El Curso de Comunicación Social de la Escuela de Planificación y Promoción Social, EPPS-UNA comparte experiencias de comunicación comunitaria en Costa Rica
“Encender la Radio” junto con los estudiantes de EPPS UNA fue una significativa experiencia, para conocer aquellos esfuerzos de comunicación popular tan necesarios en nuestra sociedad y que buscan darle voz a la gente de nuestras comunidades y regiones
El pasado jueves 23 de agosto de 2018 se realizó un Conversatorio en el Auditorio Rodolfo Cisneros-FCS con comunicadores sociales que vienen promoviendo iniciativas de comunicación social participativa.
En esta ocasión se contó con la participación del Master Joaquín Tapia Arenas, Músico, Comunicador Social y Activista por los Derechos Humanos, Msc. Fiorella Barahona Carmona, Feminista y Comunicadora Social y la Msc. Nery Chávez García, Feminista, Investigadora, Comunicadora, y Cofundadora de Radio Calles; cabe rescatar que ellas (os) forman parte de la Asociación Voces Nuestras en la que se promueve la comunicación comunitaria.
Joaquín Tapia, se refirió al origen de esta organización que cuenta con 10 años en nuestro país: “Voces Nuestras que es un centro de comunicación educativa que busca promover y fortalecer el ejercicio del derecho a la comunicación desde la diversidad y la pluralidad cultural para contribuir a la participación, al diálogo y a la incidencia de los sectores sociales en condición de vulnerabilidad social” indicó Tapia, para quien desde Voces Nuestras, se promueven proyectos como el de comunicación comunitaria, pero más allá de la comunidad geográfica se enfatiza en la construcción de identidad y comunicación participativa para la incidencia pública y política: “entonces, los temas y las capacidades que se fomentan en los grupos y comunidades van dirigidos a mostrarse en medios como la radio con un enfoque de trabajo desde la horizontalidad, de género y de una comunicación estratégica que se va alejando de los medios comerciales, buscando apropiarse de la comunicación y ordenar la información para transformar la sociedad y no solo para entretenimiento”.
El proyecto que vienen desarrollando este colectivo de comunicadores busca el abordaje de la Pedagogía con Radionovelas en las que se tratan temas acerca de migraciones, cambio climático, derechos humanos, defensa de los territorios, intercambio de saberes para sensibilizar, reflejar la diversidad cultural y reivindicar las buenas prácticas en las comunidades; esto se da por medio del programa radiofónico “La Cabuya” que se transmite los sábados a las 11 a.m. por la 107.1FM de Radio Actual y los miércoles a las 8 a.m. por Radio U 101.9 FM además de otras radioemisoras costarricenses.
Fiorella Barahona mencionó que con las iniciativas de la comunicación comunitaria se pretende promover otros valores, que ayude a desprenderse de la “información como mercancía” en manos hegemónicos y comerciales, de tal manera, poder llevar a las audiencias en sectores vulnerabilizados socialmente otra forma de pensar y de cuidar la naturaleza “amplificar la voz que ya está ahí”: “por ejemplo, algunas experiencias que hemos realizado con el Movimiento “Ríos Vivos” mediante talleres y luego el ejercicio de transmisión por la radio permite ocupar un espacio público, transmitir o retransmitir pronunciamientos, en este caso defender los ríos frente a las plantas hidroeléctricas privadas, y como les afecta a la comunidad, así como otra cantidad de problemáticas sociales, económicas y culturales dignas de discutir con los actores y sectores interesados”, mencionó Barahona.
Todos estos procesos van de la mano con la Ley Participativa de Radio que puede contemplar las necesidades de información y comunicación de las personas en consonancia con la democratización del espectro radioeléctrico; al respecto Fiorela Barahona, dijo: “la comunicación es el único derecho que da derechos a otro”.
Nery Chávez rescató que con la colectiva feminista “Caminando” en el 2015 inician a trabajar con Voces Nuestras, con la idea de fomentar la apropiación tecnológica y transmitir mensajes, tomando en consideración el respeto con las cosmovisiones de las comunidades que permiten crear una gestión colectiva de los medios: “La transmisión por radio ayuda a visibilizar las inquietudes y sentires de los grupos por ejemplo, la situación de los femicidios, el acoso callejero. El programa de radio que producimos no solo se queda en una cabina, es decir, con la realización de performances en San José y a la vez una trasmisión en vivo en diversos espacios y comunidades permite un alcance mayor para informarse, participar, sensibilizar y poner en evidencia la realidad social”, agregó Chávez.
Los y las estudiantes del Curso de Comunicación Social de la Escuela de Planificación y Promoción Social, realizaron algunos comentarios y preguntas sobre estas iniciativas de comunicación colectiva, lo que permitió un intercambio muy valioso de ideas, conceptos y realidades de la comunicación social en Costa Rica.
Los expositores plantearon algunos principios que definen el horizonte de la comunicación participativa, comunitaria y popular que vienen promoviendo por medio del uso de la radio como herramienta de comunicación social:
Empoderar a actores sociales
Promover espacios de diálogo y reflexión
Motivar la acción comunitaria
Dinamizar el intercambio de conocimientos, información y saberes
Reforzar las culturas populares y culturas ancestrales
Mediar entre “el poder” y las comunidades
Incidir desde su propia perspectiva: ser actores políticos
Promover procesos participativos
Partir de la realidad y las necesidades e intereses de la comunidad
Recuperar y respetar las diferencias y diversidad
Integrar la Perspectiva de Género como eje transversal
Incentivar relaciones armoniosas
Garantizar la sostenibilidad económica y política
Con lo anterior, se rescata la pertinencia de estos espacios radiofónicos que dan voz a las comunidades y desde la comunicación social se visualiza la importancia de que los futuros profesionales en Planificación y Promoción Social sean facilitadores de estos procesos.
Por:
Efrain Cavallini Acuña-Académico EPPS-UNA
Gabriela Corrales Alfaro. Estudiante Sociología
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría, UNA.
