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Autor: María José Ferlini Cartín

Costa Rica activa diálogo multisectorial sobre la igualdad de género en el empleo

  • La tasa de desempleo de los hombres es 6,6% mientras que la de las mujeres de 12%

  • Únicamente 3 de cada 10 puestos gerenciales del sector privado son ocupados por mujeres

San José, 11 de octubre de 2018. El Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU en colaboración y con el apoyo de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reunieron a 70 empresas y organizaciones durante el foro Hacia una cultura de igualdad: El papel de las empresas como entes transformadores, para discutir sobre los desafíos y oportunidades para la integración de la igualdad de género en el sector público y privado. Esto es parte del compromiso del país en el marco de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los derechos humanos.

Las organizaciones participantes provienen de diversos sectores como el tecnológico, financiero, turismo y construcción. Estas empresas compartieron sus experiencias en la implementación de prácticas y acciones, en tres temas que se consideran cruciales para el alcance de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres: la prevención de la violencia contra las mujeres, la corresponsabilidad social de los cuidados y la participación de calidad de las mujeres en el campo de la ciencia y tecnología.

El evento cerró con una plenaria para escuchar y discutir sobre acciones concretas y compromisos del sector empresarial, para que el país cumpla las metas establecidas en la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres en Costa Rica 2018-2030 (PIEG) y la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032 (PLANOVI).

La ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU, Patricia Mora Castellanos, presidio la actividad y celebró que cada año más empresas se comprometan con la igualdad de género.

“El origen de las brechas de género, se encuentra en la división sexual del trabajo, que se expresa en una invisibilización del trabajo doméstico y de cuido, y en la inexistencia de políticas sobre corresponsabilidad social del cuido. Si no existe una redistribución democrática de las responsabilidades de las tareas domésticas y de los cuidados no remunerados, en donde se dé el compromiso del Estado, el mercado, las comunidades y las familias, seguiremos produciendo el nudo crítico de la discriminación”, agregó Mora Castellanos.

Por su parte, Alice H. Shackelford, Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y Representante Residente del PNUD, resaltó el rol que cumple el sector privado en desarrollar acciones e intervenciones para mejorar las oportunidades y condiciones de las mujeres en el mundo del trabajo decente y formal. “No hay y no habrá desarrollo sostenible, en tanto un 50% de la población continúe haciendo frente a la discriminación, la desigualdad y la violencia. Para cambiar esta situación e impulsar la igualdad de género, es de vital importancia fortalecer las alianzas multisectoriales. La alianza entre ONU Mujeres y PNUD (y otras agencias del sistema de NNUU) en apoyo al trabajo del INAMU, muestra el compromiso a un trabajo conjunto enfocada a la agenda 2030 y la igualdad de género”.

La desigualdad en cifras:

Sobre el Sello de igualdad de género: Las organizaciones interesadas en implementar un Sistema de Gestión para la Igualdad de Género deben contactar a selloigualdad@inamu.go.cr

 
–Discurso de Patricia Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del INAMU
–Discurso de André Garnier Kruse, Ministro de Coordinación con el Sector Privado
–Palabras de Alice H. Shackelford, Coordinadora del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y Representante Residente del PNUD
 

Enviado por Ingrid Hernández Sánchez, Asesora Comunicación, PNUD Costa Rica.

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La recuperación de la democracia en las calles, puentes y plazas públicas

Manuel Hernández Venegas

“Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de las cacerías las seguirán escribiendo los cazadores” (Proverbio africano)

Un tema novedoso, controversial, en los procesos de calificación de huelga que están en curso en los tribunales de trabajo, contra el Proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 20580, concierne a la causa, en el sentido jurídico, de este conflicto colectivo.

Hasta ahora, las sentencias se han partido en dos aguas: algunas determinaron que la huelga de carácter político-laboral, contra políticas públicas, no tiene sustento en nuestro ordenamiento jurídico, cuya consideración llevó a los juzgadores de la mano a declarar la ilegalidad de esos movimientos.

Otros pronunciamientos judiciales, por contrario, definieron que se trata de una especie de huelga atípica, admisible en nuestro ordenamiento, por la vía de la incorporación de los pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical, que en materia de huelga han definido los alcances del C. 87 OIT.

Esta controversia judicial, más allá de la crítica de dichos pronunciamientos, que no es objeto de esta reflexión, nos concita a visibilizar y revalorizar la función que los sindicatos deben cumplir en una sociedad democrática.

