Debido al trámite en la Asamblea Legislativa del Proyecto 20.861, con el que se busca regular con tasas fijas y mínimas o máximas el tema de la usura, la Asociación de Consumidores Libres explica la situación y hace un llamado.
Compartimos el video.
Imagen de portada, UCR.
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El Subsistema de Bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) invita al público a sumarse, de forma virtual, a la II Maratón de lectura 2020, bajo el lema: UNA lectura saludable, este jueves 23 de abril a partir de las 2 p.m.
En esta ocasión, se contará con la participación de funcionarios y de Monito Cuenta Cuentos, quien trae una propuesta interesante y variada para compartir en familia.
Disfrute de un café al lado de sus seres queridos y participe en esta tarde de cuentos tradicionales, cuentos infantiles, de terror, de amor y además, cuentos que nos permiten conocer sobre la provincia de Heredia.
Si le interesa unirse a esta actividad virtual, haga clic en el siguiente enlace en la fecha y hora que se indica.
Enlace: https://zoom.us/j/95420976666
Fecha: jueves 23 de abril, 2020.
Hora: 2:00 p.m.
Invitan:
Biblioteca Ciencias Sociales – Cidcso Centro de Documentación del CINPE-UNA Escuela de Relaciones Internacionales – UNA CR Escuela de Secretariado Profesional Epps-UNA Escuela de Economía UNA Escuela de Administración Sociología UNA Idespo_UNA Centro Internacional de Política Económica (CINPE-UNA) CINPE – UNA Posgrados CINPE CINPE-UNA
***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.
Imagen tomada de http://gestiocultural.blogs.uoc.edu/
Enviado por UNA Comunicación.
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Atendiendo las medidas tomadas por el Ministerio de Educación Pública ante la pandemia del COVID-19, el Colegio Indígena Yímba Cájc, situado en Rey Curré de Buenos Aires ha puesto en marcha su proceso de Educación a Distancia.
Esta estrategia se enmarca en la mediación pedagógica denominada Aprendo en Casa, la cual se fundamenta en las disposiciones de la Política Educativa y la Política Curricular vigentes, y da relevancia y pertinencia al uso de recursos tecnológicos, así como a la generación de acciones específicas y contextualizadas para el aprendizaje a distancia.
Esta transición educativa implica pasar, de un modelo presencial de clases, a un modelo no presencial, a distancia o de acceso remoto según las posibilidades receptoras de cada uno de los estudiantes.
De acuerdo a su directora Ivannia Morales Mora, la institución realizó un sondeo a nivel de padres de familia para identificar cuantos estudiantes podían recibir el material educativo de modo digital y de ellos, solamente el 10% aseguró estar en condiciones de atender dicha modalidad, mientras que el 90% dijo no tener la estabilidad necesaria para hacerlo de este modo, por lo que se hicieron paquetes físicos de materiales complementarios que llegaran a cada estudiante junto a su kit alimenticio.
Junto a este esfuerzo, el personal docente de esta institución indígena se las está ingeniando para producir de manera creativa sus propias lecciones de clase desde su hogar, a través de videos, dibujos, ilustraciones o dinámicas que abordan temas específicos de estudio y se suben a un blog digital que han creado para que sus estudiantes tengan acceso de acuerdo a su manera y posibilidad.
Ejemplos de estos trabajos fueron las clases sobre las recientes efemérides según el calendario escolar dedicados al Día del Arte, Día del Indígena, Día de la Tierra y se está preparando el material para lo que será la celebración del Día del Libro.
Entre todos los docentes se han propuesto crear de manera creativa murales con fotografías alusivas a la festividad, videos sobre actividades asociadas, manualidades, artefactos, mensajes de sensibilización estudiantil sobre la importancia del tema, entre otros.
De manera paralela, cada estudiante está recibiendo su paquete de alimentos que les corresponde junto al material didáctico de cada materia.
La institución espera que dicha mediación pedagógica ayude a promover el aprendizaje autónomo para la construcción de conocimiento en sus estudiantes, utilizando herramientas no sincrónicas que impliquen un consumo mínimo de datos, recursos impresos y digitales variados en la medida de lo posible.
Este trabajo colectivo ha involucrado esfuerzos del personal docente y administrativo, la Junta Administrativa del colegio, así como como del personal del CLEI local.
Este colegio alberga estudiantes de diferentes lugares del territorio algunos de ellos de difícil acceso a sus viviendas por lo que la entrega personal de estos materiales y alimentos es más complicada, sin embargo, los docentes se han comprometido llegarles hasta sus propias casas con el fin de mantenerles atentos en este proceso de educación a distancia.
Las instalaciones de este colegio fueron inauguradas el 31 de agosto de 2017.
Para más apoyo didáctico los estudiantes de este Colegio Indígena pueden accesar al blog: https://rinconcitobruncaj-yimba.blogspot.com/?m=1
Enviado a SURCOS por Uriel Rojas.
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Esta frase de Martin Luther King, se adapta perfectamente a la situación actual que se vive en Costa Rica a raíz de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero causada por la pandemia COVID-19.
El forzado, pero necesario aislamiento y distanciamiento social, han provocado el aumento en el desempleo, generado subempleo y suspensión de contratos en el sector privado formal. En el sector informal los trabajadores han visto mermada en gran manera o prácticamente desaparecida su fuente de ingresos. Las personas que laboran de manera independiente también han sido muy afectadas con el confinamiento obligatorio bajo el llamado “Quédate en casa”.
Por su parte, el sector público también está sufriendo laboralmente las consecuencias de esta pandemia debido a que, el Poder Ejecutivo congeló el pago del aumento salarial anual aprobado para el 2020 según decreto #42121-MTSS-H-Mideplan, del primero de enero del 2020. Estos dineros se emplearán para cubrir en parte la emergencia. Además, está aplicando la Ley #9635, respecto a la eliminación de pluses y el congelamiento de otros componentes salariales.
Pero como si eso fuera poco, existen varias propuestas y proyectos de ley del Poder Ejecutivo que representan una verdadera violación a los derechos humanos, constitucionales y laborales de las personas trabajadoras ya que pretenden imponer un tributo “solidario” al salario de los trabajadores tanto del sector público como privado, que se rebaje a un 50% el salario de los empleados públicos y se elimine el pago del aguinaldo y el salario escolar. Respecto a este último ya se pronunció la Ministra de Planificación, Pilar Garrido en nota MIDEPLAN-DM-OF-0443-2020 del 16 de abril del 2020, quien después de realizar un amplio estudio sobre el origen del Salario Escolar concluyó que es un componente salarial que no pueden eliminar porque corresponde a un pago diferido y de hacerlo se debe indemnizar a todos los empleados del sector público o bien incorporarle ese monto al salario base y que el Estado no está en las condiciones económicas para hacerlo. Por eso se paga de esta manera.
Al ser una situación de emergencia nacional sin precedentes y de una afectación socioeconómica de gran magnitud, le corresponde al Gobierno de la República tomar las decisiones certeras y que se apliquen las políticas de acción eficientes y eficaces que permitan mitigar los efectos de la crisis, proteger a los trabajadores y a sus familias de manera sostenida durante y después de la emergencia, así como también se deben crear mecanismos de contención del desempleo.
Por esta razón, se hace indispensable establecer también mecanismos que permitan un apoyo integral, considerando no solo el pago de los servicios públicos, sino los créditos y tarjetas de crédito, debido a que no pueden dejar de recibir los servicios básicos. Pues de ser así, esto violentaría no solo sus derechos humanos y constitucionales, sino que rompería la paz social y afectaría todo el esfuerzo en materia sanitaria que se ha implementado para contener la propagación de la pandemia a nivel nacional.
