Hace un mes, el 11 de junio del 2019, se difundió en Francia un reportaje elaborado por un equipo de periodistas de una de las principales cadenas de televisión, France 2, a raíz de su visita a Costa Rica.
Titulado «Costa Rica : le commerce juteux de l’ananas«, está disponible en este enlace, en el que se pueden apreciar diversos efectos del cultivo de la piña de la variedad MD-2 (más conocida internacionalmente como «Sweet Gold«, «Golden» o «Extra Sweet«) que bien conocen varias comunidades y organizaciones ecologistas de Costa Rica, así como algunos universitarios.
Como bien es sabido, la extrema dulzura de la MD-2 ha permitido a esta variedad de piña implantarse con gran fuerza desde Costa Rica en el mercado mundial de la «fruta fresca» exportada, y ello desde mediados de los años 2000, desplazando a todas las demás variedades de piña. Las comillas usadas en la frase anterior refieren al hecho que se trata de frutas que, a penas cosechadas en el campo, entran en una cadena de frío, pasando varias semanas a temperaturas muy bajas; estas frutas vienen cargadas de sustancias químicas, en aras de aparentar frescura y buena apariencia una vez colocadas en un anaquel en Europa o en Estados Unidos.
La voracidad de algunos pareciera no tener freno alguno. En esta nota en francés del año 2016 sobre el mercado mundial de la piña, titulada «Marché mondial de l’ananas frais«, el autor señala que:
«L’offre est quasi monovariétale : le MD-2. Une origine, le Costa Rica, alimente 87 % de la consommation de l’UE et 82 % de celle des États-Unis, les deux principaux marchés«.
Este reportaje televisivo difundido en junio del 2019 pasó prácticamente desapercibido en los medios de prensa de Costa Rica: una ocasión que nos parece propicia para explicar por qué.
Reportajes críticos sobre la piña en medios europeos e información en medios costarricenses: breves apuntes
Dicho reportaje fue únicamente objeto de una reseña por parte de la redacción de ElMundo.cr (véase nota de este medio digital, titulada «Noticiero francés expone contaminación por agrotóxicos en las piñeras costarricenses«, edición del 15/06/2019) y por parte de los redactores de The Costa Rica News (véase nota titulada «French News Channel Exposes Pollution by Agrochemicals in Costa Rican Pineapple Plantations» del 17/6/2019). Días después, en el periódico La República, una nota titulada «Canal francés expone problemática de plaguicidas en Costa Rica» lo reseñó de igual manera en su edición del 21 de junio (véase nota).
No es la primera vez que un reportaje crítico con relación a la piña exportada por Costa Rica es pasado por alto (o casi): a finales del 2018, la piña costarricense fue seleccionada por la BBC entre los cinco productos de consumo masivo más dañinos para el ambiente (véase nota de la BBC titulada «Five products you didn’t know were harming the environment«, Suplemento Science & Environment, edición del 2/11/2018). Salvo error de nuestra parte, no motivó medio alguno de prensa costarricense a referirse a ello, y su eventual reseña no dejó rastros en la red.
Con respecto a Francia, cabe precisar que no es la primera vez que una de sus televisoras investiga con mayor detenimiento lo que el consumidor encuentra a precios tan cómodos en las góndolas de los supermercados franceses: véase por ejemplo documental disponible en este enlace realizado a finales de los años 2000 por un equipo de la emisión » Envoyé spécial «, titulado « L’ananas : une success story inégalée ! «: con unos 25 minutos de duración, se detallan en él varios aspectos negativos de la piña costarricense a partir de diversas entrevistas.
Sitios especializados franceses también buscan dar a conocer la realidad de la piña costarricense que no se deja ver en los estantes publicitarios de supermercados galos: véase por ejemplo, entre muchos otros, extensa nota titulada «Jorge Castro, le paysan en marche pour dénoncer l’expansion de la monoculture d’ananas au Costa Rica«, publicada en el 2017 en el sitio de Greentrotteurs y esta otra nota del sitio Beurk del 2012 titulada «Ananas sweet du Costa-Rica, vous reprendrez bien un peu d’éthéphon ! » (el Etefón – nombre químico: ácido 2-(cloroetil)fosfónico – es el ingrediente activo de un producto denominado Ethrel, utilizado para realizar la inducción floral a la hora de producir piña MD-2).
Como se explicará a continuación, la piña costarricense está interesando cada vez más a medios de prensa y a instancias internacionales; incluso, algunas comunidades rurales impactadas por su expansión han tenido que recurrir a mecanismos de protección internacional en materia de derechos humanos, ante la actitud omisa del Estado costarricense.
Un producto objeto de promoción… y de especial mutismo por parte del Estado en cuanto a sus efectos negativos
Datos estadísticos oficiales (dados por la misma Promotora del Comerio Exterior de Costa Rica, PROCOMER) indican que Costa Rica exportó piña fresca en el 2015 por un valor de 804,8 millones de US$, en el 2016 por valor de 874,2 millones de US$ y en el 2017, por valor de 940,7 millones de US$. Según señalado por el titular de la cartera de agricultura en el 2017, la piña genera unos 48.000 empleos en Costa Rica, incluyendo empleos indirectos (véase artículo publicado en La Nación).
