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Autor: María José Ferlini Cartín

Voz experta UCR: Las personas adultas mayores frente a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Escrito en . Publicado en Derechos.

Reflexión sobre la necesidad de apoyar el uso de las TIC en esta población, una realidad evidenciada por el COVID-19

Ph. D. María Dolores Castro Rojas, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)

Ph. D. María Dolores Castro Rojas.

A partir del Decreto Ejecutivo 42227-MP-S que declara Estado de Emergencia Nacional por efecto de la pandemia producida por el virus COVID-19 se emiten directrices para disminuir el contagio de la población mediante el distanciamiento físico de las personas. Simultáneamente, se implementó el uso de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)  para facilitar acciones y servicios tales como telemedicina, aprendizaje en línea, trabajo remoto en instituciones públicas privadas.

En la transición para incorporar las TIC en casi todos los aspectos de la vida cotidiana y laboral existen diversos niveles de celeridad y complejidad. Se han señalado brechas en el acceso y uso de las TIC en función del nivel socioeconómico de personas estudiantes del sistema de educación formal. Sin embargo, poco se ha hablado de la brecha digital en función de la edad.

En el 2011, según datos del INEC al 2012, en el país solo el 14 % de las personas entre 65 y 74 años utilizaban Internet. Un dato aún más interesante es que en ese año únicamente el 50 % de las personas mayores que tenían acceso a TIC, es decir, que tenían computadora, laptop, teléfono celular y conexión a internet las utilizaban en su vida cotidiana. La brecha en relación con la edad va más allá del acceso.

El Programa de Institucional de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la UCR (Prosic-UCR) indica que para el 2017 en hogares con solo mayores de 65 años, únicamente el 18,6 % contaba con computadora, el 27,4% tenía acceso a internet y el 70,4 % contaba con teléfono móvil, también se señala que para ese grupo de edad la brecha digital es la más grande y la más constante en el periodo entre 2010 y 2017. El país ha logrado reducir en alguna medida las brechas por nivel socioeconómico y por género, pero la brecha digital por edad se mantiene constante.

Además de la dificultad de acceso se identifican otros factores que obstaculizan el uso de las TIC por parte de las Personas Mayores: 1) limitaciones en funciones motoras y cognitivas, 2) resistencia a aprender sobre las TIC y utilizarlas debido a experiencias de aprendizaje negativas en el pasado y 3) apoyo inadecuado por parte de familiares y amigos para el aprendizaje (Prosic-UCR, 2010).

Investigaciones previas (Castro-Rojas, 2018) han evidenciado que la resistencia a aprender y a utilizar las TIC se relaciona con la falta de experiencia con TIC, emociones negativas asociadas al proceso de aprendizaje de las TIC particularmente miedo y vergüenza, y restricciones para recibir apoyo individual por parte de familiares, amistades y personas facilitadoras. Asimismo, durante los procesos de aprendizaje TIC las Personas Mayores deben lidiar con estereotipos que les presentan como incapaces de aprender nuevos contenidos en general y de aprender sobre las TIC en particular.

Si se considera que el uso de TIC tiene el potencial para apoyar a las Personas Mayores en aspectos como: facilitar la actividad física, promover la actividad cognitiva mediante el proceso de aprendizaje de las TIC, el entrenamiento cognitivo, procesos de aprendizaje en general, y la participación e interacción social; el no tener acceso y no saber cómo utilizar las TIC en la vida cotidiana claramente tiene consecuencias negativas en el bienestar de las Personas Mayores.

Esto es particularmente importante en el contexto del COVID-19 en el cual no hay posibilidades de que las Personas Mayores subsanen sus necesidades de actividad física, aprendizaje y contacto social mediante recursos presenciales tradicionales. Por ejemplo, las Universidades Públicas han suspendido las actividades presenciales con Personas Mayores durante el I semestre 2020.

«Durante los procesos de aprendizaje TIC las Personas Mayores deben lidiar con estereotipos que les presentan como incapaces de aprender nuevos contenidos en general y de aprender sobre las TIC en particular».

Esta coyuntura devela con mayor urgencia la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias que permitan a las personas mayores utilizar las TIC en su vida cotidiana. Este desafío requiere el compromiso y participación de Instituciones como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones que en 2019 inició el diseño de un programa de alfabetización digital de la Persona Mayor, Universidades Públicas, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, entre otras. Particularmente requiere el esfuerzo de docentes de Personas Mayores, familiares y redes cercanas para motivar y sostener el uso de las TIC.  Algunos principios que podrían guiar el diseño de esas estrategias son los siguientes:

-Organizar las actividades de aprendizaje alrededor de temas interesantes y necesarios para las personas mayores. Por ejemplo, realización de actividad física o interacción social.

-Animar la participación individual y apoyar sistemáticamente un ambiente de aprendizaje colaborativo.

– Apoyar la interacción social y la creación de redes sociales entre las personas participantes.

-Facilitar espacios para explorar y reflexionar sobre las emociones y los estereotipos asociados a las personas mayores como aprendices TIC

-Ofrecer un sistema sostenido de apoyo para el aprendizaje

-Proveer recursos para apoyar funciones cognitivas que declinan con la edad.

-Desarrollar una amplia perspectiva sobre las TIC y enlazar la oferta de dispositivos y aplicaciones con las necesidades individuales de las Personas Mayores

-Proveer un ambiente de aprendizaje seguro en el cual las experiencias y conocimiento de las Personas Mayores sean respetados

-Incluir en las estrategias de enseñanza-aprendizaje recursos apropiados para que familiares, amigos y docentes apoyen a las Personas Mayores en el aprendizaje de TIC

-Promover la independencia y la autonomía en el uso de las TIC por parte de las Personas Mayores

-Definir un perfil de persona facilitadora que se adapte a las necesidades e intereses de las Personas Mayores

Cada principio debe operacionalizare en facilidades de aprendizaje específicas que permitan reducir la brecha digital de las Personas Mayores en todos sus niveles: acceso, uso y beneficios y combatir la exclusión digital de esa población.