Es necesaria la total transparencia (Constitución Política, Artículo 11: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad… La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes…”) y precisión en las políticas de apoyo solidario, las cuales se deben desarrollar según lo establece la Carta Magna que vela por el bien común, protegiendo a los más vulnerables y que además brinda el equilibrio que contribuye a la paz social de la nación, proporciona justicia social, tributaria y cubre a todos los habitantes del país.
Es relevante la participación de las personas ciudadanas en la toma de decisiones dentro de esas políticas públicas, sobre todo al tratarse de una crisis sanitaria que trae graves repercusiones a toda la población y porque es precisamente ésta la que sufre las consecuencias, no solo en materia de salud, sino en el área económica y social.
Esa trascendental participación ciudadana está estipulada en el Artículo 9 de la Constitución Política: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí: El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias…” (Reforma del 1 de julio del 2003, publicado en la Gaceta N°146 del 31 de julio del 2003), por tanto, las autoridades gubernamentales deben trabajar en conjunto con la ciudadanía responsable, en la búsqueda de las soluciones por el bien común.
Por otra parte, la Constitución Política establece que se debe proteger la vida de todas las personas en el Artículo 21: “La vida humana es inviolable”. Pero salvaguardar la vida de las personas no solo se refiere al aspecto sanitario, sino que también es asegurar el suministro de alimentos y servicios básicos.
Sin embargo, en esta emergencia se han dejado de lado derechos muy importantes como lo estipulado en el Artículo 33: “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, pues se han aprobado leyes que benefician a unos y desprotegen a otros, omitiendo que todas las personas ciudadanas tienen el derecho constitucional y humano a no ser objeto de discriminación o exclusión ya sea en materia tributaria, social, económica o de cualquier otra índole, sobre todo cuando se trata de la población con mayor riesgo social y económico, que además, no son los dueños de los medios de producción sino que contribuyen con su fuerza laboral a la dinamización de la economía nacional.
Es por esta razón, que el mandato constitucional debe ser respetado y ejecutado por el Gobierno de la República plenamente, para que se cumpla lo determinado en el Artículo 50: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” Es así como el Estado tiene la obligatoriedad de velar por el bienestar de toda la población en un ámbito de equidad, justicia social y tributaria.
Por tanto, la moratoria en el pago de los impuestos del IVA, Renta, Aduanas y Selectivo de Consumo al sector empresarial, violenta no solo la Constitución Política en sus artículos 21, 33 y 50, sino también la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas #9635. Además, la Regla Fiscal de esta ley amerita ser suspendida, pues es prioritario el destino de la mayor cantidad de fondos públicos a las transferencias sociales en momentos de recesión económica y de gran afectación en materia laboral.
En consecución a este tema, el pago de los impuestos por parte del sector empresarial, durante y después de la emergencia es de vital importancia para brindar sostenibilidad al erario y que no se desfinancien los fondos públicos con los que se debe hacer frente a la emergencia, pues estos se sustentan de los tributos que pagan tanto personas trabajadoras como los empleadores. La situación no se resuelve con más impuestos sobre la espalda de quienes subsisten de un salario, y que ya se están viendo sumamente afectados con la crisis, sino con el pago puntual y solidario de los tributos que ya existen, por parte de todos los actores de la sociedad.
En cuanto al Programa PROTEGER, es necesario asegurar no solo la puesta en marcha de este, sino su sostenibilidad, pero no a costa de los sectores más vulnerables y maltratados, sino con el verdadero apoyo solidario de los sectores económicamente más estables y fortalecidos: Las Grandes Empresas Territoriales, Los Grandes Contribuyentes y el sector Financiero Privado. Para tal fin se deben establecer estrategias de recaudación de fondos solidarios, con la finalidad de fortalecerlo y darle el soporte necesario durante y después de la emergencia, pero sobre todo restablecer el pago de los impuestos cuya moratoria beneficia injustamente al sector empresarial y recarga el peso de la crisis en el resto de la población, compuesta precisamente por los trabajadores, marcando aún más las desigualdades, discriminación e injusticia social y tributaria.
Finalmente, PROTEGER debe ser administrado dentro del marco de la transparencia y la Rendición de Cuentas según el Artículo 11 de la Constitución Política. Y esperamos que cuando esta crisis pase y podamos tratar de volver a la normalidad, no recibamos la desagradable noticia que una vez más los fondos públicos han sido saqueados y que los que menos recibieron las ayudas fueron los verdaderamente necesitados. Porque las autoridades deben recordar que un pueblo con hambre es una bomba con la mecha a medio encender y que la desigualdad ha acrecentado el malestar de la población día con día, que todos estamos en un mismo mar, en diferentes barcos, pero cuando hay una tormenta todos los barcos pueden naufragar.
“Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”. Homero
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Incansables defensores por la salida política y el fin al conflicto armado interno en Colombia de más de cincuenta años lanzan la Plataforma Defendamos La Paz (DLP), mediante Encuentro Virtual, llevado a cabo el pasado 17 de abril a las 10:00 horas, con positiva participación; concluyendo con Declaración redactada por el politólogo Álvaro Villarraga Sarmiento* y la cual fue aprobada.
Actividades como la realizada, acudiendo a la tecnología y superando el aislamiento por el Covid-19, reviven el sentimiento de búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, con saludable exposición de la actitud política del insurgente Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN) ante el llamado del Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez y el Papa Francisco, de un cese al fuego de los conflictos armados en el mundo, ante el grave impacto global de la pandemia para los pueblos.
Personalmente coincido con la idea y sentimientos expresados en la aludida Declaración.
No obstante, existen aspectos relevantes, que en tratándose de un planteamiento para la búsqueda alternativa de solución de conflictos, entre los cuales es avezado el Dr. Villarraga S, desdicen del factor de igual a igual nivel, de los contrarios en confrontación, que aspiran a la búsqueda de solución. Afirma la Declaración … que el gobierno de Duque ha hecho exigencias humanitarias validas tales como: que esta guerrilla deje de secuestrar y libere a todos los secuestrados… se abstenga de reclutar niños y niñas y no coloque en riesgo a la población civil con la siembra de minas antipersonal. Luego aclara: pero que la exigencia adicional de “cesar todas las actividades delictivas” no son coherentes; como quiera que son una organización levantada en armas…contra el Estado; para concluir: que esto sería motivo de la negociación…
En lo anterior radica el meollo de la cuestión. Avalar a un desprestigiado titular de gobierno, tanto nacional como internacionalmente, asomo de validez en la preocupación y defensa de los Derechos Humanos, resulta inadmisible. La exigencia unilateral del establecimiento oligárquico a la insurgencia del ELN, de dejar o abandonar la práctica del secuestro, constituye hacer eco de una muletilla de la dictadura mediática, para confundir el entorno de una salida negociadora. El planteamiento insurgente, en torno al secuestro, es su parangón de fuerza beligerante, sustentando que al igual que el Estado contradictor tiene presos políticos, ellos tienen retenidos. Esto no es gratuito y va acorde con el Derecho Internacional (DI) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), que no califica el secuestro, individual, como un delito de lesa humanidad y reserva esa calificación para la toma de rehenes. De otro lado, muy lejos de ser válido que el ELN deje de reclutar niños y niñas. En innumerables documentos ha sido clara la insurgencia del ELN que ellos no “reclutan”. Parten del presupuesto de la preparación ideológica del insurgente y quien se alista lo hace voluntariamente. Sostienen en sus documentos, entrevista y proclamas, que a sus filas no llegan menores de 17 años. La edad mínima de reclutamiento prevista en el DIHU es de 16 años. Si de niñez se trata el Código Civil (CC) colombiano, alude a infantes, antes de 7 años de edad y niños (as) de 7 años de edad. En entrevistas, comandantes del ELN han explicado, hasta la saciedad, que situaciones particulares en medio de la confrontación ha hecho que recojan huérfanos o niños (as) abandonados. Que les dan un trato especial, conforme a los Estatutos de su organización. No puede ser avalado ese argumento gubernamental aludido en la Declaración, máxime cuando desconoce que el ELN recientemente ha liberado a una menor de 14 años en Arauca, que tenía en su poder, demostrando que estaba incurso en sus campamentos por haber sido utilizada por el ejército colombiano, para hacer inteligencia en las filas rebeldes. Además, con alusión a las Minas Antipersonal sembradas. Cierto, que no solo la insurgencia las utiliza. Existen denuncias de peso- que la Declaración desconoce- que el ejército también siembra minas antipersonales, que se dirigen a personas para que no transiten sobre ciertas zonas territoriales, que son precisamente sobre las que no tiene control el Estado colombiano, en desarrollo de la guerra sucia imperante en Colombia. La costumbre, siendo lo consuetudinario la principal Fuente de Derecho del DIH, no descalifica el uso de “armas primitivas”, “hechizas”, que son las que utilizan los insurgentes, como pueblo en armas. Esto es serio, de quilates, para que, en una Declaración de tanta valía e importancia en influencia en lo perseguido a alcanzar, pueda así gratuitamente dejarse, sin aclaración valida.
