Igualmente agradecemos a todas y todos los que con su voto y participación hicieron posible que se obtuviera ese triunfo contundente, que no deja lugar a dudas y que se hace necesario para poder unir nuevamente a la gran familia trabajadora Japdevina, portuaria y afín (…)»
Esta encuesta tiene por objeto conocer la posición y los pasos a seguir respecto a la Firma del Protocolo sobre la Norma Técnica del Aborto Terapeútico en Costa Rica según la opinión de cada miembro.
Ingrese en el siguiente enlace para acceder a la encuesta:
El pasado 21 de enero se llevó a cabo una manifestación frente al Ministerio de Trabajo en defensa de las y los obreros piñeros de la empresa Empaques Bellavista, despedidos por el hecho de estar sindicalizados
En la página de Facebook de Sitrasep Cr, se solicitaron donaciones para trabajadores.
Se pueden realizar donaciones al fondo de huelga en:
Cuenta Banco Nacional
A nombre de Sindicato de Trabajadores del Sector Privado
Argumentan que 10.000 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) fueron rebajados por el Poder Legislativo en una intervención indebida según la Constitución
Rectores de las universidadades estatales acudieron este martes 22 de enero a la Sala Constitucional para presentar la acción contra el recorte del FEES. En las afueras Henning Jensen Pennington brindó declaraciones a la prensa. Foto: Anel Kenjekeeva.
Los rectores de las universidades estatales que integran el Consejo Nacional de Rectores, presentaron esta tarde, la acción de inconstitucionalidad contra el recorte de 10 mil millones de colones al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES), realizado por la Asamblea Legislativa para el presupuesto del año 2019 de las universidades públicas.
El monto del FEES para el año 2019, definido por la Comisión de Enlace (las instituciones de educación superior universitaria estatal y los Ministros de Educación, Hacienda, Planificación y de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones), se fijó en 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018 y que integra el 3% como inflación estimada para el año 2019, por parte del Banco Central.
El Poder Ejecutivo incorporó este monto, en el proyecto de presupuesto ordinario de egresos de la República, según lo ordenado por el artículo 85 de la Constitución Política. Durante la discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron un rebajo de 10 mil millones de colones a la asignación del monto del FEES acordado, con lo cual el FEES vigente para el año 2018 no fue incorporado en el presupuesto 2019 “ajustado de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda”, tal y como lo establece el artículo 85 de la Constitución Política, en forma preceptiva y obligatoria. Este artículo de la Carta Magna señala que:
“El Estado… mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. … Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan. … El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente,… ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.”
El Poder Legislativo incluyó en el presupuesto ordinario de egresos de la República para el año 2019 la partida del FEES con una disminución, con lo cual dicha partida no corresponde a la asignación constitucional prevista para el FEES, la cual debe ser ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.
El artículo 85 establece el supuesto bajo el cual el Poder Ejecutivo perdería su competencia constitucional para incluir el monto del FEES y ser sustituido por el Poder Legislativo:
“Cualquier diferendo que surja, respecto a la aprobación del monto presupuestario del plan nacional de Educación Superior Estatal, será resuelto por la Asamblea Legislativa.”
Es así, como se estipula un procedimiento, dentro del cual la competencia del Poder Legislativo queda condicionada a la existencia de una ausencia de acuerdo en cuanto al monto a asignar para el FEES en determinado año por parte del Poder Ejecutivo.
Henning Jensen entrega acción de inconstitucionalidad contra recorte del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). Foto: Anel Kenjekeeva.
La petitoria de las universidades públicas en la acción de inconstitucionalidad es:
Con fundamento en todo lo expuesto, solicitamos a la Sala Constitucional dar trámite a la presente acción de inconstitucionalidad y acoger la inconstitucionalidad acusada y reclamada contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 declarando en sentencia:
A.- La legitimación que poseen las instituciones de educación superior universitaria estatal para la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad contra el artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019, publicada en el Alcance 207 a La Gaceta (Diario Oficial) número 230 del 11 de diciembre de 2018.
