería ilegal en Madre de Dios ha destruido grandes extensiones de bosques. Foto cortesía Cincia.
Loaiza agrega que con lo sucedido ahora evaluarán solicitar la protección de Demetrio y su familia. “Hay muchos concesionarios que han sido amenazados. Ellos están expuestos al riesgo de sufrir cualquier atentado al estar en zonas próximas a la minería ilegal y a los invasores. Los que tienen concesiones forestales son los más vulnerables”.
La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, se pronunció sobre el asesinato de Pacheco a través de sus redes sociales. “Recibo desde Perú la terrible noticia de que Roberto Carlos Pacheco Villanueva, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, fue asesinado”, escribió en su cuenta de Twitter.
El 15 de junio envió una carta al gobierno peruano en la que solicita información sobre “el asesinato de los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas Arbildo Meléndez Grandez y Gonzalo Pío Flores”, ambos ocurridos este año durante la pandemia.
El congresista del Partico Morado, Alberto de Belaúnde, también escribió sobre la muerte de Roberto Carlos Pacheco. “Pese a la difícil coyuntura política, no puedo dejar de lamentar y condenar la muerte de Roberto Carlos Pacheco, hijo del defensor ambiental Demetrio Pacheco, quien como parte del Comité de Gestión de la RN Tambopata viene luchando en contra de la minería ilegal en Madre de Dios”.
Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente hizo un llamado a las autoridades para que brinden protección a los ambientalistas amenazados. “Mis sentidas condolencias a la familia de Demetrio Pacheco. Urgente llamado a @Defensoria_Peru, @MinjusDH_Peru, @MinamPeru @MininterPeru para que brinden efectiva seguridad personal y familiar”, escribió en sus redes.
La ministra del Ambiente (Minam), Kirla Echegaray Alfaro, también lamentó lo sucedido a través de las redes sociales.
Mongabay Latam buscó a Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente y actual representante del Minam ante la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones del Gobierno frente a la minería ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, para consultar sobre las acciones que se están realizando para proteger a los ambientalistas amenazados. En la misma línea consultamos con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hasta el cierre de esta edición no se manifestaron.
Un esquema de ilegalidad
La fiscal Karina Garay, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios, señala que la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de tierras son lideradas por mafias que se han instalado en Madre de Dios. “Quienes están comprometidos con la conservación son amenazados. Muchas veces no presentan sus denuncias ante la Fiscalía por miedo a lo que les pueda pasar”.
La Operación Mercurio se inició en febrero de 2019 con el fin de erradicar la minería ilegal en La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Foto: Ministerio del Interior.
Garay explica que los invasores de tierra son mafias que operan junto con la minería ilegal y la tala ilegal. Las concesiones invadidas, muchas veces bajo la fachada de asociaciones de agricultores, pasan con el tiempo a manos de mineros ilegales cuando ya se deforestó el bosque, explica Garay.
La fiscal señala que con la Operación Mercurio en la zona denominada La Pampa, zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, muchos mineros ilegales están desplazándose hacia otros lugares cercanos e invadiendo otros terrenos.
Hace una semana un operativo que duró tres días destruyó más de 60 dragas de minería ilegal en zonas fuera de la Pampa.
Lo ocurrido con el hijo de Demetrio Pacheco ha alarmado a otros concesionarios que son víctimas de esta violencia. “Tengo medio y quisiera dejar la concesión”, dice Freddy Vracko, hijo del ambientalista Alfredo Vracko, asesinado dentro de su concesión en noviembre de 2015 por taladores ilegales.
La minería ilegal ahora amenaza a las comunidades nativas de Pariamanu. Foto: FEMA Madre de Dios.
Vracko señala que son muchos los dueños de concesiones en Madre de Dios que tienen sus terrenos invadidos y son víctimas de amenazas. Comenta también que las denuncias en las fiscalías se quedan estancadas o son archivadas y lo mismo sucede con las investigaciones policiales.
El caso de su padre –recuerda Vracko– tiene cinco años sin resolverse pese a que hubo pruebas y testigos del hecho. “La situación está terrible en Madre de Dios. Lo que ha sucedido ahora es una forma de decirle a Demetrio y a todos los ambientalistas que dejen de hablar”.
Imagen principal: Concesión forestal de Demetrio Pacheco en Madre de Dios. Foto: Jack Lo.