 

María Dolores Castro Rojas
Docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Llamado nacional para la protección de animales silvestres – caso RUTA 32

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Llamado para las comunidades, ADI, ONG, personas de la región del Caribe y de la ruta 32

Hacemos un respetuoso llamado, en especial al SINAC-MINAE de la región AcTO (quién mostró interés en este asunto), las comunidades, ONG, ADI, etc., de la zona, para que todas y todos nos hagamos responsables del seguimiento de la construcción de los pasos de fauna aéreos y subterráneos de la ampliación de la Ruta 32, ni qué decir, por supuesto, de los pasos para peatones, islas buses, etc., por parte de la empresa china CHEC.

Agradecemos una vez más a Adolfo Artavia, pues con cuya investigación realizada en la Ruta 32, se han logrado muchos avances para que se tomara en cuenta la construcción de estos pasos de fauna. Queda que estemos todas y todos pendientes del avance de los mismos.

Igualmente, debemos de pedir que se construyan más pasos de fauna en las rutas ya construidas a nivel nacional y las nuevas, como las ampliaciones.

Exigir a Globalvía, la construcción de pasos de fauna aéreos y subterráneos y en la ampliación de la carretera San Ramón-San José; no queremos seguir viendo la vida silvestre masacrada y los corredores biológicos violentados por carreteras, conductoras y conductores que viajan a velocidades no permitidas.

Somos todos y todas responsables por el bienestar de los animales, en este caso los silvestres. Tenemos convenios internacionales para la protección de la biodiversidad, pero no los cumplimos.

Ma. Elena Fournier S.
Comisión Vías y Vida Silvestre, CVVS.
(Fundación Ambio, Comité ambiental Miramar, Asoc. Conservacionista YISKI, RVS H. Barú, otros).

730-UE-DRA-RN32-010-2020-0730-563Descarga

Imagen ilustrativa: https://www.researchgate.net/

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Democratizar, desmercantilizar, descontaminar… manifiesto ante la crisis

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Manifiesto firmado por 3.000 investigadoras e investigadores de 600 universidades de todo el mundo

¿Qué nos ha enseñado esta crisis? En primer lugar, que los seres humanos en el trabajo no pueden ser reducidos a meros “recursos”. El personal médico y farmacéutico, el personal de enfermería, de reparto, de caja… todas esas personas que nos han permitido sobrevivir durante este período de confinamiento son la viva muestra de ello. Esta pandemia ha revelado también cómo el trabajo en sí tampoco puede reducirse a mera “mercancía”. Los servicios de salud, atención y cuidados a colectivos vulnerables son actividades que deberíamos proteger de las leyes del mercado. De no hacerlo, correríamos el riesgo de acentuar aún más las desigualdades, sacrificando a las personas más débiles y necesitadas. ¿Qué hacer para evitar semejante escenario? Hay que permitir a los y las trabajadoras participar en las decisiones, es decir, hay que democratizar la empresa. Y hay también que desmercantilizar el trabajo, es decir, asegurar que la colectividad garantice un empleo útil a todas y todos. En este momento crucial, en el que nos enfrentamos al mismo tiempo a un riesgo de pandemia y a uno de colapso climático, estas dos transformaciones estratégicas nos permitirían no sólo garantizar la dignidad de cada persona, sino también actuar colectivamente para descontaminar y salvar el planeta.

Democratizar

Mientras quienes podemos permanecemos confinadas, los (y especialmente, las) que forman parte del personal esencial, en particular las personas racializadas, migrantes y que trabajan en la economía informal, se levantan cada día para prestar servicio a los y las demás. Ellas son prueba de la dignidad del trabajo y de la ausencia de banalidad de su función, y demuestran un hecho clave que el capitalismo, en su afán por transformar a los seres humanos en meros “recursos”, intenta siempre invisibilizar: sin personas dispuestas a invertir su trabajo, no hay producción ni servicio que valga.

Por otra parte, los confinados (y, en especial, las confinadas) están movilizando todo lo que está en su mano para lograr, desde sus domicilios, mantener la actividad de sus organizaciones, demostrando así de forma masiva que quienes suponen que la gran preocupación de un empresario debe ser no perder de vista a un trabajador indigno de confianza para controlarlo mejor, están profundamente equivocados. Cada día, los y las trabajadoras evidencian que no son una “parte interesada” cualquiera de la empresa: son su parte constitutiva. Sin embargo, se les niega aún con demasiada frecuencia el derecho a participar en el gobierno empresarial, monopolizado por quienes aportan capital.

Si nos preguntamos seriamente cómo podrían las empresas y la sociedad en su conjunto expresar su reconocimiento hacia los y las trabajadoras, parece evidente que tendría que aplanarse la curva para las remuneraciones más altas e iniciarse esta desde un nivel más alto para el resto, pero dichos cambios no serían suficientes. Del mismo modo en que, después de las dos guerras mundiales, se otorgó el derecho de voto a las mujeres en reconocimiento de su contribución al esfuerzo de guerra, hoy resulta injustificable negarse a la emancipación de los y las inversoras de trabajo, y al reconocimiento de su ciudadanía en la empresa. Se trata de una transformación absolutamente necesaria.

