El control avanzado de procesos es una subdisciplina de la ingeniería de control que aún está en crecimiento, tanto en Costa Rica como en el resto del mundo
La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UCR cuenta con su propio laboratorio de investigación en ingeniería de control, el CERLab (foto Archivo ODI).
La Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE) de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue el punto de encuentro del Taller Centroamericano sobre Control Avanzado de Procesos, realizado del 13 al 15 de febrero.
El evento reunió a estudiantes y profesionales de la región para discutir sobre la ingeniería de control, más específicamente acerca de sistemas de control avanzado de procesos, un área que está todavía en proceso de desarrollo en el mundo.
La EIE invitó como expositores a reconocidos ingenieros especialistas en este tema, como el profesor Sebastián Dormido de la Universidad Estatal a Distancia de España, así como al profesor Antonio Visioli, de la Universidad de Brescia, Italia, entre otros.
Según comentó el Ing. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería de la UCR, el objetivo del encuentro era promocionar el estudio de la ingeniería de control a nivel centroamericano.
En 2011 la EIE organizó un taller sobre este mismo tema, por lo que se consideró necesario retomar la iniciativa para actualizar los conocimientos, pues es un área de mucha investigación en la actualidad.
De acuerdo con la Ing. Mercedes Chacón Vásquez, docente de la EIE y coordinadora de este encuentro centroamericano, el control avanzado va más allá de los procesos de ingeniería de control tradicionales.
El auditorio de la EIE acogió alrededor de 60 participantes, quienes asistieron al encuentro centroamericano sobre ingeniería de control (foto Karla Richmond).
“Es una subdisciplina de la ingeniería de control que busca analizar algoritmos más complejos que los tradicionales, para llevar a un sistema a comportarse de una manera que el usuario desea”, explicó Chacón.
Es decir, a través de algoritmos y modelos matemáticos se orienta un sistema para que se comporte con ciertas características en un tiempo definido, como por ejemplo un motor que ahorre energía y trabaje con la mejor eficiencia.
En la UCR, el Laboratorio de Investigación en Ingeniería de Control (CERLab) de la EIE es el encargado de la investigación en esta área y cuenta con más de 150 publicaciones científicas sobre esta temática. Por esta razón, el CERLab fue uno de los aliados más importantes para la organización de este encuentro centroamericano.
Precisamente, para conectar la investigación con la práctica se establecieron visitas guiadas dentro de este evento a industrias del país y a laboratorios de la UCR, con el fin de conocer las aplicaciones que tiene esta área de la ingeniería.
En los talleres programados dentro del encuentro participaron también diez estudiantes provenientes de diferentes universidades centroamericanas, quienes fueron becados por la organización.
La EIE recibió el apoyo del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) para organizar la actividad, la cual es una asociación mundial de ingenieros dedicada al desarrollo e investigación del área ingenieril.
En su segunda edición, el Premio Propulsa de la Fundación Citi y Auge -UCR, se entregó a siete manos emprendedoras de diversas regiones del país
Ganadora del premio al microemprendimiento del 2019, Laura Artavia Quirós de la firma Bowo. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El pasado 15 de febrero 2019 se entregó el premio Propulsa, que otorga la Fundación Citi y la Agencia Universitaria de Gestión del Emprendimiento (Auge-UCR) en forma de capital semilla, a un total de siete emprendedores y una microfinanciera.
En la actividad, que se realizó en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap-UCR), la ministra de Cultura y Juventud Sylvie Durán Salvatierra, hizo un llamado a los empresarios presentes: el emprendimiento debe incluir valor de identidad local.
Con cerca de 25 empresarios presentes de todas las zonas del país, la jerarca de Cultura explicó que la gastronomía de cada región, así como diversos rasgos identitarios, que son finalmente los que nos hacen sentirnos parte de algo, son aspectos a resguardar, y que deben ser rescatados en productos, servicios y bienes culturales. Un proceso que ella llamó como innovación por temas identitarios.
Esta es la segunda ocasión que se realiza la entrega de premios Propulsa, un programa que impulsa el emprendimiento fuera del Gran Área Metropolitana.
Los emprendimientos seleccionados
Con ese mensaje, se presentaron los siete ganadores del premio Propulsa del 2019. El premio de mayor tamaño por $8 000 al empresario del año 2019 se le entregó a Laura Artavia Quirós de la firma Bowo, ella produce desde la Unión en Cartago productos ecológicos a base de cera de abeja. Actualmente crea envoltorios Bowo que sirven para empacar alimentos y evita el uso de plástico.
