Desde la Universidad Nacional, UNA, nos comparten la opinión del Sr. José Luis Fernández, de la comunidad indígena de Los Ángeles Cabécar, en Talamanca.
VIDEO OPINIÓN: Sr. José Luis Fernández.
Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.
Como una iniciativa socioeducativa y artística para informar sobre las implicaciones del Plan Fiscal, este jueves 25 de octubre se estará realizando la “Caravana del Fraude Fiscal” en San Ramón de Alajuela, Sede de Occidente, UCR:
10 a.m. Teatro y volanteo en Mercado y Parque de San Ramón
1 p.m. Taller de herramientas artísticas para informar sobre la Reforma Fiscal en la sede UCR
Considera el Sr. Presidente que debe de celebrar por la aprobación preliminar por parte de la Asamblea Legislativa, del Proyecto 20.580, y lo define como: “…un paso importante y urgente en el objetivo de llevar a Costa Rica hacia una economía sana y estable” (1).
¿Qué se entiende por “una economía sana y estable”? A mi parecer, debe de ser una que sea dinámica, próspera, auto suficiente, sostenible y respetuosa del medio ambiente, que no dependa de las deudas ni de ninguna moneda extranjera y que posibilite la distribución equitativa de la riqueza y el bienestar entre los ciudadanos (art. 50 Constitución Política).
El Sr. Presidente, dice que “Cada persona cuenta en la Costa Rica que seguimos construyendo”. Pero la verdad, lo que cabe decir es que ¡”cada empresa y cada persona que lucre y genere riqueza, cuenta!”. Es un hecho económico reconocido, que son las empresas, nacionales y extranjeras, las que generan los mayores ingresos y grandes capitales y no tanto las personas físicas o asalariadas. ¡Y también es un hecho económico, de claridad meridiana, que tanto la evasión como la elusión fiscal en Costa Rica, equivalen a miles y miles de millones de colones!
Una economía sana y estable, no se puede lograr cargando sobre el pueblo en general y las empresas que sí tributan, el pago de las obligaciones del Estado.
Dicho proyecto, aún no refleja, que como dice el Sr. Presidente: “estamos muy cerca de adoptar medidas de cambio valientes y de fondo”.
El sólo hecho de que las empresas generen empleo, no las exime de tributar, ni dentro, ni fuera de zona franca. El Estado costarricense es uno solo, y nuestro territorio, es uno solo. Nadie debería considerar que sus negocios, en Costa Rica, son extra-territoriales y “blindados” contra el ojo Fiscal y ello incluye al “portal” de importaciones en Golfito. Mucho menos, si se le exige a los ciudadanos asalariados el tributar sin falta y pagar hasta 101 tipos diferentes de impuestos (2). ¡Mucho menos con el nivel de DEUDA PUBLICA que tiene el Estado costarricense!
¿Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo, tiene que seguir pagando el Impuesto Único a los combustibles, para siempre? («Per omnia saecula seculorum.») ¡Y que el pueblo ama el subsidiar y aumentar con sus sacrificios las ganancias de los ya acaudalados!
¡Cree acaso el Gobierno, que nuestro pueblo debe seguir cargando sobre sus hombros la gigantesca Deuda Pública, aprobando un Proyecto Fiscal como el 20.580 que de ninguna manera provee una solución responsable a la ya añeja falta de recursos propios del Estado! ¡Ponen “remiendos viejos”, en odres nuevos! ( Marcos 2:22).
Ingrese en el siguiente enlace para leer el texto completo:
Una contribución a la estabilidad institucional y política
Durante los 45 años de existencia, la Universidad Nacional se ha caracterizado por mostrar una misión y visión vinculada a los sectores menos favorecidos de la Comunidad Nacional. Lo anterior se hace efectivo en la oferta académica ofrecida en los todos los campus de la Universidad Nacional de las diferentes regiones del país, así como en los proyectos de investigación, extensión y producción universitaria.
Los esfuerzos mostrados en el rubro de inversiones en infraestructura, para la creación de las condiciones adecuadas para realizar nuestras labores académicas, es un reto asumido con una propuesta de largo plazo direccionada a superar el rezago institucional en esta materia.
La propuesta de planificación que se realiza en el presente, tropieza con una situación fiscal compleja que atenta en contra de la estabilidad económica y social de nuestro país.