Ahora bien, el entusiasmo oficial en dar a conocer estas cifras contrasta con el mutismo de varias entidades del mismo Estado costarricense cuando de algunos efectos de la piña se trata, tal y como lo veremos a continuación.
Imágenes satelitales confirmaron en el mes de enero del 2019 el alcance de la expansión piñera descontrolada que se da en Costa Rica, sin provocar mayor reacción por parte del aparato estatal (véase nota de Elpais.cr). En junio del 2018, estudios técnicos sobre contaminación del agua para consumo humano en la Zona Norte de Costa Rica arrojaron una serie de cuestionamientos (en nuestra opinión, particularmente graves) sobre el actuar irresponsable de las autoridades sanitarias y agropecuarias (véase nota del Semanario Universidad titulada «UCR revela que agua en la zona norte registran contaminación con agroquímicos«).
La misma sensación de apatía estatal generalizada se percibió al alertar tempranamente el máximo órgano de la Universidad de Costa Rica (UCR) a la opinión pública (en diciembre del 2008) sobre los efectos dañinos de la producción piñera: véase pronunciamiento de diciembre del 2008 del Consejo Universitario de la UCR titulado «Consecuencias socioambientales de la industria piñera en Costa Rica«. Su lectura integral se sugiere, en particular una de sus recomendaciones de indignante actualidad, 11 años después de emitida (Nota 1).
Otras serias advertencias han mantenido desde entonces al aparato estatal en una actitud silenciosa: véase por ejemplo, entre otros, artículo publicado en el 2017 por el Dr. Allan Astorga Gättgens, ex Secretario General de la SETENA, en el sitio de HablandoClarotitulado «Piña vs Agua: el costo del sacrificio ambiental» y otro artículo del mismo autor publicado en el 2011 en La Nación titulado «La cuestionable sostenibilidad ambiental de la piña«, en el que el autor señala que:
«La sustitución operada en la resolución 2286 – 2009 Setena del 25 de setiembre del 2009 del EDA por el EIA (por una Setena intervenida, como bien se sabe, por el Ministerio de la Competitividad) contradice nuestro ordenamiento jurídico y los principios de prevención que incluye nuestra normativa«.
Salvo error de nuestra parte, esta cuestionable resolución del año 2009 no ha sido derogada desde entonces, por lo que la piña sigue expandiéndose al amparo de esta, es decir eximida de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio.
El precitado artículo del Dr. Astorga, que no ha dado lugar a ninguna refutación luego de ser publicado en el 2011, es contundente en sus conclusiones:
«Es urgente reorientar una producción piñera que, lejos de ser un orgullo para la imagen verde de nuestro país ante el mundo, se ha convertido en una vergüenza nacional«.
Cabe precisar que a nivel local, son muchas las voces acalladas por el temor: a este respecto, un reportaje de febrero del 2014 “No nos tapen la boca: hablemos de la contaminación piñera” en homenaje a Mayra Eugenia Umaña, ilustra el tipo de presiones a las que son sometidas las personas que, desde sus pequeñas comunidades rurales, osan elevar la voz contra las empresas piñeras (véase reportaje del canal universitario Canal15 UCR, disponible aquí).
Recomendaciones de experta de Naciones Unidas (también) desoídas por el Estado costarricense
Resulta oportuno recordar que las advertencias tempranas a Costa Rica (2009) también provinieron de la esfera internacional.
En efecto, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Agua y Saneamiento, Catarina Albuquerque, visitó Costa Rica en el 2009 (véase texto del informe completo). En su informe incluyó lo siguiente:
«71. La Experta independiente desea expresar su preocupación respecto del empleo de Bromacil, Diurón y otros plaguicidas en las explotaciones agrícolas, en especial en las plantaciones de piña tropical, habida cuenta de que esos productos han sido relacionados con diversas formas de cáncer en caso de ser consumidos en grandes cantidades durante un período prolongado «(p. 22, punto 71).
La misma experta recomendaba en su informe del 2009 lo siguiente:
«85. La Experta independiente recomienda que Costa Rica apruebe, como medida prioritaria, los proyectos de decreto ejecutivo destinados a reglamentar el uso de Bromacil y Diurón en las explotaciones agrícolas» (p. 26, punto 86).
Como suele ocurrir con informes de esta naturaleza elaborados por entidades y/o expertos internacionales, su difusión en Costa Rica fue escaza, limitándose a algunos especialistas y a un aparato estatal debidamente notificado (pero muy poco interesado en divulgar su contenido).
Piña y autoridades costarricenses, o la historia de un parco aparato estatal
Las recomendaciones externadas por la experta de Naciones Unidas en el 2009 no tuvieron mayor efecto en Costa Rica.
Por supuesto que en los años posteriores se crearon comisiones interinstitucionales, se elaboraron diagnósticos, estudios diversos, se publicaron manuales de buenas prácticas agrícolas, se establecieron plataformas de producción responsable y demás iniciativas muy publicitadas por algunos sectores costarricenses: tanto, que sugiere en algunos casos que se trata más de una estrategia de comunicación que de herramientas eficaces para limitar los impactos negativos de la producción piñera en Costa Rica.