B.- La inconstitucionalidad de la reducción (en 10.000 millones de colones) que el Poder Legislativo ha hecho de la partida incorporada por el Poder Ejecutivo en el proyecto de presupuesto (por 511.154,72 millones de colones), efectuada durante la tramitación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019. Lo anterior como consecuencia de una intervención indebida del Poder Legislativo en el ámbito de las competencias constitucionales asignadas por el artículo 85 al Poder Ejecutivo, que mediante acuerdo con las instituciones de educación superior universitaria estatal suscrito el pasado 13 de julio de 2018, determinaron la asignación constitucional para el FEES correspondiente al año 2019 en la suma de 511.154,72 millones de colones, monto que corresponde al presupuesto asignado en el año 2018, tomando en cuenta la estimación del 3%, prevista como inflación para el año 2019.
C.- La inconstitucionalidad del artículo 2º de la Ley Nº9632 del 28 de noviembre de 2018, por no haber incorporado la partida correspondiente al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) en los términos preceptivos y obligatorios contenidos en el artículo 85 de la Constitución Política, esto es, una partida correspondiente al FEES vigente en el presente año, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda, variación que ha sido fijada en un tres por ciento de inflación, de conformidad con el programa macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica.
D.- Dimensionar los efectos de la sentencia que acoja la presente acción previniendo tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa a incluir por medio de un presupuesto extraordinario del año 2019 los fondos necesarios para incorporar los 10.000 millones de colones que fueron inconstitucionalmente rebajados de las partidas destinadas a la asignación que constitucionalmente corresponde para el Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política.
E- Prevenir tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa de abstenerse de realizar acciones u omisiones que impliquen incumplir durante el proceso de formulación, discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la República, el monto del FEES que debe ser incluido según los términos señalados por el artículo 85 de la Constitución Política.
Los recursos del FEES han sido el soporte del trabajo que han desarrollado las universidades públicas, en formación de talento humano, investigación, apoyo a las comunidades, a favor del desarrollo nacional y local del país. La educación ha sido y seguirá siendo la mejor inversión para garantizar una sociedad más justa y la movilidad social de estudiantes y sus familias.
El próximo jueves 31 de enero a las 5 p.m. se llevará a cabo un homenaje póstumo al profesor Edelberto Torres Rivas, Dr. Honoris Causa de la Universidad de Costa Rica y ex secretario general de FLACSO.
La actividad se llevará a cabo en la sala de la biblioteca Eugenio Fonseca Tortós, UCR.
Llamarán al presidente de la Sala Constitucional para que se refiera a la autonomía universitaria y sus alcances
Este martes 22 de enero, la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudiará y analizará la administración del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) comenzó a sesionar.
En esta primera reunión, se acordó que las sesiones ordinarias se realizarán el primer y tercer lunes de cada mes, después del Plenario, y se convocará a sesiones extraordinarias cuando sea necesario.
Asimismo, se aprobó llamar a audiencia a Marta Eugenia Acosta, contralora general de la República, a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y a Edgar Mora, ministro de Educación, para que se refieran a aspectos relacionados con el FEES, su distribución, su administración y a otras formas en que las universidades se financian.
Igualmente, se llamará a Fernando Castillo, presidente a. i. de la Sala Constitucional para que hable sobre la autonomía universitaria y sus alcances.
Para dar insumos para el análisis y comprensión del funcionamiento de las universidades estatales, aportes de la educación superior pública y sobre la administración del FEES, se llamará a audiencia a los rectores de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. De igual manera, se citará a las Federaciones de Estudiantes y a los vicerrectores o vicerrectoras de Acción Social e Investigación de las cinco universidades y al Programa Estado de la Nación.
Por otra parte, la propuesta presentada por Enrique Sánchez, diputado del Partido Acción Ciudadana, que pretendía contar con la presencia de un representante de cada una de las universidades para que pudiera servir como asesor técnico ante cualquier consulta de la comisión, se rechazó.