Este jueves 22 de octubre a las 2 p.m. hora Centroamérica, se llevará a cabo el panel: Justicia Climática para las mujeres. Realidades y desafíos para Costa Rica.
Puede inscribirse en el siguiente link:
https://forms.gle/1pWgu6oiy5HhUCPZ6
Se realizará vía zoom y se transmitirá por Facebook:
https://www.facebook.com/CentroamericaVulnerable
https://www.facebook.com/ditsoCR
Organizado por:
-Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida
-Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
-Coordinadora Norte Tierra y Libertad
-Departamento Ecuménico de Investigaciones / DEI
-Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo de Guanacaste / FEDEAGUA
OBSERVATORIO DE LA POLÍTICA NACIONAL – ESCUELA DE CIENCIAS POLÍTICAS
El equipo del Observatorio de la Política Nacional (OPNA) presenta el monitoreo de medios de comunicación 8-2020 y 9-2020 correspondientes a la semana del 27 de setiembre al 10 de octubre.
Además, el más reciente análisis de la Coyuntura Política Nacional «La Costa Rica Política en tiempos del FMI», disponible en el siguiente enlace.
Ministerio de Salud “acomoda” decreto para justificar reutilización de respiradores
CCSS no admite desabastecimiento de insumos
El Ministerio de Salud emitió, el pasado 12 de octubre, un decreto cuya finalidad es justificar legalmente la directriz que dio la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el 17 de setiembre para reutilizar los respiradores N95 o sus similares.
Así lo consignó el enfermero profesional y coordinador del Programa de Educación Continua, Jorge Ugalde, quien emplazó, la tarde de este viernes, a las autoridades de salud en una reunión que sostuvieron siete sindicatos del sector con la CCSS y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
SINAE AFINES defendió la tesis de que el lineamiento emitido por el presidente de la institución Román Macaya carecía de legalidad, puesto el Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud afines establece que todo el Equipo de Protección Personal descartable debe ser de un solo uso. Por lo anterior obligar a los funcionarios de salud reutilizar sus respiradores carece de legalidad.
Por otra parte SINAE AFINES cuestionó los argumentos técnicos que las autoridades la CCSS como el Ministerio de Salud defienden en el sentido de que otros país aplican la reutilización de los insumos y que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y el Centro de Control de Enfermedades de Europa (ECDC), sugieren en casos extremos el reúso de los insumos de protección personal.
El profesional en Enfermería indicó que esos organismos a que se refieren la CCCSS y el MS también hablan de las condiciones de reprocesamiento que debería haber en los centros de salud para garantizar que los insumos no se conviertan en focos de infección para el personal de salud.
“Lo malo de todo esto es que la CCSS y Salud cambian lineamientos y hasta un manual de bioseguridad para justificar la reutilización de los equipos sin garantizar la seguridad de quienes están en la primera línea de la pandemia. No hay explicaciones y pareciera que imperan interés políticos o económicos”, subrayó el profesional en Enfermería.
Innovación y resiliencia de la administración pública en el marco del COVID-19, con respecto a la transparencia y el derecho al acceso a la información
Este miércoles 30 de setiembre de 2020, a las 9:00 am se continuó con la jornada del Simposio Internacional titulado: Transparencia y acceso a la información en época de pandemia: perspectivas y desafíos, a través de la plataforma virtual Zoom.
Rosibel Hernández, quien es integrante del equipo coordinador del evento, hizo un breve repasó, lo realizado en las mesas de trabajo 1 y 2, celebradas el día lunes 29 de setiembre de 2020, donde se vieron diferentes puntos de especialistas nacionales e internacionales que reflejan la importancia de aprobar la ley de acceso a la información pública.
Posteriormente, Sylvia Arredondo, Coordinadora General del Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional de la Universidad Nacional, invitò a conocer más de cerca las experiencias de los poderes legislativos de la región, sobre las iniciativas y esfuerzos en favor de la transparencia, pilar fundamental de parlamento abierto, teniendo en consideración también los procesos de modernización y adaptación que han sido necesarios para mantener el funcionamiento del parlamento en escenarios de crisis como el que afrontamos actualmente. Arredondo, considera importante trabajar estos temas de actualidad para el avance de un diálogo respecto a las coyunturas actuales.