Durante la entrega de los premios Propulsa, de izquierda a derecha el director ejecutivo de Citi Costa Rica, Ed Sánchez; la ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, el director de AUGE-UCR, Luis A. Jiménez; la coordinadora de Propulsa 2019, Natalia López y la empresaria Laura Villalobos. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El premio en la categoría Mujer se entregó a Kimberly Coudin Fernández, y a su emprendimiento TinyBugs, ubicado en San Rafael de Alajuela. El producto es un gel fijador de cabello que previene el contagio de piojos en niños y niñas, y es hecho a base de extractos naturales.
En la categoría comercio se premió a Enid Abarca Flores de la firma Frutas Doña Mara ubicada en Santa Eduviges de Páramo, esta empresa familiar se dedica al procesamiento de fruta congelada.
Laura Villalobos Acuña, y su empresa Fertijardín, recibieron el premio en la categoría de Impacto Social por desde Aguas Zarcas, fabricar y distribuir insumos agrícolas amigables con el medio ambiente para el cuido de zonas verdes, jardines, cultivos hortícolas, huertas caseras, ornamentales externas e internas, entre otros.
Juan Felipe Blanco Segleau se llevó el premio al emprendedor Joven, con su firma Sleepy Sloth en Limón, fabrica cunas con materias primas renovables.
En la categoría de Producción el premio fue para José Andrés Elizondo Ureña y su empresa La Cima de Sabor que procesa mermeladas y salsas picantes, con frutas y verduras de la propia comunidad, además de hacer énfasis en el uso de insumos en su mayoría orgánicos.
Por último el premio a la categoría Servicio, se le entregó a Diana Álvarez Quesada, del Centro de Atención Integral (Creadi) que atiende a una población desde los 0 a los 6 años de edad, en zonas rural.
Ministra de Cultura y Juventud, Sylvie Durán Salvatierra explicó la coordinación que se hace con el Ministerio de Economía para facilitar emprendimientos con alto valor local. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Dinero efectivo
Cada ganador recibió entre $5 000 y $8 000 como recurso no reembolsable o capital semilla, que podrán invertir en sus negocios. Al respecto, el director de Auge-UCR Luis Alonso Jiménez Silva explicó que la experiencia de la incubadora universitaria ha demostrado que el apoyo con recursos es crucial para aumentar las ventas y que recursos bien invertidos hacen enormes diferencias.
Los empresarios ganadores fueron seleccionados por AUGE-UCR, que además contó con la participación de la Red Costarricense de Micro financieras (REDCOM), de la Fundación Citi y la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FundaciónUCR). El proceso supuso el estudio de 155 postulaciones recibidas. Del total de postulantes se escogieron 70, luego el proceso de selección redujo el grupo a 25 y finalmente se entregaron 7 premios.
“Para nosotros es de gran importancia continuar con este programa por segunda ocasión. Propulsa brinda reconocimiento a los emprendedores que logran desarrollar su negocio fuera de la Gran Área Metropolitana permitiéndonos dar a conocer lo dinámica e innovadora de las economías regionales, con el objetivo de gestar redes de trabajo entre los participantes guiadas guiadas por colaboración. El contar con estos incentivos motiva a las personas a continuar con su negocio”
Luis Alonso Jimenez Silva, director de AUGE-UCR.
El objetivo del premio es reconocer el importante papel que desempeñan los microemprendimientos en el crecimiento de la economía, y busca destacar el importante papel que los propietarios de la microempresa en las economías locales.
“Para Citi es un orgullo patrocinar e impulsar un programa enfocado a fortalecer el área emprendedora de nuestro país, un reconocimiento que brinda capital semilla a diversos negocios en crecimiento que significa una mejor economía, progreso y desarrollo para Costa Rica”, comentó Ed Sánchez, Director Ejecutivo, Citi Costa Rica.
Los premios fueron entregados a los ganadores de mano de autoridades de gobierno como la Ministra de Economía Industria y comercio (MEIC) Victoria Hernández, el director de Auge-UCR, Luis A. Jiménez y el director Ejecutivo, Citi Costa Rica Ed Sánchez.
Además Propulsa que también busca promover la actividad microfinanciera entregó un premio a la microfinanciera del año, el cual quedó en las manos de Fundación Mujer.
Con esta entrega Fundación Citi suma $46 000 en capital semilla para el 2019.
Con relación a la criminalización de la protesta social en el contexto de la huelga general indefinida contra el Combo fiscal:
Llamamos a:
1.- Solidarizarnos con CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ
2.- Concentrarnos el próximo *Martes 24 de febrero de 2019 a las 10:00 horas frente a los Tribunales de Goicoechea, Tercer Piso.
3.- Instamos a la Fiscal General de la República, Msc. Emilia Navas Aparicio a que desestime* los cargos contra Pérez Sánchez.