La Libertad Sindical es un componente esencial de todo sistema democrático. Los juristas más reconocidos destacan que la efectividad del orden democrático, depende de la eficacia de la libertad sindical (Giugni), la libertad sindical es una constante de los sistemas democráticos (Verdier) y Lyon-Caen concluye que no existe democracia, sino existe libertad sindical.

Por nuestro lado, la Constitución Política establece que Costa Rica es una República democrática, representativa, participativa, multiétnica y pluricultural, cuya soberanía reside en el pueblo.

En el marco de esta definición programática, política, que no podemos olvidar la base de producción y apropiación capitalista en que se radica esta declaración constitucional, tenemos que circunscribir la función que le corresponde asumir a los sindicatos.

Los sindicatos son entidades de relevancia constitucional (art. 60), que les compete la representación colectiva de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras; es decir, los intereses profesionales, cuya consecución se materializa en la negociación colectiva (principio de autonomía colectiva) y también mediante el recurso a la huelga.

Pero la función de los sindicatos no se restringe exclusivamente a esta representación colectiva, de carácter gremial.

Quienes sostienen, por contrario, esta posición reduccionista de la función de los sindicatos -por cierto, con una doble moral, porque, por una parte, la tratan de constreñir a este papel, pero por otra parte, son los primeros que salen a defender las prácticas antisindicales de las empresas-, convenientemente enervan la proyección que se deriva de los postulados del Estado Social de Derecho, democrático y participativo.

Además de la promoción de los intereses profesionales, a los sindicatos no le es ajena la tutela de los intereses político-sociales de la población, en general, dentro de la cual quedan inmersos los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras.

Este reconocimiento, en una sociedad plural, democrática, implica admitir, sin más, que los sindicatos pueden confrontar los poderes públicos, en su carácter de tales, contra las políticas públicas, económicas y sociales, recurriendo legítimamente a los instrumentos de participación ciudadana y acciones de autotutela colectiva que comprende nuestro ordenamiento jurídico, incluida la huelga, Libertad de presión y expresión de la clase trabajadora.

La coyuntura nacional por la que atravesamos no podría ser más oportuna para rescatar y resaltar una extraordinaria disposición contenida en el Código de Trabajo, que desafortunadamente pasa por mucho inadvertida:

“Artículo 332.- Declárase de interés público la constitución de las organizaciones sociales, sean sindicatos, como uno de los medios más eficaces de contribuir al sostenimiento y desarrollo de la cultura popular y de la democracia costarricense”.

Esta bellísima norma, de gran calado político, debería estar esculpida en arco, a la entrada del Ministerio de Trabajo, que no obstante que el Código de Trabajo obliga a este despacho de Gobierno a “garantizar la efectividad del derecho de sindicación” (art. 361), las autoridades de turno, cada cuatro años, han quedado con tanta deuda con los trabajadores y defraudado el cumplimiento de esta obligación legal.

La acción política, de protesta social, de los sindicatos contra los poderes públicos que impulsan frenéticamente aquel funesto y regresivo proyecto de reforma fiscal, se ha materializado en los espacios públicos, calles, puentes, plazas públicas, en los paisajes urbanos, rurales y costeros del país, donde los trabajadores han recuperado sus derechos políticos de expresión, participación, movilización, reunión y resistencia, inherentes a la democracia, aunque fueron reprimidos por la acción policial y judicial, que no tienen acceso al lobby legislativo que las corporaciones y los rapaces intereses económicos se garantizan desde el financiamiento de las campañas electorales.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la nota: Caminada Guanacaste a San José Combo fiscal

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Pueblo Naso visita comunidad de Térraba

Del 21 al 26 de octubre, el pueblo de Térraba recibirá a una delegación de la comunidad de Naso de Panamá.

La Organización de Mujeres Mano de Tigres, producto de la luchas del Diquis, ha venido trabajando en el fortalecimiento de la identidad cultural del pueblo de Térraba para reivindicar la cultura a través de convivios con los Nasos y Teribes de Panamá y Teribes de Costa Rica.

La comunidad de Térraba le invita a visitar los diferentes proyectos que realiza localmente para fortalecer la identidad cultural.

AGENDA DE VISITA, NASO TJER DI PUEBLO BLORAN

Cronograma de actividades

Llegada domingo 21 de octubre.

  • 7:00 pm, cena de llegada, de bienvenida.