Ahora bien, en cuanto a que la exigencia adicional de “cesar todas las actividades delictivas” no son coherentes; como quiera que son una organización levantada en armas…contra el Estado; para concluir: que esto sería motivo de la negociación… Al respecto, agregar: No deja de ser esto un lenguaje pre romance, infortunadamente utilizado en la Declaración aludida. Sin descorrer el velo no se podrá llegar a un presupuesto confiable en el alistamiento de una Mesa de Negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN. Las negociaciones con las antiguas Farc fueron de imperativos categóricos. A juzgar por los enunciados eso no va a suceder con el E.L.N.
No motiva la Declaración aludida sobre los 15 puntos que le presenta la organización insurgente al gobierno colombiano. En modo alguno son condicionamientos, puesto que precedieron a aclarar “el Cese es activo, porque nos reservamos el derecho a defendernos, ante los ataques que adelantan las fuerzas estatales, integradas por tropas regulares, paramilitares y bandas del narcotráfico”.
Tampoco toma en cuenta, la Declaración, las manifestaciones previas del Negociador Pablo Beltrán (Israel Ramírez Pineda), desde La Habana, para quien «El Gobierno es especialista en pedir, nunca se les ocurrió ofrecer nada» y desconoce la designación a Francisco Galán y Felipe Torres como Gestores de Paz, agregando: “nosotros no vamos a ver bien que ahora el Gobierno los nombre como su canal con el ELN». Como pasar por alto en la Declaración que no perteneciendo ellos actualmente al ELN no tienen juego político alguno.
Siendo que la decisión unilateral de cese al fuego por parte del ELN es un acto humanitario, la Declaración insta e insiste: “El ELN debe asumir las obligaciones humanitarias que le asisten, que implican cesar todo ataque contra la población civil y conductas que configuren al derecho humanitario”. Esta es una acusación que merece el derecho de réplica. En tanto, no insta la Declaración, en comento, al presidente Duque. Le recomienda, a buen augurio: “El presidente Duque tiene la responsabilidad histórica de retomar el proceso de paz que falta para hacer posible la “paz completa”, conseguir el cierre definitivo de la guerra interna y avanzar en la superación de la problemática situación en derechos humano y humanitaria”.
Por último, la Declaración pasa por alto que el ELN propone retomar las Conversaciones que están rotas desde enero de 2019, “convocamos al Gobierno de Duque, a reunirse con nuestra Delegación de Diálogos presente en La Habana, para concertar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal”
Pareciere entonces que no se valorara el paso dado por el ELN, que pese a todo desconocimiento continúa insistiendo y mantiene a los Delegados en La Habana. Esto por cuanto aparenta no destacar la importancia que sea el gobierno al que le corresponde acoger similares iniciativas.
Así las cosas, planteadas, resulta difícil tener que aceptar que los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN, no están a la vuelta de la esquina.
Pero no desfallezcamos que son años los llevados y acostumbrados a estos sin sabores de la política nacional.
* “Estamos seguros de que ha llegado, una vez más, el momento de hacer de la paz un propósito nacional” Álvaro Villarraga Sarmiento, director de la Fundación Cultura Democrática e investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica, antes de la actual administración de sesgo militarista.
RESEÑA A LOS 90 AÑOS DE FALLECIMENTO DE MARIATEGUI
José Carlos Mariátegui, el Amauta de América. Peruano, nació en 1894 y falleció el 16 de abril de 1930. Amauta, órgano que Mariátegui había fundado en 1926, anunció “El proletariado acaba de perder a uno de sus mejores guías, uno de sus más calificados portavoces […] Muere en su fe materialista. Muere encarecidamente perseguido como todo militante leal a la causa de la emancipación del proletariado […] Mariátegui, su memoria, su vida, su obra, pertenecen al proletariado. El reivindica para sí esta herencia. Sabrá defenderla de toda mitificación interesada, sabrá elevarla con el valor digno del hombre y del maestro […] Su vida es nuestro ejemplo, su obra, una inquebrantable afirmación, su cadáver, una protesta”.
La revista Amauta resumía el ideario socialista del marxista latinoamericano, agregada a la tradición y visión cosmogénica del indígena latinoamericano. No erigió la figura del indígena en el estudio económico-social, sino en el entorno de la lucha de clases; en el conjunto de contradicciones capitalistas de concentración latifundista y despojo bárbara de tierras. Con esa revista desempeño una labor pedagógica, aunada a reflexiones sobre el arte, la política y la tradición indígena latinoamericana. Abogó el compromiso de los sectores, magisteriales, intelectuales, para la construcción del porvenir de las naciones, bajo la indoblegable égida de la ideología del proletariado. Mariátegui jamás concibió el emplazamiento de su concepción de ser la clase obrera el motor de y para la revolución socialista.
José Carlos Mariátegui, jamás desplazo o relegó la función de conducción de ideología de la clase obrera y emplazo el papel de las demás clases sociales en el rol común de construcción hacia los programas socialistas en Latinoamericana. Concibió la formación y la disciplina socialistas como una mística. Estos dos presupuestos lo erigen como el pensador del Socialismo del Siglo XXI y/o socialismo latinoamericano, bolivariano y en el fundamento de la Teología de la Liberación en el impulso del Hombre Nuevo.
El examen médico para identificar si una persona padece de Covid-19 se realiza mediante un dispositivo que se llama hisopo, un instrumento delgado y alargado cuya punta es porosa, y que se introduce profundamente en las dos fosas nasales hasta llegar a la nasofaringe, en donde se raspa y se obtiene la muestra necesaria para confirmar o descartar el diagnóstico mediante un análisis de laboratorio posterior.