4.- Denunciamos los discursos del Gobierno, principalmente el emitido por Carlos Alvarado, en su calidad de Presidente de la República, criminalizando, judicializando y condenando la protesta social*, y principalmente, su discurso en la prensa contra el PRESO POLÍTICO CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.
5.- Asimismo, condenamos las acciones represivas realizadas por contingentes policiales los días domingo 16 y lunes 17 de setiembre*, en Moín.
Carlos Andrés Pérez Sánchez: preso político en la cárcel de Limón – ¡Libertad ya!
El 1 de setiembre del año 2000, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, se apuntó un gran triunfo político, pues hizo posible la libertad de Daniel Alcides Vega Miranda. Bajo el lema: “Libertad para el último preso político”. Después de un largo recorrido de denuncias, visitas a ministerios y otras instancias, campañas internacionales por su libertad; se hizo posible que Vega Miranda, saliera libre, en su calidad de “Preso Político”.
Ciertamente, Mónica Nagel no quiso formalmente aceptar esta categoría, a pesar de que en la Resolución 2946, de la fecha indicada, reconocía que aunque los hechos cometidos por Daniel Vega, eran hechos políticos, al susodicho se le había juzgado por delitos de naturaleza exclusivamente penal.
Por todo lo anterior, nos corresponde al movimiento social, popular y sindical, hacer realidad, lo más pronto posible, la LIBERTAD DE CARLOS ANDRES PÉREZ SÁNCHEZ. Tal vez la vieja consigna que se usó en la lucha a favor de Vega: “LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, CÁRCEL A LOS QUE REPRIMEN AL PUEBLO”, no sea necesaria. Pero si es absolutamente obligado llamar la atención de los jueces para que revisen con mucho cuidado, todo lo que se articuló contra Carlos Andrés y las particularidades que asume este juicio, apelado en su doble vía, tanto por la fiscal, como también por parte del abogado defensor de Carlos Andrés Pérez Sánchez.
El arresto de Pérez se da en el marco de un gran desafío del movimiento social, popular, sindical y campesino contra el sistema político y principalmente contra una nefasta medida, originada del Proyecto Ley 20.580, conocido como el Combo Fiscal ( Ley de Modernización de las Finanzas Públicas).
Pareciera ser, que por todos los elementos que han salido a la luz pública, se ve claramente que la decisión de llevar a presión al joven trabajador Pérez Sánchez, viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de conciencia y pensamiento. No hay en la sentencia un claro delito tipificado, porque Carlos Andrés, no cometió ningún delito. Digámoslo de manera sencilla. El gobierno del actual presidente de la república CARLOS ANDRÉS ALVARADO Q. quiso, en la figura del hoy PRESO POLÍTICO, que el movimiento social y principalmente sindical escarmentara.
Por eso y en atención a lo que describe el Convenio referido, nos parece que la duración de la detención y las condiciones bajo las cuales queda preso Carlos Andrés, son claramente desproporcionadas, violatorias respecto a un delito que no existió y que tampoco se pudo probar, aun con las argucias que se esgrimieron en su contra.
Pero lo que es aún más delicado. La huelga de RECOPE, fue declarada legal, y precisamente en la resolución se apela en que no hubo daños, sabotaje o atentados que pusieran en peligro a las instalaciones de dicha empresa. Más bien se reclama que eventualmente, terceros, pudieron haber sido los que llevaron a cabo intenciones de afectar el buen funcionamiento de la distribución del gas en el contexto, ya de por sí álgido, a que la huelga de setiembre/diciembre 2018 condujo al pueblo de Costa Rica.
Por todo lo anterior, si queda demostrado que la detención de CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ, se dio bajo procedimientos políticos, claramente injustos. Lo que queda entonces es apelar a la conciencia de los jueces de la Tercera Sala, para que den libertad a Pérez Sánchez, en tanto que su caso es claramente injusto, abusivo y político.
Hoy, nos presentamos ante esta instancia legal con una consigna por derecho:
Carta de la Contraloría General de la República aclara que no se puede establecer cuánta presión ejerce el Fondo Especial de Educación Superior sobre el endeudamiento del Gobierno
Bandera de la Universidad de Costa Rica, Ciudad de la Investigación de la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El pasado 4 de febrero Marta Acosta, Contralora General de la República, señaló que el 75% del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) se financia con deuda interna, sin embargo la misma Contraloría General de la República (CGR) aclaró que no se puede determinar la presión que ejerce el fondo que financia la educación pública universitaria sobre el endeudamiento del Estado.
Es decir, no se puede afirmar que es el financiamiento de la educación pública superior la que presiona el problema fiscal del Estado costarricense.