El diputado del Partido Liberación Nacional, Wagner Jiménez, quien preside la comisión, manifestó que la discusión debe realizarse con base en datos serios y tomando en cuenta la institucionalidad y la transparencia de la información y que bajo ninguna circunstancia se pretende una discusión ideológica.
Esta comisión trabajará bajo el expediente N.°21052 y está compuesta por Wagner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional (PRN); Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) y Erick Rodríguez, diputado independiente.
SURCOS comparte este importante texto de Gisela Zaremberg, profesora investigadora de FLACSO México e integrante de la Red de Politólogas. Fue originalmente publicado en la revista mexicana Oraculus y sugerido a SURCOS como un texto importante por Patricia Salgado Muñoz. Sin duda ofrece muchas luces acerca de la realidad política latinoamericana y costarricense y el papel de los movimientos evangélicos y neopentecostales.
Un nuevo fenómeno recorre la política latinoamericana: las iglesias evangélicas se han convertido en actores políticos influyentes. Cualquier persona formada en una educación medianamente laica que escuchara los alegatos de los diputados brasileños en nombre de Jesucristo votando por el desafuero de Dilma Rousseff la tarde del 17 de abril del 2016, se habría pellizcado para confirmar que aún estaba viviendo en el siglo XXI. No extraña entonces que el actual presidente, Jair Messias Bolsonaro, haya conmemorado su victoria electoral con misa evangélica.
Otras escenas repiten el estupor. En Colombia en el plebiscito por los acuerdos de paz, en octubre del 2016, se observaba la intervención directa de agrupaciones evangélicas a favor de la opción del No. En febrero de 2018 en Costa Rica, un candidato del partido evangélico Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, tras aglutinarse en torno a la oposición a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario, pasó inéditamente a la segunda vuelta electoral. Aunque fue derrotado, obtuvo el 39% de los votos. En tanto en Guatemala, el presidente Jimmy Morales apoyado en agrupaciones evangélicas locales denostaba como contaminada por la “ideología de género” a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) que prosigue casos de corrupción en su contra.
Estos son sólo algunos ejemplos, suficientes para preguntarnos: ¿Qué semejanzas y diferencias encontramos entre estos y otros casos de interferencia religiosa en la práctica política? ¿Hasta qué punto resultan un factor insoslayable con el que la política latinoamericana deberá lidiar? ¿Qué aspectos habría que tener en cuenta para enfrentar a estas coaliciones religiosas? Lo que sigue es una serie de deslindes y reflexiones que procuran ir más allá de estupores -y miopías- iniciales.
Ni tanto, ni tan poco: evangélicos en América Latina
Comencemos por constatar una tendencia general: mientras la feligresía católica decrece sostenidamente, la evangélica aumenta en América Latina. De manera interesante también crece el número de personas que declaran no profesar ninguna religión, tal como muestra el siguiente gráfico:
Evolución católicos, evangélicos, protestantes y ninguna religión 2000-2017 (porcentajes)
Fuente: Latinobarómetro (2000 a 2017).
En 17 años, la población católica decreció 17 puntos porcentuales. Mientras, los evangélicos casi se duplicaron.
En 17 años, la población católica decreció 17 puntos porcentuales. Mientras, los evangélicos casi se duplicaron. Si a las cifras del 2017 (13%) sumamos a quienes se declaran protestantes (4%) esta población ronda el 17% en la región. También es significativo el crecimiento de quienes no profesan ninguna religión, pues pasan del 6% al 16% en este período. Este es el segundo grupo en crecimiento en la región, apenas por debajo de la suma de evangélicos y protestantes. El asunto clave es que estos últimos grupos han crecido no sólo en tamaño sino también en organización, mientras que este rasgo no es visible dentro de los no creyentes.
Más allá de esta foto general, observamos diferencias importantes entre casos nacionales. En países como Guatemala y Honduras, las feligresías evangélicas junto a las protestantes representan prácticamente el 40% de la población. En cambio, en el otro extremo, Uruguay muestra uno de los porcentajes más bajos de católicos (37.5) y evangélicos (4%), acompañado de una alta proporción (31%) de personas que no pertenecen a alguna religión. Casos como el brasilero muestran una reducción constante del catolicismo mientras que México se mantiene atípicamente fuera de la tendencia, muy por encima del promedio regional para 2017 con un 80% de católicos (véanse mediciones nacionales para consultar variaciones por región).