Con relación a la inacción estatal antes señalada, fue constatada (por enésima vez) 10 años después de las recomendaciones de la experta de Naciones Unidas, en enero del 2019 por el mismo juez constitucional costarricense. En efecto, en la sentencia N° 2019-000695 del 18 de enero del 2019 sobre aguas contaminadas en la Zona Norte, la despreocupación de las entidades se evidenció una nueva vez al indicarse que:
«…los Magistrados declararon con lugar el recurso, pues se acreditó que desde hace años todas las instituciones involucradas -Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Tribunal Ambiental Administrativo, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía, el Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministro de Agricultura y Ganadería-conocían la existencia de denuncias por riesgo de contaminación de diversas nacientes en las comunidades afectadas y, pese a ello, incumplieron su obligación, en atención al principio de coordinación interinstitucional en materia ambiental y del principio precautorio, de atender la situación con la premura necesaria para este tipo de problemas» (véase resumen de sentencia).
Esta decisión del 2019 puede ser comparada a la resolución Nº 2009-09041 del juez constitucional adoptada 10 años antes, con relación a la contaminación provocada por empresas piñeras en El Cairo y Milano de la región de Siquirres. Esta sentencia del 2009 fue objeto de una nueva decisión del 2013 en la que la Sala Constitucional (bastante molesta) señaló sin mayor contemplación que:
«Sobre el particular, esta Sala tiene plena e idóneamente demostrado la desobediencia a lo dispuesto en la Sentencia supra mencionada» (véase texto de la resolución 2013-05065).
Conocer de denuncias en materia de piña y no hacer mayor cosa por parte del Estado pareciera ser lo usual en Costa Rica; cuando se hace algo, puede entonces pasar que los análisis físico-químicos del agua realizados por las autoridades no encuentren lo que sí detectan laboratorios independientes (Nota 2).
Piña y ciencia jurídica, o la historia de cómo la normativa vigente se desvanece
Como se indicó anteriormente, desde el 2009 una resolución de la SETENA permite eximir a las plantaciones de piña de todo estudio de impacto ambiental (EIA) previo y obligatorio. No es la única normativa ambiental vigente que ha dejado de aplicarse en aras de favorecer la expansión piñera en Costa Rica, y estudiosos de la ciencia jurídica bien podrían ahondar en lo que someramente indicaremos en las líneas que siguen.
¿Principio precautorio? ¿Compensación por daño? ¿Implementación del principio «quien contamina paga«? Cuando de piña se trata en Costa Rica, se asiste a lo que se podría denominar una verdadera «desaplicación» de estos principios jurídicos básicos en derecho ambiental: al día de hoy, ninguna empresa piñera se ha visto forzada a compensar económicamente a comunidades que se han quedado sin agua potable, como tampoco a cámaras de ganaderos que se han visto afectados por la proliferación de la denominada «mosca de establo«.
Sobre este último aspecto, un documento que lleva el sello del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y de la Universidad Nacional UNA), “Boletín de Parasitología”, alertaba sobre el riesgo de proliferación de este insecto en caso de mal manejo de los rastrojos de la piña: lo llamativo es que fue publicado en el 2003. En el 2016, la situación fue tal que una emergencia sanitaria en siete cantones piñeros fue decretada (véase Decreto Ejecutivo 39902-MAG del 28/08/2016 publicado en el Alcance Digital 207 a la Gaceta del 5/10/2016, pp.1-6): véase al respecto – entre las pocas notas de prensa al respecto – esta nota del Semanario Universidad titulada «Brote de moscas hematófagas genera emergencia sanitaria«.
En cuanto al Estado costarricense, salvo error de nuestra parte, no se conoce (aún) de sentencias sobre acciones civiles resarcitorias y/o acciones penales presentadas por este para sancionar a empresas piñeras responsables de contaminar cuerpos de agua, drenar humedales, invadir zonas boscosas, provocar la proliferación de la precitada mosca o ignorar los retiros y/o perímetros de protección de ríos y quebradas previstos en la legislación ambiental, así como los retiros que se debe respetar para resguardar viviendas y centros educativos.
Se pudo escuchar en el 2013 por parte del hoy Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el jurista Fernando Cruz Castro, que:
«La actividad de la piña ha funcionado sin estudios de impacto ambiental y sin cumplir con los requisitos básicos. Esto lesiona la tutela del medio ambiente» (véase nota extraída del portal de la UCR).
La piña costarricense ha dado lugar a cierta originalidad por parte de algunos jerarcas en materia de salud: muchos guardan aún en mente la propuesta (bastante insólita) apoyada desde el mismo Ministerio de Salud en el 2008, tendiente a legalizar en Costa Rica pequeñas cantidades de Diurón y de Bromacil en el agua para consumo humano (Nota 3).