La declaración de la Contralora se dió en el marco de su intervención en la comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza el fondo desde enero pasado. Esta comisión analiza el funcionamiento de las universidades estatales y la administración que hacen del FEES.
La aclaración vino tras una consulta del diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, quien solicitó una explicación a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la afirmación de la jerarca. El legislador pidió hacer constar que el dato referido por la Contralora no esclarece cuánta presión ejerce el FEES sobre el endeudamiento del Gobierno.
La consulta del legislador señala que igualmente se podría financiar el FEES con tan solo un 6,3% de deuda, pues todo depende de realizar cambios en la combinación de las fuentes de financiamiento (ingresos corrientes y deuda), que son las que en conjunto otorgan los recursos a la totalidad del Estado.
El diputado señala que “realizar estos cambios presupuestarios no tiene ningún efecto económico real, pues aunque permitiría afirmar que el FEES se financia con más o menos deuda, el nivel total de emisión de Títulos Valores de Deuda Interna del total del Presupuesto de la República no variaría en absoluto”. La nota evidencia que el Fondo puede financiarse con el 75% o con el 6,3% de deuda, por lo que la afirmación es inexacta e induce a error.
La respuesta de la CGR indica que en cualquiera de los dos escenarios planteados, si el FEES se financiara de manera total con deuda o con solo un 6,3%, esto no aumenta ni disminuye la deuda ni el déficit fiscal, pues solo se estaría pasando recursos de una fuente de financiamiento a otra, por lo que no se puede decir con certeza cuanta presión ejerce las transferencias FEES sobre el endeudamiento del Gobierno, y que tampoco se puede descartar su incidencia.
El presupuesto nacional en conjunto se financia con un gran porcentaje de deuda (más del 50%) no obstante no se puede establecer cuál de todos los rubros que lo componen se financia con más o menos deuda, por lo que resulta equivocado señalar al FEES como uno de los disparadores del gasto.
Comunidades, organizaciones y gremios profesionales enriquecen la propuesta de la UCR en materia ambiental
Las iniciativas sobre desarrollo ambiental sostenible de la Vicerrectoría de Acción Social promueven capacidades comunitarias para generar cambios desde los mismos habitantes, con el acompañamiento cercano del personal y estudiantes destacados en las decenas de proyectos en ejecución.
Aprender a convivir y aprovechar responsablemente los recursos de la naturaleza sí es posible. Y la Universidad de Costa Rica (UCR) con variados programas, proyectos e iniciativas abren espacios universitarios para que la ciudadanía aprenda a aprovechar los recursos de forma sostenible.
Para acompañar a las comunidades, a las organizaciones populares y gremios de especialistas en sus metas ambientales, la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) destina cada año parte de sus recursos financieros, humanos y logísticos en iniciativas que van desde proyectos de Trabajo Comunal Universitario, hasta actividades lúdico-pedagógicas y de formación accesibles para toda la población.
Con una inversión que superó los ₡220 millones en el año 2018, la VAS tiene en vigencia un total de 117 proyectos que cubren todas las regiones, que implican horas docentes y estudiantiles en investigación y acompañamiento comunitario.
En la salvaguarda de la conservación y recuperación ambiental, los recursos siempre son insuficientes, por ello las personas involucradas aportan además de su tiempo personal para trabajar mano a mano con las comunidades.
Los esfuerzos se dirigen en varios sentidos. Uno de ellos es la capacitación de profesionales de diversas carreras de las áreas de las ingenierías, las ciencias biológicas y geológicas, así como las sociales. Otro en capacitación de liderazgos comunales, además de reforzar el currículo escolar en centros educativos de primaria y secundaria.
De la mano con las comunidades
La VAS concibe su trabajo como un intercambio de saberes, en el que tanto los gestores comunitarios y el personal universitario diseñan las estrategias, acordes a las necesidades detectadas en ese proceso.
El magíster Freddy Arias Mora, coordinador del proyecto “Prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses” (TC-661), apuntó que gracias a una de las iniciativas se impulsó la formación de un grupo de mujeres emprendedoras que desarrollaron una harina a base yuca, como alternativa a las plantaciones extensivas de banano y piña que circundan la comunidad de La Primavera.
En ese sentido, el desarrollo de capacidades comunitarias en la gestión de los riesgos y la conservación ambientales caracterizan otros proyectos que vinculan distintos centros e institutos de investigación, así como escuelas de todas las áreas del conocimiento.
El mariposario de la Reserva Ecológica Leonelo Oviedo ha transferido conocimientos mujeres rurales para iniciar sus emprendimientos para mejorar la calidad de vida de sus familias con proyectos ambientalmente sostenibles.
