Autor: María José Ferlini Cartín

Eduardo Muñoz Sequeira

Vicerrectoría de Acción Social

Tras el asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak, la escalada de violencia impune continúa. Personas de los pueblos Bröran y Bribri que habitan en los territorios indígenas en Térraba y Salitre, denunciaron públicamente este miércoles 3 de abril en conferencia de prensa que han recibido amenazas de acabar con sus vidas con armas de fuego, en un ambiente de impunidad y el abandono de las zonas por parte de los cuerpos de seguridad pública.

El encuentro con la prensa tuvo lugar en el paraninfo Daniel Oduber, en la sede de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Sabanilla. En ella levantaron sus voces Mariana Delgado Morales, líder Bribri y recuperadora de tierras en Salitre; Pablo Sibar Sibar, integrante del Consejo de Mayores Bröran; así como Lucía y Alban, ambos de apellidos Rojas Lázaro, hijos de Sergio Rojas. Les acompañaron, el Dr. Luis Paulino Vargas, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED (CICDE) y Vanessa Jiménez, abogada del Forest People Program, quien asesora a los pueblos indígenas de Térraba y Salitre.

Posterior a la actividad se organizó un panel que discutió más ampliamente el tema y se presentó los resultados del estudio titulado “El territorio de Salitre: derechos, memoria y violencia, 2010-2017”, realizado por el CICDE.

Líder hasta el último minuto. “Mi padre sigue siendo perseguido, aún después de muerto. El murió luchando por sus ideales, por un pueblo marginado y discriminado por el gobierno. Hasta el último día de su vida fue fiel a sus principios”, dijo a la prensa y a la audiencia presente.

“Pido al gobierno del presidente Carlos Alvarado que se comprometa con el pueblo Bribri, que siga con los procesos sobre nuestras tierras y que se coordine con nosotros y no con la gente ajena a nuestro pueblo”, exigió Rojas.

Por su parte, Mariana Delgado advirtió que “estamos totalmente desamparados. Cuando hay disparos llamamos a los policías, ellos llegan tarde, una hora y media después y nos dicen que tienen miedo de meterse a nuestras fincas porque son privadas y que no tienen órdenes de sus superiores para protegernos y si no hay heridos o un muerto se van”.

Delgado aseguró que teme por su vida y la de su familia. “Aquí estoy presente con ustedes, mañana no sé si ustedes estarán hablando de mi muerte porque estamos siendo amenazados de muerte yo misma, unas compañeras y mi hijo, a quien un finquero le dijo le iba a dejar la cabeza como un colador”.

“Nuestra vida es insegura, aun en nuestra propia casa, aun en nuestro propio pueblo, de parte de estos terratenientes que día con día nos acosan, que nos pasan tirando balas. La policía no atiende a tiempo las llamadas por tiroteos en las montañas, que las hacen para amedrentarnos”.

Ante las constantes denuncias en la fiscalía de Buenos Aires, la única respuesta que han obtenido insistentemente es que para recibir protección deben abandonar sus territorios, a lo que los denunciantes se han negado. “Les hemos dicho que porque no sacan a nuestros agresores que nos amenazan día con día, qué porque nosotros debemos salir de nuestras tierras, de nuestras familias, de nuestras casas”.

“Estamos a la merced de los criminales que caminan por nuestros territorios a toda hora, burlándose de nosotros. No es una sola persona que está siendo amenazada, anteayer advirtieron al compañero Oscar Rojas, que lo iban a sacar de la recuperación de territorio que él hizo, porque ahí cerca hay una persona no indígena, que con sus compañeros y al calor de las fiestas dispararon y le gritaron que va èl será el otro después de Sergio”, denunció la líder.

Voces no escuchadas. “Esta es una lucha por nuestros derechos, amparados en las convenciones internacionales. El Estado no hace nada por la invasión de los no indígenas a nuestro territorio”, manifestó Pablo Sibar Sibar, coordinador del Consejo de Mayores del Pueblo Bröran.

Sibar condenó que ni los poderes Judicial y Legislativo han cumplido con los procesos para garantizar el pleno disfrute de sus derechos ancestrales; y más bien esta misma semana un juez les dio tres días para abandonar una parte de su territorio.

El líder Bröran explicó que vinieron a la capital a denunciar porque en los medios de comunicación no se escuchan sus voces, y más bien se les da espacio a personas no indígenas para hablar sobre la situación que viven.

El Dr. Luis Paulino Vargas, del CICDE, hizo un llamado a los medios de comunicación y al personal periodístico a hacer un cambio de enfoque. Según el estudio realizado por ese centro de investigación, de las noticias difundidas solo el 20% de las voces incluidas en dichas producciones corresponden a indígenas.

Vargas también expresó su preocupación por que entre el 2010 y 2017 se registraron 124 hechos de violencia en los territorios indígenas, pero a la fecha ninguna persona ha sido llevada a los tribunales. La situación es similar en territorios en otras regiones del país, añadió Sibar.

Asimismo, acotó la abogada Jiménez, “no se ha ordenado ningún desalojo de los no indígenas, pero si han habido órdenes judiciales para que indígenas para que dejen sus tierras”.

Jiménez exigió que se cree un mecanismo de protección real, a la luz de la medida cautelar #321-12 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

“A nuestro hermano Sergio le gustaría que nosotros siguiéramos luchando, en memoria de él y de muchos defensores de nuestros territorios así lo haremos, a pesar de que nos quieran desalojar”, aseguró Sibar.

Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR.

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