El problema está en que los hisopos escasean en todo el mundo debido a las restricciones y a la alta demanda, por lo que una solución es que se produzcan localmente. Precisamente, esa es la propuesta que impulsan en conjunto las facultades de Ingeniería y Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR), en alianza con laboratorios privados y con el acompañamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proceso, que por el momento todavía está en desarrollo y en continuo perfeccionamiento, incluye los siguientes pasos: un equipo de expertos de la Facultad de Ingeniería diseña varias opciones de hisopos que luego son enviadas a dos laboratorios dentales privados, XYZ Soluciones y Cleo Dental, que se han unido de manera solidaria a esta idea, para que por medio de impresoras 3D especiales elaboren los hisopos; una vez hechos, son enviados al Laboratorio de Virología y a la Sección de Servicio de Laboratorio de la Facultad de Microbiología para que sus especialistas realicen las primeras pruebas y se elijan los diseños que más se adecúan a las exigencias médicas.
Una vez que se obtengan los diseños finalistas, se enviarán a la CCSS para que sean sometidos a las pruebas correspondientes (ensayos preclínicos y clínicos) y las autoridades de salud puedan decidir cuál es el más idóneo.
Al llegar a esa última etapa, el país cuenta con la ayuda de varios laboratorios privados que ya le informaron a la UCR que están dispuestos a colaborar para masificar la producción de estos instrumentos. Esta sinergia entre el sector público y el privado es producto del trabajo de la Agencia de Promoción de Inversiones en Costa Rica (Cinde).
A la fecha el proceso se encuentra en el análisis de laboratorio que realiza la Facultad de Microbiología, por lo que todavía resta al menos un mes más para que inicie la producción masiva de los hisopos.
“Nosotros evaluamos que los hisopos sean lo suficientemente ásperos para raspar el epitelio (capas compuestas por células) en la nasofaringe, pero que no la lastime. Además probamos la capacidad que tienen para poder empacarse y esterilizarse antes de ser utilizados, por lo que medimos su resistencia al calor. Asimismo, estos dispositivos se quiebran una vez que se obtiene la muestra, para poder introducir su cabeza dentro de un tubo que contiene una solución con sales y proteínas para que se mantenga en buen estado hasta llegar al laboratorio, por lo que entonces evaluamos su flexibilidad y el límite de fractura que deben cumplir”, explicó el Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología y quien tiene una especialidad en bacteriología médica del Instituto Karolinska, en Suecia.
Por su parte, el estudiante de Ingeniería Eléctrica Jose Pablo Carballo Gómez, miembro del equipo técnico envuelto en este proyecto que incluye a la Ing. Cindy Torres de Ingeniería Química, Ing. Diego Dumani de Ingeniería Eléctrica y la Dra. Mavis Montero de la Escuela de Química, indicó que hicieron un estudio para identificar cuáles hisopos podían funcionar adecuadamente y llegaron a la conclusión de que la mejor opción son los que se pueden crear en impresoras 3D que usan un tipo de resina biocompatible, y que usualmente se utilizan en laboratorios dentales.
“Recurrimos a expertos en modelado 3D y programación para crear varios diseños de hisopos para después perfeccionar las propuestas y enviarlas a imprimir, entre ese grupo de personas están Francisco Quesada, Carolina Aguilar y Carlos Jenkins. Ellos además de los dos laboratorios dentales que nos ayudaron a imprimir en 3D, donaron su tiempo, los materiales y la realización de procesos especiales, como el lavado y fotocurado con temperatura, por ser un instrumento médico”, manifestó Carballo.
Finalmente, el decano de Ingeniería, Ing. Orlando Arrieta Orozco, aseveró que la UCR realiza el diseño de los hisopos, además de la validación del material y de los prototipos, la CCSS aprueba el diseño y al final empresas externas los fabricarían a mayor escala.
“Todo este conocimiento que genera la universidad pública existe gracias a la inversión que realiza el país en educación y es en situaciones de emergencia como la que vivimos hoy en día, que esta capacidad instalada y la calidad del recurso humano sale a relucir para enfrentar los retos que plantea esta crisis sanitaria, con soluciones basadas en la ciencia y mediante equipos de trabajo multidisciplinarios”, acotó Arrieta.
Hay que aclarar que las reuniones y encuentros de los investigadores para discutir los procesos que abarca este proyecto, se han llevado a cabo en su mayoría de forma virtual y tomando en cuenta todas las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, para proteger a las personas quienes integran esta iniciativa, pero que continúan trabajando para ofrecer a Costa Rica respuestas ante las necesidades que surgen durante la pandemia del Covid-19.
Otto Salas Murillo
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Contexto
Este período de enfrentamiento a la pandemia del Covid-19 nos ha revelado muchas verdades. Hemos tomado conciencia de que tenemos un sistema económico basado en la explotación de las masas, la acumulación de recursos, riqueza y la degradación del ambiente. Se han desnudado las limitaciones del modelo capitalista neoliberal de mercado que se desarrolla sobre las bases de la extracción, de la desregulación, la privatización y la fuerte contracción de los servicios sociales del Estado. Además, la etapa actual del capitalismo se caracteriza por la eliminación de los derechos de los trabajadores y el auge de multimillonarias corporaciones, empresas nacionales y transnacionales con un enorme poder de cabildeo e influencias políticas. Ese es el mismo modelo que azota nuestro país. Aquí esas empresas y corporaciones quieren mantener su presión sobre el Estado Costarricense para promover legislación y un camino de desarrollo conveniente a sus intereses y prioridades. Los ejemplos más recientes de este tipo de acciones en legislación y en el dictado de un camino son el plan fiscal, la ley anti huelgas, la legislación para despedir empleados, terminar contratos laborales y reducir jornadas, iniciativas todas recientemente aprobadas. También se elaboran planes de rescate que significan una enorme transferencia de riqueza y poder a los ricos de parte del resto de la población (mantener altas tasas en las tarjetas de crédito, condonar deudas con la CCSS). Todo esto ocurre bajo la excusa de que se está ayudando a la población ante la pandemia.
Las fuerzas del mercado y la propaganda no han podido enfrentar esta crisis a ningún nivel ni en ningún país. La verdad es que las instituciones públicas que creamos como país, antes de que se implantara el modelo neoliberal, son las instituciones que hoy nos han permitido palear la crisis de salud y servirán para enfrentar la crisis económica que se nos viene. En primer lugar la emergencia la hemos tenido que enfrentar esencialmente con fondos públicos y con dinero de los trabajadores. También encontramos al frente de esta lucha a instituciones públicas que esas corporaciones, el sector financiero y empresas privadas han tratado de debilitar y destruir durante varias décadas. Entre esas tenemos el ICE que ha colaborado de manera importante en transformar una estructura existente en la CCSS en un hospital especial para pacientes del Covid-19. También ha fortalecido y ampliado las comunicaciones y los servicios digitales para un más eficiente manejo de la crisis, incluyendo la ampliación de cobertura y comunicación en zonas indígenas. La CCSS y el MS son otras dos instituciones públicas que han eficientemente tomado el control de toda la emergencia de salud, con una organización, una infraestructura y un personal de alto nivel. La primera se ha encargado de coordinar todo el plan de trabajo y la segunda ha tomado en mayor medida el manejo de los pacientes y del seguimiento de los infectados. Sobre estas dos instituciones ha caído buena parte del trabajo generado por la pandemia. Otras instituciones como el CNP y la FANAL han trabajado con eficiencia en la fabricación y distribución de insumos de tipo médico. También en la promoción de la producción y distribución de alimentos. Las instituciones de educación superior (TEC, UCR, UNA) se han incorporado al trabajo con el diseño y fabricación implementos médicos y medicamentos para el autoabastecimiento de los mismos. El INA incentiva y produce alimentos para las instituciones de bien social. La CNE ha trabajado enormemente en la logística de las ayudas a todo nivel. Todo esto nos lleva a entender que las instituciones que han sido., aún hasta el día de hoy, atacadas por esas fuerzas neoliberales, son las que se han convertido en esenciales para hacer frente a la situación y darle respuesta a las necesidades primarias de los seres humanos que vivimos en este país.