No fue sino hasta junio del 2017 que se publicó en La Gaceta un Decreto Ejecutivo prohibiendo el uso del Bromacil en Costa Rica (véase texto del Decreto N° 40423-MAG-MINAE-S publicado en el Alcance Digital 124 de La Gaceta Oficial, del 5/06/2017, pp. 9-16): la lectura de los considerandos sobre las características del Bromacil puede llevar a preguntarse por qué se esperó tanto tiempo para prohibir esta sustancia química, cuyos efectos nocivos para los suelos y las aguas se conocen desde hace muchos años. Con relación a otro herbicida asociado a diversas formas de cáncer, el Diurón, su utilización se mantiene sin regulación para limitar su uso; al igual que otras sustancias químicas usadas por producir la piña MD-2 (Carbaril, Clorpirifos, Diazinon, Etefón, Hexazinona y Triadimefón, para citar algunas de ellas – Nota 4).
En el 2014, el mismo Presidente del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) fue bastante enfático con relación a la omisión estatal en el caso de las comunidades del Cairo y Milano en la región de Siquirres (con más de 6000 personas privadas de agua potable desde julio del 2007 debido a la contaminación constatada y documentada de sus fuentes de agua por parte de empresas piñeras): “Vergüenza debe darle todo esto al Estado” (véase artículo de La Nación de septiembre del 2014).
Las comunidades de Milano de Siquirres cansadas de esperar (véase artículo del Semanario Universidad del 2015), acudieron al sistema interamericano de protección de los derechos humanos en marzo del 2015, haciendo ver cuán «pronta y cumplida» deja de ser la justicia en Costa Rica cuando de agua contaminada por empresas piñeras se trata (Nota 5): intentar obtener justicia en la esfera internacional cuando la justicia nacional no es acatada por las autoridades estatales recurridas forma parte de las herramientas jurídicas puestas a disposición de las comunidades por el derecho internacional de los derechos humanos.
La piña costarricense ante organizaciones de consumidores cada vez más exigentes
Este reportaje de la televisión gala difundido durante el mes de junio del 2019 fue precedido por otro de la cadena de televisión alemana DW divulgado en el mes de mayo del 2018 (véase enlace en YouTube), que habíamos tenido la oportunidad de comentar en esta breve nota publicada en algunos medios digitales, titulada «Entre el orgullo y otra cosa: a propósito de un reportaje sobre la piña costarricense difundido por la DW (Alemania)«.
Una de las pocas reseñas en la prensa de Costa Rica sobre este documental alemán se tituló: «Reportaje europeo deja por el suelo imagen de Costa Rica por cultivo de piña» (véase nota de AMPrensa, edición del 8/5/2018)
En enero del 2019, el programa «Carta sobre la Mesa» de RussiaToday (RT) se realizó en Costa Rica sobre la polémica que genera la piña entre distintos sectores (véase enlace de RT).
El interés del consumidor europeo por los efectos de la piña que ocultan convenientemente las autoridades costarricenses no es reciente: ya en el 2010, la misma organización de Consumers International realizó un extenso reportaje para la televisión británica esta vez, en coordinación con The Guardian (véase enlace al reportaje que se extiende por casi 20 minutos).
En un informe del 2015 sobre importaciones de piña fresca por parte de la Unión Europea (véase informe titulado «CBI Product Factsheet: Fresh Pineapples in Europe«), se pudo leer que:
«In 2014, Costa Rica accounted for 87% of the supply of fresh pineapples (817,000 tonnes), followed by Panama (32,000 tonnes), Ghana (24,000 tonnes) and the Ivory Coast (23,000 tonnes)» (página 4).
Con relación a los empleos generados por la actividad piñera en Costa Rica (presentados por el sector productivo y por las autoridades costarricenses como una justificación incuestionable para expandir la producción), en el 2016 la prestigiosa ONG Oxfam implementó una campaña en Europa contra la comercialización de la piña de Costa Rica por los supermercados alemanes con base en un informe que detalla las condiciones inhumanas que prevalecen (“inhumane conditions which prevail“) en las plantaciones de piña (véase informe en inglés titulado “Sweet fruit, bitter truth“). No se tiene conocimiento de drásticas medidas legales de control / prevención tomadas desde el 2016 para erradicar las prácticas laborales denunciadas por los integrantes de Oxfam en fincas piñeras. Nótese que el Buró de Oxfam en Alemania colgó en su sitio la reacción (algo airada) a su informe de una empresa piñera de la Zona Norte: véase carta de Finca Once SA.
Un estudio publicado en Francia describe otro efecto muy pocamente investigado de la expansión piñera, ante el que el Estado costarricense demuestra su complacencia: la concentración de tierras en detrimento del pequeño y del mediano agricultor costarricense y el desplazamiento que genera de familias rurales (véase al respecto artículo de Edgar Fernández Fernández (2014), «L’accaparement des terres au Costa Rica: le cas des entreprises productrices d’ananas«).