Lunes

  • 7:00 a 8:00 Am Desayuno.
  • 8:30 Descanso toda la Mañana.
  • 12:00 a 1:00pm Almuerzo.
  • 1:30 pm Bienvenida oficialmente, Compartimiento con miembros de la comunidad y Organizaciones.
  • 3:00 pm, Refrigerio.
  • 3:30 pm, Continuidad del compartimiento.
  • 6:30, Cena.

Martes

  • 7:00 a 8:00 Am Desayuno.
  • 8:30, Enseñanza de la cultura Teribe. Clases de Idioma.
  • 10:00, Refrigerio.
  • 10:30 Continuidad de Clases Idioma.
  • 12:00 a 1:00pm Almuerzo.
  • 1:30, Aprendizaje de Danzas Tradicionales.
  • 3:00 pm, Refrigerio.
  • 3:30 pm a 5:30, Continuidad de Aprendizaje de Danzas Tradicionales.
  • 6:30 pm Cena.

Miércoles

  • 7:00 a 8:00 Am Desayuno.
  • 8:30, Enseñanza de la cultura Teribe. Clases de Idioma.
  • 10:00, Refrigerio.
  • 10:30 Continuidad de Clases Idioma.
  • 12:00 a 1:00pm Almuerzo.
  • 1:30 pm, Compartimiento de historias ancestrales.
  • 3:00 pm, Refrigerio.
  • 3:30 pm a 5:30, Continuidad de Compartimiento de historias ancestrales.
  • 6:30, Cena.

Jueves

  • 7:00 a 8:00 Am Desayuno.
  • 8:30, Visita a San Andrés.
  • 12:00 a 1:00pm Almuerzo.
  • 1:30 pm, Regreso a Térraba.
  • 2:00pm, Conversatorio sobre Gobernanza y Territorio.
  • 3:30 pm, Refrigerio.
  • 4:00 pm a 5:30, Continuidad de Compartimiento de historias ancestrales.
  • 6:30, Cena.

Viernes

  • 7:00 a 8:00 Am Desayuno.
  • 8:30 a 11:30, Visita a Organizaciones de la Comunidad.
  • 12:00 a 1:00pm Almuerzo.
  • 1:30 pm, Preparación de comidas tradicionales para el Convivio de despedida.
  • 3:00 pm, Refrigerio.

6:00 pm, Convivio de despedida.

 

*Imagen con fines ilustrativas tomada de la nota de la UCR publicada en SURCOS: UCR Comunidades de Osa se aferran al Humedal Terraba Sierpe.

Enviado por Elides Rivera.

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Comunidad de Rey Curré lo invita a su XXV Festival Cultural Indígena

  • Actividades serán del 25 al 27 de octubre, en la comunidad de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas

  • Visitantes podrá disfrutar de la gastronomía y representaciones culturales

San José, 18 de octubre de 2018. ¿Qué le parece conocer un poco más de la cultura indígena costarricense, en una las zonas de mayor riqueza cultural del país? Sí le atrae esta propuesta, entonces usted debería asistir al XXV Festival Cultural Indígena Curré-Yimba 2018, que prepara la comunidad de Rey Curré, en Buenos Aires de Puntarenas.

Durante tres días, del 25 al 27 de octubre de 2018, Rey Curré será el sitio de reunión en el que se celebrará la riqueza cultural de las comunidades indígenas, a través de su gastronomía, música y por supuesto, expresiones artísticas como el conocido “Juego de los Diablitos”, declarado Patrimonio Inmaterial de Costa Rica.

“Estos festivales son importantes porque nos permite compartir las distintas expresiones culturales que tenemos como pueblo, cuyo bagaje histórico precede desde tiempos inmemoriales. Extendemos la cordial invitación a todo el país para que aproveche esta oportunidad de conocer en un mismo evento, todas esas manifestaciones propias de nuestra cultura”, resaltó Uriel Rojas, representante de la Comisión Organizadora.

Programación: el Festival inicia el jueves 25 de octubre, con la inauguración oficial; para la cual se contará con un encuentro entre los Mayores de la comunidad. Según Rojas, este será un espacio en el que los Mayores tendrán un conversatorio sobre diversos temas asociados a la cultura local: costumbres, historias, creencias, tradiciones, y el modo de vida en general de Rey Curré, desde los inicios del siglo XX hasta la actualidad.