Estudiantes de la escuela Eulogio Salazar de Sarchí en la Sala de Historia Regional del Museo Regional de San Ramón. Foto Juan Gabriel Madrigal Cubero.
Las visitas guiadas del Museo Regional de San Ramón, dirigidas a niños y jóvenes, tienen como fin ser un complemento a la educación que reciben en sus centros de enseñanza. Este servicio se ofrece como un apoyo a los procesos de aprendizaje, especialmente en las materias de Estudios Sociales y Cívica, Español y Ciencias.
De esta forma, la Universidad de Costa Rica se pone al servicio de la educación por medio de esta actividad, diseñada con base en los contenidos planteados en los programas de estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Según el M.Sc. Mainor Badilla Vargas, Director del Museo Regional de San Ramón, las visitas guiadas se constituyen como espacios en los cuales se ejecutan acciones didácticas y pedagógicas y se da respuesta a lo que los programas de estudio de educación primaria y secundaria están planteando en materia histórica, natural, geológica, entre otros aspectos.
El Museo cuenta con una Sala de Historia Regional, Sala de Colecciones Patrimoniales, Sala de Historia Natural (con dos muestras: megafauna y murciélagos), Sala de Exposiciones Temporales; muestras como Pasillos del Tiempo (maquetas, esculturas y objetos) y el Mural del Café; una tumba arqueológica instalada en los jardines y la Galería 1930 en la cual se le da la oportunidad a artistas de la región de compartir sus obras.
La Mag. Elena Valverde Alfaro, encargada de la Sección de Educación del Museo, es la persona responsable de planear y organizar esta actividad. Mencionó que fue una tarea muy minuciosa, ya que se revisaron los planes de estudio de los programas de las materias de Estudios Sociales y Cívica, Español y Ciencias que son las áreas en las que se puede ofrecer un mayor acompañamiento.
Explicó que el trabajo realizado permitió analizar los objetivos y contenidos planteados por el MEP, con base en ello se identificaron los temas que el Museo puede reforzar como patrimonio, historia natural, literatura y patrimonio lingüístico y se planean actividades por nivel según las necesidades planteadas por los docentes.
Valverde destacó que en la visita los niños y jóvenes pueden conocer la importancia del Museo, tanto por su historia como por su labor actual, así como hacer un recorrido por las diferentes exposiciones permanentes y temporales. Además participan en un taller sobre algún tema específico, el cual puede ser solicitado por la docente del grupo para reforzar algún contenido de su interés.
El programa de visitas está dirigido a centros educativos públicos y privados de todo el país, los interesados solo deben llenar la boleta de solicitud y la Sección de Educación se encarga de adaptar las actividades según las necesidades planteadas y las edades de los visitantes.
Valverde destacó que cualquier grupo organizado puede pedir una visita guiada, ya que esta es la forma ideal de conocer el Museo. De esta forma, se le puede explicar al visitante sobre el edificio y su importancia, todo lo relacionado con la historia regional, la historia natural, la labor del Centro de Literatura Infantil y Juvenil, la importancia del centro de documentación que resguarda y protege documentos históricos y las exposiciones abiertas de forma temporal.
Las personas interesadas pueden obtener más información sobre las visitas guiadas al teléfono 2511-7103.
Por Nicolás Boeglin Naumovic, profesor de Derecho Internacional
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Como bien es sabido, la crisis política que se ha desatado en Nicaragua desde el pasado 18 de abril ha significado un arribo masivo de nicaragüenses a suelo costarricense. No obstante, fiel a su legendaria tradición de tierra pacífica y de acogida, no se había registrado en Costa Rica ningún acto xenófobo antes del que fue organizado este 18 de agosto en el céntrico Parque de la Merced. Una acción policial muy certera permitió desactivar a tiempo una acción violenta dirigida por un pequeño grupo contra la población nicaragüense que se concentra usualmente en este parque josefino durante los fines de semana.
Este concurrido espacio público se cerró por parte de la policía, y se reabrió con fuerte presencia policial al reiniciar esta semana (véase nota de prensa).
Sobre el contexto muy peculiar en el que se dio esta marcha, se recomienda, entre muchas otras, la lectura de este artículo del Semanario Universidad en el que leemos, entre otras cosas, que: «según el censo del 2011, las personas nicaragüenses alcanzan “el 6% o 6,5% del total de la población, mientras que su contribución al PIB –según ese estudio– es del 12%, un dato muy significativo”.
Este 25 de agosto, organizaciones y gremios sociales, así como universidades públicas convocaron a una exitosa marcha contra la xenofobia (véase galería fotográfica en este enlace de Elmundo.cr): nótese que el Ministro de Educación participó personalmente a esta marcha (véase nota e CRHoy).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
La intolerancia y el papel del Estado: “Estado… ¿estás?»
Una lectura desde el ámbito internacional permite detectar algunas lagunas en el caso de Costa Rica, que a continuación detallaremos, en materia de lucha contra la xenofobia y la incitación al odio. El tema se torna particularmente preocupante en la medida en que la última campaña electoral vivida en Costa Rica evidenció actitudes y discursos de odio raramente escuchados contra la población sexualmente diversa. Ello sin hablar de la quema de ranchos de mujeres indígenas en Salitre acaecida en julio del 2014 durante el partido de fútbol entre Países Bajos y Costa Rica, sin que a la fecha haya sanción alguna contra los responsables de estos hechos (véase nota de prensa y este valioso análisis de la jurista Karine Rinaldi sobre los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a las autoridades costarricenses para apaciguar los ánimos en Salitre).
En términos generales, la lucha contra las diversas formas de intolerancia supone medidas de muy diversa índole para un Estado: la intolerancia nace usualmente del desconocimiento y de la ignorancia, obligando a un Estado a proveer espacios educativos para permitir un acercamiento a la «otredad». Con relación a la población nicaragüense en Costa Rica, algunas iniciativas de carácter privado, en particular en el ámbito educativo y en la esfera cultural, así como algunos proyectos universitarios, han intentado materializar este acercamiento. Se trata de acciones muy valiosas, más aún si consideramos que el Estado costarricense mantiene una cargada deuda en este preciso tema.
