En la segunda cita de coordinación entre jerarcas y funcionarios del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) y del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), se sentaron las bases para un trabajo conjunto que busca promover el modelo cooperativo entre las personas con discapacidad, como una opción de ingresos y empleo en esa población.
A finales del año anterior se dio un primer acercamiento entre las jerarquías institucionales, ya que una de las metas del sector cooperativo en el Plan Nacional de Desarrollo busca promocionar las cooperativas en nuevos grupos de la sociedad. En cuanto al Conapdis, una de las funciones que señala su ley de creación, es la promoción del empleo.
En este segundo encuentro, Gustavo Fernández Quesada, director ejecutivo A.i., del Infocoop señaló que esa institución puede aportar los insumos de formación y capacitación para la integración de cooperativas como fuente de empleo entre la población con discapacidad en todo el país.
En ese sentido, señaló Fernández, el objetivo es promover el modelo cooperativo de manera conjunta con el Conapdis. Recordó que son 75 años de experiencia en Costa Rica en temas cooperativos y enfatizó que es momento para el respeto al derecho de las personas con discapacidad de formar parte del movimiento cooperativista.
Agregó que ya hay experiencias exitosas en el desarrollo de cooperativas de personas con discapacidad, tales como Coopecivel y Coopesuperación.
Concluyó su intervención señalando que el cooperativismo es una forma de distribución de la riqueza que se genera en el país, tal como se ha probado en comunidades como Pérez Zeledón, San Carlos, Grecia y Dota, por citar sólo unos ejemplos.
Por su parte, Lizbeth Barrantes Arroyo, directora ejecutiva de Conapdis, coincidió con el representante de Infocoop en que el objetivo es innovar y unir esfuerzos para aprovechar los conocimientos del Infocoop en materia cooperativa y del Conapdis sobre la realidad de las personas con discapacidad.
En esta cita, desarrollada en el Centro de Capacitaciones La Catalina, ahora perteneciente a Infocoop, se apersonaron las jefaturas de las sedes regionales de Conapdis, quienes trabajarían el tema en sus respectivas comunidades.
“Es necesario reunirse con las cooperativas grandes para que promuevan la inclusión de personas con discapacidad entre sus asociados. En esas cooperativas vamos a trabajar con las jefaturas de Recursos Humanos, para que también sean inclusivos en la contratación del personal administrativo de la cooperativa. Hay grandes cooperativas que son grandes empleadores”, señaló la jerarca de Conapdis.
También las cooperativas se pueden perfilar como organizaciones que puedan asumir proyectos tales como el de desarrollo de turismo accesible en la región Pacífico Central, concluyó.
Se adjunta audio de la directora ejecutiva de Conapdis, Lizbeth Barrantes Arroyo.
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La Vicerrectoría de la Investigación de la Universidad Nacional invita a participar en el I Seminario Internacional de la Red de Mujeres Investigadoras de la UNA a realizarse el próximo jueves 7 y viernes 8 de marzo de 8:30 a.m. a 4 p.m. en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras.
Para participar se está solicitando un resumen de un máximo de 250 palabras que contenga:
El objeto de estudio, que es el elemento clave en el cual se basa su trabajo
Una justificación que explique el porqué del estudio
Los antecedentes o teorías previas que apoyan o contradicen la finalidad del estudio
Una breve descripción de la metodología empleada en la investigación
Los resultados obtenidos durante la investigación de manera resumida
El tratamiento de las aguas usadas es un reto que el país aún no logra resolver. Ingenieros de la UCR trabajan en adaptar el sistema de humedal artificial a nuestras condiciones climáticas
En Costa Rica, hay nueve ríos catalogados con contaminación severa, los cuales reciben gran parte de las aguas residuales del Gran Área Metropolitana (GAM). Entre ellos están el Virilla, el Tiribí y el Reventado. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Los humedales albergan un ecosistema único donde el medio acuático y el terrestre se funden para dar refugio a un sinfín de especies. Para simular este ecosistema natural, desde hace décadas nació en Estados Unidos la idea de los humedales artificiales (constructed wetlands, en inglés) con el fin de depurar aguas sucias provenientes de industrias o residencias.