El viernes 26 de octubre, desde las 7 a.m., iniciarán las actividades, entre ellas, la preparación de platillos típicos de la gastronomía local para el disfrute de los visitantes; mientras que, de manera simultánea, los hombres de Rey Curré recrearán el proceso de construcción de un rancho tradicional. Lo anterior, con el propósito de mostrar el trabajo en conjunto entre los habitantes de la comunidad en la realización de proyectos de este tipo y que reciben el nombre de “Juntas de Trabajo”, denominados de esta manera por parte de los mayores de la comunidad.

La construcción del rancho se hará en la finca Dú Túj, y posteriormente, serán los miembros de la comunidad quienes trasladarán el rancho en hombros, hasta el centro de Rey Curré.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más acerca de la música tradicional indígena a través de las canciones de cuna y posteriormente, se tendrá un concurso de cantos y diálogos en el idioma ancestral de los residentes de esta región. Las actividades continuarán durante la noche con presentaciones artísticas, música en vivo, fogatas para asar carne y compartir la chicha, una de las bebidas tradicionales en este tipo de festividades.

Mientras que el sábado 27 de octubre, se contará con un desayuno para los asistentes que participen de los talleres, entre los que se encuentran: “el tallado de máscaras en madera”, “aprendamos a hilar, urdir y tejer el algodón”, “el tallado de los jícaros”, entre otros.

Durante el día se contará con presentaciones de bailes folclóricos, bocadillos típicos y finalmente, el cierre contará con juegos recreativos tradicionales y los Diablitos de Rey Curré, serán los responsables del acto de clausura de este festival.

¿Cómo llegar? La comunidad de Rey Curré se encuentra ubicada sobre carretera Interamericana Sur, 32 kilómetros al sureste de Buenos Aires de Puntarenas y 28 km al noroeste de Palmar Norte. La zona cuenta con acceso para todo tipo de vehículos.

Programación completa: XXV Festival Cultural Indígena

Fotografías 1-2: Uriel Rojas, Comisión Organizadora, Rey Curré

Fotografías 3-4: Oficina de Prensa y Comunicación MCJ

Producción – Oficina de Prensa y Comunicación – MCJ / Consecutivo 372 / MAC/ 18-10-2018

 

Enviado a SURCOS por Uriel Rojas con base en una publicación original en este vínculo:

http://bit.ly/2q3tele

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La falacia de la judicialización de la salud

Rafael Angel Ugalde, Notario, Periodista y Abogado

Rodrigo Arias López, Actuario Matemático

Posteriormente a sendos artículos sobre la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) publicados en las ediciones N° 2233 y 2234 del Semanario Universidad el Sr. Juan Antonio Casas critica lo que llama la “Judicialización de la salud” y propone una nueva instancia a todas luces para supeditar al Seguro a los intereses privados, bajo la novedosa premisa de que en el Reino Unido existe una entidad fiscalizadora de servicios (La Nación 21/07/18) que no compartimos. Los asegurados de la CCSS se ven obligados a presentar recursos de amparo por la violación de sus derechos en esa Institución. La otra opción, que sería maravillosa para una pequeña elite, es que el asegurado no “judicialice” la salud –como dice Casas- y muera ilusionado con que pronto tendrá respuesta a su mal.

La Ley de la Jurisdicción Constitucional -creada entre otros para garantizar “los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica” (Art. 1)- dispone de un sencillo procedimiento para interponer un recurso de amparo contra “toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos” (Art. 29). No es cierto que hay que ser especialista en salacuartazos para que al asegurado se le devuelvan sus derechos socavados. El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requiere autenticación de un abogado.

Se infiere del artículo del Sr. Casas, que los abogados y la Sala Constitucional se han convertido en rectores de la salud y en responsables de que la CCSS tenga que gastar más, pagar altos precios y desplazar a otros asegurados. Esta apreciación no es cierta; la Sala Constitucional solamente ha venido a declarar el derecho cuando en muchas ocasiones, algunos pocos médicos y autoridades, creían que estaban por encima de los asegurados. Vemos desde ya con alguna sospecha la propuesta del Sr. Casas de crear una “institución técnica para monitorear a los proveedores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para mejorar su desempeño y la calidad de la atención” en “vez de tener que recurrir a los jueces y tribunales”, supuestamente, para resolver el meollo del asunto. La Sala Constitucional no emite recetas médicas, ni interpreta ultrasonidos, etc., sino que devuelve derechos constitucionales socavados por unos pocos que, en el ejercicio del cargo o la profesión, miran las largas listas de espera o el encogido paciente durmiendo en una silla de ruedas, como algo normal. O con criterio mercantilista miran el costo de los tratamientos inaceptables para la CCSS, a pesar de que otros médicos, apegados al juramento hipocrático y sensible al dolor humano, los han ordenado. Es el Estado y no la Sala, el responsable de hacer que esos derechos fundamentales se respeten bajo los principios de eficacia y eficiencia contenidos en nuestra Constitución Política.