En Europa, la representación de quienes invierten su trabajo en la empresa comenzó a establecerse por medio de comités de empresa al acabar la Segunda Guerra Mundial. Pero estas “cámaras” de representación de los y las trabajadoras se han quedado en órganos muy débiles, dependientes de la buena voluntad de los equipos de dirección designados por el accionariado. Estas cámaras han sido incapaces de bloquear la dinámica propia del capital, que busca acumular para sí mismo mientras destruye el planeta. Estas cámaras de representación de los y las trabajadoras deberían en lo sucesivo ser dotadas de derechos similares a los de los consejos de administración, con el fin de someter el gobierno empresarial (es decir, la dirección al más alto nivel) a un sistema de doble mayoría.

En Alemania, Países Bajos y los países escandinavos, las diferentes formas de cogestión o codecisión (Mitbestimmung) que se pusieron progresivamente en marcha después de la Segunda Guerra Mundial representaron una etapa crucial, pero aún no basta para generar una verdadera ciudadanía en la empresa. Incluso en Estados Unidos, donde el derecho de sindicalización ha sido vigorosamente combatido, surgen hoy voces que piden otorgar a quienes invierten en trabajo el derecho de elegir representantes que cuenten con una mayoría cualificada en el seno de los consejos de administración. Nombrar al director (o, mejor aún, a la directora) general, decidir sobre la estrategia empresarial o sobre cómo se reparten los beneficios, son todas ellas cuestiones demasiado importantes como para ser dejadas exclusivamente en manos de la representación accionarial. Quienes invierten en la empresa su trabajo, su salud y, en definitiva, su propia vida, deben tener asimismo la posibilidad de validar colectivamente tales decisiones.

Desmercantilizar

Esta crisis ilustra también hasta qué punto el trabajo no debería tratarse como mercancía. La crisis demuestra que no podemos dejar decisiones colectivas tan importantes en manos de los mecanismos del mercado. La creación de puestos de trabajo en los sectores de cuidados y de atención primaria, o el abastecimiento de material y equipos de emergencia llevan años sometidos a la lógica de la rentabilidad, y esta crisis no hace sino sacarnos del engaño. Nuestras decenas de miles de fallecidos nos recuerdan que hay necesidades colectivas estratégicas que debieran quedar inmunizadas ante la mercantilización. Quienes aún afirmen lo contrario son ideólogos que nos ponen a todos en grave peligro. La lógica de la rentabilidad no puede decidirlo todo. Al igual que ciertos sectores han de protegerse de las leyes del mercado no regulado, también ha de poder garantizarse a cada cual un trabajo digno.

Manifiesto global

Este manifiesto, firmado por 3.000 investigadores de 600 universidades de todo el mundo, es publicado en forma simultánea por medios de 27 países. Además de la diaria lo publicaron en América Latina Folha de São Paulo (Brasil), Ámbito (Argentina), El Comercio (Perú) y en América del Norte Boston Globe (Estados Unidos). En Europa fue publicado, entre otros, por Le Monde (Francia), Die Zeit (Alemania), Il Manifesto (Italia), Público y El Diario (España). En África lo publicó Média24 (Marruecos), en Oceanía The Guardian (Australia) y en Asia Made in China Press, South China Morning Press y The Wire (India).

Una forma de alcanzar ese objetivo es mediante una garantía de empleo, que ofrezca la posibilidad a cada ciudadano y ciudadana de tener un empleo. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra el derecho al trabajo, a un trabajo libremente elegido, a condiciones de trabajo justas y satisfactorias, y a una protección contra el desempleo. En este sentido, la garantía de empleo permitiría no sólo que toda persona se ganara la vida dignamente, sino también que, colectivamente, multiplicáramos nuestras fuerzas para responder mejor a las numerosas necesidades sociales y medioambientales a las que nos enfrentamos. Una garantía de empleo puesta a disposición de las comunidades y administraciones locales permitiría, en concreto, contribuir a evitar el colapso climático, y al mismo tiempo garantizar un futuro digno a todas las personas. La Unión Europea (UE) debería poner los medios necesarios para impulsar semejante proyecto en el marco de su Green Deal. Si revisara la misión de su Banco Central, para que este pudiera financiar tal programa, necesario para nuestra supervivencia, la UE se ganaría la legitimidad en la vida de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas. Ofreciendo una solución anticíclica al choque que se avecina en términos de desempleo, la UE demostraría su compromiso con la prosperidad social, económica y ecológica de nuestras sociedades democráticas.

Descontaminar

No repitamos los errores de 2008: aquella crisis se saldó con el rescate incondicional del sector financiero, profundizando la deuda pública. Si nuestros estados vuelven hoy a intervenir la economía, es importante que al menos pueda exigirse a las empresas beneficiarias su adecuación al marco general de la democracia. El Estado, en nombre de la sociedad democrática a la cual sirve y que lo constituye, y en nombre también de su responsabilidad para velar por nuestra supervivencia medioambiental, debe condicionar su intervención a cambios en la orientación estratégica de las empresas intervenidas. Más allá del cumplimiento de estrictas normas medioambientales, debe imponer condiciones de democratización en cuanto al gobierno interno de las empresas. Porque las empresas mejor preparadas para impulsar la transición ecológica serán, sin lugar a duda, las que cuenten con gobiernos democráticos; aquellas en las que tanto inversoras de capital como de trabajo puedan hacer oír su voz y decidir de común acuerdo las estrategias a poner en práctica. Esto no debe sorprender: bajo el régimen actual, el compromiso capital/trabajo/planeta resulta siempre desfavorable al trabajo y al planeta. Como han demostrado los ingenieros de la Universidad de Cambridge Cullen, Allwood y Borgstein (Envir. Sc. & Tech., 2011 45, 1.711-1.718), si se establecieran “modificaciones realizables en los procesos productivos”, podría ahorrarse 73% del consumo mundial de energía. Pero estos cambios implicarían más mano de obra, y decisiones a menudo más costosas a corto plazo. Mientras las empresas sigan administrándose exclusivamente en beneficio de quienes aportan capital, ¿de qué lado creen ustedes que se decantará la decisión, en un momento en que el coste de la energía es irrisorio?