Ingenieros agrícolas y en biosistemas de la Universidad de Costa Rica (UCR) trabajan ahora en adaptar este mecanismo a las condiciones de nuestro país y en implementarlo para tratar aguas residuales y agroindustriales.
Los humedales artificiales son sistemas de ingeniería que aprovechan recursos de la naturaleza para limpiar residuos del agua. Básicamente, consisten en un terreno sobre el cual se coloca un material impermeable para evitar que el líquido se filtre en el subsuelo. Sobre esta herramienta se pone una mezcla de sustrato formada por arena, grava, piedra y otros componentes. Finalmente, se utilizan plantas acuáticas que flotan sobre el agua.
Tanto el sustrato como dicha flora absorben las partículas contaminantes, que utilizan como nutrientes. De esta forma, el agua sale más limpia para reusarse en alguna actividad –riego, por ejemplo– o para integrarla a un cuerpo de agua. El tamaño del humedal dependerá de la cantidad de casas o industrias a las que servirá. Asimismo, las plantas y el sustrato se adaptan según los materiales de suciedad que el líquido posea.
El humedal depura el agua mediante dos mecanismos. Primero, el sustrato es el elemento físico que funciona como filtro donde la materia orgánica y los sólidos quedan retenidos. Segundo, el agua pasa al proceso biológico en el que los microorganismos absorben los nutrientes del líquido, los cuales en altas concentraciones contaminan.
En caso de que la cantidad de partículas contaminantes en el agua sea muy alta, se necesitaría un primer tratamiento para remover los sólidos antes de pasar al humedal.
Esta tecnología está bien desarrollada en Estados Unidos y en Europa, explicó Ronald Aguilar Álvarez, profesor e investigador de Ingeniería de Biosistemas de la UCR. Sin embargo, en esos países ha dado buenos resultados solo durante el verano, pues los microorganismos que degradan los nutrientes trabajan mejor a mayor temperatura. Por tanto, en invierno su eficiencia disminuye.
Aguilar considera que el sistema podría funcionar mejor en países del trópico como Costa Rica, ya que la temperatura promedio es mayor durante todo el año.
“La limitante que tenemos al venir a los trópicos es que los parámetros de diseño no están adecuados a estas condiciones”, admitió el ingeniero, quien realizó su doctorado en el tema en la Universidad Estatal de Michigan.
Actualmente, el equipo de investigadores está tratando de identificar alguna planta ornamental de gran crecimiento y absorción que se adapte mejor al humedal. Algunas de las que han probado son el papiro, el platanillo y el vetiver.
“Se trata de determinar factores de diseño que respondan a las condiciones tropicales de Costa Rica. Y no es solo para humedales, con invernaderos va a ser lo mismo, porque toda la tecnología ha sido desarrollada en países templados”, explicó el investigador.
El grupo de investigación tiene dos humedales prototipo en la Estación Experimental Fabio Baudrit Moreno de la UCR, ubicada en Alajuela, para el tratamiento de aguas con desechos de comida y desechos agroindustriales, como gallinaza.
Entre las ventajas de este sistema –con respecto a procesos de tratamiento convencionales– están su bajo costo de construcción y operación. Además, las plantas generan un lugar agradable y atraen variedad de fauna. No obstante, sí se ocupa un espacio grande; por eso, se adaptaría mejor en zonas rurales.
Los investigadores de la UCR se encuentran en conversaciones con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para implementar esta alternativa en alguna zona rural del país.
Según el académico, la nueva tendencia de la Ingeniería en Biosistemas es que “cualquier residuo orgánico sea considerado un recurso”. Por esto, lo ideal es que el sistema propuesto recupere el agua ya limpia para reutilizarla en otras actividades y generar un ciclo que reduzca el consumo de este bien.
Problemática sin resolver
A pesar de los esfuerzos del AyA y de otras instituciones como las municipalidades, el manejo de las aguas residuales es aún una tarea pendiente en un país que vende al mundo una imagen amigable con el ambiente.
Por muchos años, este fue un tema desatendido, pues los esfuerzos se concentraron en los acueductos y en aumentar el acceso al agua potable.