Criticando a la Sala Constitucional y a quienes acuden a ella para rescatar sus derechos menguados es muy cómodo ocultar que desde 1993 los gobiernos de turno y la jerarquía política de la CCSS cambiaron el modelo de atención en salud, elevando más los gastos a la CCSS, prometiéndole ingresos que nunca llegaron y convirtiendo así, según ellos, al Ministerio de Salud, en el “Ente Rector” encargado de “garantizar la calidad de los servicios de salud”. Pero este “no ejerce la rectoría que le corresponde en materia de salud pública” (En Universidad “Los vacíos de rectoría en Salud son enormes” 8/3/2017) ¿Quién entonces es el verdadero responsable de la situación de los asegurados y sus constantes reclamos por sus derechos y no favores como a veces parecen entender el dolor humano algunos funcionarios de la Caja?. Las listas de espera y la mala calidad en los servicios de salud son en algunas ocasiones una especie de eutanasia que reduce costos a la CCSS; o se trasladan a los asegurados, floreciendo así el negocio de la medicina privada, si la persona tiene dinero y quiere quedarse unos días más por estos lados.

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Rodrigo Arias López.

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Los millones regalados por la CCSS

Rafael A Ugalde, periodista y abogado UCR

Rodrigo Arias López, Actuario Matemático UCR

  • Así garrotean a los cotizantes de la CCSS

Que un promedio anual de 3833 personas acudan a la sala constitucional en los últimos seis años en busca de salud, habla por sí de la realidad que vive la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y sus miles de asegurados. (Ver: crhoy.com 31/5/18: Magistrados vuelven a jalar las orejas a la Caja por listas de espera). Por otra parte, cientos de asegurados se consideran humillados, cuando solicitan atención en la CCSS (Ver: “Defensoría recibe 9 denuncias diarias de atrasos y maltratos en hospitales de la CCSS”; La Nación del 23/1/2017).

La realidad, sin embargo, es más compleja que estas quejas. Incluso, difícilmente, puede atribuirse a esta o aquella Junta Directiva de la Caja por el notable deterioro del Seguro. Cuando las decisiones financieras vienen diseñadas de una manera que dejan poco margen de maniobra al gobierno que hemos elegido, es ilusorio pensar que las autonomías de instituciones como la CCSS tendrán larga vida (véase La Nación 6/7/18; El Financiero 5/4/18; La Nación 15/6/18…) Lo cierto es que creímos en las proyecciones hechas desde afuera y desnaturalizamos nuestro patrimonio en materia de seguridad. Paradigmas como “modernizar” la Caja, a todos nos pareció “lógico” porque le agregaban “desarrollar el Sector”, establecer “sistemas de integración”, necesaria “descentralización”, impostergable “desconcentración”, la “sectorización”, la “regionalización” y “democratización” de los servicios; pero los asegurados nos vamos dando cuenta que ello fue como una película en la que sueltan un tigre para que se coma a un burro amarrado (consultar: Memoria Anual 1993 del Ministerio de Salud).