El señor Emanuel Barrantes integrante del Movimiento de Iniciativa Popular y moderador de la mesa 3 afirmó que es necesario, aún más en tiempo de pandemia, tener una administración pública eficiente, para ello, presenta a las personas panelistas: Jorge Umaña, miembro del Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica; Wagner Jiménez, diputado de la República de Costa Rica; Carolina Botero, invitada internacional de la Fundación Karisma de Colombia; Luis Adrián Salazar, Ex Ministro de MICIT, empresario y consultor en tecnología y Juan Carlos Mora Montero, académico e investigador de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional-EPPS-UNA, quienes abordaron su perspectiva en lo que respecta al uso de la tecnología como medio de comunicación, la necesidad de hacer ajustes en la legislación del país, así como la resiliencia en la administración pública y la transparencia.
La mesa inició con la participación de la señora Carolina Botero, quien explicò el caso particular de Colombia, donde se desea implementar la tecnología para combatir el COVID–19. En este país sudamericano intentaron utilizar una aplicación llamada Coronapp, donde se encontraron vicios en transparencia, en seguridad y funcionaba de forma poco eficiente. Tras una serie de correcciones los problemas en ciberseguridad mejoraron, pero en transparencia seguía presentando graves falencias. “Si bien las coyunturas necesitan respuestas rápidas, tampoco se puede dejar la transparencia de lado. Menos en un tema tan delicado como la salud”, afirma Botero.
Jorge Umaña mencionó que los servicios de mensajería son vistos como una nueva alternativa, por ello, cada día incrementan más. Según el panelista, esto se debe a que hay una nueva cultura, que se molesta con las multitudes, lo que necesariamente cambiará la forma de protesta y manifestación: “Llevar a lo digital la administración pública es un cambio que debe hacerse con urgencia, aunque falta mucha cultura, por ausencia de la ley de transparencia. Asimismo, se deben resguardar los datos de las personas, debido a que se puede manejar información muy sensible”, acotó Umaña.
El diputado Wagner Jiménez, dijo que la eficiencia es necesaria en un mundo virtualizado: “Es desastroso que la Hacienda Pública del país se maneja con Excel”, comentó que en irregularidades como fraude aduanero y corrupción se pierde un 14% del PIB, por eso es que la Asamblea trata de digitalizar los múltiples sistemas, para evitar los fraudes y para agilizar instancias como Hacienda, donde es sumamente complicado hacer declaraciones de impuestos. Jiménez exhorta a un cambio cultural en gobierno si se quiere implementar la tecnología efectivamente, donde considera que el ciudadano es el centro del cambio tecnológico: “Ahora es más importante debido a la situación de pandemia, porque se necesita frenar el contacto físico en la mayor medida posible”, indicó el legislador.
Para Luis Adrián Salazar, ya desde 2016 se empieza a ver la tecnología y todo su potencial. El panelista hizo ver que cuando llega el COVID 19, toma a todo el mundo por sorpresa, donde sectores de la economía se ven enormemente golpeados, y que es ahí donde la tecnología se pone como una alternativa al contacto.
Expresó que el sector público ha demostrado falencias para realizar el cambio, donde la empresa privada ha demostrado ser mucho más eficiente, por lo que el gobierno debe hacerse más pequeño para dar espacio a la inversión privada. Salazar afirmó que es necesario contemplar la interoperabilidad entre sistemas, donde se busca que las instituciones del Estado estén interconectadas, para evitar dobles papeleos y falencias en seguridad, ya que con el implemento de tecnología se puede ahorrar hasta un 9% del PIB: “Se debe tener una estrategia de transformación digital sólida y con apoyo del poder Legislativo, así como evitar caer en enemistades políticas que sólo vienen a ralentizar el progreso”. Agregó el Ex Ministro de Ciencia y Tecnología-MICIT.
Por su parte Juan Carlos Mora Montero, académico de la EPPS-UNA, hizo una proyección de Escenarios para Costa Rica al Año 2040 e indicó que estas proyecciones usualmente no concuerdan con la realidad, debido a que hay cambios de gran velocidad y cambios de mentalidad. El funcionario de la Escuela de Planificación y Promoción Social UNA, recalcó la diferencia entre innovar y la tecnología, dado que la tecnología no garantiza capacidad de adaptación: “El mundo es tan complejo y tan cambiante, que las teorías explicativas de la realidad no durarían mucho tiempo, por lo que los estudios sobre lo que puede traer la innovación y la coyuntura del COVID 19 no se va a ajustar a lo que se va a vivir. Por ello, innovar no es sólo cambiar la tiza por una Tablet, eso no es suficiente. Se requiere un proceso y una preparación para un cambio cultural”, manifestó el investigador social y experto en prospectiva.
