CICDE _ 14 febrero 2020
Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE UNED) sobre el conflicto por las tierras en el territorio indígena de Salitre y los reportajes de un canal de televisión
Luego de observar los reportajes presentados en los últimos días en uno de los medios televisivos de cobertura nacional (Telenoticias de canal 7), el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia, considera necesario ofrecer a la ciudadanía costarricense otros elementos –contextuales, analíticos y empíricos– acerca de los hechos que vienen sucediendo en los territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires de Puntarenas, especialmente en el territorio de Salitre. Nos parece importante hacerlo en vista de que esas realidades han sido desvirtuadas tendenciosamente por este tipo de reportajes televisivos. De esa forma, se criminalizan las luchas de los pueblos indígenas por su territorio, se incentiva la animadversión racista en contra de estas poblaciones tan vulnerables y discriminadas, y se lanza un manto de impunidad sobre los incumplimientos en que, como país, estamos incurriendo, respecto de diversas obligaciones legales, nacionales e internacionales.
Es importante tener presente que no es la primera vez que estos medios han incurrido en reportajes parcializados sobre la realidad del territorio de Salitre (véase el estudio realizado por CICDE con relación a este tema en siguiente vínculo https://investiga.uned.ac.cr/cicde/wpcontent/uploads/sites/37/2019/08/noticias_salitre.pdf). Estas noticias recientes, son entonces parte de un continuum, nuevas expresiones de un enfoque mediático sesgado, y carente de una fundamentación seria.
El CICDE-UNED desarrolla desde hace 10 años una línea de investigación sobre las luchas y reivindicaciones de los pueblos indígenas costarricenses, contando a la fecha con varios estudios concluidos, otros en proceso y múltiples productos académicos, que sustentan los datos y apreciaciones que enseguida ofrecemos. Todo ello está disponible en nuestro sitio web https://investiga.uned.ac.cr/cicde/informes/.
- Los derechos territoriales indígenas y la usurpación del territorio
Las 11 700 hectáreas que hoy componen el territorio de Salitre fueron declaradas territorio indígena en 1956 (Decreto Nº 34, reformado por el Decreto Ejecutivo Nº 13571 de 1982), fecha a partir de la cual dichas tierras quedaron protegidas jurídicamente como terrenos de propiedad exclusiva de la población indígena.
Los Pueblos Indígenas son titulares de derechos humanos colectivos, entre los que se encuentran los derechos territoriales, establecidos en diferentes instrumentos internacionales, aprobados y vigentes en Costa Rica desde 1993 cuando el país ratificó el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, el cual había sido aprobado en 1989; mediante la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2016).
Es decir, el conflicto que se hace evidente con la recuperación de las tierras localizadas dentro de los propios territorios indígenas, obedece a una problemática creada, fundamentalmente, por la violación de los derechos de estos pueblos, tanto por parte del Estado costarricense, que no ha cumplido la función tutelar que le corresponde, como por la invasión ilegal de estos territorios por parte de personas no indígenas.
Esta situación de usurpación y apropiación ilegal alcanza en promedio, según estimaciones elaboradas a partir de nuestras investigaciones en el CICDE-UNED y otras fuentes, entre 40% y 50% de las tierras reconocidas por el Estado costarricense como tierras indígenas (Zúñiga et all, 2017; Vargas et all, sf; Guevara y Romagosa, 1987), llegando hasta un 80% y 90% en algunos territorios como Térraba y China Kichá. Hasta el momento, esta situación ha quedado cubierta por un manto de impunidad.
Los reportajes a que hacemos referencia no mencionan tales datos, las cuales son reconocidas oficialmente, no obstante que estudios técnicos adicionales son necesarios para precisar los hechos con mayor detalle. Estos medios presentan exclusivamente la versión de las personas no indígenas o de personas que siendo indígenas respaldan intereses ajenos a los de sus propios pueblos.
Resaltamos que las fincas que están siendo reocupadas por familias indígenas se hayan dentro de los territorios indígenas y pertenecieron anteriormente a familias indígenas.
En la memoria y en la historia de las familias indígenas se recuerdan y registran múltiples formas fraudulentas, engañosas e injustas de despojo que sufrieron sus abuelos por parte de personas no indígenas inescrupulosas, contando para ello con la ayuda de abogados y abogadas irresponsables que hicieron transacciones irregulares.
En el caso de Salitre es bien conocido que este conflicto por las tierras, que en su última etapa que lleva ya diez años, ha generado una verdadera crisis comunitaria, una dolorosa escalada de violencia. Ninguna persona no indígena ha sido agredida por indígenas mientras que varios indígenas si lo han sido a manos de no indígenas, sin que hasta el momento haya nadie detenido por este tipo de hechos, ni por otros como las balaceras, las amenazas e intimidaciones que se han vuelto el pan de cada día en Salitre.