Usualmente, el discurso de odio antecede acciones violentas, por lo que hay que mostrarse extremadamente alerta ante mensajes que susciten el odio. En el caso de la reciente campaña electoral en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica fue muy enfática en advertir sobre la imperiosa necesidad de cesar el discurso de odio después de la primera ronda electoral celebrada el 4 de febrero del 2018 (véase comunicado oficial del 14/02/2018): semanas después de este llamado, se registró un aumento significativo de agresiones contra personas sexualmente diversas (véase artículo del Semanario Universidad del 28/02/2018).
Según las circunstancias, el odio puede convertirse en un peligroso combustible, siendo su punto de ignición un soporte discursivo que lo propague. Las constantes imágenes y discursos promovidos por grupos radicales en Europa y en Estados Unidos y por algunos sectores en América Latina estigmatizando a los migrantes constituyen para algunos una fuente de inspiración: la marcha del pasado 18 de agosto evidencia que ya algunos de sus adeptos se localizan en Costa Rica. Es muy posible que la influencia de grupos ubicados en el exterior haya dejado algun rastro en las redes sociales, que solo una investigación a profundidad en las redes sociales permitiría aclarar en cuanto a su alcance y origen exactos.
Algunas medidas de carácter legal, que por sí solas no resuelven el problema de la incitación al odio, pueden contribuir a frenar notablemente los ardores de algunos en Costa Rica, como lo veremos en las líneas que siguen.
La sanción de conductas sociales repudiables (y repudiadas): «Estado… ¿estás?»
A raíz de esta manifestación organizada contra migrantes oriundos de Nicaragua el pasado 18 de agosto en este parque capitalino de San José, es muy posible que las diversas actitudes registradas de incitación al odio, a la intolerancia y a la xenofobia no sean sancionadas como tal. Si bien han sido condenadas por muy diversas organizaciones, incluyendo el Colegio Profesional de Psicólogos (véase comunicado ), y por las mismas autoridades del Estado costarricense, así como por las Naciones Unidas (véase comunicado oficial ), no pueden dar lugar a acción penal alguna, al menos hasta la fecha.
En efecto, un proyecto de ley (véase el texto del Expediente 20.174, presentado por siete legisladores) que pretende precisamente sancionar estas actitudes y estos discursos de odio se mantiene como simple proyecto de ley (y ello desde varios años) en la Asamblea Legislativa: este proyecto es similar a uno presentado en el 2014 (véase el texto del Expediente 19.062, presentado por un solo diputado). Es de notar que este último proyecto de ley fue incluido por Costa Rica ante Naciones Unidas para hacer ver sus esfuerzos por erradicar las diversas formas de discriminación en el 2015 (véase observaciones del CERD del 2015, punto 13). En mayo del 2017, se leyó que los promotores de esta iniciativa consideraban su tramitación «urgente» (véase artículo del Semanario Universidad).
Al igual que el proyecto 20.174, el proyecto 19.062 no ha sido aprobado, y sería muy interesante saber en cuántas oportunidades fueron convocados por el Poder Ejecutivo desde el 2014.
Dicho en otras palabras, en la actualidad, emprenderla públicamente contra los migrantes nicaragüenses; o bien, contra la población LGTBI, tal y como ocurrió durante la última campaña electoral en Costa Rica en la que el derecho internacional fue tema de álgidos debates (Nota 1); o bien contra la población indígena, afrodescendiente, o contra portadores del VIH-SIDA o contra algún otro grupo objeto de algún tipo de discriminación, ya sea en declaraciones públicas o ya sea en redes sociales, no se considera como un delito penal en Costa Rica. Como sí lo es en otros Estados, en los que la instigación al odio y a la intolerancia es considerada como un delito y es sancionada penalmente como tal.
Es también muy probable que la misma convocatoria a una marcha como la organizada en el Parque de la Merced este 18 de agosto tampoco sea sancionada, salvo en lo que refiere a la portación de armas blancas y a la preparación de bombas caseras artesanales decomisadas por la policía costarricense.
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
El derecho penal como herramienta de prevención ante las diversas formas de intolerancia
El tipificar como delito en el código penal una conducta social reprochable tiene un efecto preventivo. Mantener un código penal en el que persiste un preocupante vacío con relación a la discriminación, el racismo y la xenofobia, es tolerar expresiones de intolerancia y de odio como las que se oyeron este 18 de agosto sin poder jurídicamente sancionarlas.
Como es sabido, el discurso del odio ha interesado a diversos órganos de Naciones Unidas, y ello desde varios años: su tipificación como delito penal es generalmente recomendado por estas entidades internacionales que se preocupan por temas de discriminación y de cómo prevenirla.
Así por ejemplo, encontramos en la legislación penal de Uruguay, el siguiente artículo: “TITULO III – DELITOS CONTRA LA PAZ PUBLICA CAPITULO I
Artículo 149-BIS (Incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas)
El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, será castigado con tres a dieciocho meses de prisión”.
ARTÍCULO 149 TER. (Comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas). El que cometiera actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión u origen nacional o étnico, será castigado con seis a veinticuatro meses de prisión”.
De igual forma, una reforma legislativa (véase texto) fue aprobada y firmada por la Presidenta Bachelet en setiembre del 2017 en Chile (véase nota de prensa).
De varias advertencias pasadas hechas a Costa Rica: «Estado… ¿dónde estás?»
En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas había señalado en sus observaciones al Informe de Costa Rica que: “10. El Estado parte debe redoblar sus esfuerzos por erradicar los estereotipos y la discriminación contra los miembros de pueblos indígenas, personas afrodescendientes, migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, y las personas con discapacidad, entre otras cosas poniendo en marcha campañas de concientización a fin de promover la tolerancia y el respeto de la diversidad. El Estado parte debe acelerar la adopción de una Ley para Prevenir y Sancionar todas las Formas de Discriminación, asegurándose que incluya una prohibición general de la discriminación por todos los motivos que figuran en el Pacto e incorpore disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación, racismo o xenofobia, mediante recursos judiciales eficaces y adecuados”.
