Este 4, 5 y 6 de marzo se llevó a cabo un curso sobre circuitos económicos solidarios en la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.
La temática giró en torno a las siguientes preguntas: ¿Cómo funciona la cripto-moneda? ¿Qué es un Circuito Económico Solidario? y ¿Cómo se gestiona?
Compartido en redes digitales por Flora Fernández Amón.
Sea parte de SURCOS:
“Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados”.
En la actual situación de masiva desinformación cualquier persona podría pensar que el párrafo anterior se refiere al proceso electoral venezolano del 20 de mayo de 2018, sin embargo es parte del informe preliminar de las elecciones del 20 de noviembre de 2018 en Honduras, un país hermano de la región que pertenece al Triángulo Norte, donde el índice de desnutrición es 17% de la población del país, 3% más que en Venezuela: Honduras de donde anualmente junto a más de cientos de miles de personas de Guatemala, El Salvador y México migran hacia Estados Unidos por la crisis ambiental, social y económica que viven en su país desde hace más de 3 décadas, ¿no hay ahí una crisis humanitaria y presidentes ilegítimos?
En Costa Rica los consorcios mediáticos de datos, mal llamados “medios de comunicación” utilizan estrategias de comunicación asertivas para favorecer sus intereses corporativos, logrando una impronta sobre un país que, pese a ser uno de lo que más procesos electorales ha vivido en el continente, insisten en considerarlo hoy como una “dictadura”. Venezuela en 20 años ha vivido más de 20 procesos electorales -incluyendo consultas populares como el referéndum constitucional de 2007 y el referéndum revocatorio de 2004-, y mientras en democracias como la costarricense, aun cuando han pasado más de 70 años desde la guerra civil, apenas se anotan 18 elecciones -incluyendo un referéndum para la aprobación del TLC-.
Pero pasemos de lo cuantitativo a lo cualitativo ¿qué hace que las votaciones parlamentarias de diciembre de 2016 sean reconocidas, “legítimas” y las de 2018 no? En 2016 ganó mayoría la oposición y naturalmente aceptaron el resultado, cosa que también hizo el oficialismo el cual reconoció su derrota; sin embargo, en 2018 la oposición perdió las elecciones presidenciales y desconoció el resultado, al igual que lo había hecho con anterioridad en todos los procesos electorales cuando perdió. De este comportamiento descaradamente oportunista, podemos señalar que de los más de 20 procesos electorales que se han vivido en Venezuela en estos 20 años la oposición reconoce únicamente aquellos donde gana.
Entonces es urgente poder definir con claridad que en estos momentos no compete -como lo señalan las cartas fundacionales de los organismos internacionales- a otras naciones aceptar o desconocer las instituciones y gobiernos de los países de la comunidad internacional; dicha acción corresponde a la determinación de sus pueblos ¿o acaso nos enteramos que en Honduras recientemente hubo elecciones presidenciales profundamente cuestionadas y las desconocimos como con Venezuela? o ¿que en Arabia Saudita no hay elecciones porque el poder se concentra por una cuestión familiar? ¿O hemos estado muy pendientes de los procesos electorales del este europeo?
Octubre, noviembre y diciembre fueron meses en los cuales apenas se mencionó, dentro de la matriz desinformativa, la situación que se vivía en Venezuela. Como un ejercicio reiterado y programático vuelve a ocupar la atención de los medios internacionales cuando hay ejercicios de desestabilización social y política. Ante este esquema no era de extrañar que lo que planeaban los grupos opositores -nacionales e internacionales- para enero 2019 sería un posible golpe fuerte.
La noticia llegó el 5 de enero cuando en su discurso inaugural de la Asamblea Nacional, un hasta entonces ignoto político, pero con características empáticas (joven, sin corbata, rasgos trigueños) llegó a la presidencia del parlamento. El súbito y sonriente Juan Gerardo Guaidó Márquez se autoproclamaría estratégicamente el presidente de Venezuela, para ser la punta de lanza del gobierno paralelo que comenzó a fraguarse con la conformación de un tribunal supremo de justicia en el exilio desde 2017, creado y auspiciado desde Washington con el apoyo de senadores republicanos como Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence; mismos personajes que madrugaron para reconocer y apadrinar en primera fila el título de Guaidó Márquez como “presidente encargado” de Venezuela.