Antes de proseguir, importa entender que el mundo evangélico es variado, abarcando una serie de sub-divisiones que van desde agrupaciones más tradicionales como los presbiterianos, bautistas y metodistas, hasta las nuevas modalidades ‘evangelicales’, pentecostales, neo-pentecostales e iglesias libres. Estos subgrupos constituyen una ‘gran familia protestante’
Entre estas subdivisiones, importa especialmente analizar el pasaje del predominio de iglesias ausentes de lo mundano (fuera de la política) a otro, protagonizado por neopentecostales, que abiertamente incursionan en dicho ámbito.
Neopentecostales: la conquista política
El fenómeno evangélico no es nuevo en la región. Las misiones datan, al menos, de finales del siglo XVIII. Lo que sí es novedoso es su directo y creciente involucramiento en asuntos político-estatales. En este proceso es fundamental la aparición y éxito organizativo de iglesias pentecostales, y especialmente neopentecostales, pues buena parte de las candidaturas electorales exitosas y de las dirigencias que acceden a cargos de gobierno provienen de estas vertientes.
Buena parte de las candidaturas exitosas provienen de iglesias pentecostales.
La creciente incursión política de las iglesias neopentecostales se debe a tres transformaciones. En primer lugar, el desplazamiento de las ‘iglesias de garaje’ ubicadas en áreas marginadas hacia modernas mega-iglesias ubicadas en zonas de clase media o alta. De esta forma, la población que acude desde sectores populares y medios encuentran en esta ubicación y tipo edilicio un símbolo aspiracional de estatus y movilidad social.
Estas iglesias constituyen empresas trasnacionales relacionadas (segunda transformación) con la aparición de la “teología de la prosperidad”. La misma predica que la pobreza es símbolo de insumisión a Dios porque los verdaderos creyentes disfrutan de los bienes de la creación divina en esta mismísima tierra. La doctrina persigue el empoderamiento individual y la felicidad del pueblo de Dios (sí: “pare de sufrir”). La fidelidad férrea a la doctrina (expresable en donaciones y en discurso positivo) aumenta la posibilidad de recompensa divina.
En términos políticos (tercera transformación), esto se ha traducido en considerar que, como parte de dicha recompensa, los evangélicos están destinados a ocupar exitosamente cargos públicos. Los neopentecostales reconstruccionistas en particular, van aún por más, se consideran mandatados a reconstruir las democracias en teocracias. Nada más y nada menos.
Esta tendencia ha desarrollado prolíficas redes de colaboración con corrientes de la extrema derecha (republicana) en EEUU, en España y con diversos movimientos político-religiosos post soviéticos. Ello no debe llevarnos a simplificadas teorías conspirativas. No tengo aquí el espacio suficiente para abundar en detalles, pero la identidad de los modelos evangélicos latinos tiene presencia propia en Estados Unidos. La fortaleza organizacional local no es un dato menor. Baste decir, por ejemplo, que la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) se ha convertido en un imperio pastoral, comercial, mediático y político de tal envergadura que varias corporaciones evangélicas americanas o europeas palidecerían ante la comparación.
Evangélicos y política electoral
Así como el mundo evangélico es heterogéneo, las estrategias de los evangélicos para incursionar en la política también lo son. De acuerdo a la imprescindible obra de José Luis Pérez Guadalupe, podemos diferenciar entre: a) la construcción de un partido evangélico, b) un frente liderado por evangélicos abierto a otros actores y c) una facción evangélica que participa en partidos o movimientos políticos ya constituidos que no son liderados por evangélicos.
No hay consenso sobre la “disciplina electoral” de los movimientos evangélicos, pero sí han tenido capacidad para aglutinar oposiciones conservadoras en algunos países.