A la luz de esto, han surgido una serie de dudas y cuestionamientos sobre la conveniencia o no de continuar con algunos proyectos que estaban por iniciarse en el corto plazo. En particular las observaciones sobre el sentido de oportunidad y pertinencia se centran sobre el proyecto: “Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil”, licitación pública 2017-000009-SCA.
Las diversas manifestaciones de desconocimiento que hemos constatado en el contexto nacional nos comprometen más en la actitud de escucha que la UNA siempre ha tenido. Por ello hoy debemos realzar la vocación democrática de los diferentes órganos que conforman la Universidad Nacional, para interactuar más profundamente con la ciudadanía a la que nos debemos. Las dudas razonables externadas, son suficientes para que de manera responsable, en el marco de la autonomía universitaria, reconsideremos la ejecución de este proyecto.
En paralelo a las consideraciones técnicas, que siempre han primado en forma transparente en la adjudicación de los diferentes proyectos y que son atribución de oficinas técnicas de alto nivel de nuestra institución, hay valoraciones que las trascienden en este caso y nos hacen tomar esta decisión.
Ante cualquier interés particular debe prevalecer el interés general, la estabilidad y la búsqueda de consensos para poder salir como país de la situación actual; es la hoja de ruta a seguir.
La Asociación Cultural El Guapinol se honra en participar de las celebraciones del 50 aniversario de la Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción de Belén. Felicidades habitantes de la Asunción.
En las siguientes imágenes podrá ver las actividades a realizarse los días 26 y 27 de octubre.
*Imagen tomada de la página www.elguapinol.jimdo.com
Mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, mesoamericanas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones populares, colectivos feministas convocadas por la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica y la Asociación Tinamaste en el Encuentro Mesoamericano “Juntarnos para la reflexión de la situación de las mujeres del campo”, el día 14 de octubre de 2018, desde la indignación y la necesidad de justicia social manifestamos:
La imposición de la reforma fiscal que quiere hacer el Poder Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en Costa Rica, atendiendo los intereses de quienes concentran el capital, atenta contra los principios de justicia social y económica y contra las mujeres de los sectores populares en particular. Las acciones de gobierno han estado caracterizadas por tergiversación de la realidad, desprecio de la opinión popular, invisibilización de las manifestaciones opositoras de cientos de miles de personas en diversas comunidades, persecución de las organizaciones gremiales, comunitarias y otras organizaciones populares, violación del derecho a huelga, persecución y represión de las manifestaciones de oposición en diferentes lugares del país.
Esta propuesta de reforma fiscal contiene impuestos regresivos y exoneraciones injustas, que provocaría un mayor empobrecimiento de los sectores marginados de este país, mientras que por otro lado, favorece el enriquecimiento por evasión y elusión fiscal.
El sistema económico actual favorece la concentración de los bienes del territorio nacional y el despojo de los sectores populares. Este proyecto de Ley impulsado por las clases dominantes y los grandes medios de comunicación, conduciría a un mayor deterioro de las condiciones de vida de las mayorías.
La desinformación desde los sectores dominantes del país ha promovido la división de buena parte de la sociedad y conduce a negar el derecho a la oposición, el derecho humano a la protesta y a que no se escuchen las propuestas alternativas que han construido organizaciones populares y gremiales.
El gobierno ha venido desarrollando una estrategia de agotamiento de los sectores y organizaciones que buscan una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Esta estrategia pasa por generar desde noticias falsas, argumentos fundamentados en falacias, hasta el sabotaje y el uso directo de la fuerza a través de la violencia policial y la criminalización de la protesta social.
Las mujeres campesinas, indígenas y las organizaciones fortalecidas hemos determinado que el combo fiscal aumenta la feminización de la pobreza y pone en riesgo las actividades económicas de nuestras comunidades, incrementa los atentados contra una forma de vida saludable, contra la soberanía alimentaria, contra el ambiente sano y el bienestar de nuestras comunidades y familias. Este proyecto de Plan Fiscal limitaría aún más nuestras capacidades productivas y fomentaría la continuidad y expansión de los monocultivos como el de la piña.
Como organizaciones conscientes de las políticas neoliberales de los últimos gobiernos sabemos que este combo fiscal no va a generar impactos sustantivos sobre el déficit que existe, o una dinamización sobre la producción del país, sino todo lo contrario, afectaría las diferentes actividades económicas.
Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo a quienes se mantiene en oposición al proyecto de ley 20.580 y multiplicamos el llamado a la movilización de las diferentes comunidades y organizaciones populares. Es desde los puntos en común entre las distintas organizaciones y movimientos, que podemos construir para transformar la opresión que enfrentamos.
Estamos convencidas que la Reforma Fiscal solo puede ir en una dirección: que quienes tienen más, paguen más. Por ello no puede haber reforma fiscal sin la participación de distintas organizaciones y movimientos en proyectos alternativos y solidarios. La canasta básica no debe ser gravada.
RED DE MUJERES RURALES DE COSTA RICA
SALUD SIN PAREDES
AUTOCONVOCADAS NICARAGUA
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS ASTRADOMES
CENTRO FEMINISTA DE INFORMACIÓN Y ACCION
ORGANIZACIÓN POLITICA CARMEN LYRA
HAND MAIDS-CR.
RED DE MUJERES NICARAGÜENSES
COLECTIVO AUTONOMO ESTUDIANTIL Y POPULAR EL QUILOMBO
RADIO 8 DE OCTUBRE
YARÄ KANIC
ASOCIACIÓN TINAMASTE
*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de Red de Mujeres Rurales
Un sistema, con sus programas estratégicos para el desarrollo, se consideraría exitoso si los indicadores sociales y económicos generales mejoran, es decir, son superiores a los de años anteriores. Si su pueblo los tolera, fortalece y fomenta. De lo contrario, son un fracaso, demostrando el pueblo su disgusto con movilizaciones constantes.
Hasta donde podemos observar, en los países latinoamericanos, uno de los países que está presentando anualmente resultados positivos y significativos en lo social y económico, es Bolivia. No nos referimos al conocido índice de crecimiento general sobre el PIB, y los indicadores de inversiones industriales e intercambio comercial globales, pero a la calidad de vida de la ciudadanía.
Según el PNUD quien utiliza tres variables para definir el índice de desarrollo humano: 1) la esperanza de vida al nacer, 2) el nivel de alfabetización adulta y nivel de estudios alcanzado; y, 3) el producto interno bruto por persona y su acceso a recursos económicos, calificando de 1 a 0, siendo éste 0 la más baja y 1 la más alta. PNUD clasifica así tres categorías de países: Los países con IDH muy alto; los países con IDH alto; los que tienen IDH medio y, los con IDH bajo. En grado muy alto, se enlista a Chile, Argentina y Uruguay. En grado alto, la lista está encabezada por Costa Rica, Panamá y Cuba; el grado medio lo encabeza Bolivia, El Salvador y Nicaragua, terminando la lista con Haití con la categoría de IDH bajo.[1]
Esta clasificación nos puede ayudar a comparar los países un tanto académicamente, pero debemos incluir una mirada sobre su desarrollo político también. No sorprendería a nadie prever una caída en el IDH en el caso de Argentina, por las políticas económicas implementadas últimamente por su gobierno, además de las permanentes movilizaciones de su ciudadanía protestando. El crecimiento sin precedentes de su deuda externa, los recortes de los servicios públicos y el creciente desempleo, hace ver esa probable caída.
El caso de Costa Rica, es menos grave, pero, su situación es de un alto riesgo. Ya está publicada la última encuesta de hogares de julio del presente año, se confirma un aumento de 1.1% en la pobreza y de la extrema pobreza en 0.6% entre el 2017 y 2018. Si las amenazas de implementar medidas impopulares, es decir, en contra de las mayorías sociales, se ejecutan, es muy probable que Costa Rica, caiga más debajo de la escala establecida por el PNUD, el próximo año.
Los demás países centroamericanos están en peores condiciones de vida, no solamente por las medidas neoliberales implementadas por sus gobernantes durante el último quinquenio, pero por el crecimiento de la corrupción y la impunidad de sus gobernantes. Es en el caso salvadoreño donde su actual gobierno se ha librado de acusaciones públicas de alta corrupción.