Guaidó Márquez ofreció como una de sus primeras resoluciones tras su auto-proclamación, la ley de “amnistía” para las fuerzas armadas, en un fallido intento por agenciarse el respaldo militar. Esta ocurrencia no puede pasar desapercibida en una sociedad que posee antecedentes de terrorismo tan graves como el de Óscar Pérez, un ex-policía entrenado, que secuestró un helicóptero y se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia para dispararle y posteriormente enrumbarse al Poder Judicial y lanzar granadas -de origen colombiano y fabricación israelí- contra la edificación. O los hechos ocurridos el 4 de agosto de 2018 donde se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro Moro y al alto mando militar venezolano –al cual hoy se le pide se suma a sus filas “paralelas”- mediante la utilización de dispositivos de agresión no tripulados.
Como parte de este entramado de conspiraciones y acciones terroristas contra la institucionalidad venezolana y sus representantes, están los hechos desenmascarados por parte de los cuerpos de seguridad y corroborados en las acciones cobardes de los prófugos de la justicia Venezolana, entre los que se encuentra una amplia gama de políticos de oposición como Julio Andrés Borges Junyet, el cual una vez descubierto su involucramiento en el atentado terrorista de agosto y levantada su inmunidad parlamentaria, decidió refugiarse en Washington. Desde el 29 de enero funge ya no como diputado, sino como representante de negocios del autoproclamado “presidente” en la capital estadounidense.
Lo mismo podemos mencionar para el “embajador” ante Estados Unidos Carlos Andres Vecchio DeMarie, el cual se encuentra prófugo de la Justicia Venezolana desde 2014 después de que se emitió su orden de captura por los delitos de “incendio intencional, instigación pública, daño a propiedades y asociación para delinquir” junto a Leopoldo López Gil, por los hechos ocurridos contra la sede de la Fiscalía en Caracas. López hoy reside preso en su vivienda.
En definitiva no podemos obviar y mucho menos ser ingenuos al no considerar las redes sociales como un campo nuevo dentro de la contienda política, y Venezuela es un caso paradigmático en este ámbito.
Poco o nada se ha mencionado en Costa Rica sobre las nuevas estrategias de guerra utilizadas en América Latina. Un ejemplo claro han sido los golpes de estado “blandos” dirigidos y ejecutados por los parlamentos latinoamericanos, para destituir estratégicamente gobernantes distantes de Washington, los casos más notorios, pero prácticamente silenciados en nuestro país son los Fernando Armindo Lugo Méndez, destituido por el Parlamento Paraguayo después de un juicio político en 2012; y el caso de Dilma Vana Roussef, destituida por la cámara de diputados de Brasil en 2016.
Y es en el marco de estos procesos de destitución y colocación de agentes aliados, donde se muestran los principales elementos tácticos empleado en las redes mediáticas: la des-información y la construcción de realidades paralelas, virtuales, las cuales terminan gestando hechos concretos.
En Venezuela antes del 5 de enero de 2019 nadie sabía a ciencia cierta quién era Guaidó Márquez, más allá de ser miembro de uno de los partidos minoritarios del parlamento venezolano. Pero esta situación tuvo un giro descomunal en el momento en que, a través de redes sociales y medios informativos internacionales, ha intentado construir un poder paralelo en su propio país, donde aún en los días en que se escriben estas líneas la institucionalidad completa no le reconoce más allá de para lo que fue electo, ser diputado.
Desmontemos un poco mejor esta situación, Guaidó Márquez el día que se le ocurrió autoproclamarse recibió un apoyo inmediato a través de las redes sociales -en este caso twitter- de quienes lo habían predestinado meses atrás, así como de otras naciones latinoamericanas y europeas que se han opuesto tradicionalmente al proceso bolivariano.
Todos y cada uno de estos apoyos, al igual que su accionar han sido desarrollados y ejecutados en las redes sociales, comunicados de prensa, estrategias para la continuidad, plan a seguir, todo ha sido posteado y re-twiteado miles de veces a nivel internacional. Sin embargo, la realidad concreta ha sido que ni la Organización de Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos lo han reconocido a él ni a ninguno de sus supuestos diplomáticos en las instancias correspondientes, demostrando que su accionar violentaría los protocolos internacionales y que actúa de forma ilegítima. Mientras exista el estado de derecho, tener más visualizaciones en twitter que Nicolás Maduro no hace a Guaidó Márquez presidente, aunque así lo quieran hacer parecer en las realidades virtuales.