Por esta razón, proliferaron los sistemas de tanques sépticos en cada casa y aparecieron pequeñas plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones. Sin embargo, estos avances no lograron remediar el problema de forma integral, pues muchas de las aguas residuales siguieron y continúan llegando a nuestros ríos.
La planta Los Tajos, en La Uruca, trata entre 480 y 500 litros de aguas residuales por segundo. La expectativa es que entre el 2020 y 2022 el caudal aumente hasta llegar a los 2 800 litros por segundo, la capacidad total de la planta. Foto cortesía de AyA.
De acuerdo con el Estado de la Nación, para el 2017 la cobertura de alcantarillado sanitario con tratamiento llegaba apenas al 14,4 %, aunque esta cifra aumentó con respecto a años anteriores.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) identificó en el 2015 cuatro instituciones que brindaban el servicio de tratamiento de aguas residuales: AyA, algunas municipalidades, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y las asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados, conocidas como Asadas.
Todas esas entidades, en conjunto, dirigen 40 sistemas de tratamiento, que se suman a las 912 plantas de tratamiento en condominios y urbanizaciones privadas del país, según el INEC.
“Hemos abusado de los sistemas individuales”, asegura Paola Vidal, coordinadora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Esto ha generado que nuestro país tenga un “rezago importantísimo” en sistemas colectivos de tratamiento.
Solo en años recientes, organismos como el AyA han tomado “medidas apagafuegos”, según Vidal, pues no hay una “visión país” en este tema.
En el 2015, esa institución inauguró la planta de tratamiento de Los Tajos, en La Uruca, que recibe aguas sucias del área metropolitana de San José. Sin embargo, tal sistema realiza solo un tratamiento primario de remoción de sólidos y grasas, y envía el agua en mejores condiciones a los ríos.
A pesar de que en el 2016 se publicó la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales, que agrupa una serie de lineamientos de política pública sobre el tema, a criterio de la académica hace falta procesar esa contaminación de manera más integral.
Los sistemas de tratamiento más modernos que se aplican en otros países contemplan una limpieza con control microbiológico. Además, el agua resultante se puede reintegrar al ciclo para ser usada en riego, servicios sanitarios y otras actividades.
La ingeniera Vidal enfatiza que existen “carencias importantes en la gestión del recurso hídrico” en el país. Por lo pronto, recomienda mejorar los controles y aprovechar nuevas tecnologías.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) solicitó al Ministerio de Hacienda tener mayores controles y mecanismos de fiscalización para proteger el salario de los funcionarios públicos, esto luego de presentarse una gran cantidad de rebajos por parte de una cooperativa sin la autorización de los asalariados.
En la solicitud dirigida al Director Jurídico Ministerio de Hacienda, Martín Durán Espinoza se indica que no es la primera que se da ésta situación, incluso en 2015 ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia por un rebajo irregular en el salario de oficiales de la Fuerza Pública.
“No es la primera vez que se reciben en esta organización sindical casos de funcionarios que aducen se les rebajan montos incorrectos, o, por parte de empresas con las que no tienen ningún tipo de relación. Además, en la mayoría de casos, agregan que, al intentar hacer contacto con dichas entidades no tienen éxito, pues no atienden números telefónicos, y, hasta han encontrado que no se ubican en la dirección que extienden”, manifestó Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
En vista de lo anterior, la ANEP cuestiona los mecanismos de Hacienda para controlar este tipo de situaciones y solicita explicaciones ante lo sucedido, y a la vez, pide a los afectados interponer la denuncia ante el Ministerio Público para evitar que estos casos queden impunes.
Cuestionamientos de la ANEP al Ministerio de Hacienda
¿Qué mecanismos jurídicos ofrece el Ministerio de Hacienda para proteger el salario de los servidores públicos, y evitar que sean víctimas de estafas, u otra acción irregular que les afecte su remuneración económica?
¿Qué acciones deben realizar las personas afectadas para prevenir que se les siga rebajando por parte de entidades a las que no han autorizado para que se les rebaje directamente del salario?
¿Qué medidas tomará el Ministerio de Hacienda, con las entidades que, aprovechando las facilidades del sistema, se abusan del mismo y cometen actos como el que nos ocupa?