La ausencia del punto de vista de quienes son víctimas de una situación histórica de injusticia y protagonistas de una lucha en situación muy desventajosa, resta validez y credibilidad a ese tipo de reportajes, pero sobre todo, y es lo más preocupante, abona a la justificación ante la opinión pública, de la violencia en este territorio, en un evidente respaldo a los finqueros no indígenas.
Algunos finqueros entrevistados argumentan que poseen muchos años habitando dentro del territorio indígena, aunque los estudios demuestran que la mayoría de ellos, quienes por lo general poseen varias fincas en uno o varios territorios indígenas, viven fuera de ellos. Estar en posesión de una de estas fincas por más de 20, 30 o 40 años no es en sí misma una prueba de legalidad, pues según la Ley Indígena las tierras indígenas son “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan”. Por lo tanto, y desde el punto de vista legal, el finquero no indígena solo puede aspirar a ser indemnizado por parte del Estado, si logra demostrar que es “poseedor de buena fe”, es decir, si el adquirió esa posesión –valga decir, no hay escrituras individuales y si las hubiere en algún caso, son ilegales– antes de la promulgación de la Ley Indígena (1977).
Al respecto es ilustrativo el voto 4044-F-S1-2019 de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia emitido el 21 de diciembre de 2019, en el cual se deniega la petición de una persona no indígena que reclama al Estado el pago de 300 millones de colones por indemnización, argumentando que era un poseedor de “buena fe”, debido a que adquirió la finca de otras personas no indígenas poseedores de “buena fe”. Es decir, que el derecho del poseedor de “buena fe”, aunque se dé si fuera el caso, no es transferible al realizar una compra.
Hasta el momento ningún no indígena ha logrado demostrar fehacientemente que es “poseedor de buena fe”, por lo que su permanencia dentro del territorio indígena es ilegal y la finca que mantiene en sus manos, susceptible de recuperación.
Los reportajes recientes sobre esta problemática apelan a un recurso que provoca desinformación, al darle vuelta a la realidad de las cosas e invertir al sujeto que lleva a cabo las “invasiones”. Así el usurpador no indígena es transfigurado en víctima y legítimo propietario, mientras las personas indígenas se las presenta como invasoras. Pero ¿invasoras de sus propios territorios? Nada más lejano de los hechos.
También es altamente imprecisa la afirmación o insinuación de que se han recuperado fincas que se hallan en manos de otros indígenas. Aunque se dan conflictos de diversa naturaleza entre indígenas dentro de Salitre, todas las fincas recuperadas hasta el momento estaban en manos de personas no indígenas. Claro que en algunas de ellas los finqueros contrataron peones indígenas, pero ello no significa que fuesen estos peones quienes ocupaban las tierras.
Ante este conflicto las últimas dos administraciones de gobierno propusieron la realización del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (PLAN RTI), el cual está a cargo del INDER. Su principal debilidad es que se queda en la conformación de expedientes acerca de la condición de “buena o mala fe” de la ocupación de las tierras por parte de los finqueros. No se ha previsto todavía un plan de acción, ni contemplados los presupuestos necesarios para hacer efectiva la devolución a sus legítimos dueños. Eso es lo que correspondería hacer, según la legislación vigente y los compromisos adquiridos por el Estado.
- La violencia, el papel de la Fuerza Pública y las Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Con base en los dichos de los finqueros, los reportajes señalan a la Fuerza Pública como promotora o responsable de “sacar el ganado de la propiedad” de los finqueros. O sea, y de la forma más sorprendente, atribuyen a la Fuerza Pública ser “cómplice” de los indígenas recuperadores. Nuestros equipos del CICDE-UNED, quienes han investigado estos temas, y muchas veces han realizado giras de trabajo a los territorios, no conocen un solo caso que respalde tal aseveración. En ninguna ocasión desde que en el 2010 iniciaron las recuperaciones del territorio en Salitre, la Fuerza Pública ha intervenido “sacando el ganado”. Lo que sí ha ocurrido es que por disposición de la propia Fiscalía General de la República (según CIRCULAR 13-ADM 2011 de noviembre 2011) la Fuerza Pública está impedida de desalojar indígenas de sus propios territorios.
Se omite en este tipo de reportajes que las familias indígenas reclaman como su propiedad solo la tierra que se haya localizada dentro de su territorio y nada más. Por eso los recuperadores solicitan al finquero con antelación, que desmonte la infraestructura existente y saque todo tipo de enseres y animales. Cuando la persona no indígena decide mantenerse e ignorar tal solicitud es que se producen situaciones como las descritas en algunos de los reportajes de prensa.
Llama la atención la ausencia en las notas periodísticas, de las voces de las familias recuperadoras. El silenciamiento de esas voces, resulta más bien estridente. E igualmente llamativa es que no se tomen en cuenta a autoridades de gobierno e instituciones responsables de resolver este problema, las cuales poseen conocimiento verás acerca del conflicto. Esta ausencia despoja de todo equilibrio y objetividad a los reportajes.