La imposición de círculos mafiosos dentro de los gobiernos, con altos niveles de nepotismo y corrupción, así como de sus vínculos con el crimen organizado, hacen que sus pueblos se dispongan a organizar caravanas masivas de migrantes en busca de mejores condiciones de vida. Son pueblos que dejaron de creer en los discursos vacíos de la clase política. Pueblos que están viviendo los resultados de políticas neoliberales donde si no hay negocio, no se invierte en los servicios públicos esenciales. Honduras encabeza a estos gobiernos del área centroamericana, donde queda muy poco por concesionar y licitar, como recursos y servicios que antes le servían al pueblo empobrecido. Durante los últimos ocho años, su pueblo ha aprendido a sobrevivir con miedo y terror. Los carteles de la droga, del tráfico humano, el negocio del sicariato, del soborno, la extorción, de las pandillas en complicidad con autoridades, etc., hicieron de este país un paraíso centroamericano para la delincuencia. No solamente han coexistido con las autoridades locales, pero con las agencias de los EUA, quienes, desde el golpe de Estado en 2009, han convertido a este país en su aliado estratégico, para experimentar todo tipo de negocio sin obedecer un marco jurídico alguno. Desde luego, históricamente Honduras ha cumplido los dictados de Washington, pero entre 2007 y 2009, ese pueblo tuvo la esperanza de ver una luz de su autonomía y soberanía. Algo intolerable para el imperio yanqui.
Después de ocho años de protestas, demandas y esperanzas, el pueblo catracho se ha dado por vencido. Con más de un 63% de pobreza (6 millones de personas), un 80% de empleo precario y sub empleo arriba del 50%, el pueblo está convencido que no hay medio lícito y “democrático” que permita rescatar un sistema de gobierno y de institucionalidad democrática que priorice a su pueblo. Dejando alrededor de 25 mil víctimas asesinadas, muchos presos políticos y muchas personas con daños laterales, dejando sus barrios abnegados de inseguridad social, de instituciones cadavéricas y altos niveles de desempleo formal, mejor se va. Su emigración es un hecho, aunque sea con pocos Lempiras en su bolsillo, dejando atrás a seres queridos y amistades, se ha dispuesto a tomar la última medida de salvación para cualquier ser humano: abandonar su propia patria, la tierra que le vio nacer y donde tuvo sembrada sus esperanzas de vida.
Por ahora se habla de 4 a 5 mil personas en caravanas, de todas las edades y en diferentes condiciones, pero con el común denominador: POBRES y MISERABLES. Su disposición voluntaria de llegar a cumplir su meta, les ha obligado a saltar obstáculos que pueden hacer temblar a los más valientes, pero siempre con esa voluntad férrea de seguir avanzando.
Este fenómeno es otra prueba más de que los sistemas políticos de libre mercado y desregulación impuestos por algunos gobiernos, agencias internacionales y multilaterales son un fracaso. Este fracaso, evidentemente no es de un gobierno izquierdista como el venezolano. Ese fracaso denunciado por la OEA (Almagro y Grupo de Lima) del cual se conocen sus causas, como las fabricadas por Ronald Regan en Nicaragua en los ochenta, pero con intereses mucho más económicos ahora con relación a Venezuela, esta demostrado por la voluntad de estos pueblos empobrecidos de Centro América.
Los nicaragüenses huyen hacia Costa Rica, los hondureños y guatemaltecos hacia México, Estados Unidos y Canadá, además de España. Los catrachos podrían hacer lo que hacen los nicaragüenses, huir hacia el Sur, pero su razonamiento es que en Nicaragua hay otra dictadura, con una pobreza igual o peor que en Honduras. Así que no se trata de ir a vivir a un contexto con ideología (dis que izquierdista) determinada, pero en mejores condiciones políticas y económicas. El mito de que EUA es el “sueño americano” sigue calando en las mentes de estos pueblos. Pero queda la esperanza de unas condiciones mejores en México con un nuevo gobierno más democrático. Es de esperar a diciembre próximo.
Este 18 de octubre fue dado a conocer el estudio denominado «Encuesta Nacional de Hogares Julio 2018«, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Sus hallazgos eran esperados al permitir medir de mejor manera la realidad social costarricense, objeto de valoraciones diversas, en particular durante la reciente campaña electoral de este 2018: mientras que para unos el deterioro social heredado de las administraciones anteriores – correspondientes a los períodos (2006-2010) y (2010-2014) – se mantenía, para otros, Costa Rica estaba logrando desde el 2014 revertirlo y ello debería de verse reflejado en las mediciones a venir.
Foto extraída de artículo de prensa (Semanario Universidad) titulado «Centroamérica reduce pobreza del 53% al 49%», edición del 18/11/2015
Los principales hallazgos del INEC
En este documento oficial del Estado costarricense, se puede leer (véase texto completo), con relación a la pobreza, que:
«el 21,1 % de los hogares del país se encuentra en situación de pobreza por LP, esto equivale a 328 848 hogares, 23 617 hogares más que el año anterior, en términos porcentuales representa un incremento de 1,1 pp en el nivel pobreza, lo cual es una variación estadísticamente significativa» (p. 43).