Habíamos tenido la oportunidad de escribir con respecto a estas observaciones que:
«En esta materia, pese a innumerables casos de humillaciones y vejámenes sufridos por los integrantes de las poblaciones señaladas por el Comité, el Estado costarricense no ha desarrollado mayormente su legislación, incluyendo la penal, con lo cual actos que podrían calificar en otros Estados como crimen de odio, instigación al odio, a la discriminación o a la xenofobia no encuentran eco alguno en materia represiva»
(véase nota nuestra titulada «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicada en Derechoaldia, edición del 10/04/2016).
En el marco de estas mismas reflexiones, nos permitimos señalar que:
«En el caso específico de la población nicaragüense, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su decisión (ver texto completo) sobre el caso de Natividad Canda Mairena (nicaragüense, destrozado por dos perros Rottweiler, en noviembre del 2005, en la Lima de Cartago, ante la mirada de bomberos, transeúntes, camarógrafos y personeros de fuerzas policiales) había advertido en el 2007 que: “Los Estados que, como Costa Rica, tienen bajo su jurisdicción a una elevada cantidad de inmigrantes no pueden dejar de tomar en consideración que éstos se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos. Esta vulnerabilidad es aún mayor cuando un Estado acoge en su territorio a un alto número de ciudadanos de otro Estado, pues a menudo se genera en la población del Estado receptor una predisposición negativa hacia la población inmigrante. Esa predisposición negativa frecuentemente está acompañada de estigmatización social y, aunque manifestaciones de xenofobia o discriminación pueden estar latentes en toda sociedad, la población migrante es especialmente vulnerable a estas manifestaciones” (párrafo 293). En esta decisión del 2007, la Comisión rechazó la solicitud de Nicaragua al no haberse agotado los recursos internos en Costa Rica. Luego de varios años de procedimientos, en octubre del 2012, fueron absueltos todos los integrantes de las fuerzas de seguridad por los tribunales costarricenses (ver nota de La Nación)».
Devolviéndonos un momento a la idea que el desconocimiento del «otro» constituye una raíz muy fértil para la xenofobia, nos podemos preguntar: ¿Qué conocen de la cultura nicaragüense en el 2018 los colegiales costarricenses que desconocían antes del caso Canda del 2005/2007? ¿Qué ha hecho el Estado costarricense desde el 2005/2007 para proporcionar espacios en las aulas de sus colegios en aras de prevenir actitudes xenófobas de sus colegiales mediante el acercamiento a la cultura de estudiantes oriundos de Nicaragua?
Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, se podría pensar que han pasado muchos años desde el caso de Natividad Canda, sin que se haya procedido a implementar políticas efectivas para prevenir la xenofobia contra los migrantes nicaragüenses en Costa Rica (Nota 2).
Con relación a las poblaciones indígenas y afrodescendientes que sufren muy a menudo humillaciones y vejaciones de todo tipo en Costa Rica, desde 1999, el Comité para la Eliminación de todas la Formas de Discriminación (CERD) de Naciones Unidas había externado a Costa Rica lo siguiente:
«14. El Comité recomienda que el Estado Parte tome todas las medidas legislativas pertinentes para procurar que los artículos 2 y 4 de la Convención se reflejen plenamente en el derecho nacional. En particular, el Comité destaca la importancia de prohibir y castigar adecuadamente los actos de segregación y discriminación racial, tanto si son cometidos por particulares como por asociaciones.
Se recomienda también que el Estado Parte intensifique sus medidas orientadas a prevenir y perseguir todo acto o manifestación de discriminación racial o xenofobia, incluidos los actos de violencia contra las personas pertenecientes a minorías étnicas y nacionales»
(véase observaciones hechas a Costa Rica en 1999, página 190, de este muy útil compendio que a la fecha no han encontrado eco alguno en la legislación penal costarricense).
En el 2015, el mismo CERD externó a Costa Rica que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial»
En estas mismas observaciones hechas a Costa Rica (y pocamente difundidas), los integrantes del CERD señalaron a las autoridades que:
«Tipificación de delitos discriminación racial 19. El Comité constata con preocupación que, a pesar de sus recomendaciones anteriores, no se modificó la legislación sobre los delitos de discriminación racial, la cual sigue siendo considerada en Costa Rica una infracción menor castigada con una multa (art. 4).
El Comité reitera su recomendación al Estado parte (A/62/18, párr. 299) de enmendar su legislación penal de tal manera que sea compatible con la Convención a la luz de sus Recomendación general Nº 35 (2013) relativa a la lucha contra el discurso de odio racista, elevando la sanción de las conductas delictivas de manera proporcional a la gravedad de los hechos. El Comité también recomienda al Estado parte incluir en su legislación penal un agravante por motivos de discriminación racial».
A modo de conclusión
Más allá de la muy limitada divulgación que se hace en Costa Rica de las observaciones de órganos de derechos humanos de Naciones Unidas a Costa Rica, no cabe duda que desatenderlas comparecencia tras comparecencia en Ginebra no resuelve mayormente el problema: el cual tiende, como muchos de los problemas en materia de derechos humanos, a agravarse con el tiempo.
Tal y como tuvimos la oportunidad de concluir un análisis a las observaciones hechas desde el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas a Costa Rica en el 2016.
«No cabe duda que estas observaciones del 2016, así como las advertencias anteriores del 2007 y las demás brevemente mencionadas, constituyen en sí un desafío, en aras de rectificar paulatinamente la peligrosa deriva a la que se asiste en materia de derechos humanos en Costa Rica desde varios años» (Nota 3).
Con relación a la imagen de una sociedad pacífica que acepta las diferencias, en los últimos tiempos, varios analistas han detectado que la sociedad costarricense ya no es tan tolerante como otrora (Nota 4).