Con este panorama claro y habiendo constatado día a día el trabajo de estas instituciones, los trabajadores y organizaciones sociales de este país tenemos un enorme desafío. A pesar de las amenazas, de la ley anti-huelgas, de la situación precaria, el pueblo en general debe decidirse a protestar contra el abuso de los empresarios de Uccaep, el capital financiero y contra las televisoras (canal 7), periódicos (La Nación) y las radioemisoras que los respaldan. Protestar desde su casa, su whatsapp, su acera, su calle, su vecindario, su pueblo, su cantón o su ciudad. Hay que exigir que se escuche al pueblo y que se atiendan nuestras propuestas y el camino que queremos. De esta crisis debemos volver no a lo mismo de antes, debemos volver a ser mejores, menos egoístas, más solidarios, más propositivos, más conscientes, más politizados y más proactivos para cambiar el modelo de Estado Neoliberal y rescatar de una vez por todas lo más valioso del Estado Social de Derecho.
El camino
Tenemos que imaginarnos un mundo y un país diferente. Los ciudadanos debemos, a partir de las lecciones aprendidas, orientar nuestras acciones y nuestra ahora exigida participación política para promover nueva legislación, nuevas acciones y el trazado de un nuevo camino para la sociedad costarricense. Debemos buscar una sociedad menos rica en dinero y posesiones para unos pocos, pero más rica en salud, educación, solidaridad, en soberanía, equidad, igualdad y paz para todos. Ya sabemos que eso es lo realmente importante. Para iniciar este nuevo camino debemos en primer lugar sacar a la mediocracia de nuestros empresarios, de los poderes ejecutivo, legislativo y hasta judicial (1-Deneault). El mediocre representa el promedio, ajustado a un estándar social, un conformado. Este es el distintivo de nuestro sistema social actual en donde el individuo debe ser promedio, ni muy incompetente como para ser disfuncional, ni tan competente como para llegar a tener una buena conciencia crítica. Aquí la invasión de las normas empresariales destruye a los individuos y los somete al sistema. Esta mediocridad reina en el personal de las empresas neoliberales así como en los niveles de autoridad de los poderes de la república. La mediocracia desmantela la soberanía del Estado a favor de las corporaciones multinacionales (1-Deneault).
No debemos tener un Estado reverente ante instituciones como el FMI y el BM, no podemos seguir con sus recetas de estabilización económica, pérdidas crecientes de empleos y menos gasto social, liberalización comercial unilateral, monocultivo, extractivismo y destrucción del Estado con la privatización de bienes públicos como la salud, la educación, la seguridad social y de vivienda y la inseguridad alimentaria, la destrucción de las recursos naturales, autoritarismo, corrupción y sobreendeudamiento (2-Cepal).
Para dirigir el Estado que necesitamos es hora de que los ciudadanos exijamos en los puestos de autoridad y liderazgo a las personas más competentes y mejor preparadas para esas tareas, y emprender un nuevo camino orientado al bien de la colectividad. Por esto y para esto necesitamos, no un Estado de mediocres y debilitado, como quieren los neoliberales cobijados en UCCAEP, sino un Estado fuerte, con poderes, y orientado a trabajar por esa colectividad, un Estado que tenga como centro de nuestro esfuerzo colectivo el ser humano y no el enriquecimiento de unos pocos. Esto lo tenemos que exigir a toda costa.
Los ricos y los poderosos en este país posiblemente se resistan a perder sus privilegios y todo lo que el neoliberalismo les ha dado, pero evidentemente sus opciones de mantener esos privilegios se han reducido sustancialmente, y se acoplan a la nueva etapa con dignidad e inteligencia o deberán forzadamente verse involucrados en fuertes enfrentamientos sociales a los que no quisiéramos tener que llegar.
Las tareas
Y hacia donde nos debemos dirigir. Lo que sigue es un esbozo de las muchas áreas y tareas a las que tenemos que abocarnos y que la ciudadanía consciente debe apoyar. Por ahora el gobierno intenta poner la carga de la crisis económica en el sector público y en soslayar conquistas sociales y económicas de muchos años. Los protegidos de UCCAEP saben que si no le cargan toda la factura al empleo público y a la reducción del gasto público (lo que ha hecho el gobierno hasta hoy) tendrán que pagar impuestos y contribuciones adicionales. Pero dinero para la enfrentar la crisis existe en muchos otros estratos como veremos más adelante, así como propuestas innovadoras.
Este nuevo camino y este Estado necesario, que los ciudadanos debemos ahora exigir desde cualquier trinchera, debe desarrollarse en diferentes frentes y en temáticas que profesionales dignos y muy competentes, en el sentido de Deneault, ya han propuesto a la comunidad nacional. Intentamos aquí ser congruentes con la idea de abolir la mediocracia de los empresarios y del Estado. Esbozamos a continuación esas propuestas que la ciudadanía debe exigir para establecer el nuevo camino según lo proponen esos competentes y dignos profesionales costarricenses.
Sistema de salud pública
El sistema de salud pública (Ministerio de Salud y CCSS) debe fortalecerse aún más. Será necesario iniciar un camino firme para lograr cerrar la evasión de pagos a esa seguridad social y continuar en la vía de disminuir y acabar con la morosidad. Organizaciones sociales como FRENASS (Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social) deben recibir el apoyo de todos los costarricenses. Debemos todos juntos frenar cualquier intento de privatización de los servicios de salud.
Privatizaciones y seguridad social
Las privatizaciones de lo público y lo estatal deben detenerse de inmediato. Instituciones claves no pueden ser privatizadas bajo ningún criterio (MS, CCSS, CNP, FANAL, RECOPE, JAPDEVA, MEP, universidades públicas, fuerza pública, investigación primaria, el transporte público, las ferias del agricultor). Debemos, además rediseñar y hacer más eficientes instituciones encargadas de redistribución de la riqueza, y de la promoción social (IMAS, PANI; INAMU, INDER; DINADECO, RECOPE).
Deuda política
La deuda política para el 2018 fue de 25.000 millones de colones. Se propone reducir en un 66% la deuda política para redestinar esa enorme cantidad de dinero en parte a la emergencia inmediata, pero también a otras acciones como el mejor resguardo de fronteras y de mares y otras prioridades de seguridad nacional (3-Barahona).
Economía
– Zonas francas y exoneraciones
Se ha indicado que el beneficio neto de las zonas francas fue de 3.179 millones de dólares anuales (2011 a 2015) que es cerca del 6% del PIB, y sobre eso NO PAGAN impuesto de renta, y desde Julio del 2019 tampoco pagan IVA. Se sugiere que un impuesto de 9% para las zonas francas -que parece inclusive ha sido recomendado por el OCDE Y el FMI-pondría buen dinero a disposición de las instituciones encargadas de la crisis, cerca de 286 millones de dólares (4-Ordoñez).