Quedaba a estas alturas plasmar en la ley la fortaleza del tigre. Y sucedió, precisamente, en 1993, cuando la normativa N° 7374 le dice a la CCSS hágase cargo de los servicios asistenciales y preventivos de la salud y el Ministerio de Salud (MS) se dedica a otros menesteres. Prometieron suficientes fondos a la Caja como suele suceder. Se trasladaron entonces 1.515 trabajadores del MS a la Caja y el Ministerio de Hacienda (MH) prometió trasladar mensualmente al Seguro recursos financieros necesarios. (Sic. Artículo 9 de esa ley). En contraste, la CCSS no le facturó al Estado el 20% de los salarios de esos 1.515 trabajadores, incluso en 2008 dejó de cobrar el costo de 350 de esas plazas porque “no estaban ocupadas por funcionarios originalmente trasladados” (Sic.ASF-321-2012, Auditoría Interna de la CCSS del 15/11/2012). La Caja tampoco cobró los costos en servicios no personales, ni los de inversión en construcción y mantenimiento de Equipos Básicos de Atención Integral (EBAIS) y mucho menos el aumento en la planilla de trabajadores para atender las nuevas obligaciones. De esta manera el MS se “modernizó”, reduciendo la nómina de empleados de 6.465 en 1994 a 3.884 en 2000, mientras que la CCSS aumentó su planilla de 27.300 a 31.381 empleados en ese período. En los EBAIS y Áreas de Salud laboran más de 3.500 funcionarios; pero la CCSS, inexplicablemente, cobra al Estado solo por 1.515 asalariados, con los descuentos ya indicados. Esta promoción de varias décadas se traduce en que la Caja regaló al Estado a nombre de todos nosotros ₡163.000 millones en 2017 y aumentó los costos del seguro en 2,26% sobre el PIB. Sin embargo, el MH considera que estos regalos son insuficientes y quiere otra interpretación del artículo 9 de la ley 7374 (ver: Contraloría General de la República, Oficio PE-0506-2016/DM-0576-2016 del 30/03/2016).

Hay que decir que hubo un intento de hacerle justicia a la CCSS, cuando un Tribunal contencioso administrativo, por una demanda presentada por el legislador José María Villalta, ordenó al Estado pagarle al Seguro lo que sus autoridades no cobraban, que era el 15% de las utilidades de sus empresas públicas. ¿Pero adivinen qué pasó? Los magistrados anularon la condena porque la CCSS, la principal interesada, nunca figuró como codemandante. ¡Aunque usted no lo crea! (ver:https://www.nacion.com/el-pais/politica/magistrados-anulan-indemnizacion-del-estado-para-la-ccss/2OYBGXLYQJAATESQVNH7HFNGGA/story/).

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Rodrigo Arias López.

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Convocatoria para la defensa de proyecto de agricultura urbana

Las sesiones de la Comisión de Asuntos Agropecuarios fueron CANCELADAS esta semana. Tenemos estos días de tiempo para presionar a los despachos de doña Paola Valladares y don Óscar Cascante en especial, aunque hay que presionar a todos los diputados de la Comisión. Enviemos correos y llamemos por teléfono, denunciemos en redes, informemos.

El proyecto 20561 puede salvarse

Se les convoca a la barra de la Comisión de Agropecuarios el próximo martes 23 de octubre a la 1:00 p. m.

Sí al fomento de la agricultura urbana y huertas comunitarias en Costa Rica. Sí a la participación de la juventud en los Centros Agrícolas Cantonales. ¡Sí al proyecto 20561!

Lea la nota anterior sobre este tema:

Llaman a defender proyecto de agricultura urbana

 

Enviado por Agustín Coto Morera.

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Pretenden construir tres nuevos proyectos hidroeléctricos en Turrialba y Siquirres

Recientemente se dio a conocer la intención de construir tres nuevos proyectos hidroeléctricos en la zona limítrofe entre los cantones de Turrialba y Siquirres, en las faldas del volcán Turrialba. Se trata de los proyectos hidroeléctricos Bonilla 1320, Bonilla 510 y Torito II, los dos primeros pertenecientes a la empresa H. Solís sobre el río Bonilla (inscritos a nombre de Hidrodesarrollos del Río Platanares, S.A.) y el tercero de la Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) sobre el río Torito.

Esta noticia despierta preocupación entre los habitantes de Turrialba debido a que este cantón es uno de los más explotados para generación hidroeléctrica en todo el país, con un total de diez represas solamente en la cuenca del río Reventazón, a las cuales se sumarían los tres proyectos nuevos. Hay que recordar que en este cantón se dio una de las luchas sociales en defensa de los ríos más importantes en toda la historia de Costa Rica, como lo fue la defensa del río Pacuare, en donde en 2005 se realizó un plebiscito en el cual 97% votaron en contra de proyectos hidroeléctricos sobre este río.

Llama la atención el secretismo con que las empresas manejan estos proyectos, pues si bien estas han cumplido con los trámites que exige la ley, es hasta varios años después que esta información se vuelve de conocimiento público de la ciudadanía. Luego de una visita de campo realizada el día 12 de octubre a la zona de Bonilla, donde se pretenden realizar los proyectos Bonilla 1320 y 510, se pudo constatar que ni siquiera los vecinos de las comunidades más cercanas cuentan con información clara acerca de estos proyectos y sus posibles implicaciones socioambientales. Aparentemente, la empresa ya ha comprado algunos terrenos en donde se construirían las obras del proyecto. En el caso de los dos proyectos sobre el río Bonilla, ya cuentan con Estudio de Impacto Ambiental aprobado por SETENA, con fecha del 22 de setiembre de 2016.