Si bien las autoridades del Estado han calificado la marcha de este 18 de agosto del 2018 como «contraria a la idiosincrasia costarricense», el derecho internacional de los derechos humanos invita desde ya hace (muchos) años a los Estados a revisar su legislación penal, en aras de incorporar una útil herramienta jurídica, bajo la figura del «delito de odio o de incitación al odio».
Nótese que en diciembre del 2016, Costa Rica ratificó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (véase estado oficial de ratificación), cuyo artículo 4 – el primero del capítulo «Deberes del Estado» – podría interesar a muchas entidades en Costa Rica que luchan por erradicar conductas sociales repudiables como las que se manifestaron este 18 de agosto en San José (véase texto completo).
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Notas:
Nota 1: véase con respecto a esta atípica campaña vivida en Costa Rica nuestro breve análisis: BOEGLIN N.,»Costa Rica y el derecho internacional: una aclaración en medio de una campaña convulsa», febrero del 2018, publicado en DerechoalDia y disponible en este enlace.
Nota 2: véase al respecto un muy interesante análisis: BARRANTES CECILIANO A., “Caso Natividad Canda: pendientes de Costa Rica para sanar resabios de xenofobia“, publicado en el 2016 en DerechoalDia, disponible en este enlace.
Nota 3: véase BOEGLIN N., «Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos a informe de Costa Rica: breves apuntes», publicado en el sitio de Derechoaldia en abril del 2016, disponible en este enlace.
Nota 4: entre muchos análisis, se recomienda esta emisión radial del programa Hablando Claro de Vilma Ibarra (Radio Columbia) de enero del 2018 con los sociólogos Montserrat Sagot y Carlos Sandoval (disponible en este enlace).
Marcha de la Solidaridad con Nicaragua, el pasado 25 de agosto de 2018. Foto: Anel Kenjekeeva.
Nicolás Boeglin Naumovic
Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Costa Rica
En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.
Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.
En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.
Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.
A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:
SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero Barranca – El Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.
Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.
Suscriben,
Asociación Conservacionista Yiski
CEUS del Golfo de Nicoya
Comité Ambiental de Miramar
Conceverde
Ni una sola mina
Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com
En el 2018: “Año de las Universidades Públicas por la Autonomía, la Regionalización y los Derechos Humanos”, el CONARE reafirma la profunda vocación humanista y la contribución al desarrollo nacional y regional que caracteriza a las cinco universidades de educación superior.
De esta manera, el pasado 31 de julio de 2018, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) aprobó el Reglamento para el Fortalecimiento de la Regionalización Universitaria, (CNR-267-2018) de esta manera, se crean los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional (OCIR) y los Consejos Consultivos Regionales (CCR), como parte de los órganos interuniversitarios de coordinación del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal que compete aprobar al Consejo Nacional de Rectores, en el ejercicio de su potestad constitucional de organización y gobierno, propias de las instituciones de educación superior universitaria estatal, reconocidas en el inciso ch) del artículo 3º de la Ley número 6162 del 30 de noviembre de 1977.
Parte del acuerdo menciona que la Regionalización Interuniversitaria se planificará de conformidad con la División Territorial Administrativa vigente bajo la coordinación de las siguientes instituciones de educación superior universitaria estatal:
a) Región Chorotega: Universidad Nacional (Liberia)
b) Región Brunca: Universidad Estatal a Distancia
c) Región Huetar Caribe: Instituto Tecnológico de Costa Rica
d) Región Huetar Norte: Universidad Técnica Nacional
e) Región Pacífico Central: Universidad de Costa Rica (Puntarenas)
Los Órganos de Coordinación Interuniversitaria Regional tendrán como finalidad promover la realización sistémica de acciones interuniversitarias que vinculen el quehacer universitario al desarrollo económico, social, humano, sostenible y tecnológico de cada región, en coordinación con actores y sectores representativos de cada región.
Cabe mencionar que las funciones que se le han asignado a estos Órganos de Coordinación Interuniversitarios Regionales, son:
Definir acciones de articulación e integración interuniversitario relacionadas con la regionalización por medio de la coordinación interuniversitaria y la articulación con sectores competentes.
Presentar a consideración del CONARE la formulación de un plan anual acorde a los ejes de PLANES anual, contemplando el análisis del entorno interno y externo, considerando, al menos:
Observancia y respeto de la diversa normativa institucional;
Procesos participativos con actores de los diferentes estamentos universitarios y sectores regionales;
Evaluación de acciones, indicadores y metas cuantificables que permita ejecutarlas con transparencia y rendición de cuentas;
Contemplar las demandas y necesidades de la región con la finalidad de proponer soluciones y buscar el impulso al desarrollo regional.
Dentro de un contexto constitucional de respeto a la independencia y a la autonomía universitarias, en los proyectos e iniciativas universitarias tendientes al desarrollo de capacidades regionales en sus ámbitos de administración y gestión, de producción, de empleabilidad, de emprendedurismo, así como en salud, educación, cultura y desarrollo científico y tecnológico, el Órgano de Coordinación Interuniversitario Regional podrá sesionar con representantes de los diferentes sectores a fin de promover las bases requeridas para la coordinación, cooperación y articulación entre las diferentes organizaciones, empresas, así como instituciones locales y regionales e instituciones públicas asociadas al desarrollo regional correspondiente.
Para los rectores de la Universidades Públicas, es de interés institucional del CONARE promover acciones sistémicas tendientes a garantizar el fortalecimiento de un modelo de regionalización universitaria basado en los más elevados principios humanísticos y democratizadores como un medio dignificante de la gestión académica que promueva principios sociales fundamentales de equidad, democratización, de justicia distributiva y de promoción del desarrollo humano integral y sostenible.