No hay completo consenso acerca del mecanismo preciso por el que las iglesias ligan la lealtad religiosa con la electoral. El mencionado Pérez Guadalupe, centrado en el caso peruano insiste en que no puede darse por sentada la existencia de un voto confesional. Enfatizando el fracaso de la constitución de un partido evangélico y de la candidatura presidencial del pastor Humberto Lay en 2006, argumenta que los evangélicos peruanos no siempre votan por las candidaturas indicadas por sus pastores.
En el otro extremo, se ubicaría el caso brasileño. De acuerdo a Fabio Lacerda y J.Mario Brasilense en un país con candidaturas que pueden definirse en listas abiertas (en un sistema de representación proporcional en distritos de alta magnitud) se favorece un modelo denominado como corporativo por el que las iglesias neopentecostales apoyan candidaturas específicas entre sus feligresías logrando una tasa de éxito de elección de sus candidatos muy superior a la de los partidos políticos. Debido a esta capacidad, políticos evangélicos han sido incluidos en coaliciones tan diversas como las de Lula y Rousseff, o la del actual gobierno de Bolsonaro.
Más allá de la discusión sobre la disciplina electoral o voto confesional, se ha enfatizado la capacidad de las iglesias evangélicas para construir un campo de oposición conservador con base en una agenda moral que define enemigos acérrimos (la ideología de género, grupos LGBT, intelectuales progresistas). Al hacerlo atraerían en la misma ola tanto votos de las propias feligresías como de otras religiones e incluso de sectores laicos. En este sentido, los evangélicos, especialmente en su versión pentecostal, funcionarían como facilitadores de movimientos políticos y candidaturas “atrapa todo” (catch-all) orientadas a la derecha. Una especie de boosters (aumentadores de recarga) para una derecha que había perdido encanto discursivo y arraigo territorial en muchos países de América Latina.
¿Evangélicos flexies?
Con base en el estudio de la elites imperantes en países post-comunistas de Europa del Este y de neoconservadores en Estados Unidos, la sugerente obra de Janine Wedel nos informa sobre un nuevo fenómeno: la consolidación de los flexies, un tipo de miembros de elite surgidos en el contexto posterior a la caída del Muro de Berlín, en medio de la desregulación y ajuste de los estados-nación. A diferencia de los cliqués o los grupos de presión, estos miembros construyen redes de influencia desde posiciones de poder flexibles (de ahí el nombre de flexies) entendidas a partir de cuatro características: a) ocupan roles superpuestos entre los mundos público y privado; b) dada la ambigüedad derivada de lo anterior consiguen eludir controles y procesos de rendición de cuentas; c) ocupan espacios en las burocracias y en las instituciones de los gobiernos representativos; y d) usan esas posiciones para relajar las reglas, no necesariamente rompiéndolas sino creando otras que se adapten a sus fines.
La evidencia biográfica sobre pastores estelares de las principales iglesias pentecostales y neopentecostales en Brasil (IURD, Asamblea de Dios, Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Asamblea de Dios Victoria en Cristo y Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra) muestran inicialmente que, más allá de las diferencias organizativas, estos rasgos flexibles caracterizan los modos de incursión política de estos liderazgos.
Un ejemplo paradigmático es el caso de la ya mencionada IURD en Brasil y su creador, el obispo Edir Macedo, actualmente uno de los hombres más ricos del mundo. Desde que fundó en 1977 la IURD, su juego desde posiciones múltiples ha redundado en constante empoderamiento tanto público como privado. Mientras consolidaba su rol de pastor religioso, en 1989 adquiría la segunda cadena televisiva más importante de Brasil (Rede Record) desde la que suele aparecer como el respetable defensor de la moralidad familiar. En tanto, aunque no se ha presentado como candidato, en 2005 consolidaba el Partido Republicano Brasileño (PRB), con especial control político de Río de Janeiro, una plaza electoral clave para desempatar elecciones. Hoy en día el alcalde de esta ciudad (Marcelo Crivella) pertenece a esta iglesia y a este partido. Mientras tanto, junto a miembros de la bancada evangélica pertenecientes a otras iglesias exitosas y en coalición con la bancada ruralista y la de inspiración militar (llamadas bancadas BBB: Biblia, Bala y Buey), detenía dentro del Congreso brasileño los proyectos de reformas impositivas que amenazaban con obligar a las iglesias a pagar impuestos y transparentar sus finanzas al control estatal.
