Autor: María José Ferlini Cartín

Es difícil hacer ver cuáles valores están en juego en el debate sobre el Proyecto de Reforma Fiscal. Es difícil, si no se asume una perspectiva ética y, examinando las discusiones de los últimos dos meses, pareciera que los actores protagónicos en el debate al asumir sus posiciones, no se han fundamentado en argumentaciones propia y directamente éticas. Al menos no de manera explícita. Se ha hablado, eso sí y mucho, de argumentos financieros y contables: por ejemplo, quienes están por la aprobación del proyecto de ley de reforma mencionan la necesidad de que el Gobierno cuente con fondos para compensar el déficit fiscal, cancelar los intereses de deuda pública, transferir las partidas a las universidades y otros compromisos similares, pagar los salarios de los empleados públicos… Quienes están en contra, alegan que el peso de los impuestos va a recaer sobre los sectores menos pudientes, que no se tocan los bolsillos de aquellos a quienes les va mejor —sectores de mayores ingresos, pensionados de lujo… De uno y otro lado pareciera que las posiciones son razonables, y podría afirmarse que detrás de cada una hay valores en juego. Quizás, pero mientras no se saquen a la superficie no hay forma de emitir un juicio ético. ¿Cómo saber, por ejemplo, si se afectan más cosas valiosas al aprobar o al rechazar el proyecto de reforma? ¿Qué es éticamente más importante aumentar el impuesto al valor agregado o no tener cómo pagar salarios a los empleados públicos o financiar programas de investigación e innovación?

Sobre legalidad y ética de la huelga

Algo parecido sucedió con la discusión en torno a la huelga. Casi siempre las diversas opiniones giraron en torno al derecho a la huelga y sobre la legalidad de la misma, es decir, si cumplía con requisitos legales su convocatoria y realización. Pero también aquí estuvo ausente la consideración de dimensiones éticas. Una cosa es defender el derecho a huelga y otra la decisión prudencial de ejercerlo en un momento y lugares dados. ¿Se tuvo en cuenta si el ejercicio del derecho de huelga chocaba con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el de los niños y jóvenes a recibir la educación financiada por el Estado, el de los enfermos a recibir los servicios de salud financiados con la cotización de los asegurados?

¿Y el derecho de quienes no apoyaban la huelga, a la libre circulación, al transporte, al trabajo y a recibir servicios por los que directa o indirectamente ya han pagado?

Este tipo de consideraciones escapan al ámbito meramente legal, incapaz de cubrir todos estos interrogantes por completo, y caen bajo el juicio más alto de valores éticos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad.

Comparación de costos y beneficios, compensación de costos, ¿quiénes deciden al respecto?

Pero, ¿a quiénes corresponde analizar y decidir este tipo de situaciones? ¿Quiénes son los sujetos de ese juicio ético? ¿Hay otros criterios éticos fundamentales que pueden guiar el análisis de situaciones socioeconómicas y políticas tan complejas como las que se generan en torno a una discusión como la provocada por la ley de reforma fiscal? En el campo de la ética de las políticas económicas hay, al menos, dos criterios fundamentales que nos aportan una respuesta. Primero, todos los directamente afectados por una medida económica tienen el derecho de contribuir a una decisión expresando objetivamente cómo y por qué perciben que sus intereses resultan afectados, de manera positiva o negativa, por la medida, política, ley, o directriz en cuestión. En una democracia representativa, el Gobierno, poderes Ejecutivo y Legislativo, tiene el derecho y la obligación de presentar las propuestas de ley previo análisis y consideración de los diversos efectos sobre cada uno de los sectores afectados. Pero esto no sustituye el contraste de su visión con el que exprese un proceso de diálogo democrático entre representantes de todos los sectores afectados directamente. Ni siquiera un “Consejo Económico social”, indispensable referente para el Gobierno en su quehacer cotidiano, puede sustituir el más amplio e integrador proceso de diálogo participativo en situaciones de medidas extraordinarias de más amplio alcance, como una reforma fiscal. Segundo, partiendo de los intereses expresados transparentemente en un proceso de diálogo verdaderamente democrático, en su realización e integración, —no en un pulso de fuerzas para sacar adelante la posición propia— por parte de los representantes de todos los sectores afectados, se debe generar una aproximación a la definición de un interés común, general. Ambos criterios fundamentales garantizarían el carácter ético en conjunto de la toma de decisión sobre el tema debatido. Valga aclarar algo que debería ser obvio: a lo largo de todo el proceso de toma de decisiones, todos los grupos afectados deberían contar con sus correspondientes asesorías técnica y ética para identificar las implicaciones puntuales de cada uno de los aspectos del tema discutido y del proceso de discusión, para encuadrarlos tanto desde la visión de los intereses propios como desde la visión del bien común. Esto permitirá que, a la hora de una mesa de verdadero diálogo entre representantes de todos los afectados, los aportes cada uno correspondan a una racionalidad técnica y a una racionalidad ética. Y, finalmente, aquí se presenta un proceso deseable, al que hay que ir acercándose en aproximaciones sucesivas.

Reflexión compartida con SURCOS por el Centro Dominico de Investigación:

http://www.cedi2017.cedi.cr/el-impacto-%C3%A9tico-de-la-discusi%C3%B3n-fiscal

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