Colaboración:
OPES-CONARE
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
El más pequeño y valiente país centroamericano, El Salvador, acaba de desobedecer los lineamientos dictados por Washington desde la “Guerra Fría”, supuestamente concluida en 1990/91 con el fallido golpe de Estado en la URSS. Anterior al inicio de la Guerra Fría, en 1946/7, nuestros países latinoamericanos mantenían relaciones diplomáticas y comerciales con China Continental, pero el Tío Sam ordenó un aislamiento feroz contra ese país asiático, sustituyéndose por relaciones con Taiwan, su nueva aliada política. A nivel mundial, EUA logró aislar a China Continental, quedando solamente con 23 países con relaciones diplomáticas, de los 194 reconocidos por Naciones Unidas. Pero para el 2008 esto se había invertido completamente, fue Taiwan quien quedó con solamente 23 países de los cuales, 12 eran de nuestro continente. Ahora le quedan los países más pobres y atrasados como ser Belice, Nicaragua, Honduras y Paraguay en América Latina. Pese a que se mantenía la “cortina de hierro” en la década de los 70s, ya habían 12 países latinos renovando sus relaciones diplomáticas con China y, la siguiente década ese número subió a 17. Con la salida de El Salvador, la semana recién concluida, es Taiwan quien se queda solamente con 17 países aliados en total, entre ellos los cuatro de nuestro continente mencionados arriba.
Si ponemos atención a algunos estudiosos de la historia antigua, podríamos considerarnos descendientes de la cultura de Mongolia, en China Continental. Se supone que algunos indígenas nuestros descendían de la raza de los chinos, unos diez mil años atrás. Estos chinos cruzaron el Estrecho de Bering en el último período glacial del Cuaternario. Prueban los historiadores que entre las culturas indígenas nuestras había mucha semejanza con la cultura china. También argumentan que algunas de nuestras actuales civilizaciones autóctonas tienen costumbres, actitudes y hábitos similares a los de China. Desde luego, esto puede servir de burla para el círculo de halcones en poder de la Casa Blanca, quienes se creen descendientes de la raza aria alemana.
No cabe dudas que muchos compatriotas nuestros quieren confirmar que su descendencia, al menos es estadounidense, sino de algún país europeo o que, al menos, desciende de los vikingos, especialmente las familias que desprecian su posible linaje mestizo (mezclado) con el indígena, o de los grupos sociales criollos, ni digamos de muchos que son afrodescendientes de los pueblos esclavizados por mercaderes europeos, forzados a venir al continente de América. Resulta interesante conversar con algunas personas cultas, quienes admiran a la nueva administración costarricense por tener una Vice Presidenta, negra (respetando su descendencia familiar), la economista Epsy Campbell. Todos deberíamos seguir esos ejemplos, como es también el caso del presidente indígena más exitoso del continente, Evo Morales, en Bolivia. Estas minorías de ahora, que fueron las mayorías de antaño, tienen igual o más derechos que los mestizos de ahora.
Ya dejemos los asuntos raciales a un lado y veamos cómo China Continental le ha respondido a los enojos de los políticos en el poder estadounidense, al caso de El Salvador. Aun cuando lo que El Salvador ha hecho es sumarse a los 177 países que aprobaron la Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconociendo a una sola China, para los vecinos del norte esto es un irrespeto a Su Señoría.
Inmediatamente que El Salvador tomó la decisión EUA reaccionó. «Estados Unidos está fuertemente preocupado por la reacción de El Salvador a una obvia intromisión de China en la política interna de las naciones del hemisferio occidental«. Para Washington, «es una decisión que afecta no solo a El Salvador, sino también a la salud y a la seguridad económicas de toda la región de las Américas«.
Suponemos que buscando mejorar la salud económica y política, algunos de nuestros países utilizan su capacidad soberana para establecer relaciones diplomáticas y económicas con la segunda potencia mundial. Para el 2016, China Continental ya tenía inversiones por Dlrs 113, 662 millones, con 235 empresas. Los países que más han recibido esta inversión han sido Brasil, Argentina y Perú.
La mitad de esa inversión la ejecutan nueve empresas chinas –Sinopec, CNPC, Sinochem, China Three Gorges, MMG, State Grid Corporation of China, Wisco, Cnooc y BCEG–esto ha venido ocurriendo en los 16 últimos años. “El boom de las materias primas ha dejado paso a un mayor interés por las infraestructuras que, a su vez, han tirado del sector terciario. Latinoamérica se ha convertido en un lugar atractivo para China en esos ámbitos”, explica Enrique Dussel Peters, coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China
Es nuestro criterio que la inestabilidad política de nuestro continente, particularmente el hispano-parlante, no permite aprovechar debidamente los recursos técnicos, financieros y de infraestructura que ofrece China. Generalmente nuestros gobiernos no tienen proyectos de largo alcance, por carecer de estrategias que rebasen los períodos para los cuales se eligen gobiernos. Aun en países donde el sistema democrático es sustentable, como lo es Costa Rica, su aprovechamiento del Tratado Comercial que tiene con China desde 2007, no solamente ha estado con un balance negativo, sino que no ha sido aprovechado en sus capacidades y potencialidades. Tampoco Costa Rica ha presentado un proyecto de significativa envergadura para la cooperación China. Ahora que los gringos están rompiendo sus tratados comerciales con China, nuestra hispanoamérica debería buscar cómo elevar sus exportaciones a ese gigante asiático. No solamente es porque Costa Rica no quiera alterar el volátil temperamento del señor del bucle naranja en Washington, es también porque el nuevo gobierno de Carlos Álvarez ha estado entretenido en resolver los pequeños asuntos, más que en buscar proyectar al país hacia nuevos derroteros y las nuevas generaciones. Ya debería soltarse de los temas parroquiales y montar un equipo con visión estratégica, sin pedir permiso al jefe de gabinete, Pizza? Rocafort y la embajada estadounidense. El Salvador, al menos comienza con solicitar apoyo a un significativo puerto marítimo, apoyo que también ha dado a Costa Rica en el pacífico. Seguramente El Salvador va a ampliar sus relaciones con China, más allá de Panamá, Costa Rica y Guatemala, dado su prestigio como nación sumamente dinámica.