Mora, mencionó que en la investigación realizada por la Escuela de Planificación EPPS-UNA:
“Escenarios 2040-La Nueva Normalidad”, se plantea una alerta importante con respecto a una Costa Rica virtual en el año 2040; pero también un país que podría ver un aumento de la desigualdad social acrecentada por la falta de universalización de temas como la conectividad que podrán acentuar la desigualdad en la educación, en el trabajo y en general en el acceso a oportunidades: “ El resultado de esta investigación (“Escenarios 2040) plantea la importancia de la inversión en I+D, el trabajo virtual, la educación virtual y las ciudades inteligentes como los temas con mayor germen de futuro”, concluyó Mora Montero.
Emanuel Barrantes, moderador, recalcó que, ante el distanciamiento como factor de cambio social e institucional, es necesario maximizar el sector tecnológico, asimismo, que es crucial el papel de la población para una nueva ciudadanía, donde las instituciones se adapten a una nueva visión de país, procurando una alianza de sector público y sector privado, así como el tema de creación de valores y creación de política pública, y con ello, contar con la madurez política para continuar los proyectos posteriores. En este sentido, agregó que la administración pública debe ir modernizándose y actuar con rapidez y eficiencia para responder a los cambios sociales y desarrollar las tecnologías de comunicación que demanda la sociedad.
Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica
Centroamérica 12 de octubre de 2020
El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida FCV-UV, es un espacio de participación amplio e inclusivo, donde concurren unas 200 OSC centroamericana, cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.
El FCV-UV, desde hace más de 10 años, ha fortalecido pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica, así como el interés genuino por contribuir al cambio social mediante la promoción del ejercicio pleno de derechos y el reconocimiento del rol protagónico de las mujeres en los procesos de desarrollo.
En este 2020, el FCV-UV promoverá un dialogo inclusivo, permitiéndonos la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión PostCovid19; que reconceptualiza y amplíe la mirada hacia factores de riesgos, que han formado parte de la compleja dinámica social de la región, pero no considerados por el modelo convencional de gestión de riesgos y desarrollo.
Nuestro contexto
Actualmente el Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) evidencia que los procesos y modelos de desarrollo, junto a un manejo insustentable de la gestión pública, generan riesgos y calamidades que profundizan las brechas sociales y nos alejan de lograr objetivos y metas de desarrollo.
La situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas, lo cual nos desafía a gestionar el escenario regional de crisis complejas desde una perspectiva multisectorial, integradora y sustentable, enfatizando el carácter diferenciado de los impactos y la gestión desde la perspectiva de igualdad y equidad de género.
Hoy en día, la ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos.
Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, política e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria PostCOVID19; a partir de considerar holísticamente los riesgos vigentes y las crisis emergentes, para el incremento de la resiliencia territorial y social.
Nuestra propuesta:
Hacia la sustentabilidad del Desarrollo PostCOVID19 es la forma en que concebimos los procesos de transición individual y colectiva necesarios para reencausar nuestros estilos y sistemas de vida hacia el desarrollo sustentable, centrados en:
Autocuido – Protección Individual y Colectiva.
En el ámbito organizacional, en contextos de crisis complejas, las organizaciones de sociedad civil deben contribuir a la búsqueda de soluciones desde los enfoques de gestión social de riesgos basada en derechos.
Desde el ámbito comunitario, la protección guarda relación con la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas y se refiere a todas las actividades tendientes a conseguir el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres, y por consiguiente la efectiva construcción de ciudadanía (Protección y Garantía de Derechos).
Reconfiguración Organizacional. Las organizaciones de sociedad civil deben seguir trabajando para la sustentabilidad, impulsando procesos de construcción colectiva de readecuación de planes estratégicos y repensados desde la sostenibilidad organizacional. cada una desde su propia identidad, rol y expertis (Iniciativas en Implementación y Formulación).
Autogestión Territorial: Promoción de acciones de protección, conservación y recuperación de los bienes naturales, medios de vida y capacidades productivas, basadas en un enfoque de esencialidades y en armonía con las aspiraciones de bienestar y calidad de vida de todos y todas, sobre la base de reconocer el Rol de nuestros Gobiernos en la concreción de ese bienestar desde la gestión pública y principal protector de derechos. Nuestro rol como OSC es apoyar y ser auditores de que eso se cumpla en base a estándares de igualdad y equidad para todas las personas en Centroamérica.