Lo que es más preocupante y precipita cada vez más hacia la carta desesperada de una posible intervención militar extranjera a Venezuela, es que, contrario a lo que persisten en figurarse sus aliados más allá de las fronteras, en el territorio nacional Guaidó no cuenta con el apoyo deseado, no posee bases, no posee instituciones y no posee credibilidad.
Estar alejado mediáticamente de la realidad concreta que se vive adquiere resonancias estremecedoras y consecuencias, cuando menos, inquietantes.
Errores que pueden proceder de la ingenuidad y la torpeza, cuando no de la mala fe.
Costa Rica, en este seguimiento ciego y torpe del discurso mediático y de la realidad virtual, contraviene su tradición diplomática de neutralidad y respeto al derecho internacional y decide reconocer a un gobierno autoerigido y aceptar credenciales de una embajadora espuria otorgándole derechos precipitadamente, lo cual desemboca en la toma de la sede diplomática por un grupo de civiles armados y con recursos parapoliciales, quienes violentan el derecho internacional, desalojan a una embajadora oficial, e irrespetan los “acuerdos” tomados recientemente. Ante tal desaguisado el gobierno costarricense responde: “les dimos la mano y nos tomaron el codo”. En esta sarta de desaciertos inducidos ¿sabrán el presidente Alvarado Quesada y su canciller Ventura Robles quienes son realmente sus compañeros del Club de Lima?
La torpe y traicionera acción del “gobierno” paralelo venezolano por imponerse, el juego mediático de silencios, omisiones y tergiversaciones sobre lo sucedido en la frontera colombo-venezolana este 23 de febrero, las acciones diplomáticas de algunos países ajenas al derecho internacional e irrespetuosas de acuerdos, los sonados discursos amenazantes con la invasión armada son la forma en que toma cuerpo las realidades virtuales que consumimos diariamente.
Mientras tanto generan en el diario vivir una anulación de lo que está sucediendo en nuestro país ¿quién está tomando las decisiones? ¿Existirá justicia contra estos delitos contra el derecho internacional? ¿Hasta dónde está dispuesto a perdonar el presidente Alvarado Quesada?
En medio de este sainete de presidentes, embajadoras parece no haber seguridad jurídica para ninguna persona o país en Costa Rica, el presidente es incapaz de respetar la soberanía de otros países, ni como la suya propia.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
En una conversación con diversidad de perspectivas y opiniones, los especialistas invitados al foro “La Niñez y la Adolescencia en la Agenda 2030” coincidieron en señalar la importancia de la educación diversa, integral e inclusiva como eje crucial para el desarrollo de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.
El académico Josial Salas, coordinador de Advocacy de la organización Visión Mundial, resaltó la relevancia de una educación que trascienda las aulas, pues considera que el arte, la cultura y la convivencia ayudan a fortalecer las habilidades blandas que formarán la personalidad de la niñez en desarrollo.
Al hacer referencia a las carencias formativas en esa línea, Salas señaló que “diversos estudios del sector empleador aseguran que si bien reciben excelentes profesionales, son personas que llegan con importantes problemas conductuales. Son personas que no se saben comunicar o tienen problemas de inteligencia emocional, eso se debe fortalecer desde la niñez en el sistema educativo”.
Desde otra perspectiva, el geógrafo Carlos von Marschall, del Ministerio de Planificación (Mudeplan), enfatizó la relevancia de la inclusión de la niñez y adolescencia de áreas rurales en estos proyectos de educación diversa y multidisciplinaria.
Según Von Marschall, son estas poblaciones las que normalmente se ven marginadas, pues las políticas públicas se enfocan en las zonas de mayor concentración de personas y dejan de lado a miles de niños y adolescentes. “Si no se cambia el enfoque y continuamos con uno centralizado, no vamos a avanzar en la reducción de brechas dentro del país. Las zonas alejadas, los pueblos indígenas y las zonas costeras siempre son las de menor desarrollo y son en las que hay mayor cantidad de niños y adolescentes”, acotó Von Marschall.
Por otro lado, el Gerente de Programas Unicef-Costa Rica, Manuel Baldares, resaltó algunas de las fortalezas y oportunidades con las que cuenta Costa Rica de cara a la lucha contra las desigualdades, en especial a las referentes a poblaciones vulnerables. Según Baldares, para el 2017, de acuerdo con los datos de Unicef, el país tenía 30,5% de población menor de edad, sin embargo, de esa cantidad, el 34% era niños en condición de pobreza.