¿Qué acciones tomará su representada, ante los numerosos señalamientos de funcionarios a quienes se les ha rebajado dinero directamente de su salario, sin que medie la manifestación expresa del mismo para que se ejecute dicho rebajo de esa manera?
Compartimos documento enviado al Ministerio de Hacienda y declaraciones de Jonathan Flores, Directivo Nacional de ANEP.
Se discute en estos momentos en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley que pretende gravar los excedentes que generan los ahorros de las personas agremiadas a las cooperativas. Este proyecto, al igual que otros que han sido de conocimiento de los actuales señores diputados y señoras diputadas, comete el mismo pecado de recargar la crisis fiscal sobre los que menos tienen, es decir la clase trabajadora.
Nuestra oposición a dicho proyecto se fundamenta en las siguientes razones:
Los excedentes de las cooperativas ya pagan un 5 % de impuesto de renta.
La mayoría de las personas afiliadas a las cooperativas de ahorro y crédito son trabajadores y trabajadoras humildes quienes hacen un gran esfuerzo por ahorrar.
El capital de que disponen las cooperativas corresponde a muchos años de ahorro de los trabajadores y de las trabajadoras. La mayoría tienen más de 30 años de estar depositando el 5 % de su salario.
Las cooperativas son organizaciones sociales que contribuyen a que exista una mejor distribución de la riqueza.
Consideramos que con este proyecto se está dando un trato desigual, ya que hay otras organizaciones sociales que también administran recursos financieros de los trabajadores y de las trabajadoras, a las cuales no se les está aplicando un trato parecido.
El incremento de 5 % a 20 % de renta a las cooperativas pone en riesgo la existencia misma de este tipo de organizaciones sociales.
Nos parece que este proyecto tiene la intención de desaparecer las cooperativas de ahorro y crédito para obligar a los trabajadores a recurrir a las empresas del gran capital financiero-bancario a tramitar sus créditos.
Nos “extraña” que los señores diputados y las señoras diputadas con interés en gravar tributariamente a las cooperativas constituidas mayoritariamente por trabajadores y trabajadoras, sean los mismos que se han opuesto a gravar las empresas del gran capital que se ubican en las zonas francas.
Los ahorros de las cooperativas son dineros que los trabajadores y las trabajadoras depositan con la finalidad de tener una vida más digna después de que se pensionan. Si se les cercena como lo pretenden los padres y las madres de la Patria, los estarían condenando a una vejez más miserable.
Al ser los ahorros de las cooperativas un porcentaje del salario que devenga la persona trabajadora, se estaría ante una doble imposición, ya que primero se le rebaja del salario lo correspondiente a la renta actual; y, posteriormente se le aplica nuevamente un impuesto a los excedentes que devenga el mismo.
Nuevamente la clase política y económica que administra el país., se ensaña con la clase trabajadora con la intención de deteriorar aún más su condición de vida y de trabajo. Dejamos constancia pública de nuestra oposición rotunda en contra de nuevas cargas tributarias para las cooperativas.
Junta Directiva Nacional
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Viernes 15 de febrero de 2019
Imagen ilustrativa tomada de https://www.congente.coop
Enviado por Roberto Zeledón y Albino Vargas Barrantes.
Violencia desde el puño y letra del ex mandatario cuando firmó la conveniencia nacional para el proyecto Crucitas y la derogación de la moratoria a la minería. El poder le permitió a Arias beneficiar los intereses de la empresa minera Infinito Gold, y recibir una donación de $250 000 para la Fundación Arias para la paz.
Y es que la paz vive en el silencio de las víctimas que callan los abusos sexuales en el propio seno familiar, y es que el 25% de nuestras niñas son depredadas, y solo un 20% de las víctimas se atreven a denunciar. La sociedad normaliza el abuso en los cuerpos de las mujeres, y de la misma forma es “natural” el “desarrollo” a costas de la ecología con leyes que permiten la destrucción de los ecosistemas. Las instituciones del estado son incapaces de resguardar las condiciones mínimas para la vida y el medio ambiente. Mientras tanto el país es promocionado como un destino verde y país del pura vida, con estadísticas de 40 femicidios al año.