El gobierno de EUA puede enojarse una y otra vez, pero nuestros pueblos no pueden seguir siendo sus vasallos, profundizando la criminalidad, el tráfico de estupefacientes, buscando más “sueños americanos”, y sosteniendo mafias corruptas que gobiernan bajo su protección. Ya Washington lo afirmó, sin sorprender a nadie: «Estados Unidos continuará oponiéndose a la desestabilización por parte de China de la relación entre ambos lados del estrecho (de Taiwán) y a su interferencia política en el hemisferio occidental«. Nuestros países deben irse sacudiendo de ese dominio histórico que ejerce los EUA, tratándonos como su “patio trasero”. Debemos ganarnos el respeto y dejar de, solamente celebrar nuestra cacareada independencia con bailes, desfiles de lindas “palillonas”, bandas militares, tambores y discursos “patrióticos” de políticos mafiosos. El patriotismo conlleva compromiso social, la deficiencia administrativa y la corrupción no van juntas con el compromiso social.
Tampoco se trata de ofender y menos preciar las relaciones comerciales, diplomáticas y tecnológicas con la poderosa nación estadounidense. Esa nación ha acumulado unos tres siglos de experiencia en mercados, en industria, diplomacia y militarismo. Tenemos muchas inversiones suyas en nuestros países. Aunque usualmente tenemos un balance negativo en nuestras relaciones comerciales con EUA, hay muchos productos nuestros que se consumen en esa gran nación. Pero, abrir relaciones comerciales y profundizarlas con China, también está en nuestro interés, así como abrir nuevos mercados para lograr mejoramiento en nuestra situación tecnológica, cultural, económica y política, vinculándonos activamente con otras naciones del medio oriente, Europa del Este y África. Debemos rechazar ser utilizados para extraer las riquezas de otras naciones y regiones de forma fraudulenta y beligerante o guerrerista, rompiendo con las convenciones multilaterales y el respeto a los derechos humanos universales.
China también cuenta con una experiencia de más de 10 mil años en establecer rutas de mercado y de intercambio cultural, como fue la primera Ruta de la Seda. En una segunda revitalización, hace 2,300 años, se comercializó, además de la Seda China, otros productos minerales, de especies y alimenticios por toda Asia Central y Oriente Próximo, haciendo florecer el intercambio cultural, comercial y los avances tecnológicos de cada zona y región. El proyecto chino para la nueva Ruta de la Seda, está ingresando al continente africano, después de pasar por el medio y lejano oriente, cruzando de rutas terrestres a rutas marinas, conectando los océanos por vías ferroviarias, llevando y trayendo gente y sus productos comercializables, además de los intercambios culturales. Por ahora se habla de conexiones entre 65 países del mundo.
Desde luego, nuestros pueblos están más que animados cuando se habla y actúa hacia relaciones de paz, comercio, finanzas, intercambio educativo, infraestructura, empresas productoras de ropa, vehículos, trenes, barcos, etc., pero no cuando se habla de producción de armas nucleares, químicas, de terroristas, de bloqueos comerciales y financieros y, menos aún, de invasiones militares. No cabe duda de la felicidad que llena nuestros corazones cuando a un país le quitan los bloqueos económicos, las incontables sanciones, liberan a los presos políticos, detienen el comercio de la droga y se abren las fronteras para repatriar a quienes huyen de la represión y el hambre. Así es que establezcamos más y más convenios y contratos económicos, comerciales y culturales, e instalemos más embajadas por doquier.
El próximo lunes 03 de setiembre de 2018 a las 5 p.m. en el Auditorio del APSE se llevará a cabo el Cineforo: Costa Rica en Centroamérica: migraciones, nacionalismo y xenofobia, con la participación de:
Dra. Carmen Caamaño Morúa, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica
M.Sc. Hugo Marín Guillén, profesor de Estudios Sociales, afiliado a la APSE
También se proyectará el documental “Casa en tierra ajena”, producido por la UNED.
El Congreso Internacional: Estudios de las Masculinidades y Derechos Humanos tendrá lugar este próximo 3, 4 y 5 de octubre en el Campus Omar Dengo, de la Universidad Nacional de Costa Rica.
Los temas que se tratarán serán los siguientes:
Patrones culturales y la construcción de las masculinidades patriarcales
Poder e identidades masculinas
Violencia generada por las masculinidades patriarcales
Reducción de la violencia masculina en los centros académicos
Derechos humanos y masculinidad
Las personas interesadas deberán ingresar al siguiente link:
Las Jornadas 2018 Prosic-UCR abordaron la actualidad nacional en materia de ciberdelitos
Las compras por Internet incrementaron en los últimos años. Esto ha agilizado el servicio para los proveedores y los usuarios, pero también genera mayores retos en términos de ciberseguridad para ambas partes. Foto: Anel Kenjekeeva.
Publicar fotos personales y familiares, conversar con amistades fuera del país por medio de teléfonos inteligentes, hacer compras en línea, sacar dinero de los cajeros automáticos, realizar trámites bancarios, solicitar transporte o comida a domicilio son acciones que realizan millones de personas diariamente. Sin embargo, todas y cada una de ellas requiere de la toma de medidas de seguridad para evitar los llamados ciberdelitos.
La responsabilidad de evitar los delitos en Internet no solo le corresponde a los proveedores de productos o servicios, sino también a los usuarios, quienes deben tener cuidado al publicar o brindar datos, que eventualmente pudieran ser utilizados por otras personas para cometer crímenes informáticos.
Esta fue una de las llamadas de atención hechas en las Jornadas 2018 sobre Ciberseguridad, del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica (Prosic-UCR), realizadas durante los días 27 y 28 de agosto.