Asimismo, se señala que:
«El porcentaje de hogares en pobreza extrema presenta un aumento de 0,6 pp, pasando de 5,7 % en el 2017 a 6,3 % en este año, en términos absolutos representa un aumento de 12 371 hogares, pasa de 86 663 hogares en el 2017 a 99 034 en el 2018» (p. 44).
Se sugiere al lector revisar los gráficos de las páginas 43-44 que ilustran de manera muy clara el aumento de la pobreza medida con relación a hogares (p. 43) y personas (p. 44).
Se detalla también la medición de la pobreza ya no de los hogares sino en número exactos de personas: el estudio no las distingue, pero se puede adelantar que gran parte de estas personas poseen un rostro femenino. Según los datos del INEC para el 2018,
«La incidencia de la pobreza en términos de personas es de 22,9 %, en términos absolutos representa 1 142 069 personas en el 2018, esto equivale a un aumento de 0,8 pp respecto al 2017, es decir, 49 666 personas más en condición de pobreza» (p. 44)
De igual forma, con relación a la pobreza extrema, se puede leer que:
«Por su parte, el porcentaje de la población en extrema pobreza se estima en 7,2 %, 1,0 pp más respecto al año anterior, lo que corresponde a 360 783 personas con ingresos per cápita inferiores al costo de la Canasta Básica Alimentaria en el 2018, 54 273 personas más que en 2017» (p. 44).
De manera a dimensionar estas cifras para el lector poco familiarizado con estadísticas poblaciones de Costa Rica, es de notar que la población total de Costa Rica asciende a unos cinco millones de habitantes para el 2018, según cables de noticias circuladas en setiembre del 2018 sobre el nacimiento del «tico 5.000.000.».
Cabe precisar que los datos aportados en julio del 2015 por el INEC en una encuesta similar (véase texto completo) indicaban que «el 21,7% de los hogares en el país se encuentran en situación de pobreza, esto equivale a 317 660 hogares en dicha condición» (p. 22) y que «En condición de pobreza extrema, la cantidad de hogares se incrementó respecto al año 2014, pasando de 94 810 a 104 712 hogares en el 2015, cifra que representa el 7,2% de los hogares en el 2015» (p. 23).
Hallazgos que… ¿confirman la creciente desigualdad en Costa Rica?
Con relación al coeficiente Gini que mide la desigualdad, se puede leer que:
«El coeficiente de Gini, es una medida resumen de la desigualdad en la distribución de los ingresos per cápita entre los hogares. Para el 2018, el nivel de concentración del ingreso se mantuvo en 0,514 mismo valor observado el año anterior» (p. 41).
Mantener la cifra del coeficiente Gini en un 0,514 con relación al 2017 no es para nada halagüeño, si se considera que Costa Rica constituye, con Guatemala y República Dominicana, el único Estado en el que el coeficiente Gini ha progresado, a diferencia de la tendencia general observada en los últimos dos decenios en el resto de América Latina. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, es a partir del 2007 que la desigualdad social en Costa Rica que mide el coeficiente Gini progresa de manera significativa.
Gráfico extraído de artículo de prensa (La Nación) titulado: «Desigualdad baja en América Latina pero sube en Costa Rica», edición del 31/07/2017
La variación del coeficiente Gini en América Latina desde el 2002 hasta el 2016 en curva sostenidamente descendente se puede también apreciar en el gráfico I.5 (página 49) del Panorama Social de América Latina (2017) publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y disponible aquí.
Se lee en el reciente estudio del INEC cómo es que se reparte la desigualdad dentro del territorio costarricense, comparando datos del 2017 y del 2018:
«la Huetar Caribe presenta el menor nivel de desigualdad en el ingreso, esto a pesar de que aumentó respecto al 2017, por otra parte, en el 2018 la región Brunca pasa a ser la región con el mayor nivel de desigualdad (0,524). Además de la región Huetar Caribe, la Chorotega y la Brunca aumentó el nivel de desigualdad respecto al año anterior, mientras en la Central, la Pacífico Central y la Huetar Norte la desigualdad disminuye. El aumento en el coeficiente de Gini de la Chorotega, así como la disminución en el de la Pacífico Central son estadísticamente significativos» (p. 41).