Otro aspecto que merecería una mayor investigación es el impacto de la piña para las finanzas de los mismos municipios y el régimen fiscal que ostentan las empresas a cargo de su producción. La discusión reciente en Costa Rica sobre el tema fiscal evidenció el régimen peculiar existente para el sector agroexportador y el lugar privilegiado de la piña (con relación al banano por ejemplo): un proyecto de ley espera desde el 2014 que se fije un dólar simbólico por cada caja de piña exportada, sin mayor éxito hasta la fecha (véase Expediente Legislativo Núm. 19.371 publicado en La Gaceta 227 del 25/11/2014, pp.2-3). Los especialistas en temas fiscales deberían de interesarse en una lista de «Grandes Contribuyentes» dada conocer en el 2018 por el Ministerio de Hacienda costarricense que reportaron 0 utilidades durante los últimos años: de manera a no causar mayor asombro (sonrojo o indignación o una mezcla entre ambos…), no detallaremos su contenido en el marco de estas breves reflexiones.
En este artículo del Semanario Universidad del 2017 titulado: «Informe coordinado por PNUD. Expansión piñera se comió 5.568 hectáreas de bosque«, se lee por parte de una ex regidora municipal del cantón de Guácimo que:
«la agroindustria piñera es como “un cáncer” para las comunidades, porque con el argumento de que da empleo es una actividad protegida que no paga patente ni impuestos municipales, y hasta el impuesto de bienes inmuebles que paga es bajo por ser terrenos agrícolas. En cambio, las municipalidades financiadas con los impuestos de todos tienen que reparar los caminos que se dañan con el pesado transporte de la piña, y las personas que viven en los vecindarios hasta donde se extienden las plantaciones sufren problemas de salud a causa de las fumigaciones de las plantaciones con agroquímicos, mientras que también se ven afectadas actividades económicas de la población aledaña«.
El impacto en la salud de las poblaciones aledañas a las plantaciones de piña que se menciona será objeto de algunos breves apuntes en las líneas que siguen, no sin antes recordar que también en este ámbito, la «desaplicación» de la normativa pareciera ser la regla.
Daños a la salud humana provocados por las plantaciones de piña: en ausencia de datos oficiales
Con relación a las diversas patologías asociadas a la aspersión de herbicidas, insecticidas y fungicidas y otras sustancias químicas que se aplican en las plantaciones de piña, son a menudo mencionadas en los reportajes europeos precitados al entrevistar a trabajadores y a vecinos.
Es muy probable que existan datos oficiales de los centros de salud más próximos, que atienden casos de trabajadores y de integrantes de comunidades que conviven a diario con estas plantaciones: por alguna razón, estos datos oficiales no se han dado a conocer. En el marco de un reciente ejercicio realizado por el Consejo Universitario de la UCR sobre los impactos de la producción piñera en Costa Rica, realizado a a finales del 2018, las dos únicas entidades del Estado costarricense que no entregaron la información solicitada por la máxima instancia de la UCR fueron el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) (véase carta al Consejo Universitario del 2017 hecha por el Programa Kioscos Socio Ambientales de la UCR, y que resume bastante bien la problemática de la piña en Costa Rica).
Un reportaje del programa Era Verde (UCR) del 2010 titulado “Desastre ambiental por piñeras ahora en Zona Norte” (véase enlace en YouTube) denunció en su momento la presencia de piñeras a pocos metros de la escuela de El Jobo en Los Chiles (min. 2:20) y del hogar de ancianos en Pital de San Carlos (min. 3:00), documentando bien lo que sufren a diario muchas comunidades costarricenses al convivir con una plantación de piña ante la actitud omisa de las autoridades.
Una ponencia presentada en el 2013 por un especialista, el Dr. Clemens Ruepert, a los integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua (TRAGUA) sobre sus hallazgos en escuelas cercanas a plantaciones de piña, revela el tipo de sustancias que a diario deben respirar niños y maestros en algunas zonas de Costa Rica (véase presentación titulada «Fenómenos ambientales asociados a la producción de piña«, en particular filminas 23 a 25).
En el caso de otro monocultivo de Costa Rica, el daño a la salud de los niños indígenas debido al uso de ciertas sustancias químicas y de ciertos plásticos usados en plantaciones de banano fue objeto de investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales (Nota 6). En el 2014, se dio a conocer otra investigación que asocia a investigadores de la Universidad Nacional (véase nota de CRHoy). Una investigación del 2015 (véase texto completo) del Posgrado en Salud Pública de la UCR, analiza lo que no investigan las autoridades sanitarias y educativas costarricenses. En las conclusiones de su investigación, el autor señala:
«Las concentraciones de clorpirifos halladas en las muestras de aire de esta investigación fueron mayores que las reportadas por otras nacionales e internacionales. En las muestras se detectó en gran medida fungicidas que se aplican de forma aérea en el cultivo de banano. Además, se encontró un plaguicida principalmente utilizado en el cultivo de la piña, y varios detectados en las muestras (terbufos y etoprofos) se catalogan como plaguicidas alta y extremadamente tóxicos» (p. 91).
A modo de conclusión: la sostenibilidad ambiental y la imagen internacional de Costa Rica puestas en entredicho
Favorecer por un lado, la expansión de un monocultivo que afecta suelos y aguas, fauna y flora, que destruye la cobertura boscosa y aumenta el nivel de erosión de los suelos, provocando la sedimentación de diversos cuerpos de agua, impactando la salud humana de las comunidades circundantes y la biodiversidad de zonas tan prodigiosas como las costarricenses; y por otro lado, presentarse ante el mundo como un Estado comprometido con el ambiente y la lucha contra el cambio climático plantea, como mínimo, algunas interrogantes válidas.