A raíz de esta situación, se tomó la iniciativa de organizar un espacio informativo acerca de estos proyectos, el cual se realizó el sábado 13 de octubre en la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en Turrialba. A esta reunión se hicieron presentes dos representantes de la empresa H. Solís, quienes presentaron información sobre los proyectos y respondieron las preguntas de las personas participantes, tanto estudiantes como vecinos del cantón.

Entre las principales preocupaciones de las y los turrialbeños está la afectación que sufriría el río Bonilla, una de las pocas zonas en la cuenca del Reventazón en donde los ríos aún están libres. Para las y los practicantes del canyoning (un deporte de aventura que está creciendo rápidamente en Turrialba, el cual consiste en bajar cañones de ríos con el uso de equipo especializado), represar el río Bonilla implicaría sacrificar uno de los mejores sitios para esta práctica, el cual presenta espectaculares cataratas y caídas de agua, aún desconocidas por muchos.

Estos proyectos se pretenden desarrollar en una zona con dificultades económicas y deficiente inversión pública. Los pobladores se dedican principalmente a la producción de queso y una de sus principales limitaciones tiene que ver con el mal estado del camino. Además de los proyectos hidroeléctricos, la empresa ofrece pavimentar el camino que da acceso a esta zona, lo cual resulta claramente atractivo para los pobladores. Además, ofrecen destinar un 1% de las ganancias de los proyectos a la Asociación de Desarrollo local.

Frente a esta situación, desde la ciudadanía crítica y activa:

  • Manifestamos la necesidad de discutir estos proyectos de manera transparente y democrática con la población. A nivel nacional y mundial, cada vez hay más evidencias del daño irreparable producido por proyectos hidroeléctricos, tanto a nivel ambiental como social y económico.
  • Ponemos en duda la verdadera necesidad de estos proyectos para el país, el cual tiene una capacidad de generación eléctrica (3.242 MW) de casi el doble de la demanda máxima registrada (1.674 MW). Además, nos oponemos la generación privada de electricidad, la cual ha demostrado ser innecesaria para el país, al mismo tiempo en que desangra las finanzas públicas.
  • Cuestionamos la manera en cómo las empresas se acercan a las comunidades e instrumentalizan sus necesidades en favor de intereses económicos particulares. No se justifica destruir los ríos de la zona a cambio de arreglar un camino público, lo cual debería ser responsabilidad de las Municipalidades.
  • Consideramos que construir proyectos hidroeléctricos en esta zona, en vez de contribuir para su desarrollo económico y social, más bien puede agravar su situación de empobrecimiento y exclusión. Se trata de una zona con fuerte potencial eco-turístico, el cual aún no ha sido aprovechado plenamente. Represar estos ríos implica sacrificar este gran tesoro hídrico.
  • Nos preocupa el secretismo y la falta de espacios de información y discusión acerca de estos proyectos. La ciudadanía ya se ha pronunciado en contra de represas, y promoverlas sin abrir espacios de discusión significa irrespetar la voluntad popular expresada de manera firme en el pasado.

Para mayor información o consultas:

rioslibresturri@gmail.com

*Imagen con fines ilustrativos tomada de columbia.co.cr

Enviado por Alberto Gutiérrez Arguedas.

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UNA: La U Pública se defiende

Desde la Universidad Nacional, UNA, nos comparten la opinión del Sr. José Luis Fernández, de la comunidad indígena de Los Ángeles Cabécar, en Talamanca.
VIDEO OPINIÓN: Sr. José Luis Fernández.

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Caravana del Fraude Fiscal

  • Por una reforma fiscal justa y solidaria

 

Como una iniciativa socioeducativa y artística para informar sobre las implicaciones del Plan Fiscal, este jueves 25 de octubre se estará realizando la “Caravana del Fraude Fiscal” en San Ramón de Alajuela, Sede de Occidente, UCR:

  • 10 a.m. Teatro y volanteo en Mercado y Parque de San Ramón
  • 1 p.m. Taller de herramientas artísticas para informar sobre la Reforma Fiscal en la sede UCR

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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