La desfachatez del ex presidente al poner las manos sobre los senos de una periodista tiene un elemento en común con el abuso de poder para favorecer la minería a cielo abierto: en ninguno de los casos hay consentimiento! El patriarca se cree dueño de los cuerpos de las mujeres y piensa que el país es una finca de la que puede disponer.
Las comunidades que se enfrentan a luchas ambientales denuncian la ausencia de espacios de participación ciudadana y se enfrentan a un calvario burocrático, observando cómo las empresas consiguen uno a uno los permisos a pesar de la oposición comunitaria (como está sucediendo con la hidroeléctrica San Rafael)
Violencia con la vida, los negocios multimillonarios del premio nobel acaparan las aguas del río Tempisque, y pretenden obtener más con el proyecto Agua para Guanacaste, que nos costará 425 millones de dólares de deuda a beneficio del agro negocio. El gobierno actual, siguiendo la misma dinámica está impulsando reactivar la pesca de arrastre, eliminar la moratoria contra la minería, facilitar los trámites para proyectos (sin necesidad de viabilidad ambiental), permitir la entrada de residuos tóxicos, desregularizar la entrada de pesticidas, todas estas leyes regresivas y violentas.
Analizando la acusación de de violencia sexual contra Arias cabe reconocer que la denunciante es hija de políticos, doctora, directora de una ONG y contaba con herramientas que le permitieron reaccionar al abuso. Me pregunto si todas tenemos acceso a estrategias para defendernos de la violencia sistemática contra nuestros cuerpos e integridad, y si todas las comunidades poseen herramientas y capacidades organizativas para defender los recursos naturales ante la expansión piñera, o la construcción de hidroeléctricas.
El sistema seguirá normalizando las conductas depredadoras, poniendo la responsabilidad en las víctimas, qué ropa vestían, a qué hora caminaban en la calle, y ¿por qué no se defendieron y tardaron tantos años en denunciar?
Y ¿por qué se oponen al progreso? – le preguntan a una comunidad en pie de lucha para defender un río-
(*) Raquel Bolaños es artista plástica e integrante del Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud, FECTSALUD, integrada por los sindicatos A.E.S.S.-SINTAF-SINASS-SISSS-SITEPP-ASNISS-SINTRASASS-UNTRAP y SITRACCSS, luego de valoraciones consideramos oportuno manifestar que ha llegado el momento de consolidar la Unidad Sindical y Obrera en nuestra Institución.
La realidad del país y en nuestra Institución provocan desconciertos e incertidumbres y no caben ya pensamientos de individualidad ni soberbias personalistas. Es hora ya de unirnos y él o los que piensan que una sola organización sindical tiene la fuerza sindical para enfrentar la arremetida del gobierno está o están equivocados. La Unión hace la fuerza. El despotismo vanidoso del dirigente sindical debe dejarse de lado y proceder en concordancia con los supremos intereses de nuestros afiliados y los trabajadores en general.
Al promulgarse la Ley Nº9635, lastimosamente las afectaciones son realidad y las conquistas sociales y obreras tienden a retroceder. Nuestras mejores condiciones laborales pactadas pueden sucumbir para recibir mínimas condiciones.
Ingrese en el siguiente el siguiente enlace para leer la carta completa:
Esta semana vuelvan las entregas de Canastas Agroecológicas de hortalizas y hojas verdes frescas, sanas, libres de agroquímicos, producidas en las huertas en Boquerón de Cartago, por la Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas.
Esta semana se ofrece: papas, 4 tipos de lechugas, berros, apio, culantro, acelga, zanahorias, remolachas, cebollas, kaley perejil.
Aproveche y haga hoy su pedido, el cual le entregan en su casa por 6.500 colones.
El día de entrega es el viernes.
Para más información con Henry al teléfono 8760-9800, o al correo: agrobici@gmail.com
Imagen ilustrativa tomada de http://www.vocesnuestras.org
Carlos Andrés Pérez fue detenido durante la huelga y las organizaciones sociales señalan que no es culpable del sabotaje, además, que al ser una condena menor a cuatro años debió recibir el beneficio de la ejecución condicional de la pena, pero no se le otorgó por razones políticas.
Lea en la siguiente imagen la nota escrita por Carlos Andrés para solicitar apoyo en la audiencia a realizarse el próximo 19 de febrero.