El declive de Costa Rica en materia de IDH
En el 2017, se dio a conocer la posición de Costa Rica con relación al Índice de Desarrollo Humano (IDH), una medición que realiza el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), colocando a Costa Rica en el puesto 66 a nivel mundial: referimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota cuya versión final fue publicada en HablandoClaro y en el sitio de Pressenza, titulada «Indice de Desarrollo Humano 2016. Costa Rica en el puesto 66«, disponible en este enlace de HablandoClaro y en este otro de Pressenza.
En el mes de marzo del 2018, se indicó que Costa Rica pasó de la posición 66 (2016) a la posición 63 (véase clasificación oficial del PNUD para el 2017). El desglose de los rubros evaluados se encuentra en este enlace oficial del PNUD. De manera a poder apreciar mejor qué significa para Costa Rica estar en posiciones que oscilan entre los puestos 66 y 63, adjuntamos a continuación clasificación anterior en materia de IDH, a nivel mundial, en el que se puede destacar el verdadero desplome del IDH correspondiente al período (2006-2010):
Elaboración propia del autor, con base en los datos compilados hasta el 2012 por el Estado de la Nación.
Los recientes datos para el 2018 que arroja el INEC vienen a confirmar diversas advertencias hechas desde varios años por algunas entidades internacionales y nacionales a las autoridades de Costa Rica sobre la imperiosa necesidad de adecuar su denominado «modelo» de desarrollo de forma tal que redistribuya de manera mucho más equitativa la riqueza que genera.
A modo de conclusión: un «modelo» bastante cuestionable
En efecto, generar ganancias para algunos sectores privilegiados sin que ello incida en los índices sociales de un Estado o en una mejoría paulatina de otros sectores más desprotegidos arroja algunas interrogantes muy válidas sobre el tipo de «modelo» económico seguido. Un ejemplo, entre muchos otros, sobre la escaza o nula distribución de la riqueza generada lo constituye uno de los principales productos de exportación de Costa Rica, la piña exportada desde los años 2007 al mercado mundial denominada «Sweet Gold» o MD-2. Este producto ha contado a partir del 2007 con políticas del Estado para favorecer su vertiginosa expansión so pretexto del «desarrollo» que aporta a las comunidades y los «miles de empleos» que genera, según las autoridades públicas costarricenses.
En el 2007, Costa Rica exportaba piña por un valor de 487 millones de US$; según cifras oficiales, en el 2017 exportó piña por concepto de 940 millones de US$. La riqueza generada es innegable, pero… ¿qué pasa con el desarrollo? En esta precisa materia, en el 2007, Costa Rica se ubicaba en el puesto 48 a nivel global con relación al indicador del IDH; para el 2017, se ubica en el puesto 66. A nivel local, los cantones en los que se localizan extensas plantaciones de piña se mantienen entre los cantones con menor IDH con relación a los demás 81 cantones (véase clasificación del Atlas 2014 que posiblemente confirmaría una nueva clasificación al 2018).
Los datos arrojados por el INEC vienen ahora a interpelar a varios decisores políticos y a confirmar que diversas advertencias hechas en el pasado a sus antecesores persisten. Sería de sumo provecho que el INEC piense en pormenorizar sus datos a nivel cantonal, de manera a tener una lectura mucho más precisa de la realidad costarricense a nivel local, como sí la ofrece la medición IDH en el plano cantonal.
Documentos / artículos recientes de interés (breve selección)
CHAVERRI P.,»¿Por qué persiste el estancamiento de la pobreza en Costa Rica?«, 2015, artículo de opnión, Semanario Universidad, disponible aquí
INEC, Costa Rica Mapas de Pobreza 2011, Informe, San José, 2011, 63 páginas, disponible aquí.
Desde el 2012 a la fecha, la Universidad ha utilizado recursos propios, del vínculo externo y del crédito con el Banco Mundial para satisfacer diferentes necesidades de construcción, que van desde obras menores a grandes edificaciones
En la Sede de Guanacaste se han construido importantes obras de infraestructura como las residencias estudiantiles, aulas y laboratorios. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Durante los últimos siete años, la Universidad de Costa Rica ha invertido más de ¢12 000 millones en obras para sedes regionales y sus recintos, con el fin de fortalecer sus funciones de docencia, investigación y acción social, en beneficio de sus estudiantes y de las diferentes comunidades a las que sirve.
