Matrimonio igualitario y Sala Constitucional: La montaña parió un ratón
La montaña parió un ratón
Luis Paulino Vargas Solís
Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Los recursos presentados ante la Sala Constitucional que cuestionaban normas legales que definen el matrimonio como una institución jurídica exclusivamente al alcance de parejas de distinto sexo, llevaban varios años en espera. Mucho tiempo engavetados, claro indicio de lo espinosos que le resultaban a la Sala. La opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos les obligó a enfrentar lo inevitable, aunque no sin concederse nuevas dilaciones (transcurrieron largos siete meses desde que se recibió esa opinión consultiva). Bajo el argumento –todo un jubiloso aplauso a la arbitrariedad– de que las resoluciones de la Sala son obligantes para todo el mundo en Costa Rica, excepto para ella misma, hubo quienes promovieron –y lo siguen haciendo– que la Sala desconociera su propia palabra, de modo que cuando antes dijo (en 1995) que esas opiniones consultivas eran vinculantes, ahora podría cambiar de opinión y desactivar, precisamente en este caso (¡tamaña coincidencia!), ese carácter obligante. Y, bueno, supongo que podría haberlo hecho, solo que, diferente a situaciones precedentes, el cambio habría sido tan violento –un salto olímpico de extremo a extremo en el rango de las opiniones de la Sala– que el ridículo internacional habría estado asegurado. Parece que todavía queda en esa Sala una leve noción de lo que significa el pudor, algo de lo que gente como el expresidente Miguel A. Rodríguez no tiene ni la mínima noción.
Pero siendo que la Sala se concedió recreos, vacaciones y todas las holguras concebibles antes de entrar a resolver la cuestión, cuando lo hizo se vio enfrascada en un debate de dimensiones épicas. Con mucho, la deliberación más tormentosa en toda su historia. Jamás olvidaré ese 8 de agosto de 2018: el tráfago abrumador y tumultuoso de los rumores en los chats y los nervios a punto de estallar. Y, a ratos, las lágrimas de emoción.
Casi a medianoche dieron a conocer su fallo. Seis de siete votos reconocieron la inconstitucionalidad de las normas. Y eso merece un brindis. Pero, en sentido no puramente simbólico, después de tanto retumbo y tremor, la montaña parió un ratón. En fin, que el diablo está en los detalles, siendo particularmente llamativo que solo dos –una magistrada y un magistrado– estuvieron de acuerdo en la inmediata derogatoria de las normas inconstitucionales. Dos más querían mantenerlas viva por 18 meses y dos optaban por una salida que, para todo efecto práctico, implicaba un completo desatino: dar vigencia indefinida a las normas, hasta tanto la Asamblea Legislativa modificase las leyes y las adecuara a la Constitución. Habría que ser un turista recién llegado de Plutón para no entender que ello implicaría muchos, muchos años. Parafraseando a Keynes: un largo plazo para caer muertos. Y durante todo ese tiempo, la inconstitucionalidad seguiría viva y actuante. Imposible imaginar nada más violento. Al cabo, prevaleció la tesis de los 18 meses, quizá un mal menor, una salida salomónica, que, sin embargo, no salva a la Sala del ridículo: posponer derechos humanos es lo más desnaturalizado que una instancia judicial de esta jerarquía podría decidir.
Ah, y por favor, no olvidemos que estamos hablando de derechos humanos. Y pretender negar que lo sean, como alguna gente, con obstinada irracionalidad, insiste en hacerlo, implica afirmar que la familia no es un derecho humano. Y de los más básicos e importantes. Porque matrimonio es más que un conjunto de normas que protegen y tutelan la unión consentida de dos personas. Es que ello funda una familia, es decir, un núcleo afectivo, de acompañamiento y solidaridad. Para lo cual no es indispensable que haya hijos o hijas. Podrían haberlos o podría no. Igual la familia existe. Y, por favor, no se cometa el dislate de creer que una pareja del mismo sexo no pueda tener hijos. Con más frecuencia de lo que se cree, tienen hijas e hijos. Ser una persona homosexual no significa ser estéril y aún queda la posibilidad de adoptar, que bien puede ser una salida que proporcione una familia amorosa a niñas o niños que de otra manera no la tendrían.