Finalmente, como organizaciones sociales que conformamos el Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! consideramos que un marco de referencia hacia la sustentabilidad del desarrollo PostCOVID19, además de oportuno y necesario, debería servir de base para motivar la interlocución, las colaboraciones y las alianzas público-privadas, considerando la dimensión local, nacional y regional, para intervenir desde una forma holística ante las crisis complejas que enfrentamos.
¡Voces Centroamérica por la justicia ambiental y seguridad climática! ¡Existimos porque resistimos! Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!
El Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida articula a organizaciones de toda la región en temas de cambio climático y resiliencia comunitaria
Costa Rica tiene 3 años participando activamente del espacio
La región centroamericana es una de las zonas más vulnerables del trópico ante los efectos del cambio climático
Del 26 al 30 de octubre se llevará a cabo el XI Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida (FCV-UV), en donde diversas organizaciones de la región se reúnen a dialogar sobre los retos, alternativas y demandas frente a la crisis climática.
Este 2020 el evento lleva por nombre Hacia la Sustentabilidad del Desarrollo PostCovid19 en Centroamérica; pues se pretende reflexionar sobre reto de la sociedad Centroamericana hacia la construcción de la sustentabilidad frente al Escenario de Crisis Compleja Regional (ECCR) que enfrenta la región, que se profundiza a raíz de la pandemia.
El Foro es una plataforma de articulación que reúne a más de 200 organizaciones comunitarias y de sociedad civil de todo Centroamérica cuyas acciones están orientadas a promover la sustentabilidad y resiliencia climática de los pueblos de la región.
Como parte del proceso de articulación el Foro desarrolla cada año el Encuentro Regional que se lleva a cabo en uno de los países miembros. Sin embargo, por encontrarnos en un contexto de pandemia global este año se llevará a cabo de manera virtual y podrá seguirse por medio de sus plataformas como Facebook o Zoom.
El encuentro regional de este año está constituido por 10 conversatorios virtuales en donde se tocarán temas claves en la región como lo son: Gestión del Riesgo, Seguridad alimentaria, Biodiversidad y Pueblos Indígenas, Industrias extractivas y conflictos socio-ambientales, género y justicia climática, entre otros.
Costa Rica se prepara para el Foro Regional con el Panel Nacional Justicia climática para las Mujeres: Realidades y desafíos para Costa Rica que tiene como objetivo posicionar dentro del debate nacional una visión crítica sobre el impacto que tiene la crisis climática para las mujeres y cuáles son sus alternativas y demandas de justicia climática. Este se llevará a cabo el 22 de octubre de 2:00pm a 4:00pm.
Centroamérica además de ser una de las regiones más desiguales del mundo es una de las zonas más vulnerables del trópico frente a los efectos del cambio climático. Este año la situación regional se ve agravada, ya que las medidas de protección y afrontamiento de la pandemia, en vez de reducir riesgos, están exacerbando vulnerabilidades para la sociedad y ecosistemas centroamericanos, deteriorando derechos humanos y necesidades básicas.
La ciencia aporta evidencias irrefutables sobre la relación directa entre la degradación ambiental y los desastres, como consecuencia directa de los procesos de desarrollo basados en la extracción de bienes naturales de forma desmedida. La pandemia por COVID-19, es tan solo el ejemplo más reciente y confirma lo insuficiente de la gestión de nuestros riesgos. Ante este contexto, nos vemos comprometidos a profundizar la reflexión crítica en búsqueda de estrategias, políticas e iniciativas innovadoras que allanen la ruta hacia la sustentabilidad, la gestión social de riesgos y humanitaria Post COVID19.
El FCV-UV, desde hace más de 10 años, pone conocimientos y experiencias en favor de la resiliencia en las poblaciones y territorios más vulnerables de Centroamérica. En este 2020, se promoverá un diálogo inclusivo que permita la optimización de oportunidades y fortaleciendo el rol de Organizaciones de la Sociedad Civil en los distintos niveles y etapas gestión Post COVID19.
SITRAHSAN como sindicato base del suscrito, y Fenotrap de quien formo parte integral me han solicitado hacer referencia ante ustedes como medios de comunicación responsables de informar a la población de manera veraz, en razón de ello me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:
Estas manifestaciones son producto de casi 30 años de trabajo continuo en el Ministerio de Hacienda, con experiencia, en Aduana, Tributación, Dirección de Hacienda, entre otras Direcciones.