Este conflicto por las tierras en Salitre ha generado un insoportable clima de violencia para las familias indígenas, quienes han sufrido más de 150 hechos violentos en los últimos años, incluyendo quemas de casas, quemas de cultivos, robo de pertenencias, agresiones físicas, persecuciones, uso o intimidación con arma blanca, uso o intimidación con armas de fuego y los intentos homicidio que reiteradamente se han venido dando entre 2010 y 2020. Esto alcanzó un punto culminante en el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, su mayor líder político de los últimos años, y tiene continuidad en los hechos más recientes de agresión con arma de fuego a un indígena en Río Azul, lo cual vuelve a colocar a Salitre en el centro de la noticia.
Todo este caudal de violencia está ampliamente documentado en los informes de la Defensoría de los Habitantes, el CICDE-UNED, Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN) y las propias autoridades Estatales, formando parte del sustento que motivó la imposición de Medidas Cautelares a Costa Rica desde el 30 abril del 2015, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (MC 321-12, 15-16).
Estas medidas son una respuesta ante las agresiones que tanto el pueblo bribri de Salitre como el pueblo brörán de Térraba han venido sufriendo sistemáticamente por parte de finqueros no indígenas. Una reseña del proceso seguido para estas medidas puede ser consultado en esta dirección: https://investiga.uned.ac.cr/cicde/wpcontent/uploads/sites/37/2019/08/informe_salitre.pdf
Las Medidas Cautelares de la CIDH, fueron solicitadas por peticionarios de los territorios de Térraba y de Salitre en el año 2012 debido a una serie de agresiones y amenazas que incluyeron agresiones directas a líderes de ambos territorios, especialmente el atentado que sufriera ese mismo año el señor Sergio Rojas Ortiz, asesinado seis años después.
Estas Medidas Cautelares se componen de una serie de solicitudes, cuya ejecución requiere de un protocolo de implementación, que en el caso de Salitre tardó dos años para su definición. Dentro de ese protocolo, el gobierno se comprometió al saneamiento territorial mediante dos acciones prioritarias: ejecutar ocho desalojos que ya estaban aprobados por las autoridades administrativas y judiciales correspondientes, e implementar el Plan RTI, ya mencionado. En materia de seguridad, se comprometió además con una serie de medidas de protección para garantizar la vida y la integridad de las personas.
En relación con ambos compromisos, el nivel de cumplimiento es muy insatisfactorio, lo que ha facilitado la agudización del conflicto a niveles críticos. La presencia de la fuerza pública en estos territorios, responde a la esas medidas cautelares, así como a los constantes episodios de violencia.
- Las identidades indígenas y su apropiación indebida
Es importante que se comprenda que las culturas indígenas son diversas y que cada pueblo se organiza culturalmente de manera particular. En el caso del pueblo bribri, su sistema de parentesco y estructura organizativa tradicional se realiza mediante el sistema de clanes, los cuales poseen plena vigencia en la actualidad, a pesar de las pérdidas culturales que éste, como otros pueblos indígenas costarricenses, han sufrido a lo largo del tiempo.
El sistema bribri es matrilineal. Eso ha sido así ancestralmente, de manera que para que una persona sea reconocida naturalmente como bribri, su madre debe ser bribri. Este tema de las identidades indígenas ha sido también motivo de conflicto en los últimos años pues una de las estrategias de las personas no indígenas ha sido precisamente recurrir a autoproclamarse persona indígena y de esa manera evadir la aplicación de la legislación vigente, pues en ese caso las personas pueden alegar derecho de posesión sobre la tierra dentro de estos territorios. Con esa intensión personas no indígenas han obtenido certificaciones falsas otorgadas por personas indígenas afines a sus intereses, orquestando de esta manera toda una dinámica de reconocimientos que son ilegítimos, cuyo propósito es mantener posesión o apropiarse de fincas dentro de territorios indígenas y usufructuar de esta identidad ante instituciones públicas.
- Usos descontextualizados de materiales producidos por la academia
Otro aspecto que habla muy mal de los recientes reportajes televisivos es el uso manipulado de materiales académicos producidos por el CICDE y el Programa de Producción Audiovisual (PPMA) de la UNED, entre los que destaca la serie “Salitre.
La recuperación de un territorio”, que consta de cuatro cortometrajes. En este caso el noticiero utilizó imágenes o segmentos para la realización de su reportaje, los cuales aparecen así citados fuera de contexto, sin considerar la investigación que desde la UNED respalda estos videos y que es de acceso público desde julio del 2018 en las páginas web del CICDE-UNED y en el canal de YouTube de PPMA-UNED (para el caso de los audiovisuales).Tales reportajes usan este material pero no los datos producidos por los estudios académicos que representan la base sustantiva de tales materiales. Esto reitera el proceder tendencioso y sesgado, carente de rigor, e irrespetuoso a la hora de utilizar y citar productos resultantes de la investigación académica.
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo – CICDE
Director Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Contactos: lvargas@UNED.AC.CR, 8362-6681 / 2234 – 3236 ext. 6542.
Enviado por Luis Paulino Vargas Solís.
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