“Estamos fascinados, estamos muy contentos de tener en nuestros celulares, en nuestros dispositivos, todo en la mano. Tenemos un celular que conecta remotamente, tenemos los bancos, tenemos los videojuegos, tenemos todas las páginas, tenemos bibliotecas. Estamos muy hipnotizados con el Internet, pero, nos hemos olvidado de darles medidas de seguridad a nuestros hijos, a nosotros mismos. Ahí es donde vienen los problemas que nos han afectado y han influenciado nuevos crímenes, y los delitos que vemos en la Institución, los cuales nos llevan a nosotros a realizar investigaciones”, expresó Federico Vásquez Campos, de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Lamentablemente, uno de los delitos que más crece en los últimos años es el de pornografía infantil por vía dispositivos conectados a Internet. En este caso, el OIJ se enfrenta a diversas modalidades como la tenencia, producción, difusión, corrupción, seducción o encuentros con menores por medios electrónicos, informó Vásquez. En ese sentido, en el 2014 se investigaron 36 casos, mientras que en 2015 fueron 68. Y en adelante el promedio es de más de 40 casos por año, en los cuales se logra encontrar prueba; pero, se reportan muchas más situaciones en las que se investiga pero no se consigue recopilar los indicios necesarios para una acusación formal.
Otros delitos que se cometen por estos medios son la estafa informática, la extorsión, la violación de correspondencia o comunicaciones, la suplantación de identidad, la violación de datos personales, la clonación de tarjetas. El Organismo ha concluido que muchos de los crímenes podrían evitarse, al establecer medidas como tener mayor vigilancia sobre los menores de edad, no brindar datos sensibles a extraños, tener cuidado con lo que se publica en redes sociales, vigilar las tarjetas de débito o crédito, tener cuidado al visitar cajeros automáticos y similares.
Costa Rica a la vanguardia en materia legal
A pesar del aumento de la ciberdelincuencia, Óscar Serrano, fiscal de juicio y miembro de la Comisión de Derecho Informático, del Colegio de Abogados, considera que en Costa Rica se cuenta con una legislación robusta para hacer frente a este tipo de delitos, lo cual, incluso, según su criterio, pone al país a la vanguardia en este campo.
En ese sentido, el país es parte del Convenio de Budapest y del Convenio de Nassau, cuenta con la Ley de Delitos Informáticos del 2012, reformada en el 2013, y ya desde 1995 incluye en diferentes leyes de los ámbitos tributarios, de aduanas y de administración financiera, aspectos relacionados con estos temas.
Igualmente, se cuenta con cooperación internacional en el campo de la ciberdelincuencia de organizaciones como la Interpol, organizaciones especializadas en España, Colombia, República Dominicana y del FBI de los Estados Unidos, según reporta Vásquez.
Servicios financieros en el medio digital
La competencia internacional y las necesidades de los clientes hace que cada vez se brinden más productos y servicios por vía Internet y a través de distintos dispositivos como computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes y otros, que le brindan a los usuarios una mayor facilidad y rapidez para hacer compras, trámites, obtener servicios y otros.
Esta tendencia no es ajena al sector bancario y más bien la gama de servicios que se brindan por Internet aumenta cada día, generando tanto en las entidades financieras, como en los usuarios una gran responsabilidad en el manejo de los datos que se acceden por los diferentes canales, sean cuentas bancarias, cajeros automáticos o tarjetas de crédito.
Para Roberto Valerio, jefe de Seguridad de la Información del Banco Nacional, existe una gran presión de la banca externa a la banca nacional, que se ve obligada a desarrollar productos y servicios en línea. “O te conviertes en un banco digital o estás fuera”, expresa.
Empero, no solo la competencia aligera estos procesos sino también las necesidades de los clientes que, según Valerio, “quieren poder ser capaces de realizar cualquier transacción, desde cualquier dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ojalá sea un dispositivo móvil, ojalá sea desde la computadora, pero primero desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, en un tiempo mínimo. Es decir que sea rápido, además, yo no quiero tener ningún tema de back office, yo no quiero que me atiendan por un canal digital y luego tener que ir al banco a finalizar un proceso”.
Todo ello llama la atención a las entidades financieras sobre las medidas de seguridad que deben brindar a sus clientes en los servicios y productos que les ofrecen por Internet. Esto toma mayor relevancia si se toma en cuenta que de acuerdo con datos del Foro Económico Mundial, del 2017, los ciberataques afectaron a personas en un trillón de dólares.
En el ámbito financiero, todos los procesos se están moviendo hacia las plataformas digitales, “es una transformación del negocio a la parte digital”, dice Valerio, quien considera que ello va a generar mucho más volumen, mayor tráfico y más transacciones no solo dentro del mismo banco sino en relación con el Banco Central y otras entidades financieras del país, a través de Sinpe. Esto hace que la superficie de ataque se amplíe, lo cual implica nuevos riesgos que no estaban contemplados cuando el servicio se brindaba en las propias oficinas.
Aparte de ello, se debe considerar si los clientes están preparados para poder afrontar este cambio vertiginoso que va del servicio en ventanilla al ofrecido en línea a través de dispositivos móviles o fijos.
Ante ello, las instituciones bancarias recomiendan a sus clientes no brindar ningún tipo de información personal por vía telefónica, fijarse que en los cajeros automáticos no haya objetos extraños en la ranura donde se inserta la tarjeta, y en el caso del pago en comercios con tarjetas de débito y crédito no perderlas de vista, sino levantarse e ir a ver dónde se hace la transacción de pago.
Otras medidas que pueden tomar los usuarios de servicios financieros y específicamente de medios de pago, es el uso de tarjetas virtuales o la división del monto de crédito de la tarjeta, en varias tarjetas. También se recomienda revisar siempre los estados de las cuentas, sean estos de ahorro o de crédito, para verificar que no existan cargos erróneos, además de que se puede solicitar a los bancos la activación de alertas, de modo que les avisen cada vez que se use alguno de estos dispositivos de pago.
Para los bancos, el llamado es a efectuar análisis de riesgo y diseño de herramientas, y a realizar pruebas en sus sistemas, para brindar mayor seguridad a los clientes en el desarrollo de sus transacciones.