Al suscrito le preceden años de experiencia docente en materias como Legislación Tributaria, entre otras de no menos de 15 años en distintos centros educativos superiores del país.
Al suscrito le ampara académicamente una Licenciatura en Administración y una Licenciatura en Derecho, colegiado en ambos colegios con vigencia hoy en el Colegio de Ciencias Económicas, y de Abogados y Abogadas de CR, recientemente en el Colegio de Contadores Privados del cual desistí por voluntad propia.
El suscrito constituyó como miembro las Juntas Directivas de los Sindicatos SITRAHSAN en el periodo 2017 junio a 2020 agosto, desistiendo por voluntad propia, igualmente en SINDHAC primera organización sindical siendo militante desde 1992 hasta el año 2015 cuando renuncie la JD, por considerarlo una organización que no denunciaba las cosas como debían denunciarse.
Al Suscrito en calidad de Secretario General en SITRAHSAN le correspondió dirigir causas hasta el Ministerio Publico como lo constituyeron la perdida de Expedientes de Cobros Judiciales, donde no se ha cuantificado el daño patrimonial contra el Estado ni la cantidad de expedientes, así como los señalados en esa causa, donde se rumora que hasta un Partido Político fue favorecido por un tercero por una suma de cerca de 800 millones en un sólo expediente y respecto a un caso de una empresa familiar de un militante muy reconocido de dicha agrupación y a cambio de una candidatura a Diputación de otra reconocida comunicadora. Corresponde al Ministerio Publico verificar esas situaciones.
Me correspondió ejerciendo la Secretaria General, denunciar administrativamente la actuación dolosa de 4 compañeros de la DTIC – Dirección de Tecnologías- donde se recibieron prebendas a cambio de comprometer quizás una compra a un proveedor en México, resultando de ello la separación administrativa de dos de los cuatro funcionarios en esa causa señalados.
Al suscrito le consta que los distintos periodos o magistraturas presidenciales, cuando llegan nuevas autoridades al Ministerio de Hacienda, por lo general resultan ser “compadrazgos políticos” de tal manera que por lo general llegan a hacer “escuela en la gestión del tratamiento de la Economía social, la política fiscal o tributaria y la implementación de normas, cuyo sello es MAS IMPUESTOS vía tarifaria y legal , pero que con algunas excepciones; muy pocas; como el Sr. Guillermo Zúñiga y otros actores, demostraron eficiencia sin el látigo de más impuestos sobre los Costarricenses.
Al suscrito le consta como en los periodos precedentes, al 2014 en conjunto con diversos actores sociales y políticos que inclusive fueron Viceministros y Presidente Legislativo, en la Administración anterior, se les confecciona una HOJA de RUTA ante la reiteración cada cuatro años de que los políticos oh atacaban los ingresos oh atacaban los gastos, pero no tenían un rumbo adecuado de carácter cívico y social solidario progresivo, en virtud de ello la FUNDACION FRIEDRICH EVERT financió dicha propuesta en 2014 se le entregó y expuso a la Asamblea Legislativa antes de iniciar el periodo presidencial del sr Luis Guillermo Solís, donde el Sr. Otón Solís también fue Diputado y el Dr. Henry Mora
Lamento como representante sindical dentro del Ministerio de Hacienda y , que hemos resaltado como trabajadores, la reiterada pretensión para que el PODER EJECUTIVO y las autoridades de turno propongan un texto adecuado para el ejercicio del control fiscal , pero más bien observamos un interés de todas las administraciones de dejar de lado ese interés y por el contrario, desde el año 1995 en la cabeza de Fernando Herrero como Ministro de Hacienda y , Antonio Álvarez como Diputado se modificó la Ley de Aduanas dotando a auxiliares de la función pública potestades de control que lejos de fortalecer el mismo, más bien lo debilitó.
Lamento como en la cabeza del Sr. Fernando Herrero , se amplió el umbral punitivo o delictivo tributario, pasando de 200 salarios base el delito fiscal, a 500 salarios base, lo que significa que hoy día para constituirse el delito tributario se debe demostrar fehacientemente que debe defraudarse al fisco en no menos de 200 millones en promedio , si la cuantía es menor, es sanción administrativa, y hasta el día miércoles de esta semana se ha demostrado que después de 12 años un caso quedó en firme, no obstante el Procesal Penal contiene derechos que a la postre podrían resultar contrarios al comunicado de prensa girado esta semana por el Ministerio de Hacienda.