– Sistema financiero
Evidentemente tenemos una enorme necesidad de regular el sistema financiero para que los costarricenses no sigamos regalando los frutos del trabajo a los banqueros usureros. Nuevamente se indica de parte de profesionales del país que pongamos coto, para proteger a la población y la riqueza que generan los trabajadores, a las tasas de usura de las tarjetas de crédito, A octubre del 2019 los ticos le adeudan a los bancos y banqueros 1.4 billones de colones o sea un 4.51% del PIB. Es casi una obligación moral ponerle un impuesto de solidaridad a estos entes bancarios. Solo una baja al 38% en las tasas permitiría a los ciudadanos no endeudarse más y contar con 10.000 millones de colones mensuales para sobrevivir a esta crisis (4. Ordoñez)
Otros profesionales muy competentes del país han dado su aporte en el tema económico. En esas propuestas se dejan de lado los planteamientos de la ortodoxia económica, los cuales permanecen atrapados dentro de las redes de sus conocidos prejuicios ideológicos. Los planteamientos de la UCCAEP y sectores afines, sumamente cercanos a los de esa ortodoxia, no son considerados, dado el carácter estrechamente gremialista, el tono ideologizado y el énfasis negativo que les caracteriza. (5-Vargas). Se presentan propuestas con un tono innovador y constructivo, y que asumen una perspectiva amplia.
La economía local
Vargas sugiere un gran esfuerzo nacional y estatal para reducir al mínimo los efectos económicos de la crisis (preservar los empleos, apoyar de forma especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la economía social y solidaria, con apoyo a las personas pobres y más vulnerables, y a quienes se quedan sin empleo. Ese esfuerzo implica:
– elaborar con rapidez un programa de recuperación de la economía y el empleo
-También se propone crear un Fondo Nacional de Solidaridad Social para atender y aliviar los efectos sociales y humanos del desplome de la economía. Para esto se pide: aprovechar la baja de precio de los hidrocarburos trasladando esos dineros al fondo de solidaridad, unos 7000 millones mensuales. Adicionalmente se propone un recargo temporal solidario (gradual y progresivo), un impuesto sobre la renta a ingresos del trabajo como a ganancias de capital, impuesto a casas de lujo y automotores (se estima en 20 000 millones anuales). Además, se incluye el programa proteger al que irían los dineros indicados en los puntos anteriores. (5-Vargas).
A nivel internacional se propone de manera agresiva acceder a diversos organismos internacionales con financiamiento en condiciones muy favorables, así como el postergar pagos de la deuda externa, todo esto para auxiliar a las personas y mantener estabilidad cambiaria. Igualmente se podría postergar el pago de intereses de la deuda interna. (5-Vargas)
Pago de intereses y ahorro
Se propone la intervención del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda pública para reducir las tasas de interés de los bonos del gobierno y liberar recursos para aliviar la situación fiscal y financiar tareas más urgentes. Reducir las tasas en 3 o 4 puntos significaría un ahorro de cerca de 600 mil millones de colones al año. (5-Vargas)
Producción de alimentos
Para eliminar el maltrato constante y mal intencionado contra el productor nacional, Vargas plantea que en este momento de crisis es impostergable el poder contar con alimentos sin depender tanto de los mercados extranjeros. Este apoyo estaría reforzado por un CNP orientado a comprar y redistribuir parte de esa producción nacional. Parte de los recursos financieros que se logren en el extranjero se destinarían a crear un fondo de subsidios (se sugiere unos 50 mil millones de colones) a pequeños productores para promover la producción alimenticia, así como promover la producción de alimentos básicos, agrícolas, pecuarios y de mar. Esto requeriría readecuar deudas de los productores, garantizar canales de comercialización de productores a consumidores, sin los distorsionantes intermediarios, garantizar el acceso a los insumos requeridos para el normal desenvolvimiento de la producción, y finalmente que el Estado garantice la compra directa, por medio del Consejo Nacional de la Producción. Una parte de la producción (podría ser alrededor de un 20%), se entregará como subsidio alimentario a las familias más pobres. (5. Vargas)
También se incluye en las propuestas de nuestros competentes profesionales un Programa de recuperación económica que implica un:
Compromiso patriótico: acordar un ambicioso programa de recuperación económica para recuperar la economía y el empleo,
Fondos externos: de los recursos provenientes de fuentes de financiamiento externo a las que se pueda recurrir, más los fondos ya disponibles (incluidos los $1.500 millones obtenidos mediante la emisión de eurobonos) y una vez cubiertas las necesidades perentorias, se reservarán los recursos posibles para financiar un amplio programa de inversión pública (4-5% como proporción del PIB).
Acuerdo nacional: en la ejecución de obra pública, se debe avanzar en un gran acuerdo nacional, que permita simplificar al máximo los procesos y trámites, incluyendo un compromiso explícito, tanto por parte del sector público como del privado, para no interponer obstáculos a esos procesos.
Prioridades: se priorizarán proyectos de fácil ejecución que generen muchos empleos y que de manera explícita procuren incorporar a las mujeres y favorecer las regiones más empobrecidas y rezagadas del país. Por ejemplo, para la reparación, ampliación y mejora de centros educativos; clínicas y dispensarios de salud; reparación de calles, carreteras, aceras, puentes, parques y espacios públicos, entre otras posibilidades (5. Vargas).
A largos plazos: tener un amplio programa para relanzar la infraestructura y la productividad, con prioridades en áreas como: energías alternativas; acueductos; transporte público; tratamiento de aguas residuales y recuperación de ríos contaminados; fibra óptica; un programa nacional de vivienda que, mediante avales y subsidios, le dé acceso a casa propia a familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo del percentil 70; laboratorios de investigación en universidades públicas, comprometidos con la generación de conocimiento y tecnologías que favorezcan a micro y pequeñas empresas, cooperativas, emprendimientos sociales y solidarios y, en general, empresas de capital nacional. (5. Vargas)
La estructura de impuestos y la situación fiscal
Si realmente existe el propósito de que el reparto sea justo y equitativo, para ello debemos recurrir a un esquema progresivo de impuestos y subsidios, mediante un recargo temporal a algunos impuestos, y, quizá, la aplicación transitoria de otros tributos actualmente inexistentes. Que los recargos tributarios sean progresivos significa una cosa: lo pagarán quienes puedan pagarlos, y pagarán más quienes más capacidad de pago tengan, sin hacer ningún distingo entre lo público y lo privado. Se enfatizarán los ingresos, rentas y patrimonios personales y familiares, y solo accesoriamente la actividad empresarial. (6. Vargas)
Además, dentro de una reforma tributaria progresiva que alimente un Fondo Nacional Solidario y algunas otras necesidades urgentes debemos incluir:
– Recargo progresivo a los salarios netos suficientemente elevados, tanto en el sector público como en el privado. Podría ensayarse una escala progresiva de este tipo: 5% por encima de ₡1,5 millones mensuales; 10% por encima de ₡2,5 millones; 15% por encima de ₡5,0 millones; 20% por encima de ₡6,0 millones; 25% por encima de ₡10,0 millones.
– Recargo del 10% en el impuesto sobre la renta a empresas grandes (el cual, lo pagarán solo las empresas que tengan ganancias.
– Recargo progresivo al impuesto sobre rentas y ganancias de capital. Podrían establecerse cuotas marginales en el orden del 20, 25 y 30%, para montos lo suficientemente elevados, de modo que los pequeños ahorristas y propietarios queden protegidos.
– Incremento de un 50% en los impuestos de consumo sobre bebidas alcohólicas, cigarrillos, perfumes importados, u otras formas de consumo suntuoso o prescindible.
– Incremento temporal, durante el año 2020, del impuesto sobre autos de lujo, o cualquier otro tipo de vehículo de transporte (yates, helicópteros, etc.) de tipo suntuario. Podría ensayarse una escala de este tipo: 5% por encima de ₡10 millones; 7,5% por encima de ₡20 millones; 10% por encima de ₡50 millones.