Además, Baldares resaltó que 5 de cada 10 adolescentes estaban fuera del sistema educativo para ese entonces, con especial énfasis en poblaciones indígenas, migrantes, discapacitados, zonas rurales y afrodescendientes.
“En el tema de cobertura educativa, sobre todo a nivel de primaria, Costa Rica tiene unos índices muy desarrollados. Pero hay retos como la respuesta a las desigualdades que existen en el país, todavía hay muchos niños, niñas y adolescentes que ven afectado el cumplimiento de sus derechos y esas son las poblaciones más vulnerables”, concluyó Baldares.
Este foro fue organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Acción Social de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Pridena-UCR) y se desarrolló como antesala del V Simposio Internacional y IX Nacional sobre Derechos de la Niñez y la Adolescencia “Desigualdades, Abordajes y Experiencias en el Escenario del Desarrollo Sostenible”, que se realizará el 3, 4 y 5 de septiembre del presente año.
El coordinador de Pridena-UCR, Milton Ariel Brenes, moderó el espacio y afirmó que estas actividades son valiosas “para revisar la manera en que se concretan las agendas en una región cada vez más desigual” como es Centroamérica.
“El simposio significa una convergencia de los actores nacionales e internacionales que trabajan con niñez y adolescencia para buscar soluciones a las problemáticas que los jóvenes están afrontando”, concluyó Brenes.
Roger Bolaños Vargas
Asistente, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Con más de treinta años de experiencia, el Curso de Parto de la UCR es un espacio que contribuye al aprendizaje, el desarrollo de destrezas y competencias básicas para el autocuidado de la madre, la familia y su bebé en las diferentes etapas del proceso de gestación y propicia la generación de una red de apoyo entre pares.
El curso Preparación Integral para el Embarazo, Parto y Posparto es un espacio formativo, interdisciplinario que complementa, a través de un acompañamiento oportuno, la atención prenatal, el embarazo, parto y posparto, así como los primeros años de vida del infante. Este semestre inicia el miércoles 20 de marzo y finaliza el miércoles 26 de junio de 2019.
El curso está dirigido a las parejas que están viviendo un proceso de embarazo y que alguno de ellos estudia o trabaja en la Universidad de Costa Rica. Se imparte dos veces al año y es un servicio gratuito que ofrece la Oficina de Bienestar y Salud.
El curso se apoya en la Convención Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los derechos del niño, la Constitución Política, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de Trabajo, la Ley General de Salud, la Ley de Fomento de la Lactancia Materna y demás normativa que define a la madre, el padre y el lactante como sujetos del derecho a la educación y protección de su salud.
De esta forma, promovemos el intercambio de saberes, el respeto a la vida y un espacio para expresar las inquietudes y experiencias entre pares y con un equipo interdisciplinario.
También se estimulan actitudes, conocimientos y prácticas orientadas al autocuidado y bienestar de las familias gestantes incluyendo la adopción de la lactancia materna. Por otra parte, favorece el desarrollo de habilidades de la madre, la pareja y su acompañante, en técnicas de respiración y relajación, así como de brindar un acompañamiento efectivo.
Con estas características propias de nuestro curso invitamos a las familias gestantes a inscribirse al correoe: cursodeparto.obs@ucr.ac.cr
Sonia Vargas Cordero
Periodista Unidad de Promoción de la Salud
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE), instó al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, a enmendar el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H, publicado el pasado 18 de febrero en el diario oficial La Gaceta, debido a que lo considera inconstitucional.
Para el CONARE, dicho decreto, que lleva por título REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO, incorpora de manera indebida a las instituciones de educación superior estatales, mismas que se rigen mediante la Ley Nº 9635, la cual es diferente a lo que señala en Decreto Ejecutivo.
Según el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H, se establece en su artículo 1º inciso h) que se entenderá por institución autónoma, entre otras, a las universidades públicas, concepto que también reitera en su artículo 3º en el que se define su ámbito de aplicación.
Además, se señala como objetivo del Decreto Ejecutivo definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación en estricto cumplimiento de las disposiciones del Título III de la Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, relativo a las remuneraciones de los servidores del Estado.