A pesar de los desafíos que tales cambios implican, algunas cooperativas o empresas de la economía social y solidaria, proponiéndose objetivos híbridos (financieros a la par que sociales y medioambientales), y desarrollando gobiernos internos más democráticos, han demostrado ya que esta es una vía creíble.

No nos hagamos ilusiones. Dejados a su suerte, la mayor parte de quienes aportan capital no se preocuparán ni de la dignidad de las personas que invierten su trabajo, ni de la lucha contra el colapso climático. Tenemos, en cambio, otro escenario mucho más esperanzador al alcance de la mano: democratizar la empresa y desmercantilizar el trabajo. Lo que nos permitirá descontaminar el planeta.

16/05/2020

Firman este manifiesto Isabelle Ferreras (University of Louvain/FNRS-Harvard LWP), Julie Battilana (Harvard University), Dominique Méda (University of Paris Dauphine PLS), Julia Cagé (Sciences Po-Paris), Lisa Herzog (University of Groningen), Sara Lafuente Hernández (University of Brussels-ETUI), Hélène Landemore (Yale University), Pavlina Tcherneva (Bard College-Levy Institute), Pablo Fernández (IAE Business School/Universidad Austral), Adolfo Rodríguez-Herrera (Universidad de Costa Rica), Rodrigo Canales (Yale University), Gianfranco Casuso (Pontificia Universidad Católica del Perú), Justo Serrano Zamora (University of Groningen), Rodrigo Arocena (Universidad de la República, Uruguay), Alberto Alemanno (HEC Paris-NYU Law), Elizabeth Anderson (University of Michigan), Philippe Askénazy (CNRS-Paris School of Economics), Aurélien Barrau (CNRS et Université Grenoble-Alpes), Adelle Blackett (McGill University), Neil Brenner (Harvard University), Craig Calhoun (Arizona State University), Ha-Joon Chang (University of Cambridge), Erica Chenoweth (Harvard University), Joshua Cohen (Apple University, Berkeley, Boston Review), Christophe Dejours (CNAM), Olivier de Schutter (UCLouvain, UN special rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights), Nancy Fraser (The New School for Social Research, NYC), Archon Fung (Harvard University), Javati Ghosh (Jawaharlal Nehru University), Stephen Gliessman (UC Santa Cruz), Hans R Herren (Millennium Institute), Axel Honneth (Columbia University), Eva Illouz (EHESS, Paris), Sanford Jacoby (UCLA), Pierre-Benoit Joly (INRA-National Institute of Agronomical Research, France), Michele Lamont (Harvard university), Lawrence Lessig (Harvard University), David Marsden (London School of Economics), Chantal Mouffe (University of Westminster), Jan-Werner Müller (Princeton University), Gregor Murray (University of Montréal), Susan Neiman (Einstein Forum), Thomas Piketty (EHESS-Paris School of Economics), Michel Pimbert (Coventry University, executive director of Centre for Agroecology, Water and Resilience), Raj Patel (University of Texas), Katharina Pistor (Columbia University), Ingrid Robeyns (Utrecht University), Dani Rodrik (Harvard University), Saskia Sassen (Columbia University), Debra Satz (Stanford University), Pablo Servigne PhD (in-Terre-dependent researcher), William Sewell (University of Chicago), Susan Silbey (MIT), Margaret Somers (University of Michigan), George Steinmetz (University of Michigan), Laurent Thévenot (EHESS), Nadia Urbinati (Columbia University), Jean-Pascal van Ypersele de Strihou (UCLouvain), Judy Wajcman (London School of Economics), Léa Ypi (London School of Economics), Lisa Wedeen (The University of Chicago), Gabriel Zucman (UC Berkeley), y otros 3.000 académicos de más de 600 universidades de todo el mundo.

La lista completa está disponible en democratizingwork.org.

 

Fuente de información e imagen: https://ladiaria.com.uy/

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Hivos América Latina: Acciones ante la crisis deben ser inclusivas

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer, Salud.

Hivos América Latina

La pandemia del #COVID19 nos ha enfrentado a nuevas formas de organizarnos y hacer nuestro trabajo. Llevar adelante la labor de activismo por los Derechos Humanos es una lucha que no se detiene.

Como activistas queremos recordarle a los gobiernos de la región que las acciones para atender la crisis deben hacerse desde una perspectiva inclusiva que respete y garantice los #DDHH de todas las personas.

#IDAHOT2020 #DíaContraLaLGTBIfobia

 

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La OCDE y la tercera reforma neoliberal del agro en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollos Económico (OCDE) es una organización internacional fuera del sistema multilateral de Naciones Unidas caracterizada por emitir “recomendaciones” centradas en la disminución del papel del Estado en materia productiva, de biodiversidad, agrícola y también “recomienda” la privatización de instituciones públicas; recortes de presupuestos en materia de salud, educación y alimentación. La palabra recomendaciones se encuentra entre comillas ya que los países miembros de la OCDE rara vez desestiman estas y por el contrario se vuelven ley aunque teóricamente no son vinculantes para sus miembros. Entonces ¿por qué sus 34 países afiliados las acatan?