Precisamente, un suplemento del Semanario Universidad, «Ojo al clima«, publicado en el 2018 (véase texto), hace ver desde su mismo título los impactos severos de la piña en Costa Rica de cara al cambio climático: «Cultivo de piña quiebra los escudos contra cambio climático«.
La ausencia de reacción oficial a estos y a otros cuestionamientos posiblemente lleve a otros equipos de periodistas a alertar al consumidor europeo (y a los consumidores de otras latitudes) sobre los efectos pocamente discutidos en Costa Rica de este monocultivo, pese a la persistente y valiente acción de algunas organizaciones ecologistas, a la de comunidades directamente afectadas por la expansión piñera en Costa Rica y a las críticas externadas por varios académicos en diversos espacios (a los que no asisten siempre las autoridades y el sector piñero invitados, tal y como ocurrió en el 2017 – Nota 7).
Nótese que, contrario al supuesto «desarrollo» para las comunidades circundantes a las plantaciones de piña pregonado por algunas entusiastas autoridades, los cantones en los que más se ha expandido la piña en los últimos años se mantienen entre los cantones con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo de Costa Rica.
Con relación al mercado mundial de la piña fresca, según un informe de la UNCTAD del 2016 (véase texto completo), Costa Rica lidera la exportación de piña a nivel mundial con 2.126.929 toneladas métricas exportadas, seguida en América Latina por Panamá con tan solo 67.038 toneladas y Ecuador con 57.380 (véase gráfico Table 3 ubicado en la página 13): hemos revisado detenidamente esta tabla para detectar algún error de dígitos. Al parecer, Costa Rica es el único Estado en el mundo cuyas autoridades se muestran dispuestas a favorecer y a expandir el cultivo de la variedad «Sweet Gold» en semejantes proporciones (agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para obtener datos oficiales similares actualizados al 2018 por parte de la UNCTAD).
—Notas—
Nota 1: En la parte final de su pronunciamiento, el Consejo Universitario de la UCR declaraba en diciembre del 2008: «3. Instar al Gobierno y a las municipalidades mencionadas anteriormente a declarar y aplicar, de acuerdo con la legislación una moratoria a la expansión de la actividad piñera, hasta tanto se den las siguientes condiciones:
Nota 2: Se lee en el XX Informe del Estado de la Nación (2014) que “En mayo del 2014 el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA recomendó suspender el abastecimiento por camiones cisternas, ya que desde el 2012 los laboratorios privados contratados no han encontrado residuos de plaguicidas en las fuentes de agua para consumo humano en las comunidades involucradas. Sin embargo estudios efectuados por el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (Larep) del IRET-UNA, en marzo del 2014, detectaron concentraciones de 2,8 Mg/L de bromacil, 0,1Mg/L de triadimefón y otros plaguicidas” (p. 192). No se tiene registro de alguna reacción oficial explicando este llamativo episodio registrado por los investigadores del Estado de la Nación en el 2014.
Nota 3: Véase al respecto CUADRADO G., «Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)«, Revista Ambientico 2008, (Número 177), pp. 11-12, en el que se lee que: «El borrador de decreto ejecutivo que pretende legalizar la intrusión de Diurón en el agua para consumo humano tolera cantidades de hasta de 1,05 um/l; y la propuesta de decreto ejecutivo que quiere hacer lo mismo con el Bromacil tolera hasta 5 ug/l en agua para consumo humano y todavía aumenta, vía transitorio, la cantidad del herbicida hasta 10 um/l en el primer año después de publicado el decreto«. Artículo disponible en este enlace.
Nota 4: Las principales sustancias químicas usadas en la producción piñera en Costa Rica son, según un artículo disponible en la red de MONTIEL SEGURA M.A., «Uso de agroquímicos en la producción intensiva de piña en Costa Rica«, Revista Pensamiento Actual, Ciencias Naturales, UCR (2015), pp. 183-195: Insecticidas: diazinón, etoprofos, carbaril; Herbicidas: ametrina, bromacil, diurón, paraquat; Regulador de crecimiento: etefón (hasta tres veces por ciclo); Fungicidas: fosetil, mancozeb, metalaxil, y triadimefón (tabla en p. 190). Nótese que el uso del Paraquat fue prohibido por la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) en toda la Unión Europea, en una decisión de julio del 2007 (véase comunicado de prensa), mientras que el Bromacil fue prohibido en Alemania (1993), Eslovenia (1997) y Suecia (1990) y su uso es objeto de restricciones muy severas en varios otros Estados desde finales de los años 90.
Nota 5: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., «La piña de Costa Rica ante la CIDH«, DiarioExtra, Suplemento de Opinión Página Abierta, marzo del 2015, texto disponible aquí. Una versión más extensa de este artículo se publicó en el sitio jurídico especializado costarricense de DerechoalDia.