Otro ejemplo de los impactos que se logran es el Centro de Acción Social e Investigación en Mariposas (ED-2759), un espacio para la educación ambiental y la actualización de profesionales y personas emprendedoras interesadas en la reproducción de mariposas e insectos asociados a los ecosistemas nacionales.
El magister Luis Ricardo Murillo Hiller, coordinador del proyecto ED-2759, desde esa instancia no solo “se realizan actividades educativas, sino que también se apoyan a mujeres emprendedoras de muy escasos recursos en zonas rurales. Más de 20 mil personas en Guácimo, Guápiles, Siquirres, Guácima, Montes de Oca, Desamparados, entre otros cantones, han sido parte de estos procesos de acompañamiento comunitario. En total, “más de 1500 familias viven directa e indirectamente de la comercialización de mariposas, pues se genera conocimiento vital para sus operaciones”.
En esa misma línea de acción, los proyectos “Turismo en Ditsö Ka: cambio social y perspectivas de sostenibilidad” (ED-3392) e “Ingeniería de Biosistemas en el desarrollo de proyectos ecoturísticos en la zona indígena de Bribrí, Talamanca: caso Shuabb” (ED-3398) brindan acompañamientos a pobladores de esos territorios para impulsar actividades productivas sostenibles ambiental y financieramente.
A resguardar la calidad de vida
Gran parte del trabajo que se hace desde proyectos de vinculación universidad-sociedad están relacionados con la conservación y defensa de los mantos acuíferos.
Desde el año 2010, la Maestría en Hidrogeología y Manejo de Recursos Hídricos coordina el proyecto “Gestión y entendimiento del flujo de las aguas subterráneas” (ED-2799). Desde entonces, “se ha fortalecido el rol preponderante de la UCR en la capacitación y actualización de los profesionales sobre los recursos naturales, especialmente para concientizar sobre la necesidad de utilizarlos sosteniblemente”, dijo la magíster Ingrid Vargas Azofeifa, coordinadora del mismo.
Con charlas, talleres, sesiones formativas y docentes, personas de instituciones vinculadas con el sector hídrico y comunidades han intercambiado saberes alrededor del ED-2799. “Este proyecto nos ha brindado retroalimentación del quehacer universitario hacia la sociedad, lo cual es clave para fortalecer las líneas de acción en torno a la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental”, agregó Vargas.
Otros, estimulan a poblaciones juveniles en la atención de los residuos sólidos, que son unos de los principales factores de contaminación en ríos costarricenses. El proyecto de Trabajo Comunal Universitario denominado “Apoyo a la gestión ambiental local” (TC-71) apoya a municipalidades en Limón, San José y Alajuela con actividades educativas para que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio en sus entornos inmediatos.
“Tenemos como universidad, la responsabilidad de revisar constantemente hacia dónde vamos, el modelo de universidad que tenemos y aspiramos a que la UCR continúe formando profesionales solidarios, generando conocimiento y ampliando del acervo cultural para el bienestar de un país. La naturaleza pública de la Universidad de Costa Rica nos obliga a construir permanentemente una relación dialógica con una sociedad compleja, plural, desigual y contradictoria”, dijo la magíster Marjorie Jiménez Castro, Vicerrectora de Acción Social.
Las instalaciones de la mina de plata localizada en medio del municipio rural de San Rafael Las Flores, en Guatemala, están cerradas desde 2017, como resultado de la lucha de los pobladores de la zona contra esa actividad, que no les había sido consultada debidamente, como avaló el tribunal constitucional del país. Crédito: Edgardo Ayala/IPS.
SAN SALVADOR, 14 feb 2019 (IPS) – Como un pulpo que lo abarca todo, la minería metálica ha ido extendiendo sus tentáculos por América Central y golpeando la agricultura y los ecosistemas del área, de acuerdo a pobladores afectados, activistas y un nuevo informe sobre el problema.
“Donde está la empresa minera eran terrenos que arrendaban los campesinos para sembrar maíz y frijol, la base fundamental de nuestra agricultura, pero con la llegada de la compañía no hay tierras donde cultivar”, explicó Lesbia Villagrán, residente en el municipio de San Rafael Las Flores, en el este de Guatemala.
En esa localidad rural con algo más de 9.000 habitantes se instaló en 2007 la Minera San Rafael, subsidiaria de la compañía canadiense Tahoe Resources, y desde entonces los residentes en diferentes asentamientos esparcidos por ese municipio y otros vecinos se organizaron para detener sus operaciones.
La lucha de los pobladores contra el yacimiento de plata El Escobal obedeció a que consideran que sus actividades afectan sus medios de vida, como la agricultura, el agua y la biodiversidad de la zona.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”: Julio González.