A nivel internacional los lineamientos de la OCDE han servido para homologar, homogenizar y crear políticas públicas nacionales acorde a los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones entre empresas y gobiernos. Esta manera de generar reformas de política internacional es mucho más rápida por la vía de la OCDE ya que esta no pertenece al sistema de Naciones Unidas. Es decir que no está sometido a ningún control de ningún órgano de decisiones multilaterales en temas de la justicia internacional, ni mucho menos, en materia de Derechos Humanos.

Ahora bien, en Costa Rica han decidido comenzar una tercera reforma estatal de corte neoliberal, nuevamente empezando desde el agro y el campo. Un sector severamente golpeado por procesos de cambio en materia de política económica marcados de forma importante en dos momentos: entre 1985 y 1991 con los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y en 2007 con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA por sus siglas en ingles). Ahora estamos a las puertas de un tercer momento donde la OCDE y el gobierno la venden cómo el camino a seguir sin decirnos qué significa en realidad.

La incorporación de Costa Rica al Comité de Agricultura de la OCDE, tal y cómo lo promovió el ex-ministro Luis Felipe Arauz y ahora con el respaldo de su sucesor, Renato Alvarado, lleva camino recorrido de al menos dos administraciones anteriores y ha tenido impacto real pese a que Costa Rica hasta hoy fue aceptada para integrar este costoso club.

Ya conocemos los decretos de plaguicidas anticiencia. Estos generan polémica sobre la efectividad real de dichos decretos para la “modernización el mercado agrícola y la reactivación económica» en la coyuntura el COVID-19, porque en la realidad se ha comprobado que es un intento por incorporar venenos que no han sido aceptados en al país. Esto gracias a que los departamentos especializados en análisis de plaguicidas en MINAE los han rechazado en su momento por no cumplir con la normativa nacional.

Muchos de estos plaguicidas no son ni siguiera “de punta” ya que algunos tienen más de 10 años de antigüedad y que ninguno se ha sometido a pruebas ecotoxicológicas contextualizadas para los agroecosistemas costarricenses.

Además, esta insistencia de la OCDE busca profundizar otras acciones que impactan directamente en la cotidianidad de las comunidades agrícolas del país. Hablamos de la “Agricultura Climáticamente Inteligente” (ACI) o ahora llamada Agricultura 4.0, un nombres sexis para llamar a la intensificación de la agricultura a partir de más agriquímicos, biología sintética, drones fumigadores y tecnologías obsoletas como los Organismos Genéticamente Alterados (transgénicos), los cuales tienen 20 años de prometernos resolver los problemas de producción a nivel global pero que no ha sido así, todo lo contrario a intensificado la crisis por los altos costos ambientales y sociales que conlleva esta forma de agronegocio.

Lo sabido sobre la Agricultura Climáticamente Inteligente es que no ataca los problemas reales del Cambio Climático. La ACI tiene el objetivo de generar productos financieros para que las empresas contaminantes compren y vendan “bonos de carbono”, algo similar a las acciones de las bolsas de valores, pero con un supuesto respaldo en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) donde las mismas empresas de las plantaciones dicen absorber con sus monocultivos aún y cuando estos deforesten y sigan contaminando. En la práctica funcionan como permisos para contaminar y deforestar.

Este espaldarazo a la política pública neoliberal en materia agrícola por parte de la OCDE viene a reforzar un modelo agotado, explotador y excluyente. Un modelo basado en monocultivos contaminantes, la deforestación, explotación laboral, especulación y acaparamiento de tierras y de mercados; con el agravante de tener el maquillaje verde puesto y ser un engaño tanto para el país como para el mundo. Este lavado de imagen de las actividades más nocivas para planeta conocida comúnmente como Economía Verde.

Henry Picado Cerdas
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y parte de la Federación para la Conservación de la Naturaleza

 

Fuente: https://feconcr.com/

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Costa Rica, futuro miembro número 38 de la OCDE: algunos apuntes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin (*)

Este 15 de mayo del 2020, Costa Rica fue oficialmente invitada a convertirse en el Estado Miembro número 38 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida por sus siglas OCDE: véase, entre muchas más nota de prensa del medio digital Informa-tico y esta nota del medio digital Delfino.cr. La lista de los 37 Estados que conforman la OCDE se encuentra en este enlace oficial de la OCDE.

El resultado de un largo recorrido iniciado años atrás

Cabe precisar que se trata de un proceso que fue iniciado (y fuertemente promovido) desde el 2012 por la entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) de Costa Rica, Anabel González, y que se ha mantenido, desde entonces como una verdadera prioridad para las autoridades de Costa Rica.

Si bien este proceso ha involucrado a diversas entidades del Estado costarricense, ha sido liderado en todo momento por las autoridades de comercio exterior de forma ininterrumpida.

En su visita a Costa Rica en el 2013, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama reiteró que Estados Unidos apoyaría todas las gestiones de Costa Rica para ingresar a dicha organización (véase nota de prensa de ElFinanciero).

Como bien se sabe, con relación a lo que se denomina oficialmente la «Parte I» del presupuesto anual de la OCDE, Estados Unidos contribuye a altura de 20,5 % del presupuesto anual de la OCDE, seguido por Japón (9,4%), Alemania (7,2%), Reino Unido (5,4%), Francia (5,2%) e Italia (4,0%), en relación al ejercicio correspondiente al año 2019 (véase desglose oficial del presupuesto 2019 de la OCDE). Con respecto a la denominada «Parte II«, no se da a conocer el desglose correspondiente, sino que la OCDE indica simplemente que:

«Part II budgets, meanwhile, cover programmes that are of interest to a limited number of members and are funded according to scales of contributions or other agreements among the participating countries«.