Es lamentable observar que los auditores fiscales, en promedio de uno para atender a dos mil declarantes, esto es como “ burro amarrado contra puma suelto”, y se ha insistido a las autoridades de turno a incrementar el riesgo subjetivo pasar al menos de 2 a 4, dicho de otra manera, de controlar 2 tramites entre 100 a 4 entre 100 al menos, porque a la inversa es 98% de probabilidad de éxito al fraude, a la evasión y al contrabando, y si a eso le incorpora legislación débil, continuaremos viendo papeles y sin poder actuar de manera ejemplar e inmediata en el combate al fraude, por el contrario sentimos que las autoridades de turno son complacientes con la idea de controles mínimos, facilitación del comercio internacional y en consecuencia la tendencia a cero control con el fin de agilizar el comercio, pero que al verlo relejado en las declaraciones de renta, nos damos cuenta que muchos DECLARAN CERO IMPUESTO-
Lamentamos que HACIENDA siga siendo la CENICIENTA del Gobierno Central, en virtud de que ante legislación débil, las actuaciones no se pueden exceder, porque si mi persona funge como auditor en Aduanas, carece de competencia legal, material o quizás territorial de ver actuaciones de carácter tributario en consecuencia, la división administrativa, legal, y la competencia misma es una “LEY MORDAZA O CAMISA DE FUERZA” para quien desea ejercer su papel de la mejor manera. Y de esto se nutren muchos grandes declarantes, distíngase bien, grandes declarantes en cero impuestos, porque el que contribuye lo hace de su propio bolsillo, no del bolsillo de lo que retiene o recibe en el ejercicio comercial.
Lamentamos en mucho que la única policía represiva, técnica y especializada que tiene el Ministerio de Hacienda, sea utilizada muchas veces para el acompañamiento a denuncias que en poco contribuyen al control fiscal, que es su esencia o razón de ser.
Lamentamos que un auditor fiscal en Aduanas no conozca que es la declaración del Iva o un auditor de Tributación desconozca que es un DUA y su base científica de clasificación y base imponible, para que, al llegar a realizar un control del Inventario, pueda al menos presumir un cumplimiento fiel del trámite Aduanero.
Lamentamos el grado de fraude tributario en facturación y subfacturación, clasificaciones arancelarias diferenciadas, pero en algo similares que permiten al enemigo tributario acumular grandes riquezas, producto de esa lesiva conducta.
Lamentamos la distribución poco equitativa del Presupuesto Nacional el Gobierno Central
Lamentamos la cantidad de instituciones del Estado mismo, que no s e integran legalmente en la política tributaria y fiscal de este país, que contribuya su unificación al bienestar económico y nacional de toda la sociedad costarricense, permitiendo amasar grandes fortunas en instituciones como el INS, RECOPE y otras, pero deficitarias como el IMAS
Lamentamos que durante tantos años se hayan robado en promedio 2,6 billones de colones en fraude tributario o contrabando y no se ha impuesto una norma técnica jurídica para atacar este flagelo, de haberlo hecho responsablemente los gobernantes actuales o anteriores, hoy la realidad de la pandemia seria otra. En otras palabras, actuaron de manera irresponsable.
Lamentamos que autoridades Ministeriales, como la Señora Rocío Aguilar y su equipo Ministerial, implementaran el IVA, cuando simplemente lo que se requería muchas veces era a lo interno una Directriz para conjugar adecuadamente los recursos y desarrollar planes y programas de control de deberes formales y en conjunto ejecutar el control fiscal adecuado. Sin embargo; se jactaron de la implementación legal de los SCANER los que después de 2 años casi de la vigencia de la Ley no se ha realizado, y que ante flagrante delito de “incumplimiento de deberes” les otorguen la posibilidad de ostentar salarios millonarios y dirigir los recursos de los trabajadores en la SUPEN
Lamentamos como durante la pandemia, se pudo legislar hasta en no menos de 50 horas, emitir una Ley para dotar de moratoria fiscal a quien deseara no pagar los impuestos, y que nos deja hoy día en una disyuntiva jurídica de quien cobrara si Administrativamente o Judicialmente, ante la posibilidad nuevamente de jinetear más los impuestos, como si fuera una amnistía disfrazada tal cual grandes declarantes obtuvieron con la complacencia de muchos de los actuales diputados, y hoy nos endosan el problema del déficit fiscal que heredamos.