“Cuando yo estaba pequeña, mi papá arrendaba cuatro o seis manzanas (algo más de cuatro hectáreas) de tierra y para nosotros era alegría trabajar en la cosecha, abundante, pero cuando los dueños de esos terrenos los vendieron a la empresa, mi papá ya no pudo cosechar nuestros granos básico”, agregó Villagrán, de 28 años, en entrevista con IPS desde San Rafael.
El yacimiento cambió de dueño en enero, y ahora la empresa se llama Minera San Rafael El Escobal, subsidiaria de la también canadiense Pan American Silver, que según su portal de Internet es el segundo productor mundial de plata. Es propietaria y opera seis minas en México, Perú, Argentina, Bolivia y ahora en Guatemala.
“La situación agrícola es complicada debido a las operaciones de la empresa”, señaló Alex Reynoso, un caficultor de un municipio vecino a San Rafael.
De acuerdo a Reynoso, los mercados del país no quieren los productos cosechados cerca al yacimiento, porque temen que estén contaminados con los metales pesados utilizados en el proceso de extracción.
“Los mercados más importantes del país evitan comprar nuestros productos, así de sencillo”, subrayó a IPS desde su localidad.
IPS intentó obtener comentarios tanto de Tahoe Resources como de Pan American Silver, sobre las críticas de los residentes en San Rafael Las Flores en contra del yacimiento, sin lograr respuesta hasta el momento de publicar este reportaje.
Las operaciones de la mina se mantienen suspendidas desde julio 2017, debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que asumió el alegato de organizaciones de pobladores de la zona, pertenecientes al pueblo amerindio xinca, de que no fueron consultados sobre el proyecto.
El alto tribunal ratificó la medida de paralización en septiembre de 2018.
Organizaciones ambientalistas de América Central presentaron en San Salvador el estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos, ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”. En el documento se revela la extensión del sector y cómo ello afecta la agricultura y las formas de vida de los centroamericanos. Crédito: Cortesía de Asociación para el Desarrollo de El Salvador.
Este caso en Guatemala es un ejemplo de las tensiones que provoca en América Central la extracción de metales, una actividad que ha estado presente en el área, aunque en forma rudimentaria, desde los tiempos de la colonia española, en el siglo XVI.
Pero ha sido en las últimas décadas que ha mostrado una amplia expansión con la llegada de consorcios internacionales dedicados al sector.
El arribo de compañías extranjeras ha generado un conflicto social a partir de la oposición de residentes de los poblados donde se asientan las actividades mineras, especialmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Por medio de las licencias ganadas, los consorcios han ido acaparando tierras de tradición agrícola o forestal, así como a los recursos hídricos vitales para la vida en las comunidades, sobre todo indígenas, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria.
El estudio “Estrategias para la defensa del medio ambiente y derechos humanos ante los impactos del extractivismo minero en Centroamérica”, hecho público el 11 de febrero en San Salvador, da cuenta de esa expansión y sus impactos.
En Honduras, hasta enero de 2017 se habían otorgado 172 concesiones de minería metálica, que en una extensión total de 7.275 kilómetros cuadrados, equivalentes a 6,47 del territorio del país.
En Guatemala, hasta la misma fecha, se habían otorgado 55 concesiones, con una superficie de 4.143 kilómetros cuadrados, un 3,81 por ciento de la superficie nacional.
Nicaragua, para mayo de 2017 había otorgado concesiones para 146 operaciones extractivistas, y aún procesa 20 solicitudes más. En conjunto, incluyendo las solicitudes pendientes, engloban 11.143 kilómetros cuadrados, es decir, 8,55 por ciento de su superficie total.
El Salvador hizo historia a nivel internacional, al ser el primer país en el mundo en prohibir de tajo toda forma de minería, en marzo del 2017.
Pero hasta 2006 se registraban 31 concesiones metálicas, que cubrían un área de 1.088 kilómetros cuadrados, 5,17 por ciento de su territorio.
América Central es una región de grandes carencias sociales, con una población de 48 millones de habitantes y una extensión de 524.000 kilómetros cuadrados, y de la que forman parte también Costa Rica y Panamá.
Es además, una de las regiones más vulnerables a los impactos del cambio climático, con pérdidas anuales en cosechas, ya sea por exceso de agua, en el periodo de lluvias, o por sequías, en el seco.
Siguiendo el ejemplo salvadoreño, “hay casos de movimientos que están solicitando territorios libres de minería” en países vecinos, explicó a IPS la investigadora nicaragüense Angélica Alfaro, una de las responsables del nuevo estudio.
“Pero la realidad es que en países como Honduras, Guatemala y Nicaragua se han creado leyes orientadas directamente a promover al sector minero”, dijo Alfaro, que trabajó en el documento en su calidad de consultora de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador.