En una nota anterior sobre el funcionamiento particular de la OCDE, analizábamos también las implicaciones jurídicas que supone integrar una organización internacional tan particular para Costa Rica: véase nuestra breve nota titulada «Membresía de Costa Rica a la OCDE: breves datos sobre sus costos«.

En efecto, la pertenencia a la OCDE supone para un Estado proceder a diversas modificaciones en su legislación interna en ámbitos muy diversos. Este verdadero «poder» normativo de la OCDE, que no se compara con ninguna otra organización internacional, ha interesado desde hace ya muchos años a juristas: véase, por ejemplo, la monografía publicada en el 2014 por la SFDI (Société Française pour le Droit International) titulada precisamente «Le pouvoir normatif de l´OCDE» (véase volante).

Desde antes de ingresar a la OCDE, los Estados ya deben realizar cambios en su legislación: en esta nota de prensa de CRHoy del mismo 15 de mayo, se detallan las 13 modificaciones al marco normativo que tuvo Costa Rica que adoptar desde que inició las etapas previas a su ingreso a la OCDE (véase nota de prensa titulada «OCDE a la vista: ¿es más lo bueno que lo malo de ingresar al «club» «). Ello como parte de una agenda legislativa «prioritaria» dirigida a cumplir con diversas recomendaciones hechas a Costa Rica por la OCDE en muy diversos ámbitos, y liderada en Costa Rica por las autoridades de comercio exterior. Nótese que los dos convenios marítimos internacionales sobre responsabilidad por contaminación de hidrocarburos son instrumentos abiertos a la firma y a la ratificación de los Estados desde hace muchos años, Costa Rica incluida.

Cabe precisar que para finales del 2015 ya se estimaba en 2,4 millones de US$ los costos asumidos por Costa Rica con relación al proceso iniciado en el 2012 para su futuro ingreso a la OCDE (véase nota de El Financiero de julio del 2015). No se tiene actualizado el dato a mayo del 2020, lo cual sería de sumo interés conocer.

Después de varios años de reuniones con diversos comités técnicos de la OCDE (22 en total), y una intensa agenda legislativa llevada de manera paralela para reformar diversos aspectos del ordenamiento jurídico costarricense, Costa Rica fue formalmente invitada a integrar la OCDE. De hacerlo, lo haría después de México (que se integró en 1994), de Chile (2010) y de Colombia (2020): Estados de América Latina que, como bien se sabe, mantienen una activa política de atracción de inversiones extranjeras, de privatización de activos estatales y a la vez persistentes índices de pobreza, de desigualdad y de exclusión social, objetos de innumerables estudios en la región latinoamericana.

Posiblemente en razón del drástico giro político vivido en Brasil en mayo del 2016, desde el 2017 Brasil es el que, en América Latina, ha oficialmente iniciado el proceso de negociación con miras a su futura adhesión a la OCDE (véase nota oficial del Palacio del Itamaraty): para ello, puede contar con el decidido apoyo del actual ocupante de la Casa Blanca en Estados Unidos.

Foto extraída de nota de prensa titulada «Trump apoya a Brasil para que ingrese a la OCDE en lugar de la Argentina», Cronista, Edición del 15/01/2020

Más allá del interés que puedan tener algunos Estados en que la OCDE se expanda a otros Estados apoyando su candidatura, hay que recordar que la OCDE es una organización internacional: como es lo usual, los Estados Miembros deben aportar una contribución anual para su funcionamiento.

La particularidad del monto de la contribución anual a la OCDE

Un punto sobre el que poco se ha investigado guarda relación con la contribución que recibe anualmente la OCDE por parte de cada uno de sus Estados Miembros y su comparación con las contribuciones anuales a otras entidades internacionales: los montos contributivos anuales que aplica la OCDE distan mucho de las demás organizaciones internacionales, como lo veremos a continuación. En Costa Rica, se trata de una contribución cuyo monto exacto, después de 8 años de negociaciones, se mantiene desconocido.

En el caso de Colombia, este artículo publicado en el 2018 (Colombia ingresó oficialmente en el 2019) estimaba la membresía anual de Colombia a la OCDE en una suma equivalente a 4 millones de Euros anuales para Colombia (véase nota de prensa titulada: «Ingresar a la Ocde le valdría al país unos 4 millones de euros«). En el caso de Chile, un informe interno al que tuvo acceso la prensa revela que en el 2019 Chile contribuyó con 3,2 millones de US$ a la OCDE (véase nota de prensa de La Tercera). Finalmente, en el caso de México, una investigación interna de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2009 reveló el monto de México a la OCDE: se trata de 6,6 millones de Euros que se reparten entre diversos rubros además de la contribución a la Parte I y II del presupuesto global de la OCDE (véase artículo publicado en el sitio Voltaire.net).

En una nota publicada este mismo 15 de mayo del 2020, se estima por parte de las autoridades que Costa Rica deberá pagar «alrededor de 2 o 3 millones de US$» anualmente a la OCDE (véase nota del Semanario Universidad): una aproximación, similar en su formulación, a otras aseveraciones dadas en el pasado sin que se precise un monto exacto. Es así como se leyó en agosto del 2019 por parte de las autoridades costarricenses de comercio exterior la siguiente respuesta a una pregunta:

«¿Ya saben ustedes cuánto es?

-No, pero es muy poquito. Es una cuota fija que entiendo yo es como de $1 millón por año más una cuota que depende del PIB, que se sabe hasta que ingresemos«(sic.)» (véase nota con la entrevista completa publicada por DiarioExtra).