– Incremento temporal, durante 2020, del impuesto sobre casas de lujo. Por ejemplo: un incremento del 50% en todas las tasas actualmente vigentes de este impuesto, para casas cuyo valor exceda de ₡1.978 millones de colones, cuya tasa hoy día es del 0,55%, pagarían un 0,825%).
– Impuesto del 0,5% sobre cualquier transacción en divisas (a fin de desestimular la exportación de capitales). (5. Vargas).
Energía
El bajo precio del petróleo no debe ilusionarnos. Hay que reemplazarlo como combustible y paulatinamente pasar a los vehículos eléctricos y de otras energías alternativas. El cambio debe impulsar el transporte público, importar buses eléctricos o de energías alternativas y si las empresas privadas, no pueden o no quieren, las rutas se pueden concesionar a cooperativas o gobiernos locales. También hay que recordar que el asfalto es derivado del petróleo, de tal manera que podríamos nacionalizar el cemento para construir calles y carreteras de cemento generando trabajo y desarrollo local.
ICE
Es imperante fortalecer al ICE en sus ámbitos de generación de energía y telecomunicaciones Es hora de liberarlo de las amarras de contratos leoninos que le obligan a comprar a las generadoras privadas a precios de capricho, sin necesidad. Debemos, además, permitirle que participe en la construcción de obras pública como en el caso de Cenare. La investigación en y la producción de energía renovable debe ser respaldada ampliamente.
¿Y Cómo organizar todo esto?
Dijimos en el inicio que todo lo propuesto debe ser apoyado desde la ciudadanía consciente y organizada, para obligar al gobierno. Es la ciudadanía organizada desde lo local, lo provincial y nacional la que debe exigir al gobierno sobre estas propuestas para reconstruir el país. La lucha del TLC y lucha contra el combo del ICE nos enseñó que debemos articular el tejido social, pero no al nivel de acuerdos de cúpulas de movimientos sociales (sindicales, ecologistas), sino articulando los movimientos desde las necesidades locales, buscando reunir la institucionalidad pública desde lo local sin depender de las élites políticas y económicas (7. Castro).
El gobierno tiene el deber de escucharnos, pero primero tiene la palabra el pueblo de Costa Rica.
Económico urgente frente a la crisis del Covid.19.
A estas propuestas podemos agregar contribuciones de otros profesionales dignos que sean diferentes a la línea de gobierno y fuera del paradigma neoliberal.
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La emergencia del COVID-19 en Costa Rica ha obligado a paralizar la economía del país, como consecuencia de la medida gubernamental de distanciamiento social y la disminución de la circulación de personas, bienes y servicios.
Esta condición tiene efectos positivos y negativos inmediatos, de mediano y de largo plazo. En consecuencia, deben formularse políticas nacionales para cada uno de esos momentos.
El VIGIA, espacio radial de la Escuela de Planificación y Promoción Social -EPPS-UNA, convocó este 15 de abril de 2020 por medio de la plataforma ZOOM (Internet) al equipo de académicos de la Maestría en Planificación, que brindaron sus aportes desde la planificación para atender los efectos inmediatos y posteriores a la emergencia nacional, que enfrenta el país a causa de la pandemia provocada por la enfermedad coronavirus covid-19 en Costa Rica.
En este espacio se conversó en torno a los efectos y las soluciones que puede aportar la planificación, ante la crisis económica inmediata que generó el aislamiento social por situaciones del COVID-19. “(…) Hemos considerado que la situación que hoy se nos presenta nos agrava aún más la temática del país, por lo tanto, hemos querido desde la planificación, hacer en primera instancia un análisis del tema y posteriormente intentar hacer una propuesta de lineamientos de acción. Nada definitivo porque sabemos que esto surge en un momento complicado, con poco conocimiento del virus, de la temporalidad en la cual debemos estar actuando y las consecuencias que un virus como este puede generar en la salud (…)”, expuso el director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, M.Sc Ángel Ortega Ortega.
En la propuesta elaborada por los profesores e investigadores: Gonzalo Ramírez Guier, Ángel Ortega Ortega, Giovanni Rodríguez Sánchez, Alejandra Ávila Artavia, Juan Carlos Mora Montero y José Ángel Castro Granados, se expusieron los posibles escenarios en los que se puedan incidir a nivel nacional, con una mirada desde las diversas disciplinas científicas y con una visión a largo plazo, que contribuya a visualizar la sostenibilidad social y económica de Costa Rica.
“El crear un modelo de construcción de escenarios nos permite visualizar, que en este momento estamos muy saturados de información, es decir, la cantidad de información que llena las redes sociales y los grupos de chats es demasiada y esto puede llegar a dificultar la tomar de decisiones. La información juega un papel importante ante el análisis de esta situación, ya que el uso de información falsa o alterada puede hacernos construir escenarios no adecuados, explicó, Juan Carlos Mora, quien indicó que se debe tener en cuenta que los aportes compartidos con el gobierno y la sociedad, tienen como propósito impedir los peores escenarios que podría sufrir el modelo de desarrollo costarricense como consecuencia de la pandemia; como es el caso directo de la generación de más pobreza, el deterioro de la distribución del ingreso y las desigualdades regionales.
Para Mora, en la propuesta se indica que en el sector externo hay que reconstruir los vínculos económicos externos del país, de esta manera, promover más inversiones, con ello, poder unirnos a sus cadenas de valor y beneficiar a las Mipymes locales. También, se propone gravar la renta de las zonas francas con una tasa moderada, la renegociación de nuestra deuda pública y gestionar donaciones o un crédito internacional inmediato para ser pagado a largo plazo.
… “Es como pensar en medio de un incendio que uno anda con los zapatos sucios” … expresó, Gonzalo Ramírez, director de la Maestría de Planificación, al referirse en cuanto a que la preocupación actual no debe ser la estabilidad monetaria, tener la inflación en niveles muy bajos y controlados, en lograr un equilibrio fiscal; porque la realidad en el tema económico actual es diferente, dado que se ha afectado directamente la economía, pero, también la dimensión social y humana a causa de una epidemia inesperada. Lo social es sumamente importante y prioritario, por ello, se ha paralizado la economía nacional para tratar de proteger la salud de la población.
Para Ramírez, es necesario un relanzamiento de la oferta interna, principalmente dar apoyo al desarrollo del sector agrícola y de manufacturas, mediante una inversión nacional privada en el sector y fortalecimiento de centros de generación de valor agregado. Asimismo, expresó que es de suma importancia proteger y fortalecer la infraestructura turística, proponiendo incrementar el consumo turístico de los costarricenses con precios más accesibles. También se hizo referencia a los procesos educativos, en donde se sugieren implementar acciones de corto plazo para darles continuidad, y sobre la necesidad de promover la innovación y emprendimientos en el país.
En temas de relanzamiento de la demanda nacional, se expuso que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se tomen acciones ante los despidos del personal en el sector público, zonas francas, empresas transnacionales, entre otras: “ Es necesario, mejorar los procesos de administración pública, ampliar la base y aumentar los impuestos sobre ganancias de capital, apoyar la contribución solidaria sobre los salarios superiores a 1,5 millones de colones, congelar la aplicación de la Regla Fiscal por el tiempo que sea necesario”, comentó Ramírez Guier, quien agregó, que sobre la política monetaria y crediticia se está hablando en diversos espacios de abandonar el enfoque exclusivo en la estabilidad monetaria, por lo que la propuesta de EPPS-UNA, busca invertir en la obra pública generadora de empleo para el refuerzo del apoyo social, especialmente, en las zonas costeras por haber disminuido el turismo, asimismo, bajar la tasa política económica y flexibilizar las condiciones para el acceso a crédito desde la Banca de Desarrollo, para ayudar al sector de microempresas de servicios, comercio, turismo y producción.
