Rafael Angel Ugalde, Notario, Periodista y Abogado
Rodrigo Arias López, Actuario Matemático
Posteriormente a sendos artículos sobre la crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) publicados en las ediciones N° 2233 y 2234 del Semanario Universidad el Sr. Juan Antonio Casas critica lo que llama la “Judicialización de la salud” y propone una nueva instancia a todas luces para supeditar al Seguro a los intereses privados, bajo la novedosa premisa de que en el Reino Unido existe una entidad fiscalizadora de servicios (La Nación 21/07/18) que no compartimos. Los asegurados de la CCSS se ven obligados a presentar recursos de amparo por la violación de sus derechos en esa Institución. La otra opción, que sería maravillosa para una pequeña elite, es que el asegurado no “judicialice” la salud –como dice Casas- y muera ilusionado con que pronto tendrá respuesta a su mal.
La Ley de la Jurisdicción Constitucional -creada entre otros para garantizar “los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Costa Rica” (Art. 1)- dispone de un sencillo procedimiento para interponer un recurso de amparo contra “toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos” (Art. 29). No es cierto que hay que ser especialista en salacuartazos para que al asegurado se le devuelvan sus derechos socavados. El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requiere autenticación de un abogado.
Se infiere del artículo del Sr. Casas, que los abogados y la Sala Constitucional se han convertido en rectores de la salud y en responsables de que la CCSS tenga que gastar más, pagar altos precios y desplazar a otros asegurados. Esta apreciación no es cierta; la Sala Constitucional solamente ha venido a declarar el derecho cuando en muchas ocasiones, algunos pocos médicos y autoridades, creían que estaban por encima de los asegurados. Vemos desde ya con alguna sospecha la propuesta del Sr. Casas de crear una “institución técnica para monitorear a los proveedores de servicios de salud, tanto públicos como privados, para mejorar su desempeño y la calidad de la atención” en “vez de tener que recurrir a los jueces y tribunales”, supuestamente, para resolver el meollo del asunto. La Sala Constitucional no emite recetas médicas, ni interpreta ultrasonidos, etc., sino que devuelve derechos constitucionales socavados por unos pocos que, en el ejercicio del cargo o la profesión, miran las largas listas de espera o el encogido paciente durmiendo en una silla de ruedas, como algo normal. O con criterio mercantilista miran el costo de los tratamientos inaceptables para la CCSS, a pesar de que otros médicos, apegados al juramento hipocrático y sensible al dolor humano, los han ordenado. Es el Estado y no la Sala, el responsable de hacer que esos derechos fundamentales se respeten bajo los principios de eficacia y eficiencia contenidos en nuestra Constitución Política.
Criticando a la Sala Constitucional y a quienes acuden a ella para rescatar sus derechos menguados es muy cómodo ocultar que desde 1993 los gobiernos de turno y la jerarquía política de la CCSS cambiaron el modelo de atención en salud, elevando más los gastos a la CCSS, prometiéndole ingresos que nunca llegaron y convirtiendo así, según ellos, al Ministerio de Salud, en el “Ente Rector” encargado de “garantizar la calidad de los servicios de salud”. Pero este “no ejerce la rectoría que le corresponde en materia de salud pública” (En Universidad “Los vacíos de rectoría en Salud son enormes” 8/3/2017) ¿Quién entonces es el verdadero responsable de la situación de los asegurados y sus constantes reclamos por sus derechos y no favores como a veces parecen entender el dolor humano algunos funcionarios de la Caja?. Las listas de espera y la mala calidad en los servicios de salud son en algunas ocasiones una especie de eutanasia que reduce costos a la CCSS; o se trasladan a los asegurados, floreciendo así el negocio de la medicina privada, si la persona tiene dinero y quiere quedarse unos días más por estos lados.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Rodrigo Arias López.
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