Asimismo, para el 2019 se ha determinado que la prioridad en inversiones de infraestructura será para construcciones en las diferentes regiones donde se encuentra ubicada la UCR.
Al 2018, se ha cubierto con fondos corrientes (del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y de una parte del vínculo externo –recursos que generan algunas unidades académicas por la venta de productos, servicios o por destinos específicos–) más de ¢7 000 millones para obras de infraestructura en todas las sedes y recintos.
Asimismo, se han financiado construcciones con parte del préstamo del Banco Mundial, por un monto mayor a ¢5 000 millones.
Ahora, el proceso continúa y ya la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones de la Universidad de Costa Rica (OEPI-UCR) tiene en diseño otras 17 obras, de las cuales se verán beneficiadas las comunidades universitarias de todas las sedes y recintos. Aunado a estas, hay dos obras más que ya se encuentran en licitación.
Diversas necesidades
En términos de áreas impactadas, se han construido más de 21 000 metros cuadrados de infraestructura en diferentes zonas del territorio nacional.
Estas obras van desde los ¢10 millones a más de ¢1 000 millones que incluyen remodelaciones, labores de mantenimiento, elevadores, una sala multiuso, un miniauditorio e instalaciones deportivas, entre otras muchas más, las cuales han sido financiadas principalmente con fondos corrientes.
Igualmente, con estos recursos se construyó el edificio de residencias estudiantiles en la Sede de Guanacaste, que tuvo un costo de ¢1 253 384 000.
Otro ejemplo de altas inversiones que se han hecho en las diferentes sedes y recintos de la UCR, en todo el país, es la creación de un nuevo acceso en la Sede del Caribe por un monto de casi ¢249 millones, así como un nuevo módulo de aulas con un valor de más de ¢426 millones.
De la misma manera, en la Sede de Occidente, en San Ramón, se efectuó una remodelación de laboratorios por un monto de aproximadamente ¢350 millones y, en el Recinto de San Cruz, se hicieron reparaciones en sus instalaciones con un costo de más de ¢271 millones.
Grandes obras
En tanto, las obras más grandes y que consumen un mayor presupuesto se han efectuado principalmente con fondos del crédito con el Banco Mundial.
Es así como a febrero del presente año se reportan en construcción edificios como el de las carreras de Tecnologías en Salud y Tecnología de Alimentos, de la Sede de Guanacaste, por un monto de ¢1 023 millones; así como nuevas aulas y laboratorios en la Sede de Occidente, por un valor de más de ¢650 millones, y una edificación para la carrera de Ingeniería Industrial, en la Sede del Atlántico, por casi ¢500 millones.
Al 2017 también se reporta una inversión de más de ¢500 millones para aulas y laboratorios en la Sede del Pacífico; así como laboratorios, oficinas y servicios para la sede de Guanacaste por más de ¢600 millones, entre otros más.
Con recursos del vínculo externo se encuentra en construcción una estructura para el Laboratorio Nacional de Modelos y Materiales Estructurales (Lanamme), en la Sede de Guanacaste, por un monto de ¢1 148 millones.
De igual forma, con fondos ordinarios de la UCR se está costeando la remodelación y ampliación de las residencias estudiantiles en el Recinto de Guápiles, por más de ¢350 millones, y un módulo para aulas por casi ¢250 millones.
Hacia adelante
De acuerdo con datos suministrados por la OEPI-UCR, actualmente se encuentran en diseño obras para el Recinto de Grecia, así como para las sedes y recintos de Guanacaste, el Caribe, el Atlántico y el Pacífico, entre otras.
En esta etapa están, principalmente, la remodelación de las áreas deportivas y auditorios para 200 a 250 personas, espacios que han solicitado las sedes para diferentes actividades académicas.
Asimismo, se prevé la creación de una bodega de reactivos, un salón multiusos, más aulas y un módulo docente y servicios afines.
Ya en la etapa de licitación está el levantamiento de un auditorio y un parqueo para la Sede del Caribe, y un pabellón de aulas para el Recinto de Paraíso.
De esta manera, la Universidad de Costa Rica fortalece la labor que realizan las sedes regionales y recintos en cada una de las provincias y zonas del país. Así, brinda mejores condiciones de infraestructura para contribuir con las transformaciones que las comunidades necesitan.