También es importante tener claro que esto atañe a un ámbito esencial de la libertad personal: decidir casarse o no casarse con la persona elegida, y, en caso necesario, eventualmente decidir divorciarse, es un derecho que a nadie, absolutamente a nadie, debería negársele.
Si duda, entre manos tenemos un asunto de derechos humanos muy básicos y prioritarios ¿Cómo entender entonces que la Sala demorase tanto, y que, a la hora de tomar la decisión, le resultase tan penoso hacerlo? Esto da un mensaje que solo puedo leer de esta forma: el peso de los prejuicios religiosos en el proceso de deliberación y decisión de la Sala sigue siendo sustancial, al punto que, antes que desafiar tales prejuicios, se considera admisible que persistan situaciones que maltratan la dignidad humana de muchas personas.
Inevitablemente ese plazo de 18 meses tiene precisamente esa fea connotación. La Sala incurrió así en un gazapo realmente grosero, porque los derechos humanos son de exigibilidad inmediata. Es imperdonable que tan ilustre tribunal no lo entendiese.
Ahora que, conocida la resolución de la Sala, de inmediato viene la contraofensiva del fundamentalismo religioso, en sus diversas expresiones, desde las tóxicas y violentas (liderado por Restauración) a sus diversas versiones “light”. Entre éstas últimas, el PUSC y su impresentable proyecto de uniones civiles, un bodrio indigesto que pretende saltarse con garrocha, tanto la opinión consultiva de la Corte IDH, como la propia resolución de inconstitucionalidad de la Sala IV. Causa perplejidad que el “joven” presidente Alvarado quiera asociar su nombre a ese esperpento, aunque la verdad es que la política costarricense está poblada de gente cuyas anémicas convicciones democráticas, ceden con extrema facilidad ante la influencia del conservadurismo religioso.
En general, las huestes fundamentalistas andan muy desorientadas, con síntomas alarmantes de demencia y decrepitud. Los disparates con que el Lic. Beirute ha prodigado su ignorancia son solo un ejemplo, entre tantos otros. Mucho más grave es una diputada que, en el extremo de la crispación, suelta amenazas contra magistrados y magistrados, u otro congresista que, siendo médico, promueve el desconocimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy mal ha de andar la democracia, cuando de tal forma encumbra a sus enemigos más encarnizados.
Su derrota en el terreno jurídico y en el de la racionalidad y la ciencia, es inevitable. Pero el fundamentalismo vociferante sigue siendo peligroso porque alienta el odio y la violencia, no solo contra la población sexualmente diversas LGBTIQ, pero también contra la propia institucionalidad democrática. También su influjo oscurantista es poderoso. La Sala Constitucional y, con tintes aún más subidos, la Asamblea Legislativa, dan testimonio de ello: dictar sentencias judiciales o legislar según unos particulares principios religiosos, refleja ignorancia y prejuicio, pero, sobre todo, saca a flote una gravísima confusión respecto de los principios democráticos y republicanos más elementales. Una cosa es el pleno respeto al derecho que cada persona tiene de practicar la religión que elija, y otra bien distinta es regular la convivencia social con base en principios derivados de una religión particular, que por ello mismo, y de forma inevitable, resultan excluyentes para todas y todos quienes no los compartan.
Todo esto ensombrece la calidad de la democracia en Costa Rica. No es tan solo que necesitemos avanzar hacia la laicidad del Estado. Ello de poco serviría si las élites políticas siguen sumidas en este mar de confusiones, y si los poderes del Estado siguen regentados desde ese coctel indigerible que contamina los principios democráticos con dogmas religiosos.
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