Ante este hecho, el CONARE, indican que, “no sólo resultaría contraria a la Constitución Política una ley que pretendiera hacer desaparecer tal régimen”, sino que se estaría desobedeciendo lo que señala la Ley Nº 9635 del 3 de diciembre de 2018, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al cual se le adicionaron capítulos y disposiciones transitorias, leyes constitucionales que amparan a las Universidades Estatales.
Otra de las anotaciones emitidas por el ente rector de las Universidades Públicas, señala que, “debe notarse que el artículo 3º del Decreto Ejecutivo 41564 incluye en su texto a las Universidades Públicas sin que el artículo 26 de la Ley 2166 reformada, que se pretende reglamentar, las mencione”.
Por esta razón, las instituciones de educación superior universitaria estatal se encuentran fuera del ámbito de la aplicación de las disposiciones de la Ley Nº9635, especialmente en el tema que se pretende reglamentar con el Decreto Ejecutivo 41564.
Cabe mencionar, que el documento también les fue remitido a los Ministros titulares de la Presidencia, de Planificación y de Hacienda.
Por tanto, el CONARE acordó:
Instar al Presidente de la República a enmendar el Decreto Ejecutivo Nº 41564-MIDEPLAN-H del 11 de febrero de 2019, publicado en Alcance Nº38 a La Gaceta del 18 de febrero de 2019, denominado “REGLAMENTO DEL TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO”, a fin de que se elimine la mención que contiene de las universidades públicas en su artículo 1º inciso h) y artículo 3º, referido a la definición de su ámbito de aplicación, en razón de su evidente inconstitucionalidad.
Fuente original: https://www.uned.ac.cr
Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.
Sea parte de SURCOS:
Maikol Hernández, secretario general del sindicato SINTRACOBAL y representante de los trabajadores de Chiquita Brands Costa Rica SRL del Departamento de Operaciones Portuarias, los cuales fueron cesados de forma irregular por parte de la empresa. Maikol nos informa que el día de ayer el Ministerio de Trabajo resolvió darle trámite al conflicto colectivo presentado el pasado viernes 1 de marzo en la sede de dicho Ministerio en Limón. Esto, por ende, obliga a la conformación de un órgano que deben ser nombrados dos jueces, uno por parte de la empresa y otro por parte del sindicato para dar tratamiento y negociar las cláusulas.
Una de las principales acciones del conflicto es que le quita la potestad de despido a la empresa y se la traslada al órgano, esto quiere decir que los despidos que había anunciado la empresa para el 19 de marzo, no se realizarán en esa fecha, sino que quedarán sujetos a los que determine el Órgano.
El día de hoy se entablarán dos acciones judiciales, las cuales según Hernández, las darán a conocer en el transcurso del día y también se realizarán una serie de actividades con los trabajadores dirigidas a la organización y a la orientación de la lucha.
El día de hoy los trabajadores estarán aglutinados frente al predio de los contenedores a partir de las 7 a.m. y durante todo el día.
Imagen tomada de la página de Facebook de SINTRACOBAL.
Enviado por Maikol Hernández.
Sea parte de SURCOS:
El año 2019 nos trae el VI Festival Internacional de Ensambles de Percusión, que acuna la Universidad Estatal a Distancia cada dos años y también lo declara como una actividad de interés institucional.
Este año, el evento será del 10 al 14 de junio y tendrá la participación de tres grupos internacionales: Tamborimba de Colombia, Juan Álamo de Puerto Rico, el Ensamble de la Universidad de Trinidad y Tobago. Pero además están invitados los percusionistas Chis Hanning y Robert Chappel de Estados Unidos y el costarricense Fernando Meza.
El Festival es promovido por sus gestores, el Ensamble de Percusión Costa Rica-UNED, lo organiza junto al Programa de Promoción Cultual y cuenta con el apoyo del personal de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED. Como siempre se ha hecho, el festival llevará conciertos y clases maestras de extensión, fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y dentro de ella.
Las comunidades anfitrionas serán Tilarán, Aguas Zarcas y Sarchí. Los habitantes de estas localidades disfrutarán de forma gratuita de los conciertos de los grupos visitantes. Además, los estudiantes y profesores de música de escuela y colegios locales participarán en clases maestras de percusión, impartidas por los maestros extranjeros. En la GAM, los conciertos y las clases maestras se realizarán en el Teatro Eugene O’Neil.
Nota: Todas estas actividades son gratuitas, pero se debe reservar con anticipación a los teléfonos que pronto pondremos a disposición.