Nota 6: Véase por ejemplo: “Indigenous children living nearby plantations with chlorpyrifos-treated bags have elevated 3, 5,6-trichloro-2-pyridinol (TCPy) urinary concentrations”, Environmental Research (2012). El estudio como tal está disponible en este enlace.
Nota 7: Véase nuestra breve nota, BOEGLIN N., «A propósito de un reciente foro sobre la expansión piñera en Costa Rica«, ElPais.cr, edición del 29/10/2017. Artículo disponible aquí.
(*) Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
El superintendente de pensiones, don Álvaro Ramos, en recientes declaraciones al periódico la Nación (La Nación, domingo 07 de julio del 2019) aduce que la gente cree que las pensiones son mágicas porque se opera una suerte de expectativa por parte del futuro pensionado que no obedece a la realidad. Aspira a que se le devuelva un monto que no guarda proporción con lo que ha cotizado. Y destaca que se trata de un comportamiento cínico porque no quieren entender la imposibilidad de ese tipo de “pensiones mágicas”, apelando a que “Papá Estado le resuelva todo”.
El argumento parece impecable, casi mágico, y podría conducir cándidamente a aplaudirlo y hasta celebrarlo con odas por ser uno más en la lucha contra los “privilegios” y las “gollerías” de los empleados y pensionados del sector público. Pero se olvida don Álvaro que el “Papá Estado”, de manera irresponsable y dolosa, en el caso más sonado de las pensiones del Magisterio Nacional, nunca creó un fondo de capitalización con las cotizaciones tripartitas que sobrepasaban en casi tres tantos a las del Régimen de la Caja. Desvió a gasto ordinario esos dineros de todos los cotizantes desde la creación de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional en 1958, es decir, hace 61 años. Por tanto, si de magia se trata este fondo resultó mágico: hizo un acto de desaparición y se esfumó, se desvaneció….Ello es del conocimiento de la Sala IV en su voto 3447-98 donde, refiriéndose a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, señala la “grave omisión en crear un fondo autosuficiente” por parte del Estado; asimismo se destaca en ese voto que “ahora se pretende que esos yerros históricos, sean asumidos por los beneficiarios de los sistemas…”. El mismo argumento adujo el Licenciado Juan Rafael Espinoza en un artículo publicado en el Foro de La Nación (10 de agosto de 1995), al considerar la reforma que incrementó la cotización al régimen magisterial entre un 10% y un 16% como “injusta e irracional, además de contraria a la Carta Magna y a la jurisprudencia de la Sala Constitucional”.
Y es verdad, como señala el superintendente, que el Estado tendrá que pagar en este año 2019 la suma de 1.06 billones de colones en pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. Pero no es verdad que la culpa la tengan los “antiguos regímenes que fueron cerrados por ser insostenibles”. Tampoco son los pensionados los responsables del endeudamiento del Estado para cubrir las pensiones de las 61.300 personas pensionadas, como destaca el señor Ramos. Si hay algún responsable de esta situación ha sido el Estado que ahora busca lavarse las manos como Pilatos después de haber usufructuado de esos dineros ajenos y haberlos mal administrado. Una muestra más de la incapacidad y la ineficiencia de nuestros gobernantes, particularmente de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana, que en las últimas cuatro décadas han venido desmantelando el Estado Social de Derecho, con prácticas corruptas y políticas parcializadas a favor de las grandes empresas y el capital financiero.
El superintendente de pensiones apela a una salida fácil y simplista, aduciendo que el costarricense es víctima del “pensamiento mágico”, cuando más bien debería atender a la complejidad que representa la gestión financiera y política de un Estado que no ha sabido conducir la cosa pública con transparencia, ética y eficiencia. Se calcula que de haberse creado y capitalizado adecuadamente un fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, y de no haberse particionado en el de Transitorio de Reparto, por un lado, y el de Capitalización Colectiva, por otro, al entrar en vigencia la Ley 7531, el mismo cubriría a los pensionados actuales y contaría con una reserva de 5 billones (5 millones de millones) de colones. Aun así, la reserva para el Régimen Transitorio de Reparto sería en la actualidad de 1.4 billones (1.4 millones de millones de colones).
La ineficiente gestión del Estado se comprueba en el impulso que ha dado a políticas remendonas donde los platos rotos los han tenido que pagar los sectores medios y empobrecidos del país. Por tanto, si de cinismo se trata don Álvaro junto con este irresponsable “Papá Estado” resultan ser el mejor ejemplo. ¿Acaso no es cinismo eximirse de no haber creado, resguardado y capitalizado un fondo de pensiones desde 1958 y pretender ridiculizar, atribuyendo “pensamiento mágico” a los pensionados costarricenses? ¿Acaso no es cinismo seguir encubriendo a los evasores y elusores, principales disparadores del déficit fiscal, culpando a los pensionados del endeudamiento del Estado?