El sector minero pone en riesgo la seguridad alimentaria del istmo porque impacta directamente la agricultura, pues afecta varias cuencas, aseguró a IPS el activista Julio González, del colectivo guatemalteco Madre Selva.
Por ejemplo la mina Cerro Blanco, localizada en el municipio guatemalteco de Asunción Mita, limítrofe con el occidente salvadoreño, es parte de la cuenca Ostua- Güija-Lempa.
La contaminación producida por el yacimiento pasa al lago Guija, en El Salvador, y de ahí al río Lempa, que serpentea por este país y cuya agua es aprovechada para el riego y para el consumo humano, luego de ser purificada.
“El agua, aparte del uso cotidiano, es vital para la agricultura, y es afectada por la presencia de minerales metálicos, como cianuro, todo eso va a alterar la producción de alimentos”, destacó González, quien participó en la presentación del estudio en San Salvador.
Agregó que las tierras usadas por el sector no son precisamente las enormes extensiones propiedad de terratenientes, sino las zonas usadas para la agricultura de subsistencia, sobre todo en territorios indígenas, expulsados históricamente de sus tierras y asentados en zonas boscosas.
“Pero esa es la agricultura que sostiene la seguridad alimentaria”, subrayó.
El informe “Impactos de la minería metálica en Centroamérica”, publicado en 2011, advertía ya que “el acceso al espacio geográfico con el que cuenta la minería es el doble que el dedicado a la producción de granos básicos, es decir, por cada kilómetro cuadrado que se encuentra cultivado con granos básicos en Centroamérica existen dos kilómetros cuadrados sobre los cuales la industria minera ejerce control”.
A continuación les compartimos la propuesta realizada por el ciudadano SHIRANI JOSSUE ROJAS CASTRILLO, con respecto al proceso de elaboración del “Reglamento del Título I de la Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, denominado “Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado” (IVA).
Ingrese en el siguiente enlace para leer la propuesta:
La Dirección de Extensión Universitaria concluye primera etapa de los cursos sobre alfabetización para adolescentes con discapacidad cognitiva y para mujeres adolescentes y adultas en alianza con el Parque la Libertad
Los cursos gratuitos de “Alfabetización para adolescentes con discapacidad cognitiva” y “Alfabetización para mujeres adolescentes y adultas”, surgieron luego de un análisis de las necesidades diagnosticadas. Este 2019 sigue segunda etapa
El aporte de este proceso va más allá de leer y escribir: Destruye las barreras de segregación y exclusión que forma la sociedad; fomenta relaciones de amistad del estudiantado y padres expresan su alegría de poder compartir con otras familias durante el tiempo lectivo
“Ahora puedo leer y escribir”, dijo Andrés Castro mientras su papá aún se secaba las lágrimas porque vio a su hijo recibir un certificado de participación universitaria, un certificado UNED. Este joven es uno de los ocho muchachos y muchachas con discapacidad cognitiva que participaron en el curso de alfabetización, que la Dirección de Extensión Universidad impartió en el Parque la Libertad durante el año 2018. Pero también quince mujeres adultas y adolescentes obtuvieron el mismo reconocimiento.
La capacitación se logró gracias a un convenio de la UNED con el Parque la Libertad, que abarca una serie de capacitaciones dirigidas a diferentes poblaciones y distintos temas, como alfabetización, arte, manualidades y varios otros, que fortalecen y han permitido al Parque abrir una gama más amplia de talleres dirigidos a las poblaciones más vulnerabilizadas.
Los cursos “Alfabetización para adolescentes con discapacidad cognitiva” y “Alfabetización para mujeres adolescentes y adultas”, surgieron luego de un análisis de las necesidades diagnosticadas y planteadas por los funcionarios del Parque, y la Dirección de Extensión Universitaria los imparte por medio de su Programa de Desarrollo Educativo, uno de siete programas o áreas que generan impacto social.
“Las personas en situación de discapacidad tienen todos el derechos, pero las barreras de las sociedad generan segregación y exclusión. Al dar oportunidad de desarrollar el proceso de lectoescritura se disminuyen algunas de estas las barreras y se promueve una participación más plena y justa.
El aporte de este proceso va más allá de leer y escribir, ha fomentado relaciones de amistad del estudiantado y también de sus familias, que comprueban que sí se puede. Las madres expresan su alegría de poder compartir con otras familias durante el tiempo lectivo, mientras la profesora balancea el tiempo de estudio con el tiempo de conversación y risas de sus estudiantes”, aporta Jimena Zeledón Pérez, quien tiene a cargo los cursos de educación inclusiva en el Programa de Desarrollo Educativo.