Lamentamos; como no se legisla para fortalecer el sistema tributario y combatir la corrupción, la inacción d muchas autoridades de turno, que tienen competencia hasta en el control de las compras públicas, haciendo del Ministerio de Hacienda un MEG MINISTERIO, pero que pareciera ser su propósito llegar a minimizar el papel de fiscalizador.
Lamentamos que el ejercicio de la Ley 7509 faculte a Hacienda a modificar valores, y durante años las Municipalidades han gozado del fruto del Impuesto Territorial, y los dueños de Yates q son de pasajeros donde interviene el MOPT para dotar esa condición, así como los EE Equipos Especiales, de las grandes constructoras, hoy día no tengan que pagar sobre esos bienes o embarcaciones el impuesto a la propiedad.
Lamentamos también que lo que proponemos los funcionarios Tributarios con carácter técnico y la experticia del quehacer diario en la ejecución del marco legal, no sea de interés para los actores civiles y políticos de este país, ya que de lo contrario tendríamos otra realidad nacional.
Hoy se cierne una gran posibilidad para fortalecer al Ministerio de Hacienda, una sería quitando en su control el componente Político, que ha demostrado en muchos actores impericia y desconocimiento, pero no con otro objetivo de que lo retomen quienes aman a la Patria y saben el “baile” que se tienen muchos, al declarar que con dos días de cierre tienen pérdidas multimillonarias, y cuando de declarar se trata…DECLARAN CERO impuestos en RENTA.
Debemos revalorar las Exoneraciones contra la acumulación de riqueza en las diversas actividades, no es posible que la ley 7293 otorgue exoneraciones a consorcios agropecuarios, a consorcios médicos y a consorcios turísticos, dotándolos de grandes posibilidades de incentivos fiscales, y cuando el pueblo está en pandemia simplemente señalen que están por quebrar,
Lamentamos los escudos fiscales como la aplicación de las provisiones laborales como Aguinaldo, preaviso y cesantía, ESCUDOS FISCALES legales, pero que al tenor de la LEYES de SUSPENCIONES DE CONTRATOS simplemente digan al trabajador váyase y regrese luego a ver si hay chance de recontratarlo.
Lamentamos los millones en alquileres, cuando hemos señalado la cantidad de propiedades para construir las edificaciones estatales, ejemplo las diez hectáreas que desperdician al costado de la Aduana Central en Calle Blancos, y así muchas de otros Ministerios, que al final son del Estado mismo. Y cuando se tienen se donan para actos culturales que al final nada o casi nada mejoran, ejemplo Edificio Olympo , 50 norte de Diario Extra, o las 80 hectáreas del parque la Libertad en Patarra de Desamparados
Lamentamos lo permisivo de la legislación penal, ya que al infractor cuyo carácter le brinda inmunidad penal, como lo fueron los casos de la trocha, papeles de panamá, expedientes de cobros judiciales, muerte de funcionarios en Hacienda por presunto estrés después de la Ley 9635, los premios a políticos de turno en puestos con salarios ostentosos, y otros más por la inacción de la Asamblea Legislativa de cambiar la norma, o del Ministerio Publico cuando se tiene flagrante actuación de esos actores.
Como pueden observar el enfermo colapso en Marzo de 2020 con la pandemia declarada, pero la pandemia más importante, ya se venia fraguando desde años atrás, con el permisivo favor de omisión de los actores políticos, que hoy pone en evidencia, la millonada, de salarios que se auto aplican algunos servidores públicos de muy alto nivel, en Bancos, en el INS, la Contraloría General la Asamblea Legislativa, la procuraduría y hasta en Recope, y otros “elefantes blancos” que poco o nada aportan, pero que al final distan en mucho de los ingresos potenciales de los dirigentes de la empresas privadas, que actúan al tenor del principio de autonomía de la voluntad, donde observamos por su modus vivendi el ostentoso vehículo que supera los 20 millones de colones y que a pesar de eso, no podemos indagar sus ingresos, ya que incurriríamos en una actuación con persecución penal y quizás llegar a que nos encarcelen, por querer redimir la justicia.
Suscribe Lic. Miguel Ureña Ex Secretario General SITRAHSAN Miembro JD FENOTRAP-CMTC
SURCOS recibió la siguiente secuencia de imágenes divulgadas por personas de movimientos ecologistas, en las cuales, se alerta acerca del impacto de los recortes en el presupuesto del MINAE que impulsan algunas fracciones legislativas:
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