Lo «muy poquito» (sic.) puesto en contexto

En la precitada nota que redactamos sobre Costa Rica y la OCDE, señalábamos que, por ejemplo, el monto pagado en el 2015 por Costa Rica a la Organización Internacional del Comercio (OMC) se elevaba a menos de 139.000 Francos Suizos, correspondientes al 0,071% del presupuesto de dicha organización; en el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la contribución de Costa Rica para el 2018 se elevó a menos de 179.000 Francos Suizos, correspondientes a 0,047% de su presupuesto; en el caso del presupuesto ordinario anual de las Naciones Unidas, la contribución de Costa Rica para el 2019 prevista era de 1.728.700 US$.

En el ámbito hemisférico esta vez, para el 2019, la contribución de Costa Rica al fondo regular de la Organización de Estados Americanos (OEA) era de 218.500 US$.

A modo de conclusión

No se cuenta a la fecha con algún documento oficial, en Costa Rica, que sistematice las contribuciones anuales que aporta a las distintas organizaciones internacionales a las que pertenece (tal y como por ejemplo se presenta en este documento oficial del 2020, en el caso de Estados Unidos, con la contribución anual a la OCDE ubicable en el rubro número 121). Tampoco se dispone de un dato oficial como el reportado por la prensa chilena en el 2019, el cual desmenuza cómo se distribuyen los 49,6 millones de US$ que Chile anualmente reparte a 158 entidades internacionales (véase precitada nota de La Tercera).

El no tener aún claridad sobre el monto que deberá aportar Costa Rica al funcionamiento de la OCDE, después de concluir un proceso iniciado en el 2012, puede plantear algunas interrogantes muy válidas.

Nótese, para citar una organización internacional muy expuesta y extremadamente solicitada en este año 2020, que la contribución anual de Costa Rica a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima a 150.000 US$ para el 2020 (véase tabla de contribuciones proyectadas): fue de un poco más de 112.000 US$ para el período anterior (véase documento oficial).

 

(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica – UCR

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Semillas de Esperanza: «El coronavirus revela el verdadero mal de la humanidad»

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

La declaración de pandemia en marzo anterior trae consigo el incremento de las desigualdades en términos de justicia social. Por eso, a pesar del distanciamiento físico, consideramos urgente reafirmar la solidaridad con quienes más lo necesitan. Es necesario, aún más, seguir haciendo a reflexión crítica y denuncia de las injusticias sociales estructurales. No es momento para callarnos.

Nos hemos propuesto compartir cada semana una reflexión sobre esta coyuntura, y procurar acompañarnos en la distancia. Esta semana compartimos la segunda de varias reflexiones: un texto de Hugo Marillán Millavil, pastor mapuche.

Hugo Marillán participó en el Taller Socio-Teológico «Saberes insurgentes desde Abya yala fente a los fundamentalismos político-religiosos» que realizamos en el DEI hace tres años (2017).

Equipo del DEI

El coronavirus revela el verdadero mal de la humanidad

Hugo Marillán Millavil

Pastor Mapuche, tallerista del DEI

Hoy requiero escribir algo después de un tiempo de quedarme en el silencio. Y reabro mi opinión abierta, en un contexto dramático de la obligada inmovilidad de una sociedad que basa su pasar en constante movimiento de las masas urbanas en todos los lugares. Donde la inmediatez de los acontecimientos, lo que parece ser, lo conduce al ser humano a una carrera interminable en búsqueda de satisfacer sus sueños, sus expectativas que, sin embargo, cada día son inalcanzable para la mayor parte de la población. De ahí el levantamiento social que actualmente vive el pueblo chileno.

No obstante, hoy nos encontramos en una crisis global provocada por un «ser desconocido», al que le han puesto “coronavirus”. El cual ha tenido la capacidad de limitar el movimiento humano, de generar cambios de paradigmas económicos, religiosos, educacionales, etc. Desde los más grandes imperios, hasta los lugares más apartados que son golpeados por una crisis que recién comienza.

Es una enfermedad que ataca a un mundo enfermo de odios, egoísmos, luchas de poder, violencia, de competitividad, de vanidades, de falsos profetas, de injusticia, etc. Que no sabe cómo responder a este ataque y la única alternativa es refugiarse, esconderse y esperar el padecer de los más débiles, que son especialmente los que han dado sus pulmones, su cansancio, sus lágrimas para construir un sistema de sociedad basada en la acumulación de grandes capitales y bienes económicos. Que están en manos de grupos reducido de la sociedad, que se ha hecho de los recursos a través de sistemas injustos como las administradoras de fondos de pensiones (AFP), Isapres, decretos 701 de empresa forestales, explotación minera, etc.

Esto provoca un empobrecimiento de aquellos que han terminado su vida laboral, son los que están en el sector de mayor riesgo de muerte, de los sectores populares y campesinos, con espejismo de una clase media que cree ser parte de este sistema de lujos y vanidades de la oligarquía chilena, pero que se ha dado cuenta que son solo peones para mantener el sistema de consumo, con pequeños privilegios a cambio de ser explotados día a día, sin mayor seguridad social presente y futura.

Están también en contexto de crisis los valores espirituales de la sociedad, sostenida supuestamente en instituciones religiosas, católicas, protestantes, evangélicas u otras, que han sido absorbidas por este mismo sistema corrupto, y que ha permeado su integridad, golpeando profundamente la fe del pueblo, creciendo la incredulidad, la desconfianza y generando una crisis de esperanza y aumento de la desorientación emocional. Lo cual conduce a gran parte de la población joven más vulnerable al consumo de drogas y a gran parte de la población a crisis depresivas, violencia intrafamiliar, desarraigo social.