Por otra parte, y consecuente con su apología del Estado neoliberal y privatizante, el señor Ramos, con la frialdad propia de los economistas que Paul Krugman llama “vendedores de políticas económicas”, aduce que “hay una gran resistencia a ver la pensión, básicamente, como una cuenta bancaria glorificada…”. No alcanza a explicarse lo que es de sentido común para un costarricense medianamente informado, de que habitamos un país que hace más de medio siglo optó por un pacto social que ha hecho la diferencia entre un Estado oligárquico, regido por el simple interés rentista particular, y un Estado Social de derecho que apuesta por la solidaridad para la equidad y le bienestar colectivo. Adjudica al sistema financiero el poder “mágico” de glorificar los ahorros –convertir el agua en vino– y ser el único garante de una pensión justa y sostenible. Y esto sí es “pensamiento mágico” por cuanto, como bien lo ha constado la OIT en su reciente Informe (La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina 2000-2018), los regímenes de pensiones privados, es decir supeditados a los ahorros en el sistema financiero, han mostrado ser un fracaso en América Latina y en el mundo.
El superintendente hace caso omiso de la viabilidad y sostenibilidad de regímenes de pensiones que se rijan por el criterio de la solidaridad, procurando que las personas tengan acceso a una pensión digna y justa, es decir, que corresponda al aporte que ha brindado a la sociedad a lo largo de su vida laboral, y que el Estado sea garante de este derecho como está establecido en la legislación internacional. Al parecer, el señor Ramos quiere vendernos un modelo de pensiones sui generis e inédito: público pero que se rija por una lógica de mercado privado, basado únicamente en cuentas individuales. Por eso, no se sonroja al decir que para un trabajador de la Caja que cotiza 10.16%, lo lógico es que al pensionarse reciba entre un 30% y un 35% de sus salario actual y jamás el 55% que se otorga hoy en el IVM. En este sentido, tampoco cabrían las pensiones del régimen no contributivo. En su criterio no hay cabida para la solidaridad que dignifique al pensionado. Don Álvaro ha clausurado la solidaridad del Estado Social de Derecho costarricense, uno de nuestros principales logros como nación.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Álvaro Vega.
Sea parte de SURCOS:
En una sesión abierta del Consejo Asesor y el Científico del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica, se presentó la hoja de ruta de esta unidad, la cual contiene cambios sustanciales en su gestión.
El actual director del Cicap-UCR, Orlando Hernández Cruz, presentó a sus asesores y a los cerca de 25 funcionarios de esa unidad académica los planes de trabajo que marcan un cambio en el modelo de gestión. Uno de los más representativos será el fortalecimiento de la investigación, con el fraccionamiento de medio tiempo de investigación, y la creación de un fondo financiero de apoyo a este departamento, que podrá apoyar trabajos finales de graduación presentados en la Escuela de Administración Pública.
En la actualidad, el centro tiene inscritos 10 proyectos de investigación y terminarán el año con dos más. En esta línea, el Cicap-UCR firmó convenios de entendimiento con la Escuela de Administración Pública, el Programa de Posgrado de la misma disciplina, el Programa de Posgrado en Evaluación de Proyectos y el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas.
El trabajo conjunto permite fortalecer la investigación en Administración Pública como un todo y desarrollar líneas de investigación colegiadas.
Al respecto, María José Cascante, directora del Doctorado en Gobierno y Política Pública explicó que este trabajo contribuirá a armonizar las líneas de investigación y crear un vínculo beneficioso para los estudiantes.
Al esfuerzo anterior, se une el Programa de Desarrollo Municipal, que ahora será ampliado al ámbito local y que también tiene un brazo de investigación especializada en el campo. Específicamente, se reforzará el desarrollo del índice que califica la gestión de Comités Cantonales de Deportes y Recreación.
Dicho programa desarrolló, además, capacitación y asesoría en gestión municipal, a través de un trabajo conjunto con el Ministerio de Comunicación en materia de datos abiertos de gobiernos locales. También, en el área de investigación, se desarrolla un Laboratorio de Aprendizaje y Aportes, en el cual se permita a estudiantes e investigadores analizar datos en sistema R. El proyecto inicial de este laboratorio será el estudio de informes de datos de la Vicerrectoría de Acción Social.
El enfoque de la nueva administración es generar una cultura de evaluación constante, que permita garantizar que los servicios que ofrece el Cicap-UCR son transformadores, tanto para quienes reciben capacitación en el Centro como para las organizaciones que reciben a los funcionarios del Cicap-UCR en formato de asesoría técnica, consultoría o en un proceso corto de acompañamiento.
Para fortalecer esta relación con el sector público, el Centro está alimentando nuevas bases de datos de funcionarios profesionales, que podrán conformar las listas de elegibles para ofertar su asesoría a la institucionalidad pública en el momento que esta la requiera.
El el área de la educación continua, se está levantando un catálogo con las más de 100 actividades de capacitación que desarrolla el Cicap-UCR y se trabaja para bajar el costo de 24 cursos cortos, lo cual permitirá una mayor cobertura y acceso de los públicos institucionales a la capacitación profesional en administración pública.
«Así es cómo debe trabajar la Universidad, cuando tiene distintas unidades trabajando en una única disciplina».
Leonardo Castellón Rodríguez, director de la Escuela de Administración Pública
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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