Buenas noticias
Este segundo año, la UNED seguirá llevando las capacitaciones al Parque la Libertad, el cual es un proyecto de seguridad humana e inclusión social que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades aledañas y vulnerables delos cantones de Desamparados, Curridabat y La Unión.
“Nos llena de mucha alegría poder continuar durante este año con el proyecto, arrancamos nuevamente el martes 12 de febrero con la II Etapa del proceso atendiendo los dos grupos: adolescentes y adultos con discapacidad cognitiva en horario de 01:00 a 3:00 p.m. y el de mujeres de 03:00 a 05:00 p.m y los impartirá la profesora Mariela Garrido Soto.
Para el segundo semestre del año tenemos pensando iniciar nuevamente con la I Etapa, ya que los encargados en el Parque de la Libertad tienen una lista de personas interesadas en recibir la capacitación”, explicó Karen Alvarado coordinadora del Programa Desarrollo Educativo de la Dirección de Extensión de la UNED.
La Dirección de Extensión Universitaria de la UNED fomenta la relación Universidad – Sociedad, con su labor alcanza a las regiones más distantes y vulnerables del país, facilitando el acceso a la educación, incluso a personas que no han llegado a un aula de escuela. Solo en los años 2017 y 2018 casi 14 mil personas participaron en los procesos formativos de acción social, más de 18 mil personas se matricularon en nuestros cursos libres y más de cinco mil lo hicieron en las capacitaciones que se imparten por medio de la Fundación de la UNED en el mismo periodo.
Enviado por MSc. Martha Verónica Herrera Pérez, Comunicadora social, Dirección de Extensión Universitaria, UNED.
Observatorio de los Derechos Humanos y Autonomía Indígena
Adelanto al Informe Final de la 15° Misión
La 15° Misión del ODHAIN, al terminar su segunda parte, (4 y 5 de febrero 2019), entrega el siguiente comunicado a las autoridades oficiales y a la opinión pública, ante el aumento de la conflictividad que genera el aumento de la tensión y la posible violencia que puede desencadenar en enfrentamientos cuyas consecuencias sean irreversibles en la vida y la humanidad de las partes intervinientes en estos conflictos.
En esta oportunidad la 15° Misión tuvo contacto con tres situaciones de conflicto en los territorios indígenas, Rey Curre, finca Du Tuj, (borucas); Térraba finca Crun Shurin/ Potomac, (broran); Salitre finca Kapliña en La comunidad de Puente (bribris). Siendo que, en estas dos últimas fincas en recuperación por parte de familias indígenas, logramos constatar la conflictividad y la violencia, hechos que observamos en ambos lugares, en los que hay presencia física de no indígenas que pretenden esas tierras recuperadas por los indígenas. Esta tensión es permanente y creciente, tanto así que la misma policía permanece largas horas en medio de las partes para evitar los enfrentamientos, sin embargo, este elemento no está solucionando ni respondiendo al tema tan antiguo, al que el ODHAIN ha hecho recomendaciones que no han sido atendidas.
Es oportuno señalar que los territorios de Térraba y Salitre desde el 2015 cuentan con Medida Cautelar 321-12, de la CIDH, en razón de los índices de violencia, presentados y denunciados entre los años 2013 y 2015, en ambos territorios. Urgimos a las autoridades del Estado costarricense (Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo) a garantizar los Derechos Humanos, acatar las resoluciones de los organismos internacionales sobre saneamiento territorial indígena, y a velar por la vida y la integridad física de los intervinientes en estos conflictos de las Fincas señaladas.
Este llamado, a efecto de que se establezcan responsabilidades de los hechos que puedan sobrevenir, con el interés de estar a tiempo en una acción disuasiva en este conflicto.
Estamos convencidos de que la prevención es la solución en cualquier camino que busque alternativas de solución a los conflictos y la construcción a una PAZ POSITIVA.
San José, 11 de febrero 2019.
El ODHAIN es el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, creado en el 2012, tiene como objetivo observar, documentar e informar sobre la situación de los derechos humanos en los territorios indígenas de Costa Rica. Además, el ODHAIN busca acompañar a estos pueblos en la difusión y la denuncia a fin de incidir positivamente en la solución de los conflictos. Está integrado por personas representantes de organizaciones sociales, universidades, asociaciones y federaciones estudiantiles, organizaciones sindicales y magisteriales, organizaciones ecologistas, de mujeres, de derechos humanos, paz y no violencia, de gremios profesionales, humanistas, pastorales de las Iglesias Católica y Luterana, entre otras.
Más información: Tel. 2223-4472 de Serpaj – CR (lunes – miércoles – jueves en horario de oficina).