Escribo esto en contexto del recordar a Cristo y hacer memoria de Él, cuando parece que el tiempo se ha detenido en esta humanidad, en nuestro caminar diario y en nuestros planes cotidianos. Donde he estado escuchando un sinnúmero de reflexiones, opiniones, todas con algo en común: poder de alguna manera comprender estos acontecimientos y generar una cierta certeza para decir que ya pronto volveremos a la normalidad.

Sin embargo, me pregunto ¿cómo imaginar este ser que está provocando esto tan profundo en la humanidad? Y solo puedo tratar de comprender esto mediante lo que pudo provocar la acción de Jesús en ese mundo de injusticia y explotación, donde llegó a nacer. Que fue identificado como el principal mal para los poderosos de su tiempo, fue perseguido y muerto; sin embargo, hoy seguimos celebrando su resurrección.

Jesús, con su acción generó un cambio profundo en muchas vidas. Parafraseando, “él produjo el virus del amor” que fue creciendo. Jesús y el amor que proclamó y practicó, para muchos, fue el mal a destruir, y quisieron terminar con él, crucificándolo.

Él vino a revelar el mal que estaba consumiendo al ser humano, que era el pecado de la injusticia, la lucha de poder, el egoísmo, el despojo de los derechos de aquellos que generaban el bienestar de los poderosos, que condenaba al infierno del padecer eterno a esa sociedad, donde las pestes consumían las vidas de los más vulnerables. Donde los religiosos del templo sustentaban sus privilegios con las ofrendas sacrificiales de los más pobres.

El impacto de cambio de paradigma del “virus del amor” fue a la vez el antídoto contra la muerte, trayendo la justificación y la salvación, para iniciar la vida nueva en construcción de justicia y paz, basado en el amor a Dios y al prójimo.

Hoy vemos al mundo luchando contra lo que se nos dice que es el principal mal que afecta a esta humanidad: un virus, sin embargo, este ser desconocido y que aún no puede ser eliminado, está revelando los verdaderos males de este mundo actual: el poder, el egoísmo, la competitividad, el lucro, la explotación, la discriminación, el consumismo, la vanidad, el despojo de la naturaleza, etc. Esto revela profundamente que, desde los líderes de los grandes imperios hasta aquellos en sus pequeños egoísmos e individualismos, no les importa si sus acciones pueden dañar a su prójimo.

Es muy posible que pronto encuentren la forma de matar el “coronavirus”, pero no podrán eliminar el verdadero mal que azota la sociedad, que es la codicia y el amor al dinero (1 Timoteo 6:10 / Eclesiastés 5:10), que es la mayor tensión que está provocando esta pandemia, que cruza lo económico, lo político y lo religioso.

Jesús ya lo había advertido a sus discípulos: que esto era lo más difícil de transformar en el ser humano (Mateo 19:16-30), y que mayor dolor le causo a Jesucristo, que su única opción fue aceptar el camino del calvario, para traernos redención a través de ser perdonados y ser justificados, para verdaderamente nacer a una nueva vida, como Jesús le dijo a Nicodemo (Ev. De Juan 3:1-2), como lo experimentó Pablo (Hechos 9:1-18 / 1 Corintios 15 :8-9), vida nueva que provoca que el verdadero Amor (Juan 15:12), que es el real antídoto que puede sanar esta sociedad enferma, que está en aquel que es sanado de avaricia, de egoísmo, de vanidad, de orgullo y otros males que no nos permiten romper con fronteras, desigualdades, injusticias, idolatrías, etc.

Al hacer memoria del Cristo vencedor de la muerte, se nos permite descubrir que estos tiempos no son para solo esperar pasivamente a que la normalidad vuelva, sino que no podemos permitir que la normalidad vuelva. ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos seguir infectados de avaricia, de egoísmo, de rencores, de injusticia, vanidades y toda actitud que nos lleve a ser indolentes frente al prójimo.

En este nuevo caminar nacerá una nueva iglesia que deberá abandonar los privilegios a los cuales se había acomodado, privilegios que la llevaron a pecar de egoísmo y querer sentirse parte del poder. Creyendo que si estaba en esos lugares podría transformar el mundo, pero el mundo transformó su religiosidad en vanidad, corrupta y sin los valores eternos de Cristo.

Una Iglesia nueva debe volver al sendero del Maestro, de la cruz, del dolor junto a los pobres, una iglesia desde los pobres y no por los pobres (Lucas 2:7/2 Corintios 8:9). Donde verdaderamente adquiere sentido más profundo la misericordia y justificación de Cristo (Romanos 5:8), porque una nueva iglesia que no tiene privilegios, es una iglesia que busca la redención, su restauración, un nacer de nuevo.

Una iglesia que vuelve a abrir los espacios negados al pueblo (Deuteronomio15:7-10), compartiendo el pan diario con el hambriento, sacándose su capa y dándosela a quien necesite abrigo, dispuesta a ofrecer hasta sus mártires para que luchen por dignidad y justicia. Una iglesia que se niegue a sí misma, como se negó Cristo (Lucas 9:23). Solo así podremos provocar esperanza, fe, solidaridad, justicia, paz, reconciliación. Un cristianismo que se visibiliza y asume la primera línea en la lucha por la dignidad de los que sufren y la defensa, el cuidado y la restauración de la Naturaleza como creación de Dios.

El Coronavirus, debe provocarnos para la vida y no quedarnos en el miedo a la muerte, porque Cristo ya venció la muerte, y nos desafía a ser su pueblo que camina en medio de este desierto hacia la tierra prometida. Sus huellas nos van conduciendo a su Reino de Justicia.

 

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