Alejandra Ávila Artavia, comentó que: “Estamos acostumbrados a identificar las necesidades de los más pobres, pero no necesariamente las necesidades de la clase media, ni siquiera tenemos una institucionalidad para ello. No sabemos dónde ubicar estas familias que están teniendo estas nuevas necesidades y probablemente por eso se están viendo más afectados en sus empleos. Es importante canalizar ayudas a este sector particularmente. El ensanchamiento de la brecha social que se está generando ante esta coyuntura, afecta directamente a la caída de la clase media en el país y se da el nacimiento de los nuevos pobres”.
Ávila explicó, es relevante valorar el fortalecimiento urbano con relación a la gobernanza hacia los territorios, dado que este momento las regiones están siendo particularmente afectadas, por lo hay que atender las necesidades de estas, por ello, el gobierno debe actuar como un gran promotor social: “ En temas de política social se habla que es de suma importancia que el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) continúe atendiendo a todas esas familias en que su condición económica cambió ante esta emergencia del COVID 19”, mencionó la académica, quien agregó, que en la propuesta elaborada, se plantea de la necesidad de una política social muy activa, ya que es un imperativo a la reactivación económica, así como que el Estado priorice garantizar servicios básicos: alimentación, agua y vivienda a la población, así como atención a la población migrante en condición irregular, que en su mayoría son trabajadores en las empresas agrícolas.
Como parte del programa radial, los académicos expusieron, que, en cuanto a la implementación de la estrategia, es necesario tener claridad de que el IMAS cubre una población determinada, la cual es atendida desde su estructura de gestión regular y a través de programas ya establecidos. En este sentido, para que el IMAS pueda contribuir en la operacionalización de la estrategia de emergencia, es necesario separar la población actualmente atendida, de aquella constituida por las nuevas familias que deberán ser cubiertas con la política social temporal. Esto permitirá visualizar con mayor certeza la nueva población a atender y darle servicios específicos más adecuados a sus circunstancias.
Los académicos, reafirman que, para efectos de mayor control y eficiencia del gasto de atención de emergencia, se debe crear el Fondo Nacional para el Manejo de la Emergencia COVID-19, administrado por uno de los Bancos Estatales y en donde ingresen todos los recursos movilizados para la atención de la crisis, incluso las donaciones de origen privado.
Se propone crear una Comisión Nacional para la atención de la crisis, con amplia capacidad ejecutiva (incluso debería considerarse la pertinencia de nombrar un ministro ad hoc), con una estructura operativa descentralizada, para cada uno de los 82 cantones del país, desde donde se detecten, organicen y capaciten todas las familias que por razones de la crisis se encuentran en una condición de vulnerabilidad económica o social. Esto se considera pertinente por cuanto la población que mayor impacto sufrirá a partir de hoy, es aquella informal o autoempleada y pobre, que, dada la disminución o paralización de la liquidez, se ha quedado sin sus fuentes normales de ingresos. Esta es una población identificable por parte de los gobiernos locales, el IMAS, la CCSS o el Ministerio de Hacienda a través de Tributación Directa. El papel de las municipalidades es clave en este ejercicio de descentralización local de las acciones de política social de emergencia.
Las personas académicas de la Escuela de Planificación y Promoción Social, consideran que las repercusiones de esta crisis tendrán efecto en el largo plazo. De ahí, que el país deberá enfrentar grandes retos y un probable deterioro en los ingresos y la calidad de vida de amplios sectores, y para ello contaremos con escasos recursos. La coyuntura socioeconómica aún antes de la crisis no era favorable.
En esas circunstancias, es necesario más que nunca contar con una visión estratégica y un Plan Nacional de largo plazo, porque la asignación de recursos tendrá que ser cuidadosamente orientada a la obtención de objetivos que también deberán ser definidos después de un proceso prospectivo muy riguroso. Esta construcción estratégica no puede lograrse eficazmente si no es con la participación real de amplios sectores de la sociedad. Quienes participaron en la elaboración de la propuesta han ofrecido integrar un grupo de trabajo junto a MIDEPLAN para el propósito señalado.
Según los planificadores de EPPS-UNA, en concordancia con la necesidad de elaborar dicho Plan Nacional; este debe expresar metódicamente intereses y objetivos estratégicos ampliamente compartidos, debe considerarse la necesidad de descentralizar la toma de decisiones y dar énfasis y acompañamiento a las instancias regionales, cantonales y locales de planificación y organización, incluyendo desde las municipalidades y los concejos distritales hasta las organizaciones de sociedad civil más diversas.
Desde la Universidad Nacional, y desde la Maestría en Planificación de la Escuela de Planificación y Promoción Social, sus voceros ratifican su incondicional compromiso con la comunidad nacional, de trabajar sin descanso en la transformación de esta crisis en un futuro de desarrollo, oportunidades y prosperidad para todos y todas.
ENLACE A LA PROPUESTA COMPLETA:
https://www.facebook.com/notes/epps-una/covid-19-epps-una-efectos-y-soluciones-a-nivel-pais-aportes-desde-la-planificaci/3013669592033459/
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http://www.epps.una.ac.cr/index.php/noticas-y-eventos/303-covid-19-epps-efectos-y-soluciones
Por: Efraín Cavallini Acuña. Académico EPPS-UNA
María Laura Jiménez Villalobos. Estudiante EPPS-UNA
UNDECA desde el inicio de la pandemia, hizo las gestiones para que se reconociera como un riesgo de trabajo la incapacidad por Covid-19. El día de hoy presentamos un nuevo reclamo ante la Junta Directiva de la CCSS, en tutela de los intereses de todo el personal de la institución, que están cumpliendo un papel determinante, de primer orden, en la atención sanitaria de la situación tan aciaga que estamos viviendo por este virus tan letal.
A las personas trabajadoras, que mediante una medida sanitaria se ordena su aislamiento domiciliar (cuarentena obligatoria), porque con ocasión del desempeño de sus labores, han tenido contacto con un paciente o compañero de trabajo diagnosticado positivo por coronavirus, y que, en definitiva, no resulte positivo por aquella enfermedad, se les tramita una incapacidad común, a cargo de la CCSS.
El servidor no solo sufre un menoscabo emocional por la incertidumbre y la desgastante espera, sino que producto de esta incapacidad, se les reconoce el pago de un subsidio que, desafortunadamente, implica una reducción proporcional del aguinaldo, el salario escolar y las vacaciones.
UNDECA solicitó a la Junta Directiva un transitorio al artículo 46 de la Normativa de Relaciones Laborales, o que disponga un acuerdo para evitar esta afectación patrimonial, de forma que, en lugar de una incapacidad se reconozca los días de aislamiento sanitario como una licencia.
Los y las trabajadoras de la Caja diariamente ejercen su labor con dedicación y valentía, a pesar de la amenaza potencial de contagio con el mortal virus, por lo que es completamente justo y merecido el beneficio solicitado.
San José, 21 abril 2020
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Este jueves 23 de abril se llevará a cabo el conversatorio (en línea): «Violencia de género en época de confinamiento» en el cual mujeres expertas en derechos humanos y violencia de género de países de Iberoamérica, debatirán sobre el aumento de violencia durante la época de coronavirus en la región.
Imagen de portada ilustrativa, UCR.
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