La hipótesis acerca de la flexibilidad de las elites religiosas pentecostales se muestra plausible también para otros casos en lo que respecta a un rasgo central: la capacidad pragmática de aprovechar múltiples posiciones y alianzas. En México, evangélicos se han aliado eficazmente a grupos católicos en torno a coaliciones conservadoras. Tal como muestra Jairo Antonio López, comparando la contra-movilización frente a la institucionalización de los derechos de grupos LGBTI en Colombia y México, en ambos casos se han presentado estrategias similares que incorporan tanto al activismo callejero-electoral como al institucional-legislativo.
En este mismo sentido, desde el campo de los estudios de género y feministas se está detectando cómo estas coaliciones han logrado ocupar en ocasiones las propias instituciones impulsadas por los movimientos a favor de los derechos de las mujeres (como los institutos de las mujeres estatales y municipales en México) vaciándolas de contenido, para suplantarlas por políticas a favor de causas familistas. Como expusimos en Aborto, movimientos y femocracias: un análisis relacional la medida en que estas instituciones estén ocupadas por miembros de coaliciones religiosas conservadoras implica un factor importante en el avance de legislación contraria a los derechos de las mujeres. Para sorpresa de muchas, al ocupar las instituciones, los miembros de estas coaliciones han sabido moldear los marcos del lenguaje de género, resignificando términos y alineándolos con sus objetivos. Por ejemplo, se utiliza el término “empoderamiento” surgido en el campo de los estudios de género, vaciándolo de cualquier referencia al marco de derechos humanos e igualdad de género, para remitirlo (en línea con la teología de la prosperidad) a contenidos de superación individual que, paradójicamente, defienden la continuidad de roles maternales de cuidado familiar tradicionalmente asignados a las mujeres.
Lo dicho indica que los nuevos políticos evangélicos no son (sólo) fundamentalistas del medioevo, títeres manejados por simples conspiradores o ignorantes desesperados por la pobreza. Por el contrario, la evidencia muestra como plausible la figura de elites influyentes que han aprendido a utilizar para provecho propio y de sus redes de pertenencia, los ambiguos y sofisticados intersticios existentes entre lo mundano y lo religioso, deteriorando con ello las capacidades democráticas de control de los estados laicos y los derechos de igualdad e inclusión de amplios sectores de la ciudadanía. Analizar cómo oponerse al desembarco religioso en las instituciones políticas es tarea pendiente. Lo cierto es que para comenzar este análisis conviene salir del estupor para conocer, y no subestimar, las nuevas habilidades y fortalezas que estos actores han desarrollado.
Este sábado 19 de enero de 2019, el Colegio Indigena Yímba Cájc, de Rey Curré, instaló cámaras de vigilancia en distintos ángulos estratégicos de sus instalaciones como parte de una estrategia de seguridad.
Los artefactos serán útiles para el trabajo de los oficiales de seguridad y ofrecer así tranquilidad a la comunidad estudiantil y al personal docente y administrativo.
Estos dispositivos fueron instalados por la empresa de la región Sur del país Grupo Siete Electromecánica.
SURCOS comparte imágenes de la actividad en la cual se celebra la firma de una convención colectiva en una empresa bananera después de 38 años.
El logro, considerado como “un gran triunfo sindical” por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) representa un avance en el sector privado donde las convenciones colectivas han sido inexistentes.
Este instrumento jurídico que permite proteger derechos laborales y asegurar mejoras en la calidad de vida, y que está previsto en el Artículo 62 de la Constitución Política de Costa Rica, ha sido negado en el sector privado. El mencionado precepto constitucional señala: “ARTÍCULO 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados”.
Fotos enviadas a SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.