¡Muy pronto le daremos más información!
Enviado por Por. Martha V. Herrera Pérez, Comunicación y Divulgación Dirección de Extensión Universitaria, UNED.
Sea parte de SURCOS:
Con el fin de proteger los manglares del Pacífico Sur y de defenderlos no sólo por su importancia biológica sino como forma de subsistencia, un grupo de personas vecinas de Golfito reunidas en la Asociación de Piangüeros de Purruja (APIAPU) se han organizado para construir formas de uso y comercialización de la piangua local, en armonía con el ambiente.
Para acompañar y profundizar el proceso organizativo, desde el Recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica (UCR), se inscribió el proyecto “Fomento de la comercialización del recurso piangua por parte de la APIAPU en el cantón de Golfito” (ED-3128), que tiene por objetivo fomentar la comercialización de la piangua extraída del manglar de Purruja, de forma sostenible.
La comunidad de Purruja, dispersa en zonas aledañas al manglar, depende exclusivamente de la extracción de pianguas. En respuesta a las limitaciones de extracción establecidas por las autoridades para la protección ambiental, en vez de continuar realizando sus actividades de manera irregular, los vecinos decidieron organizarse y definir acciones de manejo del recurso natural. Así, nació APIAPU, conformada por 40 personas procedentes de familias de Purruja y alrededores, que recientemente presentó el primer Plan de Manejo del Manglar.
La iniciativa pretende vincular a la comunidad, las instituciones y las personas encargadas de extraer este recurso, en acciones y medidas de protección que permitan la conservación del manglar y la sobrevivencia de quienes viven en la zona, implementando alternamente vedas de extracción, tareas de monitoreo y vigilancia, extracción rotativa y acciones de divulgación para la conservación.
Tomás Miranda, integrante de APIAPU, comentó que la agrupación surgió del temor de las personas piangüeras por la prohibición de la extracción, pero que han enfrentado grandes obstáculos pues para legalizar su trabajo debieron obtener una cédula jurídica, capacitarse, hacer un plan de manejo y buscar acompañamiento técnico, donde afirmó que el rol del Recinto ha sido fundamental.
El acompañamiento en la construcción del plan de manejo, los espacios de capacitación para el fortalecimiento organizativo, cursos de computación, de turismo y más, han sido fundamentales en el proceso que, esperan, pronto rinda resultados. “Yo tengo 61 años y he vivido de esto toda la vida, pero quiero que los que vienen también puedan disfrutar la naturaleza y trabajar, por eso es que queremos proteger los manglares y salvar la piangua y por eso necesitamos que el gobierno nos ayude con la veda, para poder darle un descanso al manglar y salir adelante”, comentó.
Flor Vindas, cuenta que se asoció a APIAPU hace alrededor de diez años y que especialmente desde hace tres años se ha trabajado intensamente en temas de conservación y han participado en talleres de temas legales, productivos y ambientales.
La creación del plan de aprovechamiento y la gestión de los permisos de extracción han sido las tareas más recientes y ahora sólo esperan que las autoridades les den luz verde, para construir un plan de distribución y comenzar a comercializar el producto “para poder conservar el ambiente y la tradición”, según indicó. “En el grupo hay hombres y mujeres, y hay alguna gente joven que ha heredado la tradición, por eso la lucha no es sólo nuestra, es también por el futuro de la región”, dijo.
Información generada desde la Vicerrectoría de Acción Social, UCR.
Sea parte de SURCOS:
Con diferentes actividades como talleres y charlas, se pretende promover la reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer en Monteverde, este próximo viernes 8 de marzo durante la mañana.
En la siguiente imagen podrá ver en detalle los horarios y demás información.
Sea parte de SURCOS:
Manuel Hernández Venegas compartió con SURCOS la foto que ilustra esta nota y agregó el siguiente comentario: «Protesta, este viernes, en Córdoba, de los nuevos trabajadores de las apps exigiendo respeto de sus derechos laborales. No son colaboradores de las plataformas digitales, son trabajadores explotados, en condiciones laborales precarias. Cuando te adelantan o cruzan la bici en la calle, tenlo presente».
Se trata de una protesta realizada en Córdoba, Argentina, por quienes se ganan su vida de forma precaria entregando pedidos contratados mediante esas aplicaciones. La protesta fue convocada con el afiche que también compartimos.
Sea parte de SURCOS: